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Marchan familias de militares en la capital, Iguala y Atoyac; piden respeto a sus derechos humanos

Arriba, las personas que se manifestaron en solidaridad con el Ejército la mañana de este domingo en el Campo Militar 35-C del 27 Batallón de Infantería de Iguala, y abajo las que lo hicieron en la sede del 109 Batallón de Infantería en El Ticuí, vecino de Atoyac Fotos: El Sur y Francisco Magaña

Luis Blancas / Alejandro Guerrero / Francisco Magaña

Chilpancingo / Iguala / Atoyac

Pobladores y familiares de militares se manifestaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, para apoyar al Ejército mexicano, solicitar respeto a los derechos humanos de los soldados y exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamau-lipas, en acción ocurrida el domingo 26 de febrero.
En la capital unos 40 manifestantes marcharon desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar; en Iguala la protesta fue afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional. Mientras que los familiares de soldados de Atoyac lo hicieron en el cuartel del 109 Batallón de Infantería.
Desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar, cerca del Panteón Central de Chilpancingo, a las 9:50 de la mañana, unos 40 manifestantes partieron en marcha y se dirigieron hacia la entrada, que se encuentra en la lateral del bulevar Vicente Guerrero en que se convierte la Autopista del Sol en el tramo de la ciudad.
Familiares de los militares, soldados retirados, jóvenes y niños portaron playeras verde olivo, banderas de México y pancartas en las que se leía: “Todo nuestro apoyo al Ejército”, “El soldado no se toca ni se golpea”, “El Ejército es pueblo”, “AMLO, comandante en jefe de los delicuentes no de los militares”, “Los esperamos en casa sanos y salvos” y “Por mi padre, por mi hijo, por mi esposo, también tiene derechos”.
Al llegar al segundo acceso comenzaron a manifestarse y gritaron consignas: “Soldado amigo el pueblo está contigo” y “libertad, libertad, libertad, libertad”.
La vecina Modesta Santiago Sánchez comentó que esta movilización se realizó en todo el país, para que no se criminalice a los soldados por sus acciones en tareas de seguridad pública, luego de la vinculación a proceso de cuatro militares acusados de matar a cinco jóvenes, lo que ocurrió a principios de marzo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Santiago Sánchez dijo que la manifestación también es para apoyar al Ejército mexicano, para que se respeten los derechos humanos de los uniformados, porque también son ciudadanos, y exigió al presidente López Obrador la liberación de los cuatro militares.
“El militar da su vida por nosotros, nosotros podemos dar algo a cambio a ellos, para apoyarlos, que haya justicia a todos ellos. Ahora el militar no puede matar un delincuente, lo ven feo, los castigan; sin embargo, un delincuente mata a un militar y no hacen nada, los derechos humanos siempre los castigan”, declaró.
Dijo que los militares también tienen familia, hijos, esposas y sobrinos que los esperan en sus casas con bien, y que no les pase algo, “por eso pedimos que los respeten, les garanticen sus derechos humanos y que no sean castigados y agredidos injustamente”.
Por su parte, una participante exigió que se audite a los mandos militares, porque no entregan el presupuesto a los soldados para la compra de alimentos, limpieza y mantenimiento de las patrullas, “exigimos que auditen al Ejército. Los soldados tiene que pagar su material, también allá arriba hay corrupción”.
Indicó que había rumores de que la movilización había sido convocada por la delincuencia, lo cual negó: “Somos hijas, hijos, padres, madres y esposas de soldados, para defenderlos, porque han sido golpeados, maltratados, les quitan sus derechos, los amenazan, los alto mandos no hacen nada”.
“Los delincuentes tienen más derechos que militares. Los militares trabajan, son más honestos que los delincuentes, exigimos la liberación de los cuatro militares del caso de Tamaulipas. Si AMLO libera al hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán que los libere también”, concluyó un participante de la movilización.
Después el contingente de personas se trasladó a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde realizaron una parada simbólica frente al Ayuntamiento de Chilpancingo y después se retiraron.

El 27 batallón de Infantería en Iguala

Unas 40 personas, entre ellas niños, se sumaron a la convocatoria nacional y participaron en la movilización para apoyar al Ejército, afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, de Iguala, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional, en la que exigieron la liberación de cuatro cabos, que fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo.
Con aplausos y “vivas” para el Ejército, las familias llegaron a las 9:35 de la mañana de este domingo, con vestimenta color verde olivo y algunas banderas de México, a la puerta del acceso principal del 27 Batallón de Infantería, junto al Periférico Oriente, y estuvieron allí con un automóvil, al que le instalaron una bocina, acción que duró unos 20 minutos.
Asimismo, mostraron cartulinas con muestras de apoyo al Ejército: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”, “todos somos Ejército”, “exigimos justicia para nuestras fuerzas armadas”, “al soldado no se toca” y “gracias por cuidar de la ciudadanía”.
Una de las oradoras durante el mitin, quien no se identificó, exigió la liberación de los soldados detenidos por los recientes hechos ocurridos en Tamaulipas, relacionados con el asesinato de cinco jóvenes durante una persecución.
Al terminar la actividad, las personas guardaron un minuto de silencio por los militares asesinados en cumplimiento de su deber, luego cantaron el Himno Nacional mexicano.
La acción convocada en todo el país, mediante las redes sociales, se deriva de la aprehensión y vinculación a proceso de cuatro cabos de Caballería, por desobediencia y delitos del fuero militar, luego de que el domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, persiguieron a cinco jóvenes que viajaban en una camioneta pick up y fueron abatidos por los militares.

Apoyo al Ejército en Atoyac

Con una manifestación de apoyo, familiares de militares del 109 Batallón de Infantería realizaron una manifestación, en la entrada de las instalaciones, ubicadas en la localidad El Ticuí, en el municipio de Atoyac, para apoyo a los soldados del país.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, pidieron al presidente de México, al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y al almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que se respeten los derechos de los trabajadores castrenses, al señalar que son los que resguardan a la población y dan seguridad al país.
Con pancartas indicaron que “si hay situaciones que no pueden ser controladas, que no se le den armas y que los mantengan acuartelados para evitar este tipo de situaciones”.
En contraste, compararon que no hay esa atención cuando los militares son agraviados por civiles.
Los manifestantes estuvieron alrededor de 20 minutos en la entrada del cuartel del 109 batallón.
Señalaron que llegó una patrulla del Ayuntamiento de Atoyac, con torreta encendida a tomar fotografías, lo cual consideran una intimidación, ya que de acuerdo con vecinos del lugar, la policía no hace recorridos por esa zona.
Pidieron que no haya represalias contra los familiares de quienes expresan su apoyo al Ejército mexicano.
Destacaron que lo que piden no es más que un derecho como ciudadanos y como parte de la columna de militares que dan seguridad al país, al ser los primeros que responden cuando hay contingencias.

En un documento enviado al gobierno federal, los soldados que apoyan a sus compañeros encarcelados destacan: “Soy militar, pero no soy cualquier militar. Soy aquel adolescente que, con 15 años, entró con el corazón lleno de emoción y orgullo a la Heroica Escuela Naval; soy ese cadete del Heroico Colegio Militar que cantó el himno de la institución durante los desfiles, debajo de la lluvia. Soy el teniente que no pudo presenciar el nacimiento de su hijo por estar en comisión del servicio. Soy el soldado que se enteró de la muerte de su madre después de dos meses, por estar aislado en la sierra. Soy el médico que sostuvo la cabeza del amigo que fue herido en combate. Soy el capitán que pasa semanas navegando lejos de su familia. Soy el comandante que entrena a su personal con máximo rigor y soy la enfermera que limpia las heridas de las fuerzas especiales”.
Abundaron que en tiempos tranquilos el Ejécito es ignorado, pero en tiempos de urgencia o desastre es convocado.
Citaron también: “Soy el marino que despues de 30 años de servicio, fue comisionado a la Guardia Nacional, aquel capitán de caballería que no fue consultado si quería pertenecer a GN, soy ese militar, el que cumple órdenes”.
Lamentaron que deban esconderse en la cobardia del anonimato para escribir esas líneas y no ser perjudicados, pero que entregan su vida y su trabajo por su país, “soy ese militar que no tiene derechos humanos, pero que en medio de la batalla debe respetarlos o ser enjuiciado. Soy el que soñó con ser de la naval y terminó de policía, soy ese fusilero paracaidista que no tiene libertad de expresión”.
Señalaron carencias para su trabajo, al ser oficiales como de transmisiones, que no reciben equipo, presupuesto o siquiera raciones suficientes, “mientras diputados y senadores llenan sus bolsillos”.
Al igual que el maestro, que cubre cinco puestos porque no hay suficiente personal, como el subteniente que hace guardias al uno por uno.
Exponen: “El señor presidente nos usa a su antojo cada vez que su política genera un problema que después no sabe resolver. Soy el que cuida instalaciones estratégicas, el que pelea con huachicoleros, soy el piloto y el administrador que ahora administrarán bajo sus órdenes un aeropuerto. Soy el del servicio de sanidad, que ahora es responsable de resolver la crisis de salud cuando ya es demasiado tarde”.
Donde, además, el militar que recientemente vio a su familia peligrar por causa de la familia de El Chapo Guzmán, “a quienes usted ofrece ahora ayuda humanitaria”.
Señalaron que estan cansados y hartos de los secretarios, que México no merece esto. Las fuerzas armadas no lo merecemos, “así que decimos ya basta”.

Marchan en apoyo a militares en varias ciudades del país

En instalaciones militares de Chilpancingo (imagen), Iguala y Atoyac, lo mismo que en la Ciudad de México y otras de la república, militares en activo y retirados y familiares de soldados se manifestaron para exigir respeto a lo que llaman sus derechos humanos, exigieron al presidente la liberación de cuatro efectivos acusados por la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo y reclamaron que si no se les va a permitir enfrentar con firmeza a los delincuentes que mejor los dejen en sus cuarteles Foto: Jessica Torres Barrera

Marchan familias de militares en la capital, Iguala y Atoyac; piden respeto a sus derechos humanos

También exigen al presidente López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 26 de febrero

 

Luis Blancas / Alejandro Guerrero / Francisco Magaña

Chilpancingo / Iguala / Atoyac

Pobladores y familiares de militares se manifestaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, para apoyar al Ejército mexicano, solicitar respeto a los derechos humanos de los soldados y exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamau-lipas, en acción ocurrida el domingo 26 de febrero.
En la capital unos 40 manifestantes marcharon desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar; en Iguala la protesta fue afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional. Mientras que los familiares de soldados de Atoyac lo hicieron en el cuartel del 109 Batallón de Infantería.
Desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar, cerca del Panteón Central de Chilpancingo, a las 9:50 de la mañana, unos 40 manifestantes partieron en marcha y se dirigieron hacia la entrada, que se encuentra en la lateral del bulevar Vicente Guerrero en que se convierte la Autopista del Sol en el tramo de la ciudad.
Familiares de los militares, soldados retirados, jóvenes y niños portaron playeras verde olivo, banderas de México y pancartas en las que se leía: “Todo nuestro apoyo al Ejército”, “El soldado no se toca ni se golpea”, “El Ejército es pueblo”, “AMLO, comandante en jefe de los delicuentes no de los militares”, “Los esperamos en casa sanos y salvos” y “Por mi padre, por mi hijo, por mi esposo, también tiene derechos”.
Al llegar al segundo acceso comenzaron a manifestarse y gritaron consignas: “Soldado amigo el pueblo está contigo” y “libertad, libertad, libertad, libertad”.
La vecina Modesta Santiago Sánchez comentó que esta movilización se realizó en todo el país, para que no se criminalice a los soldados por sus acciones en tareas de seguridad pública, luego de la vinculación a proceso de cuatro militares acusados de matar a cinco jóvenes, lo que ocurrió a principios de marzo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Santiago Sánchez dijo que la manifestación también es para apoyar al Ejército mexicano, para que se respeten los derechos humanos de los uniformados, porque también son ciudadanos, y exigió al presidente López Obrador la liberación de los cuatro militares.
“El militar da su vida por nosotros, nosotros podemos dar algo a cambio a ellos, para apoyarlos, que haya justicia a todos ellos. Ahora el militar no puede matar un delincuente, lo ven feo, los castigan; sin embargo, un delincuente mata a un militar y no hacen nada, los derechos humanos siempre los castigan”, declaró.
Dijo que los militares también tienen familia, hijos, esposas y sobrinos que los esperan en sus casas con bien, y que no les pase algo, “por eso pedimos que los respeten, les garanticen sus derechos humanos y que no sean castigados y agredidos injustamente”.
Por su parte, una participante exigió que se audite a los mandos militares, porque no entregan el presupuesto a los soldados para la compra de alimentos, limpieza y mantenimiento de las patrullas, “exigimos que auditen al Ejército. Los soldados tiene que pagar su material, también allá arriba hay corrupción”.
Indicó que había rumores de que la movilización había sido convocada por la delincuencia, lo cual negó: “Somos hijas, hijos, padres, madres y esposas de soldados, para defenderlos, porque han sido golpeados, maltratados, les quitan sus derechos, los amenazan, los alto mandos no hacen nada”.
“Los delincuentes tienen más derechos que militares. Los militares trabajan, son más honestos que los delincuentes, exigimos la liberación de los cuatro militares del caso de Tamaulipas. Si AMLO libera al hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán que los libere también”, concluyó un participante de la movilización.
Después el contingente de personas se trasladó a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde realizaron una parada simbólica frente al Ayuntamiento de Chilpancingo y después se retiraron.

El 27 batallón de Infantería en Iguala

Unas 40 personas, entre ellas niños, se sumaron a la convocatoria nacional y participaron en la movilización para apoyar al Ejército, afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, de Iguala, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional, en la que exigieron la liberación de cuatro cabos, que fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo.
Con aplausos y “vivas” para el Ejército, las familias llegaron a las 9:35 de la mañana de este domingo, con vestimenta color verde olivo y algunas banderas de México, a la puerta del acceso principal del 27 Batallón de Infantería, junto al Periférico Oriente, y estuvieron allí con un automóvil, al que le instalaron una bocina, acción que duró unos 20 minutos.
Asimismo, mostraron cartulinas con muestras de apoyo al Ejército: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”, “todos somos Ejército”, “exigimos justicia para nuestras fuerzas armadas”, “al soldado no se toca” y “gracias por cuidar de la ciudadanía”.
Una de las oradoras durante el mitin, quien no se identificó, exigió la liberación de los soldados detenidos por los recientes hechos ocurridos en Tamaulipas, relacionados con el asesinato de cinco jóvenes durante una persecución.
Al terminar la actividad, las personas guardaron un minuto de silencio por los militares asesinados en cumplimiento de su deber, luego cantaron el Himno Nacional mexicano.
La acción convocada en todo el país, mediante las redes sociales, se deriva de la aprehensión y vinculación a proceso de cuatro cabos de Caballería, por desobediencia y delitos del fuero militar, luego de que el domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, persiguieron a cinco jóvenes que viajaban en una camioneta pick up y fueron abatidos por los militares.

Apoyo al Ejército en Atoyac

Con una manifestación de apoyo, familiares de militares del 109 Batallón de Infantería realizaron una manifestación, en la entrada de las instalaciones, ubicadas en la localidad El Ticuí, en el municipio de Atoyac, para apoyo a los soldados del país.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, pidieron al presidente de México, al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y al almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que se respeten los derechos de los trabajadores castrenses, al señalar que son los que resguardan a la población y dan seguridad al país.
Con pancartas indicaron que “si hay situaciones que no pueden ser controladas, que no se le den armas y que los mantengan acuartelados para evitar este tipo de situaciones”.
En contraste, compararon que no hay esa atención cuando los militares son agraviados por civiles.
Los manifestantes estuvieron alrededor de 20 minutos en la entrada del cuartel del 109 batallón.
Señalaron que llegó una patrulla del Ayuntamiento de Atoyac, con torreta encendida a tomar fotografías, lo cual consideran una intimidación, ya que de acuerdo con vecinos del lugar, la policía no hace recorridos por esa zona.
Pidieron que no haya represalias contra los familiares de quienes expresan su apoyo al Ejército mexicano.
Destacaron que lo que piden no es más que un derecho como ciudadanos y como parte de la columna de militares que dan seguridad al país, al ser los primeros que responden cuando hay contingencias.

 

Marchan militares activos y en retiro; protestan
contra AMLO por arrestos y muertes de soldados

Cientos de personas salen a las calles en la Ciudad de México y en al menos otras 15 ciudades luego de que cuatro militares fueran vinculados a proceso acusados de matar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero. Versiones oficiales aseguran que las víctimas eran parte del crimen y se encontraban armados, pero un sobreviviente lo niega

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Militares activos y en retiro, así como sus familiares, marcharon ayer en la Ciudad de México y al menos 15 ciudades en apoyo a elementos del Ejército que participan en tareas de seguridad o que se encuentran presos a causa de su actuación en los operativos y en las calles.
Los manifestantes reclamaron por la estrategia de “abrazos no balazos”, porque no se les permite enfrentar con firmeza a los violentos criminales, lo que ha provocado un gran número de soldados muertos.
La iniciativa para manifestarse se originó luego de que cuatro militares fueron vinculados a proceso acusados de matar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero. Versiones oficiales aseguran que eran parte del crimen y se encontraban armados.
Sin embargo, Alejandro Pérez, de 21 años, sobreviviente del incidente, asegura que no llevaban armas.
“Liberen a nuestros militares. Ya no contarás con mi voto”; “En memoria de los militares que murieron en espera de una orden de disparo que nunca llegó” y “Respeto al Ejército mexicano ‘Liberación de los 4 sargentos’”, fueron algunos de los reclamos plasmados en las cartulinas durante la manifestación en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, cientos de personas marcharon del Ángel de la Independencia hasta Palacio Nacional.
También se reportaron manifestaciones en ciudades como Nuevo Laredo, Cuernavaca, Cuautla, Veracruz, Xalapa, Querétaro, Tampico, Puebla, Chilpancingo, Oaxaca, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez.
Algunos de los participantes portaban prendas color verde olivo o uniformes y equipo táctico y gritaban consignas como “¡Soldado amigo, el pueblo está contigo!”, “¡Libertad!” y “¡Justicia!”, incluso marcharon cantando el Himno Nacional.
En la capital mexicana el contingente partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, donde realizaron una protesta frente a Palacio Nacional.
“No traemos acarreados señor presidente, y sé que vas a decir lo contrario, traemos a personas con lealtad”, decían otras cartulinas.
“A mi no me trajo la delincuencia, me trajo el amor del uniforme verde olivo que entrega su vida por mí”.
También reprocharon en sus consignas la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Somos el pueblo de México”

“Señor presidente (López Obrador) los militares que ahorita se encuentran en la prisión militar no deberían estar ahí”, afirmó Rosalío, un militar retirado, quien encabezó la marcha en la Ciudad de México.
“Señor presidente no puedes dejar, no puedes hacer, que a un soldado lo maten porque como dice el himno nacional: “Un soldado en cada hijo te dio”“, dijo tras considerar que los elementos se sienten desarmados y sin posibilidad de actuar.
El militar afirmó que la protesta es legítima, luego de que el mandatario federal aseguró en días pasados que detrás de ella podría haber otros intereses e incluso estar implicado el crimen organizado.
“No queremos que en la mañanera digas que estamos comprados, que somos un grupo de choque, no señor presidente, te lo sostenemos, que somos el pueblo de México. Solicitamos que no haya represalias contra nosotros”, pidió
Rosalío aseguró que las autoridades están procesando militares mientras ellos defienden al Estado y al pueblo mexicano.
“No podemos dejar que las personas que delinquen y causan daño al pueblo y al Ejército mexicano estén por arriba de los soldados mexicanos y los derechos humanos”, demandó.
El hombre, quien iba vestido de civil y portaba sombrero, emitió un discurso al llegar a la plancha del Zócalo y frente a Palacio Nacional aseguró que el Ejército vela por los intereses del pueblo de México, así como por los de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Afirmó que en la marcha participaron contingentes de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Fuerza Aérea, entre otros.
“Y que son activos, son retiros, son desertores, pero son buenas personas y como lo dice el señor Presidente: “Son pueblo de México”“.
Insistió en que la manifestación era pacífica.
“No vamos a dejar que se infiltren grupos subersivos, no permitimos que el Ejército mexicano involucre a personas que realicen el mal”, dijo.
Por su parte, Paulino Jiménez Hidalgo, un general retirado, afirmó que los soldados no le juran lealtad al Presidente, sino al pueblo de México.
“Nuestra lealtad es al pueblo mexicano. El Ejército no jura lealtad al comandante supremo. Los soldados juramos bandera ante nuestra insignia patria y juramos respeto a la Constitución”.
Asimismo, denunció que los recursos que deberían dirigirse al Ejército han sido desviados para otras tareas.
“Tengo entendido que le sacó dinero del Fondo de Adquisición de Material Militar para metérselo al Tren (Maya), ojalá algún día ese Tren pase y se lo lleve a su rancho”, expresó.
En la movilización participaron decenas de personas, quienes lanzaron consignas como: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”; “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!.
“Liberen a nuestros militares. Ya no contarás con mi voto”, “En memoria de los militares que murieron en espera de una orden de disparo que nunca llegó” y “respeto al Ejército mexicano ‘Liberación de los cuatro sargentos’”, fueron otros de los reclamos plasmados en pancartas.
Los asistentes aseguraron que la marcha se realizó de manera simultánea en otras partes del país e incluso hay apoyo de Estados Unidos y Canadá.
“Somos militares, personal militar, personal retirado, personal de sector, que tienen buenos principios y buena fe. Son muchísimas personas, no solo las de aquí, en todo México y Estados Unidos, en Canadá, está pasando y está diciendo: los estamos apoyando”, expresó un participante que pidió el anonimato.
“No traemos acarreados señor presidente, y sé que vas a decir lo contrario, traemos a personas con lealtad”.
“Los detenidos no tienen apoyo del presidente”

“Mi familiar no tiene el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni del Ejército”, aseguró un joven quien marchó ayer del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para demandar la libertad de los militares señalados de haber asesinado a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El joven, quien portaba una pancarta cuyo mensaje decía: “Hagamos valer sus derechos, Hagamos valer su trabajo! Hagamos valer su, esfuerzo, indicó que provenía del Estado de México y que es familiar de uno de los militares detenidos por los asesinatos de cinco jóvenes en Tamaulipas; sin embargo, prefirió omitir el tipo de vínculo que lo relaciona con éste.
“Venimos por todas las inconformidades que hay con el Ejército. No puedo platicar bien (lo que sucedió en Tamaulipas) porque sólo ellos saben por qué lo hicieron”, indicó.
Aseguró que existen constantes anomalías en esa institución, así como violaciones a los derechos humanos de sus miembros. “No tienen nada de apoyo”, lamentó.
Yasmín, una joven de 26 años, cuyo padre, hermanos y tíos forman parte del Ejército, también acudió a la protesta para exigir la liberación de los militares señalados por los asesinatos de los jóvenes en Tamaulipas.
“Exigimos su liberación, no hicieron nada, fue en defensa propia. Millones de militares han sufrido está situación y no se han dado a conocer cuántos militares han muerto en cumplimiento de su deber”, aseguró la joven, quien portaba una pancarta en la que se leía: “Levanto la voz y visto de verde olivo porque mi papá, hermano, tío, pertenecen a esta institución y no estoy dispuesta a perder a ninguno de ellos”.

Es el crimen organizado, dijo el presidente

López Obrador aseguró sobre la marcha de militares y sus familias que no tiene propósitos justos ni sanos y que hasta podría estar organizada por el crimen organizado.
Desde su conferencia mañanera el pasado viernes, el presidente aseguró que el motivo de la marcha era pedir que no se investigue a los soldados que asesinaron a cinco jóvenes en Nuevo laredo.
“No hay ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas; al contrario, están actuando con profesionalismo, con disciplina”, agregó.

El fallo que ordena una comisión de la verdad por Ayotzinapa es problemático constitucionalmente, dice investigador del CIDE

 

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso en el que alega que existe “imposibilidad real, jurídica y material” para dar cumplimiento al amparo que ordena crear una comisión de la verdad y desconoce la investigación oficial del caso Ayotzinapa. También, procuradores y fiscales del país se pronunciaron contra la decisión y aseguraron que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, se “excedió” en sus atribuciones.
Así reaccionaron luego de que ese tribunal ordenó una nueva indagatoria por la desaparición forzada, el 26 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, así como la creación de una Comisión de la Verdad y Justicia que sería integrada por el Ministerio Público y los familiares, asistidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pero no son las única voces que, a favor y en contra, se han escuchado.
Es una “resolución de claroscuros”, explica a El Sur Javier Martín Reyes, investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “Hay partes muy rescatables. Una cosa que queda clara cuando uno revisa la argumentación de estos tres magistrados, es que el caso refleja el día a día de nuestro sistema de procuración de justicia. El elemento grave que queda registrado, según estos magistrados, es que hay muy fuertes indicios de tortura en contra de los imputados. Visibilizar y poner con sus letras es un logro importante”.
Un segundo elemento a destacar, indica, es el papel que esta decisión les da a las víctimas dentro del proceso, “más allá de la técnica profesional que utilizan los magistrados”. Es de lo más rescatable, menciona el politólogo.
Por otro lado, “la sentencia tiene defectos técnicos. El primero es que da la impresión de que el colegiado no se atreve a dar un paso: este es un amparo que originalmente presentan las personas a las cuales se les está investigando por el caso (miembros de la organización criminal Guerreros Unidos), para la enorme cantidad de violaciones que acreditan, quizá el efecto más consistente hubiera sido ordenar soltar a esas personas que presentaron el amparo, en las cuales, según el colegiado, hay altísimos indicios de tortura”.
El investigador cuestionó la orden del tribunal de crear una comisión de la verdad: “Ese modelo que crea es discutible, porque dice que ahora la investigación del caso seguirá las líneas de investigación que determinen las víctimas, en colaboración con la CNDH. Ese modelo va en contra del diseño constitucional, pues lo que dice la Constitución es que la investigación de los delitos se hace bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Según el colegiado, la solución es que la averiguación recaiga en los familiares o las víctimas, porque hay una falta de autonomía del ministerio. Eso, en términos constitucionales, es problemático. Por eso la resolución genera controversia”.
La PGR, añade, está extrañada con ese criterio “porque le están quitando una facultad constitucional. Dijo el colegiado que la creación de estas comisiones ha sido llevada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ese tribunal (de Tamaulipas) no tiene el mismo tipo de atribuciones que la Corte. No cuenta con los elementos, testimonios e información suficiente para ordenar ese tipo de cosas”.

“Lo tiene que echar abajo la Corte”, dice Alto al Secuestro

La organización Alto al Secuestro –presidida por Isabel Miranda de Wallace– anunció que interpondría un amparo en contra de la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. En entrevista con El Sur su asesor jurídico, Samuel González dijo que ese fallo “lo tiene que echar abajo la Suprema Corte si se presentan controversias inconstitucionales. Nuestro amparo es de interés legítimo. En México hay una interrelación criminal entre algunas policías y los criminales. En Iguala hay un acto de privación de la libertad, igual que en los casos de Fernando Martí y Hugo Alberto Wallace”.
“La Ley de Secuestro dice que este es la privación de la libertad con el fin de causar daño. Lo que está acreditado en la averiguación previa del caso de Iguala es que los estudiantes fueron privados de la libertad con el fin de causarles daño. Es un secuestro, no una desaparición forzada. Por eso se compara con los casos de Martí y Wallace”, argumentó.
El abogado no contextualizó más el caso Ayotzinapa y agregó que, “no aceptamos que se forme una comisión de esa naturaleza porque viola la Constitución. No sólo son las víctimas de los 43. Las otras víctimas de los hechos de Iguala no han sido llamadas a juicio. Esa sentencia tiene efectos de ley, porque crea un órgano de Estado al cual le da competencias. Dice quién va a participar, cómo. A nosotros para perjuicio, porque rompe con la estructura de la investigación del sistema jurídico mexicano”.
Samuel González dio su visto bueno a la primera parte de la resolución del tribunal colegiado: “dice que deben de reiniciarse los procesos, la investigación. Pero la segunda parte no es correcta, porque los jueces de Tamaulipas crean un órgano de Estado que no solamente se va a aplicar a quienes están en su resolución, sino a otros. En la sentencia hay una sustitución de autoridades. A la CNDH la pone a hacer algo que constitucionalmente está incapacitada de hacer, que es realizar investigaciones criminales”.
–El objetivo es que participe con los padres de los normalistas desaparecidos, ¿no?
–No lo puede hacer, no tiene competencias constitucionales, su función es dar recomendaciones. La competencia del MP es investigar los delitos, la víctima puede coadyuvar, pedir que se practiquen pruebas, etcétera, pero no puede sustituir. Imagínate qué peligroso que le den a cualquier víctima la capacidad de manejar al Ministerio Público.
La resolución dice que el ministerio tiene que obedecer todos los actos que le pidan las víctimas y que las comisiones serán formadas por tres partes: el ministerio, las víctimas y CNDH. La PGR sólo acataría, según esta decisión, lo que digan los dos últimos.
–¿Por qué hay interés de Alto al Secuestro de ampararse, intervenir en este caso?
–No es intervenir, queremos que se aplique la Constitución.
–Esta resolución puede sentar un precedente, cuatro años después de falta de respuesta.
El abogado evadió este comentario y contestó otra cosa: “Esos que dicen que la resolución es definitiva e inatacable, mienten. Hay muchas maneras de atacarla”.
–¿Por qué atacarla? Es una resolución que se refiere a un tema específico.
–El problema es que esa no era la atribución que tenían los jueces. Se extralimitaron en sus funciones. Nosotros vamos a crear el amparo. Veremos si la Suprema Corte lo atrae, porque será la que decida el final si es viable.

Paradigma jurídico

Consultado por separado Javier Martín Reyes del CIDE, afirma lo contrario: “esta sí es una sentencia definitiva”.
“Ni el tribunal superior puede revisar esa determinación, pues no puede corregir las decisiones de todos los tribunales colegiados. Su trabajo no es examinar cada sentencia. En este caso no se admiten recursos en contra”, afirmó.
“Alto al Secuestro puede estar o no de acuerdo con esa resolución, pero es definitiva, y la PGR y la CNDH podrían pensar en una controversia constitucional, que tampoco procede ante sentencias dictadas por tribunales colegiados de circuito. Aunque –matiza el investigador– siempre hay interpretaciones, podría ser”.
Eso sí, reconoce, la orden del tribunal indique que los familiares señalen las líneas de investigación, asistidos por la CNDH, “es una resolución que nunca antes se había visto, por lo menos en un amparo en México”.
“La autoridad está obligada a acatar. Cuando tienes una resolución definitiva, así sea de un tribunal colegiado, toda autoridad está obligada. Es un fallo histórico, inédito. Jurídicamente es un paradigma que no se compadece de lo que dice la Constitución. Es lo más discutible”.
–El abogado de Alto al Secuestro dice que con esta resolución cada persona con un caso similar querrá controlar al Ministerio Público.
–No estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que es banalizar mucho lo que pasó en Ayotzinapa, que es un caso de violaciones gravísimas. Hay un conjunto de factores que hacen que sea particularmente relevante.

Es un caso icónico, la resolución muestra avances importantes, considera Amnistía Internacional

“Una persona puede considerar que una sentencia es inconstitucional, pero desde Amnistía Internacional consideramos que esa resolución muestra avances importantes”, dijo en entrevista Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI).
La sentencia, prosigue, reitera “lo que desde 2016 había expuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando manifestó irregularidades importantes en la investigación. Esto implica que la PGR debe de hacer nuevas diligencias encaminadas a averiguar los hechos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que muchas de las personas detenidas habían sido víctimas de tortura. Estamos ante esa corroboración”.
–¿Qué opina AI de la creación de una comisión de la verdad?
–Marca un precedente importantísimo para iniciar un cambio sustancial en la forma en que se investigan graves violaciones de derechos humanos en México. El caso Ayotzinapa es icónico. AI ha analizado que reúne gravísimas violaciones a derechos humanos en los propios hechos, detención e investigación. La sentencia del tribunal que se hizo pública el 4 de junio, también reconoce que en México no hay una fiscalía independiente. La investigación de los 43 ha sido defectuosa y no ha tomado líneas adecuadas.
–Según las críticas, una comisión de la verdad y la intervención de los familiares en la investigación violarían la Constitución.
–No entendemos por qué puede haber un argumento así, cuando una serie de investigaciones ya violentan principios constitucionales al debido proceso. Decir que se viola la Constitución por retrotraer efectos de una investigación irregular y exigir que haya una fiscalía independiente no es argumento fuerte. Pareciera que ese dicho es meramente apegado a un entendimiento específico, pero no a uno contextual, y creo que este caso lo tenemos que ver en ese contexto de instituciones totalmente debilitadas y deficiencias de la investigación. Desearía saber cuál es la parte constitucional que se violenta cuando se intenta restablecer un proceso judicial.
El caso de los 43, concluye Reneaum, “no tiene más privilegios, sino que reúne responsabilidad del Estado desde diferentes perspectivas, desde la desaparición hasta la investigación. Nos ha revelado la incapacidad del Estado para tener una averiguación clara, que nos lleve a la verdad. Las familias han sido víctimas o no han podido acceder al derecho a la verdad. Esto es súper relevante.
“Generalmente las comisiones de la verdad se empiezan a crear por un caso específico, que luego nos lleva a entender que las instituciones requieren profundas reformas y configuraciones”.

 

No notifican a los padres de los 43 el fallo que ordena una Comisión de la Verdad, dice Vidulfo

A 10 días de que el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenara la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente del fallo.
El 5 de junio los magistrados emitieron el fallo en el que especifican que la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Dicha comisión debía formarse diez días después de que las partes involucradas fuesen notificadas.
Consultado vía telefónica sobre la formación de la comisión y el seguimiento jurídico del fallo, Rosales Sierra declaró que los representantes legales de los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos no han sido notificados de manera oficial.
“Seguimos teniendo reuniones para poder seguir estructurando esta comisión, sin embargo a la fecha (ayer) no hemos sido notificados todavía de tal manera que el plazo no ha empezado a correr para nosotros, tendrían que notificarnos pero no ha ocurrido”, explicó.
Dijo que desconoce si la PGR ya fue oficialmente notificada mientras que los padres y madres de familia con los abogados que los representan siguen con el análisis del fallo, así como de los posibles integrantes de la Comisión de la Verdad de quienes prefirió no entrar en detalles pues “sería muy incipiente, muy aventurado”.
Por último señaló que seguirán a la espera de que se les notifique de manera oficial así como a la respuesta de las autoridades para saber, “si van a cumplir o no van a cumplir” lo establecido en el fallo que faculta a la Comisión de la Verdad para tener acceso libre e inmediato “a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Notifican de tres amparos más a favor de detenidos acusados de la desaparición de los 43

Un tribunal federal de Reynosa, Tamaulipas, notificó ayer oficialmente tres sentencias de amparo en favor de acusados de secuestrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que se suman a la difundida el 4 de junio y ordenan crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar de nuevo el caso.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito oficializó los amparos 204 al 206/2017 en favor de Salvador Reza Jacobo, El Wereke, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, El Gil, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que confesaron el secuestro, asesinato y quema de los normalistas, al parecer, bajo tortura.
El amparo previo, el 203/2017 fue a favor de Miguel Angel Bahena Landa, El Chequel, y la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que esperaba la notificación de las demás sentencias para decidir cómo impugnarlas.
El amparo 204/2017 en favor de El Wereke también incluye a otros cuatro quejosos, cuyos nombres fueron tachados por el tribunal colegiado en la versión pública de la sentencia, pese a que las identidades de todos los acusados son conocidas desde hace años.
Igual que este caso, el tribunal colegiado revisó amparos contra autos de formal prisión dictados por delincuencia organizada y otros delitos en la causa penal 123/2014, y ordenó reponer los procesos desde el inicio con la condición de que la PGR presente un dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul, para probar que los acusados no fueron torturados.
De no presentarse este dictamen en 10 días, el tribunal colegiado ordenó tener por hecho que hubo tortura, lo que implicaría la libertad de los acusados.
Además, en una larga sección de la sentencia que no tiene precedentes en la justicia mexicana, el tribunal desconoció la investigación de la PGR y ordenó crear una Comisión en la que representantes de las víctimas y la CNDH tendrían el mando.
Esta parte de la sentencia es la que PGR podría intentar impugnar por invasión a la esfera de atribuciones que le otorga el artículo 102 de la Constitución, pues en lo que se refiere a la protección en favor de los acusados, los fallos de los tribunales colegiados en amparos en revisión son inatacables.
Supervisar la ejecución de los amparos corresponde al Tercer Tribunal Unitario con sede en Reynosa, a cargo del magistrado Sabás Pérez García.
Hasta ahora Pérez no ha requerido al juez de Distrito que lleva los procesos en Matamoros, David Calderón, ni a las demás autoridades señaladas por el tribunal colegiado para que acaten la sentencia.
El proceso de cumplimiento del amparo en la parte que corresponde a la Comisión de la Verdad podría tomar años, y tendrá la dificultad logística de que los desacuerdos entre sus integrantes tendrían que ser arreglados ante el tribunal unitario en Reynosa.
Reforma publicó el martes que Calderón absolvió a otros cuatro involucrados en el caso Ayotzinapa, tres de Guerreros Unidos y un policía de Iguala, pero sólo uno salió de prisión.

 

Llaman madres y padres de los 43 a Peña Nieto a que se acate la sentencia por el caso Ayotzinapa

 

Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que acate la instrucción del poder Judicial, y “sepulte” la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), con la creación de una comisión especial investigadora sobre el caso Ayotzinapa, como ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.
En conferencia de prensa este jueves en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los familiares expresaron que la sentencia del tribunal -la cual establece que en esa comisión tengan una participación preponderante los representantes de los padres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, comprueba que “el actual gobierno les ha mentido y ocultado información”, y exhortaron al presidente a expresar públicamente la voluntad de su gobierno de acatar el fallo emitido el lunes.
A cuatro días de haber sido difundida la sentencia, Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, manifestó: “señor presidente Enrique Peña Nieto, le exigimos a usted que acate la resolución del Poder Judicial, ya que ustedes mismos nos decían que todas las resoluciones iban a ser cumplidas. Exigimos la voluntad de garantizar que se realice la comisión de investigación. Pedimos una declaración de voluntad política del presidente, el gobierno nos ha fallado una y otra vez”.
Acompañados del director del Centro Prodh, Mario Patrón, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales, y Humberto Guerrero de Fundar Centro de Análisis e Investigación, los familiares de los 43 normalistas hicieron “un reconocimiento a los valientes magistrados” por la sentencia que reconoce múltiples irregularidades e indicios de tortura contra algunos de los indiciados.
Las madres y padres también mencionaron el informe que presentó este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala que la investigación tiene muchas deficiencias, además de refrendar la inviabilidad de la versión oficial que sostenía que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vaciadas en el río San Juan. También demandaron que los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) vuelvan al caso.

Es necesaria una expresión pública del presidente, dice el Centro Prodh

Mario Patrón resumió que “en más de tres años y medio los familiares de las víctimas ya no confían en el gobierno federal”, por lo que es necesaria “una expresión pública del mandatario de su voluntad de acatar la sentencia. El informe de la CIDH es devastador, nos dice claramente que hay que sepultar la teoría del basurero y cumplir la sentencia”.
Remarcó que la sentencia “es inédita y da la oportunidad para crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. Estamos frente a un caso de graves violaciones a derechos humanos, habla de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, y justo es alrededor de las condiciones de autonomía e independencia que deberían tener los órganos de Estado en este tipo de casos, en donde son las propias instituciones públicas las que están cuestionadas en la comisión de los hechos”.
Añadió que la CIDH “instó al Estado mexicano a acatar la resolución del primer tribunal, que ordenó que se reabra la investigación”, y que “es momento en que los candidatos presidenciales se pronuncien respecto al ordenamiento judicial, toda vez que buena parte de la ejecución de la sentencia le corresponderá implementarla al próximo gobierno”.
Hasta ahora, dijo, dos de los candidatos, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, “han hablado de mecanismos especiales para que se haga justicia en el caso Ayotzinapa, ahora, a la luz de la sentencia, sería importante que todos los candidatos se pronunciaran”.

“La justicia, lenta pero segura”

Vidulfo Rosales, representante legal de los padres, informó que están trabajando con los familiares las propuestas que se harán “para integrar la comisión que investigará nuevamente la desaparición de los normalistas”.
Indicó que cuando el tribunal notifique a las partes la sentencia, “el Ministerio Público tendrá 10 días hábiles para cumplir el ordenamiento de presentar peritajes independientes del Protocolo de Estambul de los inculpados que apelaron en principio a la orden de aprehensión, origen de la sentencia del tribunal colegiado.
“Lo que los magistrados piden, en el caso de los inculpados, es una investigación por las denuncias de tortura y una reposición de procedimiento acerca de un caso que fue construido sobre montajes, y una vez que ello ocurra se podrá dar lugar a la creación de la comisión en los siguientes 10 días”.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz insistió en que se trata de una sentencia que debe ser acatada.
“Hoy no estamos ante una recomendación de instituciones internacionales, como la CIDH o de la Organización de Naciones Unidas, hoy es una sentencia de un juez mexicano y tiene que acatarla”.
“Una vez más se confirma que nunca existió la ‘verdad histórica’ y que el resolutivo judicial confirma que la justicia es lenta pero llega”.
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos informaron su decisión de rechazar los 500 mil pesos que la sentencia plantea como indemnización, y advirtieron que si los inculpados salen libres por tortura será responsabilidad de la PGR.
Asimismo propusieron una mesa para crear la comisión de la verdad.
María Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que la sentencia les da “otro motivo para estar de pie, para sepultar la verdad histórica y que se abran nuevas líneas de investigación”.
En opinión de Blanca Nava, otra de las madres, la formación de una comisión “es una oportunidad para que regresen los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes. Es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías del gobierno y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido”.
Los padres de familia exhortaron a los candidatos presidenciales a comprometerse a cumplir la sentencia del tribunal, que ordena establecer una comisión de la verdad en caso de que no pueda lograrse en lo que resta del año.

 

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; PGR no fue imparcial

Estará integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el MP federal, y las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Por la resolución de un amparo se deberá reponer el proceso a cuatro presos presuntos miembros de Guerreros Unidos

Agencia Reforma

Ciudad de México

En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.

Rechaza la PGR la orden del tribunal; desconoce división de poderes y facultades del MP, reclama

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación de la PGR estuvo dirigida

De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.

Etiquetas: México, Guerrero, Iguala, Ayotzinapa, Cocula, 43, desaparecidos, Normal Rural de Ayotzinapa, Tribunal Colegiado de Tamaulipas, Comisión de la Verdad

Rechaza la PGR la orden del tribunal; desconoce división de poderes y facultades del MP, reclama

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

De Coyuca de Catalán y recién llegado de Tamaulipas el hombre ejecutado de 4 balazos




El hombre que fue hallado muerto con cuatro balazos en la cabeza afuera de un auto compacto (la versión oficial dice que en el interior) sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo la mañana del jueves, fue identificado como Nicolás Ochoa Almonte, originario de la comunidad de Pinzán Morado, municipio de Coyuca de Catalán y quien recientemente había regresado de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, informó este viernes la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El parte informativo de la dependencia indica que el cadáver de Ochoa Almonte fue identificado por su esposa, Mónica González Jiménez, y dijo que vivía en Ciudad Altamirano y que su esposo se dedicaba al cultivo de Tilapias en estanques artificiales en los municipios de Pungarabato y Arcelia.
La viuda indicó que el auto Chevrolet, Astra blanco modelo 2006 donde fue encontrado el cuerpo de su esposo asesinado, lo había comprado en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas y recientemente había regresado a Guerrero.
El jueves por la mañana, agentes de la Policía Federal Preventiva sector caminos descubrieron el cuerpo de Ochoa Almonte afuera del auto compacto en el camino de terracería que conduce al poblado de Tranca del Golpe, desde la carretera federal Iguala-Chilpancingo. Aunque las primeras versiones indicaron que el hombre fue hallado en esas condiciones, la versión oficial dice que el cuerpo estaba adentro del vehículo.
La víctima tenía cuatro impacto de bala calibre .9 milímetros en la cabeza, uno de ellos en la nuca y otro en la sien derecha, indica el parte informativo.

Funcionario de la PGR atacado en Tamaulipas fue vinculado en Guerrero con el cártel de El Chapo




El subdelegado de Procedimientos Penales y Amparo B de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Jorge Frías Vázquez, quien resultó gravemente herido en un ataque cuando llegaba a su residencia acompañado de una agente del Ministerio Público federal que murió en el lugar de los hechos, aparece en un expediente de la SIEDO como uno de los funcionarios que brindaron protección en Acapulco a los hermanos Beltrán Leyva, del cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán.
En ese hecho, de acuerdo con medios nacionales, un grupo de sicarios ejecutó el jueves con rifles de asalto AR-15 a la agente del Ministerio Público Federal Rocío del Carmen Vega e hirió de gravedad al subdelegado, Frías Vázquez.
De acuerdo con una nota del diario de circulación nacional Reforma, fuentes indicaron que Vega tenía cerca de tres semanas de llegar del estado de Guerrero porque aquí recibió amenazas contra su vida por parte del grupo de sicarios del cártel del Golfo, Los Zetas, que dirige Osiel Cárdenas Guillén.
En el caso de Jorge Frías, según investigaciones hechas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la misma PGR, sobre Los Zetas secuestrados y torturados que aparecieron en el narcovideo exhibido en televisión en diciembre del año pasado, daba protección a integrantes del cártel de Sinaloa, según notas periodísticas publicadas en esos días en diarios nacionales, con base en el expediente de la investigación ministerial.
Menciona presuntamente a Abelardo Camacho Reyes, que era encargado de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo en Zihuatanejo; al ex subdelegado en Acapulco, Francisco Lara Saldaña, y a los comandantes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), José Luis Sánchez Báez y Fernán Félix Araiza.
El video muestra cómo interrogan y torturan a cuatro miembros del grupo armado Los Zetas –y uno de ellos es ejecutado ante la cámara– perpetrado presuntamente por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) adscritos a Acapulco.
En diciembre pasado Frías fue enviado a Tamaulipas como subdelegado de la PGR, después de que venía desempeñándose como subdelegado de procedimientos penales A, con sede en Chilpancingo.