Conmemoran desde hoy los 91 años de la Normal de Ayotzinapa y exigen la aparición de los 43

 

Hoy comenzarán las actividades del 91 aniversario de la escuela con la exigencia de presentación con vida de sus compañeros y para reforzar el plantón de los padres de los normalistas en la Ciudad de México frente a la Procuraduría General de la República (PGR).
La Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tiene 12 alumnos asesinados, siete en manos de policías, además 50 lesionados de los cuales 15  tienen secuelas o daños permanentes, además de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos.
En el recuento de los caídos cada año, los estudiantes recuerdan que el 12 de octubre de  1988 fue asesinado a balazos por policías estatales  Juan Manuel Huikan Huikan, de la Normal Rural de Campeche, en una jornada de lucha en contra de la desaparición del bachillerato pedagógico en el periodo del gobernador José Francisco Ruiz Massieu.
En un desalojo policiaco a balazos, el 12 de diciembre fueron muertos Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús;  fue el primer caso donde la Comisión Nacional de Derechos (CNDH) documentó graves violaciones a los derechos humanos por uso excesivo de la fuerza, tortura y tratos inhumanos. No hay detenidos ni responsables de aquellos hechos.
La normal también reivindica la demanda de justicia por el homicidio de tres estudiantes en la carretera de Coyuca de Benítez que fueron arrollados por un tráiler el 7 de enero 2013. El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que este proceso sigue abierto y en investigación.
Hace dos años y medio, los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala alcanzaron resonancia internacional y motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como medida cautelar para las víctimas. Provocó la separación del cargo del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, aunque hay más de 100 de detenidos, ni uno ha sido sentenciado con responsabilidad material o intelectual de los hechos.
En un contexto de agresiones y un ambiente enrarecido por la impunidad  y la violencia en Guerrero, otros dos estudiantes fueron asesinados con balazos en la cabeza  el 4 de octubre de 2016, Jonatán Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro. La línea de investigación es que se trató de un asalto a mano armada donde fueron asesinadas otras personas. Los normalistas así como los abogados defensores consideraron que la agresión va más allá de los implicados que están en proceso.
En la acciones de lucha por la aprobación de la matrícula de nuevo ingreso y plazas docentes de cada año —que por estrategia aumentan en intensidad al paso de los meses— habían ocurrido desalojos con uso excesivo de la fuerza pública, pero el más recordado por la base estudiantil es del 14 de noviembre de 2007.
La magnitud de ese movimiento se comparaba con un movimiento de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), en el estado vecino. Frente al Congreso de estado, El Sur documentó que policías de Chilpancingo dispararon sus fusiles automáticos mientras perseguían y golpeaban a  egresados y alumnos en un intento por “rescatar” a un agente de Gobernación del estado que espiaba a los normalistas. Hubo gases lacrimógenos, toletazos y denuncias de vejaciones. En ese entonces el gobernador era Zeferino Torreblanca Galindo.
Fuentes estudiantiles indicaron que del año 2000 a la fecha hubo 50 estudiantes lesionados, 15 personas con heridas y lesiones permanentes como amputaciones de dedos. Es el caso de cuatro jóvenes en los hechos de Iguala.
En el desalojo de 2011, Édgar David Espíritu Olmedo sufrió impactos de bala en el pecho y se lesionó permanente un pulmón, es profesor y trabaja con esta discapacidad que modificó su alimentación y su vida.
Un antecedente histórico de esta tradición de lucha es el movimiento popular y estudiantil de 1960 que culminó en la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el abogado Vidulfo Rosales detalló que en ese periodo eran normalistas Lucio Cabañas, Carmelo Cortés y Desidor Silva, quienes luego formaron parte del Partido de los Pobres (PDLP), por lo que han tenido, durante décadas y hasta la fecha, el estigma de guerrilleros.

 

De Florencio Salazar sobre el artículo de Vidulfo Rosales

De Florencio Salazar sobre el artículo de Vidulfo Rosales

Señor director:
El señor Vidulfo Rosales Sierra en el artículo publicado el día de hoy (lunes) “Gobernantes de Guerrero en su laberinto” (p. 14), señala lo siguiente:
“Las instituciones de justicia están totalmente corrompidas y no tienen independencia, los jueces todavía arreglan las sentencias con el telefonazo del secretario de Gobierno”.
Rechazo el señalamiento de que haya telefonazos del secretario de Gobierno (sic) a juez o impartidor de justicia alguno; el señor Rosales Sierra debería sustentar sus afirmaciones en hechos concretos.
Respecto a los diversos cuestionamientos que hace al gobierno, me permito precisarle:
i) Guerrero no se encuentra en la situación de ingobernabilidad que se encontraba antes de octubre de 2015; ii) El gobernador Astudillo Flores, ha atendido la demanda social y de infraestructura a pesar de la severa limitación de recursos económicos; iii) se ha impulsado la inversión y el crecimiento económico; iv) el turismo se ha reactivado; y, v) hay un esfuerzo sostenido para abatir el complejo problema de la violencia, reconociendo que no se ha logrado un nivel de seguridad satisfactoria.
Agradeceré  a usted la publicación de la presente.

ATENTAMENTE
Florencio Salazar Adame
Secretario general de Gobierno

La PGR y la Segob han buscado a los padres de los 43 tras la ruptura en la CIDH, dice Vidulfo Rosales

 

Tras la ruptura en la sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado sostuvo la tesis oficial del basurero de Cocula como la más sólida de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) han intentado acercarse a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, reveló el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
Aclaró que antes de la visita de los comisionados de la CIDH que forman el mecanismo especial del seguimiento de la investigación, del 19 al 22 de abril, será difícil cualquier diálogo con las autoridades.
Sin embargo añadió que mediante la coadyuvancia de los representantes legales están al tanto de cualquier avance en la investigación, y no han recibido ninguna información que indique un adelanto para esclarecer los hechos o determinar el paradero de los normalistas.
Precisó que los abogados en el momento en que lo consideren pueden consultar el expediente en la PGR, y si hay adelantos significativos las autoridades están obligadas a informar antes que a nadie a las víctimas.
Recordó que la última posición de las autoridades, es que todas las líneas de investigación están abiertas, después de que se interpeló la posición en favor de la llamada “verdad histórica”.
De la tesis aseguró que sólo seis personas de 180 en prisión están relacionadas con el basurero de Cocula, el resto fueron detenidos por portación de armas, por pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos, por obtener dinero de manera ilícita, por acción y omisión en la responsabilidad y la desaparición forzada de los estudiantes.
De esos seis la mayoría denunció que fue coaccionado para incriminarse mediante tortura, y dos casos fueron debidamente comprobados mediante la aplicación del protocolo de Estambul.
De la visita de los comisionados, indicó que Esmeralda Arosamena de Troitiño llega con otro comisionado y los integrantes del equipo técnico operativo, que se quedarán más tiempo en el país.
En la visita 19 al 22 al país adelantó que habrá actividades públicas, en la que están planteando una reunión en la Normal Rural de Ayotzinapa.
En otro tema opinó sobre los ataques a los periodistas, tema de las reuniones con los padres de familia.
Consideró que la violencia generalizada en el país vuelve turbio el ambiente, genera resquebrajamiento del tejido social, desestabilidad en los ciudadanos que se acostumbran a la muerte reseñada en los diarios todos los días, como a una estadística.
En este mar de violencia e impunidad, se vuelven vulnerables principalmente aquellas personas que promueven o ejercen un derecho y luchan por un cambio en un país.
“Preocupa a los padres esta situación, porque los que salen perdiendo en este clima de violencia al que nos acostumbra el régimen son los defensores y los periodistas, y la muerte de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada es un ataque directo a la libertad de expresión, un ataque artero”.
Mencionó que para que un Estado democrático funcione debe dar garantías a todos los periodistas para ejercer sus derechos, a los defensores, a los que luchan.
Sin embargo señaló que los funcionarios lo pierden de vista y en reuniones ha escuchado expresiones, incluso del secretario de Gobernación, de que no pueden poner policías a cada defensor, porque somos millones los ciudadanos en el país, y reflejan la insensibilidad, falta de visión y de compromiso con los derechos humanos.

Denuncia Nicolás Chávez en la Codehum que el gobierno lo sigue hostigando

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien les informó que pudo dialogar con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sobre el encarcelamiento de Patricio Margarito Rivera, preso tras la acusación de que invadió su terreno.
Además, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó al ombudsman que le hicieron un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito para pedirle que informe sobre el trabajo comunitario que hizo en 2009.
A la reunión acudieron también damnificados de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel reubicados en El Mirador, y con trabajadoras de Prospera que fueron despedidas injustificadamente.
En la reunión pública, Navarrete Magdaleno dijo que habló con el secretario general de Gobierno, que hay disposición de diálogo y que se van a buscar mecanismos para darle una solución fuera del ámbito judicial, además de que el diálogo quedó abierto. Sin embargo, dijo que no daría información, porque no era todavía prudente, pero aseguró que hay avances importantes.
El presidente de la Comisión señaló que también tratarán el asunto de la retención de salarios, desde diciembre, de Chávez Adame y de Simón Tavira, con el objetivo de que sigan siendo considerados como trabajadores de la Educación; advirtió que no es fácil, pero seguirán con el diálogo.
Sobre los nueve trabajadores despedidos de Prospera, acordaron que se buscará el diálogo con el coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, para conocer de los avances de la queja que interpusieron.
Del caso de damnificados de El Mirador, Navarrete Magdaleno dijo que buscará dialogar con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque no le compete porque es del ámbito federal, pero que lo hará para ver la forma en cómo darle cauce a los problemas que persisten en el fraccionamiento, luego de que los vecinos han denunciado cuarteaduras y filtraciones de agua en sus casas.
Chávez Adame comentó de un nuevo requerimiento que le han hecho, luego de que el 14 de febrero comunicó que le giraron orden de aprehensión acusándolo de motín.
“Está el hostigamiento hacia mi persona, ya que el día 22 de febrero se me hace un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito, que en ese entonces, según el (gobierno del) estado por un acto que yo cometí, que es perteneciente a la lucha social, mi sentencia fue proponerme hacer trabajos a la comunidad, precisamente en el año 2009, cuando el presidente municipal era Héctor Astudillo Flores, yo hice mi trabajo a la comunidad con un acuerdo, y ahora se me requiere que si yo no compruebo en tiempo y forma esto, seré juzgado nuevamente por el gobierno federal”, explicó.

No respaldarán los padres de los 43 a ningún candidato presidencial, informa Vidulfo Rosales

El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra aseguró que no respaldarán a ningún candidato en las elecciones presidenciales de 2018, porque “la ruta está con el ciudadano, no con los partidos”.
“Hay una crisis en los partidos y el sistema político de cargos. Son instituciones que se están colapsando en todos los niveles de gobierno, porque están infestados por la corrupción y el crimen organizado. El ciudadano común debe repensar y diseñar un nuevo modelo de gobierno”, dijo.
Destacó que son “respetuosos” de las aspiraciones presidenciales del presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y de la candidatura independiente de Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino.
Según el abogado los padres de familia de los normalistas “no han analizado aún si se va a ir por la ruta del boicot electoral o no, pero desde nuestro punto de vista el boicot del 7 de julio del 2015 fue muy costoso y trae rupturas dentro del propio movimiento. Tuvimos presos, asesinados y estamos luchando contra un sistema político que es difícil remontar”.
Añadió: “Los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa se mantienen en la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, y creemos que quienes apoyan la búsqueda de los muchachos son del movimiento ciudadano independiente, no son los candidatos ni los partidos políticos. Nosotros respetamos a (Emilio) Álvarez Icaza y a (Andrés Manuel) López Obrador, pero creemos que la ruta está con el ciudadano, no con los partidos”.
Según información difundida en Noticias MVS, Rosales también consideró que hacia 2018 el papel de la delincuencia organizada “será preponderante”. Es algo que no se quiere ver pero en México hay territorios gobernados por la delincuencia organizada.
“El actual sistema de partidos en México ha perdido las ideologías y las plataformas electorales porque han puesto al dinero en el centro de la lucha política. El que tiene más dinero en las campañas es el que gana”, lamentó.
Aseguró que para los padres de los normalistas hay un intento deliberado de un rompimiento de la institucionalidad misma en Estados Unidos con el régimen de Donald Trump.
Todos los días Trump aumenta su beligerancia contra México, y para los padres de familia de Ayotzinapa eso “es riesgoso”. Por eso, agregó Rosales, “pensamos que debe darse un cambio del modelo económico que incluya a la clase empresarial, si quiere sobrevivir, para que fortalezca la economía interna”.
Asimismo recordó que el próximo jueves 9, familiares y la defensa de Ayotzinapa se reunirán con autoridades de la Procuraduría General de la Republica, y el viernes 17 se dará seguimiento al mecanismo del Sistema Interamericano sobre el caso Ayotzinapa.

Acuerdan padres de los 43 en la Convención Nacional Popular acciones unitarias de lucha en fechas simbólicas

 

En la Convención Nacional Popular (CNP) que convocaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, diversas organizaciones acordaron acciones unitarias de lucha en fechas simbólicas como el 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera; el primero de mayo, Día del Trabajo y el 26 de septiembre, cuando agentes del Estado atacaron de forma indiscriminada y violenta a estudiantes y civiles en Iguala.
Vía telefónica, el abogado Vidulfo Rosales Sierra informó de dos días de trabajo en mesas temáticas en la Sección Novena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con sede en la Ciudad de México, a la que siguió una marcha del antimonumento de los 43, ubicado en el Paseo de la Reforma, al Hemiciclo a Juárez en la Alameda Central, en la Acción Global por Ayotzinapa, que realizan cada mes.
Los padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, activistas y líderes sociales, realizaron un mitin de denuncia y por la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos.
Mientras en Chilpancingo, unos 60 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero se manifestaron en la glorieta de Banderas en la Acción Global por Ayotzinapa, además en apoyo a los migrantes en Estados Unidos quemaron un monigote del presidente Donald Trump, que ha amenazado con la repatriación masiva de indocumentados.
Desde la Ciudad de México, Rosales Sierra dijo que en la CNP participaron 450 delegados de distintas organizaciones de 21 estados, y se dividió en tres mesas de trabajo.
En una de éstas se diseñó el plan único de lucha, con fechas y planes de acción en dos niveles: el primero, confirma que la CNP hace suyo los días 26 se septiembre como Acciones Globales por Ayotzinapa para exigir la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural (Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa), y deja en los padres de los estudiantes la modalidad de las protestas.
Acordaron acciones unitarias de protestas el 18 de marzo, el 10 de abril (aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata), el 1 de mayo y el 26 de septiembre.
En la mesa de diagnóstico de la situación del país, aclaró que el panorama es sombrío, dada la política que privilegia a los ricos, sobre el bienestar de la población en general, ejemplificaron con el caso de las mineras extendidas por todo el país, sin que el gobierno repare en los graves impactos sociales y ambientales que las industrias extractivas provocan.
Asimismo, discutieron las reformas estructurales, particularmente la educativa cuya aplicación está afectando al magisterio que defiende la educación pública y es crítico ante el gobierno, así como a la reforma energética que no se traduce en beneficios tangibles a la población, sino en aumento de impuestos y energéticos, como en el costo de las gasolinas, del gas y los productos de la canasta básica.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra denunció que en lugar de beneficios, hay una corrupción desmedida de todo el aparato gubernamental, sin controles internos eficaces para frenar los abusos de funcionarios corruptos.
En el caso paradigmático de Ayotzinapa no hay controles pero sí solapamiento y corrupción, dijo, es la investigación interna en la Procuraduría General de la República contra el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, donde el Estado ha sido incapaz de establecer una responsabilidad a pesar de las graves irregularidades señaladas por los expertos independientes que conocieron de cerca la primera fase del proceso judicial.
Aclaró que no fue posible salir con un nombre concreto y una estructura del referente en esta CNP, pero todos coincidieron en que el movimiento debe tener alcance nacional, multisectorial, que  integre a grandes y pequeñas organizaciones o colectivos, incluso a quienes se sumen de manera individual.
El perfil del movimiento es anticapitalista, antiimperialista, que busca un nuevo sistema de gobierno y una nueva Constitución, y la Asamblea Nacional Popular, que se celebra cada mes en Ayotzinapa, se privilegiará como instancia que aglutine a las demás organizaciones.

Se manifiestan integrantes de la Dirección Colectiva  en Chilpancingo

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles,  Estudiantiles y Sindicales del Estado se manifestaron en la capital para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que ayer cumplieron 29 meses desaparecidos.
Señalaron la falta de voluntad de la federación para resolver la desaparición de los normalistas y el descrédito internacional que han provocado las irregularidades en la investigación.
Además, protestaron contra las reformas estructurales, que insistieron, son antireformas porque retroceden los derechos ganados desde la Revolución, se pronunciaron contra las autoridades de los tres órdenes de gobierno por problemas graves sin solución, como la recolección de basura en Chilpancingo, donde el basurero municipal se desbordó.
También, respaldaron al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, quien según una declaración del fiscal general Javier Olea Peláez, tiene una orden de aprehensión por un delito grave.

Venta de drogas en las escuelas y universidades, advierten

El maestro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Belester Herrera Rojas demandó a sus compañeros de todas los planteles de educación pública, al menos desde secundaria, que dejen de ser burócratas y salven a sus alumnos de las drogas.
En varias acciones, el docente que también fue integrante del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo de los Pueblos (FUSDEG) en la comunidad de Petaquillas, en Chilpancingo, ha denunciado que en todos los planteles, al menos desde secundaria, bachilleratos y universidades de Chilpancingo, hay venta de drogas y ninguna autoridad hace algo para erradicar este mal; sólo simulan en la atención de un problema de graves consecuencias.
Ayer, llamó a sus compañeros docentes a acompañar a los estudiantes más allá del aula, para rescatar a varias generaciones. Señaló que los homicidios relacionados con la delincuencia organizada de los últimos años, “nos están arrebatando a nuestra juventud”.
Cuestionó la presencia de una patrulla de policías estatales que observaron  a poca distancia el mitin, y les exigió a los agentes que informen a sus superiores lo que realmente está sucediendo en las calles, sin embargo, aclaró que la inteligencia del Estado se usa para criminalizar a quienes los confrontan con la verdad, como el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.
La actividad concluyó con la quema de un monigote del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en protesta por la acción del gobernador Héctor Astudillo Flores, que ordenó el retiro de la publicidad de camiones del transporte público en Acapulco, alusiva al presidente de EUA y a su política antimigrante, colocada por un grupo de empresarios.
Los manifestantes apalearon la figura, y después fue quemado frente al antimonumento, una placa con el número 43 colocado en la glorieta de Bandera, frente al Auditorio General del Estado.
La próxima reunión de seguimiento a las investigaciones de los ataques, homicidios y desaparición forzada en Iguala, de padres con funcionarios de la Procuraduría General de la Republica (PGR), será el 9 de marzo, en la Ciudad de México.

 

Desconoce cuál es el “delito grave” del que lo acusan, responde Chávez Adame al fiscal

 

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame declaró que desconoce cuál es “el delio grave” por el que lo acusan, como señaló el fiscal general del estado Javier Olea Peláez, y quizá se trate de otra averiguación previa en su contra.
Agregó que el único indicio de delito y motivo de que le giraron una orden de aprehensión fue por descubrir e ingresar en un almacén del DIF estatal que escondía despensas para damnificados, y que posteriormente serían utilizados con fines proselitistas.
Después de que le giraron orden de aprehensión, con apoyo de abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó un amparo al Juzgado de Primero Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, el cuál le concedieron.
El martes, el fiscal declaró que no se giró una orden de aprehensión contra el dirigen por irrumpir en el almacén del DIF estatal en 2014, sino por un “delito grave” del que no especificó.
Consultado vía telefónica, Chávez Adame dijo que sus compañeros de las organizaciones que están aglutinadas en la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, investigaron y extraoficialmente les informaron que la orden fue por lo sucedido en 2014.
“Nosotros no tenemos conocimiento de otro tipo, vi la nota (que se publicó de la declaración del fiscal), lo que deja entrever es que él tampoco sabe o se hace, o a lo mejor ellos ya maniobraron, porque tienen el poder de fabricarme otro delito por otra, una averiguación previa que hayan abierto. Yo ando ahorita con mi amparo, yo le hablé al compañero Vidulfo (Rosales Sierra, abogado de Tachinollan) el día de ayer y me dijo que como abogados iban a investigar, le iban a informar de qué se le acusaba”, expuso.
Declaró que es extraña la respuesta del fiscal Olea Peláez cuando dice que lo acusan de un delito grave, y que le parece que se trata de otra orden de aprehensión.
Aseguró que esta declaración obedece a una indicación del gobernador Héctor Astudillo Flores.

No se menciona la investigación que hizo Tomás Zerón sin el MP en la nueva resolución de la PGR

En las 18 irregularidades que hubo en las diligencias del río San Juan, en Cocula, se señala que el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “realizó actos de investigación” en el lugar “sin encontrarse bajo la conducción del Ministerio Público”, pero en la Nueva Resolución que elaboró la titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), Adriana Campos López, y que se entregó el jueves a los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, no hay ni una mención al respecto.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y representante legal de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra difundió en su cuenta personal de Facebook un cuadro comparativo de las irregularidades encontradas en las diligencias del río San Juan, en donde según la PGR fueron arrojados los restos de los jóvenes luego de ser asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Según Rosales Sierra, la resolución de la investigación interna del caso Ayotzinapa en la que se da cuenta de las irregularidades, fue filtrada a medios de comunicación “y hace trizas toda base de las investigaciones del basurero de Cocula y el río San Juan, mientras la nueva resolución dada a conocer a los padres de los 43 minimiza la gravedad de las irregularidades”.
La primera irregularidad es que la retención de siete personas dentro de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014, incluyendo la de Agustín García Reyes, El Chereje, miembro del grupo criminal Guerrero Unidos, “se realizaron de manera ilegal y arbitraria” y en la Nueva Resolución se afirma “con énfasis” que las detenciones y retenciones fueron legales.
La segunda es que el certificado médico de García Reyes fue irregular y ahora se le atribuye al Ministerio Público la falla.
La tercera indica que no se glosó a la averiguación el oficio con que cesó la custodia de García Reyes “con lo cual se permitió su ilegal sustracción e ilegal entrega” a Zerón de Lucio “sin causa legal que lo justificara”, esta irregularidad también se le atribuye al Ministerio Público.
La cuarta es que García Reyes fue entregado a Zerón de Lucio sin causa legal que lo justificara, en la Nueva Resolución se le atribuye esta irregularidad al fiscal José García Valentín.
En la quinta se da cuenta de la visita de Zerón de Lucio al río San Juan el 28 de octubre de 2014, pero en la Nueva Resolución no hay una mención al respecto, aunque se señala que era responsabilidad del entonces titular de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la SEIDO, Abraham Eslava, estar en la investigación del ex director de la Agencia de Investigación Criminal.
La sexta indica que se vulneró el derecho a la defensa en perjuicio de García Reyes, ya que fue trasladado al río San Juan sin la presencia y asistencia de su defensor en actos de investigación, pero en la Nueva Resolución no se dice nada al respecto y por lo tanto no se considera una irregularidad.
También se señala que hay indicios de que García Reyes fue torturado y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se asentaron horas contradictorias en la reconstrucción de los hechos del 29 de octubre de 2014 y que falta el informe de la intervención policial en el río San Juan.
Otras irregularidades son la ausencia de constancias que acrediten el hallazgo de las cuatro bolsas de plástico que se mencionan en el video que dio a conocer la Agencia de Investigación Criminal, y que hubo manipulación dolosa para hacer sugerir de manera falsa que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos atestiguó las diligencias.
En 6 de las 18 irregularidades, la Nueva Resolución no hizo ningún pronunciamiento, tres se le atribuyeron al Ministerio Público, dos a los peritos la que indica que no se formalizaron las actuaciones del 28 de octubre de 2014, se le atribuye a Abraham Eslava (sin mención de derecho a la verdad).
Mientras que en el caso de la irregularidad que señala que no hay constancia legal de que se haya ordenado específicamente dejar bajo resguardo la zona del río San Juan, cuando terminaron los trabajos del 28 de octubre, se sostiene lo contrario con base en entrevistas donde testigos afirman que Zerón de Lucio ordenó el resguardo, aunque no hay evidencia documental y pese a que al inicio de la diligencia el 29 de octubre no se rompieron los sellos ni se recibió el lugar de sus custodios.
La responsabilidad administrativa de las irregularidades recae en Zerón de Lucio, en la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) Blanca Alicia Bernal, el fiscal de la UEIDMS Jorge García Valentín, el titular de la Unidad Especializada de Investigación de Asalto y Robo a Vehículos Abraham Eslava Arvizu, el integrante de la Policía Federal Ministerial Jaime David Díaz Serralde, la perita en fotografía Eva Hernández Moreno y los peritos en Medicina y Antropología Mauricio Cerón y Patricia Gómez Ramírez.
La PGR informó el jueves que ya inició los procesos correspondientes en contra de los responsables de las irregularidades, pese a que los padres de los 43 normalistas desaparecidos pidieron que a Zerón de Lucio se le iniciara un proceso penal.

Reanudan hoy el diálogo con la PGR, informan los padres de los 43 normalistas

 

A seis meses de que se rompió el diálogo, hoy los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos reanudarán la comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno federal, para conocer los avances de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como las irregularidades en el proceso señaladas por expertos independientes.
En consulta telefónica el vocero Felipe de la Cruz informó que en esta reunión esperan a integrantes del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México.
Antes el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que para esta mesa exigieron los resultados de la investigación interna sobre el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no obstante la investigación que lleva a cuestas por obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Dijo que solicitaron información de la consignación pendiente de los policías de Huitzuco que detuvieron a un grupo de los 43 normalistas desaparecidos frente al Tribunal Superior de Justicia, así como de dos policías federales identificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que estuvieron en el lugar y permitieron las atrocidades cometidas contra los estudiantes.
Además las acciones de búsqueda de los normalistas, como las líneas de investigación relacionadas al trasiego de droga en Iguala y del quinto camión, probablemente cargado de droga o dinero, según la tesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que permitiría entender el nivel de violencia y coordinación de distintas corporaciones policiacas con la delincuencia organizada en la agresión a los normalistas y otros ciudadanos.
El 18 de agosto de 2016 los padres de los estudiantes desaparecidos abandonaron la mesa con la PGR, porque los funcionarios estaban dando largas a la presentación de resultados de la investigación interna contra Zerón de Lucio por la manipulación de evidencia que reveló el GIEI desde finales de abril, del mismo año.
En su informe final como coadyuvante de la investigación, el GIEI mostró una videograbación extraoficial tomada en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde se observa a Zerón con peritos de la PGR recogiendo materiales muy parecidos a la evidencia que presentaron al siguiente día con fragmentos de huesos humanos, que permitieron la identificación positiva de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.
Sin embargo Zerón sólo documentó la operación del 29 de octubre que también realizó a espaldas de los expertos y peritos independientes, representantes de los familiares. A la fecha no hay certeza del lugar del que se sacaron esos restos humanos.
Felipe de la Cruz informó que después de la reunión en la PGR, el sábado 11 de febrero los padres de familia comenzarán otra caravana en dos rutas, al norte y al sur del país para convocar a la Asamblea Nacional de los Indignados, que será el 25 y 26 de febrero en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.
Al norte tendrán actividades en Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara y Michoacán, y en el sur en Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Oaxaca, Huamantla (población) y Tlaxcala (capital) así como en Cuernavaca y Amilcingo, Morelos, del 13 al 17 de febrero.

Veía de niño en su casa una foto donde están su abuelo y su papá con Genaro Vázquez y su estado mayor

Vidulfo Rosales Sierra

Primera Parte

En un resquicio de la Universidad Autónoma de Guerrero como referente de izquierda, se formó el defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra, motivado por la militancia de su abuelo y de su papá, Martín y Liborio Rosales, en la guerrilla del comandante Genaro Vázquez Rojas.
Con 40 años, el representante legal del movimiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa ha conocido y formado parte de los principales procesos de la lucha en Guerrero, aun en su natal Totomixtlahuaca, comunidad me’phaa del municipio rural de Tlacoapa, sin carretera ni luz eléctrica hasta hace una década.
Toda su vida ha ido a contracorriente, y no pierde la sonrisa entre anécdotas y recuerdos que comparte para El Sur. Habla con soltura y confianza de lo vivido.
De su infancia en Totomixtlahuaca, Rosales Sierra rememoró las conversaciones en la casa materna, alrededor de dos viejas fotografías de su abuelo y su papá (aún niño) junto el estado mayor de Genaro Vázquez, y el líder guerrillero, a quienes su familia entregaba víveres. La foto fue tomada en el campamento José María Morelos y Pavón, de Tierra Colorada.
“Mi papá que era joven, contaba que de 13 o 14 años lo mandaba mi abuelito: están unos señores en tal punto, en la sierra, les vas a ir a dejar la comida, a menudo miraba a un hombre, un señor con un M1 (fusil), no lo sabía, se trataba de Genaro”.
En esta tradición oral, también supo de la lucha del líder magisterial Othón Salazar y los comunistas de La Montaña, en la que participó Vidulfo muy pequeño, en marchas y mítines en Tlapa con su familia.
El hombre que mantiene desde entonces una firme posición de izquierda, recordó que incursionó al activismo en la preparatoria 11 de Tlapa, donde estudio el bachillerato, fue más comprometido como residente de una casa de estudiante de la UAG en Chilpancingo, en las bases de apoyo. Otros llevaban los liderazgos.
Fue activo en las marchas y manifestaciones de las organizaciones, hasta la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en el primer aniversario de la masacre del vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez.
Ahí, compartió la sorpresa y temor con la mayor parte de los asistentes por la aparición de dos columnas de encapuchados armados, y esa misma tarde, en la efervescencia del momento, coreó con otros las siglas del nuevo grupo revolucionario, en el puerto de Acapulco, como hacían los simpatizantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas. Tarde comprendió que Guerrero era distinto, no había acuerdo de paz, ni mesa de diálogo y concertación.
La represión que siguió a este evento lo distanció de las movilizaciones y se integró a la ya desaparecida Federación Estudiantil Universitaria de Guerrero (FEUG), que protestaba por el alza de precio del transporte público, si la comida del comedor universitario era peor a lo acostumbrado, por las fechas conmemorativas o en alianza con las corrientes políticas de la universidad, que en aquellas fechas perdieron el control de la universidad con la llegada de primeros rectores priistas: Gabino Olea Campos y Hugo Vázquez Mendoza.
Su ruta cambió cuando el luchador social Manuel Olivares lo invitó al Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Chilapa, y pronto se vinculó al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Tlapa (más cerca de la familia), en el que es responsable del área jurídica. Al tiempo, los casos lo devolvieron al activismo político.

Abogado me’phaa

Vidulfo Rosales se reivindica como me’phaa, no obstante que su boca, nariz y cabello negro como semilla de comino son rasgos africanos.
En la entrevista que tuvo lugar en la redacción de El Sur en Chilpancingo, explicó que su abuela paterna es afrodescendiente de Marquelia, su familia se asentó en Totomixtlahuaca porque la fertilidad de la tierra y el clima templado permite el cultivo de varios productos de la montaña y casi todo lo que se cosecha en Costa Chica.
No es formal, pero los pueblos llaman a esta región Costa Chica-Montaña, aunque tiene pueblos de diferentes zonas económicas de la geografía estatal. Ahí se instaló la guerrilla de Genaro Vázquez, y 20 años después, surgió la Policía Comunitaria.
Se asentaron los padres de su abuela materna, nahuas de Puebla, conocidos como pastores, porque se arrendaban por familias para llevar chivos o borregos de Puebla a la Costa Chica de Guerrero, bajando por Tlapa, y de regreso, por la pastura. A cada familia se le asignaba un trozo de chivos (mil cabras) para realizar, ida y vuelta, la travesía durante un año.
Conocedor de su origen, explicó que la crisis de la industria textil en México dejó sin valor el cultivo de algodón, los hacendados optaron por la crianza de cabras y borregos. Con la revolución de 1910, los españoles fueron expulsados de La Montaña y muchas familias nahuas y amestizadas de Puebla se quedaron en Guerrero, hicieron sus propias comunidades o se avecindaron en pueblos ya constituidos.
Las familias de sus abuelas llegaron a Totomixtlahuaca, ayuntamiento del antiguo reino Mixteco-Tlapaneco de Tlachinollan, que se extendía a Xochihuehuetlán, Azoyú y Ometepec, un pueblo doblemente saqueado por la conquista de los mexicas y la invasión española, esta última casi lo llevó a la extinción, por las epidemias.
“Soy el mayor de ocho hermanos, seis hombres y dos mujeres, crecí con todas las costumbres, el trabajo comunal, fiestas tradicionales me’phaa (tlapaneco). Nos tocó (a la familia) estar jodidos, lo más cercano a la urbanización era San Luis Acatlán, caminando como a 10 horas, y a Tlapa unas 18 horas (en tiempo de secas). Los abuelos iban por la sal y provisiones a la Costa, por algún trámite de la Promotoría Agraria a Tlapa, a pie o en mula, eran tres o cuatro días de camino.
Nació en 1976. Cuando tomó conciencia de su entorno se interesó en saber quiénes eran los hombres armados de las fotografías que estaban en casa, con su abuelo, su papá (adolescente) y Genaro Vázquez; conoció en el seno familiar buena parte de la lucha magisterial y electoral de Othón Salazar Ramírez: que estuvo en la cárcel, encabezó el Partido Comunista en La Montaña y ganó una elección para constituir el primer municipio gobernado por la izquierda en el país, Alcozauca, Guerrero.
El Partido Comunista hizo contacto con su papá en Totomixtlahuaca, y en 1988 fue promotor del voto por Cuauhtémoc Cárdenas como candidato del Frente Democrático Nacional (integrado por casi todos los partidos de izquierda) en la elección presidencial. “Ahí mi papá habla de la izquierda, del movimiento universitario y va influyendo en nuestro pensamiento”.
Vidulfo Rosales terminó la secundaria en la tercera generación de la técnica 130 Adolfo López Mateos de su comunidad. Sus padres lo llevaron a casa de uno de sus parientes pastores, asentado en Tlapa, que tenía un tendajón parecido a las antiguas tiendas de raya, para que continuara la preparatoria.
Llegó como otro integrante de la casa y estaba obligado a trabajar al mismo ritmo que el jefe de familia. Se levantaba a las 4 de la madrugada a atender los pollos de la granja, a arreglar y llevar la mercancía a donde se requería, a las 3 de la tarde salía con prisa a clases, y de vuelta a casa, seguía la jornada hasta las 12 de la noche, sin sueldo.
Al terminar el bachillerato quiso ir a Estados Unidos, como muchos de los jóvenes de su edad, pero su papá opinaba que sólo con estudios sus hijos saldrían adelante.
En Tlapa, conoció a líderes estudiantiles que lo ayudaron a instalarse en una casa de estudiantes de la UAG para seguir estudiando en Chilpancingo, con ello tenía acceso directo al comedor universitario.
Indicó que su llegada a la capital coincidió con el reflujo de la izquierda por la caída de la Unión Soviética, las casas de estudiantes de la UAG continuaron formando cuadros algunos años más, mientras la mayor parte de la izquierda del país se agazapaba frente a la campaña del fin del socialismo.
Consideró la disciplina para la formación de cuadros en las casas de estudiantes: se sancionaba a quien llevara alcohol o compañeras a las instalaciones (las mujeres sólo podían llegar a la biblioteca). Entre sus mentores, mencionó al fallecido Renato Ravelo, el filósofo Camilo Valqui Cahi, el universitario y ex guerrillero, Arturo Miranda. De las organizaciones, destacó el temple de luchador social Arturo Hernández Cardona, asesinado hace tres años, por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ahora en prisión por los ataques y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre 2014.
Recordó que con otros estudiantes fue con Hernández Cardona a visitar a presos políticos y el director de la cárcel le dijo que no podían pasar todos, el dirigente le respondió que todos quería ver a sus compañeros presos políticos; el funcionario replicó que ahí no había presos políticos, sólo delincuentes, y comenzó una discusión que les enseñó a no doblegarse ante las autoridades.
Después, su formación fue principalmente en el campo laboral, en los procesos que acompaña en Talchinollan, algunos cursos de Naciones Unidas, foros internacionales y seminarios. Destacó uno de resolución de conflictos en Estocolmo, Suecia, y una especialidad en la America University, en Washintong DC, sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la oportunidad de llevar los casos de Guerrero a otros espacios formales.
Recordó que recién creado el consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que sustituyó al Consejo Económico y Social, tuvo la oportunidad de presentar el caso Guerrero en el examen periódico universal que se estableció para todos los países que integran la ONU.
En esta evaluación se otorga 45 minutos para la sociedad civil de cada país, “y nos repartimos todos los activistas dos minutos cada quien, ¡imagínate!, fui a Ginebra a echarme un rollo de dos minutos”, dijo con humor de las vicisitudes de la vida.