Guerrero está envuelto en una ola de violencia desbordada. Asesinatos, quema de vehículos, ataques al servicio de transporte público. En Acapulco y Chilpancingo, las ciudades más importantes, las bandas delictivas han impuestos su ley. El gobierno y las instituciones, pasmados y extraviados, han sucumbido ante el poder del hampa. Escuelas y transporte público han tenido que parar. Pese a las cuentas alegres del gobierno, las calles y comercios se muestran semivacíos. La capital del estado, Chilapa y Tlapa estuvieron sin servicio de transporte. En Iguala y la zona Norte, la situación no es nada alentadora. El propio presidente municipal de Taxco fue objeto de un atentado.
Los centros neurálgicos de la vida política y económica del estado en manos de la delincuencia. Las instituciones, gobiernos y fuerzas de seguridad parecen no existir. De qué sirven los miles de militares y elementos de la Guardia Nacional que llegaron a la entidad. De qué sirve la mesa para la construcción de la paz.
El Ejército y la Guardia Nacional se limitan a acordonar la escena del crimen y brindar seguridad perimetral a las autoridades ministeriales que realizan las diligencias de hechos delictivos. La gobernadora en sus actos públicos solo atina a expresar frases superficiales y panfletarias que no son seguidas de políticas y acciones concretas para revertir el problema.
De seguir la misma estrategia por parte del gobierno, la violencia seguirá creciendo exponencialmente. De nada servirá el despliegue masivo de militares y guardia nacional. Las bandas del crimen organizado, con fuertes vínculos con la clase política, económica y empresarial, controlando vastos territorios e imponiendo sus reglas de convivencia, los problemas de impunidad, conflictividad social, pobreza y marginación seguirán debilitando las instituciones, el tejido social y el Estado de derecho, terreno fértil para el crecimiento y consolidación del crimen organizado.
Por lo tanto, es urgente un diálogo incluyente, democrático y participativo, poniendo en el centro los siguientes temas:
1.- Desmontar los cacicazgos que todavía deciden los destinos de la entidad e investigar los vasos comunicantes que mantienen con el crimen organizado, a través del transporte público, el comercio y la clase política. De antaño el transporte público ha sido una organización corporativa al servicio de charros sindicales y del gobierno, que sirven como porros y esquiroles para reprimir las luchas y protestas sociales, y cuyos líderes han ido acumulando poder económico a través de decenas de concesiones que de manera ilegal y ventajosa el gobierno les da. Hoy mantienen vínculos con la delincuencia organizada. Coferes de las Urvan y taxistas son el conducto ideal a través del cual fluye el narcomenudeo, pero también son eficaces halcones y blanquean el dinero ilícito, y eso mismo acontece con el comercio. Es necesario que las autoridades se adentren a las entrañas de estos laberintos delincuenciales para desmantelarlos, creando un sistema de transporte estatal en las ciudades con mayor densidad poblacional para prescindir de estas mafias.
2.- La autoridad tiene que hacer presencia en zonas controladas por la delincuencia, haciendo operativos de búsqueda, ejecutando órdenes de aprehensión de homicidas y feminicidas, realizando patrullajes y filtros para acotar los espacios de los grupos ilegales. Existen zonas de la entidad donde los grupos delictivos tienen el control total. Allí, la presencia de la autoridad es nula, por ejemplo, en los municipios de Copanatoyac, Zapotitlán Tablas y Atlixtac los grupos delictivos son los amos y señores. En la población de Huixtlatzala, municipio de Zapotitlán, el Ministerio Público tiene que pedir permiso a los grupos delictivos del lugar para hacer los levantamientos de cuerpos. En Copanatoyac varios feminicidas, se pasean en la impunidad, porque las fuerzas del orden no pueden entrar a estos lugares para detenerlos. El feminicida de Kenia y Abelina de la comunidad de Tlatquetzalapa municipio de Copanatoyac, se pasea con toda impunidad desde hace dos años sin que las autoridades ejecuten la orden de aprehensión; decenas de mujeres y hombres han sido desaparecidas en estas zonas sin que se les busque porque son territorios del hampa en los que la autoridad no puede hacer presencia. Hace cuatro meses desaparecieron al profesor Uriel Espinobarros Sierra y para buscarlo la Fiscalía pidió permiso a los grupos delictivos que decidieron dónde podía buscar.
3.- Las áreas de seguridad y tránsito de Ayuntamientos como Tixtla, Iguala, Chilpancingo, Quechultenango, Chilapa, Iguala, Taxco, Tlapa y otros donde existan indicios de infiltración del hampa deben ser intervenidos por las autoridades estatales y federales, es más, la seguridad ciudadana deberá quedar en manos de las fuerzas estatales o federales, no es posible seguir consintiendo que con armas, equipos y dinero del erario público los policías municipales sean “halcones” al servicio de la delincuencia organizada.
4.- Las subsecretarías como las de Asuntos Políticos y otras tienen que hacer presencia en distintos lugares para atender la conflictividad social, como la inconformidad por la falta de maestros, la construcción de escuelas, médicos, medicinas y centros de salud, la violencia contra la mujer, las uniones tempranas y venta de niñas en algunos lugares de la Montaña, la situación de los jornaleros agrícolas, los conflictos por la disputa de la tierra, los religiosos y comunitarios, entre otros.
5.- Los crímenes contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas se deben investigar a través de una Fiscalía Especial hasta ubicar y sancionar a los responsables, mandando un mensaje a los perpetradores de que estos hechos no se van a permitir.
6.- Se deberá crear una ruta para el retorno de los desplazados y por ahora brindarles asistencia humanitaria para que estén en condiciones dignas.
7.- Reactivar el campo guerrerense con políticas sociales concretas para reactivar la producción de maíz, mango, limón, aguacate, coco, jamaica, ajonjolí, café y otros productos.
8.- Conectar a las comunidades indígenas mediante la construcción de carreteras como las de Zitlaltepec-Igualapa, Acate-pec-Ayutla de los Libres, de Alcozauca a los municipios de Oaxaca y otros ejes carreteros que rebasan los diez kilómetros y que no se cubren con las carreteras artesanales que comprenden pequeños tramos.
9.- Rehabilitar y construir nuevos centros de salud y hospitales en comunidades indígenas y campesinas, dotarlas de médicos y medicinas suficientes y mejorar la infraestructura escolar mediante la construcción de aulas y espacios escolares suficientes; crear un sistema de beca estatal y dotar de mobiliario y maestros suficientes.
La autoridad tiene que fortalecer la institucionalidad y el Estado de derecho, hacer presencia en zonas donde las comunidades yacen en el olvido, atender la conflictividad y los derechos sociales negados, revertir la impunidad y privilegiar la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos, de lo contrario, poco servirá el despliegue militar.
Este gobierno se contradice. Defiende su política de no confrontar mediante la violencia al crimen organizado, pero militariza el país y deja en manos del Ejército la seguridad pública, pese a la evidencia de que esta política no ha dado resultados. soslayando atender los problemas anotados.

El día 25 de los corrientes por la tarde aparecieron las primeras escenas de una ciudad destruida envuelta en el caos y la desolación. Hoteles, plazas comerciales y edificios modernos ubicados en la avenida costera Miguel Alemán de Acapulco Guerrero, totalmente destruidos.
La avenida del paradisiaco puerto, símbolo del capitalismo moderno, del dispendio impúdico y el hartazgo de políticos, empresarios y gobernantes corruptos quedó hecho trizas y en la ruina total. Una noche bastó para aplastar la arrogancia y el antropocentrismo de los adinerados. Pareciera que los dioses Tlaloc y Ehécatl dieron una señal de su ira contenida a causa de los excesos e iniquidad de los potentados.
No es la primera vez que azotan las tempestades en las tierras del sur. Recientemente los huracanes Paulina, Ingrid y Manuel castigaron a la población de Guerrero. Los huracanes y los torbellinos sociales exhiben a los gobiernos y la clase política inepta, corrupta y prepotente.
Su distracción, frivolidad e irresponsabilidad salen a relucir en estos momentos trágicos. Desorientados y sin saber los pasos que tienen que dar, recurren a la improvisación.
Lo que los medios hasta ahora han mostrado es la costera. Al momento no sabemos en qué condiciones están las colonias periféricas y comunidades rurales de Acapulco y Coyuca de Benítez.
Ahora empiezan las preocupaciones de los recursos económicos para enfrentar el desastre e indemnizar a los damnificados. Ha iniciado el debate y cuestionamiento de las previsiones que se debieron tomar en cuenta y de donde se sacarán los fondos para enfrentar los estragos que causó el meteoro, así como quién va operarlos.

Es preciso revisar si las medidas preventivas que las autoridades del ramo tomaron en consideración fueron oportunas y eficaces. Este mes es de huracanes y el fenómeno meteorológico Otis se pudo ver con antelación. Se monitoreó su comportamiento y avance, sin embargo, las autoridades desdeñaron su fuerza y el gobierno del estado inició los llamados preventivos muy avanzada la tarde del día 24, el tiempo fue muy breve para tomar medidas preventivas eficaces. Se tendrá que indagar si las autoridades incurrieron en omisiones y deslindar responsabilidades, sobre todo por que estamos hablando de 28 pérdidas de vidas y de desaparecidos. El gobierno tiene el reto de atender con diligencia a los damnificados y restaurar los servicios de comunicación, transporte y electricidad, desplegando todos los recursos de que dispone el estado para hacer frente a la devastación. Hasta ahora se muestran aletargados y a la deriva, sin una ruta clara que ilustre un golpe de timón para salir del atolladero, se han limitado a realizar llamados de buena voluntad y medidas improvisadas que no resuelven la situación, mientras tanto, cunde el miedo y la desesperación, por ello, empiezan a ser saqueados los comercios.
Resulta paradójico la pose de los gobernantes que aparecen en público en lujosos automóviles, con un nutrido séquito de seguidores, aduladores e incondicionales que aplauden sus discursos fatuos y superficiales frente a su inacción ante las dificultades de la naturaleza y las de carácter social. Esa imagen de gobiernos fuertes es una simulación, meros actos de proselitismo de corte electorero.
Pero no solo los huracanes afectan nuestra entidad. Desde hace varios meses la violencia e inseguridad azota nuestra Entidad, muertos diarios a lo largo y ancho del estado forman parte de la vida cotidiana. Ya nadie se inmuta ante las pérdidas de vidas humanas. Cuerpos desmembrados y embolsados forman parte del paisaje y ambiente del habitad guerrerense.
En los últimos días la violencia se disparó exponencialmente e incluso tomó otro cariz alcanzando a varios personajes que fueron blanco de ataques de los grupos del hampa. El 16 de octubre personas armadas dispararon a la casa de la presidenta municipal de Benito Juárez en la Costa Grande, el 18 de los corrientes fue asesinado el dirigente indígena Bruno Plácido Valerio cuando salía de una reunión de las instalaciones de la secretaría de salud y el 23 fue asesinado el catedrático de la unidad académica de Ciencias de la comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rigoberto Acosta González cuando salía de su centro de trabajo. Ese mismo día en una comunidad de Coyuca de Benítez fueron asesinados once policías y dos de sus jefes. Ese día fue el más sangriento de este mes. El periódico el sur registró 22 homicidios en la entidad.
Frente a esta ola de violencia las autoridades del estado nada dijeron y nada hicieron, más allá de lo ordinario: acordonar la escena criminal y levantar los cuerpos. Se han convertido en simples espectadores de la vorágine de la violencia que causa estragos y dolor en las familias.
La llegada del huracán Otis les vino bien, desvió la atención de los asesinatos de los líderes sociales y 13 policías, ya no tienen que explicar lo que sucedió ni enfrentar los reclamos de justicia de las familias.
Sin embargo, las familias sufren el dolor de la muerte causada por los grupos delictivos que actúan en total impunidad sin que nadie los contenga. El asesinato de Bruno Plácido Valerio es sumamente grave, porque con todos los cuestionamientos, era un defensor de los derechos de los pueblos indígenas. El día de su artero asesinato salía de gestionar servicios de salud para su comunidad indígena Na Savi de Buenavista. Si el gobierno cree que el estrago del Huracán Otis desviará la atención, se equivocan, el dolor de las familiares sigue incólume mientras no haya justicia ni reparación del daño, el asesinato de líderes sociales socava la débil y maltrecha democracia y estado de derecho, el tejido social cada día se hace trizas. Mientras tanto el gobierno hace cuentas alegres, como si estuviese gobernando y viviendo otra realidad. En el informe de la gobernadora que se filtró a los medios aparecen datos de reducción de la pobreza, del desempleo y de la violencia sin que expliquen la fuente y metodología para la obtención de los mismos.
Sin embargo, la realidad los golpea y desborda su mundo de ficción y frivolidad, Guerrero es el vivo ejemplo que somos una sociedad castigada por las tormentas naturales y sociales.
La intersección de naturaleza brava, sociedad inicua y gobierno frívolo hacen de nuestra entidad un pueblo de damnificados crónicos y ciudadanos a la intemperie con sus vidas en vilo.

Quienes militamos en la izquierda hemos sido escépticos con el cambio que prometían el obradorismo y Morena. El primero identificado con una postura nacionalista que dista mucho de una transformación de las estructuras económicas y las superestructuras políticas; la segunda una agrupación política variopinta en cuyo seno confluyen posiciones políticas progresistas y de derecha.
En las postrimerías del sexenio ha quedado claro que hubo un pacto con las élites económicas y militares que permitió la continuidad de la política económica de corte capitalista con las fuerzas armadas imponiendo el orden, evitando así cualquier asomo de inconformidad y disidencias políticas.
La narrativa del presidente no deja lugar a dudas. Para él existen dos bandos: conservadores y liberales. Los primeros representan a la derecha y los segundos son de Morena. En aquel grupo están intelectuales, periodistas y empresarios de nivel medio y políticos que en anteriores gobiernos eran el establishment, tales como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Joaquín López Dóriga, Claudio X González, ex presidentes como Felipe Calderón y Vicente Fox; a éstos los fustiga y refiere que eran parte de la corrupción, buitres y conservadores, curiosamente esta clase política no incide ni decide en los asuntos económicos del país.
Por el contrario, a las élites económicas como Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Salinas Pliego y otros potentados que sí deciden el rumbo económico de la nación no los toca ni con el pétalo de una rosa, a ellos no los cuestiona ni confronta, cuando son los que tienen grandes monopolios, se han enriquecido inmensamente con la explotación de los trabajadores y los favores de los gobiernos, en detrimento de millones de pobres que sobreviven. Estos potentados son los responsables de la desigualdad que vivimos, mientras ellos acrecientan sus riquezas la mayoría nos debatimos en la pobreza yendo al día para medio comer.
Sin embargo, el presidente con su narrativa levanta polvareda por otro lado, desviando el debate público en otra dirección, mientras tanto las estructuras económicas siguen igual. Las asimetrías sociales persisten puesto que no existe una distribución equitativa de la riqueza. A los que tienen de más nos les da un rasguño, se prefiere optar por la famosa “austeridad republicana” para sacar para los programas sociales que son meramente asistencialistas y no revierten la pobreza que padecemos.
Lo mismo ocurre con los militares a quienes ha dado facultades legales para hacerse cargo de la seguridad pública, para construir megaproyectos, la distribución de las vacunas y el control de las fronteras y flujos migratorios. Se ha dado un poder sin precedentes a las fuerzas armadas, resultando peligroso para la democracia.
Al presidente se le olvidó que esta institución reprimió las luchas campesinas de Rubén Jaramillo, de sindicalistas como Demetrio Vallejo, el movimiento estudiantil de 1968, los movimientos sociales y de corte revolucionario de los años setenta. Es responsable de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo de la mal llamada guerra sucia, las violaciones sexuales a mujeres indígenas, tortura a campesinos como Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera cuyos casos fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De esto nadie decía nada. Todo transitaba de manera tersa y sin sobresaltos, algunas voces hablaban de la militarización y nada más. Fue el caso Ayotzinapa el que ha exhibido a un Ejército mexicano que obstaculiza las indagatorias, reacio a abrir plenamente sus archivos, niega información vital para esclarecer graves violaciones a los derechos humanos.
El caso Ayotzinapa ilustra que el Ejército mexicano infiltra y espía a los movimientos sociales de izquierda y se colude con la delincuencia organizada. Es falso que sea una institución incorruptible, por el contrario, en Iguala los mandos militares del 27 y 41 Batallón están al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos. Capitanes, coroneles y generales recibían dinero y facilitaban que el hampa desplegara sus actividades ilícitas. En este caso ha quedado probado que miembros del Ejército están implicados en la desaparición de los 43 estudiantes y que poseen información relevante que puede revelar el paradero de los jóvenes.
Es lamentable que hoy en día el presidente haya pactado con las élites económicas y militares y mantenga enquistado en su gobierno a personajes de derecha. Panistas y priistas ocupan puestos de alto nivel como Manuel Bartlett, Esteban Moctezuma y otros casos que sería prolijo enumerar.
Es paradójico que ahora el presidente defienda a ultranza al Ejército mexicano, una institución que todo el tiempo reprimió al movimiento social de izquierda y mantenga enquistados en su gobierno y su partido a personajes de derecha, Éstos son los infiltrados, no el ex fiscal Omar Gómez Trejo y Karla Quintana, ambos jóvenes que se formaron en el movimiento de derechos humanos.
Éste es un movimiento que surgió hace décadas y que ha luchado por una sociedad democrática, en la que se respeten las libertades individuales y los derechos sociales. Que ha acompañado a organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles que luchan por un cambio en este país. Ha defendido a luchadores sociales encarcelados injustamente, desaparecidos y asesinados. Este movimiento es parte de esta ola y primavera democrática de los años ochenta. Los avances democráticos de hoy no se pueden explicar sin este movimiento.
Es erróneo que el presidente nos coloque del lado conservador y que diga que Omar Gómez y Karla Quintana son conservadores infiltrados en su gobierno. Omar Gómez dio una batalla importante en la FGR contra personas que siguen enquistadas y que son del anterior gobierno, que incluso participaron en la construcción de la verdad histórica. Los pocos avances en la investigación del caso Ayotzinapa son gracias a Omar Gómez.
Pero la 4T en su extravío empodera al Ejército, condecora al general Salvador Cienfuegos que tiene cuentas pendientes con la justicia en Estados Unidos y que en México debiera estar siendo investigado, mientras llama conservadores, descalifica y fustiga a los que hemos caminado con las luchas del pueblo.
La 4T hace pactos con los potentados y los militares, personajes de la derecha enquistados en su gobierno, mientras arremete contra los que hemos luchado junto con organizaciones sociales que impulsan cambios y buscan un mañana mejor.
En definitiva, la 4T navega sin rumbo ideológico, extraviada y a la deriva. Sólo falta que en los próximos días veamos la renuncia de Alejandro Encinas el único que ha sido congruente dentro del gobierno.

La violencia de los grupos criminales no cesa. En casi todas las zonas de la entidad los grupos delictivos imponen su ley a punta de balas. Hace un mes Chilpancingo fue escenario de batallas campales de las bandas delincuenciales.
Estos hechos se replican en los municipios de Tierra Colorada, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Acapulco, Iguala, Chilapa, Chichihualco. Enfrentamientos entre bandas rivales, asesinatos y desapariciones se están convirtiendo en parte de la cotidianeidad. Nadie se siente interpelado por las pérdidas humanas. Solo se trata de números, sin dimensionar que atrás hay familias que padecen el dolor de esta violencia sórdida e irracional. Desde los grupos de poder y el gobierno pretenden normalizar la violencia, negándola y privilegiado actos de gobierno superficiales y frívolos.
Lo peor es que los asesinatos en las últimas semanas se están dirigiendo contra quienes procuran justicia. El hampa está desafiando la fuerza del estado. Ataca al núcleo duro de quienes operan el uso de la violencia legítima estatal para imponer el orden social.
No es la primera vez que asesinan a un funcionario público, pero nunca había sido tan sistemático como estos días. El 2 de junio asesinaron al licenciado Henner Tomás Olea Chino agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de personas desaparecidas, hombres armados lo sacaron de su casa y lo tiraron en la carretera de cuota Diamante; el 22 de agosto hombres armados llegaron a la agencia del ministerio público de Coyuca de Catalán desarmando a los policías de guardia y se llevaron a la licenciada Jaquelin González Salgado después apareció y no se supo más del caso; el 9 de septiembre privaron de la libertad al teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadras en Coyuca de Catalán, horas más tarde fue encontrado su cadáver en un paraje cercano; el día 12 de septiembre fue asesinado a tiros cerca de su casa en Chilpancingo el delegado estatal de la FGR, Fernando González Fernández, y ayer por la noche cuando el vicefiscal y el director de Investigaciones salían de la Fiscalía general fueron agredidos a tiros saliendo ilesos.
Es menester que estos crímenes sean investigados, que se esclarezcan los hechos y sancione a los responsables. Los operadores de justicia desempeñan una labor esencial en la sociedad; por más que su imagen esté desgastada por la corrupción, son el núcleo duro del monopolio de la fuerza del Estado. Una respuesta contundente del estado frente a estos hechos asesinatos se hace necesaria para restaurar el estado de derecho y la confianza ciudadana, de lo contrario el Estado estaría sucumbiendo ante la delincuencia. Y poco a poco será el hampa quien imponga sus leyes.
Cuando el Estado abdica de su deber de imponer el orden y brindar seguridad a los ciudadanos, los derechos humanos de las personas se ven seriamente comprometidos. Las familias no pueden salir a la calle para trabajar, para ir a la escuela y convivir, la vida y el patrimonio están a merced de quienes ejercen la violencia criminal. Por esta razón el esclarecimiento de los crímenes contra los que procuraban justicia debe ser un imperativo impostergable.
Es verdad que alrededor de ellos yacen especulaciones subjetivas. Se afirma sin elementos objetivos que son parte de un bando delictivo y que su deceso obedece a un ajuste de cuentas de los rivales. De cualquier modo, las investigaciones tienen que avanzar, los hechos deben ser esclarecidos y los responsables sancionados. El silencio y la impunidad solo alentarán la violencia.
Por su parte la gobernadora y su equipo se han convertido en espectadores del infierno que padecemos. Carecen de una estrategia clara para contener la vorágine de la violencia que se desborda por doquier. Las fuerzas policiacas solo atinan a llegar para levantar los cuerpos y acordonar la escena criminal. Miles de policías, incluida la Guardia Nacional, decenas de batallones militares, fuerzas federales que han llegado a la entidad, nada pueden hacer. Frente a ellos el hampa ajusta cuentas contra quien quiere, sin consecuencia alguna.
Como lo hemos dicho con anterioridad, es imprescindible que la gobernadora convoque a un gran diálogo estatal a los distintos actores, principalmente a las víctimas de desapariciones, ejecuciones y asesinatos. Que se diseñe una ruta de construcción de la paz con una agenda amplia que considere los temas más sentidos de nuestra entidad: salud, educación, vivienda digna, derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, de las mujeres, justicia, verdad y reparación para los luchadores sociales asesinados, búsqueda de los desaparecidos y medidas de asistencia, y un plan de retorno para las familias desplazadas por la violencia.
Se necesita una verdadera reconciliación, reconstruir el tejido social hecho trizas por la violencia; ya están rebasados mecanismos como la Mesa para la Construcción de la Paz donde prevalece una mirada policiaca y militar acartonada, cuyos fracasos están a la vista. No se trata solo de enfrentar la violencia per se, es preciso que el estado baje a ras de suelo, tocando las fibras sensibles de un pueblo agraviado históricamente. Es menester que tenga presencia con los colonos, en las comunidades campesinas, con los sindicatos, los periodistas, luchadores sociales, víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos a través de una ruta de solución programática de sus demandas. Solo así se irá reconstruyendo el tejido social y el estado será más fuerte medrando la capacidad de los grupos delictivos. Los programas sociales no serán suficientes para una entidad vilipendiada como la nuestra.
La estrategia policiaca y militar por sí misma no resolverá el problema, sobre todo cuando estos cuerpos de seguridad están infiltrados y cooptados por el hampa. Es necesario que la gobernadora regrese la mirada al pueblo y a las organizaciones sociales. Dejar de lado los pactos con los poderes caciquiles y las élites económicas. Los grupos sociales con demandas legitimas deben sentir el respaldo de un gobierno de izquierda, humanista y que trabaja por una transformación. La transformación es justamente sentar las bases para ir cambiando las condiciones de asimetrías sociales, romper estructuras de poder, la política de un gobierno de izquierda debe generar ámpula en los potentados que ven menguados sus privilegios.
Pero este gobierno va en dirección contraria. Apapacha a los caciques, a las élites económicas y militares y da la espalda a los de abajo, a los oprimidos de siempre, a los que le dieron su voto de confianza.
A una presidenta municipal que se reunió con grupos delictivos, la solapa y protestas ilegítimas auspiciadas por el hampa, se toleran, mientras quienes con legitimidad demandan, educación, salud y vivienda son reprimidos violentamente como ocurrió con las compañeras y compañeros de las preparatorias populares que fueron desalojados de la Autopista del Sol o lo que ocurre contra los estudiantes de Ayotzinapa que se están movilizando por los nueve años de la desaparición de sus 43 compañeros contra quienes se orquesta una campaña infame de descalificación, lejos de comprender la gravedad del problema y la criminal acción de los militares de negarse a entregar la información que tiene en su poder y con la cual se pueden esclarecer los hechos. Esas no son señales de un gobierno de izquierda comprometido con la transformación.

Como Guerrero bronco caracterizó Armando Bartra a nuestra entidad. En su obra que lleva el mismo título, en la que da cuenta de un pueblo insumiso, aguerrido ante los caciques que lo oprimen, pero también de un gobierno autoritario que acalla con violencia a los inconformes, rebeldes y osados, retrata una airada lucha entre los de abajo y la clase política y caciquil en esta entidad suriana. La peor parte la han sacado los de abajo. Ellos han puesto los muertos y desaparecidos.
En Guerrero se han documentado más de 8 masacres que van desde 1952 con la matanza en la plaza de Chilpancingo en el marco de un mitin del entonces candidato presidencial Miguel Enríquez hasta la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014, todas dan cuenta de la actuación violenta del gobierno contra los inconformes. No existe un atisbo de diálogo, por el contrario, se desplegó el uso de la fuerza letal para dar un escarmiento a los osados. Policías y militares abriendo fuego contra estudiantes, campesinos y profesores que buscaban salud, educación, alimentación y espacios de participación política.
Los culpables de estos crímenes son los caciques que mantenían el control político y económico en la entidad, ellos saquearon el erario público a sus anchas siendo responsables de la pobreza y la marginación en la que se encuentra el estado de Guerrero.
Esta misma clase política caciquil y represora de las luchas sociales fue estableciendo pactos con los grupos delictivos. Poco a poco a los municipios los copó el hampa. Sus autoridades de todos los partidos sucumbieron y cedieron el control territorial a la delincuencia. A la fecha los presidentes municipales se limitan a administrar los recursos federales. Se la pasan inaugurando pequeñas obras y de fiesta, mientras saquean las arcas públicas.
No hay alcalde que salga pobre cuando termina su administración. Se la pasan ensimismados probando las mieles del poder disociados de los problemas que viven las comunidades. Son indiferentes ante la falta de médicos, enfermeras, medicinas, escuelas, maestras, vivienda, agua potable y sus conflictos internos. Al ser el primer nivel de contacto con las comunidades deberían estar pendientes de los problemas que padecen.
Ante estos vacíos de gobierno y la corrupción de las autoridades, la delincuencia organizada se ha fortalecido penetrando a ras de la comunidad y barrios urbanos. Los grupos delictivos no se limitan a su negocio criminal, sino que ocupan el vacío institucional para controlar los territorios imponiendo su ley y autoridad.
En la vía de los hechos ellos mantienen el control territorial de vastas regiones del estado, han roto el tejido social de las comunidades por lo tanto nadie los puede contener, matan y desaparecen en la total impunidad sin que nadie los contenga. Algunas semanas la violencia se cierne en una región o ciudad y cuando parece que llega la calma resurge en otro lado.
En las semanas anteriores Chilpancingo parecía zona de guerra, lo último sería el ataque a los choferes del transporte en la colonia Los Ángeles. Por esos mismos días en Tecpan de Galeana una mujer irrumpió en un partido de futbol asesinando a varias personas. Al final ella fue ultimada. Este lunes en Coyuca de Catalán un grupo armado entró a las oficinas del ministerio público, desarmó a los policías ministeriales de guardia llevándose a la titular Jaqueline González Salgado que hasta la fecha se encuentra desaparecida.
Mientras esto ocurre, la gobernadora parece más empeñada en responder las críticas y cuestionamientos que le hacen. Se obstina en mostrar que no hay nadie tras ella tomando decisiones. Acusa que ejercen violencia política en su contra. El presidente López Obrador tuvo que salir al quite en la mañanera para explicar la desaparición de la titular del ministerio público, ante el silencio del gobierno estatal.
Tiene más de quince días que el gobierno del estado intenta trazar una narrativa de que los conservadores y la derecha pretenden descarrilar su gobierno. Nada más alejado de la realidad.
Ha sido la jefa del Ejecutivo estatal quién resolvió tener en el primer círculo de gobierno a su familia y amigos cercanos. Esas decisiones tarde o temprano tendrían un costo político. Por lo demás, en lo que va de su administración se ha caracterizado por emprender acciones que rayan en la frivolidad. Así mientras Chilpancingo ardía, ella inauguraba el refugio de perritos felices. Mientras desde tribuna responde a sus críticos y se dice víctima de violencia política, un grupo delictivo a plena luz del día ingresa a las oficinas del Ministerio Público y a sangre fría se lleva a la titular de la representación social. El símbolo inequívoco del monopolio de la fuerza del estado quebrantado y pisoteado por el hampa.
Los problemas de pobreza, injusticias e impunidad, exclusión social, discriminación a los pueblos indígenas y afromexicano, desapariciones y asesinatos, no han merecido la atención de este gobierno, no se ha dialogado ampliamente con los sectores sociales que tienen estas agendas ni se han trazado líneas de acción para resolverlos.
Desde su arribo no se llamó a un diálogo a las víctimas y organizaciones para analizar los crímenes del pasado, los asesinatos y desapariciones contra los luchadores sociales y la creación de un mecanismo extraordinario para su investigación.
No se hizo porque ello implicaba romper con el cacicazgo y la derecha. Prefirieron pactar y a menudo los empezamos a ver en reuniones y departiendo con aquellos. caciques, derecha y gobierno han sido unánimes en cuestionar a movimientos sociales como la CETEG, a las madres y padres de los 43, a la normal rural de Ayotzinapa, a los colectivos de desaparecidas y desaparecidos, a los desplazados por la violencia, a los pueblos indígenas que luchan por una reforma constitucional y que solicitan su reconocimiento como municipios indígenas y afromexicanos.
De qué conservadores y derecha hablan, si los tienen en su círculo, pactaron con ellos y no los han querido investigar. En el plano federal queda claro que el antiguo régimen eran los neoliberales y tecnócratas, junto con medios de comunicación e intelectuales que justificaron sus políticas y el entramado de corrupción. El presidente López Obrador los ha combatido sin ambages. En el plano estatal el Ancien Régimen es la clase política, caciquil, corrupta y represora responsable de la opresión, pobreza, marginación y violencia que padecemos, pero el gobierno estatal que dice participar en la transformación no los ha combatido ni enfrentado, ellos no son sus adversarios políticos, conviven y departen. Revisen las fotografías, son públicas sus reuniones con los caciques de Costa Chica y la Zona Norte.

“El evento de la cantante Belinda transcurrió en completa calma. El espectáculo demuestra que en la capital se sigue realizando vida social tranquila pese a los hechos que han alterado el orden público”. Así resumió el gobierno del estado su informe semanal de seguridad realizado el día lunes 14 de los corrientes.
Mientras tanto la violencia sigue galopante e incontrolable. El sábado pasado mataron a un hombre y una mujer en el parque de la Colonia la Laja. El mismo día en Atenango del Río a un lado del palacio municipal fueron emboscados elementos de la Policía Ministerial. El comandante de la Zona Norte fue privado de la vida y dos personas resultaron heridas. Al otro día mataron a un campesino de la Coordinadora Indígena de Pueblos de Guerrero (Cipog) y su hijo de 16 años cuando se abastecían de gasolina en pleno tianguis de artesanías de Chilapa. Ese mismo domingo en Chilpancingo hubo amenazas graves de atentar contra transportistas que llevaran a las personas al concierto de Belinda y aparecieron granadas cerca del recinto donde se realizaría. El martes 15 fue encontrado un hombre decapitado sobre un taxi del servicio público en El Quemado, municipio de Acapulco.
Al tiempo que la entidad se baña en sangre, el gobierno del estado deambula a la deriva sin un plan y estrategia efectiva que frene la ola delictiva. Por el contrario, se recurre a levantar polvareda para distraer la atención.
La semana pasada desde las esferas del gobierno circuló un rumor de que fuerzas contrarias al gobierno exigirían la renuncia de la gobernadora, por ello se activaron sus redes: grupos de mujeres y organizaciones salieron a manifestarle el apoyo. Se dio la instrucción que todo trabajador del estado debería mostrar su respaldo a la mandataria. Ignoramos que tan serias sean las amenazas de desestabilización. Todo parece indicar que se trata de una acción del gobierno para desviar la atención. El círculo cercano de la gobernadora y su partido salieron a denunciar al clero, a los medios “cuestionables” y a los caciques que emprendían una campaña contra el gobierno y trataban de frenar la cuarta transformación.
El sábado pasado tuvo lugar el concierto de la cantante Belinda en Chilpancingo, en medio de actos violencia graves y los escándalos en que se ha visto envuelta la alcaldesa.
El concierto de la cantante fue presentado como una acción de gobierno. Las instituciones obligaron a los empleados a asistir al baile, desplegaron campañas en medios y redes sociales promoviendo el evento. Se dispuso de un impresionante operativo de seguridad para cuidar la fiesta y de transporte gratuito para los asistentes. Finalmente, el aforo fue exiguo, sin embargo, el gobierno festejó el éxito del evento tratando de mostrar que en Chilpancingo la gente vive tranquila. En el informe semanal de seguridad el concierto ocupó un lugar central. El propio secretario de Seguridad alardeó de la eficacia de sus fuerzas policiales para dar seguridad en el espectáculo.
Mientras el gobierno se ocupa de organizar fiestas y crear fantasmas que amenazan la gobernabilidad. Los grupos delictivos matan a las personas en avenidas y plazas públicas sin que las fuerzas de seguridad los contengan
Las acciones de distracción y la negación de los hechos son un total yerro del gobierno. El día de ayer un medio nacional publicó que recibió la visita de la gobernadora de Guerrero, allí declaró que han disminuido significativamente los índices de homicidio sin explicar las fuentes que sustentan sus datos dijo que en el 2014 la entidad ocupaba el segundo lugar en homicidios dolosos mientras que para el año 2022 pasó al noveno.
Dudo que con aspavientos pachangueros y negando los hechos de dolor y muerte que está dejando la violencia, se resuelvan los problemas.
Los miles de víctimas no olvidan a sus muertos y desparecidos. Los familiares de Esteban Xochitempa y su hijo Juan Xochitempa asesinados en Chilapa el domingo pasado no son sólo una cifra de la violencia, es una familia que sufre el dolor que provoca la pérdida irreparable de los seres queridos. Ninguna autoridad se ha acercado a tenderle la mano a la viuda, nadie le brinda unas palabras de aliento, solo ella sabe cómo enfrenta su dolor. Hace meses le mataron a su hijo mayor y ahora perdió a su esposo e hijo más pequeño quedándose sola. Mientras tanto el gobierno solo atina a levantar cortinas de humo con supuestas conspiraciones y fiestas para desviar la atención.
Estamos lejos de que el gobierno reconozca el problema de la violencia que azota el estado, que tenga un diagnóstico, estrategias y líneas de acción claras para revertirla. Persiste una indolencia ante el dolor que sufren las víctimas de este lastre social. Ponen oídos sordos a los llamados al diálogo con las víctimas, organizaciones sociales y otros actores.
Nos preguntamos si tienen pactos con los grupos delictivos y prefieren seguir nadando de a muertito o les pesa más la arrogancia y soberbia. Creen que los bonos de legitimidad del presidente y los pactos con los empresarios y caciques de la entidad alcanzan para contener la inconformidad social de un pueblo que sufre una opresión secular.
Las acciones frívolas y espontáneas han sido un sello distintivo de este gobierno. Desde su llegada a la administración no hemos conocido un plan de gobierno. No se han trazado políticas públicas y acciones propias de la entidad. Todos los programas sociales y las carreteras artesanales son del orden federal. Salvo algunas acciones tangenciales para inhibir la violencia contra la mujer, nada se ha hecho. Los crímenes contra los luchadores sociales siguen sin resolverse, no se investiga ni se busca a los más de cinco mil desaparecidos, los desplazados por la violencia están a la deriva sin una ruta de solución, las deudas del sector educativo y salud siguen sin pagarse. Las protestas al por mayor de maestros, campesinos, estudiantes, colonos y víctimas de violaciones a los derechos humanos dan cuenta de la inconformidad social en guerrero y un gobierno ausente, disociado de los problemas más graves que vive el pueblo, una administración envuelta en escándalos de nepotismo y en una maraña de frivolidades.
Mientras tanto, todo parece indicar que seguirán las fiestas, la pasarela y el karaoke. Dicen que ya se anuncia un concierto de Luis Miguel a realizarse en Acapulco próximamente y que está en puerta un refugio de patitas felices en esa ciudad.

Desde hace 15 días la violencia azota las principales ciudades de Guerrero. Tan sólo el martes pasado, de acuerdo al recuento del periódico El Sur hubo cinco muertos: dos en un taller de motos de Chilpancingo, un niño de 15 años en Iguala, otro en Huitzuco y uno más en Tlapa. El miércoles hombres armados quemaron 12 vehículos en Acapulco a plena luz del día.
Da la impresión de que el estado de derecho ha sucumbido ante la ola delincuencial que desborda a las instituciones. Donde están los cientos de policías y militares. La Guardia Nacional del sexenio brilla por su ausencia. De qué sirven los modernos aparatos de inteligencia como los C5, los sistemas de espías con los que cuenta el Ejército, que hace la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las policías municipales. La clase política calla, la derecha conservadora que cuestiona las manifestaciones de organizaciones sociales de izquierda ahora guarda silencio cómplice ante la estela de muerte que deja el hampa.
¿Será verdad que el poder de fuego de la delincuencia es superior a las fuerzas del Estado? Lo dudo, los que estamos en el activismo somos testigos de la eficacia de las fuerzas de seguridad: intervienen los teléfonos y despliegan agentes encubiertos de tal forma que, desde la planeación, el traslado de los contingentes y la realización de una protesta social el Estado ya lo sabe. Eso les facilita el traslado de cientos de efectivos policiacos para reprimir y disuadirla de inmediato. ¿Por qué la eficacia no es la misma con los grupos delictivos?
El reciente informe del GIEI que coadyuvó en la investigación del caso Ayotzinapa ilustra el marco de permisibilidad con el que cuentan los grupos delictivos. En este caso el Ejército sabía cómo operaban en Iguala, la colusión que existía con policías y autoridades y nunca los frenaron.
El Ejército mexicano tiene perfectamente mapeados a los grupos delictivos que operan en la entidad, sabe quiénes son los cabecillas, el territorio donde actúan, cuál es su capacidad de fuego, los nexos que mantienen con policías, autoridades municipales, estatales y empresarios que lavan dinero. Así las cosas, no hay ningún impedimento para desmantelarlos, pero prefieren permitirles continuar con sus actividades ilícitas.
La delincuencia y su economía criminal es funcional a este modelo económico y formas de organización política por eso empresarios, Iglesia y Estado callan. Sólo cuando organizaciones sociales, campesinas y estudiantiles protestan se escandalizan. Vociferan iracundos cuando se toman carreteras o casetas de peaje, llaman al establecimiento del orden, sin embargo, las muertes al por mayor nada les significa. Tan sólo en los hechos de violencia del martes pasado en Chilpancingo murieron jóvenes menores de 20 años y en Iguala un niño de 15 años, pero esos episodios de terror a nadie interpelan. El gobierno sigue en pasarelas y acciones frívolas y la clase política en su fiesta electoral, con discursos vacuos.
Los partidos políticos desde hace rato han prescindido de sus programas. Los aspirantes a un cargo público no tienen una formación política e ideológica y desconocen la administración pública y la actividad parlamentaria. Los partidos han envilecido la política al grado de que hoy priva un pragmatismo ramplón en las contiendas electorales, cualquiera puede ser presidente municipal, diputado e incluso gobernador con tal que tenga dinero para repartir. Las presidencias municipales tienen precio según la extensión e importancia política del municipio.
Por ello los partidos políticos le dan las candidaturas a quien tenga poder económico para hacer una campaña basada en el despliegue de espectaculares y la repartición de despensas, mangueras, pago de jaripeos, clausuras y fiestas patronales de los pueblos y pagar el voto el día de la jornada electoral.
Así pues, no son las ideas, el programa o la plataforma política la que cuenta en una contienda electoral. Los aspirantes no se tienen que preocupar por construir una propuesta política que recoja los problemas más sentidos de los municipios y el estado, por lo tanto, no importa recorrer los pueblos, dialogar con la gente para saber sus problemáticas, sólo tienen que conseguir dinero para repartir, de todas formas, lo recuperarán con creces. El presupuesto de los municipios es bastante para cubrir eso y más.
Aquí es donde los grupos delictivos que cuentan con cuantiosos recursos económicos financian las campañas, claro está, a cambio de compartir el gobierno y permitirles su libre accionar delictivo.
Bajo el paraguas de este entramado de complicidades, los grupos delictivos no incomodan a este modelo económico y político, por el contrario, se les permite operar. Para ellos las muertes son bajas necesarias, daños colaterales en las batallas que mantienen los grupos delictivos, al fin y al cabo, alguno de ellos ganará y tendrá el control de la plaza y con ese se harán los pactos, por esta razón ni la tecnología, ni los cuerpos policiacos y militares, ni el sistema de espía del Ejército detienen la violencia que despliegan los grupos del hampa.
Aunado a lo anterior, la debilidad del estado, su ausencia en la comunidad, en sus conflictos internos, la falta de acceso a la educación, salud, a la verdad y justicia, la indiferencia de la clase política respecto del sufrimiento de los pueblos y las víctimas de violaciones a los derechos humanos propicia que los grupos delictivos llenen esos vacíos, se fortalezcan y rompan el tejido social con la violencia que despliegan una vez enraizados.
Por ello, es urgente un diálogo con los pueblos, organizaciones sociales y víctimas de violaciones a los derechos humanos que nos permita transitar en dos rutas: 1. Relanzar la demanda histórica de reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. La reforma constitucional nos permitirá sentar las bases para superar barreras estructurales de pobreza y marginación secular que padecemos, 2. Las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas tienen que encontrarse para analizar y discutir las rutas de justicia y búsqueda de sus seres queridos.
Con lo anterior no se solucionará de inmediato el problema de la violencia, pero se propicia la participación política, los pueblos encuentran un asidero de justicia y cerramos los espacios para evitar que los grupos delictivos sigan rompiendo el tejido social. No podemos esperar sentados a las autoridades y la clase política. Ellos andan en sus fiestas y negocios.