Asesinan en la entrada de la Secretaría de Salud al fundador de la UPOEG Bruno Plácido

 

 

Asesinan en la entrada de la Secretaría de Salud al fundador de la UPOEG Bruno Plácido

 

El ataque ocurrió a las 5 de la tarde, cuando el dirigente indígena también fundador de la CRAC había acudido a solicitar audiencia con la titular Aidé Ibarez. Dos hombres que llegaron en motocicleta le dispararon 15 balazos. También murió acribillado su chofer. Estaba amenazado por grupos diversos de la delincuencia organizada, comenta un familiar. A?medianoche, cuando salía de una reunión de la Normal de Ayotzinapa fue atacado a balazos el párroco y defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez, quien resulta ileso

 

 

 

Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, 18 de octubre de 2023. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo, afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud estatal.

El ataque se dio cerca de las 5 de la tarde, cuando Bruno Plácido salió del lugar y dos hombres que llegaron en una motocicleta le dispararon en la cabeza. También, mataron a su chofer Abad Ruiz García, que lo acompañaba.

Plácido Valerio quedó tirado boca abajo en la rampa para minusválidos que se encuentra a 2 metros de la salida principal de la Secretaría de Salud. Vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Su acompañante quedó tirado boca arriba a 5 metros de distancia del dirigente indígena, entre la rampa y la banqueta que da a la avenida Ruffo Figueroa.

La ambulancia llegó 10 minutos más tarde, pero los dos cuerpos ya se encontraban sin vida.

Una fuente de la Fiscalía del Estado informó que en el lugar quedaron al menos 15 casquillos percutidos de calibre 380.

En las oficinas se encontraban pocos trabajadores, que abandonaron el lugar luego de escuchar los balazos. La zona fue acordonada por policías estatales, que pusieron una cinta amarilla desde el estacionamiento hasta la avenida que fue cerrada.

Al hecho llegaron más tarde los peritos de la Fiscalía que realizaron las diligencias, mientras que la Policía Ministerial tapó con sus patrullas el lugar para evitar que reporteros tomaran graficas.

El cuerpo de Bruno Plácido Valerio fue levantado a las 6:15 y subido a la camioneta del Servicio Médico Forense. El de su compañero fue levantado 20 minutos antes y depositado en el mismo vehículo.

Abad Ruiz era chofer del dirigente de la UPOEG desde hace 5 años y también eran originarios de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán en la Costa Chica del estado.

Una fuente de Salud reveló que Bruno Plácido llegó una hora antes a las oficinas, para solicitar una audiencia con la secretaria, Aidé Ibarez Castro, que se encontraba en reunión y el dirigente optó por esperar.

La versión es que Plácido Valerio salió del lugar y en ese momento fue atacado.

Dos horas antes salió en una fotografía en la página Web de El Sur, donde se encontraba en el centro comercial en el que fue asesinado el trabajador activo de la Secretaría de Salud y químico, Hugo Miguel Morales Sánchez, quien también vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Bruno Plácido Valerio fue fundador y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) hasta el año 2010 que se dividió y fundó la UPOEG, una organización que luchó contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los cobros justos de luz en las comunidades de Costa Chica y Montaña.

En 2013 fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), que en enero del 2013 levantó en armas a 5 mil pobladores para expulsar de la Costa Chica hasta Petaquillas al grupo delincuencial de Los Rojos.

Un familiar cercano comentó a El Sur que Bruno Plácido “estaba amenazado prácticamente por todos los grupos de la delincuencia”, en especial por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos que son los que pelean las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla donde sigue habiendo presencia de policías de la UPOEG a los que les pretenden quitar su territorio.

El cuerpo de Bruno Plácido Valerio será llevado a su pueblo natal Buenavista, donde será sepultado.

 

 

 

 

Bruno Plácido fue fundador de la CRAC y de la autodefensa que ocupó Ayutla en 2013

 

El controvertido, temerario y a veces atrabancado dirigente indígena Bruno Plácido Valerio fue fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1995, de la que por diferencias con el entonces coordinador Pablo Guzmán Hernández, salió en el 2010 para crear el 24 de enero del 2011 la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social.

La organización surgió exclusivamente para la gestoría social y la defensa de los usuarios de la Comisión federal de Electricidad (CFE) en la región de la Montaña, que se quejaban de las altas tarifas de la paraestatal.

Sin embargo, el 6 enero del 2013, Plácido Valerio se convirtió en el líder del primer grupo de autodefensa en Guerrero, cuando irrumpió en la cabecera municipal de Ayutla con aproximadamente 500 indígenas y mestizos armados, para enfrentar al crimen organizado que, según dijo Bruno entonces, cometía secuestros, levantaba y cobraba cuotas a los comerciantes y transportistas de la región.

El dirigente indígena denominó al grupo de civiles armados Policía Ciudadana de la UPOEG y la uniformó con playeras verdes similares a las de la Policía Comunitaria de la CRAC, la diferencia eran las siglas SSyJC (Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana) que regía a la autodefensa de la UPOEG.

Plácido Valerio, indígena na’ savi de 54 años nació el 4 de marzo de 1969 en Azoyú, donde estudió hasta la secundaria. Después, a los 24 años, tras contraer matrimonio, se fue a vivir a algún lugar de la región de la Montaña.

En 1993 llegó a radicar a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. En una entrevista para El Sur contó que era diciembre y traía una camioneta “y algo de dinero” para instalar una tienda de abarrotes, lo que le sirvió para darse cuenta, dijo, de que la gente de la región no sólo era pobre, sino explotada y robada por los delincuentes.

Fue así que se involucró con otras autoridades agrarias y municipales de la región de la Montaña y la Costa Chica, entre ellos el Padre Mario Campos, para fundar la Policía Comunitaria de la CRAC.

Por su activismo, Plácido Valerio fue detenido y torturado durante dos días en el gobierno del priista René Juárez Cisneros junto con el padre Mario Campos y otras autoridades de la CRAC.

El dirigente indígena se convirtió en uno de los más polémicos y controvertidos dirigentes del movimiento social en Guerrero a partir de que formó la Policía de la UPOEG y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana en enero del 2013, primero en Ayutla y después se amplió a 12 municipios de la región de la Costa Chica e incluso llegó en el 2014 y 2015 al Valle del Ocotito y hasta Petaquillas, municipio de Chilpancingo.

Sin embargo, en el 2016 surgió una división y un grupo de dirigentes encabezados por Salvador Alanís, ahora líder de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, a la que se señala de tener vínculos con el grupo delictivo de los Tlacos, constituyeron el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y desplazó a la UPOEG que después sólo recuperó el control en El Ocotito.

Plácido Valerio fue señalado en su momento de que fortaleció a la UPOEG a partir del 2012 con el respaldo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.

 

La retención de militares en El Pericón

 

Encabezada por Plácido Valerio, desde su fundación la Policía Ciudadana se vio involucrada en acciones temerarias.

En agosto de 2013 miembros de la UPOEG y policías ciudadanos armados retuvieron durante dos días en El Pericón, municipio de Ayutla, a 100 militares en respuesta a la detención y el desarme por los soldados de cinco miembros de la autodefensa.

También retuvieron durante tres horas a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y federal que habían ido a negociar la liberación de los soldados. Ellos fueron el entonces secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo; el procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera y el operador político del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.

Además, al delegado de la entonces PGR Salvador Anaya del Carmen y al delegado de Gobernación federal Juan Salgado Brito. La liberación de los militares y de los funcionarios ocurrió hasta que se convino una reunión de la dirigencia de la UPOEG con el gobernador Aguirre Rivero.

El 18 de mayo 2014, policías ciudadanos de la UPOEG atacaron al convoy de la entonces alcaldesa panista de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, en uno de los retenes de la autodefensa en esa cabecera municipal, lo que derivó en un enfrentamiento y dos de los escoltas de la presidenta resultaron heridos.

El 7 de mayo del 2022, elementos de la Marina fueron retenidos y amenazados por integrantes de la autodefensa. “La verdad pensábamos manearlo y colgarte del puente carnal, pero por el presidente municipal (Lincer Casiano Clemente) que es nuestro amigo y de nuestra banda, vamos a dejar esto así·, le dijo al mando de los militares el comandante de la UPOEG Jesús Calleja, Chucho Calleja.

El jefe de la Policía Ciudadana fue detenido el 28 de junio con seis de sus elementos, después de un enfrentamiento con militares y efectivos de la Guardia Nacional que participaron en la detención.

La detención del jefe de la autodefensa, generó bloqueos en diferentes puntos de Acapulco y la carretera hacia la Costa Chica.

 

El declive de la Policía Ciudadana

 

El 3 de agosto del 2022, integrantes de la policía de la UPOEG atacaron a balazos a la caravana del ahora ex vicefiscal Ramón Celaya Gamboa, cuando se desplazaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, cerca de Tres Palos en Acapulco, dejando como saldo dos presuntos agresores heridos, uno de ellos que murió dos días después y otros tres detenidos.

A partir de entonces la Policía Ciudadana de Plácido Valerio marcó su declive, semanas después fue replegada del corredor desde Acapulco hasta Marquelia donde mantenía el control.

El 9 de agosto, Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por agentes ministeriales por robo específico y daños, hechos que habían ocurrido desde el 2016 en Tlapa por un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec, y Buenavista, de San Luis Acatlán, donde Plácido Valerio había fungido como comisariado de Bienes Comunales. El dirigente social fue liberado bajo fianza dos días después.

El 17 de noviembre del año pasado, cuatro coordinadores de la organización, Octavio Maganda Gallardo, Angélica Cruz López, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo desaparecieron al salir de una asamblea en Acapulco en la que habían asumido el cargo y hasta la fecha sigue sin saberse de su paradero.

Plácido Valerio había declarado que en el último año al menos 40 coordinadores, comandantes regionales y de ruta de la Policía Ciudadana habían sido asesinados o desaparecidos para descabezar, replegar y desaparecer a la organización desde el Gobierno estatal y desde la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por militares.

En reiteradas ocasiones denunció en los últimos meses que las autoridades estatales y federales habían iniciado una persecución en contra de la organización social en vez de actuar en contra del crimen organizado.

El 13 de julio pasado, el activista encabezó una asamblea en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, a donde asistieron 80 autoridades de la Costa Chica que acordaron reactivar a la Policía Ciudadana de la UPOEG, “ante el avance de los grupos delictivos en las comunidades indígenas”.

El acuerdo se tomó tras un enfrentamiento una semana antes en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa, que dejó un saldo de ocho muertos; cuatro miembros de la Policía Ciudadana y cuatro presuntos integrantes del crimen organizado.

Apenas el domingo pasado otro de los fundadores de la UPOEG, Carlos González Olivar, originario de San Marcos, fue asesinado frente a su familia cerca del mercado de esa cabecera municipal.

El dirigente victimado ya se había retirado de la agrupación y recientemente había salido de la cárcel acusado por el delito de homicidio, que según sus compañeros, no cometió.

Con el asesinato de Plácido Valerio, ocurrido la tarde de ayer, quedó descabezada y desarticulada totalmente la organización y su grupo de autodefensa.

Plácido Valerio contaba con medidas de seguridad; una camioneta blindada y el resguardo de una patrulla de policías estatales a partir del atentado que sufrió el empresario de Chilpancingo Pioquinto Damián Huato el 28 de enero del 2014, en el que murió la nuera del empresario, Laura Rosas Brito, en tanto que Damián Huato y su hijo resultaron heridos cerca de El Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo.

El atentado ocurrió después de que regresaban de una reunión en El Ocotito en la que Damián Huato y Plácido Valerio señalaron al entonces alcalde Mario Moreno Arcos de tener vínculos con los grupos delictivos que operaban en Chilpancingo y en el Valle del Ocotito.

Sin embargo, las medidas de seguridad con las que contaba el ahora finado se las retiró la Secretaría de Seguridad Pública estatal al inicio del actual Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, informaron ayer fuentes de la agrupación.

 

 

 

 

No se descarta que la disputa entre grupos delictivos esté detrás del crimen: Ludwig

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, no descartó que el asesinato del dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, tenga relación con la disputa de grupos delictivos, como Los Tlacos y Los Ardillos, con ese grupo de autodefensa comunitaria.

En tanto, el líder de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, y dijo que si el dirigente de la UPOEG se sentía amenazado, debió de pedir protección.

La presidenta de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, ofreció acompañamiento a la familia del dirigente, para que puedan tener acceso a la justicia.

En declaraciones al finalizar el segundo informe de actividades de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, realizado en Acapulco, Ludwig Reynoso calificó como un hecho “muy lamentable” el asesinato del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones.

“Es un hecho muy lamentable, nosotros con Bruno teníamos muy buena comunicación y con él estábamos en el proceso de trabajar para que la UPOEG tuviera más orden, avanzamos en muchas cosas con él, lamento yo en lo personal, muy profundamente el asesinato de Bruno. La Fiscalía tendrá que hacerse cargo de las investigaciones y vamos a seguir muy puntualmente los hechos”, abundó el funcionario.

También a pregunta de reportero, aceptó que el crimen “podría” estar relacionado con la disputa que hay entre los grupos delictivos de Los Tlacos y  Los Ardillos con la UPOEG, “hay una probabilidad de que sea eso pero no tengo mas elementos en este momento para poder señalar a alguien en particular”.

También a pregunta de que ya son cuatro los líderes de la UPOEG asesinados en el último mes, recordó que hay divisiones y diversos grupos en esa organización, “vamos a revisar muy bien lo que está sucediendo ahí”.

Rechazó que el asesinato de un líder tan reconocido sea una muestra de la ingobernabilidad del estado.

 

“Debió pedir medidas cautelares”: Jacinto

 

El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, luego del asesinato de Bruno Plácido Valerio.

“Creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, pero también nosotros los que nos dedicamos en la lucha social debemos de tomar precauciones. Creo que el compañero Bruno Plácido si tenía amenazas o temía por su vida debió de pedir medidas cautelares antes de que sucediera esto”, dijo el diputado morenista tras el informe de Yoloc-zin Dominguez, .

Y solicitó a la Fiscalía y a las instancias de gobierno encargadas de la seguridad a reforzarla y que las víctimas y sus familias accedan a la justicia. González Varona, dijo que a pesar de que este crimen ocurrió en las inmediaciones de oficinas de gobierno del estado, el Congreso y la Fiscalía General de la República, no es por la impunidad.

“Creo que no podemos tener un soldado en cada esquina, eso es evidente, eso no se puede, que estemos cuidando a cada guerrerense”.

–¿Está fallando la estrategia de seguridad entonces?

–Habría que estar revisando la coordinación que hay entre los niveles de gobierno, y pues ponderar la protección a los guerrerenses.

–¿Crees que este crimen pone en riesgo a más dirigentes sociales?

–Pues todo estamos en riesgo en el estado.

Respecto a lo sucedido en San Jerónimo, dijo que no fue una agresión a la  casa de  la alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente,  sino contra la casa  del director de Re-glamentos y Espectáculos.

Indicó que en el video se aprecia la camioneta que usa la alcaldesa y no es atacada, y que la confusión pudo venir porque ambas viviendas colindan, pero que será la Fiscalía la que informe al respecto.

 

Apreza: es “preocupante lo que sucede” en el estado

 

El coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón quien también asistió al informe de Yoloczin manifestó que “es preocupante lo que está sucediendo en el estado, el asesinato de cualquier persona es lamentable, yo hago votos por que pueda reestablecerse la seguridad en nuestro estado”.

Pero dijo que la situación de seguridad no está fuera de control “evidentemente se requiere una mayor coordinación” entre “el gobierno y la ciudadania”.

 

Reconoce presidenta de la Codehum labor de Bruno

 

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, lamentó y reprobó el asesinato.

Al término de la misma actividad, reprobó la ejecución del fundador de autodefensas.

Indicó que la Codehum dará acompañamiento a la familia del dirigente para que pueda tener acceso a la justicia, “era un defensor de los derechos de la policía comunitaria de nuestro estado”, pero también era un ser humano.

La defensora de los derechos humanos expresó su solidaridad y envió su pésame a los familiares de Bruno Plácido.

 

 

 

 

Atacan a balazos en Tixtla al director del Centro Minerva Bello cuando salía de Ayotzinapa

 

El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), José Filiberto Velázquez Florencio fue atacado a balazos en la carretera Tixtla-Chilpancingo.

El ataque se dio a la 1 de la mañana cuando el padre salió de una reunión de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, rumbo a Chilpancingo.

La versión del defensor de derechos humanos es que a 500 metros del arco de Ayotzinapa, hombres armados le dispararon.

Filiberto Velázquez viajaba en una camioneta y logró bajar y escapar corriendo a una de las entradas de la normal Rural Raúl, donde fue auxiliado por los estudiantes.

Hasta el cierre de la edición no había llegado ninguna autoridad.

El padre Filiberto Velásquez se ha destacado principalmente por visitar las zonas de ataques con drones en la comunidad de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, y dar refugio a los familiares de enfermos del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo.

 

 

 

 

 

 

 

Texto: Lenin Ocampo Torres, Zacarías Cervantes, Daniel Velázquez y Jacob Morales Antonio/Foto: El Sur

La violencia se ha normalizado y es parte de lo cotidiano en Guerrero: Filiberto Velázquez

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el Diálogo Nacional por la Paz que se realiza en la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, el director del Centro de Derechos de las Victimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, planteó que en 17 años de violencia en Guerrero, ésta se ha normalizado y forma parte de nuestra vida cotidiana; “está en la Iglesia, en la política, en las fiscalías, en las escuelas, en la economía, en todos lados, y lo grave, en un pueblo desmovilizado”.
El encuentro se realiza este 21, 22 y 23 de septiembre; de Guerrero participan el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González; los encargados de la Pastoral Social de Acapulco, Chilpancingo y Tlapa, y la dirigente indígena de Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, Rubí Martínez Villa, en representación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Entrevistado por teléfono, Velázquez Florencio, declaró que los participantes coincidieron que 17 años de violencia han generado una descomposición social y política, 92 asesinatos por día; 26 desapariciones, 11 mujeres son asesinadas, y ya suman tres mil fosas clandestinas y 240 colectivos de desaparecidos que buscan a sus familiares.
El prelado, reconoció que de Guerrero no se llevaron cifras de la violencia, pero que, es la misma descomposición social.
“La normalización de la violencia se vive a diario y Chilpancingo fue un ejemplo: ayer (el jueves) con los dos jóvenes atacados a balazos, tirados en el pavimento (frente al Mercado Baltasar R. Leyva Mancilla), mientras la gente despreocupada, paseándose de un lado a otro con sus bolsas de productos, sin que les causara ninguna preocupación”.
Dijo que lo grave no es que ya se haya normalizado la violencia entre los ciudadanos, sino que haya un pueblo desmovilizado ante esta violencia, la cultura punitiva y la percepción de la corrupción.
En el Diálogo Nacional por la Paz, el jueves se planteó el diagnóstico de la violencia que se vive en el país y en cada una de las entidades, en tanto que ayer se disertó sobre las “buenas prácticas de seguridad ciudadana” que sería un diálogo con ocho directores de policías locales que han logrado bajos índices delictivos en México, y en esta temática participaría en la tarde noche, la representante de la CRAC, Martínez Villa.
Este sábado se darán a conocer las conclusiones que serán parte de una agenda que los organizadores entregarán a los próximos candidatos a la presidenta de la República, informó Velázquez Florencio.
El prelado informó que en Guerrero la problemática de la violencia que genera el crimen organizado se ha insertado en las empresas que se dedican a la extracción de minerales a cielo abierto, en la tala inmoderada de árboles, “todo esto en detrimento de la actividad económica local que agudiza los problemas”.
Explicó que ante la gravedad del problema, la respuesta que se da es la intervención del Ejército, pero que no tiene una estrategia, “y aquí (en el Diálogo) se dijo que nos hemos llenado de cuarteles pero rodeados de la delincuencia y no pueden actuar para la prevención del delito”.
Mientras tanto, criticó que se hayan desmantelado a las policías municipales lo que ha venido a agudizar el problema, “en las propias fiscalías estatales no hay elementos capacitados para que se realicen investigaciones serias; hay muchos vacíos igual en los tribunales y en las cárceles”.
Algunas de las propuestas de solución que planteó el prelado fueron: Fortalecer a familia como instancia de educación y socialización; reconstruir los lazos de confianza y solidaridad en las comunidades; visibilizar y combatir la violencia contra la mujer; recuperar la institución y el sentido del orden; definir desde lo local la paz que se anhela, “porque no es lo mismo la paz que se anhela en Chilpancingo que la que se anhela en Ciudad Juárez, Chihuahua”.
Asimismo propuso fortalecer la habilidad para la solución de conflictos; el aporte de los pueblos indígenas en la construcción de la paz, el aporte de las religiones y la espiritualidad, y que el trabajo digno sea bien remunerado para que fortalezca el tejido social.
En tanto que las instituciones, dijo, deben crear condiciones económicas, políticas y educativas para la paz; que promuevan un sistema de seguridad desde abajo y articulado; que se elimine la tarea de las fuerzas armadas en las labores de seguridad públicas; fortalecer las policías municipales con un enfoque de proximidad, investigación e inteligencia, y conformar policías estatales que coadyuven de manera coordinada con las policías estatales.
Propuso que de parte del sistema de justicia, deben crearse instituciones modernas, responsables, capaces y con mecanismos de rendición de cuentas; disminuir la impunidad; construir un sistema judicial sólido, expedito y articulado; combatir la corrupción; fortalecer las comunidades como instancias de la resolución de conflictos.
Al respecto citó el ejemplo de la CRAC que, sin la participación del Estado, su actuación ha sido muy positiva y ha sido una respuesta al problema local.
El Diálogo Nacional por la Paz fue organizado por la Conferencia Episcopal Mexicana, la Congre-gación de los Jesuitas y la Conferen-cia de Religiosos Superiores y la idea surgió a raíez del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuahua por un jefe local del crimen organizado.

 

La expansión de la FM en el estado evidencia el fracaso de la estrategia de seguridad, advierten

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El diagnóstico del gobierno del estado que revela que 30 municipios de Guerrer (de los 85 a partir de este año), están controlados por el grupo delictivo La Familia michoacana, indica que el crimen organizado va al alza y el gobierno “en picada”, por no ir al fondo del problema, opinó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández.
En tanto que el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, declaró que los espacios que controla el crimen organizado en el estado son los vacíos que van dejando las autoridades, y opinó que sólo mediante la organización de los pueblos se podrá recuperarlos.
En el mapa de la Secretaría de Seguridad Pública del estado denominado Presencia de La Familia Michoacana (FM) y su avance con aliados (La Bandera, Los Ardillos, Cártel del Sur, Los Maldonado), publicado en El Sur en su edición de este martes, revela que 30 municipios del estado ya están controlados por la FM.

El Ejército como recurso de AMLO no funcionó: Barrera

Entrevistado por teléfono, Barrera Hernández declaró que el avance del crimen organizado es porque las estrategias de seguridad se desarrollan al margen de la sociedad, “la sociedad ha quedado al margen, está inerme y no se atienden sus reclamos”.
Para el activista, el avance de la delincuencia organizada en la entidad se debe, además, a que el modelo de seguridad aplicado en Guerrero desde hace décadas no ha dado resultado porque no se va al fondo del asunto.
Dijo que no se están tomando en cuenta los factores que dan origen a la crisis de la violencia y que los pactos que hubo entre grupos policiales, autoridades municipales y estatales con los jefes del crimen organizado hicieron crecer la economía criminal por la pobreza, el desempleo y la falta de servicios básicos.
Indicó que ahora que se busca corregir el problema desde la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Ejército en las áreas de seguridad pública no está generando sinergia entre los funcionarios e instituciones con la sociedad.
Añadió que, por el contrario, las estrategias de seguridad que se acuerdan en las mesas de paz se acuerdan sin la participación y, aún más, a espaldas de la sociedad, “entendiéndola como enemiga”.
Barrera Hernández, opinó que las instituciones por si solas no van a poder resolver el grave problema de seguridad, y añadió que primero se tienen que arrancar de raíz los intereses de los criminales que todavía subyacen dentro de las instituciones de seguridad y de las fiscalías.
Indicó que el problema es que dejaron crecer a los grupos de la delincuencia, al grado que en varias regiones son ellos el poder factico, “como dicen los mismos funcionarios en 30 municipios tienen el control y estamos hablando que más del 30 por ciento de los municipios de Guerrero están en manos de la delincuencia”.
Añadió que la preocupación es cuanto más va a subir en este proceso electoral, porque el crimen va a la alza y el gobierno en picada, en términos de que no está respondiendo a los reclamos de la sociedad, no le responde a la gente más desamparada, a las víctimas, a los colectivos, a las organizaciones que demandan mayor atención.
Barrera Hernández dijo que de parte de las autoridades estatales no han empatía con la sociedad, “hay un pique hacia debajo de parte de las autoridades, no se está ganando la confianza, al contrario, hay un alejamiento y un repliegue de la población ante la inacción de las autoridades”.
Declaró que, en efecto, en esos municipios que controla el crimen organizado es el poder real que socavan a las instituciones y es lo que ocasiona que la gente se sienta temerosa y desmovilizada porque sabe que cualquier movilización implica riesgo.
“Se ha colocado a la sociedad contra el paredón por estos pactos con los criminales que se han dado y se siguen dando; por un lado se truncan y por el otro se restablecen por la telaraña que hay dentro de las instituciones, sobre todo en el ámbito municipal que está colapsado por el crimen organizado”, declaró.
Indicó que en estos lugares las autoridades se han replegado y están dejando libre el espacio que deben de ocupar, “dejan un vacío de autoridad, de monitoreo y de presencia”.
El director de Tlachinollan explicó que en las regiones donde controla el crimen accionan sus armas para poner en orden a quien se le atraviese en el camino, y explicó que por eso están ocurriendo los asesinatos contra policías y funcionarios de procuración de justicia.
“Ahí están los hechos violentos que hablan del empoderamiento del crimen y de que hay zonas grises donde no controla la autoridad, porque son regiones o municipios del crimen organizado”.
Añadió que si en estas regiones hay funcionarios que les están siendo disfuncionales o están viendo que no hay una coordinación para sus intereses, pues van a actuar”, por eso dijo que el ambiente que se vive en Guerrero está sofocado por la violencia.
“Ya Guerrero no tiene ninguna protección de nada, los ciudadanos no saben a quién acudir, a quien asirse, ya ni la casa es recinto donde uno puede estar seguro, se han dado casos que hasta en el mismo domicilio se atenta contra la vida”.
Subrayó que los crímenes contra policías y funcionarios de seguridad también tienen que ver con el rompimiento de pactos, “el resquebrajamiento de estos pactos que había entre el poder político y los grupos de la delincuencia están ahora generando estos crímenes”.
El defensor de derechos humanos pidió que haya un replanteamiento de las estrategias de seguridad y blindarse con la sociedad, que es la que sabe cómo, donde operan y los puntos rojos que se tienen que atender.
Declaró que la población es el insumo principal para diseñar una estrategia de seguridad en coordinación con la sociedad civil, y puso como ejemplo el modelo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Los pueblos se acostumbraron a cohabitar con el crimen, alerta el padre Velázquez

Por su parte, el presbítero Velázquez Florencio, del Centro Minerva Bello, declaró que el control del territorio de los grupos delictivos habla de la ausencia de las autoridades, “puesto que si están ellos (la delincuencia) es porque no había autoridad y ellos llenaron el vacío”.
Para el sacerdote son un flagelo para el pueblo, aunque a veces se acostumbre a cohabitar con este tipo de grupos delictivos, que a veces pudieran ser más efectivos que las estrategias de las instituciones de seguridad”.
Sin embargo, reprochó que eso hace que la impunidad prevalezca y actúan como quieren porque saben que no les van a hacer nada.
Opinó que ante el problema lo único que le queda a la población es concientizar su realidad y unirse para buscar juntos una alternativa, y citó el ejemplo de Cherán, Michoacán, donde el pueblo decidió organizarse y el resultado ya está ahí.
“La respuesta la tiene el pueblo, pero debe ser un pueblo consiente socialmente, lamentablemente con los programas clientelares que existen difícilmente se forman conciencias. “solamente, se llenan panzas lombricientas, pero no pueden llenar mentes que puedan liberarse de este flagelo de la violencia y que es auspiciada por el propio Estado por su ineficiencia y su incompetencia”, dijo.
En tanto, explicó que los asesinatos de los funcionarios de procuración de justicia y policías no son aislados, “es una situación que muestra el poder que tiene el crimen organizado para poder ejecutar a plena luz del día, demuestra que tiene el control de las calles, ya no digamos de todo el comercio”.
Lamentó: “No sabemos cuál va a ser el límite, ya tuvimos muchos límites, y no sabemos qué límite quiere el Estado para que salga a afrontar de manera integral estas situaciones”.

El Ejército y Guardia no redujeron violencia, refuta el sacerdote Filiberto Velázquez

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente del Colectivo de Víctimas de la Violencia, Minerva Bello (Colectivo Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, declaró que las cifras de la violencia en Guerrero indican que el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, no han funcionado para disminuir los homicidios dolosos en el estado.
El jueves, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que el trabajo de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina “mantienen a Guerrero en el octavo lugar en cuanto al número de homicidios dolosos, de acuerdo a la lista nacional sobre delitos ocurridos en el primer bimestre del 2023”.
Consultado por teléfono, Velázquez Florencio declaró que las estadísticas de la violencia “son más claras que nuestra propia percepción, y esto no es cuestión de opinión, sino de realidades, y la realidad que impera en Guerrero es que tenemos de una a cinco, y a veces hasta diez personas asesinadas en lugares como Acapulco, Chilpancingo e Iguala”.
Además, en Guerrero hay problema de desplazados de la zona Norte, de la Sierra y Costa Grande, “entonces más que lo que yo pueda percibir, las estadísticas son muy claras y muestran que la militarización no es la respuesta a la inseguridad que se vive en el estado”.
Insistió que las cifras de la violencia indican que se debe seguir fortaleciendo a las policías municipales, “lamentablemente sabemos que en su mayoría están controladas por el crimen organizado”.
Para el prelado, hay un gran vacío en materia de seguridad que impide que sea efectiva la estrategia del Gobierno; “a lo mejor eso se pretende como buen deseo, pero como estrategia no se refleja”.
Agregó que la militarización en el estado “pudiera ser una buena estrategia si hubiera un campo de acción concreto, pero en punto no están capacitados las policías municipales, ministeriales, y es un grupo mínimo (los capacitados) para el universo que están en el estado”.
Entonces, “estamos a un mundo de distancia en que la Guardia Nacional y el Ejército tengan esas capacidades, cuando las tengan pueden mandar a todos los que quieran, pero en este momento, por más que manden es como si pusieran maniquíes con armas”.
Dijo que los militares y la Guardia Nacional “se ven muy bonitos para brindar una imagen de que están vigilando a los turistas, pero al final, en la cuestión efectiva, cuando se dan estas rachas de violencia son los primeros ausentes”.
Opinó que la construcción de paz es un proceso que debe involucrar a toda la sociedad, “pero hemos visto en los últimos días que se está muy polarizado a la sociedad, porque el Estado quiere tener la titularidad para hablar de seguridad y la decisión para construir la paz”.
Dijo que el problema no se va a resolver “callando voces” como lo quieren hacer con el obispo emérito (Salvador Rangel Mendoza), y advirtió que “si no se revierte la actitud de invalidar voces, personas y estrategias, será imposible que se llegue a construir la paz”.
En su opinión, se necesita ser incluyentes con todas las voces, “hacer un procesos para caminar en la reconciliación, pero si no existe una reconciliación, con el pueblo dividido por las diferencias que han marcado los grupos del crimen organizado, los grupos políticos y las diferencias que han impuesto los gobiernos, muy difícilmente vamos a llegar a encontrar caminos que nos lleven a la paz”.
El sacerdote dijo que para terminar con la violencia también se debe combatir la impunidad de los grupos del crimen organizado, así como la de las fuerzas armadas.
“Entonces, no es sencillo, pero sí se pueden dar pasos, y el primero es empezar respetando al otro y no enfrentarse con el primero que cuestione algo”.

 

Llama sacerdote a considerar como prioritaria la labor de los periodistas

El sacerdote y activista José Filiberto Velázquez Florencio, en la misa que ofició en la entrada del hospital general Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El sacerdote y activista, José Filiberto Velázquez Florencio, llamó a las autoridades de Guerrero y del país a considerar prioritaria la labor de los periodistas, de quienes afirmó “arriesgan su vida alzando la voz por los que no pueden”.
También pidió al gobierno federal que refuerce el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y afirmó que el asesinato de periodistas en el país es “alarmante”, porque se dedican a “cubrir y denunciar abusos a los derechos humanos”.
Al mediodía de este domingo, afuera del hospital general Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, el sacerdote José Filiberto Velázquez, quien también es el director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, ofreció una misa para orar por la seguridad y libertad de los periodistas.
Al iniciar la ceremonia religiosa, expuso a los asistentes, entre ellos familiares que de pacientes hospitalizados, que desde el 20 de junio de 2022 cuando fueron asesinados los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en la sierra de Chihuahua, celebran una misa mensual por problemas sociales que acontecen en el país y por recientemente celebraron el día del periodista, “los obispos nos dijeron que pidamos (en oración) por la seguridad y la libertad de los periodistas, quienes ven amenazados su vida por ejercer éticamente el periodismo”.
“Nuestros obispos nos invitan a unirnos en oración con los periodistas, para que el ejercicio de su profesión se vea libre de todo peligro, que trabajen con ética, buscando y comunicando la verdad, que se le respete la libertad de expresión y a los que fallecieron en el año pasado, Dios les conceda el descanso eterno y de fortaleza a sus familiares y amigos”.
Mencionó a algunos periodistas asesinados y dijo que pedía “por el descanso de su alma”: Fredid Román (en agosto de 2022), Amado Ramírez (en abril de 2007), Cecilio Pineda (en marzo de 2017), Pablo Marrugares (en agosto de 2020), Leslie Ann Pamela Montenegro (en febrero de 2018), Gabriel Soriano (octubre de 2018), Francisco Pacheco (en abril de 2016), Víctor Fernando Álvarez (abril de 2020), Edgar Nava (en agosto de 2019), Alfredo Cardoso (octubre de 2021) y Jorge Torres Palacios (en mayo en 2014).
El sacerdote también pidió orar “por aquellos (periodistas) que están desaparecidos”, en especial por Marco Antonio López Ortiz, quien está desaparecido desde el 7 de junio de 2011, cuando un grupo armado se lo llevó en la colonia Centro, en Acapulco, quien era el jefe de información del periódico Novedades de Acapulco.
Velázquez Florencio argumentó que “la misión de los periodistas es explicar el mundo, hacerlo menos oscuro, hacer que los que viven en él le tengan menos miedo y mire a los demás con mayor conciencia y con más confianza”.
Comentó que es una realidad que en México los periodistas viven “en constante miedo” y que en 2022 fueron asesinados 11 periodistas, aunque organizaciones como Artículo 19 contabilizan 17 casos, lo que convierte en el país más peligroso para ejercer el periodismo después de cualquier país en guerra.
“En Ucrania, que fue un país recientemente en guerra, murieron menos periodistas que en México. Así que de todos los periodistas en el mundo, México representa el 20 por ciento de periodistas asesinados y esto es una realidad alarmante”.
Sostuvo que entre 2018 y 2022 se han registrado al menos 97 asesinatos perpetrados en contra de periodistas y activistas en el país, por lo que dijo: “Hacemos un llamado a las autoridades a considerar prioritaria la labor que realizan estos hombres y mujeres, que dan sus vidas alzando la voz por las que no pueden”.
También pidió al gobierno federal reforzar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
A los creyentes los convocó a unirse en oración por los periodistas “que han sido asesinados, desaparecidos y todos aquellos que han sido víctimas de un atentado, simplemente por divulgar información de interés público y hacer el mundo menos oscuro”.
Sostuvo que la corrupción, las desapariciones y todo aquello que no queremos que se sepa, se hace en lo oscuro, “y aquí están esa misión de traer la luz, de poner la luz dónde está la verdad, para evidenciar el mal y esa misión, a pesar de que es muy importante, es una misión muy peligrosa”.
“Por eso nos unimos, como Iglesia, a estos hombres y mujeres para que puedan desempeñar su trabajo y nos puedan ayudar a nosotros a alzar nuestras voces, para anunciar siempre la justicia y la verdad, para siempre anunciar la paz y luchar por un mundo verdaderamente democrático”, aseveró José Filiberto.
De acuerdo con cifras de Artículo 19, en México desde 2000 han contabilizado 157 periodistas asesinados, donde Guerrero se ubica en el segundo lugar, empatado con Oaxaca, con 15 víctimas; por detrás de Veracruz, que reporta 31 periodistas asesinados.
Además, recientemente en Guerrero, la medianoche del 11 de enero de 2023, fueron liberados el periodista Jesús Pintor Alegre y el químico biólogo y creador de contenido de Facebook, Fernando Moreno Villegas, quienes eran cautivos de un grupo delictivo desde el 27 y el 25 de diciembre pasado, respectivamente, en Tierra Caliente.
De un tercer creador de contenido, también retenido por el grupo delictivo, del que aún se desconoce su paradero, Alan García Aguilar, quien en un video difundido en internet se dijo era el fundador de la página Escenario Calentano, donde se hacían comentarios críticos a la organización delictiva La Familia Michoacana.

Grave y riesgoso, que el Ejército ceda espacios al crimen organizado, dicen defensores de derechos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Defensores de derechos humanos opinaron que es grave y riesgoso para la población que el Ejército ceda espacios a los grupos del crimen organizado como ha ocurrido en los últimos días en municipios como Arcelia y Tlapehuala donde los soldados fueron corridos por civiles cuando pretendían instalar campamentos.
“Es lamentable que las autoridades estén completamente rebasadas por la delincuencia organizada”, declaró Hipólito Lugo Cortés, doctorado en Derechos Humanos y ex coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En tanto que el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández opinó que el “diagnóstico es grave y que éstos son “visos de la descomposición social que existe en estas regiones”.
Por su parte, el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez, declaró que: “es una muestra de que la militarización no es la opción para el combate de la inseguridad y la violencia y sólo hace que la impunidad sea de ese tamaño”.
Lugo Cortés, quien también fue presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas, también se refirió a los videos donde aparecen civiles armados de la delincuencia organizada, presuntamente miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante los festejos de San Nicolás Tolentino en Zirandaro; “¡caramba, no puede ser, tienen mejores unidades y armamento que las propias autoridades legalmente constituidas”, declaró por teléfono.
Refirió que en estas condiciones es muy difícil que una policía municipal pueda hacer frente a estos grupos de la delincuencia organizada que están “perfectamente pertrechados”.
Pero además, agregó que si las propias autoridades están coludidas con estos grupos delictivos “es un cuento de nunca acabar; lejos de evitar la presencia de estos grupos delictivos los están protegiendo para que haya mayor presencia y control de estos grupos no solamente del estado, sino en el país”, criticó.
Opinó que con ello la consecuencia lógica es que las propias autoridades están abriendo estos espacios de participación de los grupos delictivos.
De acuerdo a los videos que se difundieron en las redes sociales de la participación del grupo delictivo en Zirándaro durante los festejos de San Nicolás Tolentino, también participó la presidenta municipal de Morena, Tania Pacheco Duarte.
Para Lugo Cortés, la consecuencia lógica de casos como la expulsión de los militares y la presencia de los grupos delictivos en esa región es el incremento de la violencia y de la inseguridad.
“El Estado está claudicando en su posición constitucional de brindar seguridad y protección a sus habitantes, es decir, están completamente rebasadas en materia de seguridad pública las autoridades de los tres niveles de gobierno”, dijo.
Opinó que una vez que el Estado abandona sus posiciones inherentes de brindar seguridad pública, se las deja a los grupos delictivos en detrimento de la propia población, y cuestionó: ¿dónde está el Estado de derecho que tanto se pregona?, ¿dónde están las funciones del Estado?, ¿dónde están las autoridades?, ¿para qué se les elige?.
Él mismo respondió que ante estas circunstancias, el Estado está lejos de cumplir con su obligación constitucional y de garantizar la paz y la tranquilidad, “máxime cuando hay colusión como se está viendo en esa región de la Tierra Caliente”, insistió.
Añadió que así no se va a terminar con la presencia de esos grupos delictivos y que para muestra ahí está un botón en el caso de Ayotzinapa, en el que la colusión de las autoridades con los grupos delictivos detonó en graves violaciones a los derechos humanos.
Opinó que la situación es preocupante y que es necesario que se levante la voz para que se corrija esa situación, “pero desde luego, tiene que haber voluntad de quien tiene la facultad y la decisión en el ámbito del Poder Ejecutivo y los congresos federal y local”.
Sin embargo, dijo que hablar de política “es entrar a un meollo del asunto donde los políticos persiguen otro tipo de intereses”.
Lugo Cortés declaró que el riesgo que ve es el incremento de violaciones a los derechos humanos, “si hay una colusión de la delincuencia organizada con las autoridades, la consecuencia serán las violaciones a los derechos humanos, desplazamientos no sólo interno sino a otros países y pedirán asilo por cuestiones de inseguridad porque se atenta contra la paz y la tranquilidad por la presencia de los civiles armados”.
Agregó que estos grupos se han venido incrementando en el estado, como a muchos les consta, en los lugares “donde las autoridades son complacientes con esta situación que viola el Estado de derecho”.

Hay ausencias y vacío de poder y la delincuencia tomó control de los territorios: Tlachinollan

Por su parte el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que lo que está pasando en los pueblos de Tierra Caliente evidencia la debilidad del Estado y cuestionó: “qué hace la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, para prevenir estas situaciones”.
Y luego agregó: “Eso preocupa porque vemos que su trabajo no tiene ningún impacto a favor de la población”, declaró.
Añadió que casos como el de Tierra Caliente significa ausencias y vacíos de poder, así como el robustecimiento de los grupos de la delincuencia “que ya tomaron control de los territorios”.
Dijo: “Vemos que las autoridades municipales están débiles, están coludidas o son cómplices, porque no han podido hacer el trabajo de prevención o contención de estas situaciones graves”.
Añadió que la federación, a través de la presencia del Ejército, no ha podido realizar acciones para desmantelar a estos grupos y ser factor de disuasión para proteger a la población.
“El diagnóstico es grave, esto ya se dejaba venir, ya había visos de esta descomposición que existe en estas regiones, en términos de que no hay ley ni autoridades que tomen el mando para hacer valer el Estado de derecho”, denunció.
Barrera Hernández añadió que, en tanto, las autoridades estatales se ven desdibujadas, “están esperando que la federación les resuelva el problema; a un año, su estrategia de seguridad se ha invisibilizado y se han robustecido estos grupos que ya evidenciaron el peso que pueden significar porque las autoridades no son un contrapeso y poder de contención.
“Imaginamos que el escenario es catastrófico, en términos de que hay una alarma real porque no han podido con el paquete y eso es grave”.

Las organizaciones criminales han secuestrado a la sociedad y a los gobiernos: Centro Minerva Bello

El director del Centro Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, declaró por su parte que lo que pasa en Tierra Caliente es una muestra de que la militarización no es la opción.
El defensor de derechos humanos declaró que con esto se ve que es una realidad que las organizaciones criminales ya están enquistadas en la sociedad y han secuestrado a la sociedad y a los gobiernos”.
Añadió que el riesgo de la ausencia del Estado de derecho es mayor, “y aquí vamos a ver cómo van a actuar las fuerzas armadas, si con una letalidad y se llevan a la ciudadanía entre las patas como ha sucedido y como le llaman ellos con los daños colaterales”.
Advirtió que en ello puede terminar esta situación si se sigue con la misma estrategia.
Timbren advirtió que dejarle territorios al crimen organizado significará más desplazamientos y más violaciones a los derechos humanos, “es una muestra evidente de lo que puede provocar, ya lo hemos visto en otras partes del estado, donde por la presencia del crimen organizado se han desplazado a comunidades enteras y esto va a seguir pasando”, adelantó.