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Piden que rindan cuentas las autoridades a cargo del saneamiento del río Atoyac

Ramón Gracida Gómez

El promotor del rescate del río Atoyac, Arturo García Jiménez, exigió que rindan cuentas las instituciones incluidas en la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2019, para su saneamiento, porque se han gastado 130 millones 968 mil 20 pesos y no se ven los resultados.
Un estudio reciente de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) revela, con base en distintos muestreos, que el agua del río Atoyac “no se considera apta como fuente de abastecimiento de agua potable, riego agrícola o protección de la vida acuática” por la presencia de compuestos nitrogenados en la cuenca baja, así como la presencia de los elementos cadmio y mercurio, lo que “puede constituir un problema para la salud pública”.
El integrante del colectivo Salvemos el Río Atoyac, un esfuerzo que ha sido replicado en Acapulco y Xochistlahuaca, rememoró por teléfono que el rescate del río de este municipio de Costa Grande empezó hace 24 años, por la descarga de las aguas residuales y de basura.
La recomendación de la CNDH sobre el río Atoyac en 2019, promovida principalmente por el colectivo Guerrero es Primero, pide a los tres órdenes de gobierno aplicar un programa de restauración del río, “donde consideren los temas de abatir las descargas de aguas negras, el manejo de tóxicos y aparte el manejo de los residuos sólidos”.
Sin embargo, lamentó García Jiménez, desde aquel año “no pasó mucho, porque en 2020 fue la pandemia y los funcionarios municipales se escudaron que no había forma de hacer nada. A partir del 21 empezamos a presionar para que se hicieran cosas”.
Precisó que en el marco de la recomendación se han invertido 130 millones 968 mil 20 pesos, de los cuales, 45 millones 140 mil fueron destinados al encauzamiento de aguas negras y la laguna de oxidación en El Paraíso, pero “no se encauzó el agua negra del total proyectado. Yo creo que cuando mucho la cuarta parte de la población capta sus aguas negras, porque vimos que los tubos conductores no conducen la mayor parte de casas”.
También fueron insuficientes las obras de encauzamiento y laguna de oxidación en El Ticuí, que costaron 30 millones de pesos.
Otros 43 millones 543 mil 28 pesos costaron distintas obras, entre ellas, el encauzamiento del arroyo Cohetero, de Atoyac, pero “cuando lo recorrimos no vimos ninguna obra nueva, no hay conducción de aguas negras, si acaso se enderezaron algunos tubos que ya estaban sumidos. Ya no tenían el nivel, pero no vemos que haya un conducción”.
Además, 12 millones 285 mil pesos fueron invertidos para la rehabilitación de planta tratadora de San Jerónimo, una nueva laguna de oxidación, porque la anterior “era una simple alberca, un tanque de agua” que se desparramaba hacia las huertas vecinas; sin embargo, todavía no hay tratamiento de agua.
García Jiménez obtuvo estas cifras por su propia investigación, pues los funcionarios de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no rindieron cuentas, aunque hicieron un recorrido en noviembre de 2023 para validar las obras.
“Nunca se dijo si estaban funcionando, nunca se dijo con qué tecnología, qué capacidad instaladas, mucho menos qué montos. Verificaron físicamente que ahí estaban las obras y a partir de ahí dijeron que ya estaban entregadas”.
Indicó que la recomendación de la CNDH señala que la Conagua debe monitorear la calidad de agua, pero “hasta hoy no hemos tenido ningún reporte”, por lo que en la reunión que tendrá con el director del organismo la siguiente semana, va a plantear este problema, aprovechando el anuncio reciente del plan nacional hídrico.
La recomendación tampoco se ha cumplido por la falta de manejo de residuos sólidos, no hay relleno sanitario y la basura es descargada por los camiones en un terreno en el camino hacia San Martín.

Estudio de la UAG

García Jiménez compartió el artículo Calidad del agua superficial en la cuenca del río Atoyac, escrito por académicos del Centro de Ciencias de Desarrollo Regional de la UAG y del Instituto de Ecología (Inecol) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), que será publicado el año siguiente en la revista Tecnología y Ciencias del Agua, editada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Tecnología y Ciencias del Agua.
El artículo, que también puede ser consultado en la página de internet del instituto desde julio pasado, revela los resultados de nueve sitios de muestreo, para analizar 11 parámetros fisicoquímicos y ocho metales pesados, en seis momentos diferentes que abarcaron épocas de lluvia y estiaje.
Concluye que el agua en la cuenca alta, media y baja de Atoyac, “no se considera apta como fuente de abastecimiento de agua potable, riego agrícola o protección de la vida acuática”.
Precisa que “la cuenca baja del río Atoyac Guerrero, se encuentra contaminada por la presencia de Cd (cadmio) y Hg (mercurio), lo cual puede constituir un problema para la salud pública, debido a su toxicidad”.

 

Denuncia Nicolás Chávez en la Codehum que el gobierno lo sigue hostigando

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien les informó que pudo dialogar con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sobre el encarcelamiento de Patricio Margarito Rivera, preso tras la acusación de que invadió su terreno.
Además, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó al ombudsman que le hicieron un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito para pedirle que informe sobre el trabajo comunitario que hizo en 2009.
A la reunión acudieron también damnificados de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel reubicados en El Mirador, y con trabajadoras de Prospera que fueron despedidas injustificadamente.
En la reunión pública, Navarrete Magdaleno dijo que habló con el secretario general de Gobierno, que hay disposición de diálogo y que se van a buscar mecanismos para darle una solución fuera del ámbito judicial, además de que el diálogo quedó abierto. Sin embargo, dijo que no daría información, porque no era todavía prudente, pero aseguró que hay avances importantes.
El presidente de la Comisión señaló que también tratarán el asunto de la retención de salarios, desde diciembre, de Chávez Adame y de Simón Tavira, con el objetivo de que sigan siendo considerados como trabajadores de la Educación; advirtió que no es fácil, pero seguirán con el diálogo.
Sobre los nueve trabajadores despedidos de Prospera, acordaron que se buscará el diálogo con el coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, para conocer de los avances de la queja que interpusieron.
Del caso de damnificados de El Mirador, Navarrete Magdaleno dijo que buscará dialogar con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque no le compete porque es del ámbito federal, pero que lo hará para ver la forma en cómo darle cauce a los problemas que persisten en el fraccionamiento, luego de que los vecinos han denunciado cuarteaduras y filtraciones de agua en sus casas.
Chávez Adame comentó de un nuevo requerimiento que le han hecho, luego de que el 14 de febrero comunicó que le giraron orden de aprehensión acusándolo de motín.
“Está el hostigamiento hacia mi persona, ya que el día 22 de febrero se me hace un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito, que en ese entonces, según el (gobierno del) estado por un acto que yo cometí, que es perteneciente a la lucha social, mi sentencia fue proponerme hacer trabajos a la comunidad, precisamente en el año 2009, cuando el presidente municipal era Héctor Astudillo Flores, yo hice mi trabajo a la comunidad con un acuerdo, y ahora se me requiere que si yo no compruebo en tiempo y forma esto, seré juzgado nuevamente por el gobierno federal”, explicó.

Dan la Codehum y la Ssa seguimiento a dos recomendaciones tras negligencias: ombudsman

 

La Secretaría de Salud (Ssa) y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) trabajan en el seguimiento de dos recomendaciones, una sobre la muerte por negligencia de un niño en Atoyac, y otra en el Hospital General de Coyuca de Benítez, de la muerte de un bebé antes de nacer.
Consultado telefónicamente, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno detalló que las mesas de trabajo se instalaron el martes, y que están a cargo de la secretaria ejecutiva del organismo, Mónica Castro Contreras.
Contó que la Ssa y la Codehum firmaron un convenio de colaboración para echar a andar un mecanismo que permita abatir las violaciones a los derechos humanos en el sector Salud.
Refirió que en la última mesa que se instaló trabajaron en dos recomendaciones, una es del expediente de la muerte de un niño a causa de una negligencia médica, en el Hospital General Juventino Rodríguez García de Atoyac, que llegó con un dolor estomacal y fue atendido por una pediatra, el año pasado.
Según el expediente, el abdomen del niño comenzó a hincharse, y lo trasladaron al Hospital General de Acapulco en Renacimiento, donde no lo recibieron porque no había camas. De ahí lo trasladaron al Hospital General Vicente Guerrero, donde murió al llegar, contó el ombudsman.
El segundo caso es la muerte de un bebé antes de nacer, “el 17 de enero de 2015; inició siendo atendida (la madre) en Coyuca de Benítez, y también por su complicación se trasladó a Acapulco para su intervención en el Hospital General, fue ingresada al quirófano, se le practicó la cesárea, pero ya había fallecido el producto, antes de ser ingresada a ese hospital”, relató.
En ambos caso se emitieron recomendaciones y se instalaron las reuniones de carácter conciliatorio y para la reparación del daño.
Explicó que, “como son recomendaciones de hechos que sucedieron en el gobierno anterior, lo que hacemos primero es que este gobierno las acepte de manera institucional… y además se comprometa a la reparación del daño”.
Navarrete Magdaleno abundó que la reparación del daño, esencialmente cuando fallece una persona, se trata en lo económico, porque no cumple con una reparación del daño eficaz, sino que resarce “un poco” el daño causado. Dijo que, además, se recomienda a la institución dar cursos sobre respeto a los derechos humanos, e integrar expedientes para concluir con la responsabilidad que resulte de los sectores involucrados en los hechos.
Sostuvo que estas recomendaciones quedan en manos de médicos especialistas que puedan dictar exámenes periciales que permitan conocer, de manera técnica, si los médicos se sujetaron a los protocolos de atención para el tratamiento del padecimiento, o hicieron caso omiso de algún protocolo, causando la muerte del paciente.
“Acabamos de firmar un convenio con la Comisión de Arbitraje Médico, para que nos hagan ellos también los exámenes periciales, pero son asuntos complejos, incluso pedimos la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que sus médicos… (revisen) los expedientes para que los médicos especialistas en diferentes temas puedan emitir un dictamen” en la Ciudad de México, detalló.
El ombudsman agregó que, “encontramos en la Secretaria de Salud problemas complejos no actuales, sino que se ha venido arrastrando de muchos años… En el caso del Seguro Popular, por supuesto que esto impacta, en los servicios hace más complejo el beneficio que tiene que dar”.
Sin embargo, aseguró que la Ssa, a pesar de las complicaciones ha estado al pendiente de las recomendaciones y de la reparación del daño.

 

Desde agosto dejó el gobierno estatal de dar seguimiento a la comisión para la Ley 701

 

Desde agosto, el gobierno estatal dejó de darle seguimiento a los trabajos de la Comisión Coordinadora que se encargaría de diseñar proyectos de reforma a la legislación local para regular el sistema de justicia comunitario, denunció el coordinador del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Ramiro Morales Hernández.
Morales Hernández, también coordinador de la comisión, dijo que los universitarios hicieron un proyecto de foros de consulta, pero el gobierno estatal no informó si aprobó o no su propuesta, por lo que no hay avance.
Consultado vía telefónica, precisó que el deber de la UAG es asesorar y presentar propuestas al gobierno estatal sobre la reforma a la legislación local para regular el sistema de justicia comunitario, pero no realizar las actividades que no hayan sido aprobadas por el ejecutivo y tampoco puede intervenir “si alguna de las partes” involucradas no lo solicita.
Dijo que la última vez que los universitarios se reunieron con el gobierno estatal para discutir sobre los trabajos que harían de manera conjunta fue, “en julio o agosto, algo así”, aunque no precisó fecha precisa.
También expuso que los universitarios están en la mayor disposición para colaborar con el gobierno estatal cuando así lo desee para darle continuidad a los trabajos de la Comisión Coordinadora; aunque consideró que, si no hay avances es porque las autoridades “seguramente” han tenido otras actividades que atender, como la presentación del primer informe de labores del gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Este martes, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán denunció que la Comisión Coordinadora que se creó para analizar y elaborar el proyecto de la reforma de la Ley 701, no ha sido llamada a ninguna actividad.
El pasado 6 de abril, el rector Javier Saldaña Almazán y el gobernador Astudillo Flores firmaron el convenio de colaboración interinstitucional para dar cumplimiento a la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esta recomendación está dirigida al gobernador de Guerrero, al fiscal general, al Congreso del estado y al Ayuntamiento de Olinalá, por violaciones a los derechos humanos de siete miembros de la Policía Comunitaria y 12 personas detenidas por la CRAC.
Lo que se propone en el convenio es “analizar la pertinencia de presentar las iniciativas de reforma al artículo 14 de la Constitución Política estatal, a través de un ejercicio de derecho a la consulta, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas que componen el Sistema de Justicia Comunitario y que sea compatible con el sistema internacional de derechos humanos”.
Por parte de la UAG, los integrantes de la Comisión Coordinadora son el maestro de la Unidad Académica de Derecho, Ángel Ascencio Romero; la maestra e investigadora de la Unidad Académica de Ciencias de Desarrollo Regional, Dulce María Quintero Romero; el historiador y director de la Unidad Académica de Filosofía y Letras, Jaime Salazar Adame; y el coordinador del campus Montaña de la UAG, Jaime García Leyva.
Además los maestros e investigadores de la Unidad Académica de Derecho, José Gilberto Garza Grimaldo y Medardo Reyes Salinas, y el maestro e investigador de la Unidad Académica de Antropología Social, Ramiro Arroyo Sepúlveda. Por parte del gobierno estatal, se desconoce quiénes colaboran en la Comisión Coordinadora.

 

En encuentro en Ometepec, piden afromexicanos que el gobierno los reconozca en la Constitución

En el décimo sséptimo encuentro de pueblos negros que se llevó a cabo en la comunidad de Vista Hermosa, Ometepec, los afrodescendientes llamaron al gobierno mexicano a reconocer en la Constitución a la negritud como la tercera raíz del país, y denunciaron la segregación de las comunidades negras.
La reunión de los pueblos negros, descendientes de los esclavos que llegaron de África a la Nueva España, hoy México, inició al medio día de ayer, con una caminata de danzantes. El contingente, de unas mil personas partió de la comunidad de San Isidro a la comunidad de Vista Hermosa, Ometepec.
Según la encuesta intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay un millón 381 mil 853 habitantes que se auto adscriben como afrodescendiente, que representan el 1.2 por ciento de la población nacional, de los que 229 mil 514 viven en Guerrero, el 6.5 por ciento de la población del estado, aunque los propios organizadores del encuentro indicaron que podrían haber más de 10 millones de afromexicanos, y al menos medio millón habitando en las costas de Guerrero.
Al son de la charrasca, el violín, la artesa y la música de viento, bailaron Los Apaches, atrás La Minga, y el Diablo mayor que brincaban al tiempo que el músico golpeaba la quijada de un burro. El toro de petate y su terrón, La Tortuga, y una nutrida algarabía en los alrededores.
En el contingente mujeres afromestizas caminaban vestidas de floreados atuendos y blusas con bordado de chaquira y huipiles amuzgos. También venían danzantes de Veracruz y de Oaxaca.
El encuentro juntó a ediles de los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, además de representantes de organizaciones de defensa de los derechos de los pueblos negros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU), y representantes de los gobiernos federal, y de los estado de Oaxaca y Guerrero.
Durante el acto inaugural del encuentro, que culmina hoy, la integrante de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, Rosa María Castro Salinas recordó que en 1997, la organización México Negro, impulsada por el padre Glyn Jemmott Nelson, originario de Trinidad y Tobago, organizó el primer encuentro para visibilizar los pueblos negros.
“La lucha tiene que seguir hasta conseguir el reconocimiento Constitucional de los pueblos negros de México, ya no sólo los de Guerrero o de Oaxaca, sino de México, porque en diversos estados hay población afrodescendiente”.
Además de acabar con la desigualdad, y que los pueblos negros tengan acceso a la educación, salud y “todos los derechos que la Constitución política nos otorga, pero que por muchas cuestiones no podemos acceder a ellas”.
En su participación, el alcalde perredista de Ometepec, Omar Estrada Bustos dijo que “los negros no son un espectáculo” y tampoco sólo danza, sino una cultura que puede salir adelante. Reclamó el poco apoyo y valor que el gobierno federal le da a las comunidades afromestizas del país.
Después fue entregado un reconocimiento a sus 25 años de lucha a favor de los derechos de los pueblos afromestizos de México, y principalmente de la costa de Oaxaca, al padre Jemmott Nelson. Los encargados de la entrega fueron los fundadores de la organización México Negro, el padre Fabiano Cisneros y Sergio Peñaloza.
El fundador de México Negro, Sergio Peñaloza, dijo que desde el primer encuentro en 1997, no se ven como una actividad festiva, “somos aquellos que queremos ser reconocidos en la Constitución, si bien hace 20 años era un movimiento de locos, hoy es una realidad”.
Recordó que Guerrero y Oaxaca, en 2013 y 2014, reconocieron en sus constituciones políticas a la comunidades afrodescendientes, pero a nivel federal no se ha adecuado la Constitución. Informó que hay ocho proyectos e iniciativas, y tiene confianza que en 2017 se reconozca a los negros. “Más de 500 años hemos estado excluidos, discriminados, olvidados… No descansaremos hasta lograr el propósito de movimiento afromexicano”.
La directora de Organizaciones no Gubernamentales Internacional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Helen Patricia Peñaloza Martínez manifestó que la decisión del organismo desde el 2015 es de apoyar la lucha de México Negro para que constitucionalmente las comunidades afromexicanas sean reconocidas.

No los atienden en el MP de Coyuca de Benítez, dicen los comerciantes que denunciarían al alcalde


Ayer culminó la demolición de los locales en el Mercado Morelos en Coyuca de Benítez, sin que el presidente municipal, Javier Escobar Parra se acercara a ellos, reclamaron dueños de los locales.
Los comerciantes manifestaron que quienes intentaron levantar una denuncia en el Ministerio Público (MP) de Coyuca de Benítez, no fueron atendidos, lo que calificaron como un acto de corrupción entre los gobiernos estatal y municipal.
En la mañana, un visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) les notificó a los comerciantes que ya se inició la investigación de su queja contra el alcalde.
Los locatarios manifestaron que sus negocios fueron derribados con máquinas retroexcavadoras pese a que aún tenían mercancías dentro, y que algunos de ellos perdieron hasta más de un millón de pesos. La locataria, María Martha Barrera Lagunas, dueña de los locales 51 y 53  dijo que ella fue sola al Ministerio Público pero la ignoraron, no insistió y se retiró, y que prefirió dejarlo así porque, “me han amenazado varias personas de diferentes áreas del Ayuntamiento, amenazándome con armas”.
En visita a las ruinas del mercado, la vendedora se quejó de que intentó levantar una denuncia en el Ministerio Público de Coyuca por el despojo del gobierno municipal, debido a que ellos estaban amparados; sin embargo, la autoridad se negó a atenderla.
La mujer, que vendía pasta de mole rojo y verde, tostadas, chalupas, semillas y otros productos de una tienda de abarrotes, manifestó que estaba lleno de coronas que no vendió en las festividades del Día de Muertos, “ahí quedó todo, aplastadas en medio de todos los escombros”. Calcula que perdió casi 2 millones de pesos, porque su negocio era uno de los más surtidos.
Entre los escombros, algunos locatarios sacaban cortinas de metal que podían reutilizarse o piezas de metal para venderlas como fierro viejo. En la esquina del mercado que colinda con la carretera, vendedores de pollo y pescado ofrecían sus productos.
Por su parte, el comisario ejidal Homero Popoca, recordó que en 2009 entregó una constancia de posesión a los locatarios, “para agilizar sus escrituras,  y están en el Registro Público de la propiedad”. Para ese año, expidió 302 oficios que acreditaban a los dueños legítimos del mercado. Dijo que desconocía con qué argumentos el Ayuntamiento destruyó los locales.
La autoridad comunal criticó que el alcalde Javier Escobar no se acercó a los propietarios de los locales que se negaban a salir, y ahora se quedaron sin patrimonio.
Por su parte el representante legal de los comerciantes del mercado Morelos, Fulgencio Cruz López recordó que dos veces visitaron el Congreso local y diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRD, PT y PRI para que solicitaran una tregua al presidente municipal Javier Escobar, para que no entraran las máquinas desde el miércoles de la semana pasada, pero no ocurrió.
El sábado, el diputado por MC fue al mercado y les dijo a los locatarios que se habían violado los acuerdos que los diputados plantearon  y que hoy martes subiría a tribuna para inconformarse con el alcalde de Coyuca de Benítez.
El comerciante manifestó que, después de que se fue Ricardo Mejía las máquinas llegaron a terminar de destruir el mercado.
El sábado también les cortaron el suministro de energía eléctrica. Ayer, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en una camioneta estacionada a un costado del mercado, terminaban de hacer la reconexión del cableado.
Ante la falta de respuesta de la Codehum, dijo que escalarán su denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Aunque mostró un oficio firmado por el visitador Concepción Bedolla Vega en el que se les notifica que ya inició la admisión de la queja.
Fulgencio Cruz López dijo confiar en que con el acompañamiento de la CNDH y el Congreso local se les regrese ese espacio destruido por el gobierno municipal, para que se levante un nuevo mercado.
Señaló que el gobernador Héctor Astudillo Flores protege al alcalde de Coyuca porque ambos son priístas, “Héctor Astudillo está tapando la gran corrupción desde que estuvo el anterior presidente”.
Los últimos 23 locales, fueron destruidos con el consentimiento de algunos, pero no de la mayoría, lamentó el dirigente de los comerciantes, quien reiteró que el alcalde no se ha acercado a ellos pese a que declaró el miércoles de la semana pasada, que dialogaría con quienes se negaban a salir.
Ya en la tarde, fuentes oficiales reportaron que 70 comerciantes se presentaron en el Ministerio Público de Coyuca de Benítez para denunciar el despojo, además de daños y lesiones a los locatarios el fin de semana, cuando terminaron de destruir el mercado Morelos.

No cumple el gobierno con la CNDH en el caso de la muerte de una mujer por negligencia médica en Copala, denuncian

 

La indígena me’phaa, Ángela García Victoriano denunció ayer en esta capital que el gobierno del estado no ha cumplido con la recomendación del expediente CNDH/4/2014/2327/Q, que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue y sancione a los responsables de la muerte por negligencia médica de su hija de 20 años, Brígida Campos García, en el hospital de Copala.
La mujer, quien apenas habla español, participó ayer en la marcha de la Organización de Pueblos Indígenas Me’Phaa (OPIM) de Ayutla, que se quedó en plantón afuera del Palacio de Gobierno en demanda de la apertura del Centro de Atención a la Mujer Indígena y el albergue que se construyeron en Ayutla.
En septiembre de 2014, la CNDH emitió una recomendación al entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, ante la “inadecuada atención médica y pérdida de la vida” de una mujer me’phaa de 20 años y su bebé de ocho meses de gestación, en el hospital básico de Copala.
La joven Ángela García Victoriano falleció el 21 de marzo de 2014 a causa de negligencia médica en el hospital de Copala; la CNDH emitió una recomendación al gobierno del estado para pedir que se investigue el caso, que se repare el daño y se sancione a los responsables.
Consultada ayer, Garcia Victoriano denunció que el gobierno del estado no ha cumplido esa recomendación, y que dos años después ya nadie le hace caso.
“La mataron como a un perro, y también se murió su bebé. Yo quiero justicia, que se cumpla con la recomendación”, dijo entre sollozos la mujer frente al Palacio de Gobierno.
Recordó que su hija tenía 20 años y su nieto apenas iba a nacer, “pero se murió en urgencias, por eso no me quedo conforme”, dijo.
La mujer informó que el personal médico al que acusa de negligencia, ahora hasta le ha mandado a un abogado para intimidarla.
Desde abril de 2014, la CNDH comenzó una investigación de la muerte de Brígida Campos García y de su bebé de ocho meses de gestación, en el hospital de Copala, ocurrida el 21 de marzo de ese mismo año.
Brígida Campos era originaria de la comunidad de El Potrero, municipio de Ayutla, pero radicaba en Copala.
El 21 de marzo del 2014 con un embarazo de ocho meses entró caminando al hospital de esa cabecera municipal, pero después de una espera de casi cinco horas sin recibir atención murió, según denunció en su momento la madre de Brígida.
“Como madre, me dio coraje, y cuando quise ir a pedir información no me dejaron entrar, después, cuando mi hija murió no me quisieron entregar ni el acta de defunción”, denunció.
Tras del fallecimiento de su hija, personal del hospital en una ambulancia llegó a la casa de Ángela, en donde se encontraba su yerno, Jesús Victoriano Ángel, a quien sacaron y le dijeron que su mujer había ingresado con síntomas de anemia y tuberculosis, y que fueron las causas de su fallecimiento.
El personal médico pretendió que el esposo de la fallecida firmara unas hojas en blanco, pero familiares de Brígida Campos salieron a exigirles que se retiraran.
El reporte oficial de la muerte de la joven madre, elaborado por la médica encargada, Vanessa Analco Ramírez, dictaminó que el fallecimiento fue por “infarto agudo al miocardio e insuficiencia respiratoria aguda”.

Analizan activistas del estado la necesidad de capacitar en derechos humanos a funcionarios

 

Activistas del Colectivo Guerrero es Primero discutieron y analizaron la creación de un instituto para la paz, un centro ciudadano de atención a víctimas, la necesidad de capacitar a los funcionarios en derechos humanos y el impulso de leyes anticorrupción.
A su segundo encuentro, en la Universidad Loyola del Pacífico, asistieron 40 integrantes de organizaciones sociales como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, organizaciones de defensa de derechos humanos, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de organizaciones campesinas, de la Iglesia católica y de las universidades privadas Loyola del Pacífico y Americana de Acapulco.
En la primera mesa de trabajo, se propuso crear un instituto o consejo de paz para construir habilidades e incidir de forma positiva sobre la violencia. La propuesta enviada por el padre Jesús Mendoza brindaría asesoría técnica a los distintos poderes y órdenes de gobierno, al mismo tiempo acompañando y fomentando procesos ciudadanos de participación.

Insisten en la necesidad de transparencia

En la mesa de Pobreza y desigualdad, se discutió la necesidad de que las instituciones sean más transparentes, que en las comunidades existan proyectos de desarrollo sustentable y que sean respetados los derechos humanos de manera integral para el acceso a la tierra, agua, vivienda y a los recursos públicos. Se propone asimismo, la renovación de las políticas públicas con otras perspectivas y rompiendo el actual sistema.
Ahí la ex subprocuradora Eliana García Lagunes propuso la creación de centro ciudadano de atención a víctimas en el estado, y la transversalidad de los derechos humanos, es decir de la deliberación y opiniones de educadores, padres de familia, miembros de la comunidad, de las iglesias, empresarios, estudiantes y otros sectores, además de una campaña amplia de difusión y capacitación de los derechos humanos a funcionarios que no conciben en su totalidad en qué consiste los derechos humanos.

Proponen un sistema estatal de búsqueda de desaparecidos y
que el gobierno reconozca
a las policías comunitarias

De igual manera, propuso un sistema estatal de búsqueda de personas desaparecidas que no existe en la Fiscalía General del Estado, así como la creación de un registro estatal de fosas comunes y clandestinas, la armonización de la investigación sobre tortura, tratos o penas crueles e inhumanos, o degradantes.
También la creación de un sistema autónomo de ciencia forense que, de forma independiente investigue las causas de las muertes; además de un modelo mixto de policía de proximidad estatal, municipal y unificada, y la conformación de un consejo ciudadano de seguridad pública, reformar la ley orgánica de la administración pública para la reestructuración de los sistemas de policías y los centros penitenciarios. Durante su intervención la ex funcionaria dijo que los políticos en la actualidad no asumen sus responsabilidad y han dejado la seguridad a los policías y a los militares.
Una de las participantes del municipio de Tecoanapa, quien no quiso dar su nombre, expresó también la necesidad de que el gobierno reconozca el modelo de la Policía Comunitaria, porque en su municipio, hace más de dos años que los civiles tomaron las armas para hacer frente a los delincuentes, y hay paz y una cierta tranquilidad, a diferencia de lo que pasa en las ciudades.
Otra propuesta que surgió en la mesa de análisis fue la creación de un centro de resguardo de restos encontrados en las fosas clandestinas, donde los familiares puedan ir a buscar a los suyos, y el empate de una base de datos.
En su intervención, la integrante del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena enfatizó la necesidad de un centro de resguardo donde se pueda encontrar los cuerpos de personas desaparecidas; recordó que el grupo ha encontrado en Iguala 120 cuerpos, de los cuales 18 han sido familiares de personas de la organización y los restantes están en proceso de identificación.
Dijo que el centro ayudaría a la recuperación de los restos, “lo que sería un triunfo para las familias”. También urgió la necesidad de fortalecer a las familias de los desaparecidos porque en la mayoría quedaron al frente mujeres hasta con siete hijos.

El Mando Único no garantiza que la policía no esté infiltrada, dice ex procuradora de la PGR

En declaraciones, la ex subprocuradora de Derechos Humanos, García Lagunes dijo que el problema con propuestas como el Mando Único es que atienden a una urgencia legislativa.
Indicó que el problema del Mando Único es cómo construir una supervisión ciudadana a la calidad de la gestión policial, “porque tú te puedes crear cualquier esquema, pero el problema es que nadie está haciendo una fiscalización de la calidad de la gestión, ni construyendo esquemas anticorrupción”, y que no está a debate la centralización del mando.
“Desapareces a la Policía Municipal, centralizas el mando a la Policía Estatal, pero quién te dice que la Policía Estatal no está tan infiltrada como la Policía Municipal. El problema no es quién tenga el mando, sino cómo generas contralorías sociales de anticorrupción en la policía, en los Ministerios Públicos y en las distintas instancias en donde se generan estas perversiones de corrupción e impunidad”, expresó.
“Es muy sencillo, si son policías certificadas por qué en el estado de Guerrero sigue habiendo una expansión de la violencia. Entonces no puedes decir que tienes policías certificadas, no puedes seguir siendo retórica, tiene que ser indicadores claros de evolución”, indicó.
Expuso que puede haber otras dependencias que pueden estar infiltradas sin tener relación directa con el sistema de seguridad, “estar pensando que los único que pueden estar como parte de la criminalidad son los servidores públicos vinculados con la justicia y la seguridad es un error”.
Ejemplificó que en los casos de Michoacán, donde la federación actuó con la ayuda de un comisionado, Morelos con el Mando Único y Guerrero con un esquema tradicional, han tenido una disminución en la incidencia delictiva, “en Guerrero… el homicidio doloso subió, de acuerdo a las cifras oficiales”, a mil 884 víctimas de enero a septiembre.
“Ahorita no hay ninguna comprobación, a nivel de indicadores, de evaluación de si la disminución de la violencia y la incidencia delictiva en estos estados fue por la intervención de un comisionado o fue por gracia del Espíritu Santo, sin Mando Único, en Guerrero que si bajo el índice delictivo, sobre todo en extorsión y secuestros, o porque en modelo bajo”.
Abundó que tampoco se puede seguir evaluando el índice delictivo que el gobierno reporta porque hay “una gran cifra negra que no queda contabilizada”.

Acuden a Zumpango policías federales, la SEIDO y la CNDH tras la denuncia de fosas y de que hay 53 desaparecidos

 

Agentes de la Policía Federal y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como la comisionada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Margarita López Pérez, acudieron al municipio de Eduardo Neri (Zumpango) para indagar sobre la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas, luego de las denuncias de que hay 53 desaparecidos en ese municipio.
El coordinador general de la Policía Federal, Rafael Lomelí informó que acudieron a Zumpango con la comisionada de la CNDH Margarita López Pérez y agentes de la SEIDO, “quienes realizaron trabajos de campo, en una fosa clandestina en ese municipio”.
Fuentes oficinales de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que agentes de la Policía Federal y la SEIDO hicieron la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas, “porque hay una denuncia de 53 desaparecidos en Zumpango”.
Dijeron que la mañana del miércoles encontraron una osamenta semienterrada en un predio cerca del Cerro de la Sirena, en las inmediaciones de la colonia Virgen de Juquila, al poniente de Zumpango.
Detallaron que la búsqueda inició a las 9 de la mañana y concluyó a las 2 de la tarde, pero que no participó la Fiscalía.

Policías federales agreden a tres fotorreporteros que cubrían la búsqueda de fosas

Agentes de la Policía Federal que se encargan de la vigilancia en Zumpango agredieron verbal y físicamente a tres reporteros a los que intentaron arrebatarles sus cámaras cuando realizaban su labor informativa sobre la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas.
En un comunicado, los reporteros José Molina de la Cruz, de Agencia Periodística de Investigación (API); Alejandrino González, de Formato 35; y José de Jesús López, de Canal 10, se dirigieron al cerro La Sirena para documentar la búsqueda de fosas clandestinas a cargo de la Procuraduría General de la Republica (PGR), pero fueron recibidos por cuatro policías federales, quienes les impidieron el paso y les exigieron que se retiraran.
En el comunicado, explican que los tres reporteros tomaron algunas fotografías desde una distancia moderada, “lo que causó molestia a los elementos (policiacos) y comenzaron a gritar que se retiraran, por lo que los siguieron y les marcaron el alto, diciéndoles que les iban a quitar las cámaras fotográficas y de video”, detallan que un agente le quitó la gorra a uno de los comunicadores, “y lo golpeó en la cabeza”.