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Su informe no tiene consideraciones políticas ni legitima la “verdad histórica”, responde la CNDH

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó que la recomendación por las violaciones graves cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa tenga alguna consideración política, y aseguró que su contenido no legitima la versión de que los estudiantes fueron incinerados en Cocula, como dice la “verdad histórica”.
En un comunicado emitido este lunes la CNDH argumentó que su investigación “estuvo determinada por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades, así como una serie de negativas y obstáculos para el desarrollo de sus labores”.
Insistió en que “la extensión, alcance y duración del trabajo desarrollado por este organismo nacional no atendió a cálculo o consideración política de ninguna índole”.
Por tanto, se dijo comprometida “con las víctimas y la obtención de la verdad”.
Dice que su investigación “estuvo determinada por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades que en ámbitos diversos desarrollaban la investigación del caso, así como una serie de negativas y obstáculos que enfrentó para el desarrollo de sus labores”.
“Para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos la CNDH se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida”, justificó.
Reiteró también que no avala la “teoría de la verdad histórica”, pero las críticas y cuestionamientos en contra de ésta y otras hipótesis “no pueden implicar que las posteriores investigaciones partan de un sesgo inicial o premisa de descartar cualquier elemento vinculado con las mismas”.
Explicó que ha sido su prioridad básica determinar el paradero y destino de los normalistas desaparecidos, y por eso llamó la atención “sobre la necesidad de que se revisen los más de 63 mil fragmentos óseos que habrían sido recuperados en el basurero de Cocula y en el río San Juan, y que obran en resguardo de la Procuraduría General de la República”.
Respecto a las irregularidades u omisiones que pudieran servir para corroborar que se cometieron durante la obtención de los fragmentos óseos aludidos, consideró que implicarían “la comisión de delitos o la apertura de nuevas líneas de investigación, que necesariamente tendrían que ser desahogadas con independencia de que se determine si los restos óseos hallados corresponden a los normalistas desaparecidos”.
Pidió dejar que “la ciencia hable” sobre los resultados de su investigación. “Si bien aún no se ha podido llegar a la verdad en este caso, el trabajo que desarrolle cualquier instancia u organismo de seguimiento e investigación al caso tendrá en el trabajo desarrollado por la CNDH una guía y orientación”.

Revictimización de los padres

La recomendación de la CNDH presentada el 29 de noviembre fue criticada por Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En entrevista con Aristegui Noticias la abogada dijo que la información sobre los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula –que retoma en su informe la CNDH como una posible evidencia de que en el sitio fueron asesinados, quemados y tirados al río los normalistas– “puede llevar a equívocos”.
Buitrago detalló que esta versión recuperada por la CNDH en su informe podría “seguir revictimizando a los padres con la historia del basurero de Cocula”.
Este lunes tras la firma del convenio para crear una comisión investigadora del caso Ayotzinapa, una de las madres de los jóvenes desaparecidos desestimó el informe presentado por la CNDH, pues no tiene nada nuevo y retoma líneas ya descartadas.
“No nos aferramos a una visión, pero queremos todo demostrado científicamente”, exigió.

No respondió la SSP a la CNDH ni pagó salarios caídos, dicen policías despedidos

Policías estatales despedidos en mayo del año pasado se quejaron de que el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes no respondió la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que pagara los salarios caídos de los 176 agentes y su reinstalación en la corporación, y ya venció el plazo este lunes para dar respuesta a la demanda.
En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el policía despedido José Muñoz Franco dijo que en julio la CNDH emitió la recomendación número 069/2017 en contra de Pedro Almazán por el despido injustificado de los 176 agentes y por abuso de autoridad, lo que aceptó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Muñoz Franco dijo que hace más de 10 días la CNDH llamó al presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, a que intervenga para que el secretario responda las demandas de los policías estatales despedidos con el pago de los salarios caídos y reinstalación a la corporación.
Comentó que el lunes venció el término constitucional para el pago de los salarios caídos de cinco de sus compañeros que ganaron la demanda en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, pero trabajadores de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado ofrecieron pagar sólo tres quincenas, lo que no aceptaron.
“El lunes se venció el plazo, ya iban a pagar sus cheques a los cinco policías quienes no aceptaron porque el juzgado dio una orden del pago de salario completo, no parcial, y el gobierno sólo les iba a pagar tres quincenas”, declaró.
Muñoz Franco dijo que continúan en proceso las cinco demandas pendientes para el pago de salarios, viáticos, el bono Día del Policía a los uniformados despedidos, así como la reinstalación en la corporación.
El policía despedido se quejó de que los cuarteles de la corporación están en malas condiciones, no tienen una cama nueva, colchones o colchonetas para descansar, los consultorios médicos no tienen pastillas para el dolor de muela y cabeza, no les dan armas, patrullas ni uniformes.
“Los compañeros deben estar a la altura para el desarrollo de la sociedad en brindar seguridad, la SSP debe aportar todo el material, armamento, equipo de trabajo, patrullas, municiones, salario suficientes, pero si no tenemos todo el apoyo en nuestro trabajo cómo van a desempeñar su labor para proteger a la población”, declaró.
Pidió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que ponga atención a los cuarteles de los policías en el país, en el caso de Guerrero con el gobernador Héctor Astudillo Flores, “para que equipe a todas la corporaciones, como armas, uniformes, patrullas, dotar de medicamento a los consultorios médicos y respeto a los derechos laborales”.
“Le pedimos a López Obrador con sus comisionado observen de cerca lo que está pasando en la Policía Estatal en Guerrero, han ocurrido violaciones a los derechos humanos, laborales, lo que pedimos no era difícil: trabajar tres días y descansar tres días, no se ha cumplido, los compañeros siguen trabajando seis días de descanso por 12 días de trabajo”, informó.
El 29 de mayo de 2017 unos 600 policías estatales de la región Centro, de Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel de Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
El 31 los agentes estatales terminaron el paro con una marcha y la Secretaría informó en un boletín que los había dado de baja definitiva a los 176 porque incurrieron en una conducta violatoria de la ley.

 

El fallo que ordena una comisión de la verdad por Ayotzinapa es problemático constitucionalmente, dice investigador del CIDE

 

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso en el que alega que existe “imposibilidad real, jurídica y material” para dar cumplimiento al amparo que ordena crear una comisión de la verdad y desconoce la investigación oficial del caso Ayotzinapa. También, procuradores y fiscales del país se pronunciaron contra la decisión y aseguraron que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, se “excedió” en sus atribuciones.
Así reaccionaron luego de que ese tribunal ordenó una nueva indagatoria por la desaparición forzada, el 26 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, así como la creación de una Comisión de la Verdad y Justicia que sería integrada por el Ministerio Público y los familiares, asistidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pero no son las única voces que, a favor y en contra, se han escuchado.
Es una “resolución de claroscuros”, explica a El Sur Javier Martín Reyes, investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “Hay partes muy rescatables. Una cosa que queda clara cuando uno revisa la argumentación de estos tres magistrados, es que el caso refleja el día a día de nuestro sistema de procuración de justicia. El elemento grave que queda registrado, según estos magistrados, es que hay muy fuertes indicios de tortura en contra de los imputados. Visibilizar y poner con sus letras es un logro importante”.
Un segundo elemento a destacar, indica, es el papel que esta decisión les da a las víctimas dentro del proceso, “más allá de la técnica profesional que utilizan los magistrados”. Es de lo más rescatable, menciona el politólogo.
Por otro lado, “la sentencia tiene defectos técnicos. El primero es que da la impresión de que el colegiado no se atreve a dar un paso: este es un amparo que originalmente presentan las personas a las cuales se les está investigando por el caso (miembros de la organización criminal Guerreros Unidos), para la enorme cantidad de violaciones que acreditan, quizá el efecto más consistente hubiera sido ordenar soltar a esas personas que presentaron el amparo, en las cuales, según el colegiado, hay altísimos indicios de tortura”.
El investigador cuestionó la orden del tribunal de crear una comisión de la verdad: “Ese modelo que crea es discutible, porque dice que ahora la investigación del caso seguirá las líneas de investigación que determinen las víctimas, en colaboración con la CNDH. Ese modelo va en contra del diseño constitucional, pues lo que dice la Constitución es que la investigación de los delitos se hace bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Según el colegiado, la solución es que la averiguación recaiga en los familiares o las víctimas, porque hay una falta de autonomía del ministerio. Eso, en términos constitucionales, es problemático. Por eso la resolución genera controversia”.
La PGR, añade, está extrañada con ese criterio “porque le están quitando una facultad constitucional. Dijo el colegiado que la creación de estas comisiones ha sido llevada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ese tribunal (de Tamaulipas) no tiene el mismo tipo de atribuciones que la Corte. No cuenta con los elementos, testimonios e información suficiente para ordenar ese tipo de cosas”.

“Lo tiene que echar abajo la Corte”, dice Alto al Secuestro

La organización Alto al Secuestro –presidida por Isabel Miranda de Wallace– anunció que interpondría un amparo en contra de la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. En entrevista con El Sur su asesor jurídico, Samuel González dijo que ese fallo “lo tiene que echar abajo la Suprema Corte si se presentan controversias inconstitucionales. Nuestro amparo es de interés legítimo. En México hay una interrelación criminal entre algunas policías y los criminales. En Iguala hay un acto de privación de la libertad, igual que en los casos de Fernando Martí y Hugo Alberto Wallace”.
“La Ley de Secuestro dice que este es la privación de la libertad con el fin de causar daño. Lo que está acreditado en la averiguación previa del caso de Iguala es que los estudiantes fueron privados de la libertad con el fin de causarles daño. Es un secuestro, no una desaparición forzada. Por eso se compara con los casos de Martí y Wallace”, argumentó.
El abogado no contextualizó más el caso Ayotzinapa y agregó que, “no aceptamos que se forme una comisión de esa naturaleza porque viola la Constitución. No sólo son las víctimas de los 43. Las otras víctimas de los hechos de Iguala no han sido llamadas a juicio. Esa sentencia tiene efectos de ley, porque crea un órgano de Estado al cual le da competencias. Dice quién va a participar, cómo. A nosotros para perjuicio, porque rompe con la estructura de la investigación del sistema jurídico mexicano”.
Samuel González dio su visto bueno a la primera parte de la resolución del tribunal colegiado: “dice que deben de reiniciarse los procesos, la investigación. Pero la segunda parte no es correcta, porque los jueces de Tamaulipas crean un órgano de Estado que no solamente se va a aplicar a quienes están en su resolución, sino a otros. En la sentencia hay una sustitución de autoridades. A la CNDH la pone a hacer algo que constitucionalmente está incapacitada de hacer, que es realizar investigaciones criminales”.
–El objetivo es que participe con los padres de los normalistas desaparecidos, ¿no?
–No lo puede hacer, no tiene competencias constitucionales, su función es dar recomendaciones. La competencia del MP es investigar los delitos, la víctima puede coadyuvar, pedir que se practiquen pruebas, etcétera, pero no puede sustituir. Imagínate qué peligroso que le den a cualquier víctima la capacidad de manejar al Ministerio Público.
La resolución dice que el ministerio tiene que obedecer todos los actos que le pidan las víctimas y que las comisiones serán formadas por tres partes: el ministerio, las víctimas y CNDH. La PGR sólo acataría, según esta decisión, lo que digan los dos últimos.
–¿Por qué hay interés de Alto al Secuestro de ampararse, intervenir en este caso?
–No es intervenir, queremos que se aplique la Constitución.
–Esta resolución puede sentar un precedente, cuatro años después de falta de respuesta.
El abogado evadió este comentario y contestó otra cosa: “Esos que dicen que la resolución es definitiva e inatacable, mienten. Hay muchas maneras de atacarla”.
–¿Por qué atacarla? Es una resolución que se refiere a un tema específico.
–El problema es que esa no era la atribución que tenían los jueces. Se extralimitaron en sus funciones. Nosotros vamos a crear el amparo. Veremos si la Suprema Corte lo atrae, porque será la que decida el final si es viable.

Paradigma jurídico

Consultado por separado Javier Martín Reyes del CIDE, afirma lo contrario: “esta sí es una sentencia definitiva”.
“Ni el tribunal superior puede revisar esa determinación, pues no puede corregir las decisiones de todos los tribunales colegiados. Su trabajo no es examinar cada sentencia. En este caso no se admiten recursos en contra”, afirmó.
“Alto al Secuestro puede estar o no de acuerdo con esa resolución, pero es definitiva, y la PGR y la CNDH podrían pensar en una controversia constitucional, que tampoco procede ante sentencias dictadas por tribunales colegiados de circuito. Aunque –matiza el investigador– siempre hay interpretaciones, podría ser”.
Eso sí, reconoce, la orden del tribunal indique que los familiares señalen las líneas de investigación, asistidos por la CNDH, “es una resolución que nunca antes se había visto, por lo menos en un amparo en México”.
“La autoridad está obligada a acatar. Cuando tienes una resolución definitiva, así sea de un tribunal colegiado, toda autoridad está obligada. Es un fallo histórico, inédito. Jurídicamente es un paradigma que no se compadece de lo que dice la Constitución. Es lo más discutible”.
–El abogado de Alto al Secuestro dice que con esta resolución cada persona con un caso similar querrá controlar al Ministerio Público.
–No estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que es banalizar mucho lo que pasó en Ayotzinapa, que es un caso de violaciones gravísimas. Hay un conjunto de factores que hacen que sea particularmente relevante.

Es un caso icónico, la resolución muestra avances importantes, considera Amnistía Internacional

“Una persona puede considerar que una sentencia es inconstitucional, pero desde Amnistía Internacional consideramos que esa resolución muestra avances importantes”, dijo en entrevista Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI).
La sentencia, prosigue, reitera “lo que desde 2016 había expuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando manifestó irregularidades importantes en la investigación. Esto implica que la PGR debe de hacer nuevas diligencias encaminadas a averiguar los hechos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que muchas de las personas detenidas habían sido víctimas de tortura. Estamos ante esa corroboración”.
–¿Qué opina AI de la creación de una comisión de la verdad?
–Marca un precedente importantísimo para iniciar un cambio sustancial en la forma en que se investigan graves violaciones de derechos humanos en México. El caso Ayotzinapa es icónico. AI ha analizado que reúne gravísimas violaciones a derechos humanos en los propios hechos, detención e investigación. La sentencia del tribunal que se hizo pública el 4 de junio, también reconoce que en México no hay una fiscalía independiente. La investigación de los 43 ha sido defectuosa y no ha tomado líneas adecuadas.
–Según las críticas, una comisión de la verdad y la intervención de los familiares en la investigación violarían la Constitución.
–No entendemos por qué puede haber un argumento así, cuando una serie de investigaciones ya violentan principios constitucionales al debido proceso. Decir que se viola la Constitución por retrotraer efectos de una investigación irregular y exigir que haya una fiscalía independiente no es argumento fuerte. Pareciera que ese dicho es meramente apegado a un entendimiento específico, pero no a uno contextual, y creo que este caso lo tenemos que ver en ese contexto de instituciones totalmente debilitadas y deficiencias de la investigación. Desearía saber cuál es la parte constitucional que se violenta cuando se intenta restablecer un proceso judicial.
El caso de los 43, concluye Reneaum, “no tiene más privilegios, sino que reúne responsabilidad del Estado desde diferentes perspectivas, desde la desaparición hasta la investigación. Nos ha revelado la incapacidad del Estado para tener una averiguación clara, que nos lleve a la verdad. Las familias han sido víctimas o no han podido acceder al derecho a la verdad. Esto es súper relevante.
“Generalmente las comisiones de la verdad se empiezan a crear por un caso específico, que luego nos lleva a entender que las instituciones requieren profundas reformas y configuraciones”.

 

Urge crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, dicen ONG ante el error de la PGR

La reciente revelación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la detención ilegal de Erick Sandoval Rodríguez por la Procuraduría General de la República (PGR), y presentarlo erróneamente como partícipe de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, es un elemento más que confirma la urgencia de cumplir la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para este caso, consideraron organizaciones que representan a los familiares de las 43 víctimas.
En un comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz y Fundar Centro de Análisis e Investigación alertaron que la información dada a conocer por la CNDH en la víspera constituye “un nuevo y preocupante agravio contra las víctimas”, debido a que “viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto”.
Para los defensores resulta “indignante que a estas alturas, pese a que subsiste la atención de la opinión pública sobre el caso e incluso un monitoreo estrecho por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la PGR intente sorprender a las víctimas y a la sociedad”.
Los familiares de los 43 normalistas y las organizaciones que los representan exigieron “el acatamiento de la sentencia en sus términos”, al confirmarse las irregularidades halladas por el Tribunal Colegiado.
Las ONG puntualizaron que la revelación de la CNDH “es una prueba más de que asiste la razón al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito y que ha sido objeto de un amplio debate público”.
Igual recordaron que en la sentencia inapelable del tribunal se determinó que en la investigación del caso “se ha suscitado retraso, ineficiencia y falta de imparcialidad en las indagaciones respectivas”.
Entre los asuntos evidenciados por la CNDH, las organizaciones destacaron el control que mantiene la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) sobre la indagatoria del caso Ayotzinapa, a pesar de que de manera formal es responsabilidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Los representantes reprobaron la participación de la SEIDO, “a pesar de las múltiples irregularidades que han sido documentadas por la propia CNDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
También resaltaron que de acuerdo con la CNDH, “el propio detenido presentó a agentes de la SEIDO elementos que acreditaban la equívoca detención, y advierten que ésta no fue formalizada, por el contrario, se informó al público en general que Erick N ‘tuvo una intervención decisiva en los hechos en contra de los estudiantes”.
Al recordar que “no es la primera ocasión en la que queda comprobada la ausencia de buena fe en las acciones del Ministerio Público en este caso”, las organizaciones que representan a las 43 familias de estudiantes desaparecidos subrayaron que “deben investigarse las irregularidades denunciada por la CNDH en su reciente documento y sancionarse a las autoridades responsables”, como instruyó el organismo a la PGR.

 

La PGR y PF se confundieron y está preso un inocente por la desaparición de los 43: CNDH

La Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) se confundieron al detener y procesar a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Desde el 17 de marzo Grupo Reforma publicó que Sandoval Rodríguez alegó en su declaración preparatoria que lo confundieron con Édgar Albarán Sandoval, a quien apodan de la misma manera.
La CNDH confirmó que en los testimonios que existen en el expediente oficial sólo hacen referencia a los apodos de La Rana o El Güereque y ninguno da un nombre o apellido específico, mucho menos se refieren a Erick Uriel Sandoval Rodríguez.
“Este nombre aparece por primera vez en el expediente, de la nada, en el primer pliego de consignación”, advierte la CNDH.
“En ninguna actuación consta cómo se determinó el nombre de la persona a la que los perpetradores identificaron como La Rana o El Güereque”.
Según el expediente, Patrio Reyes Landa, El Pato, declaró que por órdenes de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo y Gildardo López Astudillo, El Gil, La Rana intervino en la ejecución de los estudiantes y hasta él mismo levantó sus cenizas.
Mientras que Jonathan Orozco Cortés, El Jona describió que La Rana tiene un tatuaje de una flama y una rana en la parte izquierda de la espalda, y Salvador Reza Jacobo, Lucas, lo describió como un hombre gordo de 1.70 metros de altura.
“Las características personales y señas particulares referidas por los acusados para identificar a El Güereque no corresponden con las de Erick Uriel Sandoval Rodríguez”, expuso la CNDH.
“Ante la duda del juez de que el detenido pudiera haberse borrado los tatuajes, la CNDH practicó examen médico pericial al detenido y determinó que no existe indicio alguno que indique que la persona haya modificado o eliminado algún tatuaje en su cuerpo”, agrega.
La detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez fue informada el 12 de marzo en una conferencia conjunta entre la PF y la PGR, en la que lo vincularon con los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014.

Hace CNDH labor de PGR

La CNDH aseguró que tiene información de que el verdadero nombre del implicado en la desaparición de los normalistas es Édgar.
El dato es coincidente con lo que Sandoval Rodríguez declaró el 15 de marzo al referir que la persona a la que buscaban las autoridades es Édgar Albarrán Sandoval y vive al lado del Centro de Salud en Cocula.
Para llegar a esa conclusión la CNDH realizó 13 entrevistas en las que todos los testigos identificaron fotográficamente a Édgar a quien señalaron como parte de Guerreros Unidos.
“La CNDH logró ubicar a una persona cercana a Édgar, quien constató dos cuestiones: una, que Édgar tiene el referido tatuaje de una figura de rana, dos, que Édgar era parte del grupo de amigos de los ahora coacusados y desvinculó de ellos al profesor Erick Uriel”, indicó el organismo.
También contactó a quien hizo el tatuaje a Édgar y reprodujo en una hoja la figura de rana que tatuó en la espalda a El Güereque.
“De la misma forma la CNDH realizó una diligencia de inspección en la que ubicó y fijó fotográficamente la casa en la que habitó Édgar al día en que ocurrió la desaparición de los estudiantes”, agregó.
Desde el 23 de mayo la CNDH entregó a la PGR una carpeta confidencial con copias certificadas de todas las evidencias que obtuvo, por lo que lamentó que la instancia ministerial haya dado respuesta 15 días después y se haya negado a aceptarlas.
“Agentes de la autoridad se negaron a emitir las medidas precautorias solicitadas, aduciendo irracionalmente que dichas medidas debían ser planteadas ante el juez que sigue el caso del ilegalmente detenido Erick Uriel Sandoval Rodríguez”, señala. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

 

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; PGR no fue imparcial

Estará integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el MP federal, y las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Por la resolución de un amparo se deberá reponer el proceso a cuatro presos presuntos miembros de Guerreros Unidos

Agencia Reforma

Ciudad de México

En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.

Rechaza la PGR la orden del tribunal; desconoce división de poderes y facultades del MP, reclama

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación de la PGR estuvo dirigida

De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.

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Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; PGR no fue imparcial

 

El 8 de octubre de 2014, un presunto integrante de Guerreros Unidos detenido por la PGR, Agustín García Reyes, El Chereje, fue llevado a la colonia San Juan y al basurero de Cocula Foto: Lenin Ocampo Torres

En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.

 

Presenta Chávez Adame ante la CNDH queja contra la Policía Federal que lo detuvo el 14 de mayo

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en Acapulco, contra la Policía Federal, que lo detuvo el 14 de mayo en Chilpancingo.
Chávez Adame fue atendido por el coordinador de las oficinas de la CNDH Guerrero, Hipólito Lugo Cortés, y turnado con el abogado en turno para interponer la queja contra la Policía Federal ministerial por violación a los derechos humanos.
El dirigente de la APPG dijo que la queja quedará como precedente para cualquier otra detención y que no se violen los derechos humanos de los luchadores sociales.
Indicó que la queja formal ante la CNDH fue presentada ante la burla y maltrato de la Policía Federal ministerial que violó derechos humanos durante el trasladado de Chilpancingo a Acapulco, al juez de Control.
Chávez Adame dijo que ayer entregaría los documentos que solicitó el juez de Control, constancia de trabajo, social y de radicación.
Contó que, en su caso, el lunes pasado los agentes de la PGR lo detuvieron sin una orden de aprehensión ni presentación y sin vestir el uniforme.
El 14 de mayo, Chávez Adame fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) y trasladado a un juzgado federal en Acapulco, porque participó en la toma de las instalaciones de Prospera en enero del año pasado, contra el despido injustificado de trabajadores de esa dependencia.

Hubo masacres en tres penales desde 2014 y no se atendieron las observaciones de la CNDH

 

En tres de los cuatro penales en los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aplicó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria-2017 han ocurrido masacres al interior y afuera desde 2014, sin que las autoridades penitenciarias que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública hayan atendido las observaciones del organismo nacional para corregir las fallas.
En los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que aplicó la CNDH en 2017, los penales de Guerrero volvieron reprobar con 4.22 puntos de 10 posibles en cuanto a garantizar la integridad personal del interno, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos.
El organismo hace observaciones y recomendaciones para que las autoridades penitenciarias subsanen esas deficiencias desde su primer diagnóstico, aplicado en el 2011, sin embargo en vez de corregirse la tendencia correspondiente en estos aspectos en los penales de la entidad va a la baja, y en 2017 la CNDH puso la calificación más baja a los penales de la entidad y los ubicó en el lugar número 31, sólo peor que Nayarit.
En Guerrero se diagnosticaron los penales de más alta población penitenciaria: Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, y en los tres primeros han ocurrido masacres desde 2014, la más trágica fue la del penal de Acapulco el 6 de julio de 2017 cuando fueron asesinados 28 reos.
Antes se vivió la del penal de Iguala. La madrugada del 3 de enero de 2014 ingresaron seis sicarios, algunos con armas largas que se dijeron funcionarios federales y agentes ministeriales que llevaban a un detenido, pero en el interior buscaron a Ismael Ocampo Álvarez, La Naila, jefe de la plaza en Taxco, a quien mataron así como a otros tres hombres de su grupo.
Cuando iban de salida personal de custodia los enfrentó y mataron a cinco, uno más resultó herido. También resultó herido el custodio Rigoberto Contreras Ocampo, quien fue trasladado a la clínica del ISSSTE y horas después falleció.
Antes del ataque, la madrugada del primero de enero fue asesinado en ese reclusorio el reo Mario Maldonado Marino, su cuerpo fue encontrado con huellas de golpes y tortura. Con él los muertos subieron a 11 del 1 al 31 de enero.
Tras esos hechos de violencia en el penal de Iguala la noche del mismo 3 de enero, 14 reos del fuero común y federal fueron trasladados al penal de Las Cruces de Acapulco. Entre ellos iban Marcelino Giovanni Salmerón, procesado por homicidio calificado, Samuel Vargas Carbajal y Óscar Pérez Cortés, los dos últimos presos por robo y lesiones. Los tres fueron encontrados asesinados a golpes en el área médica del penal la madrugada del 4 de enero de 2014.
Un año después, el 29 de noviembre de 2015, dos hombres que protestaban por el traslado “irregular” de sus familiares que estaban presos en el penal de Chilpancingo fueron asesinados por sicarios que llegaron afuera del penal que estaba resguardado por policías estatales. En los hechos también resultó herida una mujer.
El doble asesinato ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde después de que los familiares de 22 presos que fueron cambiados de este penal se manifestaron frente a la cárcel y acusaron al entonces director, Javier Castrejón Rosales, que sin previo aviso ni razón aparente ordenó el traslado a otro penal.
La peor masacre ocurrió en el penal de Las Cruces de Acapulco el 6 de julio de 2017, tras una supuesta riña entre grupos contrarios que dejó 28 muertos y tres heridos.
Según el reporte la pelea comenzó a las 3 de la madrugada en el módulo de Máxima Seguridad.
Aunque el gobierno estatal difundió que los asesinados fueron por arma punzocortante se supo que algunas víctimas fueron degolladas y decapitadas.
La versión policiaca indicó que dos grupos de bandas que operan en el penal protagonizaron el hecho violento. Los primeros cuerpos fueron hallados apilados entre un pasillo, la cocina y el área de las visitas conyugales de la cárcel, de acuerdo con el mismo reporte oficial.
En ese mismo penal ocurrió otra balacera adentro y afuera del penal el 15 de diciembre de ese año, debido al traslado de ocho reos, lo que originó un amotinamiento de los presos ese día en demanda de la salida del entonces director, Amadeo Tiburcio Paulinos.
La balacera comenzó a las 2 de la tarde adentro de las inmediaciones del penal y afuera, en las colonias Las Parotas y Ricardo Flores Magón.
La versión policiaca indica que los reos se inconformaron en un reunión contra el director de la cárcel por “cambios inesperados” adentro del penal, lo que ocasionó que lo retuvieran y se amotinaran.
A pesar de esos hechos en los tres penales la CNDH encontró todavía en su diagnóstico penitenciario de 2017, “deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno), presencia de actividades ilícitas, presencia de cobros (extorsión y sobornos), y falta de capacitación del personal penitenciario”.
Asimismo encontró falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización), insuficiencia de personal de seguridad y custodia, problemas de sobrepoblación, hacinamiento, deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud, falta de supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, e insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro penitenciario.

 

Reprueba Guerrero por sexto año consecutivo la evaluación penitenciaria; es el lugar 31 nacional

 

Por sexto año consecutivo el estado de Guerrero volvió a reprobar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 2017, este año la entidad obtuvo la calificación más baja desde el 2011 con 4.22 y ocupó el lugar número 31 de las 32 entidades del país, incluida la Ciudad de México.
El estado que ocupó el último lugar fue Nayarit con una calificación de 4.15.
Los resultados del diagnóstico correspondientes al 2017 fueron subidos a la página de la CNDH ayer.
En la escala nacional Guerrero se encuentra en la parte más baja y es identificado con el color rojo para la calificación que va de 0 a 5.9, es decir reprobatoria. El amarillo es para las entidades que obtuvieron una calificación de 6 a 8.0, mientras que el verde es para las entidades con calificaciones de 8.1 a 10, en el que sólo se encuentran Guanajuato y Querétaro, el primer estado con una calificación de 8.19 y el segundo con 8.13.
Según los resultados de este diagnóstico de la CNDH que se aplica desde 2011, Guerrero nunca en los últimos 7 años ha obtenido una calificación aprobatoria, y en 2017 obtuvo la calificación más baja desde 2011.
En 2011 la calificación fue de 5.13, en 2012 de 5.92, en 2013 de 4.80, en 2014 de 5.01, en 2015 de 4.99, en 2016 de 4.39 y en 2017 de 4.22, por lo que la entidad fue ubicada dentro de los 10 estados rojos y que van a la baja en materia de integridad personal del interno, estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y atención a internos con requerimientos específicos.

Sobrepoblación, hacinamiento, deficiente separación entre hombres y mujeres, en los servicios de salud…

De los cuatro centros penitenciarios evaluados el de Acapulco obtuvo una calificación de 4.08, el de Chilpancingo 4.56, el de Iguala 4.5 y el de Taxco 4.17.
En cuanto a los aspectos que garantizan la integridad personal del interno, la CNDH halló en los penales de la entidad problemas de sobrepoblación, hacinamiento, deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud, falta de supervisión del funcionamiento del centro por el titular, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección, insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos y deficiencia en la atención a personas internas en condiciones de aislamiento.
De los aspectos que garantizan una estancia digna la CNDH observó insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro, deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y áreas deportivas, así como deficiencias en la alimentación.
De las condiciones de gobernabilidad la CNDH encontró falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización), insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, ejercicio de funciones de autoridad de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno), presencia de actividades ilícitas, presencia de cobros (extorsión y sobornos) y falta de capacitación del personal penitenciario.
En la reinserción social del interno las deficiencias que se encontraron son la integración del expediente técnico-jurídico, inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, deficiente separación entre procesados y sentenciados, insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación, insuficiencia o inexistencia de actividades educativas, insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas, inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades, y la inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.
En el rubro de grupos de internos con requerimientos específicos las observaciones son deficiencia en la atención a mujeres o menores que vivan con ellas, deficiencia en la atención a personas adultas mayores, deficiencia en la atención a indígenas, deficiencia en la atención a personas con discapacidad, así como insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
La información obtenida por la CNDH fue durante visitas de supervisión durante los meses de febrero a noviembre de 2017, y el levantamiento del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 se realizó sobre una muestra total de 198 instituciones penitenciarias de las 378 que se encontraban en funcionamiento al inicio de 2017.
En Guerrero los centros penitenciarios visitados fueron los de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco que son los de mayor población en la entidad.