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Designar a un coronel en la FGE evidencia entrega de la seguridad a militares: activistas

Zacarias Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que el nombramiento del coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), evidencia que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda está sometida por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), y por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Agregó que ello es “un mal augurio” porque nuevamente habrá una descoordinación entre el gobierno del estado y la Fiscalía como la hubo con la ex fiscal, la teniente Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y lamentó que no se haya escuchado la opinión de los activistas sociales.
Por su parte, el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), exhortó al nuevo fiscal a que se conduzca con sensibilidad y perspectiva de derechos humanos “de acuerdo al contexto de cada caso, bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad, profesionalismo”.

Los militares no han dado resultados: Tlachinollan

Abel Barrera Hernández declaró por teléfono que a pesar de que ya se vio que los militares no dan resultados, como fue el caso de la ex fiscal Valdovinos Salmerón, “lamentablemente vemos que se sigue dejando que sean ellos, los militares, los que se encarguen de investigar los delitos”.
Indicó que estas decisiones están pensadas en un control de daños “y que la gobernadora se supedita a los dictados tanto del Ejército, que quiere tomar el control de las instituciones de seguridad y de investigación de los delitos, como del Ejecutivo Federal.
El defensor de derechos humanos expresó que ya se normalizó que el secretario de la Defensa, el general Cresencio Sandoval, tenga injerencia en los asuntos de índole civil y que sean ellos los que estén tomando el control de estas instancias “para mal, porque hubo por lo menos un tiempo de prueba y se debieron notar algunos cambios favorables, pero no los hubo”.
Barrera Hernández denunció que los mandos militares en las áreas de seguridad y justicia han dejado un gran rezago en las carpetas de investigación y un reclamo de las familias de las víctimas, “hay un déficit de procuración de justicia alarmante, hay un foco rojo en Guerrero”.
También criticó que no se esté atendiendo la opinión de quienes están cerca de la protección de los derechos humanos, de las víctimas y de las familias que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos, como son los organismos civiles, “aquí en Guerrero somos cero a la izquierda, no existimos como actores que tenemos un compromiso, una opinión, un diagnóstico de lo que es el problema grave de procuración de justicia y de la investigación de los delitos graves”.
Denunció que en la entidad no se atiende a la sociedad civil y a las organizaciones sociales, a las barras de abogados “y a todos los que estamos trabajando del lado de las víctimas, gana más la vía militar, la visión del Ejército, la perspectiva de la seguridad pensada en el control de las instituciones y se derrota a la vía civil y ciudadana, así como a la perspectiva de derechos humanos”.
Insistió que los mandos militares han dejado a la Fiscalía con un gran descrédito porque los trabajos de investigación no han podido revertir la impunidad que prevalece en la entidad.
“Han dejado a una institución cerrada, que no escucha a las víctimas, se actúa de manera déspota, poco sensible, sin ese sentido de respeto a la dignidad de quienes sufren las agresiones de parte de los perpetradores de los delitos.
Denunció que hay señalamientos contra personas tanto de la delincuencia como de grupos que tienen influencias, que son intocables “y que forman parte de estructuras que están intactas”.
Barrera Hernández, dijo que con los mandos militares se ha convertido a la Fiscalía en una institución que ha enfocado sus baterías contra los luchadores sociales, defensores, estudiantes y contra la población que protesta, “con ellos sí pone mucho empeño”.
Denunció que todos estos actores son monitoreados y son mal vistos y contra ellos focaliza sus investigaciones.
En cambio, hay un enorme rezago de carpetas de investigación y no se han judicializado a quienes han atentado contra la vida, como pasó con el estudiante de la normal de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, “que hasta se les escapó el principal perpetrador”.
También dijo que es increíble que no se haya llevado a la justicia a los feminicidas, a pesar de que hay señalamientos directos y datos precisos de dónde se ubican y cómo actúan, “no hay una estrategia clara de cómo dar con el paradero de los responsables para ejercer las órdenes de aprehensión, todo que a medias”.
El director de Tlachinollan declaró que los mandos militares en las áreas civiles han dejado una gran deuda con el pueblo de Guerrero en cuanto a procuración de justicia.
“Por ello insistió que es un mal augurio que nuevamente se nombre a un militar, porque sabemos que no conoce el trabajo con víctimas, porque no solo se requiere tener algún título sobre derechos humanos, se necesita haber trabajado como defensor de derechos humanos, porque eso te da una perspectiva diferente de cómo atender los delitos graves y de alto impacto y como escuchar a las víctimas”.
Pero reprochó que lo que se ha visto hasta ahora con los militares en las áreas de seguridad y justicia es un desprecio a las víctimas, a las que se les vuelve a victimizar diciendo que por culpa de ellos tuvieron ese destino fatal, “se mancilla la memoria de las víctimas, por los mismos que investigan y las mismas autoridades hacen eso, en lugar de irse contra los perpetradores.

Espera el Centro Minerva Bello que el nuevo fiscal respete los derechos humanos

Por su parte, en un comunicado, el Centro Minerva Bello manifestó que “le preocupa la militarización de las instituciones encargadas de la procuración de seguridad y justicia.
Pero que aun así y ante los cambios y nombramientos en los órganos de procuración de justicia “somos respetuosos de ello, esperando que los cambios se acompañen con la sensibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos”.
Agregó que ante el nombramiento del coronel Torres Ojeda, como titular de la FGE, “le exhortamos para que se conduzca con sensibilidad y perspectiva de derechos humanos de acuerdo al contexto de cada caso, bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad, profesionalismo”.
Pidieron que su gestión frente a la institución investigadora, “procure la transparencia para con las víctimas en su proceso de investigación”.
Pidió que las funciones de investigar y perseguir el delito se acompañen con estrategias integrales, con personal especializado en materia, técnica, legal y científica, con la finalidad de que las victimas accedan a la verdad y a la justicia, garantizando el respeto a los derechos humanos y a la debida reparación integral del daño de víctimas y ofendidos.
“Como centro de derechos humanos nos mantendremos firmes en nuestra demanda de procuración de justicia efectiva”, anunció.
El organismo añadió que Torres Ojeda tiene una gran responsabilidad al asumir el compromiso “de esta alta encomienda y de rendir cuentas claras en los procesos de investigación que dejó su antecesora”.
El Centro Minerva Bello reiteró su compromiso con la agenda de derechos humanos, y advirtió que continuará alzando la voz y “monitoreando de cerca los procesos de investigación de las víctimas y familiares, exigiendo el cumplimiento de los estándares más altos en materia de derechos humanos”.

 

Secuestra la FM a tres vecinos de El Nuevo Caracol que cobraron programas en Apaxtla, denuncian

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Vecinos de El Nuevo Caracol, municipio de Apaxtla informaron que el grupo criminal La Familia Michoacana (FM) secuestró a tres hombres de esa comunidad en Apaxtla, a donde acudieron a cobrar el dinero que les entregan del gobierno federal mediante los programas becas Benito Juárez y la pensión del Bienestar.
Al respecto el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio precisó que fue el pasado 13 de diciembre cuando tres hombres fueron secuestrados.
En un audio difundido ayer en Facebook y WhatsApp, una mujer a nombre de la comunidad pide ayuda a reporteros para que la población pueda acudir a cobrar los programas, ya que, “nos mandaron las becas de Benito Juárez a Apaxtla y como saben no podemos ir”.
De los desaparecidos dice: “estamos con la angustia de dónde están” y pide ayuda para que las tarjetas de los programas se las manden a Xochipala o a Tlacotepec, la cabecera de Heliodoro Castillo.
El pasado 31 de agosto se documentó en estas páginas que, en El Nuevo Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, los pobladores llevaban seis meses conteniendo el avance de la FM, y señalaron al 41 Batallón de Infantería con sede en Teloloapan de apoyar a ese grupo criminal. En esa ocasión se informó que los habitantes se armaron y en una caravana humanitaria del Centro Minerva Bello, se constató que el pueblo fue bombardeado con drones a pesar de que hay un destacamento militar que cuida la presa El Caracol.
El primer ataque de drones a la comunidad pesquera fue el 2 de mayo, cuando la FM “avisó en los radios que les iban a dar un regalo del Día de las Madres”, dijo en esa ocasión el comisario Aurelio Catalán.
Después, el 15 de noviembre se publicó en estas páginas que unos 4 mil vecinos de la sierra de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan tomaron las instalaciones de la presa hidroeléctrica El Caracol, para exigir seguridad y atención a los pueblos damnificados por el huracán Otis.
Otras demandas fueron la reconexión de la energía eléctrica, el arreglo de caminos y la entrega de despensas a las comunidades afectadas por huracán
Ayer el sacerdote Velázquez Florencio confirmó la desaparición, “me llamaron las señoras desde El Caracol, para informarme de la desaparición de los ciudadanos, es lo único que sabemos y me pidieron que informara al gobierno para que intervenga y los busque”.

 

La violencia se ha normalizado y es parte de lo cotidiano en Guerrero: Filiberto Velázquez

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el Diálogo Nacional por la Paz que se realiza en la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, el director del Centro de Derechos de las Victimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, planteó que en 17 años de violencia en Guerrero, ésta se ha normalizado y forma parte de nuestra vida cotidiana; “está en la Iglesia, en la política, en las fiscalías, en las escuelas, en la economía, en todos lados, y lo grave, en un pueblo desmovilizado”.
El encuentro se realiza este 21, 22 y 23 de septiembre; de Guerrero participan el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González; los encargados de la Pastoral Social de Acapulco, Chilpancingo y Tlapa, y la dirigente indígena de Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, Rubí Martínez Villa, en representación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Entrevistado por teléfono, Velázquez Florencio, declaró que los participantes coincidieron que 17 años de violencia han generado una descomposición social y política, 92 asesinatos por día; 26 desapariciones, 11 mujeres son asesinadas, y ya suman tres mil fosas clandestinas y 240 colectivos de desaparecidos que buscan a sus familiares.
El prelado, reconoció que de Guerrero no se llevaron cifras de la violencia, pero que, es la misma descomposición social.
“La normalización de la violencia se vive a diario y Chilpancingo fue un ejemplo: ayer (el jueves) con los dos jóvenes atacados a balazos, tirados en el pavimento (frente al Mercado Baltasar R. Leyva Mancilla), mientras la gente despreocupada, paseándose de un lado a otro con sus bolsas de productos, sin que les causara ninguna preocupación”.
Dijo que lo grave no es que ya se haya normalizado la violencia entre los ciudadanos, sino que haya un pueblo desmovilizado ante esta violencia, la cultura punitiva y la percepción de la corrupción.
En el Diálogo Nacional por la Paz, el jueves se planteó el diagnóstico de la violencia que se vive en el país y en cada una de las entidades, en tanto que ayer se disertó sobre las “buenas prácticas de seguridad ciudadana” que sería un diálogo con ocho directores de policías locales que han logrado bajos índices delictivos en México, y en esta temática participaría en la tarde noche, la representante de la CRAC, Martínez Villa.
Este sábado se darán a conocer las conclusiones que serán parte de una agenda que los organizadores entregarán a los próximos candidatos a la presidenta de la República, informó Velázquez Florencio.
El prelado informó que en Guerrero la problemática de la violencia que genera el crimen organizado se ha insertado en las empresas que se dedican a la extracción de minerales a cielo abierto, en la tala inmoderada de árboles, “todo esto en detrimento de la actividad económica local que agudiza los problemas”.
Explicó que ante la gravedad del problema, la respuesta que se da es la intervención del Ejército, pero que no tiene una estrategia, “y aquí (en el Diálogo) se dijo que nos hemos llenado de cuarteles pero rodeados de la delincuencia y no pueden actuar para la prevención del delito”.
Mientras tanto, criticó que se hayan desmantelado a las policías municipales lo que ha venido a agudizar el problema, “en las propias fiscalías estatales no hay elementos capacitados para que se realicen investigaciones serias; hay muchos vacíos igual en los tribunales y en las cárceles”.
Algunas de las propuestas de solución que planteó el prelado fueron: Fortalecer a familia como instancia de educación y socialización; reconstruir los lazos de confianza y solidaridad en las comunidades; visibilizar y combatir la violencia contra la mujer; recuperar la institución y el sentido del orden; definir desde lo local la paz que se anhela, “porque no es lo mismo la paz que se anhela en Chilpancingo que la que se anhela en Ciudad Juárez, Chihuahua”.
Asimismo propuso fortalecer la habilidad para la solución de conflictos; el aporte de los pueblos indígenas en la construcción de la paz, el aporte de las religiones y la espiritualidad, y que el trabajo digno sea bien remunerado para que fortalezca el tejido social.
En tanto que las instituciones, dijo, deben crear condiciones económicas, políticas y educativas para la paz; que promuevan un sistema de seguridad desde abajo y articulado; que se elimine la tarea de las fuerzas armadas en las labores de seguridad públicas; fortalecer las policías municipales con un enfoque de proximidad, investigación e inteligencia, y conformar policías estatales que coadyuven de manera coordinada con las policías estatales.
Propuso que de parte del sistema de justicia, deben crearse instituciones modernas, responsables, capaces y con mecanismos de rendición de cuentas; disminuir la impunidad; construir un sistema judicial sólido, expedito y articulado; combatir la corrupción; fortalecer las comunidades como instancias de la resolución de conflictos.
Al respecto citó el ejemplo de la CRAC que, sin la participación del Estado, su actuación ha sido muy positiva y ha sido una respuesta al problema local.
El Diálogo Nacional por la Paz fue organizado por la Conferencia Episcopal Mexicana, la Congre-gación de los Jesuitas y la Conferen-cia de Religiosos Superiores y la idea surgió a raíez del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuahua por un jefe local del crimen organizado.

 

La expansión de la FM en el estado evidencia el fracaso de la estrategia de seguridad, advierten

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El diagnóstico del gobierno del estado que revela que 30 municipios de Guerrer (de los 85 a partir de este año), están controlados por el grupo delictivo La Familia michoacana, indica que el crimen organizado va al alza y el gobierno “en picada”, por no ir al fondo del problema, opinó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández.
En tanto que el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, declaró que los espacios que controla el crimen organizado en el estado son los vacíos que van dejando las autoridades, y opinó que sólo mediante la organización de los pueblos se podrá recuperarlos.
En el mapa de la Secretaría de Seguridad Pública del estado denominado Presencia de La Familia Michoacana (FM) y su avance con aliados (La Bandera, Los Ardillos, Cártel del Sur, Los Maldonado), publicado en El Sur en su edición de este martes, revela que 30 municipios del estado ya están controlados por la FM.

El Ejército como recurso de AMLO no funcionó: Barrera

Entrevistado por teléfono, Barrera Hernández declaró que el avance del crimen organizado es porque las estrategias de seguridad se desarrollan al margen de la sociedad, “la sociedad ha quedado al margen, está inerme y no se atienden sus reclamos”.
Para el activista, el avance de la delincuencia organizada en la entidad se debe, además, a que el modelo de seguridad aplicado en Guerrero desde hace décadas no ha dado resultado porque no se va al fondo del asunto.
Dijo que no se están tomando en cuenta los factores que dan origen a la crisis de la violencia y que los pactos que hubo entre grupos policiales, autoridades municipales y estatales con los jefes del crimen organizado hicieron crecer la economía criminal por la pobreza, el desempleo y la falta de servicios básicos.
Indicó que ahora que se busca corregir el problema desde la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Ejército en las áreas de seguridad pública no está generando sinergia entre los funcionarios e instituciones con la sociedad.
Añadió que, por el contrario, las estrategias de seguridad que se acuerdan en las mesas de paz se acuerdan sin la participación y, aún más, a espaldas de la sociedad, “entendiéndola como enemiga”.
Barrera Hernández, opinó que las instituciones por si solas no van a poder resolver el grave problema de seguridad, y añadió que primero se tienen que arrancar de raíz los intereses de los criminales que todavía subyacen dentro de las instituciones de seguridad y de las fiscalías.
Indicó que el problema es que dejaron crecer a los grupos de la delincuencia, al grado que en varias regiones son ellos el poder factico, “como dicen los mismos funcionarios en 30 municipios tienen el control y estamos hablando que más del 30 por ciento de los municipios de Guerrero están en manos de la delincuencia”.
Añadió que la preocupación es cuanto más va a subir en este proceso electoral, porque el crimen va a la alza y el gobierno en picada, en términos de que no está respondiendo a los reclamos de la sociedad, no le responde a la gente más desamparada, a las víctimas, a los colectivos, a las organizaciones que demandan mayor atención.
Barrera Hernández dijo que de parte de las autoridades estatales no han empatía con la sociedad, “hay un pique hacia debajo de parte de las autoridades, no se está ganando la confianza, al contrario, hay un alejamiento y un repliegue de la población ante la inacción de las autoridades”.
Declaró que, en efecto, en esos municipios que controla el crimen organizado es el poder real que socavan a las instituciones y es lo que ocasiona que la gente se sienta temerosa y desmovilizada porque sabe que cualquier movilización implica riesgo.
“Se ha colocado a la sociedad contra el paredón por estos pactos con los criminales que se han dado y se siguen dando; por un lado se truncan y por el otro se restablecen por la telaraña que hay dentro de las instituciones, sobre todo en el ámbito municipal que está colapsado por el crimen organizado”, declaró.
Indicó que en estos lugares las autoridades se han replegado y están dejando libre el espacio que deben de ocupar, “dejan un vacío de autoridad, de monitoreo y de presencia”.
El director de Tlachinollan explicó que en las regiones donde controla el crimen accionan sus armas para poner en orden a quien se le atraviese en el camino, y explicó que por eso están ocurriendo los asesinatos contra policías y funcionarios de procuración de justicia.
“Ahí están los hechos violentos que hablan del empoderamiento del crimen y de que hay zonas grises donde no controla la autoridad, porque son regiones o municipios del crimen organizado”.
Añadió que si en estas regiones hay funcionarios que les están siendo disfuncionales o están viendo que no hay una coordinación para sus intereses, pues van a actuar”, por eso dijo que el ambiente que se vive en Guerrero está sofocado por la violencia.
“Ya Guerrero no tiene ninguna protección de nada, los ciudadanos no saben a quién acudir, a quien asirse, ya ni la casa es recinto donde uno puede estar seguro, se han dado casos que hasta en el mismo domicilio se atenta contra la vida”.
Subrayó que los crímenes contra policías y funcionarios de seguridad también tienen que ver con el rompimiento de pactos, “el resquebrajamiento de estos pactos que había entre el poder político y los grupos de la delincuencia están ahora generando estos crímenes”.
El defensor de derechos humanos pidió que haya un replanteamiento de las estrategias de seguridad y blindarse con la sociedad, que es la que sabe cómo, donde operan y los puntos rojos que se tienen que atender.
Declaró que la población es el insumo principal para diseñar una estrategia de seguridad en coordinación con la sociedad civil, y puso como ejemplo el modelo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Los pueblos se acostumbraron a cohabitar con el crimen, alerta el padre Velázquez

Por su parte, el presbítero Velázquez Florencio, del Centro Minerva Bello, declaró que el control del territorio de los grupos delictivos habla de la ausencia de las autoridades, “puesto que si están ellos (la delincuencia) es porque no había autoridad y ellos llenaron el vacío”.
Para el sacerdote son un flagelo para el pueblo, aunque a veces se acostumbre a cohabitar con este tipo de grupos delictivos, que a veces pudieran ser más efectivos que las estrategias de las instituciones de seguridad”.
Sin embargo, reprochó que eso hace que la impunidad prevalezca y actúan como quieren porque saben que no les van a hacer nada.
Opinó que ante el problema lo único que le queda a la población es concientizar su realidad y unirse para buscar juntos una alternativa, y citó el ejemplo de Cherán, Michoacán, donde el pueblo decidió organizarse y el resultado ya está ahí.
“La respuesta la tiene el pueblo, pero debe ser un pueblo consiente socialmente, lamentablemente con los programas clientelares que existen difícilmente se forman conciencias. “solamente, se llenan panzas lombricientas, pero no pueden llenar mentes que puedan liberarse de este flagelo de la violencia y que es auspiciada por el propio Estado por su ineficiencia y su incompetencia”, dijo.
En tanto, explicó que los asesinatos de los funcionarios de procuración de justicia y policías no son aislados, “es una situación que muestra el poder que tiene el crimen organizado para poder ejecutar a plena luz del día, demuestra que tiene el control de las calles, ya no digamos de todo el comercio”.
Lamentó: “No sabemos cuál va a ser el límite, ya tuvimos muchos límites, y no sabemos qué límite quiere el Estado para que salga a afrontar de manera integral estas situaciones”.

Pintan mural en Chilpancingo familiares de desaparecidos; exigen al gobierno su búsqueda

María Avilez Rodríguez / Lourdes Chávez

Chilpancingo

Este sábado y domingo familiares de personas desaparecidas pintaron un mural en memoria de las víctimas a un lado de la cancha de la colonia del PRI, en la calle lateral del bulevar Vicente Guerrero, como parte de un trabajo más amplio para seguir demandando su búsqueda ante las autoridades, y apelar a la sensibilidad de la población por crímenes que persisten en el estado.
“¿Dónde están?”, “Hasta encontrarlos”, “Mi hijo fue desaparecido” son las leyendas que plasmaron en el mural con imágenes de hombres y mujeres protestando, que firman los colectivos Familiares en Búsqueda María Herrera, Raúl Trujillo, Madres Igualtecas, y el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello.
En el arranque de la obra, el director del Centro Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio explicó que el 13 de mayo el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y la Fundación Heinrich Boll comenzaron una serie de talleres Recuperando la Memoria de nuestros familiares Desaparecidos.
En estos trabajos se acordó elaborar el mural para visibilizar que en Guerrero hay desaparecidos a quienes siguen esperando en sus hogares.
Ayer, una de las madres indicó que el diseño fue elaborado por todos los integrantes de los colectivos y familiares independientes que estuvieron en cinco talleres, orientados a fortalecer el trabajo de organizaciones sociales y de activistas en la búsqueda de personas, y sobre la iniciativa de Ley de Desaparición Forzada en el estado de Guerrero.
“La idea del mural es poder borrar el estigma de quien ha sido víctima de desaparición, comúnmente se piensa que está vinculada a algún acto delictivo. Parte del mensaje es que la desaparición le puede pasar a cualquiera porque se convirtió en un delito constante en Guerrero, por eso (la pintura) no tiene un rostro específico”.
Además dijo que apelan a la sensibilidad de la sociedad para que no se deje solas a las familias de víctimas, “cuando reportan que alguien ha sido víctima de esta situación, la gente los deja solos porque considera que es peligroso y les puede pasar a ellos”.
Añadió que tampoco el Ministerio Público hace el trabajo que le corresponde. Los agentes le dicen a los familiares que realicen su propia investigación para que aporten datos a los expedientes.
Aclaró que las víctimas de desaparición forzada son como todas las personas, “y mientras no se resuelvan los casos, todas las familias tenemos riesgo”.
Entre las actividades sobre el análisis de la iniciativa de Ley de Desaparición en el Congreso local, indicó que que hace dos semanas hubo un foro en la Universidad Autónoma de Guerrero, con la presencia de autoridades que escucharon testimonios.
Una mamá recordó que su hijo de 13 años fue desaparecido hace ocho años, y no se ha realizado una sola búsqueda de su paradero.

Los colectivos encuentran restos humanos y se pierden en la Fiscalía

Asimismo, denunciaron que cuando los colectivos encuentran restos humanos en sus recorridos, se vuelven a perder en la Fiscalía que no da respuesta en años de las identificaciones. “Son parte de los temas que empezamos a dialogar con autoridades”.
La preocupación ahora es que en los tiempos electorales se pierdan los esfuerzos que comenzaron hace un año. Pidió al Congreso local que no se deje de lado porque además de la ley estatal se debe reglamentar, aprobar presupuesto y tener personas capacitadas para la implementación de programas.
Quienes participaron en pintar el mural manifestaron que continuarán la búsqueda de sus familiares hasta encontrarlos, y que no importa buscar en cada rincón del estado y del país.
La actividad inició el sábado a las 10 de la mañana y terminó este domingo antes de las 2 de la tarde.

Exige el Centro Minerva Bello la búsqueda del vecino de Palantla, José Abundio Bolaños

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos de Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello) exigió a las autoridades estatales y federales que en el ámbito de sus atribuciones, “realicen las acciones idóneas para buscar, investigar y sancionar” la desaparición del indígena nahua José Abundio Bolaños Calvario.
La victima es de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, y está desaparecido desde el 29 de mayo del año pasado.
“A un año de la desaparición de José Abundio Bolaños Calvario, prevalece la impunidad y la desatención de las autoridades”, denunció en un comunicado de prensa el organismo que dirige el presbítero Filiberto Velázquez Florencio.
Recordó que el día que desapareció, según los pobladores de San Jerónimo Palantla, fue detenido por presuntos integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
“Su esposa, Paula Calvario Merino y sus hijos lo han buscado incansablemente sin conocer hasta el momento su paradero ni recibir los apoyos adecuados por parte de las autoridades estatales en su calidad de víctimas”, denunció el organismo.
El Centro Minerva Bello denunció que la desaparición de Bolaños Calvario no es un hecho aislado, “el caso se inscribe en el contexto de diversos atentados y asesinatos de mujeres y hombres pertenecientes a la comunidad indígena nahua de San Jerónimo Palantla, cometidos por presuntos integrantes de la Policía Comunitaria CRAC-PF”.
Reprochó que las autoridades estatales y federales, no obstante de conocer los antecedentes, a más de un año de su desaparición no han realizado las acciones necesarias e idóneas para localizarlo, a pesar de haberse presentado la denuncia penal ante la Fiscalía del estado.
Recordó que la denuncia de la desaparición de José Abundio se sumó a otras presentadas por familiares de víctimas de atentados y asesinatos perpetrados desde el 2015 en contra de la comunidad de San Jerónimo Palantla.
El organismo recordó que por estos hechos se han girado 60 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado.
“Este fenómeno nos habla de los altos índices de impunidad y discriminación que prevalece en la región ante la falta de actuación del Estado”, denunció.
Ante “este escenario de violencia, impunidad y discriminación cometidos en contra de Bolaños Calvario y de la comunidad indígena de San Jerónimo Palantla, el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello hace un llamado a las autoridades estatales y federales para que en el ámbito de sus atribuciones, y respetando el pluralismo jurídico, realicen las acciones idóneas para buscar, investigar y sancionar su desaparición”.
Pidió, además, el cumplimiento de la Ley General de Victimas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
También llamó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) que “cese de argumentar una supuesta falta de recursos y brinde de inmediato el apoyo integral necesario a la familia de Bolaños Calvario, a su esposa Paula Calvario Merino y a sus hijos, incluyendo apoyos económicos”.

Protestan en Acapulco ante la sede del INM por muerte de migrantes en Juárez

Argenis Salmerón

Integrantes de organizaciones sociales y religiosas protestaron en la sede de Acapulco del Instituto Nacional de Migración, en el fraccionamiento Costa Azul. Pidieron al gobierno federal garantizar el acceso de salud y facilitar las gestiones necesarias para las familias afectadas del incendio del 27 de marzo en Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes.
El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, realizó una ceremonia religiosa y encendieron un cirio afuera de la oficina del INM.
Solicitaron adelantar el proceso de identificación y entrega de los cuerpos a las familias bajo los altos estándares de los derechos humanos.
Exigieron que se asuma los costos de repatriación de los cuerpos de personas fallecidas e investigar los hechos ocurridos e identificar a los funcionarios responsables.
Pidieron la destitución e inhabilitación del titular del INM Francisco Garduño Yañez.
El sacerdote y director del Centro Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, aseguró que el INM asesinó a los migrantes a Ciudad Juárez el lunes pasado y que los agentes no están capacitados para brindar una atención humanitaria.
Expresó que lo ocurrido el 27 de marzo en la estación de Ciudad Juárez, es reponsalidad de gobierno federal, y la situación refleja la ausencia de protocolos.
Añadió que no hay una política de estado que garantice los derechos y protección a personas migrantes, “son el resultado de una serie de omisiones por parte de la autoridades encargadas y la ruta de evacuación y tipo de siniestros”.
Se quejó que las autoridades manejan como un alojamiento o albergue para para evitar la responsabilidad de detención o privación de las estacias respectivamente.
Reclamó que el INM categoriza los diferentes espacios con diferentes nombres pero la finalidad “es la misma, privar de la libertad a las personas en situación de movilidad”.
Criticó que los migrantes están en las sedes del INM incomunicados y encerradas con candados, “es especular y revictimizar y hacemos un llamado a no desinformar”.
Dijo que ha visitado la estancia de Acapulco “y pudimos constatar que son cuartos con herrería como si fuera una cárcel y ustedes se dan cuenta que el edificio no tiene los más mínimos estándares de seguridad para desalojar en una situación de emergencia”.
Velázquez Florencio pidió que cada estación migratoria del país debe cerrarse, “no vamos a dejar decir que fue el Estado”.
A la actividad asistieron estudiantes de la normal de Ayotzinapa, además de trabajadores de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Hu-manos (Codehum).

 

Llama sacerdote a considerar como prioritaria la labor de los periodistas

El sacerdote y activista José Filiberto Velázquez Florencio, en la misa que ofició en la entrada del hospital general Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El sacerdote y activista, José Filiberto Velázquez Florencio, llamó a las autoridades de Guerrero y del país a considerar prioritaria la labor de los periodistas, de quienes afirmó “arriesgan su vida alzando la voz por los que no pueden”.
También pidió al gobierno federal que refuerce el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y afirmó que el asesinato de periodistas en el país es “alarmante”, porque se dedican a “cubrir y denunciar abusos a los derechos humanos”.
Al mediodía de este domingo, afuera del hospital general Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, el sacerdote José Filiberto Velázquez, quien también es el director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, ofreció una misa para orar por la seguridad y libertad de los periodistas.
Al iniciar la ceremonia religiosa, expuso a los asistentes, entre ellos familiares que de pacientes hospitalizados, que desde el 20 de junio de 2022 cuando fueron asesinados los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en la sierra de Chihuahua, celebran una misa mensual por problemas sociales que acontecen en el país y por recientemente celebraron el día del periodista, “los obispos nos dijeron que pidamos (en oración) por la seguridad y la libertad de los periodistas, quienes ven amenazados su vida por ejercer éticamente el periodismo”.
“Nuestros obispos nos invitan a unirnos en oración con los periodistas, para que el ejercicio de su profesión se vea libre de todo peligro, que trabajen con ética, buscando y comunicando la verdad, que se le respete la libertad de expresión y a los que fallecieron en el año pasado, Dios les conceda el descanso eterno y de fortaleza a sus familiares y amigos”.
Mencionó a algunos periodistas asesinados y dijo que pedía “por el descanso de su alma”: Fredid Román (en agosto de 2022), Amado Ramírez (en abril de 2007), Cecilio Pineda (en marzo de 2017), Pablo Marrugares (en agosto de 2020), Leslie Ann Pamela Montenegro (en febrero de 2018), Gabriel Soriano (octubre de 2018), Francisco Pacheco (en abril de 2016), Víctor Fernando Álvarez (abril de 2020), Edgar Nava (en agosto de 2019), Alfredo Cardoso (octubre de 2021) y Jorge Torres Palacios (en mayo en 2014).
El sacerdote también pidió orar “por aquellos (periodistas) que están desaparecidos”, en especial por Marco Antonio López Ortiz, quien está desaparecido desde el 7 de junio de 2011, cuando un grupo armado se lo llevó en la colonia Centro, en Acapulco, quien era el jefe de información del periódico Novedades de Acapulco.
Velázquez Florencio argumentó que “la misión de los periodistas es explicar el mundo, hacerlo menos oscuro, hacer que los que viven en él le tengan menos miedo y mire a los demás con mayor conciencia y con más confianza”.
Comentó que es una realidad que en México los periodistas viven “en constante miedo” y que en 2022 fueron asesinados 11 periodistas, aunque organizaciones como Artículo 19 contabilizan 17 casos, lo que convierte en el país más peligroso para ejercer el periodismo después de cualquier país en guerra.
“En Ucrania, que fue un país recientemente en guerra, murieron menos periodistas que en México. Así que de todos los periodistas en el mundo, México representa el 20 por ciento de periodistas asesinados y esto es una realidad alarmante”.
Sostuvo que entre 2018 y 2022 se han registrado al menos 97 asesinatos perpetrados en contra de periodistas y activistas en el país, por lo que dijo: “Hacemos un llamado a las autoridades a considerar prioritaria la labor que realizan estos hombres y mujeres, que dan sus vidas alzando la voz por las que no pueden”.
También pidió al gobierno federal reforzar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
A los creyentes los convocó a unirse en oración por los periodistas “que han sido asesinados, desaparecidos y todos aquellos que han sido víctimas de un atentado, simplemente por divulgar información de interés público y hacer el mundo menos oscuro”.
Sostuvo que la corrupción, las desapariciones y todo aquello que no queremos que se sepa, se hace en lo oscuro, “y aquí están esa misión de traer la luz, de poner la luz dónde está la verdad, para evidenciar el mal y esa misión, a pesar de que es muy importante, es una misión muy peligrosa”.
“Por eso nos unimos, como Iglesia, a estos hombres y mujeres para que puedan desempeñar su trabajo y nos puedan ayudar a nosotros a alzar nuestras voces, para anunciar siempre la justicia y la verdad, para siempre anunciar la paz y luchar por un mundo verdaderamente democrático”, aseveró José Filiberto.
De acuerdo con cifras de Artículo 19, en México desde 2000 han contabilizado 157 periodistas asesinados, donde Guerrero se ubica en el segundo lugar, empatado con Oaxaca, con 15 víctimas; por detrás de Veracruz, que reporta 31 periodistas asesinados.
Además, recientemente en Guerrero, la medianoche del 11 de enero de 2023, fueron liberados el periodista Jesús Pintor Alegre y el químico biólogo y creador de contenido de Facebook, Fernando Moreno Villegas, quienes eran cautivos de un grupo delictivo desde el 27 y el 25 de diciembre pasado, respectivamente, en Tierra Caliente.
De un tercer creador de contenido, también retenido por el grupo delictivo, del que aún se desconoce su paradero, Alan García Aguilar, quien en un video difundido en internet se dijo era el fundador de la página Escenario Calentano, donde se hacían comentarios críticos a la organización delictiva La Familia Michoacana.

Ayuda el Centro Minerva Bello a víctimas a tramitar becas del gobierno federal en Chilapa

El Centro Diocesano de Derechos Humanos Minerva Bello abrió sus oficinas en Chilapa en agosto, para dar acompañamiento legal, psicológico y de gestión a familiares de víctimas de la violencia, informó el diácono José Filiberto Velázquez, director del organismo, que pertenece a la Diócesis Chilpancingo-Chilapa.
“La Iglesia tiene esta vocación altruista y de atender a las víctimas de violencia”, dijo.
Una de las primeras tareas del organismo en Chilapa se realizó el viernes, cuando junto con personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero atendieron en la parroquia de La Villa, a representantes de 25 familias, víctimas indirectas de delitos de alto impacto y desplazamiento forzado, para tramitar becas Benito Juárez del gobierno federal. (Luis Daniel Nava / Chilapa).