Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, en la conferencia de prensa en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres, Muriel Salinas Díaz, advirtió que la violencia política de género se agudiza en el ámbito municipal, pero no todos los casos pueden considerarse con esas características, como el que denunció la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez, que podría constituir agravios para su imagen pública.
En conferencia de prensa, informó del programa de capacitación y atención de casos de violencia política en razón de género en el proceso electoral 2023-2024, y hacer una amplia invitación al primer taller de este fin de semana para la región Centro, con la especialista, Georgina Yemara López Hernández del Colegio de México.
También expresó preocupación por las resoluciones de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que retiraron las sanciones que impuso el Tribunal Electoral del Estado a los diputados de Morena, Jacinto González Varona y Alfredo Sánchez Esquivel, por actos contra las diputadas Gabriela Bernal Reséndiz del PRI, y Yoloczin Domínguez Serna del Morena, respectivamente.
Consideró que la Sala regional juzgó los casos emblemáticos de Guerrero de forma atípica, “en contrasentido con la del TEE, que desde nuestras perspectiva ha juzgado ambos casos, atendiendo la metodología que establece tanto el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y toda la convencionalidad de derechos humanos de las mujeres”.
Confirmó que, en el acompañamiento del caso de Bernal Reséndiz, con otras organizaciones de mujeres enviarán un amicus curiae a la Sala Superior, que resolverá en definitiva el proceso.
Afirmó que estos procesos sentarán precedente en el próximo proceso electoral que puede ser el más violento de la democracia, “y nos parece que es uno de los esfuerzos más importantes, es acercarnos a las ciudadanas que van a contender para que puedan denunciar la violencia política en razón de género”.
Destacó la coordinación con autoridades electorales para que, cuando conozcan de un caso de violencia política, puedan actuar de manera inmediata, priorizando la atención de mujeres indígenas y afromexicanas.
De la campaña indicó que serán cuatro talleres regionales dirigidos a hombres y mujeres, militantes de partidos, encargados de los órganos partidarios y periodistas.
De noviembre de 2023 a marzo de 2024, indicó que brindarán servicios gratuitos a víctimas.
La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey, en el conversatorio Violencia política en razón de género desde una perspectiva jurisdiccional, administrativa y sociedad civil en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
La consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán, afirmó ayer, durante el conversatorio organizado por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), en Chilpancingo, que el 70 por ciento de los casos registrados de violencia política en razón de género se dan a nivel municipal.
También aseguró que no se imponen sanciones adecuadas y por tanto no se combate la impunidad, para evitar que personas que violenten políticamente a las mujeres ostenten o aspiren a un cargo de elección popular.
L a presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, pidió al Congreso del Estado que armonice en la entidad la Ley General de Responsabilidad Administrativas, que sigue pendiente.
Ayer se realizó en el auditorio Sentimientos de la Nación del TEE, el conversatorio Violencia Política en Razón de Género desde una Perspectiva Jurisdiccional, Administrativa y Sociedad Civil, en el que participaron la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado, Indalecia Pacheco León, la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, y la consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán.
En Iliatenco, debió impedirse
volver a participar al agresor: Carla Humphrey
La magistrada del TEE, Alma Delia Eugenio Alcaráz, fue quien planteó a las ponentes: “¿Qué impacto ha habido a tres años de haberse legislado la violencia política contra las mujeres en razón de género en la prevención, atención o erradicación; qué impactos tendrá la reforma constitucional al artículo 38 de la Constitución, denominada Tres de Tres?”, y “¿qué papel ha jugado la sociedad civil en el avance y legislación y tratamiento de la violencia política en razón de género y cuáles serían los retos de los órganos electorales de cara al próximo proceso electoral?”.
La consejera, Carla Humphrey afirmó que a tres años de la legislación se ha visibilizado la violencia política en razón de género, y ejemplificó que Guerrero tienen la primera elección anulada en el país. Ello, con el caso de Iliatenco y la violencia que se ejerció contra la candidata de Movimiento Ciudadano, Ruperta Nicolás, en 2021.
Sostuvo que aún falta que a las personas que se acredite que cometieron violencia política en razón de género no participen en los procesos extraordinarios de elección, como ocurrió en Iliatenco, donde se repuso la elección y volvió a ganar el candidato que violentó.
Dijo que hay instrumentos jurídicos y herramientas que permiten visibilizar esta violencia con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en la materia, del cual, de 293 que hay en el país, Guerrero tiene dos casos, aunque resaltó que este tipo de violencia se comete más a nivel municipal con un 72.21 por ciento, 16.92 a nivel estatal y 10.88 a nivel nacional.
Sostuvo que en Veracruz es vergonzoso que hay un regidor que ha reincidido 11 veces por cometer violencia política en razón de género, lo que deja claro que las sanciones no son eficientes, porque se aplican multas económicas y amonestaciones públicas, y “no se imponen las sanciones de manera adecuada y, por tanto, estamos combatiendo la violencia política, pero no estamos combatiendo la impunidad, no estamos impidiendo que esas personas que violentan políticamente a las mujeres puedan ostentar o aspirar a un cargo de elección popular”.
Pese a leyes, persiste la violencia: Muriel Salinas
Muriel Salinas Díaz destacó que en Guerrero sigue pendiente que el Congreso del Estado armonice la reforma en materia de violencia política en razón de género, “este Congreso local se ha resistido mucho a avanzar en esa armonización legislativa… sólo ha avanzado en la reforma la Ley de Acceso, pero falta la armonización en todas los demás ordenamientos jurídicos tanto en materia electoral como administrativa, tenemos un déficit”.
Planteó en Guerrero que también hay una ley estatal que establece el principio de paridad de género para la elección de comisarías municipales, pero como son elecciones a cargo de los ayuntamientos, hay un desafío porque aún hay violencia política de género terrible, y planteó el caso de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, donde nueve mujeres se quejaron porque no les permitieron votar.
Gobiernos deben proteger a las mujeres: Indalecia Pacheco
La magistrada, Indalecia Pacheco, expuso que otra limitante en Guerrero es que hay diputados o dirigentes de partidos, agresores de mujeres o de sus compañeras de partido y de otros partidos, que están impunes, “porque esa cuestión de la materia del desafuero es un procedimiento largo”.
Argumentó que los gobiernos tienen la obligación a través de los tres poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo que “ningún diputado ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que cometen en contra de las mujeres que participan políticamente”.
Contó que como procuradora de la defensa de la mujer conoció casos de dirigentes de partidos y diputados que incumplían su obligación alimentaria, golpeaban gravemente a sus esposas, a sus hijos, “están ahí en ese padrón y desde luego delitos sexuales”.
Criticó que con qué calidad moral un diputado, magistrado, un juez o cualquier servidor público acuden a tribuna y le habla a la ciudadanía de leyes que ellos están incumpliendo, y lo que se hace es, enviar un mensaje a la sociedad de que el país tolera la violencia en contra de las mujeres.
Muriel Salinas afirmó que se vive un proceso de flexibilización de los criterios de legibilidad desde la ética pública para acceder a un cargo de elección popular o cargo público, pues precisó que, la resolución de la Suprema Corte de Justicia es regresiva y preocupante al decidir que “el modo honesto de vivir no va a ser un requisito para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, dijo que con la reforma Tres de Tres se avanza al establecer que no pueden ocupar cargos públicos personas sancionadas por la comisión de delitos de violencia sexual, violencia familiar, violencia contra las mujeres, así como deudores alimentarios.
Argumentó que la sociedad civil es un puente fundamental para favorecer el acceso en las mujeres víctimas de violencia política a la denuncia y a la justicia, y dijo que la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses cada vez tienen una mayor demanda de atención de servicios, asesoría, acompañamiento y litigio, porque este último es muy costoso para las mujeres que no pueden pagar un abogado o abogada en toda una cadena impugnativa.
Manifestó que hace falta recursos para construir una Defensoría Pública que permita que realmente las mujeres puedan tener de manera permanente un acompañamiento a sus procesos de denuncia por violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral.
Afirmó que recientemente relanzaron la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, buscando traducir con un lenguaje mucho más ciudadano y accesible toda la legislación que permite a las mujeres acceder a la denuncia y acompañarlas en su litigio.
La reforma Tres de Tres, por la movilización de colectivos
Por su parte, Carla Humprhey, sostuvo que sin los colectivos y organizaciones la reforma Tres de Tres no existiría, mencionó que el reto de cara a los próximos comicios es crear la Defensoría Pública para las mujeres, pero también llamó a las gobernadoras a articular una agenda transversal de mujeres, porque criticó que no están preocupadas por garantizar igualdad sustantiva con paridad.
“¿Qué están proponiendo desde esos poderes Ejecutivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para garantizar que no sean violentadas. Yo aquí creo que es importante decir, no solamente queremos más mujeres. Sí, es importante, cambia la política. el cómo se toman las decisiones, sin duda, pero también qué hacemos con ese poder y ahí es donde creo que sí tenemos un faltante importante”, dijo.
Comentó que la paridad sustantiva no solo es numérica, sino cualitativa, es decir, qué, dónde y qué están proponiendo y qué pueden hacer las gobernadoras, consideró que es clave “para el avance para tener un país incluyente”.
Gobiernos deben proteger a las mujeres: Indalecia Pacheco
La magistrada, Indalecia Pacheco, expuso que otra limitante en Guerrero es que hay diputados o dirigentes de partidos, agresores de mujeres o de sus compañeras de partido y de otros partidos, que están impunes, “porque esa cuestión de la materia del desafuero es un procedimiento largo”.
Argumentó que los gobiernos tienen la obligación a través de los tres poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo que “ningún diputado ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que cometen en contra de las mujeres que participan políticamente”.
Contó que como procuradora de la defensa de la mujer conoció casos de dirigentes de partidos y diputados que incumplían su obligación alimentaria, golpeaban gravemente a sus esposas, a sus hijos, “están ahí en ese padrón y desde luego delitos sexuales”.
Criticó que con qué calidad moral un diputado, magistrado, un juez o cualquier servidor público acuden a tribuna y le habla a la ciudadanía de leyes que ellos están incumpliendo, y lo que se hace es, enviar un mensaje a la sociedad de que el país tolera la violencia en contra de las mujeres.
Muriel Salinas afirmó que se vive un proceso de flexibilización de los criterios de legibilidad desde la ética pública para acceder a un cargo de elección popular o cargo público, pues precisó que, la resolución de la Suprema Corte de Justicia es regresiva y preocupante al decidir que “el modo honesto de vivir no va a ser un requisito para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, dijo que con la reforma Tres de Tres se avanza al establecer que no pueden ocupar cargos públicos personas sancionadas por la comisión de delitos de violencia sexual, violencia familiar, violencia contra las mujeres, así como deudores alimentarios.
Argumentó que la sociedad civil es un puente fundamental para favorecer el acceso en las mujeres víctimas de violencia política a la denuncia y a la justicia, y dijo que la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses cada vez tienen una mayor demanda de atención de servicios, asesoría, acompañamiento y litigio, porque este último es muy costoso para las mujeres que no pueden pagar un abogado o abogada en toda una cadena impugnativa.
Manifestó que hace falta recursos para construir una Defensoría Pública que permita que realmente las mujeres puedan tener de manera permanente un acompañamiento a sus procesos de denuncia por violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral.
Afirmó que recientemente relanzaron la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, buscando traducir con un lenguaje mucho más ciudadano y accesible toda la legislación que permite a las mujeres acceder a la denuncia y acompañarlas en su litigio.
La reforma Tres de Tres, por la movilización de colectivos
Por su parte, Carla Humprhey, sostuvo que sin los colectivos y organizaciones la reforma Tres de Tres no existiría, mencionó que el reto de cara a los próximos comicios es crear la Defensoría Pública para las mujeres, pero también llamó a las gobernadoras a articular una agenda transversal de mujeres, porque criticó que no están preocupadas por garantizar igualdad sustantiva con paridad.
“¿Qué están proponiendo desde esos poderes Ejecutivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para garantizar que no sean violentadas. Yo aquí creo que es importante decir, no solamente queremos más mujeres. Sí, es importante, cambia la política. el cómo se toman las decisiones, sin duda, pero también qué hacemos con ese poder y ahí es donde creo que sí tenemos un faltante importante”, dijo.
Comentó que la paridad sustantiva no solo es numérica, sino cualitativa, es decir, qué, dónde y qué están proponiendo y qué pueden hacer las gobernadoras, consideró que es clave “para el avance para tener un país incluyente”.
Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres entrega a la presidenta de la comisión Para la Igualdad de Género, Gabriela Bernal Reséndiz y la presidenta de la Junta de Coordinación Política de Congreso, Yoloczin Domínguez Serna, una propuesta de reformas en materia de violencia política contra las mujeres en la sala Bajos Valverde del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Guerrero es el único estado que no legisla para armonizar la materia de violencia política de género, y la propuesta de reforma a la Ley 553 de Acceso a una Vida Libre de violencia en Guerrero que ya trabajan diputadas sólo permitiría desplegar el catálogo de 22 conductas señaladas en la ley federal, que además se deben trasladar a la legislación electoral local, señaló la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres, Muriel Salinas Díaz.
Informó lo anterior durante una reunión con la diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Gabriela Bernal Reséndiz, a quien entregaron una iniciativa para incluir la violencia política contra las mujeres como falta grave en la Ley de Responsa-bilidades Administrativas, para aplicar sanciones que ya establece la norma contra servidores públicos.
Tras la reunión, acompañada por las activistas, Bernal Reséndiz entregó la propuesta a la Oficialía de Partes para iniciar el trámite legal.
Antes, la activista advirtió que queda poco tiempo para garantizar a las ciudadanas de Guerrero un piso de protección jurídico de sus derechos político electorales, sobre todo en armonía con lo que ya se conquistó a nivel federal, considerando que la legislación debe estar aprobada 90 días antes de septiembre, cuando arrancan los trabajos de los comicios de 2024.
Salinas destacó la importancia de incorporar estas 22 conductas sobre todo en la ley de delitos electorales porque 14 ya tienen penas de cárcel y multas a nivel federal; también hay faltas administrativas en la Ley General de Instituciones y Pro-cedimientos Electorales y en la de Responsabilidades Administrativas.
“Todo eso se tienen que armonizar en Guerrero. Una parte muy importante que se está impulsando principalmente por la diputada Gabriela Bernal, es a la Ley 553, y nosotras estamos contribuyendo a la labor que ellas están realizando hoy, para que se armonice la Ley de Responsabilidades Administrativas, y estaremos acompañandolas para armonizar también la legislación electoral”.
Denunció que en Guerrero el pleno no ha querido aprobar la armonización de la Ley 553, “ha habido múltiples obstáculos dentro de esta Legislatura para aprobar las reformas en materia de paridad, pero sobre todo en materia de violencia política en razón de género”.
Subrayó que la resistencia a reformar algo tan digno “es síntoma del enorme déficit de la vida democrática” local y “muestra una clase política patriarcal que no ha entendido la importancia de la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder y toma de decisiones, como pilar fundamental de la democracia”.
Apoyo a judicializar denuncia de Domínguez Serna
Al inicio de la reunión, participó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada de Morena Yoloczin Dominguez Serna, a quien Bernal describió como “una gran aliada desde que llegó a la presidencia”, y quien ha vivido violencia política.
Salinas confirmó que lo vivido por Yoloczin “es claramente violencia política en razón de género” y ofreció el apoyo legal de la Red si es que decide proceder jurídicamente.
Recordó que en este momento, la Red tiene un proyecto de acompañamiento a la víctimas de violencia política, y sería la primera vez que una diputada local hace frente legal a una situación de esta naturaleza, en alusión a las controversias con el anterior presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel.
Asmismo, señaló que está pendiente de legislar los criterios 3 de 3 contra la violencia política hacia las mujeres, aprobados por el INE para que los partidos prevengan sanciones y erradiquen la violencia política, y que en este momento tampoco son ley a nivel federal, “porque es una oportunidad de articular esfuerzos para que no volvamos a ver a ningun misógino violentando en el Congreso del estado a una mujer legisladora, eso significa ningún agresor en el poder”.
La Red también podría acompañar la modificacion del reglamento interno del Congreso para garantizar la integración paritaria de las Comisiones, aún pendiente, indicó.
En su intervención, Domínguez Serna reconoció en Gabriela Bernal a una mujer comprometida con la causa, sin distinción de partidos, “cuando se trata de abrazarnos como mujeres, cuando se trata de blindarnos como mujeres, el tema político deja de existir, nos vemos como mujeres, amigas y aliadas”.
Añadió que sigue padeciendo violencia política, pero cuando el problema fue más fuerte, “en este paso tan grande a la Jucopo, tuvo el cobijo y de compañeras diputadas. Señaló que Bernal fue un “ángel” en ese momento “gris de vida”, que la golpeó primeramente en lo personal.
Preocupa que llamado de Jacinto Gonzalez sea mediático
Sobre el riesgo que trae para los derechos de las mujeres la reforma electoral conocida como Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en que el INE y los Organos Públicos Locales Electo-rales (Oples) no tendrá facultades para regular la vida interna de los partidos.
Entre estos lineamientos se encuentra la 3 de 3 contra violencia política de género y la paridad en candidaturas y cargos.
Solicitó a las diputadas una mesa de diálogo con distintos grupos parlamentarios, también con representantes de partido para poder poner en la mesa este análisis desde la perspectiva de las mujeres.
“El privilegio patriarcal que comparten todos los partidos, incluido Morena, es la exclusión de las mujeres del poder político, y ahí todos están de acuerdo, lamentablemente, por eso no han mencionado una palabra de este tema en el debate nacional”.
Recordó que recibieron una invitación al diálogo del presidente de Morena, Jacinto González Varo-na, y aunque se comunicó con él, no ha tenido respuesta. Expresó preocupación de que la respuesta del dirigente a la advertencia de los riesgos del Plan B haya sido solamente un asunto mediático.
La presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, denunció una nueva campaña de desprestigio contra la ex candidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Iliatenco, Ruperta Nicolás Hilario, por el grupo del alcalde del PT, Sandro Leal Cantú, quien la responsabiliza de un homicidio ocurrido en la región.
En conferencia de prensa sobre el relanzamiento del Modelo de Nodos Regionales para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que sean vulneradas en sus derechos políticos, Salinas explicó que en el caso de Ruperta Nicolás, hubo un hecho de violencia en Iliatenco que involucró a policías estatales, y la implican a ella porque tiene escolta de policías.
Al igual que en los procesos electorales ordinario y extraordinario de 2021, donde la ex alcaldesa compitió por la reelección, indicó que este evento fue usado para generar mensajes que dañan su imagen pública.
Aclaró que desde las elecciones, Ruperta cuenta con medidas cautelares para su seguridad, como resultado de juicios que promovieron, al comprobarse actos de violencia política, aunque no fue posible establecer responsables de mensajes misóginos en redes sociales. Ahora la responsabilizan del homicidio sólo por la custodia que tiene de la Policía Estatal.
Añadió que están revisando su situación en este proyecto de Equipos Feministas y la Red para el avance político de las mujeres, para darle acompañamiento y asesoría jurídica.
Llamaron a las mujeres que en este momento estén sufriendo alguna forma de violencia política de género, sea en un cargo público, en un proceso de selección de un cargo que no es de elección popular, a lo mejor una alcaldesa, una síndica, una procuradora, a acercarse a la Red en las regiones.
Del proyecto de consolidación de Nodos de la región Centro, Acapulco, Norte y Montaña, que se integraron en la elección de 2020-2021, explicó que recibieron un apoyo económico del INE, a través del programa del Impulso a la Participación Política de las Mujeres.
Ahora se integrará el Nodo regional de Costa Chica, y este fin de semana comenzarán los talleres sobre violencia política de 9 a 2 de la tarde en Chilpancingo; el 28 y 29 será en Iguala, y después en Acapulco y Ayutla, respectivamente cada fin de semana siguiente.
Con Flor Soto Aparicio, enlace operativo de del Nodo región Centro, Reyna Ramírez Santana, coordinadora de la región Norte; Sasil Mesa, de Costa Chica, y Olivia Hidalgo, integrante de la Red, llamaron a los talleres a todas las personas interesadas y de cualquier partido político, y autoridades municipales y funcionarias del sector público, así como organismos descentralizados y de la sociedad civil.
Salinas destacó que la prioridad de este proyecto son las mujeres indígenas y afromexicanas. Informó que, como defensoras de la sociedad civil en Guerrero, están vinculadas con las autoridades del INE, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de tribunales electorales, federal y local, la Fiscalía Especializada en delitos electorales, el gobierno del estado a través de las secretarías general de Gobierno, y de Contraloría y Transparencia Gubernamental, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para canalizar de manera más eficaz y rápida a víctimas en las regiones, para acortar el viacrucis que regularmente se transita.
“Nos hemos especializado a lo largo de 15 años en la prevención, en la atención, en el seguimiento y el litigio estratégico en casos de violencia política, ofrecemos acompañamiento de manera gratuita”.
Entre otras acciones, buscarán la armonización de la legislación en materia de violencia política en razón de género con la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos en Guerrero, para que sea sancionado el incumplimiento de la paridad en cargos de designación.
Mientras se define Plan B, van litigar en órganos electorales y jurisdiccionales
Muriel Salinas ratificó que la violencia política de género ocurre todo el tiempo, y los partidos políticos siguen callados ante los efectos “perniciosos” y “muy graves” del Plan B de la Reforma electoral sobre los derechos políticos de las mujeres, con la cual se van a debilitar los órganos federal y locales electorales, como a los jurisdiccionales. También desaparecerán sus lineamientos sobre las obligaciones de los partidos en materia de violencia política.
Los órganos administrativos ni jurisdiccionales electorales ya no podrán sancionar a los partidos por no atender y erradicar la violencia política, porque las autoridades electorales estarán impedidas de resolver temas de la vida interna de los partidos políticos.
Antes de la reforma, advirtió que los partidos tienen resistencias y omisiones graves para cumplir con la paridad de género en las candidaturas y en la integración de las dirigencias.
Independientemente de lo que ocurre con el Plan B, consideró que es un momento oportuno para vincularnos con las autoridades, elaborar un protocolo con la ruta de vinculación con las instituciones porque prevemos que en 2023 va a aumentar la violencia política hacia las mujeres, que se detona en torno a los procesos electorales.
