Etiqueta: Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses

Llaman a imponer sanciones efectivas a los que cometen violencia política de género

La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey, en el conversatorio Violencia política en razón de género desde una perspectiva jurisdiccional, administrativa y sociedad civil en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado Foto: Jessica Torres Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán, afirmó ayer, durante el conversatorio organizado por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), en Chilpancingo, que el 70 por ciento de los casos registrados de violencia política en razón de género se dan a nivel municipal.
También aseguró que no se imponen sanciones adecuadas y por tanto no se combate la impunidad, para evitar que personas que violenten políticamente a las mujeres ostenten o aspiren a un cargo de elección popular.
L a presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, pidió al Congreso del Estado que armonice en la entidad la Ley General de Responsabilidad Administrativas, que sigue pendiente.
Ayer se realizó en el auditorio Sentimientos de la Nación del TEE, el conversatorio Violencia Política en Razón de Género desde una Perspectiva Jurisdiccional, Administrativa y Sociedad Civil, en el que participaron la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado, Indalecia Pacheco León, la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, y la consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán.

En Iliatenco, debió impedirse
volver a participar al agresor: Carla Humphrey

La magistrada del TEE, Alma Delia Eugenio Alcaráz, fue quien planteó a las ponentes: “¿Qué impacto ha habido a tres años de haberse legislado la violencia política contra las mujeres en razón de género en la prevención, atención o erradicación; qué impactos tendrá la reforma constitucional al artículo 38 de la Constitución, denominada Tres de Tres?”, y “¿qué papel ha jugado la sociedad civil en el avance y legislación y tratamiento de la violencia política en razón de género y cuáles serían los retos de los órganos electorales de cara al próximo proceso electoral?”.
La consejera, Carla Humphrey afirmó que a tres años de la legislación se ha visibilizado la violencia política en razón de género, y ejemplificó que Guerrero tienen la primera elección anulada en el país. Ello, con el caso de Iliatenco y la violencia que se ejerció contra la candidata de Movimiento Ciudadano, Ruperta Nicolás, en 2021.
Sostuvo que aún falta que a las personas que se acredite que cometieron violencia política en razón de género no participen en los procesos extraordinarios de elección, como ocurrió en Iliatenco, donde se repuso la elección y volvió a ganar el candidato que violentó.
Dijo que hay instrumentos jurídicos y herramientas que permiten visibilizar esta violencia con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en la materia, del cual, de 293 que hay en el país, Guerrero tiene dos casos, aunque resaltó que este tipo de violencia se comete más a nivel municipal con un 72.21 por ciento, 16.92 a nivel estatal y 10.88 a nivel nacional.
Sostuvo que en Veracruz es vergonzoso que hay un regidor que ha reincidido 11 veces por cometer violencia política en razón de género, lo que deja claro que las sanciones no son eficientes, porque se aplican multas económicas y amonestaciones públicas, y “no se imponen las sanciones de manera adecuada y, por tanto, estamos combatiendo la violencia política, pero no estamos combatiendo la impunidad, no estamos impidiendo que esas personas que violentan políticamente a las mujeres puedan ostentar o aspirar a un cargo de elección popular”.
Pese a leyes, persiste la violencia: Muriel Salinas

Muriel Salinas Díaz destacó que en Guerrero sigue pendiente que el Congreso del Estado armonice la reforma en materia de violencia política en razón de género, “este Congreso local se ha resistido mucho a avanzar en esa armonización legislativa… sólo ha avanzado en la reforma la Ley de Acceso, pero falta la armonización en todas los demás ordenamientos jurídicos tanto en materia electoral como administrativa, tenemos un déficit”.
Planteó en Guerrero que también hay una ley estatal que establece el principio de paridad de género para la elección de comisarías municipales, pero como son elecciones a cargo de los ayuntamientos, hay un desafío porque aún hay violencia política de género terrible, y planteó el caso de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, donde nueve mujeres se quejaron porque no les permitieron votar.

Gobiernos deben proteger a las mujeres: Indalecia Pacheco

La magistrada, Indalecia Pacheco, expuso que otra limitante en Guerrero es que hay diputados o dirigentes de partidos, agresores de mujeres o de sus compañeras de partido y de otros partidos, que están impunes, “porque esa cuestión de la materia del desafuero es un procedimiento largo”.
Argumentó que los gobiernos tienen la obligación a través de los tres poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo que “ningún diputado ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que cometen en contra de las mujeres que participan políticamente”.
Contó que como procuradora de la defensa de la mujer conoció casos de dirigentes de partidos y diputados que incumplían su obligación alimentaria, golpeaban gravemente a sus esposas, a sus hijos, “están ahí en ese padrón y desde luego delitos sexuales”.
Criticó que con qué calidad moral un diputado, magistrado, un juez o cualquier servidor público acuden a tribuna y le habla a la ciudadanía de leyes que ellos están incumpliendo, y lo que se hace es, enviar un mensaje a la sociedad de que el país tolera la violencia en contra de las mujeres.
Muriel Salinas afirmó que se vive un proceso de flexibilización de los criterios de legibilidad desde la ética pública para acceder a un cargo de elección popular o cargo público, pues precisó que, la resolución de la Suprema Corte de Justicia es regresiva y preocupante al decidir que “el modo honesto de vivir no va a ser un requisito para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, dijo que con la reforma Tres de Tres se avanza al establecer que no pueden ocupar cargos públicos personas sancionadas por la comisión de delitos de violencia sexual, violencia familiar, violencia contra las mujeres, así como deudores alimentarios.
Argumentó que la sociedad civil es un puente fundamental para favorecer el acceso en las mujeres víctimas de violencia política a la denuncia y a la justicia, y dijo que la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses cada vez tienen una mayor demanda de atención de servicios, asesoría, acompañamiento y litigio, porque este último es muy costoso para las mujeres que no pueden pagar un abogado o abogada en toda una cadena impugnativa.
Manifestó que hace falta recursos para construir una Defensoría Pública que permita que realmente las mujeres puedan tener de manera permanente un acompañamiento a sus procesos de denuncia por violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral.
Afirmó que recientemente relanzaron la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, buscando traducir con un lenguaje mucho más ciudadano y accesible toda la legislación que permite a las mujeres acceder a la denuncia y acompañarlas en su litigio.

La reforma Tres de Tres, por la movilización de colectivos

Por su parte, Carla Humprhey, sostuvo que sin los colectivos y organizaciones la reforma Tres de Tres no existiría, mencionó que el reto de cara a los próximos comicios es crear la Defensoría Pública para las mujeres, pero también llamó a las gobernadoras a articular una agenda transversal de mujeres, porque criticó que no están preocupadas por garantizar igualdad sustantiva con paridad.
“¿Qué están proponiendo desde esos poderes Ejecutivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para garantizar que no sean violentadas. Yo aquí creo que es importante decir, no solamente queremos más mujeres. Sí, es importante, cambia la política. el cómo se toman las decisiones, sin duda, pero también qué hacemos con ese poder y ahí es donde creo que sí tenemos un faltante importante”, dijo.
Comentó que la paridad sustantiva no solo es numérica, sino cualitativa, es decir, qué, dónde y qué están proponiendo y qué pueden hacer las gobernadoras, consideró que es clave “para el avance para tener un país incluyente”.

Gobiernos deben proteger a las mujeres: Indalecia Pacheco

La magistrada, Indalecia Pacheco, expuso que otra limitante en Guerrero es que hay diputados o dirigentes de partidos, agresores de mujeres o de sus compañeras de partido y de otros partidos, que están impunes, “porque esa cuestión de la materia del desafuero es un procedimiento largo”.
Argumentó que los gobiernos tienen la obligación a través de los tres poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo que “ningún diputado ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que cometen en contra de las mujeres que participan políticamente”.
Contó que como procuradora de la defensa de la mujer conoció casos de dirigentes de partidos y diputados que incumplían su obligación alimentaria, golpeaban gravemente a sus esposas, a sus hijos, “están ahí en ese padrón y desde luego delitos sexuales”.
Criticó que con qué calidad moral un diputado, magistrado, un juez o cualquier servidor público acuden a tribuna y le habla a la ciudadanía de leyes que ellos están incumpliendo, y lo que se hace es, enviar un mensaje a la sociedad de que el país tolera la violencia en contra de las mujeres.
Muriel Salinas afirmó que se vive un proceso de flexibilización de los criterios de legibilidad desde la ética pública para acceder a un cargo de elección popular o cargo público, pues precisó que, la resolución de la Suprema Corte de Justicia es regresiva y preocupante al decidir que “el modo honesto de vivir no va a ser un requisito para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, dijo que con la reforma Tres de Tres se avanza al establecer que no pueden ocupar cargos públicos personas sancionadas por la comisión de delitos de violencia sexual, violencia familiar, violencia contra las mujeres, así como deudores alimentarios.
Argumentó que la sociedad civil es un puente fundamental para favorecer el acceso en las mujeres víctimas de violencia política a la denuncia y a la justicia, y dijo que la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses cada vez tienen una mayor demanda de atención de servicios, asesoría, acompañamiento y litigio, porque este último es muy costoso para las mujeres que no pueden pagar un abogado o abogada en toda una cadena impugnativa.
Manifestó que hace falta recursos para construir una Defensoría Pública que permita que realmente las mujeres puedan tener de manera permanente un acompañamiento a sus procesos de denuncia por violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral.
Afirmó que recientemente relanzaron la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, buscando traducir con un lenguaje mucho más ciudadano y accesible toda la legislación que permite a las mujeres acceder a la denuncia y acompañarlas en su litigio.

La reforma Tres de Tres, por la movilización de colectivos

Por su parte, Carla Humprhey, sostuvo que sin los colectivos y organizaciones la reforma Tres de Tres no existiría, mencionó que el reto de cara a los próximos comicios es crear la Defensoría Pública para las mujeres, pero también llamó a las gobernadoras a articular una agenda transversal de mujeres, porque criticó que no están preocupadas por garantizar igualdad sustantiva con paridad.
“¿Qué están proponiendo desde esos poderes Ejecutivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para garantizar que no sean violentadas. Yo aquí creo que es importante decir, no solamente queremos más mujeres. Sí, es importante, cambia la política. el cómo se toman las decisiones, sin duda, pero también qué hacemos con ese poder y ahí es donde creo que sí tenemos un faltante importante”, dijo.
Comentó que la paridad sustantiva no solo es numérica, sino cualitativa, es decir, qué, dónde y qué están proponiendo y qué pueden hacer las gobernadoras, consideró que es clave “para el avance para tener un país incluyente”.

Acepta Muriel Salinas confrontar con el líder de Morena retrocesos en la reforma electoral

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, dijo que tomarán la palabra al presidente estatal de Morena, Jacinto Gonzalez Varona, para hablar de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como Plan B, que afecta los derechos políticos conquistados por las mujeres.
Esto, luego que el dirigente político negó que los cambios afecten los derechos de las mujeres.
En consulta telefónica, Salinas Díaz saludó la invitación del dirigente a reunirse con organizaciones feministas y mujeres para revisar los artículos del proyecto de reforma política que afectan la paridad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y para señalar de manera precisa dónde están esas afectaciones en los distintos ordenamientos aprobados por el Senado y por la Cámara de diputados el 15 de diciembre.
Recordó que la Red, que tiene 13 años en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, y la Red Plural de Mujeres, donde también participa, hicieron un análisis de la reforma.
Indicó que en el artículo 30.2 de la LGIPE, derogaron algunos fines del INE, sobre principios rectores de la función electoral y su aplicación con perspectiva de género, que son fundamentales para garantizar la paridad.
En el artículo 32.3, inciso L de la LGIPE, modifican la atribución del INE de garantizar la paridad de género y el respeto a los derechos políticos de las mujeres, que ahora estaría condicionada a los términos estrictos de la ley, y a las disposiciones internas de los partidos.
Pese a que se mantiene en diversos artículos, se eliminó la perspectiva de género en los fines del INE y la paridad de género quedó condicionada a las normas internas de cada partido.
En el artículo 11.4 de la misma ley, se prohíbe a las autoridades electorales la emisión de lineamientos para la postulación de candidaturas que ahora tiene, y que han sido fundamentales para garantizar la paridad en candidaturas de gubernaturas, que no se señala explícitamente en la LGIPE.
En el artículo 11 Bis, se prohíbe a las autoridades electorales, tanto el INE como autoridades locales y tribunales, resolver a plenitud de jurisdicción las controversias de selección de candidaturas a cargos de elección popular y de dirección de los partidos.
Explicó que la propuesta del Plan B es que las controversias de partidos, sean dirimidas en los órganos internos de justicia de los mismos partidos.
“Más allá del dato que aporta el dirigente, de que Morena tiene el mayor número de mujeres en cargos de elección, la realidad es que previo a haber tenido que postular mujeres, muchos partidos, y en algunos estados también Morena, impugnó los lineamientos para garantizar la paridad, por ejemplo, en gubernaturas”.
Por otro lado, señaló que en el artículo 5.2 y 5.3 de la Ley General de Partidos Políticos, se obliga a las autoridades electorales a respetar en todo momento la auto organización de los partidos en la resolución de sus controversias internas y se les se impide intervenir en la elección de las dirigentes de partidos.
Aún cuando hoy la ley obliga a los partidos a garantizar la paridad en la integración de las dirigencias, no se cumplen. Con esa modificación, las mujeres estarán impedidas a judicializar su cumplimiento.
En el mismo sentido se reforman disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral (LGSMIME), advirtió.
Además, se agrega el derecho de los partidos de regular su vida interna, en el artículo 23.1 inciso C, de la LGPP. También se excluye de la revisión de constitucionalidad y legalidad de las acciones afirmativas que, dentro del ámbito de su vida interna, determinen los partidos, en el artículo 39.1 inciso J de la misma ley.
Señaló que establecen “un coto infranqueable en favor de las dirigencias partidarias, el cual impedirá al INE, OPLES y tribunales electorales el revisar la constitucionalidad y apego a la ley de los procesos internos de selección de candidaturas y elección de dirigentes, así como resolver las controversias a plenitud de jurisdicción”.
Lo anterior afectará al conjunto de la militancia de los partidos, pero especialmente a las mujeres, que no podrán esperar que sus demandas de paridad, alternancia y vida libre de violencia les restablezcan sus derechos.
Asimismo, las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales no podrán “condicionar” el ejercicio de derechos político-electorales a mayores requisitos que los de la ley, que se establece en el articulo 5.4 de la LGIPE.
Con el artículo 7.6 de la LGIPE tampoco podrán suspender derechos político electorales por sanciones administrativas, o judiciales distintas de las penales.
Pese a que se mantiene la infracción por violencia política en razón de género, se derogó del catálogo de sanciones a las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular la negativa de registro por ser candidatas por estas causales, y no se usará el padrón de personas sancionadas por violencia política como criterio de elegibilidad, que se ganó en la reforma de paridad de 2020, y dará paso libre a violentadores y deudores alimentarios.
Consideró muy grave que no lo estén observando, y manifestó toda la disposicion un diálogo constructivo con los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, en el Congreso local, y con dirigencia estatal de este partido que está impulsando esta gran reforma electoral, “más allá de la retórica, tiene que traducirse en reforma garantista, y que no puede significar ningún retroceso para las mujeres”.

 

Denuncian nueva campaña contra la ex candidata de MC en Iliatenco

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, denunció una nueva campaña de desprestigio contra la ex candidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Iliatenco, Ruperta Nicolás Hilario, por el grupo del alcalde del PT, Sandro Leal Cantú, quien la responsabiliza de un homicidio ocurrido en la región.
En conferencia de prensa sobre el relanzamiento del Modelo de Nodos Regionales para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que sean vulneradas en sus derechos políticos, Salinas explicó que en el caso de Ruperta Nicolás, hubo un hecho de violencia en Iliatenco que involucró a policías estatales, y la implican a ella porque tiene escolta de policías.
Al igual que en los procesos electorales ordinario y extraordinario de 2021, donde la ex alcaldesa compitió por la reelección, indicó que este evento fue usado para generar mensajes que dañan su imagen pública.
Aclaró que desde las elecciones, Ruperta cuenta con medidas cautelares para su seguridad, como resultado de juicios que promovieron, al comprobarse actos de violencia política, aunque no fue posible establecer responsables de mensajes misóginos en redes sociales. Ahora la responsabilizan del homicidio sólo por la custodia que tiene de la Policía Estatal.
Añadió que están revisando su situación en este proyecto de Equipos Feministas y la Red para el avance político de las mujeres, para darle acompañamiento y asesoría jurídica.
Llamaron a las mujeres que en este momento estén sufriendo alguna forma de violencia política de género, sea en un cargo público, en un proceso de selección de un cargo que no es de elección popular, a lo mejor una alcaldesa, una síndica, una procuradora, a acercarse a la Red en las regiones.
Del proyecto de consolidación de Nodos de la región Centro, Acapulco, Norte y Montaña, que se integraron en la elección de 2020-2021, explicó que recibieron un apoyo económico del INE, a través del programa del Impulso a la Participación Política de las Mujeres.
Ahora se integrará el Nodo regional de Costa Chica, y este fin de semana comenzarán los talleres sobre violencia política de 9 a 2 de la tarde en Chilpancingo; el 28 y 29 será en Iguala, y después en Acapulco y Ayutla, respectivamente cada fin de semana siguiente.
Con Flor Soto Aparicio, enlace operativo de del Nodo región Centro, Reyna Ramírez Santana, coordinadora de la región Norte; Sasil Mesa, de Costa Chica, y Olivia Hidalgo, integrante de la Red, llamaron a los talleres a todas las personas interesadas y de cualquier partido político, y autoridades municipales y funcionarias del sector público, así como organismos descentralizados y de la sociedad civil.
Salinas destacó que la prioridad de este proyecto son las mujeres indígenas y afromexicanas. Informó que, como defensoras de la sociedad civil en Guerrero, están vinculadas con las autoridades del INE, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de tribunales electorales, federal y local, la Fiscalía Especializada en delitos electorales, el gobierno del estado a través de las secretarías general de Gobierno, y de Contraloría y Transparencia Gubernamental, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para canalizar de manera más eficaz y rápida a víctimas en las regiones, para acortar el viacrucis que regularmente se transita.
“Nos hemos especializado a lo largo de 15 años en la prevención, en la atención, en el seguimiento y el litigio estratégico en casos de violencia política, ofrecemos acompañamiento de manera gratuita”.
Entre otras acciones, buscarán la armonización de la legislación en materia de violencia política en razón de género con la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos en Guerrero, para que sea sancionado el incumplimiento de la paridad en cargos de designación.

Mientras se define Plan B, van litigar en órganos electorales y jurisdiccionales

Muriel Salinas ratificó que la violencia política de género ocurre todo el tiempo, y los partidos políticos siguen callados ante los efectos “perniciosos”  y “muy graves” del Plan B de la Reforma electoral sobre los derechos políticos de las mujeres, con la cual se van a debilitar los órganos federal y locales electorales, como a los jurisdiccionales.  También desaparecerán sus lineamientos sobre las obligaciones de los partidos en materia de violencia política.
Los órganos administrativos ni jurisdiccionales electorales ya no podrán sancionar a los partidos por no atender y erradicar la violencia política, porque las autoridades electorales estarán impedidas de resolver temas de la vida interna de los partidos políticos.
Antes de la reforma, advirtió que los partidos tienen resistencias y omisiones graves para cumplir con la paridad de género en las candidaturas y en la integración de las dirigencias.
Independientemente de lo que ocurre con el Plan B, consideró que es un momento oportuno para vincularnos con las autoridades, elaborar un protocolo con la ruta de vinculación con las instituciones porque prevemos que en 2023 va a aumentar la violencia política hacia las mujeres, que se detona en torno a los procesos electorales.

 

Proponen iniciar juicio político al alcalde de Alcozauca por violencia familiar

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La denuncia de violencia familiar contra el alcalde de Alcozauca, Sebastián Ortiz Zayas, presentada por su esposa Rosalía, muestra la urgencia de legislar en Guerrero la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres para que ningún agresor pueda ocupar cargo de representación popular o por designación, señaló la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz.
En denuncia telefónica, pidió que el Congreso local también llame a comparecer al alcalde e inicie un procedimiento de juicio político conforme a la Ley de Responsabilidades Políticas, Penales, Civiles de Servidores Públicos del Estado.
La diputada local de Morena, Beatriz Mojica Morga, a través de un boletín de prensa, confirmó la pertinencia de analizar la procedencia de juicio político contra la autoridad municipal demandada por golpear a su esposa.
A nombre de la Red, Salinas Díaz condenó de manera la agresión porque además de cometer un delito, “como autoridad municipal, es un agente del Estado mexicano que violenta derechos humanos no sólo de la víctima, sino del conjunto de ciudadanas que representa el Ayuntamiento”.
Por ello, consideró que el congreso debe llamarlo a comparecer, y aplicar la norma donde se establece que el servidor público que violen derechos humanos es sujeto de juicio político.
“Este alcalde debe ser llamado ya por el Congreso a juicio político por violación de derechos humanos, que se agrava con declaraciones que el propio presidente municipal ha hecho, donde lanza un discurso público de normalización de la violencia de género contra las mujeres”, dijo sobre una entrevista videograbada en un medio regional.
Ahí, el alcalde habría señalado que no le importa lo que hagan o diga incluso la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, porque el asunto es un tema familiar.
Salinas aclaró que la autoridad municipal tiene obligaciones establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, y ley 553 en la misma materia del estado de Guerrero, que no sólo no se están cumpliendo en Alcozauca, sino que el presidente está violando.
A pregunta expresa, señaló que la Red no ha tenido contacto con la víctima, tampoco el Nodo Regional para Prevenir y atender la violencia política contra las Mujeres que coordina su compañera Erika Garrido en la Montaña. Indicó que conocieron el caso a través de los medios de comunicación, y tienen toda su disposición de acompañar a Rosalía en el momento que lo considere necesario, desde la directiva estatal de la Red.

Gran parte de las violencias siguen
impunes, dice Muriel Salinas

Salinas Díaz destacó que ahora se discute en la Cámara de Diputados y algunos congresos locales como el de Yucatán, los criterios de elegibilidad para ocupar cargos públicos y de elección popular que incluye los de la 3 de 3 contra la violencia política hacia las mujeres. Es decir, que quienes aspiren a los puestos no hayan sido sancionados por violencia en razón de género, política, sexual o patrimonial.
Sin embargo, denunció que aún existe una laguna legal en ese planteamiento, porque se aplicó en las elecciones pasadas y no funcionó por el elevado grado de impunidad que prevalece en el país, donde más de 90 por ciento de los delitos denunciados se encuentran impunes.
“La propuesta desde las Instituyentes y otras organizaciones nacionales es que se legisle no sólo para sentenciados, sino que, cuando haya un proceso penal iniciado sea suficiente para que la persona acusada a no pueda ser candidato o candidata a cargos de elección popular, hasta que el expediente sea resuelto”.
Si bien, es fundamental la presunción de inocencia, también lo es que autoridades realicen investigaciones eficientes y eficaces, expeditas, especializadas, con perspectiva de género y que garanticen el debido proceso, enfatizó.
La Fiscalía General del Estado y las Agencias del Ministerio Público
deben garantizar el acceso a la justicia con un enfoque de derechos humanos y de género, “y ahí es donde está el gran talón de Aquiles”.
Sobre todo, señaló que debemos creer a las víctimas, “nos preocupa muchísimo lo que señaló el alcalde, que no le importa reacción de la gobernadora, es una verdadera afrenta, necesitamos cerrar filas ante esta violencia que también es feminicida”.

Propone Beatriz Mojica separación del edil
mientras se investiga

La diputada Beatriz Mojica planteó en un comunicado que el alcalde de Alcozauca se separe del cargo en tanto la Fiscalía realiza la investigación.
Confió en que el proceso será de forma expedita y con perspectiva de género, con medidas de protección para la víctima, pues en el estado “68.8% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y la mayoría de las veces ejercida por sus parejas sentimentales, según las estadísticas del Inegi”.
Recordó que esta legislatura tiene el compromiso de seguir impulsando leyes que protejan a las mujeres y a las niñas y garantizarles una vida libre de violencia, y si es necesario señaló que deben considerar el procedimiento de juicio político contra el alcalde debido a la violación grave a los derechos humanos y la conducta antisocial que cometió.
Convocó a autoridades y sociedad en general contribuir en la erradicación de cualquier acto de violencia contra las mujeres, “nos corresponde a todas y todos prevenir, combatir, castigar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y poner especial énfasis a las regiones más alejadas y vulnerables del estado”.