Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición de la región Montaña, durante su participación en el Cuarto Tribunal por los Derechos de las Mujeres, que organizó Tlachinollan y se realizó en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en el centro de la capital Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
En el Cuarto Tribunal Mi Voz Honrara tu Memoria, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, se denunció la impunidad y la inacción de las autoridades en los casos de feminicidios y desaparición de personas, que siguen aumentando en la entidad.
Como parte de las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Cuarto Tribunal Mi Voz Honrara tu Memoria, se realizó en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde se presentaron testimonios de personas desaparecidas y de feminicidios de indígenas de la región de la Montaña.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, dijo que de parte de las autoridades no hay un acompañamiento adecuado a las familias de personas que han sido víctimas de la violencia.
“Es muy grave el problema de los feminicidios, en Guerrero es algo que se está incrementando y está al alza y vemos que las autoridades están realmente muy lejos de atender, proteger, acompañar y de estar al lado de las mujeres”.
En estas circunstancias, dijo que los familiares de las víctimas se sienten en un ambiente de indefensión, sobre todo por la falta de investigaciones para dar con resultados y los responsables materiales e intelectuales de los feminicidios y desapariciones.
Resaltó por ello la importancia “de venir aquí, a un recinto del Poder Judicial para poder darles voz a las víctimas o a sus familiares que están luchando en medio de tantas adversidades para alcanzar justicia”.
La abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, reprochó el desdén de las autoridades a eventos como éste que se realizan para que escuchen de manera directa los testimonios.
Informó que como en años anteriores se realizó la invitación a las diferentes autoridades, sin embargo, ayer otra vez quedaron sus asientos vacíos.
Este viernes solamente asistió la representante de la presidenta de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Cecilia Narciso Gaytán, Vianey Castorena. El resto de las autoridades del Gobierno del estado, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del propio TSJ no asistieron.
Arias Vitinio añadió que mientras las autoridades desdeñan estos eventos en los que las victimas podrían tener la oportunidad de presentar sus testimonios de manera directa a las autoridades, “desafortunadamente no hay responsables, no hay castigo, no hay detenidos y esto es un grave problema que está lacerando principalmente a las mujeres”.
El encuentro comenzó con un minuto de silencio para todas las victimas de feminicidios y de desapariciones “que desafortunadamente les ha tocado vivir este clima de mucha violencia”, indicó la abogada.
Escucharon los testimonios Omaira Ochoa Mercado, del Observatorio de Feminicidios, de la Ciudad de México; Ana Sandra Salinas, abogada de la agrupación feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Beatriz Adriana Rivera, integrante del Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez y Olga Mondragón González, del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera.
Uno de los testimonios fue el de Lucila Mendoza García, de 19 años, indígena Ñuu savi, originaria de la comunidad de Pueblo Viejo municipio de Metlátonoc, quien desapareció el 9 de mayo del 2022 cuando cursaba el tercer grado de sus estudios en el Centro de Bachillerato de Tlapa y desde cuando se desconoce su paradero.
Otro de los testimonios fue el de Aurelia Vásquez Velásquez quien está desaparecida desde abril del 2020 en Cochoapa el Grande, después de que los familiares de su esposo la acusaron de matarlo pero demostró su inocencia.
Otro testimonio fue el de feminicidio de Yesenia Romualdo Herrera, de 23 años de edad y originaria de
Oztocingo, municipio de Copanatoyac, su cuerpo fue encontrado flotando en el río cerca de ese pueblo el 21 de septiembre del año pasado con un 75 por ciento de quemaduras.
El diagnóstico del gobierno del estado que revela que 30 municipios de Guerrer (de los 85 a partir de este año), están controlados por el grupo delictivo La Familia michoacana, indica que el crimen organizado va al alza y el gobierno “en picada”, por no ir al fondo del problema, opinó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández.
En tanto que el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, declaró que los espacios que controla el crimen organizado en el estado son los vacíos que van dejando las autoridades, y opinó que sólo mediante la organización de los pueblos se podrá recuperarlos.
En el mapa de la Secretaría de Seguridad Pública del estado denominado Presencia de La Familia Michoacana (FM) y su avance con aliados (La Bandera, Los Ardillos, Cártel del Sur, Los Maldonado), publicado en El Sur en su edición de este martes, revela que 30 municipios del estado ya están controlados por la FM.
El Ejército como recurso de AMLO no funcionó: Barrera
Entrevistado por teléfono, Barrera Hernández declaró que el avance del crimen organizado es porque las estrategias de seguridad se desarrollan al margen de la sociedad, “la sociedad ha quedado al margen, está inerme y no se atienden sus reclamos”.
Para el activista, el avance de la delincuencia organizada en la entidad se debe, además, a que el modelo de seguridad aplicado en Guerrero desde hace décadas no ha dado resultado porque no se va al fondo del asunto.
Dijo que no se están tomando en cuenta los factores que dan origen a la crisis de la violencia y que los pactos que hubo entre grupos policiales, autoridades municipales y estatales con los jefes del crimen organizado hicieron crecer la economía criminal por la pobreza, el desempleo y la falta de servicios básicos.
Indicó que ahora que se busca corregir el problema desde la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Ejército en las áreas de seguridad pública no está generando sinergia entre los funcionarios e instituciones con la sociedad.
Añadió que, por el contrario, las estrategias de seguridad que se acuerdan en las mesas de paz se acuerdan sin la participación y, aún más, a espaldas de la sociedad, “entendiéndola como enemiga”.
Barrera Hernández, opinó que las instituciones por si solas no van a poder resolver el grave problema de seguridad, y añadió que primero se tienen que arrancar de raíz los intereses de los criminales que todavía subyacen dentro de las instituciones de seguridad y de las fiscalías.
Indicó que el problema es que dejaron crecer a los grupos de la delincuencia, al grado que en varias regiones son ellos el poder factico, “como dicen los mismos funcionarios en 30 municipios tienen el control y estamos hablando que más del 30 por ciento de los municipios de Guerrero están en manos de la delincuencia”.
Añadió que la preocupación es cuanto más va a subir en este proceso electoral, porque el crimen va a la alza y el gobierno en picada, en términos de que no está respondiendo a los reclamos de la sociedad, no le responde a la gente más desamparada, a las víctimas, a los colectivos, a las organizaciones que demandan mayor atención.
Barrera Hernández dijo que de parte de las autoridades estatales no han empatía con la sociedad, “hay un pique hacia debajo de parte de las autoridades, no se está ganando la confianza, al contrario, hay un alejamiento y un repliegue de la población ante la inacción de las autoridades”.
Declaró que, en efecto, en esos municipios que controla el crimen organizado es el poder real que socavan a las instituciones y es lo que ocasiona que la gente se sienta temerosa y desmovilizada porque sabe que cualquier movilización implica riesgo.
“Se ha colocado a la sociedad contra el paredón por estos pactos con los criminales que se han dado y se siguen dando; por un lado se truncan y por el otro se restablecen por la telaraña que hay dentro de las instituciones, sobre todo en el ámbito municipal que está colapsado por el crimen organizado”, declaró.
Indicó que en estos lugares las autoridades se han replegado y están dejando libre el espacio que deben de ocupar, “dejan un vacío de autoridad, de monitoreo y de presencia”.
El director de Tlachinollan explicó que en las regiones donde controla el crimen accionan sus armas para poner en orden a quien se le atraviese en el camino, y explicó que por eso están ocurriendo los asesinatos contra policías y funcionarios de procuración de justicia.
“Ahí están los hechos violentos que hablan del empoderamiento del crimen y de que hay zonas grises donde no controla la autoridad, porque son regiones o municipios del crimen organizado”.
Añadió que si en estas regiones hay funcionarios que les están siendo disfuncionales o están viendo que no hay una coordinación para sus intereses, pues van a actuar”, por eso dijo que el ambiente que se vive en Guerrero está sofocado por la violencia.
“Ya Guerrero no tiene ninguna protección de nada, los ciudadanos no saben a quién acudir, a quien asirse, ya ni la casa es recinto donde uno puede estar seguro, se han dado casos que hasta en el mismo domicilio se atenta contra la vida”.
Subrayó que los crímenes contra policías y funcionarios de seguridad también tienen que ver con el rompimiento de pactos, “el resquebrajamiento de estos pactos que había entre el poder político y los grupos de la delincuencia están ahora generando estos crímenes”.
El defensor de derechos humanos pidió que haya un replanteamiento de las estrategias de seguridad y blindarse con la sociedad, que es la que sabe cómo, donde operan y los puntos rojos que se tienen que atender.
Declaró que la población es el insumo principal para diseñar una estrategia de seguridad en coordinación con la sociedad civil, y puso como ejemplo el modelo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Los pueblos se acostumbraron a cohabitar con el crimen, alerta el padre Velázquez
Por su parte, el presbítero Velázquez Florencio, del Centro Minerva Bello, declaró que el control del territorio de los grupos delictivos habla de la ausencia de las autoridades, “puesto que si están ellos (la delincuencia) es porque no había autoridad y ellos llenaron el vacío”.
Para el sacerdote son un flagelo para el pueblo, aunque a veces se acostumbre a cohabitar con este tipo de grupos delictivos, que a veces pudieran ser más efectivos que las estrategias de las instituciones de seguridad”.
Sin embargo, reprochó que eso hace que la impunidad prevalezca y actúan como quieren porque saben que no les van a hacer nada.
Opinó que ante el problema lo único que le queda a la población es concientizar su realidad y unirse para buscar juntos una alternativa, y citó el ejemplo de Cherán, Michoacán, donde el pueblo decidió organizarse y el resultado ya está ahí.
“La respuesta la tiene el pueblo, pero debe ser un pueblo consiente socialmente, lamentablemente con los programas clientelares que existen difícilmente se forman conciencias. “solamente, se llenan panzas lombricientas, pero no pueden llenar mentes que puedan liberarse de este flagelo de la violencia y que es auspiciada por el propio Estado por su ineficiencia y su incompetencia”, dijo.
En tanto, explicó que los asesinatos de los funcionarios de procuración de justicia y policías no son aislados, “es una situación que muestra el poder que tiene el crimen organizado para poder ejecutar a plena luz del día, demuestra que tiene el control de las calles, ya no digamos de todo el comercio”.
Lamentó: “No sabemos cuál va a ser el límite, ya tuvimos muchos límites, y no sabemos qué límite quiere el Estado para que salga a afrontar de manera integral estas situaciones”.
El aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la consulta sobre las reformas del Congreso local a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultu-ra de los Pueblos Indígenas, “es un golpe fuerte al sistema de justicia comunitario”, y en particular a la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), opi-nó el director del Centro de De-rechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera.
Entrevistado por teléfono, agregó que la resolución atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, es una burla más hacia ellos, y una mala señal porque significa un retroceso en las reivindicaciones de los pueblos originarios.
El lunes se conoció que la SCJN validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso local a la Ley 701 en mayo del año pasado. En ellas se eliminó el sistema de reeducación y se sustituyó a la Policía Comunitaria por una “policía indígena y afromexicana”, misma que se subordinará a las policías de los tres órdenes de gobierno.
Tlachinollan dio acompañamiento a la CRAC en su movimiento contra esa reforma, debido a que, argumentaron, no se consultó a los pueblos indígenas. Y ayer su director subrayó que la Corte “no reconoce sus formas de organización cimentadas en la libre determinación y, sobre todo, las formas de consultas que implementan las comunidades a través de sus asambleas”.
Barrera Hernández explicó que probablemente en los últimos meses el Congreso subsanó los procedimientos de la consulta y se hicieron cabildeos con algunos ministros para que les mostraran que en términos procedimentales cumplieron con los principios que ordenó la Corte y los que rigen la consulta.
Sin embargo, dijo que la realidad es que los pueblos fueron excluidos de esa supuesta consulta, sus autoridades no fueron tomadas en cuenta ni su práctica consuetudinaria que está marcada por las asambleas comunitarias.
“Fueron simplemente acciones mediáticas, de mera formalidad legaloide, nunca consultaron a fondo los pueblos”, subrayó.
En su opinión, fue una burla más, “y se sigue dando la espalda a los pueblos, ignorando su capacidad, su fuerza, su resistencia y su inteligencia para autogobernarse y construir un entramado jurídico basado en los derechos colectivos”.
El gobierno de Morena también desprecia al movimiento indígena
Barrera lamentó que, en Guerrero, en el mismo gobierno de Morena, no haya un compromiso con los pueblos indígenas, y por el contrario, exista “un desprecio hacia el movimiento de pueblos que luchan por su sobrevivencia, y que haya, también, una criminalización”.
Dijo que la Suprema Corte ahora se suma a esa política al no reconocer a los indígenas como actores políticos y al darle “credibilidad a un Poder Legislativo que nunca se ha identificado con las luchas indígenas”.
El director de Tlachinollan criticó que la SCJN legitimó la política racista de un Poder Legislativo que “más bien utiliza a las comunidades indígenas como clientelas cautivas, como masa informe que solo sirve para depositar el voto en las urnas”.
Abundó que lo que validó la SCJN es lo que quisieron imponer los diputados con una visión etnocéntrica de lo que es el derecho.
Desestimaron los ministros la cosmogonía indígena
Dijo que los ministros desestimaron lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas, “que hablan de otras formas de readaptación, como lo es la reeducación que es un proceso colectivo, en el que no se criminaliza al detenido, sino que se le reincorpora a la comunidad a través de procesos pedagógicos a nivel comunitario, a través del consejo de los ancianos y del servicio comunitario, de la participación en las tareas de la comunidad, a través de la convivencia que tienen con las autoridades”.
Lo que debería hacerse, dijo, es armonizar e incorporar la legislación indígena que se ha ido construyendo con mucho sufrimiento, con luchas a nivel latinoamericano, con los principios del derecho positivo y generar legislaciones plurales.
“Pero aquí, más bien, se está supeditando el derecho de los pueblos a un derecho positivo racista, que criminaliza, que discrimina a las comunidades indígenas que las tienen en el fango de la historia y han posteado sus derechos”.
Insistió que por eso su opinión es que hubo un retroceso, “porque en la vía de los hechos se sigue separando la sociedad mestiza de la sociedad indígena al tratarla como seres inferiores, como personas salvajes, como si sus costumbres fueran de la época primitiva”.
Barrera Hernández criticó que desde el Estado se sigue reforzando la idea “etnocéntrica y racista de que los indígenas son atrasados que necesitan integrarse a la sociedad nacional de manera forzada en términos de imponerles una cultura jurídica, basada en el individuo”.
Y cuestionó: “De qué sirve reconocer la diversidad cultural de México, si en los hechos se pisotean sus derechos, si en los hechos no se les reconoce, si no hay marcos jurídicos que los respeten, que los reconozcan, que los toleren, que armonicen sus derechos”.
En lo que respecta a la CRAC, el director de Tlachinollan anunció que va a seguir navegando a contra corriente, y va a tener que seguir fortaleciendo sus procesos autonómicos y de libre determinación, “no va a haber de otra”.
Recordó que en su momento ya elaboró una propuesta de ley que fue rechazada por la misma fracción parlamentaria tanto de la actual como de la anterior legislatura.
“Por el momento entendemos que fue un golpe fuerte al sistema de justicia comunitario y a la CRAC en concreto”.
En tanto que el vocero de la CRAC y coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que van a consultar con los pueblos y comunidades lo que resolvió la SCJN y que este jueves ofrecerán una conferencia de prensa las cinco casas de justicia para dar su opinión.
El 9 de agosto, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, en conferencia en Zócalo de Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera /Archivo
Jesús Guerrero / Agencia Reforma
Chilpancingo
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya no continuará en las investigaciones sobre Ayotzinapa, advirtió el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar con las investigaciones porque además de que no se han atendido sus informes, el gobierno federal no ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a que así lo han solicitado los padres y madres de los 43 normalistas”, dijo.
El 6 de mayo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmó un acuerdo internacional con el gobierno mexicano para la reinstalación del GIEI con el propósito de coadyuvar con las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas.
En 2015, ene el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI inició sus investigaciones, en las que determinó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido quemados en el basurero de Cocula, como lo había establecido en su “verdad histórica” el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está preso por delitos derivados de este caso.
“Desde hace meses los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han insistido con el gobierno federal para que renueve el convenio al GIEI, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta”, comentó Barrera.
Este jueves, el GIEI ofrecerá una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que dará a conocer un informe del caso Ayotzinapa.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a poder continuar porque no hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más”, afirmó Barrera.
Mencionó que ahora la narrativa del Ejército es la de reivindicarse como defensores de los derechos humanos y colocar a quienes lo critican como adversarios.
“Eso en nada ayuda porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI, no dándole el respeto, y por eso vislumbramos que el grupo de expertos independientes van a iniciar la retirada de México”, aseguró.
El director de Tlachinollan estuvo en Chilpancingo para participar en un foro de las XII Jornadas con el tema Peritaje Antropológico, en donde habló del riesgo de que se desmantele la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
“Hay el riesgo de que se desmantele este proceso de justicia transicional que se creó en México a través del mecanismo de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa”, dijo el antropólogo en el auditorio de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Durante su intervención, Barrera Hernández aseguró que la renuncia del Fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se debió a las presiones que hubo de parte del Ejército porque en las investigaciones que realizó de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala se determinó la presunta responsabilidad de mandos militares.
“Desde hace tiempo hemos visto que en el gobierno federal no hay interés de renovar ese acuerdo de que permanezcan los integrantes del GIEI pese a que había ese compromiso”, reiteró.
Defensores de derechos humanos opinaron que es grave y riesgoso para la población que el Ejército ceda espacios a los grupos del crimen organizado como ha ocurrido en los últimos días en municipios como Arcelia y Tlapehuala donde los soldados fueron corridos por civiles cuando pretendían instalar campamentos.
“Es lamentable que las autoridades estén completamente rebasadas por la delincuencia organizada”, declaró Hipólito Lugo Cortés, doctorado en Derechos Humanos y ex coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En tanto que el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández opinó que el “diagnóstico es grave y que éstos son “visos de la descomposición social que existe en estas regiones”.
Por su parte, el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez, declaró que: “es una muestra de que la militarización no es la opción para el combate de la inseguridad y la violencia y sólo hace que la impunidad sea de ese tamaño”.
Lugo Cortés, quien también fue presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas, también se refirió a los videos donde aparecen civiles armados de la delincuencia organizada, presuntamente miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante los festejos de San Nicolás Tolentino en Zirandaro; “¡caramba, no puede ser, tienen mejores unidades y armamento que las propias autoridades legalmente constituidas”, declaró por teléfono.
Refirió que en estas condiciones es muy difícil que una policía municipal pueda hacer frente a estos grupos de la delincuencia organizada que están “perfectamente pertrechados”.
Pero además, agregó que si las propias autoridades están coludidas con estos grupos delictivos “es un cuento de nunca acabar; lejos de evitar la presencia de estos grupos delictivos los están protegiendo para que haya mayor presencia y control de estos grupos no solamente del estado, sino en el país”, criticó.
Opinó que con ello la consecuencia lógica es que las propias autoridades están abriendo estos espacios de participación de los grupos delictivos.
De acuerdo a los videos que se difundieron en las redes sociales de la participación del grupo delictivo en Zirándaro durante los festejos de San Nicolás Tolentino, también participó la presidenta municipal de Morena, Tania Pacheco Duarte.
Para Lugo Cortés, la consecuencia lógica de casos como la expulsión de los militares y la presencia de los grupos delictivos en esa región es el incremento de la violencia y de la inseguridad.
“El Estado está claudicando en su posición constitucional de brindar seguridad y protección a sus habitantes, es decir, están completamente rebasadas en materia de seguridad pública las autoridades de los tres niveles de gobierno”, dijo.
Opinó que una vez que el Estado abandona sus posiciones inherentes de brindar seguridad pública, se las deja a los grupos delictivos en detrimento de la propia población, y cuestionó: ¿dónde está el Estado de derecho que tanto se pregona?, ¿dónde están las funciones del Estado?, ¿dónde están las autoridades?, ¿para qué se les elige?.
Él mismo respondió que ante estas circunstancias, el Estado está lejos de cumplir con su obligación constitucional y de garantizar la paz y la tranquilidad, “máxime cuando hay colusión como se está viendo en esa región de la Tierra Caliente”, insistió.
Añadió que así no se va a terminar con la presencia de esos grupos delictivos y que para muestra ahí está un botón en el caso de Ayotzinapa, en el que la colusión de las autoridades con los grupos delictivos detonó en graves violaciones a los derechos humanos.
Opinó que la situación es preocupante y que es necesario que se levante la voz para que se corrija esa situación, “pero desde luego, tiene que haber voluntad de quien tiene la facultad y la decisión en el ámbito del Poder Ejecutivo y los congresos federal y local”.
Sin embargo, dijo que hablar de política “es entrar a un meollo del asunto donde los políticos persiguen otro tipo de intereses”.
Lugo Cortés declaró que el riesgo que ve es el incremento de violaciones a los derechos humanos, “si hay una colusión de la delincuencia organizada con las autoridades, la consecuencia serán las violaciones a los derechos humanos, desplazamientos no sólo interno sino a otros países y pedirán asilo por cuestiones de inseguridad porque se atenta contra la paz y la tranquilidad por la presencia de los civiles armados”.
Agregó que estos grupos se han venido incrementando en el estado, como a muchos les consta, en los lugares “donde las autoridades son complacientes con esta situación que viola el Estado de derecho”.
Hay ausencias y vacío de poder y la delincuencia tomó control de los territorios: Tlachinollan
Por su parte el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que lo que está pasando en los pueblos de Tierra Caliente evidencia la debilidad del Estado y cuestionó: “qué hace la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, para prevenir estas situaciones”.
Y luego agregó: “Eso preocupa porque vemos que su trabajo no tiene ningún impacto a favor de la población”, declaró.
Añadió que casos como el de Tierra Caliente significa ausencias y vacíos de poder, así como el robustecimiento de los grupos de la delincuencia “que ya tomaron control de los territorios”.
Dijo: “Vemos que las autoridades municipales están débiles, están coludidas o son cómplices, porque no han podido hacer el trabajo de prevención o contención de estas situaciones graves”.
Añadió que la federación, a través de la presencia del Ejército, no ha podido realizar acciones para desmantelar a estos grupos y ser factor de disuasión para proteger a la población.
“El diagnóstico es grave, esto ya se dejaba venir, ya había visos de esta descomposición que existe en estas regiones, en términos de que no hay ley ni autoridades que tomen el mando para hacer valer el Estado de derecho”, denunció.
Barrera Hernández añadió que, en tanto, las autoridades estatales se ven desdibujadas, “están esperando que la federación les resuelva el problema; a un año, su estrategia de seguridad se ha invisibilizado y se han robustecido estos grupos que ya evidenciaron el peso que pueden significar porque las autoridades no son un contrapeso y poder de contención.
“Imaginamos que el escenario es catastrófico, en términos de que hay una alarma real porque no han podido con el paquete y eso es grave”.
Las organizaciones criminales han secuestrado a la sociedad y a los gobiernos: Centro Minerva Bello
El director del Centro Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, declaró por su parte que lo que pasa en Tierra Caliente es una muestra de que la militarización no es la opción.
El defensor de derechos humanos declaró que con esto se ve que es una realidad que las organizaciones criminales ya están enquistadas en la sociedad y han secuestrado a la sociedad y a los gobiernos”.
Añadió que el riesgo de la ausencia del Estado de derecho es mayor, “y aquí vamos a ver cómo van a actuar las fuerzas armadas, si con una letalidad y se llevan a la ciudadanía entre las patas como ha sucedido y como le llaman ellos con los daños colaterales”.
Advirtió que en ello puede terminar esta situación si se sigue con la misma estrategia.
Timbren advirtió que dejarle territorios al crimen organizado significará más desplazamientos y más violaciones a los derechos humanos, “es una muestra evidente de lo que puede provocar, ya lo hemos visto en otras partes del estado, donde por la presencia del crimen organizado se han desplazado a comunidades enteras y esto va a seguir pasando”, adelantó.
Atoyac, Gro. 30agosto2018. / La Vicepresidenta de la Afadem Tita Radilla en la placa del Perdón del Zócalo de Atoyac donde montaron una exposición de fotografías de desaparecidos para conmemorar el Día Internacional del Detenido-Desaparecido de los cuales cuenta con 500 el Municipio de Atoyac. Chilpancingo,Gro/13enero02/ El dirigente de la OCSS, Hilario Mesino. Chilpancingo Gro, 13 de septiembre 2018. // La defensora de los derechos de las mujeres María Luisa Garfias Marín, muestra la presea Sentimientos de la Nación la cual le fuere otorgada por el Congreso del Estado. // La vicepresidenta de la Afadem Tita Radilla en el Zócalo de Atoyac; el dirigente de la OCSS, Hilario Mesino; la defensora de los derechos de las mujeres María Luisa Garfias Marí; la dirigente indígena na’savi de Tlacoachistlahuaca, Hermelinda Tiburcio y el promotor de la Policía Comunitaria de El Fortín en Tixtla Gonzalo Molina Fotos: Francisco Magaña, Archivo de El Sur y Jesús Eduardo Guerrero
Con Evelyn Salgado esperan un gobierno de justicia, coinciden luchadores sociales
Para Tita Radilla, debe comprometerse en la búsqueda de los desaparecidos. Que atienda las demandas de las organizaciones, pide Hilario Mesino. Llama María Luisa Garfias a trabajar contra la violencia de género. Pide Hermelinda Tiburcio desterrar prácticas machistas en el gobierno. Liberar presos políticos, demanda Gonzalo Molina. Se pronuncian Abel Barrera, Arturo García y Eloy Cisneros por un proyecto de gobierno de izquierda. Espera Marco Antonio Suástegui que defina una posición ante el proyecto de La Parota. Para Servando Bautista se debe atender el cuidado de los bosques. Sabás Aburto espera apoyo a los derechos indígenas
Emiliano Tizapa
A unas horas de que tome protesta como gobernadora de Guerrero la primera mujer y de un partido de izquierda, Evelyn Salgado Pineda, reconocidos dirigentes sociales, activistas y defensores de derechos humanos opinaron acerca de qué esperan del gobierno entrante de Morena y cuál será su quehacer durante esa administración.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera; el luchador social, Eloy Cisneros Guillén; el vocero del Cecop Marco Antonio Suástegui Muñoz; y el asesor de la Coordinadora-de Comisariados-Ejidales Arturo-García-t Fotos: Jessica Torres Barrera, Jesús Eduardo Guerrero, Lenin Ocampo Torres y Jessica Torres Barrera
Consultados vía telefónica los activistas esperan que el nuevo gobierno morenista apoye a las familias de desaparecidos, respete los derechos de las mujeres y destierre el burocratismo, el clientelismo y la corrupción.
Tita Radilla
La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla, dijo que espera que haya realmente respeto a los derechos humanos y apoyo a las familias de desaparecidos y torturados, que haya esclarecimiento de los hechos y que el gobierno estatal brinde todo el apoyo para que las personas puedan recuperar a sus seres queridos que siguen buscando.
Manifestó que las administraciones anteriores no han apoyado para hacer búsquedas adecuadamente, ni a las familias que se han quedado en total indefensión, sobre todo los niños.
Afirmó que seguirá en su lucha “hasta que no me pueda mover” porque las desapariciones se siguen dando, porque no se ha resuelto el pasado, “estamos familiares que somos muy grandes, estamos muy enfermos, las poquitas mamás que tenemos en el grupo ya no se paran, sin embargo, siguen con la esperanza de saber qué paso con sus desaparecidos”.
Aseguró que aún no se han reunido con la próxima gobernadora, “pero esperamos que tenga toda la disposición como lo ha manifestado de apoyar esta lucha, de que haya esclarecimiento de los hechos, que haya verdad y justicia y que nunca más haya un desaparecido”.
Hilario Mesino
El fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino Acosta, de 83 años, opinó que espera “que sea un gobierno de justicia, por tantos años luchando por que haya democracia, porque no haya desaparecidos y se respeten los derechos humanos, hemos sufrido mucho y ahora que entrará la gobernadora queremos que atienda las demandas de las organizaciones”.
Aseguró que “nos han matado a nuestros compañeros, en primer lugar a mis dos hijos Miguel Ángel (Mesino) y Rocío (Mesino), por el sólo hecho de pedir justicia, y esperamos que esta gobernadora cumpla, que haga justicia, que no estemos igual como con los gobiernos anteriores”.
Dijo que tiene una esperanza “porque se habla de la cuarta transformación”, y que ojalá la gobernadora no continúe con la persecución a los luchadores sociales, pues han perdido a compañeros como Ranferi Hernández, Arturo Hernández Cardona y el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Afirmó que seguirá su lucha para defender a los oprimidos, al pueblo, “no estoy luchando porque me den un cargo, queremos que se haga justicia con el pueblo, hay mucha gente desaparecida, tenemos muchas masacres como la de Aguas Blancas y vemos que no se nos hace justicia”.
María Luisa Garfias
La feminista María Luisa Garfias dijo que espera que las políticas públicas del gobierno entrante respeten los derechos humanos de las niñas y las mujeres, y que el gobierno implemente acciones para erradicar la violencia de género.
“Ella prometió que Guerrero sería una ínsula donde las mujeres no viviríamos violencia, entonces queremos que eso que dijo en campaña lo cumpla, respetando los derechos que las mujeres hemos logrado, que están establecidos en las leyes y que el gobierno no ha garantizado”.
Afirmó que “seguiremos haciendo lo propio en el gobierno de Evelyn desde la sociedad civil como organizaciones, estaremos señalando cuando ella violente los derechos humanos de las mujeres, y las organizaciones en alianza vigilaremos que cumpla con los derechos que están en normas internacionales, nacionales y estatales”.
Dijo que Evelyn Salgado debe respetar el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia, decidir sobre sus cuerpos, empleos dignos, salarios dignos y justos, el derecho de ir a la escuela y de participar en la política sin que sean violentadas, “y si no lo cumple nosotras seríamos las primeras en denunciar esas violaciones”.
Hermelinda Tiburcio
La activista na savi y presidenta de la Red Kinal Antzetik Guerrero, Hermelinda Tiburcio Cayetano, opinó que Evelyn Salgado debe gobernar “con el corazón de mujer y no el cuerpo de mujer”, porque aseguró que las mujeres que han llegado a esos espacios de poder repiten las mismas prácticas machistas.
Manifestó que tiene muy poca expectativa de la gobernadora entrante pues hay frustración en las defensoras y activistas de derechos humanos porque “el poder cambia muchos pensamientos”.
“Estoy esperando que tome posesión y que la mitad de su gobierno deben ser mujeres, y la gente que llegue ahí tiene que pensar políticas públicas para la población indígena”, agregó.
Aseguró que continuará su lucha contra la violación a los derechos humanos de la población indígena y seguirá denunciando la venta de niñas y los tratos forzados que se vive en la Montaña, “en Guerrero y México hay leyes, necesitamos acciones de quienes llegan al poder, (porque) la procuración de justicia es lenta”.
Gonzalo Molina
El ex preso político y ex promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, manifestó que ante el sistema capitalista que se vie, para que realmente haya un cambio se tiene que impulsar un proyecto alternativo y que a pesar de que llega “un gobierno de izquierda” a Guerrero no podrá cambiar mucho las condiciones sociales, porque se impulsan muchas concesiones a las grandes empresas y no ve que “vaya a cambiar las condiciones de vida de la población”.
Declaró que “por el contrario, creo que se está agudizando, porque el sistema utiliza a la delincuencia organizada” para causar terror y para explotar a la población en general.
Afirmó que las autoridades locales como los municipios ya fueron amenazados y ejemplificó la quema de camiones en Acapulco, que interpretó son las formas de decir que están ahí y son los que mandan, no los gobiernos, “por eso a mí, no me cabe en la cabeza que habrá un cambio, pero lo vamos a ver cuando empiecen a trabajar”.
Dijo que seguirá luchando por mejorar las condiciones de vida los pueblos y comunidades porque eso le dicta su conciencia, “es el amor al pueblo, un proyecto que va más allá de las armas, un proyecto de reeducación a la sociedad para que se rompa ese esquema donde sólo importa el individuo”.
Aseguró que buscará un acercamiento con el nuevo gobierno estatal para la liberación de sus compañeros presos políticos y ahí verá si hay un cambio, “sería un indicio de que hay buena voluntad”.
Abel Barrera
El director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que del gobierno de Evelyn Salgado espera que construya una agenda que atienda los casos graves de violaciones a los derechos humanos como las masacres la Aguas Blancas y El Charco, los asesinatos y las desapariciones de defensores y defensoras de derechos humanos como los casos de Ranferi Hernández, Rocío Mesino y Arturo Hernández Carmona, así como las desapariciones de Eva Alarcón y Marcial Bautista, el desplazamiento del matrimonio Santana Villa y de pobladores de la sierra de Chichihualco, Petatlán y de la región de Tierra Caliente.
Dijo espera que se atiendan y se dé justicia a quienes han padecido asesinatos y desapariciones de sus familiares, además de atender el problema de la desigualdad social que existe en nuestro estado.
Explicó que “no podemos seguir cargando con todas las corruptelas y todos los abusos de una clase política depredadora, a cambio del hambre, de la miseria, de la muerte de niños por desnutrición y de mujeres por dar a luz”.
Dijo que el gobierno entrante debe “acabar con la estigmatización de le región serrana de que son amapoleros y que en la Montaña son pueblos indígenas que por su identidad cargan con su propio atraso”.
Manifestó que continuará desde la trinchera de los derechos humanos desde la sociedad civil para proteger los derechos de las personas más vulnerables, denunciando las injusticias, las corruptelas, y exigiendo que las autoridades cumplan con su responsabilidades públicas”.
Aseguró que desde la autonomía, independencia y sin incorporarse a ningún partido político buscará un diálogo constructivo con el nuevo gobierno, y denunciará los casos donde “se tolere la colusión entre agentes del Estado y crimen organizado, esperemos que en este periodo se rompa con este pacto de impunidad y se depure las instituciones de justicia y seguridad, porque ahí es donde está el cáncer que daña el tejido social”.
Eloy Cisneros
El luchador social y presidente del Frente Progresista Guerrerense, Eloy Cisneros Guillén, manifestó que del gobierno de Evelyn Salgado espera un cambio verdadero y la transformación que Guerrero necesita.
Dijo que el cambio fundamental debe ser en cuestión de moralidad, que haya una transparencia del manejo de Guerrero y que rinda cuentas permanentemente para generar más confianza en los guerrerenses.
Afirmó que confía en que la gobernadora seleccione a su gabinete con paciencia y dedicación para que no le fallen, “creo que va a salir adelante, pero siempre y cuando esté rodeada de gente que sienta la cuarta transformación”.
Comentó que él seguirá su lucha con el Frente Progresista Guerrerense para defender el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de Evelyn Salgado, “porque sentimos que será un gobierno de servicio al pueblo de Guerrero”.
Marco Antonio Suástegui
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, dijo que él conoce desde muy joven a Evelyn Salgado y espera que su gobierno se abra al diálogo.
Destacó que la juventud de la gobernadora al no estar “maleada ni viciada” podría atender algunas causas, pero que hay muchos intereses oscuros en el estado que le dificultarán su trabajo, “me preocupa que ella no pueda tomar decisiones que transformen el estado”.
Agregó que espera que pueda desmantelar los cacicazgos, pero si ella se acerca con los “verdaderos luchadores sociales pudiera lograr la gran campanada”, aunque criticó que a veces peca de inocente como cuando se tomó una foto y saludó al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, de quien dijo es “conocido como un asesino y un represor y esas inocentadas pueden costarle el enojo y el repudio”.
Declaró que espera que el nuevo gobierno no reprima, encarcele ni sea cómplice de intereses oscuros, y que le pedirá a Salgado Pineda defina una postura en el tema de la presa La Parota, “La Parota no va porque los campesinos no han otorgado la licencia social y nunca la otorgarán”.
También espera que presente con vida a su hermano desaparecido Vicente Suástegui y actúe en contra de la UPOEG que está en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco.
Arturo García Jiménez
El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero y dirigente de la Red de Agricultores Sustentables Autogestivos (RASA), Arturo García Jiménez, dijo que espera que el gobierno de Evelyn Salgado “dé un golpe de timón en el todo lo que es el quehacer de gobernar”, pues debe dialogar con los actores directos para desarrollar la obra social, el respeto a los derechos humanos y sobre todo construir territorios de paz y de desarrollo sustentable.
Afirmó que el gobierno y su gabinete deben entender que la población necesita un cambio verdadero, porque sería muy malo que esa esperanza se matara, “para que volvamos a tener otro gobierno de izquierda, cuando nos digan ¿y así es la izquierda?” Así que espera se destierre el burocratismo, el clientelismo y la corrupción.
Dijo que desea un co-gobierno con la ciudadanía y en caso de que resulte un gobierno igual que los anteriores, seguirá bajo su esquema que define como “gobernar desde abajo”.
Servando Bautista
El dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Servando Bautista Fuerte, opinó que espera que el gobierno entrante se enfoque en el cuidado de los bosques en la sierra del estado, porque hay zonas muy destruidas y son fundamentales para vivir y para que siga habiendo agua.
Agregó que otro asunto que debe resolver el gobierno de Evelyn Salgado es la atención de los familiares de desaparecidos que buscan saber dónde están. De la Organización, siguen desaparecidos dos de sus principales dirigentes, desde diciembre de 2011, el presidente Marcial Bautista Valle y la coordinadora Eva Alarcón.
Pidió a la gobernadora que envíe proyectos productivos para la gente de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, “porque están muy pobres y hay mucha gente que desea trabajar pero no hay en qué”.
Manifestó que seguirá luchando por resguardar los bosques de los incendios y de tanta destrucción, a pesar de que su organización no se ha podido expandir en otros municipios, “es un hecho que nosotros vamos a seguir cuidando lo que tenemos”.
Sabás Aburto
Uno de los iniciadores y actual consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarros, espera que el gobierno entrante del estado tenga buena relación con el gobierno federal, “creemos que a Guerrero se le dará prioridad porque aquí el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha recibido mucho apoyo desde hace varios años”.
Dijo que espera el apoyo de Evelyn Salgado para para que gestione en el Congreso la iniciativa de reforma constitucional estatal de los artículos del 8 al 14, para ampliar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que es muy importante para las comunidades que tienen policías comunitarias de la CRAC-PC.
Manifestó que ya han platicado con la gobernadora entrante en campaña y el pasado 2 de octubre en Chilpancingo, donde les ratificó su compromiso de trabajar en lo que le compete para que se restituyan los derechos a los pueblos indígenas.
Afirmó que su lucha seguirá siendo informar y concientizar a la ciudadanía desde las comunidades, independientemente si se aprueban las iniciativas a la Constitución del Estado o a la Ley 701 que piden, “lo más importante es la gente que ha sostenido a la CRAC-PC en sus 26 años”.
Recordó que el 15 de octubre, el día que toma protesta la gobernadora, el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa Chica cumple 26 años, “a pesar de todos los problemas que hemos enfrentado en cada sexenio de gobernadores que han pasado”.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que el matiz que gobernadores están dando a la Guardia Nacional, para que sus mandos sean civiles, es un avance.
Subrayó no obstante que el énfasis debe ponerse en regresar paulatinamente a los militares a sus cuarteles y fortalecer a las corporaciones policiacas –como recomiendan la ONU y al CIDH–, pues con el nuevo cuerpo se afianza a los soldados en las tareas de seguridad.
Lamentó que en el debate sobre la Guardia Nacional que promovió la Cámara de Diputados, se hayan excluido a los organismos civiles de derechos humanos.
Este martes 8 de enero, varios gobernadores, entre ellos Héctor Astudillo Flores de Guerrero, participaron en la primera audiencia en la Cámara de Diputados sobre la Guardia Nacional, para apoyar su integración con soldados, marinos y policías federales, con la condición de que el mando sea civil y recaiga en la Secretaría de Seguridad Pública y no en la de Defensa Nacional como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También rechazaron que la Guardia Nacional propuesta tenga facultades de investigación, como plantea la iniciativa presidencial, pues ésta es una tarea que corresponde al Ministerio Público.
En consulta telefónica, Barrera Hernández, ratificó que legalizar la Guardia Nacional deja la puerta abierta a la permanencia de los militares en los cuerpos de seguridad pública.
Señaló que se habla de que van a crear nuevos grupos de seguridad “desde una perspectiva militar, y creemos que en términos del modelo de seguridad, no cumple con estándares internacionales que señala Naciones Unidas y varios organismos internacionales”.
Recordó que los organismos de derechos humanos han reiterado que en gobiernos democráticos “el ejército no puede por ningún motivo suplantar a cuerpos policiales, sino, no tendrían razón de ser las corporaciones policiacas ni su función de prevenir el delito, proteger el patrimonio de las personas, su integridad física y garantizar el orden”.
Mientras los policías son agentes de atención y proximidad a la población, la formación de los soldados encuadra en la lógica de la guerra, de combatir al enemigo. En este contexto comparó el uso de soldados en actividades de seguridad pública, como un médico que atiende no sólo personas, sino a todo ser viviente, “aquí es como torcer mucho la figura de una Guardia Nacional que se quiere decir civil, con militares”.
Insistió en que con la Guardia Nacional se quiere imponer una mezcolanza, particularmente en Guerrero, donde los militares han asumido antes tareas de seguridad con una visión de contrainsurgencia, que ve a los ciudadanos organizados como rivales o enemigos, “es una visión maquiavélica de que quien actúa críticamente es un peligro para la estabilidad social”.
Advirtió que esa línea dura de usar las leyes para castigar a luchadores sociales y defensores de derechos humanos, que llevó a la cárcel a la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, actual senadora por Morena, Nestora García a la cárcel, tiene como punto de quiebre la participación del Ejército en tareas de seguridad.
No hay policía corrupto, si no que hay político corrupto
De los altos índices de violencia, que parecen incrementarse todos los días, y la corrupción de las corporaciones policiacas que argumentaron para mantener a soldados en la calles durante dos sexenios, el defensor aclaró eso es negar que la figura del policía sí se puede profesionalizar.
Aclaró que la fecha no hay un programa que verdaderamente apueste al fortalecimiento de las corporaciones policíacas, “el punto más corroído del sistema de seguridad”, sin embargo, añadió que “no hay policía corrupto, sino hay político corrupto”.
Estimó que no se puede colocar en el banquillo de los acusados sólo a policías, que sí forman parte del engranaje de la corrupción, mientras no rindan cuentas los mandos de corporaciones policías como los funcionarios de gobierno.
El defensor insistió en una reforma que devuelva la confianza a los ciudadanos en los policías.
Por otro lado, confirmó que la vía de los hechos Guardia Nacional ya está operando en Guerrero. Indicó el Ejercito comenzó a tener control de la información de seguridad, porque todos los alcaldes de la región Montaña están entregando informes diarios en el 98 batallón de Tlapa, y se reúnen semanalmente con los responsables de la seguridad municipales.
Confirmó que los organismos están excluidos del análisis de la seguridad en el nuevo gobierno “porque sabemos que es una perspectiva que debilita gravemente al sistema de seguridad estatal, federal y va en detrimento del fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, que son parte de nuestro sistema democrático”.
Autoridades agrarias de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, el Consejo de Autoridades Agrarias y representantes de organismos civiles de derechos humanos pidieron a la jueza primera de Distrito de Chilpancingo, Estela Platero Salado, que resuelva el amparo que solicitó el núcleo agrario de San Miguel del Progreso en contra de la declaratoria de libertad de terreno emitido por la Secretaría de Economía del gobierno federal en 2016.
Con esa declaratoria de libertad de terreno se abre la posibilidad de que el gobierno federal decida sobre casi el 80 por ciento del territorio de ese núcleo agrario, que entren a trabajar las mineras que tienen concesiones vigentes.
En conferencia de prensa, las autoridades agrarias y representantes de organismos civiles denunciaron que esa declaratoria del gobierno federal pone en riesgo el territorio indígena del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, y de al menos 24 núcleos agrarios de la región de la Montaña y de la Costa Chica, en donde hay 22 concesiones vigentes para la explotación de minas.
Asistieron a la conferencia, el presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, Valerio Mauro Amado; el secretario, Mariano Morales; el presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, Miguel Santiago; la antropóloga Teresa Sierra; la abogada Maribel González; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares.
La abogada Maribel González, recordó que desde 2013 San Miguel del Progreso ganó un amparo con el que se cancelaron dos concesiones que pretendían explotar las minas Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, en su territorio, pero que la Secretaría de Economía emitió en 2016 la declaratoria de libertad de terreno en esa misma área.
Las autoridades del núcleo agrario solicitaron un amparo contra esa declaratoria, y ahora exigen que la jueza primera de Distrito que lleva el caso, Estela Platero Salado, resuelva conforme a los estándares internacionales el amparo 429 que fue solicitado en 2016.
Informó que la solicitud es respaldada por representantes de 24 núcleos agrarios que pertenecen al Consejo de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña y Costa Chica, que también se oponen a la exploración y explotación de las minas en su territorio.
La abogada dijo que esa declaratoria de libertad de terreno significa una nueva amenaza para las comunidades indígenas pues abre las puertas para que empresas mineras extranjeras entren a explorar y después a explotar las minas de la región.
Informó que el 31 de marzo pasado se realizó la audiencia constitucional, y demandaron que la jueza recurra a los estándares internacionales, que ya son ley en México, para emitir su resolución.
El comisariado de los Bienes Comunales, Valerio Mauro Amado advirtió a su vez que, “por ningún motivo queremos que las mineras entren a nuestro territorio, porque allí nace el agua, allí están nuestros lugares sagrados y de nuestras tierras nos mantenemos”; añadió que, por ese motivo desde 2011 levantaron actas de asambleas en las que rechazan las mineras, y que fueron entregadas al Registro Agrario Nacional (RAN).
El representante agrario pidió a la jueza que respete el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas me’phaa.
El presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, agrupación que se constituyó hace cinco años y que agrupa a 24 núcleos agrarios de la Montaña y Costa Chica, Miguel Santiago informó que cada dos meses han organizado foros para defender su territorio de las concesiones que ha autorizado la Secretaría de Economía, “porque no nos benefician, ya tenemos como ejemplo Carrizalillo (municipio de Eduardo Neri), en donde la minera sólo ha traído problemas de violencia, por eso nosotros no vamos a permitir que entren esas mineras extranjeras”, advirtió.
Informó que de 12 núcleos agrarios con los que se constituyó ese Consejo, ahora se han incorporado 24, y que cada vez se suman más.
Por su parte, la antropóloga Teresas Sierra informó que elaboró un peritaje antropológico que entregó a la jueza primera de Distrito para que sustente la elaboración del amparo, tomando en cuenta que son comunidades indígenas las que están defendiendo su territorio.
Explicó que pide tomar en cuenta el vínculo sagrado que tienen las comunidades indígenas con su territorio, lo que les da legitimidad a los pueblos indígenas para defenderlo.
La antropóloga sustentó que el pueblo me’phaa, al que pertenece San Miguel del Progreso, tiene raíces arraigadas con sus dioses que consideran están allí, en su territorio, y que éstos son fundamentales para la vida misma del pueblo.
“La relación con su territorio tiene que ver con estos señores (dioses) de los cerros y del agua y si no manifiestan este respeto hacia ellos lo relacionan con desastres naturales, por eso la defensa de su territorio no es solamente un asunto de tierras, sino que está relacionado con los rituales que realizan para visualizar su vida cotidiana”, explicó Teresa Sierra.
La antropóloga expresó que los indígenas piden permiso a estos dioses para el ejercicio de su gobierno, como una forma de respeto hacia ellos.
Añadió que es esta vinculación sagrada con su territorio la que están viendo amenazada con la posibilidad de que entren las mineras extranjeras a explotar los yacimientos minerales de su región.
Frente a la declaratoria de libertad del terreno que emitió el gobierno federal, la antropóloga advirtió que se pretende una afectación “grave y absoluta”, porque además, se ha hecho sin consultar a los pueblos indígenas como lo establecen los estándares internacionales que México está obligado a cumplir.
El secretario técnico de la Red Guerrerense, Manuel Olivares manifestó el apoyo de los organismos civiles al núcleo agrario de San Miguel del Progreso y a los otros 23 que integran el Consejo de Autoridades.
Denunció que con esa declaratoria se evidencia que el gobierno federal está al servicio de las empresas extractivas, y que no le interesa el daño que van a ocasionar a la región.
Al respecto, Abel Barrera, denunció que en Guerrero la tendencia es avanzar más allá de lo que la ley le permite al gobierno para tomar territorios, y que un ejemplo es el del núcleo agrario de Cacahuatepec, en Acapulco, donde se insiste en instalar la presa La Parota.
Dijo que, afortunadamente los pueblos indígenas siguen resistiendo mediante la ley y la organización, mientras que el gobierno pretende reconocer “sólo su parcela y su milpa” como el territorio de los pueblos indígenas.
Barrera Hernández añadió que en Guerrero está demostrado que las mineras solamente traen devastación, y puso como ejemplo las de Carrizalillo, en Eduardo Neri, y la de Campo Morado, en Arcelia, y dijo que la jueza Platero Salado debe proteger el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, seis ex presos políticos y coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso acudieron al reclusorio de Ayutla, a visitar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera para mostrarle su solidaridad y explicarle su situación jurídica actual.
Además le informaron que el 1 de diciembre arrancará una campaña para exigir su libertad, a tres años de que fue encarcelado.
En consulta telefónica su abogado Rogelio Téliz García recordó que el 1 de diciembre de 2013 detuvieron en Chilpancingo a Arturo Campos, cuando a los 12 días por la libertad de los presos políticos en Chilpancingo fue detenido y llevado al penal de Acapulco, después al del Altiplano, y el año pasado lo regresaron a Ayutla por un amparo que se promovió.
Informó que acudieron al reclusorio a visitarlo unas 3 horas junto al director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, coordinadores y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Dijo que fueron a recordarle su solidaridad, que están pendientes de su proceso penal y que el pasado 9 de noviembre el Juzgado Sexto de Distrito en Acapulco se celebró la audiencia constitucional del amparo 7462016, que promovió en contra de la resolución que emitió la Sala Penal, donde se confirma el auto de formal prisión por secuestro.
Resaltó, “recordemos que el Juzgado Séptimo de Distrito en Acapulco fue el mismo que concedió un amparo a favor de Bernardino Francisco y los otros compañeros, donde hace un estudio minucioso y reconoce la función de la policía comunitaria. Y además precisamente dice que la policía en si no puede cometer ni el delito de privación ilegal de la libertad y el delito de secuestro. Y recordemos que esta misma resolución sirviera de base para que Nestora se acogiera a la misma y pudiera obtener su libertad junto con la causa penal de Tlapa y de Ayutla”.
Téliz García agregó que entonces el juzgado ya tiene un precedente de que hay antes una resolución que emitió, por lo que dijo se confía en que Arturo ganará un amparo y va a obtener su libertad.
Añadió que si gana ganaría con el proceso penal de Ayutla. Sin embargo aún está el de Tlapa donde se siguen desahogando pruebas, y donde el 7 de diciembre habrá un careo con los agraviados.
El abogado recordó que en Tlapa está acusado de secuestro contra 43 agraviados en la causa penal 1962012 del Juzgado Segundo Penal, mientras que en Ayutla es en el expediente 592015 y que esta es la resolución que tiene el juzgado, donde a partir del 9 de noviembre entró en estudio.
Manifestó que confía en que se resuelva antes de vacaciones de diciembre y que si no es así en los primeros días de enero.
Téliz García sostuvo que en Tlapa se promovió un incidente de libertad y la jueza de manera “dolosa e irresponsable” y respondiendo a intereses políticos negó el incidente de libertad, argumentando que no era procedente, porque las resoluciones de Juzgado de Distrito, incluso la propia resolución para la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García no le favorece a Arturo Campos, algo que no comparten porque por lógica y por cuestiones legales tendría que beneficiar al promotor de la CRAC, ya que son los delitos de los que se les acusa, los mismos agraviados y las mismas consideraciones que le dieron la libertad a la dirigente.
“Le tienen que dar su libertad, Arturo no es secuestrador, Arturo es un defensor comunitario que lo único que hizo fue organizarse con las comunidades, frenar la delincuencia que el Estado no ha podido hacer”, explicó.
Contó que esta visita que hicieron Arturo no cambia su convicción de que el día que obtenga su libertad seguirá organizando y participando en la Policía Comunitaria.
“Él no claudica, en el tema de continuar defendiendo los derechos él dice yo estoy aquí y no cometí secuestro, yo sé que soy un preso político, que el Estado me mantiene aquí por intereses más políticos que legales”, recalcó el defensor.
Además dijo que mostró su respaldo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y pidió que se respete la Ley 701 que el estado pretende derogar o adecuar al nuevo Sistema Penal Acusatorio. También solicitó a las comunidades que estén pendientes de alguna movilización o protesta para defender la ley. En cuanto a su salud aseguró que está estable.
Por otro lado los visitantes informaron al promotor que “el primero de diciembre va a arrancar una campaña de exigencia de libertad hacia su persona. La campaña va a consistir en que ese día organizaciones harán acto de presencia fuera del penal y visitarlo para arrancar la campaña, justo en el marco de los tres años de estar privado de la libertad”.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, calificó como “grave” la decisión del fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, de militarizar a la Policía Ministerial, mediante la petición al Ejército de que envíe soldados para que ocupen los puestos de agentes de esa corporación, con el argumento de que está involucrada con el crimen organizado.
“Meter al Ejército en la procuración de justicia es atentatorio a los derechos humanos y a las normas internacionales que piden que sean otro tipo de visiones las que predominen, como el respeto a los derechos humanos, la ciudadanización de las corporaciones policiacas, la investigación científica y no el uso de la fuerza”, dijo.
El sábado, el fiscal Olea Peláez declaró que debido a que agentes ministeriales están involucrados con la delincuencia organizada se hará una depuración, y que pedirá al Ejército que proporcione militares para incorporarse a las filas de la Policía Ministerial.
Vía telefónica, Barrera Hernández, opinó que la propuesta es “grave” porque la procuración de justicia no es un tema que tiene que ver con el uso de la fuerza, sino con una estrategia integral, garantizar la ciudadanización de las policías y el uso de mayores mecanismos de inteligencia.
El defensor de derechos humanos admitió que es necesario depurar a las corporaciones policiacas, pero no para que se militaricen, sino para crear nuevos cuerpos policiacos respetuosos de los derechos humanos, dijo.
Agregó que la del fiscal es una postura “regresiva” y no pensada en el respeto a los derechos humanos, “porque los ciudadanos quedaremos inermes ante cuerpos policiacos con formación militar”.
Añadió que la medida es cuestionable más ahora que los militares están señalados por los casos de la matanza de Tlatlaya, estado de México, y porque no han querido dar cuentas de su actuación en los ataques a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, cuando desaparecieron los 43 normalistas.
Dijo que la propuesta del fiscal va a contrapelo de las recomendaciones de organismos internacionales de ciudadanizar y profesionalizar a los cuerpos policiacos en el campo de la investigación científica.
“Y yo creo que aquí se le está apostando a cerrar filas con el uso de la fuerza, a la represión y a seguir copando a las instituciones con militares cuando éstos no han dado resultados en el ámbito de la seguridad, y, por el contrario, han agravado las violaciones a los derechos humanos, porque no hay controles civiles en términos de rendición de cuentas”, declaró Abel Barrera.
El defensor de derechos humanos advirtió que con la medida de Olea Peláez se deja un espacio para que sean nuevamente los militares los que vayan incursionando en el ámbito civil.
Recordó que eso ya pasó en la época de la guerra sucia, “y eso es grave, es volver a reeditar un nuevo escenario de represión, de uso de la fuerza, de contención social, y se deja de lado el tema de la investigación científica y de la ciudadanización de las corporaciones policiales, que es lo que se necesita”, insistió.
Barrera Hernández opinó que no se justifica lo que dice el fiscal que algunos agentes ministeriales están involucrados con el crimen organizado, porque también “hay un Ejército que tiene cuentas pendientes con la sociedad por los crímenes que ha cometido desde la guerra sucia, hasta lo de Tlatlaya y, obviamente, lo que ha pasado en Guerrero con las violaciones graves a los derechos humanos”.
Agregó que con esos antecedentes “decir que se va a suplantar un cuerpo policiaco por otro represivo y que violenta los derechos humanos, no ayuda a dar más confianza a la ciudadanía, sino a generar mayor temor y terror, porque no sería un cuerpo de seguridad para la investigación científica, sino para la represión”, recalcó
Explicó que tampoco es una buena medida porque “sabemos que el Ejército es una institución que no obedece a los ciudadanos, que tiene su propia lógica bélica, y que siempre va a ver a los ciudadanos como enemigos”.
Barrera Hernández añadió que si los militares se han negado a comparecer por el caso de Iguala, para aclarar su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, mucho menos van a querer rendir cuentas cuando actúen en cuestiones de ejecutar órdenes de aprehensión, “pues sabemos que siempre hay una tendencia del Ejército de ver al ciudadano como un enemigo de la sociedad, como alguien que atenta contra las instituciones, siempre con una lógica guerrerista”.
Alertó que la presencia de militares en la Policía Ministerial, “dañaría bastante” a la sociedad y esa no va a ser la solución.
Subrayó que lo que se necesita es lo que siempre han propuesto los organismos de derechos humanos, que se depuren las corporaciones policiacas, pero no para que se militarice la procuración de justicia, sino para que se sustituya por un nuevo modelo policial formado en derechos humanos, en investigaciones científicas y acorde con las nuevas reformas que obligan a la capacitación de las corporaciones y éstas actúen protegiendo los derechos humanos, usando tecnologías que ayuden a ser una policía profesional y no necesariamente usar la tortura como método de investigación, “que es a lo que recurre el Ejército todavía”.
Recalcó que pensar que es el Ejército la solución es una postura “regresiva”, que no está pensada en la perspectiva de los derechos humanos, “mucho menos en atender las recomendaciones de los organismos internacionales, con relación a la ciudadanización de las instituciones policiacas y transparentarlas mejor, capacitarlas en el tema del respeto a los derechos humanos y sobre todo profesionalizarlas”.
Barrera Hernández concluyó que decir que ahora los militares van a incorporarse como policías de investigación en un estado donde hay “graves violaciones” a los derechos humanos cometidas por el Ejército y donde la corrupción y el involucramiento con el crimen organizado sigue siendo un problema que afecta al sistema de justicia y de seguridad, “implica que los ciudadanos quedaremos inermes ante cuerpos policiacos con una formación militar”.
