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No acuden a la SEIDO en México familiares de desaparecidos; piden que les informen en Chilapa

La comisión de familiares de desaparecidos de Chilapa no acudió a la cita con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México ante la ola de violencia en la región, y pidió que funcionarios de esta dependencia vayan a Chilapa a darles la información.
El 6 de noviembre, los familiares de los desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo fueron convocados a la SEIDO, pues les informaron que esta dependencia está llevando sus casos.
La dependencia canceló la cita, y la reprogramó para este martes, sin embargo la comisión de familiares optó por cancelar la salida a la Ciudad de México ante la ola de violencia que se desató en el municipio, y porque no había policías para resguardarlos.
El vocero de los familiares, José Díaz Navarro manifestó que después de que cancelaron la visita a la SEIDO, habló con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos, y con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, para solicitar su intervención y para pedir que la SEIDO acuda a Chilapa para darles el informe que les proporcionarían este martes.
El subprocurador señaló que hablaría al respecto con la titular de la PGR, Arely Gómez. Mientras, a Campa también le solicitaron que acuda a Chilapa para reunirse con familiares de los desaparecidos. Incluso, el 26 de octubre, cuando una comisión de familiares acudió a la Ciudad de México a reunirse con Eber Omar Betanzos, donde les informaron que sólo están llevando el caso de 24 desaparecidos, pero de antes del 9 de mayo, les aseguró que en un lapso no mayor a 15 días estaría en la ciudad junto con Campa Cifrían, para reunirse con ellos.
Pero el lapso se cumplió y ninguno de los dos funcionarios acudió a Chilapa.

Piden damnificados de La Montaña a la federación casas, granos y que repare los daños de Manuel

Integrantes del Consejo de Damnificados de La Montaña pidieron en una reunión a funcionarios federales y estatales que cumplan la entrega de viviendas y granos básicos, y la reconstrucción de la infraestructura dañada por la tormenta Manuel en septiembre de 2013.
El integrante del Consejo de Tlacoapa, Vitaliano Navarro Mosso dijo que las viviendas están en mal estado y que en varias comunidades ni se empezaron a construir, que la construcción de casas que les prometieron “quedó tirada” y que “fueron abandonadas las obras” en las escuelas.
Denunció que no se enteraron de la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quienes acudieron a la región “casi a escondidas”.
De la comunidad de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Antonio García Benito pidió que les dijeran qué pasa con las comunidades en riesgo o que fueron desplazadas, porque no tienen ningún documento de riesgos.
El delegado de la Sedatu, Alfredo Fernández Peri reconoció que hubo deficiencias en los censos y que se iban a revisar los casos, ya que en las administraciones pasadas no tuvieron apoyo, pero que en esta nueva había disponibilidad para hacer los estudios técnicos, y que “prácticamente en dos años no hubo administración estatal”, por lo que varios quedaron fuera y había sub censos.
Dijo que estaban revisando la lista de las empresas contratadas y que se estaban rescindiendo contratos con las que no cumplieron para que asuman su responsabilidad, y también se estaba viendo quién entraría a cumplir con los trabajos; le recordaron que entregara el listado de empresas que trabajaban en las comunidades, porque al momento de exigir no sabían a quién, y que se presentaran ante las autoridades municipales porque “entran muchos desconocidos”.
El representante de la comunidad de Yahuitepec, Zeferino Anzurez pidió que atiendan, porque no hay viviendas y constantemente los ventarrones se llevan sus techos.
La plática se desarrolló en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), donde estuvieron el delegado estatal de la dependencia, Julio César Licona, el de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello; del gobierno estatal, el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arriaga, y el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado, quienes se comprometieron a atender las deficiencias y peticiones de los damnificados.
A los asistentes a la reunión les pidieron que compartan la responsabilidad de las acciones para atender a la población, como el caso de Malinaltepec, uno de los más afectados, y acordaron un recorrido para verificar las afectaciones a las viviendas.
Los presidentes municipales que estuvieron presentes fueron, de Malinaltepec Sebastián Ramírez, de Acatepec Jerónimo Mora y de Cochoapa el Grande Rosa Lorenzo; también acudieron representantes de Zapotitlán Tablas, entre otros.
Hubo comisarios, delegados y representantes del Consejo, y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, su director, Abel Barrera, y la asesora jurídica, Martha Ramírez, quien pidió que los promotores de la Cdi no se comporten prepotentes y que no exijan cosas que no se toman en los acuerdos de las mesas, como las firmas de tarjetas para darles maíz, frijol, arroz y sal a vecino de las comunidades; también que el Consejo fue el que envió su padrón de las comunidades y sus peticiones, y que no podían ser exclusivos ya que había familia de presidentes municipales como beneficiarios.
Pidió que se respete la entrega de las remesas de granos que faltan, que se entregue el padrón de empresas que trabajan en la región y los dictámenes de Protección Civil de la Sedatu, ya que la única dependencia que lo hizo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Barrera Hernández dijo que se replantearía el programa de granos básicos como permanente, porque tendrá una reunión en la ciudad de México con el de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda para que este no se termine con la última entrega, y que se seguirá revisando la calendarización para atender las viviendas.
Esta reunión duró unas dos horas, de las 3 a las 5 de la tarde; los funcionarios federales se retiraron en helicóptero tras comprometerse a revisar periódicamente el cumplimiento de las demandas.

Anuncia Segob hasta 500 millones de pesos para programas de prevención social en el estado

A partir de noviembre, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Cocula, se desarrollará una estrategia integral, dirigida por el gobierno federal, en la que participarán nueve secretarías de estado y en la que se invertirán entre 400 y 500 millones de pesos en material de prevención social, para la reconstrucción del tejido social.
El anuncio se realizó la tarde durante una conferencia de prensa en la sala San Luis en el centro de esta ciudad, en la que estuvieron el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, el gobernador Héctor Astudillo Flores, el delegado federal en Guerrero de la Segob, Erik Castro Ibarra, y el alcalde priista Esteban Albarrán Mendoza.
En esta gira a Iguala, a sólo dos días de haber asumido el cargo, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que Escobar y Vega visita Iguala en un momento muy importante, y que previamente, antes de su toma de posesión, la habían acordado.
Le hizo una breve reseña de los hechos históricos ocurridos en Iguala, y por los que dijo, “queremos que Iguala siga siendo la cuna de la Bandera. Los acontecimientos lamentables que sucedieron, le han dado el nombre de Iguala una ubicación de un lugar de un lamentable acontecimiento”, en alusión a los hechos de septiembre del año pasado, en los cuales 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron retenidos por policías municipales y sicarios, encontrándose en calidad de desaparecidos desde entonces.
Reiteró que “Iguala no es el origen de los problemas de Guerrero, lamentablemente ocurrió aquí circunstancialmente un problema”.
Dijo que se tiene que trabajar mucho para volver a dignificar a Iguala.
El gobernador adelantó la posibilidad de que en Chilpancingo e Iguala se abran también unidades antisecuestro y extorsión, como la inaugurada el miércoles en Acapulco, y llamó a darle un combate frontal a esos delitos y a la delincuencia.
El mandatario se refirió también en su mensaje al grupo de familiares del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, “que son, alrededor, de acuerdo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que andan llegando a los 500, lo que me parece muy delicado”. Dijo que el tema se tienen que abordar sin temor y sin preocupación, y que se debe de abordar con acciones.

Se acordará la inversión con estado y municipios

Durante el anunció del esquema integral, Arturo Escobar señaló que caso Iguala y el caso Guerrero, son temas personales para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio “y en consecuencia, también para mí”.
Dijo que de forma “inédita” se invertirá recursos con los que cuentan el Pronafed y Subsemun en material de prevención social, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Cocula.
Señaló que el mecanismo de inversión no vendrá marcado desde la federación de cómo invertirlos, sino que se llegará con las autoridades constituidas estatales y municipales, para tener un diagnóstico de dónde invertir: desde luminarias, pavimento, centros comunitarios, centros deportivos, recuperación de espacios públicos y los talleres que tengan que ver con educación, y comienza con los jóvenes con conflicto con la ley, con problemas de adicciones y la destrucción del tejido social y la convivencia.
“Queremos regresar a que en Guerrero se conviva, que en Guerrero se circule, y se pueda caminar, que no sólo es el tema de las patrullas, y subrayo, hay que recoger el enorme trabajo de las fuerzas armadas mexicanas, de la Policía Federal, estatal y de lo que será la policía del mando estatal”, indicó.
Dijo que lo que se hará en Iguala, se desplegará una política de prevención social “jamás vista en ningún municipio de este país”, lo cual también incluirá inversiones que tengan que ver con mano de obra y el despliegue de economías, esto se haga con la gente local, “no queremos estar importando nada”.
Habló, sin dar detalles, que por parte de las policías y fuerzas armadas traen la estrategia de contención.
Anunció que los apoyos que vienen para Guerrero son universales, “no son nada más de la Secretaría de Gobernación, venimos el paquete completo, lo sacamos adelante porque lo sacamos adelante, y para eso lo más importante es empezar a construir confianza, primero entre ustedes, ustedes con nosotros y nosotros donde comprometemos la palabra, tenemos que comprometer la acción”.
Informó que los diagnósticos en estos cuatro municipios iniciarán ya en el mes de noviembre para que en el 2016 se fortalezcan las acciones de infraestructura y de inversión en espacios públicos, “que vamos a empezar a darle un nuevo rostro a este estado, pero en específico a estos cuatro municipios”.

Guerrero, el estado donde habrá mayor inversión en prevención

Dijo que de las estrategias aplicadas a nivel federal, la que se hará en los cuatro municipios de Guerrero, es “la más seria, la que mayor cantidad de recursos traerá y la que buscará de una vez por todas recuperar esos espacios que les fueron secuestrados a la gente del estado de Guerrero, toda la federación se va a volcar aquí”.
En la ronda de preguntas y respuestas, el funcionario federal explicó que solo en el tema de prevención social se invertirán en este esquema entre 400 y 500 millones de pesos, lo cual dijo, “es algo inédito” y un esfuerzo de más del 300 por ciento de las inversiones hechas en años anteriores que alcanzaron los 180 millones de pesos.
Dijo que Guerrero es la entidad en el país que recibirá mayor cantidad de recursos en material de prevención social, independientemente de los recortes presupuestales que se harán.
En este nuevo esquema participarán nueve secretarías: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Gobernación (Segob), Comisión Nacional del Deporte (Conade), Secretaría de Hacienda (SHCP), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Secretaría del Trabajo (STPS).
A pregunta sobre este esquema en material de inseguridad, y que a un año de la llegada de la Gendarmería se han registrado unas 106 ejecuciones, según los registros de El Sur, Escobar y Vega dijo que la estrategia es integral, de la que advirtió “esta estrategia en material de prevención social no sirve de nada si no tenemos la capacidad gobierno federal, estatal y municipal, de convencer  a la ciudadanía de que participe”.
Dijo que será una ruta compleja, y mencionó que en materia de prevención, se trabajará en las colonias y polígonos de mayor incidencia de inseguridad, donde está más marcado el rompimiento del tejido social.

Urge disminuir los asesinatos, plantea Héctor Astudillo

Por su parte, el mandatario estatal Héctor Astudillo dijo que lo que urge en Guerrero y en Iguala es disminuir el índice de asesinatos, no solamente con la llegada de más gendarmería y Policía Federal, sino haciendo que la sociedad tenga actividades diferentes en donde hay el más alto índice de inseguridad.
“El asunto de la inseguridad no se va a bajar solamente con que vengan más policías, eso es contención, el índice de delitos se va a bajar en la medida de que seamos más precisos en la educación, en la atención social y en la familia”, dijo.
En su mensaje, el alcalde de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza dio la bienvenida al funcionario federal y al mandatario estatal, a quien agradeció la presencia y dijo que Iguala necesita de verdaderos servicios de beneficio social, “necesita un mercado, necesita un rastro digno y es urgente también contar con un Palacio municipal”.
Denunció que los gobiernos estatales y federales pasados, “fueron indiferentes con Iguala dejando su crecimiento anárquico, con desorden social, comercial, falta de empleo, inseguridad, inversiones congeladas, desconfianza, incertidumbre y con servicios públicos deficientes”.
Señaló que la historia ha marcado a Iguala por los lamentables y condenables hechos ocurridos en septiembre del año pasado, “hechos que lastiman y laceran la dignidad del ser humano, sin embargo la fe y la esperanza nos mantienen de pie y estamos preparados para salir de esta pesadilla”.

Acuerdan ex braceros pedir seis meses más para el registro en el padrón: UCEM

* Si no los atiende la Segob harán protestas en marzo

 

Karina Contreras * En la primera cumbre nacional de ex braceros se acordó pedir a la Secretaría de Gobernación (Segob) ampliar el periodo de registro para la conformación del padrón, seis mes más, para que los que no entraron en el programa tengan la posibilidad de integrarse; además de que en marzo –si no reciben una atención por la Segob– se movilizarán para tomar todas las delegaciones de esa dependencia en el país, informó el coordinador de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos (UCEM), Taurino Castrejón Salgado.

En una visita a la redacción de El Sur, Castrejón Salgado informó sobre los avances que se dieron durante la primera cumbre de ex braceros y en donde se conformó la Unión Binacional de Organizaciones de ex Braceros 1942-1967, integrada por unas 50 organizaciones.

El coordinador de la UCEM en el estado comentó que los acuerdos fueron tomados luego que la Segob no envió a ningún representante a la primera cumbre de ex braceros llevada a cabo el 19 de febrero en el salón Cristales de la Cámara de Diputados, y en donde sí estuvieron los del Infonavit y el ISSSTE así como el presidente de la comisión especial para los ex braceros, el diputado perredista, Valentín González Bautista.

“La Segob perdió una oportunidad para acercarse a los ex braceros y hacerles caso. Por eso se acordó que en marzo se tomarán las delegaciones a nivel nacional; además de que se está pensando en medidas más drásticas hasta sensibilizar al gobierno”, dijo Castrejón.

Señaló que durante la primera cumbre de ex braceros entregaron de manera formal las propuestas como una pensión vitalicia, el pago de asistencia médica hasta el cuarto grado de parentesco y que los 60 mil pesos que ofrece el gobierno por ex bracero sea un pago mínimo.

El la primera cumbre también hicieron sugerencias al Poder Legislativo para ver de qué partidas pueden sacar el dinero que necesitan para devolver el 10 por ciento a más de 4 millones de ex bracearos que laboraron en Estados Unidos.

Comentó que han visto disponibilidad en la nueva comisión de legisladores de querer resolver el problema de los ex bracearos, aunque reconoció, que han trabajado y puesto más atención por                   la presión que han ejercido.

Señaló que con los avances y la disposición que se ve, al menos en el Congreso federal, que es quien autoriza los gastos, se podría pensar que a principios de año se podría pagar a los ex braceros.