Integrantes de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia colocan fichas de búsqueda de personas desaparecidas en diferentes tramos de la carretera Acapulco-Zihuatanejo Foto: El Sur
Redacción
La representante de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, lamentó que el gobierno federal, que preside Claudia Sheinbaum Pardo, haya “rasurado” las cifras de desapariciones en México, así como que sigan siendo escasos e insuficientes los recursos para buscar a los desaparecidos.
“Son mucho más las personas desaparecidas y es lamentable y deja mucho que decir, porque en el sexenio de Andrés Manuel rasuró y negó las cifras, y Claudia volvió a hacer los mismo, tiene otras cifras. No sabemos si son las que ella tiene o son las que ellos quieren que tenga Claudia Sheinbaum”, señaló Gil Guzmán, antes de partir a la jornada de búsqueda de su hijo Jonathan Guadalupe. Socorro Gil también informó en entrevista que por primera vez en Acapulco, en la zona poniente, en la carretera Acapulco–Zihuatanejo, se colocaron las fichas de búsqueda de 44 desaparecidos, con el objetivo también de que los turistas visibilicen las desapariciones forzadas.
La mañana de este viernes informó que como colectivo saben que son más de 132 mil personas desaparecidas en México y que mientras el gobierno federal no quiera aceptar la realidad de las cifras el delito seguirá afectando a la sociedad.
Destacó que como colectiva tienen conocimiento de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó como crímenes de lesa humanidad con indicios de participación del Estado mexicano a la desaparición forzada.
Durante la jornada de búsqueda en la zona poniente de Acapulco participaron 13 mujeres de la colectiva, personal de las comisiones de derechos humanos tanto nacional como estatal y elementos de la Guardia Nacional, quienes les custodiaban. En el punto de partida donde se concentraron se acercaron algunas personas para regalarles aguas, sueros y otras bebidas en manifestación de apoyo.
Actualmente las buscadoras traen consigo fichas de búsqueda de 44 personas, de las cuales solicitaron cien copias de cada una, pero aseguró la representante que “algunas nos las negaron, algunas nos dieron 100, algunas 50, pero sí fueron más de cuatro mil fichas las que nos dieron”.
Gil Guzmán contó que otras personas que no pueden unirse a las jornadas de búsqueda les depositan o transfieren recursos económicos para la compra de alimentos, herramientas y para los traslados. Y es que sólo cinco de las 13 mujeres cuentan con el apoyo de la Comisión Nacional de la Víctimas de Desaparición Forzada.
Finalmente reiteró el llamado a la sociedad a no normalizar las desapariciones y los asesinatos y al gobierno.
Acapulco, Gro. 5octubre2024 Integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, realizaron la 30 exposición de fotografías de personas desaparecidas en el kiosco del Zócalo de Acapulco. Foto: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
En la exposición fotográfica número 30 de resistencia que efectúan en el Zócalo de Acapulco, las y los integrantes del colectivo Memoria Verdad y Justicia lamentaron que la búsqueda de personas desaparecidas no sea un compromiso de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en la historia que ocupa ese cargo.
“Llueva o truene, las búsquedas no se detienen”, dijo la representante del colectivo y madre buscadora Socorro Gil Guzmán. Y así llevaron a cabo la actividad la tarde del sábado, en medio de una fuerte lluvia provocada por un sistema de baja presión.
Gil Guzmán, madre buscadora y representante del colectivo, recordó que cuando Sheinbaum Pardo estuvo en campaña los colectivos pidieron en varias ocasiones reunirse con ella y “nunca nos quiso atender y hasta ahorita no se han querido reunir con las familias (de personas desaparecidas) y el ex presidente dijo que no había muchos desaparecidos”.
“Queremos que frenen las desapariciones”, declaró la madre buscadora, que indicó que en sus 100 compromisos de gobierno la presidenta de México “no toca para nada la búsqueda de los más de 120 mil desaparecidos oficialmente reconocidos, ni la necesidad de atender la identificación forense de más de 55 mil cuerpos en los semefos”.
Abundó que “en este gobierno, al igual que el anterior, es poco la importancia que se le da al problema en torno a la desaparición de personas. Como madre, como mujer, pensamos que debería de ser más sensible a esta problemática de las madres que buscan, de las hermanas, de las hijas que buscamos a nuestro familiar desaparecido”.
Sostuvo que también afectó mucho a las familias el proceso de campañas electorales porque les recortaron las búsquedas, “ahorita que entró como presidenta nos bajaron los recursos para seguir buscando y nos han estado negando las búsquedas, aparte nos hicieron mucho recorte de recursos, no nos dan los mismos recursos”.
En tanto Julio Mata Montiel, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, dijo que fue un hecho importante que la presidenta haya instruido ofrecer disculpas públicas por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968.
“Hicieron un decreto de que nunca van a usar la fuerza militar, la fuerza pública para reprimir, pero hay muchas formas de represión y en México una forma de aterrorizar a la población es con la desaparición forzada, y no se han esclarecido ninguno de los casos, ni los de Ayotzinapa, y estos que están ocurriendo tampoco se ve que haya investigación, ni voluntad política de que se conozca qué está ocurriendo”, indicó.
Por esa razón seguirán con las acciones para visibilizar y que se note más la cantidad de personas que se encuentran desaparecidas, son más de 120 mil en México y “en número negro yo creo que se eleva al doble, hay mucha gente que no denuncia y hay muchos casos que desde el Ministerio Público no permiten que se presente la denuncia”.
“En el estado de Guerrero, hasta el 2023, asciende a más de 4 mil 500 desaparecidos, de los cuales 3 mil 500 serían hombres y casi 800 mujeres, aproximadamente; en Acapulco, hasta el 2023, mil 237; Chilpancingo, 534; Iguala, 467 y Chilapa 273, personas desaparecidas sin que hasta el momento se conozca su paradero”, indicó.
Del compromiso que hizo la presidenta del caso Ayotzinapa, respondió que también el ex presidente Andrés Manuel López Obrador también dijo que daría resultados y “se terminó el sexenio y no hubo nada, lo que se sabe hasta ahorita es que lo que ya se sabía, e incluso expulsaron al Grupo Interdisciplinario de Investigadores y no creo que este gobierno acuse a quienes son los responsables que es el Ejército mexicano”.
En el pronunciamiento, que no pudieron leer debido a la lluvia que se produjo el sábado por la tarde en la ciudad, recordaron al huracán Otis, que azotó el 25 de octubre del año pasado y que dejó daños enormes en infraestructura, para este año el huracán John nuevamente causó daños, según expertos son comportamientos derivados del cambio climático.
La época de huracanes no termina, por lo que pidieron a las autoridades que informen cuál será el plan preventivo para que los impactos sean lo menos posible a la población, y cuál debe ser la participación de los ciudadanos para cuidar el medio ambiente.
La Secretaría de Gobernación reconoció la suspensión del diálogo entre la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), y los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Mediante un comunicado de prensa, señaló que este jueves 11 de enero se llevó a cabo la primera sesión del 2024 de la Comisión, en la que algunos de los padres se retiraron de la misma.
“Lamentamos que hoy se haya suspendido el diálogo con algunos padres y madres de los 43 normalistas por cuestiones ajenas al trabajo de la CoVAJ. A pesar de que en la reunión algunos padres y madres se retiraron de la mesa, el encuentro siguió su curso con aquellos que decidieron permanecer para recibir el último informe de la CoVAJ”, reconoció la dependencia.
Agregó que por instrucción presidencial, se amplió un mes el plazo contemplado para el acceso a los archivos oficiales, destacando los pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pasando del 4 de enero al 4 de abril del presente año.
“También se les propuso la posibilidad de contar con la asesoría y el apoyo de instituciones académicas de alto prestigio para ayudarlos en la revisión de los archivos y el análisis de la información que consideran relevante para el esclarecimiento de los hechos” planteó.
En el comunicado se afirma que se hizo de conocimiento que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador mantiene su total disposición para una reunión con los padres.
“El Gobierno de México reafirma que los canales de comunicación con los padres y madres siempre están abiertos. De igual modo, ratifica el compromiso con las víctimas con la verdad y la justicia, razón por la cual sigue y seguirá trabajando hasta encontrar a los estudiantes desaparecidos”, concluye el comunicado. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el fallecimiento de tres Servidores de la Nación que colaboraban en los trabajos de apoyo para la reconstrucción tras el impacto del huracán Otis. Adelantó que este martes se trasladará Acapulco y el miércoles la conferencia de prensa matutina será en la ciudad.
“Mañana por la tarde-noche voy a Acapulco, y el miércoles vamos a reunirnos y la conferencia de prensa va a ser allá, vamos a informar de todo el programa de reconstrucción que estamos llevando a cabo”.
Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente habló del accidente en la Autopista del Sol donde murieron tres trabajadores de la Secretaría del Bienestar y otros tres resultaron heridos cuando se desplazaban de Chilpancingo a Acapulco.
“Lamento mucho que este fin de semana perdieron la vida tres Servidores de la Nación en un accidente de Chilpancingo a Acapulco. Seis salieron afectados, tres lamentablemente perdieron la vida, tres heridos, los seis de Papantla, lo que demuestra cómo han llegado a ayudar a Acapulco de todo México”.
Reiteró que tras el censo para identificar los daños y a la población afectada, identificaron que la mayoría de las viviendas no cuentan con escrituras, razón por la que entregará un certificado de posesión, aclarando que en aquellos que ya tienen no se intervendrá.
“Se hizo un censo y la mitad de los habitantes de Acapulco no tienen sus escrituras. Por eso se les va a entregar un documento, un certificado, porque ya llevan años viviendo en esas casas, son sus propiedades. En otros casos donde existen escrituras, se va a respetar la propiedad”.
El 7 de diciembre el presidente señaló que identificaron problemas en la escrituración de las viviendas de las personas damnificadas por el huracán Otis, razón por la que al concluir labores de reconstrucción, otorgará un certificado de posesión para la regularización de los trámites.
Un día después, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel indicó que la entrega de los certificados firmados por el presidente se hará antes del 29 de febrero, además de que dará fe que la vivienda en cuestión fue reconstruida.
El 11 de diciembre, López Obrador comentó que se encontraba buscando la justificación legal para que las personas que no cuentan con escrituras de la vivienda, puedan ampararse con los certificados para el proceso de escrituración.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el ataque a balazos que sufrieron cuatro reporteros en Chilpancingo después de cubrir un hecho de violencia al mediodía de este martes.
Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, López Obrador indicó que dos de los agredidos se encuentran graves. De igual forma se refirió a las seis personas de Taxco, tres periodistas, que se encontraban secuestradas.
“Tenemos que lamentar esto. Cuatro periodistas baleados, dos están graves, uno más en Apatzingán. También una buena es que habían secuestrado a seis periodistas en Taxco, Guerrero y ya rescatamos a los seis”.
Y se comprometió a que este jueves se brindarán más más detalles e información respecto a la agresión ocurrida en Chilpancingo. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).
La dirigencia estatal del PRI consideró que el falló del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que rechazó que hubiera violencia política en razón de género por parte del diputado y dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, en contra de la diputada Gabriela Bernal Reséndiz, “pone en riesgo el avance en materia de derechos políticos de las mujeres y es un evidente retroceso en la lucha por la igualdad”.
En un posicionamiento difundido por el PRI de Guerrero en sus redes sociales, suscrito por el presidente Alejandro Bravo Abarca y la secretaria general Pilar Vadillo Ruiz, del Comité Directivo Estatal, lamentan el fallo del Trife y consideran que se trata de “un duro golpe” a la lucha de las mujeres por lograr condiciones de igualdad y equidad.
A mediados de abril de este año se conoció un extracto de un discurso que el dirigente estatal de Morena dio ante militantes de su partido en Ometepec, donde expuso que la belleza de la diputada fue usada como la estrategia política por el PRI en el proceso electoral de 2018, para presentar la imagen de Bernal Reséndiz en la candidatura al Senado y no la de quien encabezaba la fórmula, el todavía senador Manuel Añorve Baños.
Debido a sus expresiones, fue acusado de violencia política, y se presentó una queja en su contra. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) brindó medidas cautelares en las que prohibió al morenista acercarse a la diputada priista por el riesgo alto de volver a incurrir en violencia.
El 25 de agosto el Tribunal Electoral del Estado (TEE) resolvió que González Varona sí incurrió en actos de violencia política en razón de género y ordenó que su nombre permanezca por un año cuatro meses en la lista de personas sancionadas por esta falta, le impuso una multa de 15 mil pesos, y debería presentar un disculpa pública y tomar tomar cursos sobre el respeto de los derechos de las mujeres.
La semana pasada el Trife resolvió que “el reconocimiento de la belleza de una persona como estrategia política para la postulación de una candidatura no es una cuestión que impacte de manera exclusiva a las mujeres, por lo que la referencia a la belleza de una mujer como elemento dentro de una estrategia electoral cuando no se hace cosificándole o restándole méritos propios, como sucedió en el caso, pues se hizo alusión a otras cuestiones de su persona, no implica violencia simbólica ni está dirigida a ella en su calidad de mujer”, y eso no constituye violencia política en razón de género sino de afirmaciones amparadas en la libertad de expresión.
El PRI considera que la sentencia del Trife “sienta un precedente que pone en riesgo los avances en materia de violencia de género, ya que eso da pie a que actores políticos usen este fallo para ampararse y continuar violentando a mujeres que participan en política”.
La diputada del PRD, Yanelly Hernández, con el tema Los hechos violentos ocurridos los últimos días en nuestra entidad, demandó justicia por la pérdida de vidas jóvenes, como la del activista Moisés Tomás Juárez Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
En la sesión del pleno del Congreso local, el grupo parlamentario del PRD se posicionó ante la desaparición y posterior asesinato de seis jóvenes, entre ellos el activista y coordinador estatal de la diversidad sexual del PRD en Guerrero, Moisés Tomás Juárez Abarca.
A nombre del grupo parlamentario perredista, la diputada Yanelly Hernández Martínez lamentó que a pesar de que hay “esfuerzos por mitigar los actos delictivos” en el estado, es necesario reconocer que “no hay resultados”, y se debe establecer “un diálogo” entre la sociedad organizada, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública.
La perredista destacó que en lo que en los dos años del actual gobierno estatal “no hemos politizado la agudización de la inseguridad, pero estamos ciertos que este Poder Legislativo tienen una responsabilidad al respecto, por eso hoy venimos a exigir justicia, a alzar la voz a nombre de nuestro compañero” y los jóvenes que fueron sustraídos de un centro de rehabilitación en Acapulco, y por quienes se guardó un minuto de silencio.
Señaló que “los crímenes de jóvenes a manos de la delincuencia organizada en Guerrero y en México son una herida profunda en el corazón de nuestra sociedad, cada vida pérdida representa un futuro truncado… estos hechos, además de vulnerar derechos humanos elementales y civiles, lastiman a un sector históricamente agraviado como lo es la comunidad LGBTQ+”.
La perredista advirtió que “cuando no hay comunicación ni coordinación, lo único visible es la confrontación y con eso no obtenemos más que la agudización de los problemas”, después señaló que “los vacíos se van a seguir llenando de manera natural, así sea de especulaciones, que en nada ayudan a construir confianza en nuestras instituciones”.
En esta sesión también se guardó un minuto de silencio en memoria de José Natividad Calixto Díaz, quien fuera diputado de la 60 Legislatura, y uno más en memoria de todas las mujeres que han sido víctimas del cáncer de mama.
La sesión
Entre las propuestas presentadas en la sesión de ayer, estuvo la de la priista Flor Añorve Ocampo que planteó adicionar la Ley de Educación del Estado para instaurar dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Guerrero la Unidad Administrativa para la Atención Integral de la Problemática de Acoso y Violencia Escolar.
La diputada insistió en su intervención que las autoridades educativas están obligadas a promover la cultura de la paz y no violencia, que genere una convivencia democrática basada en la igualdad de derechos, el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos.
El morenista Carlos Cruz López presentó una iniciativa de adición al Código Penal del Estado para que cualquier hecho delictivo de índole sexual contra niñas, niños y adolescentes sea imprescriptible, a para que la persecución se realice a pesar del transcurso del tiempo, y así erradicar su impunidad.
La diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero para establecer los preceptos de regionalización presupuestaria, para que sean contemplados como disposiciones y criterios de construcción del presupuesto, entendido este último como la herramienta del gobierno para la inversión social y búsqueda del bienestar social.
De Morena,Masedonio Mendoza Basurto, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del estado que plantea reconocer en materia política y jurídica a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, como ya han sido reconocidos por las Naciones Unidas “en los ámbitos político, social, cultural, económico y ecológico”.
El diputado indígena, planteó que la iniciativa propone armonizar la legislación estatal con los estándares internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece la libre determinación de estos pueblos, el respeto a sus tierras y recursos naturales, y su desarrollo integral, esta propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis, discusión y emisión del dictamen.
La diputada del PRI Julieta Fernández Márquez presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a intervenir en las zonas del estado de Guerrero que resultaron afectadas por la tormenta tropical Max, también solicita la autorización y liberación de recursos económicos extraordinarios para que los ayuntamientos hagan frente a las demandas de damnificados.
En la sesión, diputadas de Morena y PRD hablaron sobre el cáncer de mama las diputadas Angélica Espinoza García, Jessica Ivette Alejo Rayo y Yanelly Hernández Martínez coincidieron en la necesidad de realizar acciones más contundentes para prevenir este padecimiento que cada día provoca la muerte de una mujer.
En el Diálogo Nacional por la Paz que se realiza en la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, el director del Centro de Derechos de las Victimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, planteó que en 17 años de violencia en Guerrero, ésta se ha normalizado y forma parte de nuestra vida cotidiana; “está en la Iglesia, en la política, en las fiscalías, en las escuelas, en la economía, en todos lados, y lo grave, en un pueblo desmovilizado”.
El encuentro se realiza este 21, 22 y 23 de septiembre; de Guerrero participan el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González; los encargados de la Pastoral Social de Acapulco, Chilpancingo y Tlapa, y la dirigente indígena de Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, Rubí Martínez Villa, en representación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Entrevistado por teléfono, Velázquez Florencio, declaró que los participantes coincidieron que 17 años de violencia han generado una descomposición social y política, 92 asesinatos por día; 26 desapariciones, 11 mujeres son asesinadas, y ya suman tres mil fosas clandestinas y 240 colectivos de desaparecidos que buscan a sus familiares.
El prelado, reconoció que de Guerrero no se llevaron cifras de la violencia, pero que, es la misma descomposición social.
“La normalización de la violencia se vive a diario y Chilpancingo fue un ejemplo: ayer (el jueves) con los dos jóvenes atacados a balazos, tirados en el pavimento (frente al Mercado Baltasar R. Leyva Mancilla), mientras la gente despreocupada, paseándose de un lado a otro con sus bolsas de productos, sin que les causara ninguna preocupación”.
Dijo que lo grave no es que ya se haya normalizado la violencia entre los ciudadanos, sino que haya un pueblo desmovilizado ante esta violencia, la cultura punitiva y la percepción de la corrupción.
En el Diálogo Nacional por la Paz, el jueves se planteó el diagnóstico de la violencia que se vive en el país y en cada una de las entidades, en tanto que ayer se disertó sobre las “buenas prácticas de seguridad ciudadana” que sería un diálogo con ocho directores de policías locales que han logrado bajos índices delictivos en México, y en esta temática participaría en la tarde noche, la representante de la CRAC, Martínez Villa.
Este sábado se darán a conocer las conclusiones que serán parte de una agenda que los organizadores entregarán a los próximos candidatos a la presidenta de la República, informó Velázquez Florencio.
El prelado informó que en Guerrero la problemática de la violencia que genera el crimen organizado se ha insertado en las empresas que se dedican a la extracción de minerales a cielo abierto, en la tala inmoderada de árboles, “todo esto en detrimento de la actividad económica local que agudiza los problemas”.
Explicó que ante la gravedad del problema, la respuesta que se da es la intervención del Ejército, pero que no tiene una estrategia, “y aquí (en el Diálogo) se dijo que nos hemos llenado de cuarteles pero rodeados de la delincuencia y no pueden actuar para la prevención del delito”.
Mientras tanto, criticó que se hayan desmantelado a las policías municipales lo que ha venido a agudizar el problema, “en las propias fiscalías estatales no hay elementos capacitados para que se realicen investigaciones serias; hay muchos vacíos igual en los tribunales y en las cárceles”.
Algunas de las propuestas de solución que planteó el prelado fueron: Fortalecer a familia como instancia de educación y socialización; reconstruir los lazos de confianza y solidaridad en las comunidades; visibilizar y combatir la violencia contra la mujer; recuperar la institución y el sentido del orden; definir desde lo local la paz que se anhela, “porque no es lo mismo la paz que se anhela en Chilpancingo que la que se anhela en Ciudad Juárez, Chihuahua”.
Asimismo propuso fortalecer la habilidad para la solución de conflictos; el aporte de los pueblos indígenas en la construcción de la paz, el aporte de las religiones y la espiritualidad, y que el trabajo digno sea bien remunerado para que fortalezca el tejido social.
En tanto que las instituciones, dijo, deben crear condiciones económicas, políticas y educativas para la paz; que promuevan un sistema de seguridad desde abajo y articulado; que se elimine la tarea de las fuerzas armadas en las labores de seguridad públicas; fortalecer las policías municipales con un enfoque de proximidad, investigación e inteligencia, y conformar policías estatales que coadyuven de manera coordinada con las policías estatales.
Propuso que de parte del sistema de justicia, deben crearse instituciones modernas, responsables, capaces y con mecanismos de rendición de cuentas; disminuir la impunidad; construir un sistema judicial sólido, expedito y articulado; combatir la corrupción; fortalecer las comunidades como instancias de la resolución de conflictos.
Al respecto citó el ejemplo de la CRAC que, sin la participación del Estado, su actuación ha sido muy positiva y ha sido una respuesta al problema local.
El Diálogo Nacional por la Paz fue organizado por la Conferencia Episcopal Mexicana, la Congre-gación de los Jesuitas y la Conferen-cia de Religiosos Superiores y la idea surgió a raíez del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuahua por un jefe local del crimen organizado.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Alberto Catalán Bastida, consideró que las resoluciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) parecen estar marcadas por “el miedo al poder político que ejerce Morena” en lo estatal y federal, y lamentó que esté “sometido”, por lo que lo llamó a recapacitar sobre la imagen de imparcialidad que debería dar.
En declaraciones telefónicas se le preguntó sobre la decisión del IEPC de no sancionar a la dirigencia de Morena, encabezados por su presidente Jacinto González Varona, a pesar de que se acreditó que cometió calumnia, al señalar que PRD, PRI y PAN ganan en municipios controlados por grupos criminales.
Catalán Bastida lamentó la decisión del Consejo General: “vemos una ambigüedad” porque están los elementos acreditados, “y el argumento que ellos presentan respecto a que no hay un proceso electoral, la verdad es que rompe todos los esquemas que conocemos de la aplicación a la ley electoral”, y se resolvió de “forma tan legalista, simplista”.
Dijo que pareciera que el IEPC “está siendo sometido por el gobierno de Morena, y esa es muy mala señal, esa resolución a la queja pareciera que está marcada por el miedo al poder político que ejerce Morena en el estado y a nivel nacional”.
Este presunto sometimiento, equivale a una renuncia del IEPC a “ser el árbitro de los partidos políticos o de la contienda electoral… lo único que vemos es una tibieza en este tema”, por lo que adelantó que el PRD impugnarán la resolución.
Se refirió nuevamente a lo complicado que es realizar política en regiones de la Tierra Caliente y que se han presentado en los últimos días “situaciones sin precedentes” de violencia.
El dirigente estatal del PRD lamentó que el órgano electoral haya desestimado “de forma tan legalista, tan simplista” la denuncia presentada contra el dirigente morenista, y se refirió directamente al consejero presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias Amadeo Guerrero Onofre, de quien señaló que “no tuvo el valor suficiente para resolver esta denuncia”.
También se le preguntó sobre la demanda de representantes del PAN, PRI, PRD e incluso de Morena partidos ante el IEPC de que el gobierno estatal que a través de la Secretaría de Finanzas y Administración entregue al órgano electoral el presupuesto etiquetado para las prerrogativas de los partidos que no han recibido desde hace tres meses.
Alberto Catalán dijo que espera que la “pasividad que ha demostrado” el IEPC ante las acciones del dirigente morenista “ojalá que no tenga que ver con la presión de la que están siendo objeto por parte del gobierno del estado, como la no distribución de las prerrogativas que ya están presupuestadas y que le corresponden a los partidos y al órgano electoral”.
Ayer sesionó el DEE del PRD en la cual, hablaron de las resoluciones del IEPC y las acciones ante la inacción de los órganos electorales ante las precampañas anticipadas de los aspirantes a la presidencia de la República.
La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey, en el conversatorio Violencia política en razón de género desde una perspectiva jurisdiccional, administrativa y sociedad civil en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
La consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán, afirmó ayer, durante el conversatorio organizado por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), en Chilpancingo, que el 70 por ciento de los casos registrados de violencia política en razón de género se dan a nivel municipal.
También aseguró que no se imponen sanciones adecuadas y por tanto no se combate la impunidad, para evitar que personas que violenten políticamente a las mujeres ostenten o aspiren a un cargo de elección popular.
L a presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, pidió al Congreso del Estado que armonice en la entidad la Ley General de Responsabilidad Administrativas, que sigue pendiente.
Ayer se realizó en el auditorio Sentimientos de la Nación del TEE, el conversatorio Violencia Política en Razón de Género desde una Perspectiva Jurisdiccional, Administrativa y Sociedad Civil, en el que participaron la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado, Indalecia Pacheco León, la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, y la consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán.
En Iliatenco, debió impedirse
volver a participar al agresor: Carla Humphrey
La magistrada del TEE, Alma Delia Eugenio Alcaráz, fue quien planteó a las ponentes: “¿Qué impacto ha habido a tres años de haberse legislado la violencia política contra las mujeres en razón de género en la prevención, atención o erradicación; qué impactos tendrá la reforma constitucional al artículo 38 de la Constitución, denominada Tres de Tres?”, y “¿qué papel ha jugado la sociedad civil en el avance y legislación y tratamiento de la violencia política en razón de género y cuáles serían los retos de los órganos electorales de cara al próximo proceso electoral?”.
La consejera, Carla Humphrey afirmó que a tres años de la legislación se ha visibilizado la violencia política en razón de género, y ejemplificó que Guerrero tienen la primera elección anulada en el país. Ello, con el caso de Iliatenco y la violencia que se ejerció contra la candidata de Movimiento Ciudadano, Ruperta Nicolás, en 2021.
Sostuvo que aún falta que a las personas que se acredite que cometieron violencia política en razón de género no participen en los procesos extraordinarios de elección, como ocurrió en Iliatenco, donde se repuso la elección y volvió a ganar el candidato que violentó.
Dijo que hay instrumentos jurídicos y herramientas que permiten visibilizar esta violencia con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en la materia, del cual, de 293 que hay en el país, Guerrero tiene dos casos, aunque resaltó que este tipo de violencia se comete más a nivel municipal con un 72.21 por ciento, 16.92 a nivel estatal y 10.88 a nivel nacional.
Sostuvo que en Veracruz es vergonzoso que hay un regidor que ha reincidido 11 veces por cometer violencia política en razón de género, lo que deja claro que las sanciones no son eficientes, porque se aplican multas económicas y amonestaciones públicas, y “no se imponen las sanciones de manera adecuada y, por tanto, estamos combatiendo la violencia política, pero no estamos combatiendo la impunidad, no estamos impidiendo que esas personas que violentan políticamente a las mujeres puedan ostentar o aspirar a un cargo de elección popular”.
Pese a leyes, persiste la violencia: Muriel Salinas
Muriel Salinas Díaz destacó que en Guerrero sigue pendiente que el Congreso del Estado armonice la reforma en materia de violencia política en razón de género, “este Congreso local se ha resistido mucho a avanzar en esa armonización legislativa… sólo ha avanzado en la reforma la Ley de Acceso, pero falta la armonización en todas los demás ordenamientos jurídicos tanto en materia electoral como administrativa, tenemos un déficit”.
Planteó en Guerrero que también hay una ley estatal que establece el principio de paridad de género para la elección de comisarías municipales, pero como son elecciones a cargo de los ayuntamientos, hay un desafío porque aún hay violencia política de género terrible, y planteó el caso de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, donde nueve mujeres se quejaron porque no les permitieron votar.
Gobiernos deben proteger a las mujeres: Indalecia Pacheco
La magistrada, Indalecia Pacheco, expuso que otra limitante en Guerrero es que hay diputados o dirigentes de partidos, agresores de mujeres o de sus compañeras de partido y de otros partidos, que están impunes, “porque esa cuestión de la materia del desafuero es un procedimiento largo”.
Argumentó que los gobiernos tienen la obligación a través de los tres poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo que “ningún diputado ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que cometen en contra de las mujeres que participan políticamente”.
Contó que como procuradora de la defensa de la mujer conoció casos de dirigentes de partidos y diputados que incumplían su obligación alimentaria, golpeaban gravemente a sus esposas, a sus hijos, “están ahí en ese padrón y desde luego delitos sexuales”.
Criticó que con qué calidad moral un diputado, magistrado, un juez o cualquier servidor público acuden a tribuna y le habla a la ciudadanía de leyes que ellos están incumpliendo, y lo que se hace es, enviar un mensaje a la sociedad de que el país tolera la violencia en contra de las mujeres.
Muriel Salinas afirmó que se vive un proceso de flexibilización de los criterios de legibilidad desde la ética pública para acceder a un cargo de elección popular o cargo público, pues precisó que, la resolución de la Suprema Corte de Justicia es regresiva y preocupante al decidir que “el modo honesto de vivir no va a ser un requisito para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, dijo que con la reforma Tres de Tres se avanza al establecer que no pueden ocupar cargos públicos personas sancionadas por la comisión de delitos de violencia sexual, violencia familiar, violencia contra las mujeres, así como deudores alimentarios.
Argumentó que la sociedad civil es un puente fundamental para favorecer el acceso en las mujeres víctimas de violencia política a la denuncia y a la justicia, y dijo que la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses cada vez tienen una mayor demanda de atención de servicios, asesoría, acompañamiento y litigio, porque este último es muy costoso para las mujeres que no pueden pagar un abogado o abogada en toda una cadena impugnativa.
Manifestó que hace falta recursos para construir una Defensoría Pública que permita que realmente las mujeres puedan tener de manera permanente un acompañamiento a sus procesos de denuncia por violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral.
Afirmó que recientemente relanzaron la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, buscando traducir con un lenguaje mucho más ciudadano y accesible toda la legislación que permite a las mujeres acceder a la denuncia y acompañarlas en su litigio.
La reforma Tres de Tres, por la movilización de colectivos
Por su parte, Carla Humprhey, sostuvo que sin los colectivos y organizaciones la reforma Tres de Tres no existiría, mencionó que el reto de cara a los próximos comicios es crear la Defensoría Pública para las mujeres, pero también llamó a las gobernadoras a articular una agenda transversal de mujeres, porque criticó que no están preocupadas por garantizar igualdad sustantiva con paridad.
“¿Qué están proponiendo desde esos poderes Ejecutivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para garantizar que no sean violentadas. Yo aquí creo que es importante decir, no solamente queremos más mujeres. Sí, es importante, cambia la política. el cómo se toman las decisiones, sin duda, pero también qué hacemos con ese poder y ahí es donde creo que sí tenemos un faltante importante”, dijo.
Comentó que la paridad sustantiva no solo es numérica, sino cualitativa, es decir, qué, dónde y qué están proponiendo y qué pueden hacer las gobernadoras, consideró que es clave “para el avance para tener un país incluyente”.
Gobiernos deben proteger a las mujeres: Indalecia Pacheco
La magistrada, Indalecia Pacheco, expuso que otra limitante en Guerrero es que hay diputados o dirigentes de partidos, agresores de mujeres o de sus compañeras de partido y de otros partidos, que están impunes, “porque esa cuestión de la materia del desafuero es un procedimiento largo”.
Argumentó que los gobiernos tienen la obligación a través de los tres poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo que “ningún diputado ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que cometen en contra de las mujeres que participan políticamente”.
Contó que como procuradora de la defensa de la mujer conoció casos de dirigentes de partidos y diputados que incumplían su obligación alimentaria, golpeaban gravemente a sus esposas, a sus hijos, “están ahí en ese padrón y desde luego delitos sexuales”.
Criticó que con qué calidad moral un diputado, magistrado, un juez o cualquier servidor público acuden a tribuna y le habla a la ciudadanía de leyes que ellos están incumpliendo, y lo que se hace es, enviar un mensaje a la sociedad de que el país tolera la violencia en contra de las mujeres.
Muriel Salinas afirmó que se vive un proceso de flexibilización de los criterios de legibilidad desde la ética pública para acceder a un cargo de elección popular o cargo público, pues precisó que, la resolución de la Suprema Corte de Justicia es regresiva y preocupante al decidir que “el modo honesto de vivir no va a ser un requisito para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, dijo que con la reforma Tres de Tres se avanza al establecer que no pueden ocupar cargos públicos personas sancionadas por la comisión de delitos de violencia sexual, violencia familiar, violencia contra las mujeres, así como deudores alimentarios.
Argumentó que la sociedad civil es un puente fundamental para favorecer el acceso en las mujeres víctimas de violencia política a la denuncia y a la justicia, y dijo que la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses cada vez tienen una mayor demanda de atención de servicios, asesoría, acompañamiento y litigio, porque este último es muy costoso para las mujeres que no pueden pagar un abogado o abogada en toda una cadena impugnativa.
Manifestó que hace falta recursos para construir una Defensoría Pública que permita que realmente las mujeres puedan tener de manera permanente un acompañamiento a sus procesos de denuncia por violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral.
Afirmó que recientemente relanzaron la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, buscando traducir con un lenguaje mucho más ciudadano y accesible toda la legislación que permite a las mujeres acceder a la denuncia y acompañarlas en su litigio.
La reforma Tres de Tres, por la movilización de colectivos
Por su parte, Carla Humprhey, sostuvo que sin los colectivos y organizaciones la reforma Tres de Tres no existiría, mencionó que el reto de cara a los próximos comicios es crear la Defensoría Pública para las mujeres, pero también llamó a las gobernadoras a articular una agenda transversal de mujeres, porque criticó que no están preocupadas por garantizar igualdad sustantiva con paridad.
“¿Qué están proponiendo desde esos poderes Ejecutivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para garantizar que no sean violentadas. Yo aquí creo que es importante decir, no solamente queremos más mujeres. Sí, es importante, cambia la política. el cómo se toman las decisiones, sin duda, pero también qué hacemos con ese poder y ahí es donde creo que sí tenemos un faltante importante”, dijo.
Comentó que la paridad sustantiva no solo es numérica, sino cualitativa, es decir, qué, dónde y qué están proponiendo y qué pueden hacer las gobernadoras, consideró que es clave “para el avance para tener un país incluyente”.
