Es innegable que vivimos una emergencia planetaria provocada por la contaminación a gran escala. A cada instante se vierten cantidades exponenciales de sustancias tóxicas y desechos al aire, agua y suelo a niveles que los ecosistemas ya no pueden absorber. Las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera producto de la actividad humana han trastocado el equilibrio climático y cada vez son más recurrentes las sequías, huracanes e incendios. Los que sacan la peor parte de este deterioro ambiental son los pobres. Ellos son los que mueren o lo pierden todo por la reacción furiosa de la naturaleza.
Los causantes de este deterioro medioambiental son quienes impulsan el modelo económico capitalista que se basa en la acumulación ilimitada y obscena de riquezas. El saqueo indiscriminado de los bienes naturales y la producción a gran escala están provocando esta destrucción planetaria.
Mientras tanto, los pueblos indígenas que viven en las selvas, bosques y montañas cohabitan con la naturaleza y preservan el medio ambiente y los ecosistemas. Su cosmovisión les permite ver a la naturaleza como un elemento tangible e intangible inherente al ser humano. La tierra, el aire, el fuego, los cerros, piedras, ríos y árboles son sus dioses y deidades, explican el principio y fin de la vida, la razón de ser y estar en el mundo.
La comunidad internacional preocupada por el desastre medioambiental que se vislumbra ha creado un marco normativo internacional de prevención y protección del medio ambiente. México ha suscrito casi todos los compromisos en esta materia. De igual forma se han desplegado algunas políticas y acciones de protección. Destacan las áreas naturales protegidas, reservas de la biósfera, el pago por servicios ambientales y la protección de mangles y humedales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sido ajena a estos esfuerzos. En los amparos en revisión 410/2013, 307/2016 y 54/2021 desarrolló el fundamento axiológico y núcleo esencial del derecho a un medio ambiente sano, el interés legítimo para promover amparo en defensa de la naturaleza refiriendo que no es necesario acreditar un perjuicio directo a la esfera de quien promueve, basta con que viva en el área adyacente y que sea beneficiaria de los servicios ambientales. De igual forma desarrolló los principios de precaución e indubio pronatura. El primero refiere que ante la evidencia empírica de que una actividad afectará el medio ambiente, deberán adoptarse las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo aún sin la existencia de certeza científica del eventual daño y el segundo alude a que en cualquier conflicto ambiental debe prevalecer aquella interpretación que favorezca la conservación del medio ambiente.
Estos esfuerzos son significativos y esperanzadores, pero no es válido que se impongan restricciones y cargas desproporcionadas a los pueblos indígenas, para intentar resolver una problemática generada por todos y particularmente por el modelo económico cuya máxima de acumulación no conoce límites.
Los decretos de las áreas naturales protegidas y reservas de la biósfera son un ejemplo de estas restricciones a los pueblos indígenas, a menudo los privan de sus derechos de posesión de las tierras, limitando el cultivo, al pastoreo, el aprovechamiento de leña, madera, arena, grava, piedra, la caza, la pesca, recolección de frutos y hierbas para su alimentación.
Ante la crisis planetaria que provoca la contaminación a gran escala, la conclusión lógica indicaría que los derechos de los pueblos indígenas tienen que sucumbir y sacrificarse, para preservar el medio ambiente.
La anterior es una falsa dicotomía. La cosmovisión de los pueblos indígenas, su relación con la tierra y sus bienes naturales y formas de organización social colectiva han permitido la preservación del medio ambiente, si hoy en día existen áreas conservadas ha sido por ellos, por lo tanto, los decretos de áreas naturales protegidas deberán estar precedidos por una consulta previa libre e informada y los programas de manejo deben considerar la participación de los pueblos y comunidades de tal manera que se incorporen las formas y conocimientos milenarios que los pueblos tienen para preservar el medio ambiente y no restringirles sus derechos poniendo en riesgo su sobrevivencia y su salud. Los pueblos indígenas tienen un vínculo intrínseco con la madre tierra y la madre naturaleza de la que depende su vida.
En días recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrentó a este debate al resolver el amparo en revisión 239/2024, que interpusieron los ejidos Mayas Peninsula Holbox, Isla Holbox y Punta Holbox demandando que no se les dio derecho de audiencia cuando se realizó el decreto del Área natural protegida Yum Bala y se les privó de sus derechos posesorios.
Es la primera vez que el alto tribunal se enfrenta a un caso donde están en tensión dos derechos difusos. En otros asuntos habían estado en tensión intereses parti-culares como desarrollos turísticos inmobiliarios, construcción de parques y arrecifes artificiales frente a manglares y humedales, aquí la decisión era menos compleja y creo que la SCJN emitió criterios de gran trascendencia resolviendo que el derecho al medio ambiente tiene que prevalecer frente a los particulares.
Pero en el caso de los pueblos mayas ameritaba otro análisis y razonamientos, particularmente consultar a los pueblos antes de emitir el decreto de área natural protegida. Lamentablemente el alto tribunal falló en contra, estableciendo que es una facultad del Estado imponer modalidades a la propiedad y al interés particular, solo el ministro Hugo Aguilar y la ministra Sara Irene Herrerías votaron por garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas. Ojalá en próximos casos el alto tribunal realice otro análisis. Los pueblos indígenas no pueden soportar las cargas y restricciones de daños que han cometido los dueños del capital.

* El autor trabaja actualmente en la Suprema Corte de Justicia.

El gobierno federal y estatal no tienen un registro preciso de los conflictos agrarios en la Montaña. En 2018 la Procuraduría Agraria enumeraba 51 en todo el estado, a la fecha refieren 35, lo que contrasta con las cifras del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que tiene documentados 60 conflictos agrarios solo en la Montaña, es cierto, algunos ya han sido parcialmente resueltos, pero casi la totalidad no lo está.
Los conflictos tienen diferentes causas: superposición de planos por malas mediciones de las autoridades agrarias, cuestiones étnicas y religiosas. Se han agravado porque el gobierno ha omitido resolverlos. Su desatención forma parte de ese abandono histórico del campo y el medio rural.
Los conflictos agrarios se convirtieron en tema de debate nacional a raíz de la consternación que causó la matanza de Aguas Frías derivada de un conflicto agrario entre Santiago Xochiltepec y Santo Domingo Teojomulco, Oaxaca, en el año 2002 que dejó 26 campesinos asesinados. En este contexto el gobierno de Fox estableció algunos mecanismos institucionales de resolución de conflictos agrarios, tales como el programa de focos amarillos o de atención a conflictos Sociales en el medio rural (Cosomer). Con sus limitaciones, coadyuvaron a desactivar varios conflictos agrarios tales como el de Zapotitlán vs Acatepec, Tilapa vs Arroyo San Pedro, Alacatlatzala vs Coatzoquitengo y otros.
La actual administración tiene el Programa de Atención a conflictos agrarios, sin embargo, adolece de un mecanismo de coordinación interinstitucional que permita dar una respuesta rápida y efectiva ante los conflictos agrarios.
La confrontación entre los pueblos de Cuyuxtláhuac y Cruz Fandango ocurrida el 21 del mes pasado y la privación de la libertad por más de cinco días de cuatro campesinos deja en evidencia al gobierno estatal y federal. Las instituciones no han sido capaces de acuerparse para resolver la crisis. Han dejado que el presidente municipal de Alcozauca que es parte del conflicto, tenga un papel relevante en la ruta de solución, circunstancia que polariza.
Hace más de 30 años, a Juan Crescencio Reyes se le reveló la imagen de Jesucristo en el lindero conocido como Fandango que marcaba los límites de Guerrero y Oaxaca cuando se encontraba pastoreando sus chivos. A partir de ese momento se convirtió en una persona mística, introvertida y contemplativa. Desde muy temprano subía al cerro a rezar en la piedra donde apareció Jesucristo. Su ejemplo atrajo adeptos. La gente lo consideró como una persona santa, llegaban de pueblos aledaños de Guerrero y Oaxaca con bandas de música de viento, flores y ofrendas para venerarlo y pedirle bendiciones. Poco a poco los feligreses decidieron quedarse a vivir en ese lugar. Así se formó el Pueblo de Dios que más tarde se llamaría Cruz Fandango. Con los años, los hijos de Juan Crescencio empezaron a tener el control político y a recibir beneficios a nombre de la gente. Fueron cuestionados por su actuar y los vecinos exigieron que la autoridad del pueblo fuera electa en asamblea. Esto generó tensiones entre Juan Crescencio, su familia y el resto de los vecinos. Los problemas se extendieron hasta Cuyuxtláhuac que es dueño de las tierras. Les reclaman su falta de respeto al núcleo comunal que les dio la tierra y les exigen que abandonen el lugar. El problema se agravó cuando el actual presidente municipal de Alcozauca y el Cabildo sacaron un resolutivo que le quita el carácter de comisaría a Cruz Fandango y se le obliga a entregar el sello.
El día 21 de julio, pobladores de Cuyuxtláhuac llegaron a Cruz Fandango y empezaron a destruir la milpa de un vecino. Los policías de este pueblo se acercaron para cerciorarse qué pasaba e intentaron retener a los que cortaban la milpa. Pronto llegó una turba del pueblo mayor y se generó una confrontación con un saldo de un herido de bala y cinco detenidos de Cruz Fandango, entre los que iba un adolescente. Este fue liberado, no así al resto que los mantuvieron detenidos hasta el día 29 de julio.
Fueron liberados con la condición de que, a) los de Cruz Fandango serán reubicados, b) deberán retirar las acciones agrarias y penales que han interpuesto contra Cuyuxtláhuac y c) entregarán las instalaciones de la Comisaría municipal.
Los anteriores son acuerdos que violan los derechos fundamentales de los pueblos y las personas. Implican un desplazamiento forzoso para las familias de Cruz Fandango. A 35 años en el lugar, más de la mitad de las nuevas generaciones allí nacieron. Como pueblo indígena tienen un vínculo indisoluble con la tierra, el agua, los sitios sagrados, sus ritos y tradiciones que le dan identidad. Sacarlos del lugar compromete seriamente los derechos enumerados.
Ninguna autoridad puede suscribir un acuerdo que implique desplazar a un pueblo indígena, porque sería tanto como vulnerar el artículo 2 de la Constitución Política que protege los derechos enunciados.
Las autoridades que negociaron el día 29 del mes pasado deben justificar porqué se prestaron a suscribir un acuerdo de esta naturaleza, máxime que el Tribunal Unitario Agrario en el año 2014 al emitir sentencia en el expediente 669/2010 reconoció que los de Cruz Fandango tienen la posesión de sus parcelas y sitios solares siendo avecindados del núcleo ejidal de Cuyuxtláhuac, por lo tanto, la pretensión de sacarlos de la comunidad sería ilegal a todas luces.
Las autoridades deberán trazar una ruta de solución en la que Cruz Fandango, sin reñir con la propiedad de la tierra, pueda cohabitar dentro del núcleo comunal como un asentamiento humano anexo, obligándose a realizar los trabajos comunitarios, cooperaciones y otras contribuciones que acuerde la asamblea ejidal y el reglamento.
En esa dirección deberá transitar la próxima mesa de diálogo que se llevará a cabo el 15 de los corrientes, para ello es necesaria la presencia de autoridades federales que entiendan la cosmovisión de los pueblos indígenas y no repetir las torpezas de quienes dirigieron los diálogos pasados.

Vidulfo Rosales Sierra

El populismo punitivo es una estrategia política que consiste en utilizar el derecho penal para obtener dividendos electorales, partiendo de la premisa de que el aumento en la severidad de las penas reducirá los índices delictivos.
Los gobiernos autoritarios del pasado utilizaron esta estrategia. Se pensó que con la llegada de Morena al poder eso cambiaría, sobre todo porque dijeron que atenderían las causas generadoras de la violencia. Sin embargo, hemos visto que los diputados y senadores siguen legislando penas más severas.
Aumentaron la penalidad en los delitos de obstrucción a las vías de comunicación para hacer más punible las tomas de casetas, la falsificación o utilización indebida de facturas, el robo de hidrocarburos y otros delitos. Vemos a diputadas y diputados de Morena dando manotazos para ver quién sale a cuadro haciendo público que legislaron un aumento en las penas de algún delito. Ni qué decir de la prisión preventiva oficiosa que ha sido defendida a ultranza por el gobierno actual. De nada valieron las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos García Rodríguez y Tzompaxtle Tecpile que obligaron al Estado mexicano a quitarla de su marco normativo. Lo mismo ocurre con el amparo, que no procede contra reformas constitucionales, sólo contra leyes, pero el eventual fallo carece de efectos generales. A las fuerzas armadas le han dado facultades legales propias de las autoridades civiles, debilitando el andamiaje democrático.
En suma, se ha creado un entramado constitucional y legal sumamente punitivo: severidad de las penas, restricción de derechos y garantías y sobre todo se ha puesto en el centro la cárcel como solución a la violencia que azota el país.
La severidad de las penas y las políticas de “tolerancia cero” no son privativas de México. Desde los años 80 ganaron terreno en el escenario mundial ante la incapacidad de los estados del bienestar de mantener el orden social.
Antes de aquella década imperaba una corriente de opinión más liberal y garantista que pugnaba por una política de contención del delito basada en el trabajo social, reformas institucionales y programas de tratamientos, reivindicar soluciones punitivas ante la criminalidad era tanto como volver a la venganza privada. En aquellos momentos había quienes defendían que las sociedades humanas acabarían superando la reclusión como respuesta a las transgresiones de la norma, por el contrario, hoy día, con el auge del capitalismo, las cárceles se han convertido en la piedra angular de los mecanismos de control penal en todo el mundo.
En estas coordenadas se inscribe la política de “tolerancia cero” del alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani que junto con el jefe de departamento de policía de aquella ciudad William Bratton se enfocaron en perseguir a las personas sin hogar, prostitutas, grafiteros, así como la compra y venta de droga a pequeña escala. El jefe policiaco llamó “parásitos sociales” a las personas de estos estratos sociales. Los índices delictivos disminuyeron y muchas fundaciones consideraron a Bratton como celebridad de la criminología. Los logros en Nueva York fueron magnificados mediáticamente, ya que los mismos resultados se obtuvieron en ciudades como Boston y San Diego con estrategias de mediación y sin que la policía persiguiera a los pobres.
Esta visión punitiva estuvo más identificada con la derecha porque criminaliza a los pobres y las clases marginales. Allí las fuerzas represivas del estado ocupan los espacios públicos y ejercen un control sobre los desposeídos minando inconformidades y su organización social. Desde este prisma, la cárcel es el centro para la solución de la criminalidad y la violencia. Se cree falsamente que si metemos a la cárcel a los malos y por mucho tiempo tendremos entornos más seguros.
Paradójicamente en nuestro país un gobierno que se dice progresista está adoptando una política punitiva aumentando la severidad de las penas, utilizando la prisión preventiva oficiosa, dando mayores facultades a las fuerzas armadas en tareas que corresponden a autoridades civiles. La tendencia es llevar a más gente a la cárcel y por más tiempo, en franca contradicción con la estrategia de ataque a las causas que pregona esta administración.
¿Esa será la salida? ¿Hay que encerrar a todos los malos y si es por más tiempo mejor? ¿Pero nos hemos preguntado acaso si eso tiene algún efecto reeducativo en las personas que cometen delitos? La evidencia empírica muestra lo contrario, los reclusorios tienen sobrepoblación, los costos económicos del encarcelamiento masivo son muy altos, en varios reclusorios gobierna la población carcelaria convirtiéndose en epicentro de la actividad delictiva, un porcentaje importante de las llamadas de extorsión proceden de los centros penitenciarios.
La severidad de las penas, la prisión preventiva oficiosa, la restricción de los derechos y garantías, así como la militarización, son estrategias afines a la derecha. La izquierda debe prescindir de ellas y optar por atacar las causas estructurales de la violencia. La pobreza, marginación, la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, la ausencia de maestros, de escuelas y centros de salud en las comunidades, en suma, hay un vacío del Estado que es aprovechado por los grupos delictivos. Ni qué decir de la corrupción y el secuestro del gobierno municipal por los grupos delictivos que tienen gobiernos municipales enteros; esta circunstancia se pudo corroborar con las concentraciones masivas que realizaron en Chilpancingo en meses pasados, cuando se movilizaron algunas comunidades en demanda de supuestas obras sociales, allí por lo menos diez presidentes municipales hicieron acto de presencia movidos por intereses delincuenciales que nunca fueron investigados, los cuerpos de inteligencia del Ejército y del Cisen brillaron por su ausencia.
El ejemplo más claro nos lo da la CRAC-PC que ha logrado revertir en 90 por ciento la criminalidad en su territorio con una estrategia basada en la reeducación y el trabajo comunitario. En este sistema de justicia indígena las penas van de 3 meses a 30 años. Si el detenido tiene buena conducta y logra reeducarse puede obtener su libertad en menos tiempo, hasta ahora ningún detenido ha cumplido más diez años en prisión. El 70 por ciento de los sentenciados logran su reinserción volviendo a su comunidad para retomar su vida cotidiana sin delinquir.
Con mucho menos recursos la CRAC ha logrado disminuir los índices delictivos en su territorio creando entornos más seguros. Hoy es el único territorio en la entidad donde se puede transitar con toda tranquilidad, donde los pueblos viven en paz frente la violencia que se desborda en otras zonas como el Centro, Tierra Caliente y Acapulco. Así las cosas, la mano dura y el populismo punitivo son una salida en falso.

La Montaña de Guerrero cuenta con una gran biodiversidad. De Zapotitlán Tablas a la cañada se produce gran cantidad de verduras y frutas que dan colorido a los mercados populares de los pueblos más grandes de la región. Olinalá y Temalacatzingo son famosos por sus artesanías y saberes ancestrales. La comarca de la Costa Montaña es productora del mejor plátano y café de América Latina. Los santuarios del Señor del Nicho en Tlapa, Santo Entierro en Xalpatláhuac y Totomixtlahuaca fortalecen nuestras tradiciones y nos dan identidad como pueblos indígenas.
En estas tierras se forjó un gran movimiento social de izquierda impulsado por el profesor Othón Salazar y el legendario guerrillero Genaro Vázquez Rojas. Estos fueron los cimientos para la conformación de la CETEG y la CRAC-PC, que hoy constituyen una esperanza de la lucha independiente para la construcción de un mañana mejor.
En contraparte, cuenta con una población mayoritariamente indígena que ha sido saqueada, discriminada y explotada por los colonizadores. De hecho, el reino de Tlachinollan gobernado por los señoríos Mixteco Tlapaneco fueron invadidos en dos ocasiones: por el imperio Mexica y por los colonizadores españoles.
En Tlapa se asentaron varios hacendados españoles que con la Revolución se marcharon, pero sus hijos y parientes se quedaron. Era la clase rica del lugar. Cientos de los que ahora son profesores, abogados, médicos e ingenieros fueron mozos que estaban en condición de semiesclavitud en los negocios y casas de los ricos de Tlapa. A cambio de techo y comida eran sometidos a duras jornadas de trabajo, en esas condiciones realizaron sus estudios. Los ladinos trataban con desprecio a los indígenas que bajaban a hacer sus compras. A menudo los robaban, discriminaban y cometían contra ellos toda clase de abusos.
La primera carretera que se abrió venía del estado de Puebla, era de terracería. Los autobuses de la Flecha Roja llegaban a Tlapa. Allí se viajaba en condiciones de hacinamiento por más de 12 horas hasta Puebla o la Ciudad de México. Los operadores eran prepotentes y a menudo discriminaban y maltrataban a la gente.
Posteriormente se construyó la carretera Tlapa Chilpancingo y se diversificaron las rutas de viaje, pero los autobuses y el trato a los indígenas eran los mismos. Se llegaba al caso de que los cobradores y choferes golpeaban a los pasajeros que los encaraban por el trato indigno recibido. Es común escuchar a los gerentes y choferes de las líneas de autobuses decir que los indígenas ensucian y descomponen las unidades, por eso los peores autobuses vienen a la Montaña.
Las líneas Costa Line o Altamar que circulan por Chilpancingo, están en malas condiciones. Varios accidentes han tenido lugar en estos viajes. Uno de los que se recuerda ocurrió el 25 de octubre de 2014 cerca de la cascada del poblado de Axoxuca. Era de madrugada. Faltaban como 15 minutos para llegar a Tlapa, cuando el autobús se salió de la carretera y se fue al precipicio con un saldo de tres muertos y cerca de 40 heridos. Nunca se investigaron las causas del accidente ni se supo si a las víctimas les repararon el daño. Todo quedó en una simple consternación que con el paso del tiempo se olvidó.
Las líneas de autobuses Sur que corren de Tlapa a la Ciudad de México y la línea Oro que va a Puebla y Cuernavaca están en pésimas condiciones. Viajar allí es una Odisea, la empresa no se cerciora y ni le importa las condiciones en que abordan los pasajeros. En varios pueblos se va parando y los pasajeros abordando, varios en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas. En el año 2020 un joven asesinó a puñaladas a su propia madre a bordo de un autobús Sur a la altura de Las Palomas, a la empresa no se le fincó ninguna responsabilidad por los trágicos hechos.
Estos autobuses no cuentan con baños a pesar que el tiempo de viaje a la Ciudad de México es más de 8 horas. Se limita a hacer una parada en Tehuitzingo, Puebla, y se sigue hasta su destino final, sin importar que el pasajero tenga problemas de salud o sea de avanzada edad.
De igual forma estos autobuses han tenido varios accidentes sin que la empresa asuma su responsabilidad social o se le finque alguna sanción. Así el día 27 de diciembre a las 11 de la noche salió el autobús OCC con rumbo a Tlapa; a bordo viajaban alrededor de 40 pasajeros. Eran como las 5 de la mañana, la unidad circulaba por las curvas del basurero de Huamuxtitlán cuando volcó dando varias vueltas sobre la carretera, el saldo fue de dos muertos y cerca de 30 heridos.
El día 4 de julio alrededor de las 6 de la tarde salió el autobús Oro de Cuernavaca, Morelos, con destino a Tlapa, Guerrero. Al ir cruzando por el poblado de Ixcateopan a minutos de finalizar su viaje, siendo alrededor de la una de la mañana, se salió de la carretera cayendo a un precipicio en una profundidad del río Tlapaneco que por esta temporada es caudaloso. Los que cayeron con vida murieron ahogados sin poder salir del autobús. El saldo fue de nueve personas muertas y más de 18 heridos. Gracias a la intervención de los vecinos de Ixcateopan que se volcaron a rescatar a los pasajeros se evitaron más muertes, ya que las autoridades intervinieron tarde. Hasta el día siguiente, el domingo, la empresa Autotransportes Oro no se había contactado con las víctimas para mostrar algún tipo de apoyo. El dueño de la línea de autobuses es el empresario poblano José Alfredo Rivera Espinosa que presume tener cercanía con los gobiernos de la 4t. Es dueño de varias plazas comerciales, negocios de comida y otros locales en la conocida central de autobuses Capu en Puebla.
Es momento de que el empresario afronte su responsabilidad y repare los daños a las víctimas de la tragedia de Ixcateopan. Pero es preciso alzar la voz de manera enérgica a fin de que las empresas que ofrecen los servicios de transporte en la Montaña sean severamente sancionadas y de ser posible se les revoquen las concesiones.
Por lo demás, las autoridades deberán reparar las carreteras de la Montaña que se caen a pedazos por el abandono en que se encuentran. Basta de discriminación y de seguir tratándonos como personas de segunda.

A media mañana del 28 de junio de 1995 dos camionetas en las que viajaban integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron interceptadas por policías motorizados que los esperaban con un retén en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez. Los uniformados bajaron violentamente a los campesinos y sin justificación válida les dispararon a mansalva. Allí fueron asesinados 17 campesinos y más de 20 quedaron heridos por las balas de la policía.
Sobre los hechos el periodista Lenin Ocampo reportero de El Sur, entrevistó al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer. En su defensa éste dijo que el caso Aguas Blancas se investigó adecuadamente, los policías y otros funcionarios involucrados fueron procesados y sancionados.
El que se haya sancionado a los policías que dispararon es una justicia a medias, cuando a las autoridades que urdieron este crimen no se les tocó ni un ápice. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó una investigación del caso y el 23 de abril de 1996 emitió un informe estableciendo que el entonces gobernador, el secretario general de Gobierno, el procurador general de Justicia, el director de la Policía Estatal y otros funcionarios de alto nivel vulneraron de manera flagrante los derechos de los campesinos que se trasladaban a Atoyac.
Es verdad, la resolución del alto tribunal no es vinculante, pero su decisión fue demoledora para la clase política de ese tiempo. Refirió que Rubén Figueroa Alcocer y otros funcionarios construyeron una versión que culpaba a las víctimas y encubría a los responsables. Lejos de una actuación institucional que reconociera la gravedad de los hechos y la responsabilidad de los servidores públicos involucrados los protegió como si “existiera un compromiso delincuencial”. La SCJN estableció que a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos en el vado de Aguas Blancas, el gobernador no actuó para proteger a las víctimas a la altura de un gobernante que cuida los intereses colectivos, más bien lo hizo “como grupúsculo detentador del poder que había que conservar aun cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos”. El alto tribunal concluyó: “por tal motivo, es evidente la responsabilidad de los entonces gobernador, procurador general de Justicia y secretario general de Gobierno, además de los restantes funcionarios consignados, porque actuaron como cultivadores “del engaño, la maquinación y la ocultación”.
El gobernador supo los movimientos de los campesinos en días previos, estuvo al tanto de la hora de su salida de la comunidad, por tanto, sabía el momento en que pasarían por el vado, por ello tendieron la trampa mortal. Es insostenible e ilógico el argumento de que se trataba de disuadirlos de su protesta. ¿Cómo se explicaría entonces, la balacera a mansalva sobre los campesinos? ¿La manipulación de la escena del crimen? ¿El ocultamiento de videos clave? ¿La maquinación de una versión que culpaba a las víctimas? El propósito era evidente: encubrir a toda costa a los responsables y ocultar lo que ocurrió culpando a los propios campesinos.
Además de la histórica resolución de la SCJN, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 18 de febrero de 1998 emitió el informe de fondo número 49/97 en el que señala que el Estado mexicano es responsable por violaciones al derecho a la vida y la integridad, en agravio de los campesinos de la OCSS, por lo tanto, recomendó completar una investigación seria, imparcial y efectiva por los hechos del 28 de junio, tomando en cuenta la resolución de la SCJN y ejercer las acciones penales estableciendo las responsabilidades individuales contra las autoridades de alto nivel del estado de Guerrero enumeradas en la decisión del alto tribunal de México.
Las resoluciones de la SCJN y la CIDH evidencian graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobernador Rubén Figueroa Alcocer y su gabinete. Estas decisiones retratan nítidamente a la clase política caciquil que detentaba el poder político y económico en aquel momento. Las aseveraciones de la SCJN son contundentes, al decir que se trataba de un grupo político empeñado en conservar el poder a costa de crímenes cometidos, actuaron como cultivadores de la maquinación, el engaño y la ocultación y se cuidaron las espaldas para preservar su pacto delincuencial. Estos son motivos suficientes para reabrir las investigaciones y fincarles responsabilidades penales.
Ese era el talante de los gobiernos caciquiles, su hostilidad contra los pobres, pero sobre todo contra los insumisos no tenía límites. Allí no cabían los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza, solo la autoridad omnímoda de la clase política autoritaria, sin ningún contrapeso.
Solo el movimiento social avispado de Guerrero que no calló este crimen atroz, les hizo frente, esa presión social hizo posible que la SCJN y la CIDH investigaran el caso, pero tales acciones no fueron suficientes para que se ejerciera acción penal contra los funcionarios de alto nivel. Sus tentáculos políticos y redes de complicidad llegaban a nivel federal y por eso la PGR se negó a investigarlos, incumpliendo la resolución del más alto tribunal del país.
Este gobierno que presume estar con el pueblo tiene la obligación moral y jurídica de reabrir las indagatorias y llevar a Rubén Figueroa Alcocer y quienes conformaban su gabinete al banquillo de los acusados. Hasta ahora la oficina de la Presidencia se ha negado a que las familias de los deudos de Aguas Blancas y El Charco sean recibidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con un argumento legaloide han dicho que la presidenta no puede dialogar con ellas porque sus casos están en la CIDH. Paradóji-camente usaron estos casos política-mente para golpear al ex presidente Ernesto Zedillo cuando apareció en el país y los acusó de autoritarios.
Por ello, tienen que ser las organizaciones sociales independientes y el movimiento de masas los que empujen las demandas de justicia para Aguas Blancas y las decenas de masacres perpetradas por policías y militares en Guerrero. Esas batallas se tienen que librar en las calles, con la denuncia pública, con la protesta social. Debemos emprender esfuerzos unitarios para articular a los sobrevivientes de la masacre del 30 de diciembre en Chilpancingo, del 18 de mayo en Atoyac, de los copreros, Aguas Blancas, El Charco, las madres y padres de los 43 y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. El movimiento social debe impulsar de manera decidida las demandas de esclarecimiento y justicia para estos casos, colocar a este gobierno timorato en una posición en la que defina si está con el pueblo que clama justicia o con los militares y los caciques criminales que violaron derechos humanos y que se les sigue protegiendo.
Incluso se tiene que ir pensando en una fase superior de organización y unidad de las luchas. Al movimiento indígena no le han sido reconocidos sus derechos, a los maestros y otros trabajadores del Estado les han desmantelado sus derechos laborales y prestaciones sociales y mantienen en todo lo alto su inconformidad, Ayotzinapa sigue esperando justicia y masacres como la de Aguas Blancas continúan en la impunidad. Existen condiciones para la unificación. Las jornadas de lucha por los once años de la desaparición de los 43 es una coyuntura propicia para trazar la ruta de la unidad.

Asistimos a una crisis ecológica, energética, económica, sanitaria y alimentaria que pone a prueba la continuidad de la civilización planetaria dominada por el capitalismo. Estamos atravesando lo que muchos expertos llaman la sexta extinción, que se caracteriza por el calentamiento del planeta y se manifiesta con lluvias torrenciales, sequías y heladas sin precedentes que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la existencia de este modelo civilizatorio.
Guerrero está resintiendo los efectos de esta crisis. En 2023 y 2034 dos huracanes azotaron la entidad dejando devastado el puerto de Acapulco y otras regiones y hace tres días nos acaba de golpear el huracán Erick con un saldo de mil 415 techos destruidos, 93 derrumbes, 32 cortes de carreteras y 3 puentes colapsados, según datos preliminares del gobierno.
Sin duda, son los dueños de grandes capitales y la industrialización sin límites los causantes de esta crisis del sistema mundo. Por ello los diques y contenciones a esta vorágine apocalíptica la podemos poner los de abajo desplegando una lucha desde una visión y acción anticapitalista anclada en el plano local. La posición desde la izquierda debe ser clara y contundente, dejar atrás su actitud pusilánime y timorata frente al capitalismo y las élites económicas con las que a menudo pactan.
Lamentablemente lo que ocurre en nuestro país y estado es lo contrario. Las izquierdas desarticuladas y desorientadas y un gobierno que se asume como tal, en franco pacto con las élites económicas.
Así, las empresas agroindustriales contaminan al por mayor el suelo, las fuentes hídricas y alimentos. Recientemente el periodista Zósimo Camacho publicó un escalofriante reportaje en el que refiere que prestigiadas entidades de Italia y EU realizaron estudios de alto rigor científico concluyendo que el glifosato produce cáncer. México importa gran cantidad de este químico que es usado en plaguicidas y herbicidas y transferido a los alimentos que se producen y consumen, como fruta, verdura, cereales, leguminosas y carne. El alto porcentaje de la población con cáncer obedece al uso y manejo de este agroquímico.
A decir del gobierno, se frenaron las concesiones mineras, sin embargo, las compañías explotan a cielo abierto devastando y contaminando los territorios a través de convenios que rebasan los 20 años. Recientes declaraciones de Fernando Aboitiz Saro jefe de la unidad de actividades extractivas de la Secretaría de Economía refieren un acercamiento con las empresas mineras y fortalecimiento de esta actividad (La Jornada 20 de junio 2025, pág. 19), por su parte en la entidad, hace unos días altos funcionarios inauguraron y participaron en el foro de minería denominado “Guerrero minero”. De nada sirve que hayan cesado las concesiones si continúan incentivando la minería a cielo abierto.
Por lo demás, es preocupante ver cómo las empresas construc-toras extraen grava y arena de manera indiscriminada de los ríos en Guerrero. Una mirada rápida por el río Papagayo en Acapulco, Tlapaneco, Santa Catarina de Xo-chistlahuaca y decenas más, nos da una idea del monumental saqueo que llevan a cabo sin control algu-no. Decenas de gravilleras extraen sin concesión y las que la tienen no se ajustan a los metros cúbicos otorgados, y no realizan traba-jos de mitigación a que están obligados por ley. En Tlapa empresarios tienen una concesión por determinados metros cúbicos, pero extraen en casi todo el río Tlapaneco. Cuando la comunidad nahua de Ahuatepec Ejido encaró a un empresario impidiendo que continuara extrayendo cerca de su territorio, éste sacó su concesión y al verificarla, los metros cúbicos autorizados era mucho menos que la extracción que realizaba y nada tenía que hacer en la tierra de los ejidatarios. Frente a este saqueo impune los inspectores de Conagua callan al ser corrompidos por los empresarios gravilleros.
De igual forma, a lo largo y ancho del país se venden toneladas de plástico como botellas de agua, refresco, yogurt, platos, cucharas, tenedores, vasos, bolsas de Sabritas, galletas y cientos de productos alimenticios y chatarras que son distribuidos por Coca y Pepsi Cola, Danone, Gamesa y otras empresas que recorren el país llegando hasta los territorios más inhóspitos. Podrá no haber comida ni medicinas pero Coca Cola y Sabritas no pueden faltar, y esto genera toneladas inmensas de plástico que se vierten a las aguas y bosques sin que el gobierno haga algo al respecto. No se responsabiliza a estas empresas para que se hagan cargo de su basura o que se establezcan políticas y normas que prohíban su uso y distribución, por el contrario, vemos a gobiernos municipales realizando convenios de exclusividad para que estas empresas vendan al por mayor.
Por si fuera poco, el manejo de la basura y aguas negras en los grandes centros urbanos está causando estragos a los mantos acuíferos y al medio ambiente. Los gobiernos y la iniciativa privada no inyectan recursos para el reciclaje de la basura y el tratamiento de aguas residuales. Para la clase política implica una inversión de varios millones de pesos y no genera dividendos políticos y ¿con qué se quedarían al final de su mandato si no llegaron al cargo pensando en estos grandes problemas, sino para mejorar su patrimonio personal? Cientos de comunidades indígenas y afromexicanas están pavimentando sus calles e introduciendo drenajes, porque esa es la idea del desarrollo y confort personal que propaga el capitalismo, en detrimento de sus ríos y bosques que son un remanente ecológico.
Frente a este horizonte gris y sombrío es menester que la izquierda en Guerrero haga una reflexión e incluya en su agenda de lucha el tema ambiental visto como una problemática multifactorial, con una mirada sociopolítica y anticapitalista. No se trata de sembrar arbolitos ni recolectar la basura, sino de cuestionar la destrucción que está generando el capitalismo como modelo económico, político y social implantado por los ricos y dueños del dinero.
Debemos exigir a este gobierno una posición clara que prohíba el uso del glifosato, la venta de plásticos y se prescinda de la actividad minera que ni siquiera genera ingresos para el país, que se reconozca la propiedad ancestral de la tierra, territorio y bienes naturales de los pueblos indígenas, la preservación de los manglares e imponer fuertes restricciones a las inmobiliarias que invaden playas y bosques ampliando la urbanización salvaje.
Si no se cuestiona este sistema mundo y no se vislumbran los problemas apuntados, el calentamiento del planeta seguirá ineluctablemente y los huracanes y sequías azotarán con más violencia. Y llegará el momento en que el presupuesto del gobierno será insuficiente para reparar los daños.

De las cañerías hediondas del imperio emerge el tufo fascista que yacía reprimido en EU. Con un mandatario narcisista que arenga contra los migrantes, los neonazis se soltaron. Investidos de autoridad expresan su odio contra los que luchan. “Los aplastaremos, los mataremos”, y otras expresiones xenófobas salen a relucir ante el silencio de los grandes medios de comunicación.
De las autoridades estadunidenses escuchamos la misma narrativa de los nazis contra los judíos: “son delincuentes, quitan los empleos a los locales, socavan la riqueza del país en detrimento de los nuestros”. Estas expresiones secundadas por la oligarquía capitalista derivaron en el horror del holocausto en la Alemania nazi. Un día sí y otro también el gobierno estadunidense reedita esta ideología rancia, ante el silencio cómplice de muchos.
Las protestas en varias ciudades de EU son un rechazo a este nacionalismo autoritario que los de abajo no están dispuestos a soportar. Lo preocupante es que en México tanto la derecha como la fuerza política gobernante, condenan las protestas legítimas de los oprimidos y al igual que los neofascistas las criminalizan.
Desde la tribuna presidencial se dictan las formas de lucha del pueblo trabajador. Se condena a aquellos que en Los Ángeles aparecían ondeando las banderas de México mientras algunos carros yacían incendiados. Los mexicanos no somos así, somos gente de bien, gente trabajadora, expresaron, como si alzar la voz y rebelarse contra la injusticia y los opresores fuese un delito, como si la digna rabia de la clase trabajadora fuese ilegítima.
Las formas de la protesta social es un airado debate entre los de abajo y las oligarquías. En México, desde el plano gubernamental se descalifica, deslegitima y reprime violentamente. Ni qué decir de Guerrero que está marcado por las masacres contra luchadores sociales, campesinos y estudiantes. Del 30 de diciembre de 1960 al 26 de septiembre de 2014 los de abajo han tenido que pagar con sangre su osadía de exigir justicia y pelear por sus derechos.
El gobierno actual dice que ya no reprime, pero se descalifica la protesta social y desde las redes sociales se despliegan mensajes de odio contra los que reclaman sus derechos. Así ocurrió cuando las madres y padres de los 43 que se plantaron en Palacio Nacional el año pasado o con las recientes protestas de la CNTE. Cientos de insultos, vituperios y amenazas contra los dirigentes pulularon por las redes sociales, al tiempo que desde Palacio Nacional se deslegitimaba la lucha de los inconformes. Ese golpeteo al movimiento social independiente genera un marco permisible para que gobiernos estatales o actores armados agredan a luchadores sociales como sucedió con los estudiantes de las normales rurales de Tiripetío, Michoacán y Mactumactzá, Chiapas, que fueron asesinados recientemente.
Pero la protesta social no es un delito, forma parte de la libertad de expresión. Las formas que adopte dependen del pensamiento, creencias y valores de quienes la organizan y la llevan a cabo.
Este tópico forma parte de airados debates en EU y América Latina. En 1984 Gregory Lee Johnson miembro de la brigada de la Juventud Comunista Revolu-cionaria participó en una protesta contra las políticas bélicas de Ronald Reagan. En las instalaciones municipales de Dallas se llevaba a cabo la Convención del Partido Republicano. La manifestación fue calificada de violenta. En el trayecto los participantes grafitearon edificios públicos y privados, destruyeron macetas y otros inmuebles a su paso, y al llegar al Ayuntamiento Johnson tomó una bandera de aquel país y le prendió fuego. La acción horrorizó a propios y extraños. Horas más tarde, el infractor fue arrestado. Lo condenaron a un año de prisión y al pago de una multa. Johnson apeló el fallo y el caso llegó a la Corte Suprema, por mayoría de cinco contra cuatro votos resolvió que la quema de la bandera formaba parte de la libertad de expresión de Johnson, derecho protegido por la Primera Enmienda. El fallo fue cuestionado por los republicanos e incluso legislaron para tipificar la profanación de la bandera como delito federal, pero de nuevo fue invalidado por la Corte e incluso el emblemático criterio judicial fue confirmado en casos posteriores.
Por su parte en América Latina han generado tensiones los bloqueos de carreteras o tomas de edificios públicos. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han ocupado de resolver varios casos en lo que se ven comprometidos el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Han establecido que, en las sociedades democráticas, el ejercicio del derecho de reunión puede distorsionar la rutina del funcionamiento cotidiano, especialmente en las grandes concentraciones urbanas e inclusive generar molestias o afectar el ejercicio de otros derechos que merecen la protección y garantía estatal, como el derecho a la libre circulación. Sin embargo, este tipo de alteraciones son parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse.
La protesta social es un derecho legítimo de campesinos, colonos, maestros, trabajadores y estudiantes para exigir el cumplimiento de su derecho a la alimentación, salud, educación, vivienda y acceso a la justicia, pero también para inconformarse contra políticas o acciones de gobierno que los afecten o alguna omisión para reconocer sus prerrogativas, como la reforma indígena. Estos derechos no pueden ser menos que el de libre circulación, de comercio, derecho al ocio u otros que muchas veces entran en tensiones. Como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corresponde a la autoridad ponderar si el derecho al libre tránsito está por encima del derecho a la vida. Por ejemplo, en un bloqueo de la autopista por las madres de los 43, correspondería a la autoridad ponderar qué derecho tiene más peso, la lucha por la vida y la integridad de las personas o el libre tránsito de turistas y comerciantes que van a Acapulco. En este caso no se puede emitir un juicio apriorístico calificando de delincuentes y violentos a los que protestan y restringiendo sus derechos para que prevalezca el de los turistas.
Las formas de manifestación no las pueden dictar los gobiernos por decreto, porque es inherente a la pluralidad de pensamientos, creencias y valores de los grupos sociales que la llevan a cabo. Unos creerán que un mitin es suficiente y eficaz para hacerse escuchar, otros que lo mejor es bloquear la autopista, otros consideran que quitarse la ropa o irrumpir en un evento artístico o político los visibiliza. Por lo tanto, un gobierno no debe imponer una forma de protesta, porque atenta contra la libertad de expresión.

El 6 de junio de 1998 autoridades, principales y vecinos de dieciséis comunidades Ñuu Savi se encontraban reunidas en la escuela primaria Caritino Maldonado analizando temas de alimentación, salud y cómo dar marcha a un programa de alfabetización. Allí se encontraban también, miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) pero la reunión era eminentemente comunitaria. Los rebeldes cometieron un error al pernoctar en la escuela junto con los indígenas, eso está vedado en las reglas no escritas de la guerrilla. Los dirigentes lo han reconocido públicamente.
A las 2 de la mañana resonó una voz autoritaria de alguien que gritaba: ¡salgan perros muertos de hambre! Era el general Alfredo Oropeza Garnica comandante de la 27 Zona Militar que con megáfono y fusil en mano ordenaba a los indígenas na savi que salieran. El imperativo del jefe militar fue seguido de los estruendos de más de 280 municiones y al menos dos granadas de fragmentación. Los indígenas que intentaban huir o alzaban la mano en señal de rendición fueron ejecutados con el tiro de gracia. Sobrevivientes refieren haber visto que muchos los llevaron detenidos a la cancha, los pusieron boca abajo y les dispararon a quema ropa.
Según el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el saldo fue de 10 indígenas y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) asesinados, cinco heridos graves, entre ellos un niño, 22 detenidos y torturados entre los que se encontraban 4 niños y una estudiante universitaria.
Después de la masacre hasta la casa de Juan García de Los Santos en Mesón Zapote, llegó el comisario municipal para decirle a la esposa que tenían que ir a Acapulco a traer el cuerpo de su esposo. Junto con otros dos del pueblo habían sido asesinados por las balas del Ejército en El Charco. Llegaron a la funeraria Manzanares, le entregaron el acta de defunción de Juan y en una carroza trajeron su cuerpo y los de sus paisanos hasta el Ayuntamiento de Ayutla. De ahí, otro carro transportó los cuerpos de los tres indígenas a su comunidad. En la casa de Juan su familia lloraba y sus hijos no encontraban consuelo. Le rezaron, lo velaron y al día siguiente con todas sus cosas personales, como es la costumbre, fue llevado al panteón del pueblo. Ahí yacía en la tumba el indígena na savi, con flores y una cruz que indicaba la fecha de su nacimiento y muerte. Símbolo inequívoco que el fin de su vida había llegado.
Mientras tanto, Juan García de Los Santos inconsciente, con una bala en la cabeza, estaba en una cama del Hospital Naval Militar de Acapulco. Quince días después recobró la conciencia, y como pudo, pidió hablar con su esposa que no daba crédito a lo que oía. Cuando lo dieron de alta Juan llegó a su comunidad. Su esposa e hijos lloraban al verlo no sabían si lo que presenciaban era realidad o una pesadilla de la que estaban despertando. Pero en efecto, era Juan García de los Santos estaba de vuelta a casa. Al día siguiente se disponía salir al trabajo, pero no encontraba su ropa, huaraches, sombrero y sus herramientas de trabajo, al preguntar le dijeron que las pusieron en el ataúd del que creían era su cuerpo. ¿Entonces a quién sepultamos? Se preguntaban, sin hallar respuestas.
Al mismo tiempo, en la comunidad vecina de Coscatlán Candelaria, María Julia Lucaria lloraba inconsolablemente porque no sabía nada de su hijo Zeferino Damián Marcos. El 6 de junio por la mañana salió rumbo al Charco, le dijo que iba a una reunión y que por la tarde regresaba, pero no volvió. Se enteró que allá mataron a muchos, pero no sabía qué hacer ni dónde ir, sin saber leer, con trabajos hablaba el español y para el colmo estaba lleno de militares por todos lados.
Todos los días hacía tortillas de más y ponía más frijoles a la olla, se paraba en la puerta de su casa con lágrimas y su mirada yerma esperaba que apareciera Zeferino, chiflando, con su sombrero y su machete en mano, así como cuando se fue, joven, alegre, con apenas 18 años de edad. Con esa angustia y dolor pasaron días, meses y hasta el año se enteró de que a su hijo lo habían asesinado los militares en El Charco y que por equivocación lo habían enterrado en el Mesón Zapote, como Juan García de los Santos. Julia le pedía a las autoridades que le ayudaran para hacer los trámites legales y llevar el cuerpo de su hijo con ella para llorarlo y tenerlo cerca. Murió el 9 de mayo de 2019 sin lograrlo.
Por su parte, Juan García de los Santos jurídicamente está muerto, tiene un acta de defunción que lo acredita, no tiene su credencial de elector y está impedido para realizar toda clase de trámites legales.
A la fecha, la masacre del Charco se encuentra en la impunidad. No se inició ninguna investigación contra los militares por los asesinatos, lesiones, tortura y detenciones arbitrarias de los indígenas na savi. Sólo ellos fueron procesados y encarcelados por diversos delitos.
Las comunidades están en el abandono, sin centros de salud, la mayoría de las escuelas son multigrado y los caminos en pésimas condiciones. En tiempos de lluvia mujeres, hombres y niños tienen que caminar largas jornadas cargando sobre hombros sus productos para irlos a vender Ayutla.
La presidenta Claudia Sheinbaum hace días habló del caso en el marco de una disputa partidista con el expresidente Ernesto Zedillo. Pero graves violaciones a los derechos humanos como Aguas Blancas, El Charco, Acteal y otros no se han esclarecido, ni se ha debatido la necesidad de diseñar mecanismos de justicia transicional, para dar verdad y justicia a las víctimas.
Mientras tanto, los afectados por la masacre del Charco siguen en el olvido y la pobreza extrema. Han solicitado una reunión con la presidenta, ojalá los reciba. Sobre todo, que se inicien las investigaciones, se sancione a los militares y autoridades responsables de este crimen y se les repare el daño de manera integral.

A estas alturas queda claro que la mal llamada “verdad histórica” fue una investigación plagada de irregularidades, construida a base de tortura a los detenidos, puestas a disposición con demora injustificada, manipulación de escenarios criminales y siembra de indicios. Este manoseo de toda la evidencia incriminatoria hizo trizas la indagatoria del gobierno de Peña Nieto. Casi todas las pruebas fueron obtenidas de modo inapropiado y por ello los tribu-nales las declararon ilícitas, exclu-yéndolas de su valoración.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, realizaron investigaciones de alto rigor técnico científico concluyendo que no existe evidencia científica para afirmar que los estudiantes fueron privados de la vida e incinerados en el basurero de Cocula y que en efecto las investigaciones de la entonces PGR fueron turbias y desaseadas.
Al inicio de su gobierno, AMLO estuvo de acuerdo en que la verdad histórica fue un artificio para desviar el conocimiento del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero al final de su mandato mantuvo posiciones contradictorias. Cuestionó con virulencia la resolución del Tribunal Colegiado de Reynosa Tamaulipas que resolvió que la verdad histórica fue una investigación irregular de donde se obtuvieron pruebas ilícitas.
Es verdad, este fallo dejó en libertad a muchos detenidos porque eran acusados con prueba obtenida de manera ilícita producto del manoseo de la investigación, pero también es cierto que el gobierno de Peña Nieto tuvo tiempo de ejercitar nuevas acciones penales y evitar que los detenidos fueran liberados. De hecho, el fiscal especial del caso Ayotzinapa Omar Gómez lo hizo, logrando ejercitar acciones penales contra más de la mitad de los liberados. Pero el presidente AMLO invisibilizó estos logros enfilando sus ataques contra el fallo. Culpó a quienes lo promovieron, del fracaso de la nueva investigación cuando en realidad fue la presión militar lo que propició el cambio de postura del presidente. En medio de estas tensiones con los familiares de los 43 y sus abogados terminó su sexenio.
Con la presidenta Claudia Sheinbaum se logró reconstruir el diálogo. En las reuniones ha dicho a las madres y padres de los estudiantes que se cuenta con un nuevo equipo de investigación, que se va usar la tecnología y otras técnicas más científicas prescindiendo de los testigos por su poca fiabilidad y que ya impulsa nuevas líneas de investigación, sin decirnos cuáles.
En realidad, hemos visto que la investigación no termina de tomar rumbo. Las últimas detenciones tienen que ver con personas ligadas a la verdad histórica, como la de Juan Miguel Pantoja alias El Pajarraco. Según la indagatoria esta persona habría llevado en una camioneta de redilas a los estudiantes al basurero de Cocula y allí junto con otros participó en su asesinato e incineración. Esta hipótesis, como lo dijimos, fue hecha trizas por sendos estudios e investigaciones del GIEI, el EAAF y la ONU. En el basurero de Cocula no hubo un fuego de grandes proporciones capaz de quemar 43 cuerpos al aire libre, lo que hubo fue tortura para que los detenidos confesaran esta teoría, manipulación de escenarios criminales y siembra de evidencias para cuadrar “la verdad histórica” de la entonces PGR.
Por si fuera poco, hace algunas semanas la licenciada Elisa Macrina Álvarez Castro magistrada del décimo Tribunal Colegiado en material Penal de la Ciudad de México dijo que no hay elementos para procesar por el delito de desaparición forzada a Blanca Alicia Bernal Castillo ex titular de la Unidad Antisecuestros de la anterior PGR, ya que ella no sabía dónde se encontraban los 43 estudiantes.
Hasta ahí los razonamientos de la magistrada se basan en el material probatorio, con sus matices, pero se puede afirmar que su criterio es objetivo. Pero de pronto disociándose de esta línea de razonamiento y sin estar relacionado con el caso en particular, incursiona en el plano político y afirma que: “Mientras no se encuentre a los estudiantes en lugar diverso al basurero de Cocula no se puede decir que la verdad histórica sea falsa”.
Esta afirmación de la magistrada es temeraria y raya en la irresponsabilidad. En realidad, en el fallo aparece como una mención tangencial, un mero desliz que no está fundado ni motivado. Para realizar tal aseveración la juzgadora tendría que revisar exhaustivamente los seis informes del GIEI, el peritaje del EAAF, el informe sobre injusticia de la ONU e incluso la sentencia del Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, tendría que basarse en prueba objetiva para descartar que fueron torturados más de 30 detenidos, incluso desestimar el video en el que aparece Tomás Zerón torturando a una persona, desestimar que se manipuló la escena del basurero de Cocula y el Río San Juan y que se plantaron indicios en ese lugar. Por el contrario, la aseveración de la magistrada ocupa unos cuantos párrafos del cuerpo del fallo. Los representantes de las madres y padres ya se ocuparán de interponer los recursos legales contra esa actitud tendenciosa.
Lo preocupante es que tal afirmación no haya merecido la condena de la presidenta y otros funcionarios encargados del caso, como que volver a la “verdad histórica” les viene bien. Ahí no se dice nada del Poder Judicial, allí, la jueza claramente se apartó de su razonamiento probatorio y le dio un sesgo político a su resolución.
La falta de objetivos claros en las investigaciones actuales, el silencio del gobierno ante el fallo de la magistrada Álvarez y las últimas detenciones relacionadas con la verdad histórica, nos hacen pensar que vamos en retroceso.
¿Cómo avalar aquellas declaraciones que fueron arrancadas bajo tortura donde los detenidos fueron obligados a decir lo que la PGR de Murillo Karam quería que dijeran? ¿Cómo avalar que en el basurero de Cocula se hizo una pira para incinerar a estudiantes si se necesitaba grandes cantidades de madera y combustible difícil de reunir en tan poco tiempo? ¿Cómo avalar que 43 cuerpos fueron reducidos a cenizas con un fuego al aire libre cuando esa eficacia de incineración sólo se logra en un área cerrada como un crematorio? ¿Cómo avalar que ocurrió un incendio de grandes proporciones si en el centro de la retícula principal del supuesto fuego se encontraron más de catorce troncos de madera intactos?
En definitiva la “verdad histórica” fue enterrada en el basurero del gobierno de Peña Nieto que hoy pretenden revivir.
Mientras tanto los documentos militares que pudieran dar un giro distinto a las investigaciones no son entregados a las autoridades civiles porque al Ejército Mexicano no le da la gana. Porque en este país ellos pisotean a su antojo las leyes y la Constitución.
Veremos que dice la presidenta Claudia Sheinbaum en la próxima reunión.