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Se deben desarticular las bandas en las colonias para que haya paz: académica

Ramón Gracida Gómez

La estrategia Guerrero por la Paz debe desarticular las bandas delincuenciales que operan en las colonias de Acapulco para que tenga resultados, señaló la académica especialista en violencia y construcción de paz en el municipio, Javiera Donoso Jiménez.
La atención a las causas estructurales de la violencia debe representar una fuerte inversión a largo plazo de millones de pesos que incluya un “plan de desarrollo integral urbano”, diversificación de la economía, transporte y educación para los niños, planteó al ser consultada por la estrategia que atiende desde diciembre pasado a 10 colonias de Acapulco e igual número de Chilpancingo con alta incidencia delictiva.
Del llamado del arzobispo Leopoldo González González a la sociedad para no acostumbrarse a la violencia, la doctora en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México, dijo por teléfono que la población no está acostumbrada, sino aprendió a sobrevivir por la “ausencia total del Estado”.
La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rocío Bárcena Molina, planteó que la estrategia de seguridad se va a materializar con el acercamiento de los servicios y los programas sociales a las colonias para atender las causas de la violencia.
Donoso Jiménez, integrante del programa de Investigadores por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyht), secundó que las causas estructurales de violencia son “la ausencia del Estado”, que se materializa en la falta de servicios básicos: salud, educación, agua, oportunidades laborales, entre otras.
Señaló que estas condiciones no se proporcionan en Guerrero “hace muchísimo tiempo y ahora se ve mucho más plausible, yo ahora acabo de ir nuevamente y Acapulco se ve extremadamente pobre, la migración es masiva de los acapulqueños a distintos porque ya no hay forma de seguir subsistiendo en esta ciudad en las condiciones que se viven”.
La pobreza y la desigualdad “son motores importantes para que el crimen pueda permear la sociedad”, insistió la académica que ha hecho diversos estudios en análisis territorial, seguridad humana, discriminación y violencia en colonias de Acapulco.
Indicó que los niños de las colonias más pobres del municipio no van a las escuelas porque no hay maestros y se mantienen cerradas “y cuando los niños andan en la calle son, digamos, tentados permanentemente por el crimen a unirse a sus filas”, y los padres están trabajando.
El acceso a la educación también se ve afectado porque el transporte “está gobernado y cooptado por el crimen” y dificulta la movilidad de los jóvenes, por lo que la estrategia de seguridad también debe atender la conectividad de la ciudad.
Además, los niños no tienen asegurada la comida y no hay un control de los programas sociales para conocer si realmente se utilizan los recursos económicos transferidos para garantizar la alimentación.
Una de las demandas principales de la encuesta que aplicó el gobierno federal en las colonias donde intervendrá es el agua.
La falta de este servicio, explicó la académica Donoso Jiménez, es un detonante de violencia familiar debido a que las mujeres que se dedican al trabajo en casa son golpeadas por sus maridos en el contexto de “roles de género que están instalados tan tradicional como la de Acapulco”.
Por lo tanto, la atención a las causas estructurales de la violencia tiene que estar acompañada de un “plan de desarrollo integral urbano” para que las casas tengan los servicios básicos de agua y energía eléctrica.
Asimismo, el gobierno debe ofrecer oportunidades de trabajo porque actualmente no hay en Acapulco o son de salarios precarios “que te permiten más o menos sobrevivir, pero no terminen hacer grandes cosas”, entonces la población migra.
Criticó que el gobierno insista en el “error garrafal” de centrar la recuperación económica de Acapulco en el turismo, cuando debería de desarrollar otras fuentes de ingreso en el escenario de calentamiento global y el aumento del riesgo de huracanes destructivos.
Son millones de pesos y muchos años de inversión de atención a las causas por varios años, de acuerdo con un diagnóstico que efectuó la actual académica de la Universidad de Guadalajara con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para distinguir los principales problemas de seguridad en siete municipios de Guerrero y conocer las estrategias de la misma sociedad para repelerla.
Enfatizó que la construcción de paz debe estar acompañada de una estrategia de “inteligencia criminal” para desarticular las organizaciones criminales que operan en Acapulco “y tienen asfixiada la economía local” por medio de la extorsión.
“Aunque haya mucho esfuerzo, no se ven resultados porque rescatas un niño y entran dos al crimen”, señaló.

La falta de “sentido de pertenencia”

Otro problema es la falta de cohesión social en Acapulco debido a la falta de “sentido de pertenencia” en algunas colonias, donde la población tiene diversos orígenes geográficos o migra cuando tiene posibilidades.
La académica puso de ejemplo el desplazamiento de las colonias altas hacia la colonia Ciudad Renacimiento, una de las seleccionadas por la estrategia de seguridad, que “generó una desarticulación completa de los códigos sociales y de las formas de vida y mezclaron distintos tipos de personas en un solo lugar”.
Donoso Jiménez, quien participó en un estudio que analizó las ciudades de Acapulco y Medellín, expuso que en la ciudad colombiana se promovió el “sentido de propiedad e identidad hacia el territorio” por medio de un diálogo intergeneracional en el que los adultos mayores les enseñan a los jóvenes la historia, y “resignifican” lugares de las colonias a través del arte y la cultura.
La sociedad “no se acostumbra a la violencia, pero aprende a vivir en ella”.
En su mensaje de Año Nuevo, el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, pidió a los ciudadanos no acostumbrarse a la violencia.
Al respecto, Donoso Jiménez, quien vivió varios años en el municipio y lo visita frecuentemente, dijo que la sociedad “no se acostumbra a la violencia, pero aprende a vivir en ella y aprende a sobrevivir”.
“El problema es que como hay una ausencia total del Estado, la gente no tiene a quien recurrir, la gente no tiene a quien manifestar su malestar, no tiene a quien reclamarle, y al no tener a quién y estar a merced del crimen, uno mejor se calla”.
“Pero eso no quiere decir que el miedo haya desaparecido, que la molestia haya desaparecido, la angustia y la preocupación de que mañana me puede pasar a mí si estoy en el lugar incorrecto”, sostuvo.

 

EU deportó a 9 mil 123 guerrerenses en el primer semestre de 2024, reporta la Segob

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

De enero a junio del presente año, se reportó un acumulado de 9 mil 123 personas deportadas desde Estados Unidos que eran originarias del estado de Guerrero.
El corte de información más reciente de la Unidad Política Migratoria, de la Secretaría de Gobernación (Segob), indica que del total de deportados, 6 mil 635 corresponden a hombres, en tanto que 2 mil 488 son mujeres.
En lo que va del semestre, Guerrero se posiciona como la segunda entidad con mayor número de deportados, por debajo de Chiapas, que acumula 9 mil 328 personas deportadas. De igual forma, el país registra 102 mil 217 deportaciones de enero a junio pasado.
Junio se convirtió en el mes del semestre con mayor número de eventos de devolución de guerrerenses, informó la unidad. En este periodo se registraron mil 869 deportaciones, de las cuales, mil 148 correspondieron a hombres y 721 a mujeres.
Durante enero, la cifra de deportados fue de mil 126 guerrerenses, 825 eran hombres y 301 eran mujeres, dato que aumentó para febrero, al llegar a mil 210 deportaciones, 966 hombres y 244 mujeres.
El registro continuó en incremento para marzo, con mil 394 deportaciones de personas de Guerrero, mil 182 eran hombres y 212 fueron mujeres. Durante abril la cifra llegó a mil 472 deportados, mil 260 eran hombres y las 212 restantes eran mujeres.
En mayo la cifra tuvo un descenso, en comparación con los meses anteriores, al llegar a mil 403 deportaciones de Estados Unidos de personas de Guerrero, mil 122 hombres y 281 mujeres, para luego darse un incremento con las mil 869 deportaciones de junio.
En el semestre son mil 198 menores de edad deportados originarios del estado de Guerrero, de los cuales, 680 correspondían a menores que abarcaban de 12 a 17 años y 518 eran niños de hasta 11 años.
De igual forma, del total de menores de edad que fueron devueltos por Estados Unidos y son originarios de Guerrero, 721 eran hombres y 477 correspondieron a mujeres.
De los 680 menores de edad entre 12 a 17 años que fueron deportados, 230 fueron registrados que se encontraban acompañados por una persona mayor de edad, mientras que 450 no estaban acompañados.
Por su parte, de los 518 menores guerrerenses de hasta 11 años que fueron deportados por Estados Unidos, 504 estuvieron acompañados por un adulto, mientras que 14 no estaban acompañados por una persona mayor de edad.

Guerrero, segundo estado con más deportaciones desde EU en 2023; hubo 20 mil 324: Segob

 

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Durante 2023 se reportaron 20 mil 324 eventos de deportación de personas originarias de Guerrero que se encontraban en Estados Unidos, según información de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación.
Los datos de la dependencia indican que, del total de deportaciones de personas guerrerenses provenientes de Estados Unidos, 15 mil 349 correspondieron a hombres y 4 mil 975 fueron mujeres.
En diciembre se contabilizaron mil 163 eventos de devolución de personas originarias de Guerrero, de los cuales 848 fueron para hombres y 315 deportaciones de mujeres, siendo el tercer mes más bajo en el año.
En el desagregado por mes, marzo representó la mayor cantidad de guerrerenses devueltos desde Estados Unidos, 2 mil 195 hombres y 826 mujeres, un total de 3 mil 21 personas. Le siguió febrero con 2 mil 325 deportaciones, mil 811 de hombres y 514 de mujeres y abril con 2 mil 280 devoluciones, mil 649 de hombres y 641 de mujeres.
Durante mayo se acumularon mil 947 devoluciones, mil 458 de hombres y 489 de mujeres, le siguió enero con mil 763 personas, mil 395 hombres y 368 mujeres. En junio se devolvió a mil 487 guerrerenses al país, mil 164 hombres y 323 mujeres, mientras que en julio la cifra se redujo a mil 460, de los que mil 116 fueron a hombres y 344 correspondieron a mujeres.
Para agosto la cifra de devoluciones fue de mil 323, mil 20 de hombres y 303 de mujeres. Octubre contabilizó mil 265 deportaciones, 943 de hombres y 322 de mujeres.
Septiembre tuvo mil 151 eventos de devolución con 901 pertenecientes a hombres y 250 a mujeres. Noviembre se colocó como el mes con menor deportación de guerrerenses con mil 129 eventos, 849 de hombres y 280 de mujeres.
En el acumulado nacional hubo 214 mil 849 eventos de devolución provenientes de Estados Unidos. Guerrero fue el segundo estado con mayor cantidad de personas deportadas, sólo por debajo de Chiapas que tuvo 22 mil 376 devoluciones. La dependencia precisa que “las cifras se refieren a eventos debido a que una misma persona pudo haber sido devuelta en más de una ocasión”.
Respecto a los menores de edad devueltos desde Estados Unidos, Guerrero contabilizó 2 mil 699 eventos de personas hasta 17 años también siendo el segundo estado con mayor cantidad de eventos, siendo mil 714 los que correspondieron a hombres y 895 fueron mujeres.
Los adolescentes de 12 a 17 años que fueron devueltos originarios de Guerrero, acumularon mil 767, de los cuales mil 305 no se encontraban acompañados por un adulto, mientras que 462 si estaban acompañados.
Los niños y niñas de hasta 11 años que fueron devueltos por Estados Unidos durante 2023 acumularon 932 devoluciones, 906 se encontraban en compañía de un adulto y 26 estaban solos.

 

Renuncia de Encinas a la Segob no cancelará la investigación del caso Ayotzinapa: AMLO

 

Juan Luis Altamirano Uruñuela y Reforma

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a pesar de la salida de Alejandro Encinas de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la investigación del caso Ayotzinapa se mantiene.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente adelantó se busca fincar responsabilidades en contra del ex Fiscal Especial del Xaso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, tras acusarlo de provocar la liberación de diversos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
En su conferencia mañanera, el mandatario federal afirmó que, de acuerdo con hallazgos recientes, se puede confirmar que el ex funcionario dejó pasar plazos, no practicó protocolos y no solicitó información clave a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Yo por la confianza que les di a quienes estaban en la investigación pensaba que se habían practicado los protocolos de Estambul, (pero) no se hicieron, ni siquiera se cumplió con solicitar información a la CNDH y se pasaron los términos”, acusó.
“El Fiscal Especial dejó pasar los términos y esto fue lo que le sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran, fíjense eso, y como comprenderán, no es casual”.
–¿Buscarán fincar responsabilidades al ex Fiscal? -se le preguntó.
–Sí, yo creo que sí, porque apenas nos estamos dando cuenta de esta situación”, respondió.
– ¿Qué más han encontrado, además del incumplimiento de los tiempos?
–Qué no se avanza, o no se avanzaba en la investigación, había todo el propósito de no avanzar y de distorsionar las cosas –, dijo.
–¿El Fiscal ya está sujeto a investigación?
–Estamos reconstruyendo todo, a mí me llamo mucho la atención, porque uno actúa en función de la confianza siempre, entonces (Alejandro Encinas) me presenta una lista de los responsables que estaban libres y entonces le digo ‘pues hay que actuar’”, aseguró.
–¿El ex Fiscal Especial pudo ser manipulado?
–También no lo descarto, que se dejó rodear ahí por gente que no tiene convicciones, pero además son muy derechos, falsarios, hay mucha simulación en todo esto, entonces resulta que se niegan a elaborar la información, la documentación para las órdenes de aprehensión y empiezan a renunciar al interior de la Fiscalía”, reprochó.
En septiembre de 2022, Omar Gómez Trejo renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), luego de que le arrebataran el poder de decisión sobre las indagatorias y procesos bajo su encargo.
A López Obrador se le preguntó sobre el anuncio de la salida de Encinas y sobre la información publicada por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) en la que señalan que el Ejército tuvo conocimiento en tiempo real sobre la desaparición de los 43 normalistas. A lo que el presidente dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya entregó toda la información y los involucrados se encuentran en proceso.
“Continúa la investigación y toda esa información la entregó la Sedena. Ya lo habían entregado todo, lo que pasa es que había que hacer una revisión de los documentos, se hizo la revisión y los implicados de alguna manera que tiene que ver con el Ejército, o están presos o están sometidos a procesos, no hay ningún problema”.
El presidente recalcó que cuando se hable de la participación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas, se tiene que precisar que fueron algunos elementos y no la institución completa.
“Cuando se habla del Ejército se tiene que pensar que fueron algunos elementos y que están sometidos a proceso, pero aquí el propósito no era decir ‘algunos elementos’, ese fue el error que se cometió y por eso se puede hablar de algún crimen de Estado, en vez de decir ‘estos tuvieron responsabilidad y hay que castigarlos’, buscaron ocultar los hechos, cosa que no hemos hecho nosotros”.
Añadió que a partir de este jueves, quien ocupará el puesto de Encinas será quien fuera procurador fiscal, Félix Arturo Medina, y también tendrá a su cargo la Covaj, aunque López Obrador remarcó que decidió hacerse cargo de la investigación debido a que “habían enrarecido todo”.
“Yo me di cuenta que habían dejado todo hecho para que no llegáramos a la verdad y que además ya en el gobierno nuestro, los que le habíamos dado la confianza de hacer la investigación eran parte del esquema de protección que se había creado en el gobierno anterior”.
Destacó que le sorprendió que no se había consignado al entonces procurador y principal responsable de la creación de la Verdad Histórica, Jesús Murillo Karam y afirmó que ni los abogados de los padres ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) querían que se le detuviera.
“Resulta que se niegan a elaborar la información, o sea, la documentación para solicitar las órdenes de aprehensión y empiezan a renunciar al interior de la Fiscalía, al grado que renuncia el Fiscal Especial. Y los del GIEI y los abogados de los jóvenes, en vez de reconocer que estábamos actuando, se enojan porque no querían que se detuviera al procurador y a otros”.
López Obrador insistió en que funcionarios de la FGR y hasta funcionarios de su gobierno carecían de interés ante la necesidad de concretar la aprehensión de ex funcionarios como el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
De paso, reveló la supuesta existencia de un “acuerdo” para permitir que Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, se fugara a Israel.
López Obrador cuestionó y criticó las decisiones tomadas por los integrantes del Poder Judicial y señaló que en el caso Ayotzinapa se les dejó en libertad a personas involucradas debido a que dijeron ser torturados.
“Fíjense que arman la llamada Verdad Histórica, se hace responsable el procurador del gobierno anterior y otros funcionarios, detienen a los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes y en poco tiempo a diferencia de lo que sucede, los dejan en libertad porque argumentan que fueron torturados”.
Este miércoles se publicó que según el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), el Ejército tuvo conocimiento en tiempo real de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

 

Suman mil 336 denuncias por homicidio en siete meses del año; nueve menos que en 2017

 

Decenas de curiosos observan la escena en la que fue ejecutado a balazos un empleado del Ayuntamiento de Iguala, afuera del mercado municipal Adrián Castrejón en la transitada avenida Hermenegildo Galeana. Foto: El Sur

En siete meses de 2018 se presentaron mil 336 denuncias por homicidios doloso en Guerrero, nueve casos menos que en el mismo periodo de 2017, cuando hubo el número más alto de los últimos cuatro años, según los datos actualizados de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En el mismo periodo del año pasado se denunciaron mil 345 casos, en 2016 fueron mil 267 y en 2015 mil 122, según la estadística oficial.
Además este año se reportaron 29 feminicidios que se clasifican de manera independiente porque es la forma más extrema de violencia contra la mujer. En 2017 el registro fue de 12 casos de enero a julio. La clasificación del delito se incrementó 58 por ciento en un año.
Si se suman los dos tipos de asesinato, la distancia en los registros de 2017 y 2018 se reduce a dos, con mil 367 personas asesinadas en 2017, y mil 365 en 2018.
Sin embargo, la fuente también dice que la tasa de homicidios en Guerrero disminuyó de 64.04 en 2017 a 36.85 en 2018.
Mientras la tasa de feminicidio en Guerrero aumentó.22 décimas: en 2017 fue de 1.13 y este año de 1.55.
No obstante el estado sigue por arriba de la media nacional en ambos delitos. Este año la tasa de homicidio doloso es de 13.10 casos por cada 100 mil habitantes, y el de feminicidio de 0.73.
El estado se mantiene en los primeros lugares de homicidio dolosos después de Baja California con mil 564 casos, y Guanajuato con mil 427 con una tasa alta: en Baja California es de 43.4, y en Guanajuato de 23.29.

Mes con más muertes en la capital

El 74 por ciento de los homicidios dolosos en 2018 (988) ocurrieron en siete municipios: 506 en Acapulco, 155 en Chilpancingo, 90 en Iguala, 88 en Zihuatanejo, 63 en Chilapa, 46 en Taxco y 40 en Coyuca de Benítez.
En Acapulco marzo se mantiene como el mes de mayor incidencia, de acuerdo con los siguientes datos 74 homicidios en enero, 76 en febrero, 77 en marzo, 74 en abril, 75 en mayo, 70 en junio y 60 en julio.
En Chilpancingo, julio es el mes con más asesinados en el año, con 28 casos. En enero se reportaron 20, en febrero 17, en marzo 16, en abril y mayo 25, y en junio 24.
Los datos del secretariado que obtiene de las fiscalías y procuradurías en el país indican que en Guerrero se denunciaron 3 mil 543 por delitos contra la vida, de los cuales 46.5 por ciento son homicidios, mil 336 homicidios dolosos y 321 culposos, hubo mil 865 delitos de lesiones y un aborto.
De los homicidios dolosos indica que 873 se perpetraron con arma de fuego, 74 con arma blanca, y en 389 no se que no se especifica cómo se dio muerte a las víctimas, que podrían explicarse con los hallazgos de restos humanos desmembrados.
Asimismo se reportan cuatro casos de feminicidio en enero, seis en febrero, tres en marzo, cinco en abril, dos en mayo, cinco en junio y cuatro en julio. De estos, ocho asesinatos de mujeres fueron perpetrados con arma de fuego, siete con arma blanca y 16 con “otro elemento”. En septiembre se publicarán los datos de agosto.
La mayor parte de las denuncias por lesiones, mil 520, se clasificaron como dolosas, y en 207 casos se señalan personas heridas de arma de fuego. En mil 242 casos, no se específica el instrumento con el que se hizo daño a la víctima.
Guerrero, tercero en secuestros

Según la fuente hasta julio suman 29 denuncias de secuestro en la entidad, 19 casos fueron con fines de extorsión, y el resto, 127 que entraron a la clasificación de delitos que atentan contra la libertad personal aparecen como “otros”.
Con 29 denuncias Guerrero tiene el tercer lugar en la tasa de secuestro en México, con .80 casos cada 100 mil habitantes, después de Tabasco que tiene una tasa de .94 y Morelos, de .91. En los tres casos, la tasa estatal supera la tasa nacional de secuestro, que es de 0.45.
El robo de automóviles y camiones es el de mayor incidencia en la entidad. En julio se presentaron mil 82 denuncias de delitos contra el patrimonio como pérdida total, de las cuales 373 corresponden al robo de vehículos automotores (camiones o tráilers), 334 de coches de cuatro ruedas y 39 motocicletas.
Hasta julio suman 2 mil 450 robos de vehículos automotores y 2 mil 197 coches de cuatro ruedas. En 851 casos se indica que el robo de autos compactos fue con violencia.
En este delito la tasa del robo en la entidad es menor a la media nacional. La tasa de robo de vehículos en el país es de 92.84 casos por cada 100 mil habitantes, en Guerrero es de 67.59.
Pero en julio se registra el mayor número de robo a negocios con 101 denuncias, de estos, 43 fueron con violencia. Antes hubo 87 robos a negocios en enero, 59 en febrero, 71 en marzo, 75 en abril, 92 en mayo y en junio. Juntos suman 577 casos en siete meses, y el 60 por ciento de los delitos (345) fueron cometidos con violencia.
Además se mencionan siete denuncias contra servidores públicos en julio, que suman 90 al año. Ahora no aparece ninguna demanda por delitos electorales.

Delitos contra la libertad sexual

De 267 delitos contra la libertad y la seguridad sexual registrados en siete meses, existen 76 casos de abuso sexual en Guerrero, 20 por acoso, siete por hostigamiento, 112 por violaciones simples, 34 violaciones equiparadas y 20 más sin clasificación precisa.

 

 

Roban 2 mil 77 vehículos de enero a junio de 2018; 280 menos que en el mismo periodo de 2017: Segob

De enero a junio de 2018 se han abierto 2 mil 77 carpetas de investigación por robo de vehículo automotor, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Esta cifra es menor a las 2 mil 357 carpetas abiertas por el mismo delito en el primer semestre del año pasado, con una disminución porcentual de 11.87.
Respecto al robo con violencia, la disminución es de 7.03 por ciento.
La disminución total en Acapulco es de 156 carpetas, en Iguala es de 43 y en Zihuatanejo sólo de cinco.
Tecpan tiene un repunte de 100 por ciento, mientras que el de Taxco es de 75 por ciento. En Chilpancingo se abrieron nueve carpetas más de un periodo a otro, y en Eduardo Neri (Zumpango) 12 más.
Los datos del SESNSP muestran que en el primer semestre del 2018 se han abierto 2 mil 77 carpetas de investigación por robo de vehículo automotor, de las cuales mil 229 fueron con violencia.
En el primer mes del año se abrieron 353 carpetas, 334 en febrero, 351 en marzo, 323 en abril, 363 en mayo y para junio fueron 353.
En tanto que en el mismo periodo pero del año pasado las carpetas por este delito ascendieron a 2 mil 357, de las cuales mil 322 fueron con violencia; 425 corresponden a enero, 363 a febrero, 458 a marzo, 352 a abril, 406 a mayo y en junio fueron 353 carpetas, en total.
Hubo 280 carpetas menos, lo que representa una disminución de 11.87 por ciento en 2018 respecto al año previo. En cuanto a los robos con violencia, la diferencia es de 93 carpetas, es decir, 7.03 por ciento menos.
En los principales municipios de Guerrero, la disminución más notable es la de Acapulco, donde se abrieron mil 129 carpetas de investigación por robo de vehículo automotor en el primer semestre de 2017, y 973 en el mismo periodo del siguiente año.
Otra disminución importante es la de Iguala, que pasó de 207 carpetas a 164.
En Zihuatanejo también disminuyó ligeramente la comisión de este delito, que pasó de 188 en 2017 a 183 carpetas en los primeros seis meses de 2018.
Chilapa es otro municipio en el que este crimen disminuyó, cuando se abrieron 38 carpetas en 2017 y 15 en 2018.
Otros municipios que también tuvieron una disminución en este crimen son Atoyac, que pasó de 20 a 15; Ometepec, de 50 a 28; Tlapa, de 49 a 33; y La Unión, de 47 a 32.
El caso más notable de aumento es Tecpan, que pasó de ocho a 16 carpetas, es decir, 100 por ciento más.
Taxco sobresale porque pasó de 24 a 42, es decir, un aumento del 75 por ciento.
Chilpancingo es otro municipio en el que aumentó este crimen, al pasar de 386 a 395 carpetas de investigación.
En el municipio de Eduardo Neri (Zumpango) hubo 12 carpetas más, 27 en el primer semestre de 2017 y 39 en el mismo periodo de 2018.
Otros municipios donde aumentó este delito son Pungarabato, donde el cambio fue de 17 a 18; Ayutla, de cuatro a cinco; y Atlixtac, de no tener carpetas en 2017 a dos en los primeros seis meses de este año. (Ramón Gracida Gómez).

 

De enero a junio, 145 mujeres fueron asesinadas en Guerrero, 23 más que el año pasado

En el primer semestre de 2018, 145 mujeres han sido asesinadas en Guerrero, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Esta cifra es superior a los 122 asesinatos que hubo en el mismo periodo del año pasado, lo que significa un aumento de 18.85 por ciento.
Los asesinatos clasificados como feminicidios pasaron de 3 a 25.
Entre el 61 y 63 por ciento de todos los casos fueron con arma de fuego, el resto entre armas blancas y elementos sin clasificar.
Fueron asesinadas 11 menores de edad en el periodo referido del 2018 y 6 en el del 2017.
Los datos del SESNSP, que provienen de las fiscalías estatales, clasifican el asesinato de mujeres como homicidios dolosos y feminicidios.
En el caso de Guerrero se han contabilizado 145 mujeres asesinadas de enero pasado a junio, de los cuales 120 están clasificados como homicidio doloso y sólo 25 como feminicidios.
Es posible visualizar el municipio donde ocurrieron los asesinatos de mujeres establecidos como feminicidios mas no los clasificados sólo homicidios dolosos.
Acapulco y Chilpancingo tienen cinco feminicidios respectivamente, mientras que Taxco dos.
En Arcelia, Alpoyeca, Ayutla, Chilapa, Coyuca de Benítez, Iguala, La Unión, Malinaltepec, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, Tlacohistlahuaca y Tlalchapa hay un feminicidio en cada municipio.
De estos crímenes, 33 ocurrieron en enero, 26 en febrero, 17 en el siguiente mes, para abril fueron 31, 21 en mayo y 17 en junio.
En cuanto al rango de edad, 11 mujeres asesinadas eran menores de edad y el resto de 18 años o más.
Respecto al tipo de arma, 89 casos fueron por arma de fuego, es decir, el 61 por ciento de todos los asesinatos. De los demás, 12 con arma blanca y el resto está clasificado con “otro elemento y “no especificado”.
El total de las mujeres asesinadas en estos primeros seis meses del año resulta superior a los 122 casos que se contabilizaron en el primer semestre del 2017, lo que significa un aumento de 18.85 por ciento.
Fueron clasificados como homicidios dolosos 119 casos y sólo tres como feminicidios.
Dos asesinatos clasificados como feminicidios ocurrieron en Acapulco y uno en Tixtla.
Del total de casos para este periodo, 12 ocurrieron en enero, 16 en febrero, 18 en el siguiente mes, 19 para el siguiente, 28 en mayo y 29 en junio.
Seis mujeres asesinadas eran menores de edad.
En cuanto al arma utilizada, en 77 casos fueron con arma de fuego que representan el 63 por ciento; 5 con arma blanca y el resto con “otro elemento” y “no especificado”.

 

Deportan 39.26% más guerrerenses de EU de enero a mayo de este año que en el mismo periodo de 2017

La deportación de guerrerenses de Estados Unidos de enero a mayo de 2018 ha aumentado 39.26 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En los primeros cinco meses de 2018, hubo 6 mil 125 guerrerenses deportados del país vecino del norte, mientras que en el mismo periodo de 2017 fueron 4 mil 398 guerrerenses deportados.
Los municipios de origen que más reportan los migrantes del estado en el 2018 son Acapulco (603), Tlapa (331), Chilapa (297), Chilpancingo (247) y General Canuto Neri (214).
El municipio de la zona Norte, General Canuto Neri (Acapetlahuaya), y los de la Montaña, Tlapa y Chilapa, reportan un aumento porcentual en la deportación de sus habitantes del 303, 96 y 162 por ciento respectivamente.
Acapulco se ubica en el décimo segundo lugar nacional.
Los datos que se encuentran en la página web de la Unidad de Política Migratoria de la Segob tienen fecha de corte hasta mayo pasado. El municipio de origen de los mexicanos deportados sólo se reporta a partir de 2016.
En los primeros cinco meses de 2018 se reportan 5 mil 196 hombres y 929 mujeres guerrerenses deportados, que suman 6 mil 125 personas; mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 3 mil 733 hombres y 665 mujeres guerrerenses, es decir 4 mil 398.
Mil 727 migrantes es la diferencia entre los dos periodos, lo que resulta en un aumento de 39.26 por ciento en la deportación de guerrerenses de Estados Unidos.
Respecto a los municipios de origen, existen diferencias y similitudes entre 2017 y 2018.
Tanto para 2017 como 2018 Acapulco se mantiene en primer lugar estatal con 623 y 603 deportaciones. En lo que va del año, el puerto ocupa el décimo segundo lugar a nivel nacional entre los municipios con mayor número de habitantes deportados. El primer lugar es la ciudad fronteriza y capital del estado de Baja California, Mexicali, con 3 mil 775 migrantes deportados.
Acapulco tiene una población de 810 mil 669 habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los cuales 93 mil 513 viven en condiciones de pobreza extrema, lo cual la convierte en el municipio de México con más habitantes en esa situación, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Hasta mayo se habían contabilizado 376 homicidios dolosos en el puerto, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
En 2017 el segundo lugar fue para Chilpancingo con 245 deportados que mencionaron a la capital del estado como su municipio de origen, mientras que para 2018 se reportan sólo dos más, 247 deportados, cifra que lo ubica en cuarto lugar.
El Inegi señala que la capital del estado tiene una población de 273 mil 106 habitantes y 103 asesinatos ha contabilizado el SESNSP.
Tlapa se ubicó en tercer lugar en 2017, con 169 migrantes deportados, mientras que para este año la cifra subió a 331, que lo ubica en segundo lugar y que representa un aumento del 96 por ciento. El Inegi reporta 87 mil 967 habitantes para este municipio, de los cuales el 27.5 por ciento viven en condiciones de pobreza.
Iguala fue cuarto lugar en los primeros cinco meses del año pasado, con 133 deportados, cifra similar a los 132 deportados que se reportan este año y que lo posicionan en un lejano décimo segundo lugar estatal. Su población es de 151 mil 660 habitantes, y 60 homicidios están contabilizados.
En 2017, el quinto lugar lo ocupaba Tlacoachistlahuaca, municipio de la Costa Chica, con 123 deportados, cifra inferior a los que reporta de enero a mayo de este año que sube a 174 deportados, pero que se posiciona en el noveno lugar y representa un aumento del 41.47 por ciento en la deportación de sus habitantes.
Su población total es de 22 mil 771 habitantes, de los cuales el 65.4 por ciento vive en condiciones de pobreza extrema, porcentaje que lo posiciona en el séptimo lugar estatal.
Respecto a los otros municipios de origen con mayor número de deportados en el presente año, Chilapa se posiciona en el tercer lugar con 297 migrantes, mientras que en los primeros cinco meses de 2017 fueron sólo 113 migrantes, cifra que lo ubicó en quinto lugar, es decir un aumento de 162 por ciento.
Su población es de 129 mil 867, y en los primeros cinco meses de este año se reportaron 45 homicidios dolosos en este municipio.
En 2018, el quinto lugar lo ocupa el municipio de General Canuto Neri (Acapetlahuaya) con 214 habitantes deportados de Estados Unidos, cifra que representa un aumento porcentual de 303 por ciento respecto al periodo comparado de 2017 cuando se deportó a 53 vecinos de ese municipio.
Su población es de apenas 5 mil 780 habitantes, de los cuales el 33.8 por ciento vive en condiciones de pobreza extrema.

 

Detienen a ex policía de Iguala, presunto involucrado en la desaparición de los 43, difunde la Segob

Policías federales y ministeriales detuvieron en Chautengo, municipio de Florencio Villarreal, región de la Costa Chica, a un ex policía municipal de Iguala que es señalado como uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con reportes, la noche de la desaparición de los estudiantes, el ex agente, identificado como Alejandro, fungía como supervisor de turno.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo ayer domingo en una rueda de prensa que el arresto se llevó a cabo en el estado de Guerrero por parte de personal de la Policía Federal y elementos de la Fiscalía de ese estado.
El sujeto, identificado únicamente como Alejandro “N”, cuenta “con una orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y secuestro”.
El ex policía es “probable responsable de los hechos ocurridos en septiembre de 2014”, agregó el secretario.
Durante la detención, que se dio dentro del operativo de seguridad Escudo Titán, “no fue necesario realizar un solo disparo”, aseguró Navarrete.
De acuerdo con la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros de un grupo criminal, los Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula.
No obstante, esta versión ha rechazada por los familiares como por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes después de hacer una investigación manifestaron las incoherencias del relato del gobierno y resaltaron la necesidad de desarrollar otras líneas de investigación.
Hasta el momento, 129 personas han sido imputadas dentro de la indagatoria del caso Iguala, y el Ejecutivo ha expresado su intención de llegar a conclusiones este mismo año (Agencias EFE y Reforma / Ciudad de México).

 

Guerrero, segundo lugar en feminicidios y tercero en homicidios dolosos de mujeres, según datos de Segob

En el primer cuatrimestre del año se registraron 117 asesinatos de mujeres en Guerrero, con la presunción de 18 casos de feminicidios y 89 de homicidios dolosos, según la cifras de información delictiva y de emergencias con perspectiva de género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Con estos números, Guerrero se ubica en el tercer lugar en la incidencia del delito de homicidio doloso de mujeres, después de Guanajuato que reportó 108 casos, y Estado de México, con 98. Comparte el segundo lugar nacional en feminicidios con el Estado de México, con 18 casos, después de Nuevo León y Veracruz que tiene registros de 23 feminicidios, cada uno.
Las cifras oficiales indican que en México, hubo mil 89 delitos de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres, de las cuales 258 como clasificados como feminicidios, y 831 homicidios.
En la estadística nacional de víctimas, la tabla de homicidio doloso se mantiene en 831 casos, y la de feminicidios 269 víctimas .
En general, se reportan 250 delitos de feminicidios en 187 municipios del país, de un total de 2 mil 457 municipios.
Los 18 feminicidios en Guerreros cuatro ocurrieron en Acapulco, cuatro en Chilpancingo, dos en Taxco de Alarcón, y uno en Apoyeca, Ayutla de los libres, Chilapa, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca y Tlalchapa.
Acapulco y Chilapa entraron a la clasificación de municipios con una tasa menor de dos feminicidios por cada cien mil mujeres del municipio, en los nueve restantes, la tasa es mayor a dos.
En Acapulco, con una población de 44 mil 724 mujeres, la tasa de incidencia del delito de feminicidio es de 0.90, y en Chilapa, con una población de 68 mil 11 mujeres, es de 1.45.
En Chilpancingo, con  una población de 141 mil 724 mujeres, la tasa es de 2.82; en Taxco de Alarcón, con una Población de 56 mil 915 mujeres, la tasa del delito es de 3.51; en Alpoyeca, con 3 mil 849 mujeres, la incidencia del delito es de de 25.98; en Ayutla con 34 mil 623 mujeres, la tasa del delito es de 2.89; en Ometepec con 34 mil 189 mujeres, la tasa es de 2.92; en Petatlán, con una población de 23 mil 323 mujeres, la tasa del delito es de 4.92, en San Luis Acatlán con 22 mil 029, la tasa del delito es de 4.54, y en Tlacoachistlahuaca con 12 mil 355 mujeres, la tasa 8.09. Asimismo en Tlalchapa, cuya población de mujeres es de 5 mil 765, la tasa promedio del delito es de 8.89 casos.
La tasa del delito de feminicidio en México, es de 040, y en la entidad, de 0.92. Las tasas más altas del delito están en Colima y Zacatecas, con 1.3 y 1.2 casos respectivamente, sigue Guerrero en tercer sitio.
En el delito de homicidio doloso de mujeres, los  estados con las tasas más altas son Colima con 5.70 casos cada cien mil habitantes, Guerrero con 4.75 casos, Baja California con 4.58. La tasa de Guanajuato, con el mayor número de víctimas, es de 3.42. La media nacional, es de 1.3 delitos.