Lourdes Chávez
Chilpancingo
La presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, denunció una nueva campaña de desprestigio contra la ex candidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Iliatenco, Ruperta Nicolás Hilario, por el grupo del alcalde del PT, Sandro Leal Cantú, quien la responsabiliza de un homicidio ocurrido en la región.
En conferencia de prensa sobre el relanzamiento del Modelo de Nodos Regionales para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que sean vulneradas en sus derechos políticos, Salinas explicó que en el caso de Ruperta Nicolás, hubo un hecho de violencia en Iliatenco que involucró a policías estatales, y la implican a ella porque tiene escolta de policías.
Al igual que en los procesos electorales ordinario y extraordinario de 2021, donde la ex alcaldesa compitió por la reelección, indicó que este evento fue usado para generar mensajes que dañan su imagen pública.
Aclaró que desde las elecciones, Ruperta cuenta con medidas cautelares para su seguridad, como resultado de juicios que promovieron, al comprobarse actos de violencia política, aunque no fue posible establecer responsables de mensajes misóginos en redes sociales. Ahora la responsabilizan del homicidio sólo por la custodia que tiene de la Policía Estatal.
Añadió que están revisando su situación en este proyecto de Equipos Feministas y la Red para el avance político de las mujeres, para darle acompañamiento y asesoría jurídica.
Llamaron a las mujeres que en este momento estén sufriendo alguna forma de violencia política de género, sea en un cargo público, en un proceso de selección de un cargo que no es de elección popular, a lo mejor una alcaldesa, una síndica, una procuradora, a acercarse a la Red en las regiones.
Del proyecto de consolidación de Nodos de la región Centro, Acapulco, Norte y Montaña, que se integraron en la elección de 2020-2021, explicó que recibieron un apoyo económico del INE, a través del programa del Impulso a la Participación Política de las Mujeres.
Ahora se integrará el Nodo regional de Costa Chica, y este fin de semana comenzarán los talleres sobre violencia política de 9 a 2 de la tarde en Chilpancingo; el 28 y 29 será en Iguala, y después en Acapulco y Ayutla, respectivamente cada fin de semana siguiente.
Con Flor Soto Aparicio, enlace operativo de del Nodo región Centro, Reyna Ramírez Santana, coordinadora de la región Norte; Sasil Mesa, de Costa Chica, y Olivia Hidalgo, integrante de la Red, llamaron a los talleres a todas las personas interesadas y de cualquier partido político, y autoridades municipales y funcionarias del sector público, así como organismos descentralizados y de la sociedad civil.
Salinas destacó que la prioridad de este proyecto son las mujeres indígenas y afromexicanas. Informó que, como defensoras de la sociedad civil en Guerrero, están vinculadas con las autoridades del INE, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de tribunales electorales, federal y local, la Fiscalía Especializada en delitos electorales, el gobierno del estado a través de las secretarías general de Gobierno, y de Contraloría y Transparencia Gubernamental, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para canalizar de manera más eficaz y rápida a víctimas en las regiones, para acortar el viacrucis que regularmente se transita.
“Nos hemos especializado a lo largo de 15 años en la prevención, en la atención, en el seguimiento y el litigio estratégico en casos de violencia política, ofrecemos acompañamiento de manera gratuita”.
Entre otras acciones, buscarán la armonización de la legislación en materia de violencia política en razón de género con la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos en Guerrero, para que sea sancionado el incumplimiento de la paridad en cargos de designación.
Mientras se define Plan B, van litigar en órganos electorales y jurisdiccionales
Muriel Salinas ratificó que la violencia política de género ocurre todo el tiempo, y los partidos políticos siguen callados ante los efectos “perniciosos” y “muy graves” del Plan B de la Reforma electoral sobre los derechos políticos de las mujeres, con la cual se van a debilitar los órganos federal y locales electorales, como a los jurisdiccionales. También desaparecerán sus lineamientos sobre las obligaciones de los partidos en materia de violencia política.
Los órganos administrativos ni jurisdiccionales electorales ya no podrán sancionar a los partidos por no atender y erradicar la violencia política, porque las autoridades electorales estarán impedidas de resolver temas de la vida interna de los partidos políticos.
Antes de la reforma, advirtió que los partidos tienen resistencias y omisiones graves para cumplir con la paridad de género en las candidaturas y en la integración de las dirigencias.
Independientemente de lo que ocurre con el Plan B, consideró que es un momento oportuno para vincularnos con las autoridades, elaborar un protocolo con la ruta de vinculación con las instituciones porque prevemos que en 2023 va a aumentar la violencia política hacia las mujeres, que se detona en torno a los procesos electorales.