Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán, afirmó ayer, durante el conversatorio organizado por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), en Chilpancingo, que el 70 por ciento de los casos registrados de violencia política en razón de género se dan a nivel municipal.
También aseguró que no se imponen sanciones adecuadas y por tanto no se combate la impunidad, para evitar que personas que violenten políticamente a las mujeres ostenten o aspiren a un cargo de elección popular.
L a presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, pidió al Congreso del Estado que armonice en la entidad la Ley General de Responsabilidad Administrativas, que sigue pendiente.
Ayer se realizó en el auditorio Sentimientos de la Nación del TEE, el conversatorio Violencia Política en Razón de Género desde una Perspectiva Jurisdiccional, Administrativa y Sociedad Civil, en el que participaron la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado, Indalecia Pacheco León, la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, y la consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán.

En Iliatenco, debió impedirse
volver a participar al agresor: Carla Humphrey

La magistrada del TEE, Alma Delia Eugenio Alcaráz, fue quien planteó a las ponentes: “¿Qué impacto ha habido a tres años de haberse legislado la violencia política contra las mujeres en razón de género en la prevención, atención o erradicación; qué impactos tendrá la reforma constitucional al artículo 38 de la Constitución, denominada Tres de Tres?”, y “¿qué papel ha jugado la sociedad civil en el avance y legislación y tratamiento de la violencia política en razón de género y cuáles serían los retos de los órganos electorales de cara al próximo proceso electoral?”.
La consejera, Carla Humphrey afirmó que a tres años de la legislación se ha visibilizado la violencia política en razón de género, y ejemplificó que Guerrero tienen la primera elección anulada en el país. Ello, con el caso de Iliatenco y la violencia que se ejerció contra la candidata de Movimiento Ciudadano, Ruperta Nicolás, en 2021.
Sostuvo que aún falta que a las personas que se acredite que cometieron violencia política en razón de género no participen en los procesos extraordinarios de elección, como ocurrió en Iliatenco, donde se repuso la elección y volvió a ganar el candidato que violentó.
Dijo que hay instrumentos jurídicos y herramientas que permiten visibilizar esta violencia con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en la materia, del cual, de 293 que hay en el país, Guerrero tiene dos casos, aunque resaltó que este tipo de violencia se comete más a nivel municipal con un 72.21 por ciento, 16.92 a nivel estatal y 10.88 a nivel nacional.
Sostuvo que en Veracruz es vergonzoso que hay un regidor que ha reincidido 11 veces por cometer violencia política en razón de género, lo que deja claro que las sanciones no son eficientes, porque se aplican multas económicas y amonestaciones públicas, y “no se imponen las sanciones de manera adecuada y, por tanto, estamos combatiendo la violencia política, pero no estamos combatiendo la impunidad, no estamos impidiendo que esas personas que violentan políticamente a las mujeres puedan ostentar o aspirar a un cargo de elección popular”.
Pese a leyes, persiste la violencia: Muriel Salinas

Muriel Salinas Díaz destacó que en Guerrero sigue pendiente que el Congreso del Estado armonice la reforma en materia de violencia política en razón de género, “este Congreso local se ha resistido mucho a avanzar en esa armonización legislativa… sólo ha avanzado en la reforma la Ley de Acceso, pero falta la armonización en todas los demás ordenamientos jurídicos tanto en materia electoral como administrativa, tenemos un déficit”.
Planteó en Guerrero que también hay una ley estatal que establece el principio de paridad de género para la elección de comisarías municipales, pero como son elecciones a cargo de los ayuntamientos, hay un desafío porque aún hay violencia política de género terrible, y planteó el caso de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, donde nueve mujeres se quejaron porque no les permitieron votar.

Gobiernos deben proteger a las mujeres: Indalecia Pacheco

La magistrada, Indalecia Pacheco, expuso que otra limitante en Guerrero es que hay diputados o dirigentes de partidos, agresores de mujeres o de sus compañeras de partido y de otros partidos, que están impunes, “porque esa cuestión de la materia del desafuero es un procedimiento largo”.
Argumentó que los gobiernos tienen la obligación a través de los tres poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo que “ningún diputado ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que cometen en contra de las mujeres que participan políticamente”.
Contó que como procuradora de la defensa de la mujer conoció casos de dirigentes de partidos y diputados que incumplían su obligación alimentaria, golpeaban gravemente a sus esposas, a sus hijos, “están ahí en ese padrón y desde luego delitos sexuales”.
Criticó que con qué calidad moral un diputado, magistrado, un juez o cualquier servidor público acuden a tribuna y le habla a la ciudadanía de leyes que ellos están incumpliendo, y lo que se hace es, enviar un mensaje a la sociedad de que el país tolera la violencia en contra de las mujeres.
Muriel Salinas afirmó que se vive un proceso de flexibilización de los criterios de legibilidad desde la ética pública para acceder a un cargo de elección popular o cargo público, pues precisó que, la resolución de la Suprema Corte de Justicia es regresiva y preocupante al decidir que “el modo honesto de vivir no va a ser un requisito para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, dijo que con la reforma Tres de Tres se avanza al establecer que no pueden ocupar cargos públicos personas sancionadas por la comisión de delitos de violencia sexual, violencia familiar, violencia contra las mujeres, así como deudores alimentarios.
Argumentó que la sociedad civil es un puente fundamental para favorecer el acceso en las mujeres víctimas de violencia política a la denuncia y a la justicia, y dijo que la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses cada vez tienen una mayor demanda de atención de servicios, asesoría, acompañamiento y litigio, porque este último es muy costoso para las mujeres que no pueden pagar un abogado o abogada en toda una cadena impugnativa.
Manifestó que hace falta recursos para construir una Defensoría Pública que permita que realmente las mujeres puedan tener de manera permanente un acompañamiento a sus procesos de denuncia por violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral.
Afirmó que recientemente relanzaron la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, buscando traducir con un lenguaje mucho más ciudadano y accesible toda la legislación que permite a las mujeres acceder a la denuncia y acompañarlas en su litigio.

La reforma Tres de Tres, por la movilización de colectivos

Por su parte, Carla Humprhey, sostuvo que sin los colectivos y organizaciones la reforma Tres de Tres no existiría, mencionó que el reto de cara a los próximos comicios es crear la Defensoría Pública para las mujeres, pero también llamó a las gobernadoras a articular una agenda transversal de mujeres, porque criticó que no están preocupadas por garantizar igualdad sustantiva con paridad.
“¿Qué están proponiendo desde esos poderes Ejecutivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para garantizar que no sean violentadas. Yo aquí creo que es importante decir, no solamente queremos más mujeres. Sí, es importante, cambia la política. el cómo se toman las decisiones, sin duda, pero también qué hacemos con ese poder y ahí es donde creo que sí tenemos un faltante importante”, dijo.
Comentó que la paridad sustantiva no solo es numérica, sino cualitativa, es decir, qué, dónde y qué están proponiendo y qué pueden hacer las gobernadoras, consideró que es clave “para el avance para tener un país incluyente”.

Gobiernos deben proteger a las mujeres: Indalecia Pacheco

La magistrada, Indalecia Pacheco, expuso que otra limitante en Guerrero es que hay diputados o dirigentes de partidos, agresores de mujeres o de sus compañeras de partido y de otros partidos, que están impunes, “porque esa cuestión de la materia del desafuero es un procedimiento largo”.
Argumentó que los gobiernos tienen la obligación a través de los tres poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo que “ningún diputado ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que cometen en contra de las mujeres que participan políticamente”.
Contó que como procuradora de la defensa de la mujer conoció casos de dirigentes de partidos y diputados que incumplían su obligación alimentaria, golpeaban gravemente a sus esposas, a sus hijos, “están ahí en ese padrón y desde luego delitos sexuales”.
Criticó que con qué calidad moral un diputado, magistrado, un juez o cualquier servidor público acuden a tribuna y le habla a la ciudadanía de leyes que ellos están incumpliendo, y lo que se hace es, enviar un mensaje a la sociedad de que el país tolera la violencia en contra de las mujeres.
Muriel Salinas afirmó que se vive un proceso de flexibilización de los criterios de legibilidad desde la ética pública para acceder a un cargo de elección popular o cargo público, pues precisó que, la resolución de la Suprema Corte de Justicia es regresiva y preocupante al decidir que “el modo honesto de vivir no va a ser un requisito para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, dijo que con la reforma Tres de Tres se avanza al establecer que no pueden ocupar cargos públicos personas sancionadas por la comisión de delitos de violencia sexual, violencia familiar, violencia contra las mujeres, así como deudores alimentarios.
Argumentó que la sociedad civil es un puente fundamental para favorecer el acceso en las mujeres víctimas de violencia política a la denuncia y a la justicia, y dijo que la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses cada vez tienen una mayor demanda de atención de servicios, asesoría, acompañamiento y litigio, porque este último es muy costoso para las mujeres que no pueden pagar un abogado o abogada en toda una cadena impugnativa.
Manifestó que hace falta recursos para construir una Defensoría Pública que permita que realmente las mujeres puedan tener de manera permanente un acompañamiento a sus procesos de denuncia por violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral.
Afirmó que recientemente relanzaron la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, buscando traducir con un lenguaje mucho más ciudadano y accesible toda la legislación que permite a las mujeres acceder a la denuncia y acompañarlas en su litigio.

La reforma Tres de Tres, por la movilización de colectivos

Por su parte, Carla Humprhey, sostuvo que sin los colectivos y organizaciones la reforma Tres de Tres no existiría, mencionó que el reto de cara a los próximos comicios es crear la Defensoría Pública para las mujeres, pero también llamó a las gobernadoras a articular una agenda transversal de mujeres, porque criticó que no están preocupadas por garantizar igualdad sustantiva con paridad.
“¿Qué están proponiendo desde esos poderes Ejecutivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para garantizar que no sean violentadas. Yo aquí creo que es importante decir, no solamente queremos más mujeres. Sí, es importante, cambia la política. el cómo se toman las decisiones, sin duda, pero también qué hacemos con ese poder y ahí es donde creo que sí tenemos un faltante importante”, dijo.
Comentó que la paridad sustantiva no solo es numérica, sino cualitativa, es decir, qué, dónde y qué están proponiendo y qué pueden hacer las gobernadoras, consideró que es clave “para el avance para tener un país incluyente”.