El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, alertó que en el corredor Huamuxtlitán, Cualac y Olinalá, en la región de la Montaña, la disputa por el territorio entre los grupos del crimen organizado ha desembocado en una “trágica” y “catastrófica” descomposición social, que ya trasciende a la región y al estado.
En entrevista telefónica, el defensor de derechos humanos declaró que la gente está temerosa por ese patrón de criminalidad y violencia “que ya se salió de control”. Y que lo peor es que las autoridades niegan los hechos, “no reconocen ni actúan ante el problema”.
La entrevista se dio el jueves 2, luego de que en tres días se reportaron once asesinatos; siete de las víctimas fueron encontradas desmembradas el martes en la carretera Tlapa-Olinalá, en tanto que el miércoles en la noche sicarios irrumpieron en la comunidad de Teticic, Olinalá, y asesinaron a otra persona, horas antes se reportaron tres desaparecidos en ese municipio y el jueves tres hombres fueron ejecutados dentro de un vehículo en la carretera.
“En la ruta Huamuxtlitán, Cualac y Olinalá empieza una disputa de grupos del crimen organizado, y lamentablemente ya han habido varios asesinatos en Olinalá”.
Recordó que la violencia en el municipio de Olinalá se agudizó a partir de agosto del 2024, cuando siete integrantes de una familia fueron emboscados y asesinados en la carretera Olinalá Temalacatzingo, en el crucero de Amatlicha, después de asistir a un sepelio en Olinalá y regresar a la Ciudad de Mexico.
Después, en octubre del 2024, dos jóvenes fueron linchados y quemados en la cabecera municipal, acusados de secuestro. Posteriormente hubo una incursión de policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Juan Escalerilla, Zapotitlán Tablas, que no tiene el reconocimiento de las cinco casas de la CRAC-PC.
El 17 de octubre del 2025 fue asesinado el maestro e integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Melchor Gonzaga Campos, en el centro de Olinalá.
Barrera Hernández informó que estos sólo son algunos de los crímenes de alto impacto que han trascendido y publicado en los medios de comunicación, pero hay otros que no se han dado a conocer.
“Entendemos que hay una disputa por el territorio de los grupos criminales, que ahora empiezan a cometer otros asesinatos en las comunidades de Olinalá”.
Agregó que los crímenes más recientes son los siete cuerpos que fueron encontrados desmembrados en un crucero entre Olinalá y Cualac el martes pasado, y el miércoles la desaparición de tres personas de Teticic, además del asesinato de otro por hombres armados que irrumpieron en esa comunidad la noche del miércoles.
“Hay una descomposición social que se ha venido agudizando a lo largo de los últimos meses y la gente está temerosa por este patrón de criminalidad y violencia que existe”.
Criticó que lo peor es que las autoridades niegan los hechos, “no hay un reconocimiento al problema que trasciende al municipio, a la región y al estado. Es un problema grave que ya se salió de control”.
Añadió que las reuniones en las que participan las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, “y lamentablemente no están tocando con seriedad el problema de la violencia y mucho menos están haciendo las lecturas de contexto y de los patrones de ajusticiamiento”.
Dijo que estas reuniones no tienen repercusiones efectivas en la realidad “y esto deja a una sociedad inerme, totalmente indefensa ante un clima al que la gente se resigna a padecer y a cargar con esta cruz de violencia hasta en plena Semana Santa”.
Para el defensor social, la ausencia de la autoridad es grave, pues no están focalizando los lugares donde se están dando estos crímenes; “vemos desdibujada esta Mesa, es una Mesa de escritorio, es una mesa virtual que no pulsa la realidad en toda su dimensión, y mucho menos articula estrategias para revertir esta ola delincuencial”.
Es un diagnóstico “catastrófico” el que se está constando en la Montaña, que era una región relativamente tranquila, pero que hoy “se ha desbordado la violencia”.
Informó que si en Tlapa siempre se han presentado asesinatos en diferentes momentos, ahora la violencia se ha expandido en la ruta de Huamuxtlitán, Cualac y Olinalá, además de la de Huamuxtitlán–Xochihuehuetlán que “ya empieza a cobrar víctimas, además de la ruta Zapotitlán Tablas-Tlatlauquitepec-Acatepec”.
Alertó: “Estamos siendo cercados por grupos de la delincuencia que están asolando la región y las autoridades siguen pasivas, solamente documentando en papel las tragedias, mientras que la gente no se siente apoyada, escuchada ni atendida”.
Insistió que, particularmente en Olinalá ya es un “foco rojo y un problema mayor” porque las agresiones y los asesinatos se dan en el día, “sin ningún control”, a pesar de la presencia de un grupo de la Guardia Nacional que tiene un retén en la entrada de la cabecera municipal, “pero parece que el ciudadano no es el que interesa a estos cuerpos de seguridad de la federación, pues dejan crecer este clima de violencia”.
Barrera Hernández no precisó qué grupos delictivos se están disputando el territorio, pero de acuerdo con fuentes policiacas son los de la Policía Comunitaria de la CRAC que opera en San Juan Escalerilla, municipio de Zapotitlán Tablas, presuntamente vinculada con el grupo delictivo de Los Ardillos y que no está reconocida por las cinco casas de la CRAC-PC, la que está entrando a los municipios de Olinalá, Cualac y Huamuxtitlán para desplazar al grupo que antes se conocía como Los Rojos y ahora se conoce como Los Jiménez, que tienen su centro de operaciones en Puebla.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández habla ante los feligreses que asistieron a la catedral de Tlapa al homenaje al obispo Alejo Zavala Castro Foto: Carmen González Benicio
Carmen González Benicio
Tlapa
Las cenizas del primer obispo de Tlapa, Alejo Zavala Castro, fueron recibidas por decenas de feligreses que se concentraron en la entrada de la ciudad para acompañarlo en su recorrido a la catedral de San Agustín, donde fue depositada la urna.
Durante la misa se destacó su caminar al lado de las comunidades indígenas y la promoción y defensa de los derechos humanos en una zona olvidada y marginada.
A su llegada a catedral las cenizas fueron recibidas con el repique de campanas y escoltadas por los sacerdotes hasta el altar del Señor del Nicho, donde se celebró la misa y se colocó su báculo, su hábito coral y su fotografía.
El encargado de la misa fue el arzobispo Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, quien lo sustituyó como segundo Obispo en la Diócesis de Tlapa. Entre sus reflexiones recordó que se ordenó sacerdote el 17 de diciembre de 1966 y fue nombrado obispo por el episcopado el 4 de enero de 1992 y su ordenación episcopal el 25 de marzo de 1992 en la ciudad de Tlapa y su paso por Chilapa.
Mencionó que la ceremonia era para despedir y decir un hasta luego a Zavala Castro en su caminar por la Montaña, donde llegó a los pueblos que reconoce en situación difícil, lo que le constaba como segundo obispo.
Dijo que fue una persona sin deberse a intereses personales, humilde, y trajo la esperanza a la zona, así como a varias congregaciones como las hermanas Clarisas que lo estuvieron acompañando.
Mencionó que se forjó a la luz del pueblo, en su fe, para entender cómo desgastó su vida en la Montaña.
Y que fue un gran hombre ante los problemas que tenía porque se propuso construir un seminario para los jóvenes y lo logró; al llegar a Chilapa también remodeló el seminario, por lo que su obra no solo fue espiritual sino también material.
Fue “el pastor de la Montaña”: Abel Barrera
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, se refirió ahí a Alejo Zavala como un hombre sencillo, huérfano a los cuatro años, que sus tías cuidaron, a quien le gustaba el básquetbol y sabía contemplar la realidad.
Recordó que fue el papa Juan Pablo Segundo quien anunció la Diócesis de Tlapa, en la Montaña, donde llegó a dar esperanza a más de 700 comunidades que vivían momentos difíciles en 1992, por lo que fue el pastor de la Montaña que con su lema en nombre de Dios atrajo a las personas.
Agregó que con él llegaron a la Montaña varias congregaciones a las comunidades más lejanas, porque consideró que era necesario caminar al lado de los pueblos, del comisario, del rezandero y de las cofradías.
Barrera Hernández contó que el obispo Alejo, cuando estaba enfermo, les externó que quería regresar a la Montaña, por lo que con el depósito de sus cenizas se cumplió su voluntad.
Destacó que toda su obra fue con los más pobres, los desamparados y enfermos a quienes les tocaba la cabeza infundiendo fe.
Dijo que en su plan pastoral de la Diócesis de Tlapa les dio a los laicos un papel importante más allá de lo religioso, donde vio la importancia de las Asambleas comunitarias para robustecer la esperanza de los pueblos.
Además de implantar una cultura de los derechos humanos al dar vida al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, porque se demandaba justicia, respeto y dignidad a los pueblos indígenas.
Alejo Zavala Castro “fue un testimonio de luz en la oscuridad, el pastor de la Montaña, esperanza de hombres y mujeres en una región difícil, pero hermosa”.
Autoridades religiosas en la despedida
La urna con sus cenizas la trasladaron a Tlapa el obispo de la diócesis Chilpancingo–Chilapa, José de Jesús González y el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González. Provenían de Chilapa, donde Zavala Castro fue obispo del 19 de noviembre de 2005 al 20 de junio de 2015. Las entregaron para que las llevaran dos sacerdotes en un carro adornado con flores y su fotografía para su recorrido por la avenida Colegio Militar, la calle Añorve, Morelos y Fonseca, que llevan a la catedral.
Lo cobijaron decenas de estandartes que llevaban los integrantes de las juntas o comités católicos de colonias y comunidades, así como los grupos religiosos al interior de la catedral, y le acompañó una banda de música de viento.
Lo recibieron el obispo de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga, los arzobispos Carlos Garfias Merlos, de Morelia y Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, de Tulancingo Hidalgo, quien fue el segundo obispo en esta región. Además del rector del seminario Tonantzin Guadalupe, Aquilino García Carranza y el párroco Valente Meza Jiménez.
Antes de concluir la misa se formó una valla por sacerdotes y religiosas para resguardar su paso hacia la capilla de la virgen del Carmen donde quedaron sus cenizas que depositó el arzobispo Óscar Roberto Domínguez, volvieron al altar para cerrar la ceremonia.
A partir de ese momento quienes lo conocieron se formaron en fila para pasar a ver la urna con sus cenizas.
En el atrio de la iglesia se colocaron fotografías de su recorrido por las comunidades de la Montaña, que las personas se acercaron a observar.
Alejo Zavala Castro nació el 31 de diciembre de 1941 en Galeana, Michoacán y murió el 02 de noviembre de 2025, a los 83 años, en Morelia.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández con autoridades municipales y agrarias de Atlamajalcingo del Río, en Tlapa en conferencia de prensa en las oficinas de la organización Foto: Tlalchinollan
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó que la mayoría de los caminos artesanales están destruidos porque faltó planeación, no se tomó en cuenta a las comunidades y en consecuencia fueron obras de mala calidad.
El defensor de derechos humanos e indígenas, se refirió al reportaje publicado el martes y miércoles en El Sur, durante una conferencia de prensa que se transmitió por Facebook en donde autoridades municipales y agrarias de Atlamajalcingo del Río, municipio de Tlapa, denunciaron que desde hace un año el Ayuntamiento no les quiere pavimentar 400 metros de la calle Nicolás Bravo ni techar la escuela telesecundaria Ignacio Comonfort.
El Sur publicó en el reportaje que algunas carreteras artesanales de la Montaña, aún están inconclusas y permanecen sin reparación los daños mayores provocados desde el huracán John, en tanto que de parte de los alcaldes hubo irregularidades en el manejo de los recursos al grado de que en algunos hasta los muertos aparecen como trabajadores de los caminos artesanales.
“Apenas vimos un reportaje de los caminos artesanales de la Montaña, la mayoría están destruidos porque faltó planeación, no se tomó en cuenta a la comunidad, y por consecuencia, fueron obras de mala calidad”, declaró Barrera Hernández.
Indicó que, en efecto, casi el 70 por ciento de los 99 caminos artesanales están destruidos por las lluvias a partir del huracán John. “Son casi todos los que se hicieron en la Montaña”.
Reprochó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han abandonado por décadas a las comunidades de la región de la Montaña en materia de obras y servicios públicos.
El defensor de derechos humanos cuestionó que esto ocurra a pesar de la reforma indígena, en la que se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público; es decir, los actos de autoridad y de gobierno comunitario son constitucionales y sus leyes y costumbres también, tienen repercusión constitucional.
“Por esa razón pedimos a las autoridades que tomen conciencia de que el Cuarto Piso del gobierno comunitario está reconocido en la Constitución y los pueblos tienen derechos, entonces hay que ser coherentes con este nuevo escenario jurídico”, señaló en referencia a que los pueblos indígenas tienen que ser consultados en la realización de sus obras.
Celebró que ahora ya se les reconozca a las comunidades un porcentaje del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para que lo manejen de manera autónoma de los ayuntamientos.
Afirmó que este es un buen ejercicio y una oportunidad para que demuestren que los pueblos administran bien sus recursos, son transparentes y consultan en asamblea para decir qué obras se van a realizar.
“Ese ejercicio de transparencia y rendición de cuentas no lo vemos en los tres niveles de gobierno, en cambio, la comunidad es muy transparente, por eso tenemos que apoyarla”.
Amagan con protestas si el Ayuntamiento de Tlapa no atiende sus demandas
Abel Barrera encabezó la conferencia de prensa en la que estuvieron autoridades municipales y agrarias, así como integrantes del Comité de Obras 2025 de Atlamajalcingo del Río, un pueblo nahua del municipio de Tlapa, quienes denunciaron que desde el 2024 el Ayuntamiento no ha pavimentado 400 metros de la calle Nicolás Bravo ni ha techado la escuela telesecundaria Ignacio Comonfort, con recursos federales del Ramo 33.
En la conferencia de prensa estuvieron el comisario municipal, Santiago Carera; el secretario de la Comisaría, Antonio Rojas; el presidente del Comité de Obras, Jovany Cano; el presidente del Comité del FAIS, Dagoberto Sierra; el comisariado de Bienes Comunales, Roberto Tapia, así como algunos principales del pueblo.
Antonio Rojas aclaró de entrada que no pertenecen a ningún grupo o partido político, sino que son genuinos representantes del pueblo. La aclaración la hizo debido a que explicaron que para deslegitimar su demanda, en el Ayuntamiento los señalan de tener intereses políticos.
Informó que el ayuntamiento solo les ofrece cien metros de pavimentación, lo que calificó como una burla, pues desde el 2024 no fueron considerados con ninguna obra y en lo que va de este año tampoco les han autorizado ninguna, “por eso exigimos los 400 metros y el techado de la escuela que está en la misma calle que queremos nos pavimenten”.
Los representantes de Atlamajalcingo del Río exigieron una reunión con el presidente municipal Gilberto Solano Arreaga.
Advirtieron que si no los atiende, los pobladores están dispuestos a realizar actividades de protesta “hasta que logremos lo que por derecho nos corresponde”.
Barrera Hernández explicó que Atlamajalcingo del Río es un pueblo que lucha, como todos, “pero de parte de las autoridades municipales hay un maltrato a las comunidades que no tienen lo básico para tener una vida digna”.
Reprochó: “No hay inversión en general de los ayuntamientos para revertir el rezago social que hay en las comunidades rurales e indígenas”.
Indicó que por ello, Tlachinollan apoya las demandas de Atlamajalcingo del Río y de muchas comunidades a las que no les resuelven sus demandas.
“Tenemos información de que al comisario municipal de Atlamajalcingo pasado, ni si quiera lo dejaron entrar a las reuniones del Coplademun. No supo qué pasó, al grado que las consecuencias fueron malas. No apareció Atlamajalcingo del Río programado para una obra”.
“Hay muchas comunidades en los municipios donde no hay obras prioritarias en las comunidades, lo que si hay son obras de relumbrón, obras nomas para salir del paso, mientras que los pobladores tienen que transitar por charcos y charcos que hay en las carreteras, caminos y calles porque no se las pavimentan.
Citó como ejemplo la cabecera municipal de Tlapa, donde en todas las salidas hay charcos y charcos porque no hay obra pública.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, pidió a las autoridades a investigar el ataque al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, por su actividad como defensor de derechos humanos “de tiempo completo” por el río Papagayo y por los trabajadores de las playas porque afectó a intereses de empresarios y grupos de poder, y por pedir justicia por su hermano Vicente desaparecido.
Desde hace casi un año y medio, el líder comunitario solicitó seguridad al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero se la negaron porque las autoridades no valoraron “la inminencia de una agresión”, señaló en entrevista el director de la organización defensora jurídica de Suástegui Muñoz.
Denunció por teléfono que el propio líder comunitario puso como referencia el inicio de las amenazas el aniversario de desaparición de su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz, perpetrada el 5 de agosto de 2021, donde pidió que se detuviera a Pedro Santos Cruz, alias el Comandante Pino de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a quien habrían entregado a Vicente Suástegui y estaba vinculado con el crimen organizado.
Otra amenaza ocurrió durante una asamblea del Cecop hecha tras el aniversario de Vicente Suástegui en el embarcadero de El Fraile, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde una persona que no ubicó el vocero del Cecop se le acercó y le dijo “que se cuidara y que dejara de seguir señalando a quienes él ha denunciado como responsables de la desaparición de Vicente”.
Otro incidente ocurrió en la playa Icacos, donde trabaja y fue agredido el viernes pasado Suástegui Muñoz, aquella vez dos personas en motocicleta lo señalaron y lo siguieron, pero el vocero del Cecop logró escaparse.
Tras estos hechos, el vocero del Cecop le pidió al Mecanismo de Protección del gobierno federal, seguridad de agentes de la Guardia Nacional, sin embargo, sólo le entregaron un teléfono satelital y un botón de alerta que no sirven si no hay señal.
Barrera indicó que los argumentos esgrimidos es que no había recursos y que se tenía que probar la necesidad, “daban a entender que estaba pidiendo Marco algo que no correspondía al nivel de riesgo y la verdad es que ése es el problema, no se ha tomado en cuenta el contexto, no se ha tomado en cuenta su actividad, que él es un defensor que se dedica de tiempo completo”.
Dijo que Suástegui Muñoz vivía en un contexto “de alto riesgo, sobre todo por todos los incidentes que le han pasado y que entendemos que en las últimas semanas, no tenemos información, pero sí siguieron dando algunas incidencias de amenazas, sobre todo ya de situaciones que hablaban precisamente de que le podían hacer algo”.
Barrera aseveró que “el riesgo era inminente, o sea, no se valoró el factor de la inminencia de una agresión y eso es lo que más podemos recalcar, que no es posible que no dimensionen las autoridades, que no tengan el pulso o que no tengan el interés ni la sensibilidad ni el compromiso para poder escuchar las razones de un defensor como en este caso de Marco, de que desde hace casi año y medio estuvo insistiendo en la necesidad de una protección policiaca que nunca llegó”.
Acusó de “negligencia en el sentido de no valorar adecuadamente el contexto, los incidentes, lo que representaban realmente estas presencias de personas que llegaban a amenazar y el clima de violencia que persiste en Acapulco”.
Se le preguntó al director de Tlachinollan si se valora que la razón del ataque fue más por el activismo de Suástegui Muñoz en el Cecop que en el reordenamiento de playas, y Barrera contestó que “no podemos separar a Marco de sus actividades”.
Indicó que se puede decir que La Parota “ya pasó, eso es estar hablando de hace años; no, el tema no es que ya pasó hace 15, 20 años, el tema es que la defensa del territorio es una defensa continua, fue el tema de la presa, pero pues está el tema de las gravilleras que siguen afectando el río Papagayo”.
En las gravilleras “se ve el contubernio que existe entre empresarios y autoridades municipales, o gente de Conagua (Comisión Nacional del Agua)”, señaló y recordó que una de las causas de la detención del vocero del Cecop fue la acusación de un empresario.
Demandó a las autoridades a investigar “todos estos trabajos que hacía Marco y que bien o mal por su defensa del territorio, afectó intereses económicos de empresarios, afectó intereses de grupos de poder”.
Además, en el reordenamiento de playas, Suástegui Muñoz impulsa el derecho a los trabajadores, entonces “yo creo que también eso al final de cuentas llegó a afectar intereses de quienes han querido tener estos espacios como las playas y todos los negocios que hay ya como parte de un negocio ilícito, como un negocio al margen de la normatividad vigente”.
“El hecho de organizarse, el hecho de acuerparse, de no sentirse solos, sino ya como parte de una organización, de tener una identidad, una visibilidad, de ser actor social importante para tomar en cuenta en el ordenamiento de la zona turística, entendemos que esto empezó también afectar intereses de grupos de la delincuencia”.
El director de Tlachinollan insistió en “ver de manera más integral el trabajo” de Suástegui Muñoz como defensor del río frente a las gravilleras, de los trabajadores de playas en el reordenamiento, y que aparte tiene un hermano desaparecido por el que ha pedido justicia e investigación y detención a los responsables; “él fue agredido por ser un defensor de derechos humanos”, puntualizó.
Suástegui Muñoz sigue en terapia intensiva
La familia del vocero del Cecop informó ayer en la noche que el estado de salud se mantenía igual al de los días anteriores, “grave, pero estable”, aún sigue en terapia intensiva, por lo que ya son más de tres días en este tipo de atención médica.
Indicó que las tres situaciones comunicadas el domingo a El Sur siguen vigentes: está recibiendo hemodiálisis por tanto medicamento que ha recibido desde su atentado, tiene problemas de circulación y presenta bajas plaquetas.
Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición de la región Montaña, durante su participación en el Cuarto Tribunal por los Derechos de las Mujeres, que organizó Tlachinollan y se realizó en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en el centro de la capital Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
En el Cuarto Tribunal Mi Voz Honrara tu Memoria, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, se denunció la impunidad y la inacción de las autoridades en los casos de feminicidios y desaparición de personas, que siguen aumentando en la entidad.
Como parte de las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Cuarto Tribunal Mi Voz Honrara tu Memoria, se realizó en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde se presentaron testimonios de personas desaparecidas y de feminicidios de indígenas de la región de la Montaña.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, dijo que de parte de las autoridades no hay un acompañamiento adecuado a las familias de personas que han sido víctimas de la violencia.
“Es muy grave el problema de los feminicidios, en Guerrero es algo que se está incrementando y está al alza y vemos que las autoridades están realmente muy lejos de atender, proteger, acompañar y de estar al lado de las mujeres”.
En estas circunstancias, dijo que los familiares de las víctimas se sienten en un ambiente de indefensión, sobre todo por la falta de investigaciones para dar con resultados y los responsables materiales e intelectuales de los feminicidios y desapariciones.
Resaltó por ello la importancia “de venir aquí, a un recinto del Poder Judicial para poder darles voz a las víctimas o a sus familiares que están luchando en medio de tantas adversidades para alcanzar justicia”.
La abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, reprochó el desdén de las autoridades a eventos como éste que se realizan para que escuchen de manera directa los testimonios.
Informó que como en años anteriores se realizó la invitación a las diferentes autoridades, sin embargo, ayer otra vez quedaron sus asientos vacíos.
Este viernes solamente asistió la representante de la presidenta de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Cecilia Narciso Gaytán, Vianey Castorena. El resto de las autoridades del Gobierno del estado, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del propio TSJ no asistieron.
Arias Vitinio añadió que mientras las autoridades desdeñan estos eventos en los que las victimas podrían tener la oportunidad de presentar sus testimonios de manera directa a las autoridades, “desafortunadamente no hay responsables, no hay castigo, no hay detenidos y esto es un grave problema que está lacerando principalmente a las mujeres”.
El encuentro comenzó con un minuto de silencio para todas las victimas de feminicidios y de desapariciones “que desafortunadamente les ha tocado vivir este clima de mucha violencia”, indicó la abogada.
Escucharon los testimonios Omaira Ochoa Mercado, del Observatorio de Feminicidios, de la Ciudad de México; Ana Sandra Salinas, abogada de la agrupación feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Beatriz Adriana Rivera, integrante del Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez y Olga Mondragón González, del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera.
Uno de los testimonios fue el de Lucila Mendoza García, de 19 años, indígena Ñuu savi, originaria de la comunidad de Pueblo Viejo municipio de Metlátonoc, quien desapareció el 9 de mayo del 2022 cuando cursaba el tercer grado de sus estudios en el Centro de Bachillerato de Tlapa y desde cuando se desconoce su paradero.
Otro de los testimonios fue el de Aurelia Vásquez Velásquez quien está desaparecida desde abril del 2020 en Cochoapa el Grande, después de que los familiares de su esposo la acusaron de matarlo pero demostró su inocencia.
Otro testimonio fue el de feminicidio de Yesenia Romualdo Herrera, de 23 años de edad y originaria de
Oztocingo, municipio de Copanatoyac, su cuerpo fue encontrado flotando en el río cerca de ese pueblo el 21 de septiembre del año pasado con un 75 por ciento de quemaduras.
El diagnóstico del gobierno del estado que revela que 30 municipios de Guerrer (de los 85 a partir de este año), están controlados por el grupo delictivo La Familia michoacana, indica que el crimen organizado va al alza y el gobierno “en picada”, por no ir al fondo del problema, opinó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández.
En tanto que el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, declaró que los espacios que controla el crimen organizado en el estado son los vacíos que van dejando las autoridades, y opinó que sólo mediante la organización de los pueblos se podrá recuperarlos.
En el mapa de la Secretaría de Seguridad Pública del estado denominado Presencia de La Familia Michoacana (FM) y su avance con aliados (La Bandera, Los Ardillos, Cártel del Sur, Los Maldonado), publicado en El Sur en su edición de este martes, revela que 30 municipios del estado ya están controlados por la FM.
El Ejército como recurso de AMLO no funcionó: Barrera
Entrevistado por teléfono, Barrera Hernández declaró que el avance del crimen organizado es porque las estrategias de seguridad se desarrollan al margen de la sociedad, “la sociedad ha quedado al margen, está inerme y no se atienden sus reclamos”.
Para el activista, el avance de la delincuencia organizada en la entidad se debe, además, a que el modelo de seguridad aplicado en Guerrero desde hace décadas no ha dado resultado porque no se va al fondo del asunto.
Dijo que no se están tomando en cuenta los factores que dan origen a la crisis de la violencia y que los pactos que hubo entre grupos policiales, autoridades municipales y estatales con los jefes del crimen organizado hicieron crecer la economía criminal por la pobreza, el desempleo y la falta de servicios básicos.
Indicó que ahora que se busca corregir el problema desde la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Ejército en las áreas de seguridad pública no está generando sinergia entre los funcionarios e instituciones con la sociedad.
Añadió que, por el contrario, las estrategias de seguridad que se acuerdan en las mesas de paz se acuerdan sin la participación y, aún más, a espaldas de la sociedad, “entendiéndola como enemiga”.
Barrera Hernández, opinó que las instituciones por si solas no van a poder resolver el grave problema de seguridad, y añadió que primero se tienen que arrancar de raíz los intereses de los criminales que todavía subyacen dentro de las instituciones de seguridad y de las fiscalías.
Indicó que el problema es que dejaron crecer a los grupos de la delincuencia, al grado que en varias regiones son ellos el poder factico, “como dicen los mismos funcionarios en 30 municipios tienen el control y estamos hablando que más del 30 por ciento de los municipios de Guerrero están en manos de la delincuencia”.
Añadió que la preocupación es cuanto más va a subir en este proceso electoral, porque el crimen va a la alza y el gobierno en picada, en términos de que no está respondiendo a los reclamos de la sociedad, no le responde a la gente más desamparada, a las víctimas, a los colectivos, a las organizaciones que demandan mayor atención.
Barrera Hernández dijo que de parte de las autoridades estatales no han empatía con la sociedad, “hay un pique hacia debajo de parte de las autoridades, no se está ganando la confianza, al contrario, hay un alejamiento y un repliegue de la población ante la inacción de las autoridades”.
Declaró que, en efecto, en esos municipios que controla el crimen organizado es el poder real que socavan a las instituciones y es lo que ocasiona que la gente se sienta temerosa y desmovilizada porque sabe que cualquier movilización implica riesgo.
“Se ha colocado a la sociedad contra el paredón por estos pactos con los criminales que se han dado y se siguen dando; por un lado se truncan y por el otro se restablecen por la telaraña que hay dentro de las instituciones, sobre todo en el ámbito municipal que está colapsado por el crimen organizado”, declaró.
Indicó que en estos lugares las autoridades se han replegado y están dejando libre el espacio que deben de ocupar, “dejan un vacío de autoridad, de monitoreo y de presencia”.
El director de Tlachinollan explicó que en las regiones donde controla el crimen accionan sus armas para poner en orden a quien se le atraviese en el camino, y explicó que por eso están ocurriendo los asesinatos contra policías y funcionarios de procuración de justicia.
“Ahí están los hechos violentos que hablan del empoderamiento del crimen y de que hay zonas grises donde no controla la autoridad, porque son regiones o municipios del crimen organizado”.
Añadió que si en estas regiones hay funcionarios que les están siendo disfuncionales o están viendo que no hay una coordinación para sus intereses, pues van a actuar”, por eso dijo que el ambiente que se vive en Guerrero está sofocado por la violencia.
“Ya Guerrero no tiene ninguna protección de nada, los ciudadanos no saben a quién acudir, a quien asirse, ya ni la casa es recinto donde uno puede estar seguro, se han dado casos que hasta en el mismo domicilio se atenta contra la vida”.
Subrayó que los crímenes contra policías y funcionarios de seguridad también tienen que ver con el rompimiento de pactos, “el resquebrajamiento de estos pactos que había entre el poder político y los grupos de la delincuencia están ahora generando estos crímenes”.
El defensor de derechos humanos pidió que haya un replanteamiento de las estrategias de seguridad y blindarse con la sociedad, que es la que sabe cómo, donde operan y los puntos rojos que se tienen que atender.
Declaró que la población es el insumo principal para diseñar una estrategia de seguridad en coordinación con la sociedad civil, y puso como ejemplo el modelo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Los pueblos se acostumbraron a cohabitar con el crimen, alerta el padre Velázquez
Por su parte, el presbítero Velázquez Florencio, del Centro Minerva Bello, declaró que el control del territorio de los grupos delictivos habla de la ausencia de las autoridades, “puesto que si están ellos (la delincuencia) es porque no había autoridad y ellos llenaron el vacío”.
Para el sacerdote son un flagelo para el pueblo, aunque a veces se acostumbre a cohabitar con este tipo de grupos delictivos, que a veces pudieran ser más efectivos que las estrategias de las instituciones de seguridad”.
Sin embargo, reprochó que eso hace que la impunidad prevalezca y actúan como quieren porque saben que no les van a hacer nada.
Opinó que ante el problema lo único que le queda a la población es concientizar su realidad y unirse para buscar juntos una alternativa, y citó el ejemplo de Cherán, Michoacán, donde el pueblo decidió organizarse y el resultado ya está ahí.
“La respuesta la tiene el pueblo, pero debe ser un pueblo consiente socialmente, lamentablemente con los programas clientelares que existen difícilmente se forman conciencias. “solamente, se llenan panzas lombricientas, pero no pueden llenar mentes que puedan liberarse de este flagelo de la violencia y que es auspiciada por el propio Estado por su ineficiencia y su incompetencia”, dijo.
En tanto, explicó que los asesinatos de los funcionarios de procuración de justicia y policías no son aislados, “es una situación que muestra el poder que tiene el crimen organizado para poder ejecutar a plena luz del día, demuestra que tiene el control de las calles, ya no digamos de todo el comercio”.
Lamentó: “No sabemos cuál va a ser el límite, ya tuvimos muchos límites, y no sabemos qué límite quiere el Estado para que salga a afrontar de manera integral estas situaciones”.
El aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la consulta sobre las reformas del Congreso local a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultu-ra de los Pueblos Indígenas, “es un golpe fuerte al sistema de justicia comunitario”, y en particular a la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), opi-nó el director del Centro de De-rechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera.
Entrevistado por teléfono, agregó que la resolución atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, es una burla más hacia ellos, y una mala señal porque significa un retroceso en las reivindicaciones de los pueblos originarios.
El lunes se conoció que la SCJN validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso local a la Ley 701 en mayo del año pasado. En ellas se eliminó el sistema de reeducación y se sustituyó a la Policía Comunitaria por una “policía indígena y afromexicana”, misma que se subordinará a las policías de los tres órdenes de gobierno.
Tlachinollan dio acompañamiento a la CRAC en su movimiento contra esa reforma, debido a que, argumentaron, no se consultó a los pueblos indígenas. Y ayer su director subrayó que la Corte “no reconoce sus formas de organización cimentadas en la libre determinación y, sobre todo, las formas de consultas que implementan las comunidades a través de sus asambleas”.
Barrera Hernández explicó que probablemente en los últimos meses el Congreso subsanó los procedimientos de la consulta y se hicieron cabildeos con algunos ministros para que les mostraran que en términos procedimentales cumplieron con los principios que ordenó la Corte y los que rigen la consulta.
Sin embargo, dijo que la realidad es que los pueblos fueron excluidos de esa supuesta consulta, sus autoridades no fueron tomadas en cuenta ni su práctica consuetudinaria que está marcada por las asambleas comunitarias.
“Fueron simplemente acciones mediáticas, de mera formalidad legaloide, nunca consultaron a fondo los pueblos”, subrayó.
En su opinión, fue una burla más, “y se sigue dando la espalda a los pueblos, ignorando su capacidad, su fuerza, su resistencia y su inteligencia para autogobernarse y construir un entramado jurídico basado en los derechos colectivos”.
El gobierno de Morena también desprecia al movimiento indígena
Barrera lamentó que, en Guerrero, en el mismo gobierno de Morena, no haya un compromiso con los pueblos indígenas, y por el contrario, exista “un desprecio hacia el movimiento de pueblos que luchan por su sobrevivencia, y que haya, también, una criminalización”.
Dijo que la Suprema Corte ahora se suma a esa política al no reconocer a los indígenas como actores políticos y al darle “credibilidad a un Poder Legislativo que nunca se ha identificado con las luchas indígenas”.
El director de Tlachinollan criticó que la SCJN legitimó la política racista de un Poder Legislativo que “más bien utiliza a las comunidades indígenas como clientelas cautivas, como masa informe que solo sirve para depositar el voto en las urnas”.
Abundó que lo que validó la SCJN es lo que quisieron imponer los diputados con una visión etnocéntrica de lo que es el derecho.
Desestimaron los ministros la cosmogonía indígena
Dijo que los ministros desestimaron lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas, “que hablan de otras formas de readaptación, como lo es la reeducación que es un proceso colectivo, en el que no se criminaliza al detenido, sino que se le reincorpora a la comunidad a través de procesos pedagógicos a nivel comunitario, a través del consejo de los ancianos y del servicio comunitario, de la participación en las tareas de la comunidad, a través de la convivencia que tienen con las autoridades”.
Lo que debería hacerse, dijo, es armonizar e incorporar la legislación indígena que se ha ido construyendo con mucho sufrimiento, con luchas a nivel latinoamericano, con los principios del derecho positivo y generar legislaciones plurales.
“Pero aquí, más bien, se está supeditando el derecho de los pueblos a un derecho positivo racista, que criminaliza, que discrimina a las comunidades indígenas que las tienen en el fango de la historia y han posteado sus derechos”.
Insistió que por eso su opinión es que hubo un retroceso, “porque en la vía de los hechos se sigue separando la sociedad mestiza de la sociedad indígena al tratarla como seres inferiores, como personas salvajes, como si sus costumbres fueran de la época primitiva”.
Barrera Hernández criticó que desde el Estado se sigue reforzando la idea “etnocéntrica y racista de que los indígenas son atrasados que necesitan integrarse a la sociedad nacional de manera forzada en términos de imponerles una cultura jurídica, basada en el individuo”.
Y cuestionó: “De qué sirve reconocer la diversidad cultural de México, si en los hechos se pisotean sus derechos, si en los hechos no se les reconoce, si no hay marcos jurídicos que los respeten, que los reconozcan, que los toleren, que armonicen sus derechos”.
En lo que respecta a la CRAC, el director de Tlachinollan anunció que va a seguir navegando a contra corriente, y va a tener que seguir fortaleciendo sus procesos autonómicos y de libre determinación, “no va a haber de otra”.
Recordó que en su momento ya elaboró una propuesta de ley que fue rechazada por la misma fracción parlamentaria tanto de la actual como de la anterior legislatura.
“Por el momento entendemos que fue un golpe fuerte al sistema de justicia comunitario y a la CRAC en concreto”.
En tanto que el vocero de la CRAC y coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que van a consultar con los pueblos y comunidades lo que resolvió la SCJN y que este jueves ofrecerán una conferencia de prensa las cinco casas de justicia para dar su opinión.
El 9 de agosto, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, en conferencia en Zócalo de Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera /Archivo
Jesús Guerrero / Agencia Reforma
Chilpancingo
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya no continuará en las investigaciones sobre Ayotzinapa, advirtió el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar con las investigaciones porque además de que no se han atendido sus informes, el gobierno federal no ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a que así lo han solicitado los padres y madres de los 43 normalistas”, dijo.
El 6 de mayo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmó un acuerdo internacional con el gobierno mexicano para la reinstalación del GIEI con el propósito de coadyuvar con las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas.
En 2015, ene el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI inició sus investigaciones, en las que determinó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido quemados en el basurero de Cocula, como lo había establecido en su “verdad histórica” el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está preso por delitos derivados de este caso.
“Desde hace meses los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han insistido con el gobierno federal para que renueve el convenio al GIEI, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta”, comentó Barrera.
Este jueves, el GIEI ofrecerá una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que dará a conocer un informe del caso Ayotzinapa.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a poder continuar porque no hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más”, afirmó Barrera.
Mencionó que ahora la narrativa del Ejército es la de reivindicarse como defensores de los derechos humanos y colocar a quienes lo critican como adversarios.
“Eso en nada ayuda porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI, no dándole el respeto, y por eso vislumbramos que el grupo de expertos independientes van a iniciar la retirada de México”, aseguró.
El director de Tlachinollan estuvo en Chilpancingo para participar en un foro de las XII Jornadas con el tema Peritaje Antropológico, en donde habló del riesgo de que se desmantele la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
“Hay el riesgo de que se desmantele este proceso de justicia transicional que se creó en México a través del mecanismo de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa”, dijo el antropólogo en el auditorio de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Durante su intervención, Barrera Hernández aseguró que la renuncia del Fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se debió a las presiones que hubo de parte del Ejército porque en las investigaciones que realizó de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala se determinó la presunta responsabilidad de mandos militares.
“Desde hace tiempo hemos visto que en el gobierno federal no hay interés de renovar ese acuerdo de que permanezcan los integrantes del GIEI pese a que había ese compromiso”, reiteró.
Defensores de derechos humanos opinaron que es grave y riesgoso para la población que el Ejército ceda espacios a los grupos del crimen organizado como ha ocurrido en los últimos días en municipios como Arcelia y Tlapehuala donde los soldados fueron corridos por civiles cuando pretendían instalar campamentos.
“Es lamentable que las autoridades estén completamente rebasadas por la delincuencia organizada”, declaró Hipólito Lugo Cortés, doctorado en Derechos Humanos y ex coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En tanto que el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández opinó que el “diagnóstico es grave y que éstos son “visos de la descomposición social que existe en estas regiones”.
Por su parte, el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez, declaró que: “es una muestra de que la militarización no es la opción para el combate de la inseguridad y la violencia y sólo hace que la impunidad sea de ese tamaño”.
Lugo Cortés, quien también fue presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas, también se refirió a los videos donde aparecen civiles armados de la delincuencia organizada, presuntamente miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante los festejos de San Nicolás Tolentino en Zirandaro; “¡caramba, no puede ser, tienen mejores unidades y armamento que las propias autoridades legalmente constituidas”, declaró por teléfono.
Refirió que en estas condiciones es muy difícil que una policía municipal pueda hacer frente a estos grupos de la delincuencia organizada que están “perfectamente pertrechados”.
Pero además, agregó que si las propias autoridades están coludidas con estos grupos delictivos “es un cuento de nunca acabar; lejos de evitar la presencia de estos grupos delictivos los están protegiendo para que haya mayor presencia y control de estos grupos no solamente del estado, sino en el país”, criticó.
Opinó que con ello la consecuencia lógica es que las propias autoridades están abriendo estos espacios de participación de los grupos delictivos.
De acuerdo a los videos que se difundieron en las redes sociales de la participación del grupo delictivo en Zirándaro durante los festejos de San Nicolás Tolentino, también participó la presidenta municipal de Morena, Tania Pacheco Duarte.
Para Lugo Cortés, la consecuencia lógica de casos como la expulsión de los militares y la presencia de los grupos delictivos en esa región es el incremento de la violencia y de la inseguridad.
“El Estado está claudicando en su posición constitucional de brindar seguridad y protección a sus habitantes, es decir, están completamente rebasadas en materia de seguridad pública las autoridades de los tres niveles de gobierno”, dijo.
Opinó que una vez que el Estado abandona sus posiciones inherentes de brindar seguridad pública, se las deja a los grupos delictivos en detrimento de la propia población, y cuestionó: ¿dónde está el Estado de derecho que tanto se pregona?, ¿dónde están las funciones del Estado?, ¿dónde están las autoridades?, ¿para qué se les elige?.
Él mismo respondió que ante estas circunstancias, el Estado está lejos de cumplir con su obligación constitucional y de garantizar la paz y la tranquilidad, “máxime cuando hay colusión como se está viendo en esa región de la Tierra Caliente”, insistió.
Añadió que así no se va a terminar con la presencia de esos grupos delictivos y que para muestra ahí está un botón en el caso de Ayotzinapa, en el que la colusión de las autoridades con los grupos delictivos detonó en graves violaciones a los derechos humanos.
Opinó que la situación es preocupante y que es necesario que se levante la voz para que se corrija esa situación, “pero desde luego, tiene que haber voluntad de quien tiene la facultad y la decisión en el ámbito del Poder Ejecutivo y los congresos federal y local”.
Sin embargo, dijo que hablar de política “es entrar a un meollo del asunto donde los políticos persiguen otro tipo de intereses”.
Lugo Cortés declaró que el riesgo que ve es el incremento de violaciones a los derechos humanos, “si hay una colusión de la delincuencia organizada con las autoridades, la consecuencia serán las violaciones a los derechos humanos, desplazamientos no sólo interno sino a otros países y pedirán asilo por cuestiones de inseguridad porque se atenta contra la paz y la tranquilidad por la presencia de los civiles armados”.
Agregó que estos grupos se han venido incrementando en el estado, como a muchos les consta, en los lugares “donde las autoridades son complacientes con esta situación que viola el Estado de derecho”.
Hay ausencias y vacío de poder y la delincuencia tomó control de los territorios: Tlachinollan
Por su parte el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que lo que está pasando en los pueblos de Tierra Caliente evidencia la debilidad del Estado y cuestionó: “qué hace la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, para prevenir estas situaciones”.
Y luego agregó: “Eso preocupa porque vemos que su trabajo no tiene ningún impacto a favor de la población”, declaró.
Añadió que casos como el de Tierra Caliente significa ausencias y vacíos de poder, así como el robustecimiento de los grupos de la delincuencia “que ya tomaron control de los territorios”.
Dijo: “Vemos que las autoridades municipales están débiles, están coludidas o son cómplices, porque no han podido hacer el trabajo de prevención o contención de estas situaciones graves”.
Añadió que la federación, a través de la presencia del Ejército, no ha podido realizar acciones para desmantelar a estos grupos y ser factor de disuasión para proteger a la población.
“El diagnóstico es grave, esto ya se dejaba venir, ya había visos de esta descomposición que existe en estas regiones, en términos de que no hay ley ni autoridades que tomen el mando para hacer valer el Estado de derecho”, denunció.
Barrera Hernández añadió que, en tanto, las autoridades estatales se ven desdibujadas, “están esperando que la federación les resuelva el problema; a un año, su estrategia de seguridad se ha invisibilizado y se han robustecido estos grupos que ya evidenciaron el peso que pueden significar porque las autoridades no son un contrapeso y poder de contención.
“Imaginamos que el escenario es catastrófico, en términos de que hay una alarma real porque no han podido con el paquete y eso es grave”.
Las organizaciones criminales han secuestrado a la sociedad y a los gobiernos: Centro Minerva Bello
El director del Centro Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, declaró por su parte que lo que pasa en Tierra Caliente es una muestra de que la militarización no es la opción.
El defensor de derechos humanos declaró que con esto se ve que es una realidad que las organizaciones criminales ya están enquistadas en la sociedad y han secuestrado a la sociedad y a los gobiernos”.
Añadió que el riesgo de la ausencia del Estado de derecho es mayor, “y aquí vamos a ver cómo van a actuar las fuerzas armadas, si con una letalidad y se llevan a la ciudadanía entre las patas como ha sucedido y como le llaman ellos con los daños colaterales”.
Advirtió que en ello puede terminar esta situación si se sigue con la misma estrategia.
Timbren advirtió que dejarle territorios al crimen organizado significará más desplazamientos y más violaciones a los derechos humanos, “es una muestra evidente de lo que puede provocar, ya lo hemos visto en otras partes del estado, donde por la presencia del crimen organizado se han desplazado a comunidades enteras y esto va a seguir pasando”, adelantó.
Atoyac, Gro. 30agosto2018. / La Vicepresidenta de la Afadem Tita Radilla en la placa del Perdón del Zócalo de Atoyac donde montaron una exposición de fotografías de desaparecidos para conmemorar el Día Internacional del Detenido-Desaparecido de los cuales cuenta con 500 el Municipio de Atoyac. Chilpancingo,Gro/13enero02/ El dirigente de la OCSS, Hilario Mesino. Chilpancingo Gro, 13 de septiembre 2018. // La defensora de los derechos de las mujeres María Luisa Garfias Marín, muestra la presea Sentimientos de la Nación la cual le fuere otorgada por el Congreso del Estado. // La vicepresidenta de la Afadem Tita Radilla en el Zócalo de Atoyac; el dirigente de la OCSS, Hilario Mesino; la defensora de los derechos de las mujeres María Luisa Garfias Marí; la dirigente indígena na’savi de Tlacoachistlahuaca, Hermelinda Tiburcio y el promotor de la Policía Comunitaria de El Fortín en Tixtla Gonzalo Molina Fotos: Francisco Magaña, Archivo de El Sur y Jesús Eduardo Guerrero
Con Evelyn Salgado esperan un gobierno de justicia, coinciden luchadores sociales
Para Tita Radilla, debe comprometerse en la búsqueda de los desaparecidos. Que atienda las demandas de las organizaciones, pide Hilario Mesino. Llama María Luisa Garfias a trabajar contra la violencia de género. Pide Hermelinda Tiburcio desterrar prácticas machistas en el gobierno. Liberar presos políticos, demanda Gonzalo Molina. Se pronuncian Abel Barrera, Arturo García y Eloy Cisneros por un proyecto de gobierno de izquierda. Espera Marco Antonio Suástegui que defina una posición ante el proyecto de La Parota. Para Servando Bautista se debe atender el cuidado de los bosques. Sabás Aburto espera apoyo a los derechos indígenas
Emiliano Tizapa
A unas horas de que tome protesta como gobernadora de Guerrero la primera mujer y de un partido de izquierda, Evelyn Salgado Pineda, reconocidos dirigentes sociales, activistas y defensores de derechos humanos opinaron acerca de qué esperan del gobierno entrante de Morena y cuál será su quehacer durante esa administración.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera; el luchador social, Eloy Cisneros Guillén; el vocero del Cecop Marco Antonio Suástegui Muñoz; y el asesor de la Coordinadora-de Comisariados-Ejidales Arturo-García-t Fotos: Jessica Torres Barrera, Jesús Eduardo Guerrero, Lenin Ocampo Torres y Jessica Torres Barrera
Consultados vía telefónica los activistas esperan que el nuevo gobierno morenista apoye a las familias de desaparecidos, respete los derechos de las mujeres y destierre el burocratismo, el clientelismo y la corrupción.
Tita Radilla
La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla, dijo que espera que haya realmente respeto a los derechos humanos y apoyo a las familias de desaparecidos y torturados, que haya esclarecimiento de los hechos y que el gobierno estatal brinde todo el apoyo para que las personas puedan recuperar a sus seres queridos que siguen buscando.
Manifestó que las administraciones anteriores no han apoyado para hacer búsquedas adecuadamente, ni a las familias que se han quedado en total indefensión, sobre todo los niños.
Afirmó que seguirá en su lucha “hasta que no me pueda mover” porque las desapariciones se siguen dando, porque no se ha resuelto el pasado, “estamos familiares que somos muy grandes, estamos muy enfermos, las poquitas mamás que tenemos en el grupo ya no se paran, sin embargo, siguen con la esperanza de saber qué paso con sus desaparecidos”.
Aseguró que aún no se han reunido con la próxima gobernadora, “pero esperamos que tenga toda la disposición como lo ha manifestado de apoyar esta lucha, de que haya esclarecimiento de los hechos, que haya verdad y justicia y que nunca más haya un desaparecido”.
Hilario Mesino
El fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino Acosta, de 83 años, opinó que espera “que sea un gobierno de justicia, por tantos años luchando por que haya democracia, porque no haya desaparecidos y se respeten los derechos humanos, hemos sufrido mucho y ahora que entrará la gobernadora queremos que atienda las demandas de las organizaciones”.
Aseguró que “nos han matado a nuestros compañeros, en primer lugar a mis dos hijos Miguel Ángel (Mesino) y Rocío (Mesino), por el sólo hecho de pedir justicia, y esperamos que esta gobernadora cumpla, que haga justicia, que no estemos igual como con los gobiernos anteriores”.
Dijo que tiene una esperanza “porque se habla de la cuarta transformación”, y que ojalá la gobernadora no continúe con la persecución a los luchadores sociales, pues han perdido a compañeros como Ranferi Hernández, Arturo Hernández Cardona y el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Afirmó que seguirá su lucha para defender a los oprimidos, al pueblo, “no estoy luchando porque me den un cargo, queremos que se haga justicia con el pueblo, hay mucha gente desaparecida, tenemos muchas masacres como la de Aguas Blancas y vemos que no se nos hace justicia”.
María Luisa Garfias
La feminista María Luisa Garfias dijo que espera que las políticas públicas del gobierno entrante respeten los derechos humanos de las niñas y las mujeres, y que el gobierno implemente acciones para erradicar la violencia de género.
“Ella prometió que Guerrero sería una ínsula donde las mujeres no viviríamos violencia, entonces queremos que eso que dijo en campaña lo cumpla, respetando los derechos que las mujeres hemos logrado, que están establecidos en las leyes y que el gobierno no ha garantizado”.
Afirmó que “seguiremos haciendo lo propio en el gobierno de Evelyn desde la sociedad civil como organizaciones, estaremos señalando cuando ella violente los derechos humanos de las mujeres, y las organizaciones en alianza vigilaremos que cumpla con los derechos que están en normas internacionales, nacionales y estatales”.
Dijo que Evelyn Salgado debe respetar el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia, decidir sobre sus cuerpos, empleos dignos, salarios dignos y justos, el derecho de ir a la escuela y de participar en la política sin que sean violentadas, “y si no lo cumple nosotras seríamos las primeras en denunciar esas violaciones”.
Hermelinda Tiburcio
La activista na savi y presidenta de la Red Kinal Antzetik Guerrero, Hermelinda Tiburcio Cayetano, opinó que Evelyn Salgado debe gobernar “con el corazón de mujer y no el cuerpo de mujer”, porque aseguró que las mujeres que han llegado a esos espacios de poder repiten las mismas prácticas machistas.
Manifestó que tiene muy poca expectativa de la gobernadora entrante pues hay frustración en las defensoras y activistas de derechos humanos porque “el poder cambia muchos pensamientos”.
“Estoy esperando que tome posesión y que la mitad de su gobierno deben ser mujeres, y la gente que llegue ahí tiene que pensar políticas públicas para la población indígena”, agregó.
Aseguró que continuará su lucha contra la violación a los derechos humanos de la población indígena y seguirá denunciando la venta de niñas y los tratos forzados que se vive en la Montaña, “en Guerrero y México hay leyes, necesitamos acciones de quienes llegan al poder, (porque) la procuración de justicia es lenta”.
Gonzalo Molina
El ex preso político y ex promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, manifestó que ante el sistema capitalista que se vie, para que realmente haya un cambio se tiene que impulsar un proyecto alternativo y que a pesar de que llega “un gobierno de izquierda” a Guerrero no podrá cambiar mucho las condiciones sociales, porque se impulsan muchas concesiones a las grandes empresas y no ve que “vaya a cambiar las condiciones de vida de la población”.
Declaró que “por el contrario, creo que se está agudizando, porque el sistema utiliza a la delincuencia organizada” para causar terror y para explotar a la población en general.
Afirmó que las autoridades locales como los municipios ya fueron amenazados y ejemplificó la quema de camiones en Acapulco, que interpretó son las formas de decir que están ahí y son los que mandan, no los gobiernos, “por eso a mí, no me cabe en la cabeza que habrá un cambio, pero lo vamos a ver cuando empiecen a trabajar”.
Dijo que seguirá luchando por mejorar las condiciones de vida los pueblos y comunidades porque eso le dicta su conciencia, “es el amor al pueblo, un proyecto que va más allá de las armas, un proyecto de reeducación a la sociedad para que se rompa ese esquema donde sólo importa el individuo”.
Aseguró que buscará un acercamiento con el nuevo gobierno estatal para la liberación de sus compañeros presos políticos y ahí verá si hay un cambio, “sería un indicio de que hay buena voluntad”.
Abel Barrera
El director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que del gobierno de Evelyn Salgado espera que construya una agenda que atienda los casos graves de violaciones a los derechos humanos como las masacres la Aguas Blancas y El Charco, los asesinatos y las desapariciones de defensores y defensoras de derechos humanos como los casos de Ranferi Hernández, Rocío Mesino y Arturo Hernández Carmona, así como las desapariciones de Eva Alarcón y Marcial Bautista, el desplazamiento del matrimonio Santana Villa y de pobladores de la sierra de Chichihualco, Petatlán y de la región de Tierra Caliente.
Dijo espera que se atiendan y se dé justicia a quienes han padecido asesinatos y desapariciones de sus familiares, además de atender el problema de la desigualdad social que existe en nuestro estado.
Explicó que “no podemos seguir cargando con todas las corruptelas y todos los abusos de una clase política depredadora, a cambio del hambre, de la miseria, de la muerte de niños por desnutrición y de mujeres por dar a luz”.
Dijo que el gobierno entrante debe “acabar con la estigmatización de le región serrana de que son amapoleros y que en la Montaña son pueblos indígenas que por su identidad cargan con su propio atraso”.
Manifestó que continuará desde la trinchera de los derechos humanos desde la sociedad civil para proteger los derechos de las personas más vulnerables, denunciando las injusticias, las corruptelas, y exigiendo que las autoridades cumplan con su responsabilidades públicas”.
Aseguró que desde la autonomía, independencia y sin incorporarse a ningún partido político buscará un diálogo constructivo con el nuevo gobierno, y denunciará los casos donde “se tolere la colusión entre agentes del Estado y crimen organizado, esperemos que en este periodo se rompa con este pacto de impunidad y se depure las instituciones de justicia y seguridad, porque ahí es donde está el cáncer que daña el tejido social”.
Eloy Cisneros
El luchador social y presidente del Frente Progresista Guerrerense, Eloy Cisneros Guillén, manifestó que del gobierno de Evelyn Salgado espera un cambio verdadero y la transformación que Guerrero necesita.
Dijo que el cambio fundamental debe ser en cuestión de moralidad, que haya una transparencia del manejo de Guerrero y que rinda cuentas permanentemente para generar más confianza en los guerrerenses.
Afirmó que confía en que la gobernadora seleccione a su gabinete con paciencia y dedicación para que no le fallen, “creo que va a salir adelante, pero siempre y cuando esté rodeada de gente que sienta la cuarta transformación”.
Comentó que él seguirá su lucha con el Frente Progresista Guerrerense para defender el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de Evelyn Salgado, “porque sentimos que será un gobierno de servicio al pueblo de Guerrero”.
Marco Antonio Suástegui
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, dijo que él conoce desde muy joven a Evelyn Salgado y espera que su gobierno se abra al diálogo.
Destacó que la juventud de la gobernadora al no estar “maleada ni viciada” podría atender algunas causas, pero que hay muchos intereses oscuros en el estado que le dificultarán su trabajo, “me preocupa que ella no pueda tomar decisiones que transformen el estado”.
Agregó que espera que pueda desmantelar los cacicazgos, pero si ella se acerca con los “verdaderos luchadores sociales pudiera lograr la gran campanada”, aunque criticó que a veces peca de inocente como cuando se tomó una foto y saludó al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, de quien dijo es “conocido como un asesino y un represor y esas inocentadas pueden costarle el enojo y el repudio”.
Declaró que espera que el nuevo gobierno no reprima, encarcele ni sea cómplice de intereses oscuros, y que le pedirá a Salgado Pineda defina una postura en el tema de la presa La Parota, “La Parota no va porque los campesinos no han otorgado la licencia social y nunca la otorgarán”.
También espera que presente con vida a su hermano desaparecido Vicente Suástegui y actúe en contra de la UPOEG que está en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco.
Arturo García Jiménez
El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero y dirigente de la Red de Agricultores Sustentables Autogestivos (RASA), Arturo García Jiménez, dijo que espera que el gobierno de Evelyn Salgado “dé un golpe de timón en el todo lo que es el quehacer de gobernar”, pues debe dialogar con los actores directos para desarrollar la obra social, el respeto a los derechos humanos y sobre todo construir territorios de paz y de desarrollo sustentable.
Afirmó que el gobierno y su gabinete deben entender que la población necesita un cambio verdadero, porque sería muy malo que esa esperanza se matara, “para que volvamos a tener otro gobierno de izquierda, cuando nos digan ¿y así es la izquierda?” Así que espera se destierre el burocratismo, el clientelismo y la corrupción.
Dijo que desea un co-gobierno con la ciudadanía y en caso de que resulte un gobierno igual que los anteriores, seguirá bajo su esquema que define como “gobernar desde abajo”.
Servando Bautista
El dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Servando Bautista Fuerte, opinó que espera que el gobierno entrante se enfoque en el cuidado de los bosques en la sierra del estado, porque hay zonas muy destruidas y son fundamentales para vivir y para que siga habiendo agua.
Agregó que otro asunto que debe resolver el gobierno de Evelyn Salgado es la atención de los familiares de desaparecidos que buscan saber dónde están. De la Organización, siguen desaparecidos dos de sus principales dirigentes, desde diciembre de 2011, el presidente Marcial Bautista Valle y la coordinadora Eva Alarcón.
Pidió a la gobernadora que envíe proyectos productivos para la gente de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, “porque están muy pobres y hay mucha gente que desea trabajar pero no hay en qué”.
Manifestó que seguirá luchando por resguardar los bosques de los incendios y de tanta destrucción, a pesar de que su organización no se ha podido expandir en otros municipios, “es un hecho que nosotros vamos a seguir cuidando lo que tenemos”.
Sabás Aburto
Uno de los iniciadores y actual consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarros, espera que el gobierno entrante del estado tenga buena relación con el gobierno federal, “creemos que a Guerrero se le dará prioridad porque aquí el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha recibido mucho apoyo desde hace varios años”.
Dijo que espera el apoyo de Evelyn Salgado para para que gestione en el Congreso la iniciativa de reforma constitucional estatal de los artículos del 8 al 14, para ampliar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que es muy importante para las comunidades que tienen policías comunitarias de la CRAC-PC.
Manifestó que ya han platicado con la gobernadora entrante en campaña y el pasado 2 de octubre en Chilpancingo, donde les ratificó su compromiso de trabajar en lo que le compete para que se restituyan los derechos a los pueblos indígenas.
Afirmó que su lucha seguirá siendo informar y concientizar a la ciudadanía desde las comunidades, independientemente si se aprueban las iniciativas a la Constitución del Estado o a la Ley 701 que piden, “lo más importante es la gente que ha sostenido a la CRAC-PC en sus 26 años”.
Recordó que el 15 de octubre, el día que toma protesta la gobernadora, el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa Chica cumple 26 años, “a pesar de todos los problemas que hemos enfrentado en cada sexenio de gobernadores que han pasado”.
