La Secretaría de Salud (Ssa) y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) trabajan en el seguimiento de dos recomendaciones, una sobre la muerte por negligencia de un niño en Atoyac, y otra en el Hospital General de Coyuca de Benítez, de la muerte de un bebé antes de nacer.
Consultado telefónicamente, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno detalló que las mesas de trabajo se instalaron el martes, y que están a cargo de la secretaria ejecutiva del organismo, Mónica Castro Contreras.
Contó que la Ssa y la Codehum firmaron un convenio de colaboración para echar a andar un mecanismo que permita abatir las violaciones a los derechos humanos en el sector Salud.
Refirió que en la última mesa que se instaló trabajaron en dos recomendaciones, una es del expediente de la muerte de un niño a causa de una negligencia médica, en el Hospital General Juventino Rodríguez García de Atoyac, que llegó con un dolor estomacal y fue atendido por una pediatra, el año pasado.
Según el expediente, el abdomen del niño comenzó a hincharse, y lo trasladaron al Hospital General de Acapulco en Renacimiento, donde no lo recibieron porque no había camas. De ahí lo trasladaron al Hospital General Vicente Guerrero, donde murió al llegar, contó el ombudsman.
El segundo caso es la muerte de un bebé antes de nacer, “el 17 de enero de 2015; inició siendo atendida (la madre) en Coyuca de Benítez, y también por su complicación se trasladó a Acapulco para su intervención en el Hospital General, fue ingresada al quirófano, se le practicó la cesárea, pero ya había fallecido el producto, antes de ser ingresada a ese hospital”, relató.
En ambos caso se emitieron recomendaciones y se instalaron las reuniones de carácter conciliatorio y para la reparación del daño.
Explicó que, “como son recomendaciones de hechos que sucedieron en el gobierno anterior, lo que hacemos primero es que este gobierno las acepte de manera institucional… y además se comprometa a la reparación del daño”.
Navarrete Magdaleno abundó que la reparación del daño, esencialmente cuando fallece una persona, se trata en lo económico, porque no cumple con una reparación del daño eficaz, sino que resarce “un poco” el daño causado. Dijo que, además, se recomienda a la institución dar cursos sobre respeto a los derechos humanos, e integrar expedientes para concluir con la responsabilidad que resulte de los sectores involucrados en los hechos.
Sostuvo que estas recomendaciones quedan en manos de médicos especialistas que puedan dictar exámenes periciales que permitan conocer, de manera técnica, si los médicos se sujetaron a los protocolos de atención para el tratamiento del padecimiento, o hicieron caso omiso de algún protocolo, causando la muerte del paciente.
“Acabamos de firmar un convenio con la Comisión de Arbitraje Médico, para que nos hagan ellos también los exámenes periciales, pero son asuntos complejos, incluso pedimos la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que sus médicos… (revisen) los expedientes para que los médicos especialistas en diferentes temas puedan emitir un dictamen” en la Ciudad de México, detalló.
El ombudsman agregó que, “encontramos en la Secretaria de Salud problemas complejos no actuales, sino que se ha venido arrastrando de muchos años… En el caso del Seguro Popular, por supuesto que esto impacta, en los servicios hace más complejo el beneficio que tiene que dar”.
Sin embargo, aseguró que la Ssa, a pesar de las complicaciones ha estado al pendiente de las recomendaciones y de la reparación del daño.