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Apoyan organismos empresariales gestión de autoridades al evitar desmanes en el Acamoto

Participantes en el Acamoto 2026 se concentraron el sábado en la playa Revolcadero en la Zona Diamante de Acapulco Foto: Carlos Carbajal.

Aurora Harrison

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Guerrero respaldó el operativo de seguridad de los tres órdenes de gobierno que implicó el uso de gases lacrimógenos, para impedir la concentración masiva de motociclistas del Acamoto y el cierre de la avenida Costera, frente al fraccionamiento Condesa.
La mañana del sábado, en un comunicado de prensa el Consejo dijo que el orden público, la seguridad de residentes y visitantes, y la estabilidad de la actividad turística y económica son prioridades innegociables.
Mencionó que la asistencia de motociclistas se redujo de manera significativa en relación con el año pasado, y eso se refleja en el impacto directo de la decisión de los tres órdenes de gobierno de no otorgar permisos para la realización del Acamoto, así como del despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad.
“La actuación de las fuerzas del orden ante el intento de desmanes y de bloqueo de la Costera a la altura de la Condesa, fue oportuna, proporcionada y jurídicamente justificada”, subrayó el organismo que agrupa a diferentes cámaras empresariales en referencia al operativo de la noche del viernes cuando agentes de la Guardia Nacional rociaron con gas lacrimógeno a los motociclistas que se oponían a desbloquear la avenida principal avenida de Acapulco.
En su comunicado fechado el sábado, cuando todavía permanecían cientos de motoclistas en la ciudad, el CCE hizo les hizo un “llamado firme… a respetar los reglamentos de tránsito y las disposiciones legales vigentes” para protegerse a ellos mismos y a los vecinos de Acapulco.
Abundó que Acapulco necesita legalidad, certidumbre y coordinación institucional. El sector empresarial reitera su apoyo irrestricto a la continuidad de los operativos de seguridad en carreteras y en el puerto, en el marco de la ley, para salvaguardar a turistas y residentes, proteger la actividad productiva y preservar la imagen del principal sitio turístico de Guerreero.
“El sector privado organizado respalda el operativo coordinado desplegado por las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno en la Autopista del Sol y en distintos puntos del puerto, que incluyó supervisión, control, presencia institucional en zonas de alta concentración, revisión en accesos carreteros y acciones para garantizar la movilidad y el libre tránsito en las vialidades estratégicas” se indica en el texto.
Precisó que la actuación de las fuerzas y del orden ante el intento de desmanes y de bloqueo de la Costera de la Condesa, “evitar acrobacias peligrosas, arrancones y conductas de riesgo en vialidades y playas es indispensable para proteger su propia integridad y la de los habitantes de Acapulco. Invitamos a quienes deseen disfrutar del puerto a hacerlo de manera responsable, ordenada y respetuosa de la convivencia social.
El domingo el CCE en un nuevo comunicado dijo que fue un éxito el operativo de s fuerzas del orden pues “se hizo respetar la ley, se impuso el orden y la seguridad”.
“Se demostró que la ocupación hotelera y el consumo turístico en el mes de mayo no ha dependido nunca del evento del Acamoto”, y se registró una ocupación hotelera de 80 por ciento promedio el fin de semana, detalló.
Agregó que Caminos y Puentes Federales dio a conocer que el número de motos que ingresaron a la ciudad disminuyó un 70 por ciento.
Por ello reconocieron al gobierno federal, estatal y municipal por el trabajo porque “impusieron legalmente el orden”.

Dejó el Acamoto resultados positivos en seguridad y derrama económica: cámaras empresariales

Los representantes del sector empresarial de Acapulco, Enrique Vázquez Fernández y Alejandro Martínez Sidney opinaron que este año el Acamoto 2026 dejó resultados positivos en materia de seguridad, control y derrama económica, aunque algunos giros no alcanzaron los niveles de ventas esperados.
Consultados por separado, respecto al operativo de seguridad desplegado por los tres órdenes de gobierno para contener la concentración masiva y los arrancones en la avenida Costera, reconocieron el trabajo conjunto de las autoridades y que debido a eso no hubo muertos que lamentar como el año pasado, que fueron ocho.
Vázquez Fernández, coordinador de Enlace Gubernamental de la Canacintra, afirmó que las autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un trabajo coordinado que permitió mantener el orden durante el evento, hubo control y pocos desmanes, situación que consideró positiva para la imagen turística del puerto.
“Las autoridades se pusieron a trabajar, hicieron su trabajo. La unión de todos los niveles de gobierno, municipal, estatal y federal se distinguió. Prevaleció la seguridad y el orden, y eso se celebra”, expresó.
No obstante, reconoció que algunos empresarios mostraron reservas debido a que la ocupación y el consumo no llegaron a los niveles esperados, particularmente en bares y centros nocturnos, porque aunque hubo movimiento económico en tiendas, restaurantes y comercios de conveniencia, algunos negocios relacionados con la vida nocturna no estuvieron al cien por ciento de su capacidad.
“Los bares estuvieron llenos, pero no al full. El visitante vino a consumir, pasear y hacer gasto en alimentos, tiendas y comercios”, comentó.
Por su parte, el coordinador de la Concanaco Servytur en Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, calificó el Acamoto como un evento exitoso gracias a la aplicación del reglamento y a la coordinación entre autoridades para contener “excesos y disturbios”.
Destacó que no se registraron accidentes graves, riñas ni hechos que lamentar, lo que permitió generar estabilidad económica durante el fin de semana.
“La aplicación del reglamento fue eficiente por parte de los tres órdenes de gobierno. No hubo accidentes que lamentar ni riñas; eso nos deja contentos y con normalidad”, señaló.
Martínez Sidney aseguró que la ocupación hotelera en las zonas Tradicional y Dorada superó el 80 por ciento y benefició principalmente a negocios familiares, taquerías, pozolerías, fondas, restaurantes de comida rápida y establecimientos de mariscos en playa.
Estimó que la derrama económica del evento pudo superar los mil 200 millones de pesos y que con un trabajo coordina “es una señal de lo que queremos con el Acamoto es que haya buenos festivales, pero cuidándolos”.

Desde ayer vigilan rigurosamente el Acamoto 853 agentes en casetas y vías

Algunos motociclistas fueron revisados anoche durante el operativo Acamoto 2026 en el área de la glorieta de La Diana para corroborar que tengan su documentación en regla Foto: Carlos Carbajal

Jacob Morales Antonio

Un despliegue operativo de 853 agentes de diferentes corporaciones de seguridad, 174 radiopatrullas, 58 motocicletas y el apoyo de grúas, filtros de revisión y policías antimotines, esperan a los asistentes a la concentración del Acamoto 2026.
La mañana de este jueves, las autoridades que conforman la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, dieron el arranque de la operación al pie del Asta Bandera de la avenida Costera, para luego hacer un recorrido con más de 40 patrullas que fue del Asta Bandera al Centro de Convenciones, donde el convoy retornó y se dirigió hasta Caleta para regresar al punto de partida.
Durante el trayecto de 10 a 11:30 de la mañana, en las hospederías como Emporio, Playa Suites y Amares algunas motocicletas estaban estacionadas en la calle, otras más a la espera de ser ingresada a las áreas de estacionamiento.
En el hotel Fiesta Americana de la Condesa, los trabajadores colocaron vallas para evitar el paso de los motociclistas hasta el área de recibimiento. En ese lapso eran escasos los motociclistas en las calles.
Luego una parte del convoy se dirigió a la caseta de La Venta de la Autopista del Sol, donde se instaló un filtro de revisión de todos los visitantes que llegaban en sus motocicletas, a quienes se les pedía la licencia de manejo, el tarjetón y comprobar la posesión de la unidad. Luego de mostrarlos a las autoridades, quienes los anotaban en una lista, los dejaban continuar.
El secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Federico Argumedo Rodríguez, en declaraciones en el Asta Bandera informó que en la operación que comenzó este jueves y terminará el domingo, participarán agentes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía del Estado, y la Policía Municipal, además de la colaboración de la Cruz Roja.
En total dijo que la operación integra 853 agentes, 174 radiopatrullas, 58 motocicletas, así como grúas que trabajarán de forma coordinada para salvaguardar la integridad de residentes y visitantes y preservar el orden público, así como fortalecer la seguridad vial peatonal.
Dijo que este despliegue es parte de los acuerdos establecidos en la Mesa de Estrategia de Seguridad de Acapulco, y se hace de forma interinstitucional. La operación estará en accesos a la ciudad, casetas de peaje, avenidas principales, la zona turística y puntos de alta concentración, con filtros de revisión y puestos de atención ciudadana.
Agregó que también se mantiene una coordinación permanente con los sistemas, C4 y C5 de video, vigilancia y monitoreo en tiempo real, fortaleciendo la capacidad de reacción y atención de las autoridades.
“Es importante señalar que este despliegue especial no implica descuidar la seguridad cotidiana de las familias acapulqueñas, paralelamente las instituciones continuarán realizando labores de vigilancia y proximidad social en colonias, comunidades rurales y destinos de zonas del municipio”, subrayó.
El secretario enfatizó que cerrar vialidades, conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas, no usar casco de seguridad y no traer la documentación en regla, son faltas que ameritan una sanción.
Recordó que a pesar de que Acapulco es un puerto hospitalario y abierto al turismo. Esta hospitalidad implica respeto a la ley, al reglamento de tránsito y a la convivencia pacífica. El secretario respondió que estarán pendientes y trabajarán para evitar que los motociclistas cierren la avenida Costera.

La operación y puestos de control en la autopista

En la caseta de La Venta de la Autopista del Sol se encuentra el último puesto de revisión y control de la Guardia Nacional, así como de agentes de Tránsito del Estado, quienes solicitan a los motociclistas la licencia de conducir, la tarjeta de circulación, así como la póliza de seguro.
El comandante del 49 Batallón de la Guardia Nacional, coronel del Estado Mayor, Everardo Osorio Vélez, informó que son 10 filtros de revisión los que hay, desde que los motociclistas salen de la Ciudad de México, y los instalados en los accesos a la ciudad.
En el caso de la Guardia Nacional, indicó que hay 500 agentes destinados exclusivamente a la operación, y advirtió que

quien no respete la ley será detenido. Indicó que además habrá vigilancia con equipo antimotines listo para actuar, en caso de que la Costera u otra vialidad sea cerrada para hacer arrancones o acrobacias.

El Acamoto en familia, los tres con sus motos BMW

Guadalupe Salazar, su esposo y su hijo, en los últimos seis años han acudido a las convocatorias de la concentración de motociclistas en Acapulco. Hizo cuatro horas y media de camino desde la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
Durante su paso por el puesto de revisión de la caseta de La Venta mostró su moto, una GT-BMW 400. Contó que el gusto por las motocicletas fue por influencia de su esposo, pero además por ser más prácticas para andar en la Ciudad de México.
La visitante se pronunció a favor de los filtros de revisión y operaciones durante este encuentro, y reconoció que muchos asistentes no respetan la ley, además de que esta seguridad le da mayor confianza de estar en Acapulco y debe viajar en carretera.
Pero no todos los motociclistas vienen a Acapulco, Rafael Guerrero Jiménez, de 58 años, y un grupo de 15 amigos se dirigieron a Huatulco, Oaxaca. Contó que junto con el moto-club al que actualmente pertenece, ha conocido gran parte de México y de Centroamérica, compartiendo muchas historias.
El hombre también se pronunció a favor de las revisiones y las operaciones ante la gran cantidad de motociclistas que llegarán a Acapulco. Dijo que así se siente más seguro de viajar con sus amigos.
Alrededor de la 1 de la tarde, a uno de los motociclistas que llegó y que fue revisado, se le advirtió que podría ser infraccionado en alguno de los retenes de la ciudad, luego de mostrar una licencia, así como un permiso apócrifo, presuntamente expedido por la alcaldía de Tlapa, sin embargo, en la plataforma del estado las series correspondientes no aparecen. Al joven se le dejó ir debido a que la moto no tenía reporte de robo, además de que en ese momento los agentes aún no tenían la orden de aplicar multas.
Durante un recorrido de 7:30 a 9 de la noche, desde el bulevar de Las Naciones, pasando por la avenida Escénica y la avenida Costera, hasta el Zócalo, había al menos unos 15 motociclistas en diferentes tramos, 10 estaban estacionados a un costado de Sanborns Café de la avenida Costera, el resto iba en la vía turística.
En la zona de La Condesa frente a las Torres Gemelas, en ambos sentidos se colocaron retenes de revisión por parte de agentes de Tránsito, así como de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Otras patrullas se colocaron en las inmediaciones de la glorieta de La Diana.
Este jueves en comparación con el mismo día del año pasado, la avenida Costera era un ir y venir de motocicletas, cuyos conductores las hacían rugir, además de ir a exceso de velocidad.

 

Responsabiliza la alcaldesa de Juchitán al síndico de su seguridad y lo culpa del ataque al asesor

El ex líder del PRI en Azoyú, Humberto Quezada Justo, asesinado ayer jueves en ese municipio de la Costa Chica Foto: Internet

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La alcaldesa de Juchitán, Ana Lenis Reséndiz Javier, informó que la salud del asesor jurídico del Ayuntamiento, Giovany Ruiz Nieves, sigue delicada, tras el ataque a balazos de hace 11 días, el cual atribuyó al síndico Wilber Ramírez Rodríguez; a éste lo responsabilizó también de lo que pudiera ocurrirle a ella y a su familia.
En consulta telefónica, denunció que tras la agresión al asesor comenzaron a aparecer mensajes en Facebook con amenazas para el presidente del DIF, su esposo Cuauhtémoc Vivar Juárez, y contra su hijo, con alusiones al ataque al funcionario, quien no tenía problemas con nadie.
Señaló que desde hace un año que comenzó su gobierno el conflicto ha sido constante con el síndico de Juchitán, quien bloqueó en dos ocasiones la firma FIEL de las cuentas bancarias, afectando la operación del Ayuntamiento porque no podía timbrar pagos para formalizar las facturas ante el SAT.
Indicó que en el primer bloqueo, el síndico le pidió tres días después informes y transparencia y trató de arreglar las cosas. En la segunda ocasión la presidenta resolvió el pago con otros movimientos financieros.
Reconoció que no le pagó al síndico porque era el responsable de la obstrucción del acceso al financiamiento público y no iba al Ayuntamiento.
Pero el síndico la demandó y por resolución del Tribunal Elec-toral del Estado (TEE), en adelante los pagos los realiza en Chilpan-cingo, a través del órgano juris-diccional. Incluso, dijo que justo este miércoles entregó en la capital los adeudos de fin de año.
Añadió que el síndico también la acusó públicamente por una presunta falsificación de firmas. Reséndiz Javier aclaró que de forma recurrente, tras las sesiones de cabildo, el síndico y algunos regidores se negaron a firmar las actas.
Aseguró que estas actas siguen sin ser firmadas, y lo demostró en una conferencia de prensa a principios de año.
Para este 2026 convocó a una sesión donde informó la necesidad de renovar tres de las cinco cuentas bancarias del Ayuntamiento, que deben ser nuevas para recibir en ceros los fondos federales del Ramo 33 y de Fortamun.
Dadas las dificultades para llegar a acuerdos, pidió a la secretaria general y al tesorero que explicaran esta situación, pero cuando concluyó la sesión el síndico y algunos regidores condicionaron la firma del acta a la entrega de más recursos por aguinaldo y de prima vacacional, entre otros beneficios para los integrantes del Cabildo.
Aclaró que se negó porque no había más dinero, ya que todos los recursos se ejercieron en el anterior año fiscal.
En este contexto ocurrió el ataque al asesor jurídico, a partir de la denuncia de un vecino de la comunidad de Carrizalillo ante el síndico sobre la construcción de una barda por otro particular que lo afectaba durante la lluvia.
El vecino llegó después con la alcaldesa y con el asesor jurídico a decir que ya le había dado mil pesos y luego 200 al síndico, pero que no le estaba ayudando.
El asesor jurídico retomó el asunto, elaboró el acta y le dio trámite en Marquelia. Sin embargo, el vecino de Carrizalillo se inconformó con el proceso que realizó el asesor, al parecer por intimidación del síndico.
El caso llegó ante un juez, donde el asesor jurídico confrontó al vecino de Carrizalillo para ratificar que la gestión correspondía a la queja que presentó ante la alcaldesa. “A partir de ahí el síndico se fue contra el jurídico”.
Detalló que con mayoría, el síndico convocó a una sesión de Cabildo donde se aprobó la comparecencia del asesor jurídico y del presidente del DIF para destituirlos, y desde entonces lo han estado hostigando.
Reséndiz Javier indicó que el ataque al asesor jurídico ocurrió el día en que el síndico dio una conferencia en la región, el lunes 16 de enero. Ella estaba llegando a Chilpancingo cuando supo que atacaron a su colaborador desde motocicletas.
“A partir de ahí lo han publicado, me lo han mandado, ‘que este es un aviso para la presidenta’, ‘después del jurídico va el presidente del DIF’, ‘después a quien tienen en Chilpancingo estudiando’”.
Reconoció que tiene miedo pero va a seguir trabajando.
Advirtió que días antes del atentado a su colaborador, en conferencia de prensa en Juchitán, Resendiz, señaló que si le llegaba a pasar algo “yo no tengo problemas con nadie, la única persona es con el síndico”.
Prevé pedir medidas cautelares porque la salud del asesor es delicada. Recibió dos balazos en la cara y otros en el cuerpo. Añadió que con todo esto nadie quiere laborar en el Ayuntamiento.
Insistió en que diariamente hay actos que constituyen violencia política en razón de género en su contra, que ya denunció en el TEE y los desestimaron. Consideró que el síndico recibió ayuda.
Explicó que desde que se formó su gobierno se integró un grupo de ocho hombres para hostigar a la primera administra-ción encabezada por una mujer, no obstante que el gobierno anterior, en dos trienios, no realizó obras de agua, que ella está impulsando desde el primer año.

 

No dejen sin seguridad a la capital, pide el alcalde a los gobiernos federal y estatal

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El alcalde Gustavo Alarcón He-rrera expresó su preocupación por el retiro del refuerzo de seguridad pública que blindó la capital del estado para el Paseo del Pendón y la edición de 200 años de la Feria de Navidad y Año Nuevo.
Con un mensaje en redes sociales, llamó a los gobiernos estatal y federal a no dejar sola a la ciudad: “La paz de Guerrero pasa por Chilpancingo, capital y corazón del estado. Yo estoy cumpliendo. Les pido unidad y respaldo para defender lo logrado: no pedimos privilegios, pedimos corresponsabilidad”.
En respuesta, el subsecretario de Gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, declaró en otra publicación en internet que los alcaldes deben buscar apoyo en las mesas de Coordinación Regional para la Construcción de la Paz, todos los días.
Este martes en la mañana, el alcalde difundió un mensaje en Facebook en el que dijo “Me preocupa lo que pueda pasar en Chilpancingo si se retiran los refuerzos federales y estatales”.
Agregó: “siempre he sido claro y responsable al decir las cosas, y hoy no será diferente”, debido a sus insistentes peticiones de apoyo en boletines de prensa para la pacificación de la capital, después de ataques a transportistas, enfrentamientos de grupos armados en comunidades, y la cercanía de las actividades de la feria bicentenaria, para las cuales también hubo amenazas.
Desde el 7 de septiembre hasta finales de noviembre, Alarcón Herrera pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch ayuda para frenar la violencia en esta ciudad.
El 9 de enero, cuando estuvo en Acapulco en la gira con la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch afirmó que no sólo se escuchó la petición del alcalde, sino que se enviaron 521 agentes adicionales en la temporada decembrina, un despliegue del Ejército, Marina, Guardia Nacional y efectivos de la secretaría de Seguridad Publica y Proteccion Ciudadana federal.
Desde el 7 de enero comenzaron a retirarse gradualmente. Muchos militares y policías de distintas corporaciones federales que estaban hospedados en hoteles de la ciudad ya se retiraron. También la vigilancia en los sitios de transporte foráneo que hubo durante las vacaciones de fin de año.
En su mensaje, Alarcón Herrera reconoció un saldo blanco en la fiesta decembrina por la coordinación entre federación, estado y municipio, “y nuestras familias empezaran a recuperar las calles”.
Sin embargo, añadió que “retirar ahora esos refuerzos sería un riesgo y un retroceso. La paz de Guerrero pasa por Chilpan-cingo, capital y corazón del estado. Yo estoy cumpliendo. Les pido unidad y respaldo para defender lo logrado: no pedimos privilegios, pedimos corresponsa-bilidad para protegerlos y cuidarlos. Lo que ganamos juntos no se puede perder.

Defensa, Marina y GN?están de manera permanente

Sin hablar abiertamente de Chilpancingo, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez, afirmó que la Guardia Nacional, militares ni la policía estatal se retiran de ningún municipio en donde están brindado apoyo.
Afirmó que “siempre que un municipio a través de las ferias regionales o eventos masivos consideran que se debe hacer una acción más precisa, siempre vamos a estar ahí, como lo dice la gobernadora”.
No obstante, señaló que los alcaldes deben acudir todos los días a las Mesas de Coordinación de Constitución de la Paz, donde se realizan evaluaciones de las acciones de seguridad, y reconocer el resultado de los últimos seis meses, “sobre todo en diciembre que nos coloca en el mes menos violento en 15 años. Eso es un reflejo del trabajo coordinado”.
Señaló que la gobernadora también pidió redoblar los esfuerzos, porque la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional ya están presentes de manera permanente en acompañamiento de las acciones de los gobiernos estatal y municipales.
Enfatizó que la seguridad es una política prioritaria de atención del gobierno del estado, y llamó a los alcaldes a que asistan a la mesas regionales para realizar acciones de coordinación.
“Ahí acudimos todos para coordinar lo que consideraremos. Sobra decirlo, habremos de estar en todos los municipios donde se quiere la participación de manera extraordinaria y ordinaria. Este esfuerzo compartido de los tres niveles de gobierno va a dar buenos resultados
De acuerdo con fuentes del ayuntamiento, el alcalde acudió al menos a doce mesas regionales en la 35 Zona militar en los últimos meses, a invitación de los mandos militares. La última vez, este mismo año.
También asistió a unas cuatro mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por invitación. Incluso, la fuente recordó que a principios de diciembre el Consejo Consultivo de la Feria de Chilpancingo convocó a su sesión a quienes integran la Mesa de Coordinación, para insistir en el reforzamiento concreto de la seguridad y poder realizar sus actividades pese as amenaza.
Ayer mismo el alcalde asistió a una entrega de apoyos de vivienda para Chilpancingo, que encabezó la gobernadora en Casa Guerrero.
Por la tarde se informó que el alcalde fue a la Ciudad de México a una actividad de la Lotería Nacional donde se iba a presentar un boleto conmemorativo de la feria bicentenaria de Chilpan-cingo.

Demandan niños y jóvenes seguridad, protección del medio ambiente y prevención de adicciones

La encargada de despacho de la Secretaria General Gobierno del Estado, Anacleta López Vega durante su participación en la socialización de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, llevado cabo en la Junta Local del INE Chilpancingo. La flanquean el vocal ejecutivo, Donaciano Muñoz Loyola, y el secretario general de la Junta Local, David Méndez Santiago Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Integrantes del Grupo Coordinador Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) 2024, del Instituto Nacional Electoral (INE), ofrecieron talleres y conversatorios para el seguimiento y atención de las preocupaciones expresadas en este ejercicio por niños y jóvenes de 3 a 17 años, sobre seguridad, servicios, adicciones y protección del medio ambiente.
En el acto de instalación de la Mesa de liberación estatal sobre los resultados de la consulta, destacaron entre otros planteamientos que 58.4 por ciento de adolescentes de 14 a 17 años de edad, proponen tener un equipo de seguridad pública eficiente para el entorno comunitario, y del 58.3 por ciento de los niños de 6 a 9 años, de alumbrado público funcional para comunidades seguras.
En cuanto a las adicciones, 66.5 por ciento de 6 a 9 años propone fomentar cariño, respeto y atención en hogares y escuelas para evitar el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias adictivas, y 66 por ciento de 10 a 13 años sugieren que se les escuche y apoye cuando tienen problemas para evitar el consumo de dichas sustancias.
En su intervención, la encargada de despacho de la secretaria General de Gobierno, Anacleta López Vega, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, señaló que las respuestas “son señales claras de lo que la niñez necesita para crecer en paz, y las autoridades deben actuar en consecuencia”.
Añadió que la SGG asume el compromiso de trabajar con todas las áreas involucradas “para que lo que aquí escuchamos se convierta en acciones”.
El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, declaró que los resultados de la consulta reflejan las prioridades y preocupaciones de las niñas, niños y adolescentes en Guerrero, con una visión precisa de propuestas para mejorar su entorno y su calidad de vida.
“Reconocer estas opiniones y convertir sus inquietudes en acciones es fundamental para construir políticas públicas más sensibles, inclusivas y efectivas. Este ejercicio demuestra que cuando se les escucha, las infancias y juventudes se convierten en agentes clave para transformar la comunidad en la que se desarrollan”.
De los resultados más visibles, destacó que 58.4 por ciento de las participaciones de 14 17 años de edad recomienda tener un equipo de seguridad pública eficiente para el entorno comunitario; 70.9 por ciento de niñas y niños de 10 a 13 señala que es importante contar con salones, baños y patios en buenas condiciones.
Asimismo, 66.3 por ciento de las niñas y niños de 3 a 5 años asocia la seguridad en la escuela con un trato respetuoso; 58.3 por ciento de 6 a 9 años sugiere alumbrado público funcional para comunidades seguras,
Sobre medio ambiente, 70.7 por ciento de los grupos de 3 a 5 años, considera prioridad el cuidado del agua. Para 65.7 por ciento de 6 a 9, lo más importante es el cuidado de los animales silvestres, y el 68.9 por ciento de 10 a 13 años sugieren devolverlos a su hábitat natural.
El funcionario electoral explicó que el objetivo central de esta Mesa estatal es impulsar el involucramiento activo de instituciones públicas y académicas, y organizaciones de la sociedad civil políticas, programas y acciones que respondan a las propuestas, demandas y necesidades manifestadas en la CIJ 2024 por la niñez y juventud.
Asimismo, articular una agenda interinstitucional de acción con compromisos claros y definidos para atender sus demandas.
Después del acto político se instalaron cuatro mesas con personal operativo de algunas de las 23 instituciones participantes en el Grupo Coordinador, donde los asistentes respondieron a tres preguntas clave: ¿Qué problema específico identifica Guerrero a partir de la consulta? ¿Cómo perciben este problema las personas menores de edad y en qué difiere su visión de la adulta? ¿Qué acciones concretas pueden implementar las instituciones, considerando sus recursos y las opiniones de las infancias y juventudes?

Compromisos

En la lectura de los resultados de las deliberaciones, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se comprometió a desarrollar e impartir talleres sobre los valores del diálogo el respeto, la solidaridad, la libertad, así como del cuidado del medio ambiente, y de valores comunitarios y de participación ciudadana y fomento de espacios seguros para la niñez y la juventud.
El Tribunal Superior de Justicia del estado planteó difusión de campaña para generar una cultura de paz en la convivencia entre adolescentes en el entorno escolar, un curso taller para secundarias sobre resolución pacífica de conflictos, campaña de beneficios de la mediación en el entorno escolar para erradicar violencia y discrimininación, y para los maestros, directivos y padres de familia un curso taller para adquirir herramientas de escucha y comunicación con adolescentes, y diseño de una guía institucional para jueces de primera instancia en materia familiar tengan herramientas para escuchar con sensibilidad a niños, niña y adolescentes.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ofreció pláticas a beneficiarios de casa de estudiantes y comunitarias sobre el cuidado del medio ambiente y de animales silvestres.
La Secretaría de Medio Ambiente dijo que va a promover la cosecha de agua pluvial, los humedales artificiales para depuración de aguas no tratadas, y capacitar sobre la Ley de Aprovechamiento de recursos naturales, entre otras acciones afines a su función.
La oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Guerrero se comprometió a prevenir en los educativos las adicciones.
La secretaría de la Niñez y la Juventud dijo que va a destinar parte de su presupuesto en capacitación de padres, para prevenir adicciones y de evitar la deserción
La Universidad Autónoma de Guerrero ofreció que a través de la facultad de gobierno y gestión pública van a implementar acciones contra las drogas y el cuidado del medio ambiente.
Finalmente la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología del Congreso del estado ofreció fortalecer la ley para garantizar la seguridad de espacios comunitarios.
El INE Guerrero informó que una vez formalizadas las agendas de atención y se extenderá hasta el inicio de los preparativos para la próxima edición de la CIJ, mediante un mecanismo periódico para verificar el cumplimiento de los compromisos durante 2026.

 

El Otis, fenómeno que en breve tiempo rebasó pronósticos y dejó daños sin precedentes

Juan Luis Altamirano

Ciudad de México

El 25 de octubre de 2023 cambió por completo la vida de los acapulqueños. Fue el día que el poderoso huracán Otis, de categoría 5 y nunca antes visto, impactó en Acapulco y dejó por lo menos 52 personas fallecidas.
El huracán Otis rápidamente aumentó su intensidad con miras de convertirse en un poderoso fenómeno que impactaría Acapulco. Por la tarde del 24 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estimaba que sería un huracán de categoría 4, pero por la noche, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se trataría de un huracán categoría 5.
Pero el pronóstico de las autoridades mexicanas fue demasiado optimista en comparación con el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés), que auguraba un “escenario de pesadilla” en Acapulco y que no se tenía constancia de un huracán de dicha intensidad en México.
Por la madrugada llegó lo inevitable con el impacto de Otis, en Acapulco había quedado devastada por completo la infraestructura, además que no se tenía acceso a las comunicaciones, confirmado por el mismo López Obrador ya que no se podían cuantificar los daños.
“Estamos buscando restablecer las comunicaciones, hasta ahora no tenemos datos sobre pérdidas de vidas humanas pero no hay comunicación, no sabemos. Si daños materiales, ruptura de caminos, la propia autopista, llegando a Acapulco tiene derrumbes, ya están los de Comunicación trabajando”, señaló López Obrador horas después del impacto.
Sin agua, electricidad ni red telefónica, se dio un éxodo de acapulqueños a otros lados para avecindarse de manera momentánea, provocado también por los saqueos que se dieron en supermercados y tiendas en el municipio.
La información tardó y fue hasta el 29 de octubre cuando la Coordinación Nacional de Protección Civil dio un conteo de 48 personas fallecidas por Otis, que un día después fue reculado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al decir que eran 45 muertos.
En el boletín publicado a un año del impacto de Otis, el Instituto Mexicano del Transporte asegura que el huracán provocó 52 personas fallecidas, además de un daño económico calculable entre 12 y 16 mil millones de dólares.
En ese periodo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informaba que se encontraba a 90% la reparación del servicio de energía eléctrica en Acapulco, pero que más de 10 mil postes de luz habían tenido afectaciones.
Para atender la emergencia, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 11 mil 500 elementos de la Guardia Nacional, para realizar patrullaje nocturno, intervenir 78 gasolineras y vigilar cinco bodegas y 10 centros comerciales, luego de los saqueos.
De igual forma, la Secretaría de Marina desplegó seis mil 500 elementos, los cuales mil 500 se enfocaron en seguridad. El 30 de octubre, el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán reportaba que 29 embarcaciones habían presentado daños tras Otis, aunque dos días después actualizó la cifra a un aproximado de entre 40 y 45.
El fin de semana posterior a Otis, usuarios de redes sociales habían denunciado que integrantes del Ejército no les habían permitido ingresar a Acapulco con apoyos y se los quitaban, a lo que López Obrador dijo que esas declaraciones eran de gente perversa.
En materia de salud, la Secretaría de Salud reportó 30 mil insumos para atender enfermedades, además de que 14 menores de edad estaban hospitalizados, con 293 traslados y 873 profesionales en labores.
Un informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 15 de noviembre de 2023, señala que fueron 928 mil 252 las personas afectadas por Otis, las cuales 848 mil 647 estaban en Acapulco y 79 mil 605 en Coyuca de Benítez.
De igual forma, se estimaron daños en 63 mil unidades económicas de Acapulco, concretamente de servicios turísticos, que provocaron la pérdida de 180 mil empleos y afectaciones en más de 250 mil viviendas.

La promesa navideña y el plan

El último día de octubre, López Obrador se aventuro a decir que Acapulco se pondría de pie en tiempo récord y que para las fiestas decembrinas, los acapulqueños estarían muy felices, ya que no habría “amarga Navidad”.
López Obrador aseguró que no se llevaría mucho tiempo en la reconstrucción de Acapulco luego del fuerte impacto que provocó Otis, para que el primero de noviembre se presentara el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno federal.
El plan tenía un presupuesto a ejercerse de 61 mil 313 millones de pesos , aunque luego dijo que se podría ampliar hasta 100 mil millones, y contempló ampliar programas como Jóvenes Construyendo el Futuro para tareas de limpieza, no cobrar pagos como Infonavit, Fovissste, seguro social durante seis meses y el cobro de electricidad se condonaría por dos bimestres.
En su plan, López Obrador señaló que habría un censo para todos los hogares que resultaron afectados en Acapulco, a los que durante 12 semanas se les entregaría una canasta básica, además de un paquete de enseres domésticos y un monto de 35 mil a 60 mil pesos según el daño. El estimado era de 250 mil viviendas.
El proyecto contempló que en cada colonia con más de mil casas se instalaría un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos, por lo que se instalarían alrededor de 20 cuarteles de la corporación en Acapulco.

El fideicomiso

Cuando aún se mantenía la emergencia en Acapulco, el ex presidente López Obrador abrió un nuevo capítulo en su disputa con el presupuesto ejercido por parte del Poder Judicial, a lo que propuso que 15 mil millones de pesos de fideicomisos extintos del organismo fueran destinados a las personas afectadas por el huracán.
Aunque hizo pública la solicitud de que el Poder Judicial entregara los recursos, López Obrador afirmó que no habría problema en cubrir las necesidades, pues existía suficiente presupuesto para atender a las personas.
Fue la entonces ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, la que aceptó la propuesta de López Obrador y dijo que se mantenía a la espera de confirmación para iniciar las conversaciones para lograr la transferencia.
Tras llegar a un insólito acuerdo con la ministra presidenta, con quien tuvo diferencias públicas con anterioridad, López Obrador celebró la decisión de la Corte, pero señaló que si no se daba la aportación del Poder Judicial, el gobierno contaba con los recursos suficientes.
Luego de que parecía que llegaron a un acuerdo, el 10 de noviembre se informó que el arreglo no llegó y la Corte no entregaría los 15 mil millones, a lo que López Obrador pidió una explicación y mantuvo que existía suficiente presupuesto.

Los hoteles

La información que presentó el gobierno federal sobre la afectación hotelera era que 337 hoteles habían tenido daños, por lo que ninguno de los espacios había quedado libre de afectaciones.
Tras el impacto, se indicó que Nacional Financiera tenía disponibles dos mil millones de pesos para la rehabilitación de los hoteles o que contrataran créditos y Hacienda absorbería el pago de la mitad de los intereses.
El mismo López Obrador dijo que tuvo conversaciones con dueños de cadenas hoteleras como Carlos Slim del entonces Hotel Calinda, Antonio Cosío de Las Brisas, Juan Antonio Hernández de Mundo Imperial y de Daniel Chávez de Grupo Vidanta, que le señalaron que estarían listos para diciembre.
La insistencia del presidente fue que los hoteles, o al menos las cadenas, estuvieran preparados para brindar alojamiento en abril, con miras al Tianguis Turístico de 2024, para lo que pidió el apoyo de los empresarios hoteleros.

El balance

El 18 de marzo de 2024, López Obrador ofreció una conferencia donde se dio el balance de los apoyos del gobierno federal tras las afectaciones de Otis. En la misma, el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval indicó que ya había concluido la entrega de 250 mil paquetes de enseres.
El almirante secretario de Marina señaló que tenían 31 personas desaparecidas en alta mar, con 15 embarcaciones con personas desaparecidas de las cuales 11 fueron localizadas y cuatro estaban pendientes. De igual forma, la gobernadora Salgado señalaba que 180 hoteles ya habían reapertura luego del impacto de Otis.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel indicó que se entregaron 301 mil 076 apoyos para la reconstrucción de viviendas afectadas, además de recursos para 30 mil 196 locales comerciales, una inversión de 15 mil 275 millones de pesos.

 

Inicia en Ayutla operativo de seguridad con más de 600 elementos estatales y federales

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en un filtro de revisión a la salida de Ayutla Foto: José Luis de la Cruz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.

Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros

En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.

Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas

Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.

 

Inicia operativo en Ayutla con más de 600 elementos

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal forman parte de la Operación Costa Chica Segura que arrancó ayer, 12 días después de la emboscada ocu-rrida el sábado 16 de agosto en la que fueron asesinados 12 policías ciudadanos de la UPOEG Foto: El Sur

Inicia en Ayutla operativo de seguridad con más de 600 elementos estatales y federales

Fue un acuerdo de la reunión del subsecretario de Gobierno Francisco Rodríguez con concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios donde opera la UPOEG, tras el asesinato de 12 policías ciudadanos en una emboscada, se informa en un comunicado estatal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.

Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros

En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.

Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas

Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.

 

Destaca Evelyn la labor con las fuerzas armadas por la seguridad, en relevo en la 27 Zona Militar

El nuevo Comandante de la 27 Zona Militar de Pie de la Cuesta, el general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Antonio Melchor Ruiz, al rendir protesta Foto: Carlos Carbajal

Argenis Salmerón

Este lunes rindió protesta el nuevo comandante de la 27 Zona Militar, Antonio Melchor Ruiz, quien Entró en relevo del general Andrés Ojeda Ramírez. Ubicada en Pie de la Cuesta, la 27 zona militar tiene jurisdicción en Acapulco y Costa Grande.
En el acto, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, asistente a la ceremonia, destacó que “la seguridad Publica es una responsabilidad compartida y continúa siendo una prioridad oficial”.
En la actividad se realizó honor a la bandera, se presentaron los oficiales a su cargo y cerraron con el Himno nacional.
Además se leyó el currículum académico y profesional del nuevo comandante de la 27 Zona Militar, general de Brigada, quien es originario de Tehuacán, Puebla.
Melchor Ruiz ha sido comandante del 93 Batallón de Infantería con sede en Tlapa y del 50 Batallón de Infantería en Chilpancingo.
Asimismo se ha desempeñado como comandante del 14 Batallón de Infantería en Guadalajara, del 80 Batallón de Infantería en Panotla, Tlaxcala, y de la 7 Zona Militar en Apodaca, Nuevo León.
Fue agregado militar y aéreo de México en Nicaragua, así como director general de Informática de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Le tomó protesta y dio posesión del cargo el comandante de la Novena Región Militar, el general Ernesto José Zapata Pérez.
De acuerdo a la información recabada, los mandos militares se cambian de manera rotativa, aproximadamente cada dos años.
En el acto estuvieron la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la alcaldesa Abelina López Rodríguez.
Salgado Pineda expresó: “La seguridad y la paz no son tareas aisladas, son responsabilidades compartidas. Por ello reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con las Fuerzas Armadas, con las autoridades federales, municipales y con la sociedad en su conjunto”.
En un boletín de prensa, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el Ejército coadyuva con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en las tareas de la Estrategia de Seguridad Publica, especialmente en la prevención de delitos, el mantenimiento del orden y la protección de la población.
Añadió que esto implica la participación de las Fuerzas Armadas en labores como vigilancia, patrullaje y colaboración con otras corporaciones policiales.
Afirmó que con la llegada del nuevo comandante se busca reforzar esas acciones, garantizar la estabilidad y consolidar los logros alcanzados en los últimos meses, “la seguridad Publica es una responsabilidad compartida y continúa siendo una prioridad oficial, con estrategias que incluyen operativos especiales y colaboración interinstitucional para prevenir y atender incidentes delictivos.
“Es así como el Ejercito, Fuerza Aérea y Guardia Naclonal nos unimos en una misma institución para sumar esfuerzos y voluntades en beneficio de los ciudadanos”, sostuvo.

 

Para las agencias de viaje, la temporada turística de verano no fue lo esperado

Yee Trujillo

Miembros de agencias de viaje de Acapulco informaron que la principal solicitud que reciben de los turistas es solamente para hospedaje, sobre todo en la zona Dorada; algunos piden actividades adicionales o preguntan por lugares, pero no contratan recorridos o tours, y coincidieron en que la temporada vacacional no fue lo que se esperaba.
Consultado vía telefónica, el gerente de ventas de Aca Fun Viajes, Fernando Cruz López, contó que el principal producto que compran los visitantes son los hoteles, la mayoría con plan europeo porque se sienten libres para salir a comer a restaurantes o irse a Barra Vieja, playa Bonfil o Pie de la Cuesta, aunque algunos vienen a estar en el hotel, la alberca y la playa, sin salir, y piden todo incluido.
Explicó que la mayoría son personas que llegan en su automóvil y se desplazan en él, que algunos turistas piden ser llevados a la liberación de tortugas en Barra Vieja o Pie de la Cuesta, a una visita a Puerto Marqués que incluye una comida, al yate Bonanza, o se les otorgan descuentos para las embarcaciones de fondo de cristal y la isla de La Roqueta.
Contó que en la agencia –con oficinas en la plaza Condesa y el pasaje del hotel Emporio– actualmente las personas preguntan mucho por las condiciones de las playas en Revolcadero, Barra Vieja y Bonfil ante las noticias del mar de fondo y la pérdida de la franja de arena; si es seguro ir a ver la puesta del sol a Pie de la Cuesta o recomendaciones para los niños.
Dijo que la zona de hoteles con mayor demanda es la Dorada porque pueden salir a caminar. Antes se decía que los visitantes les tenían miedo a los hoteles de Mundo Imperial, pero actualmente hay quienes buscan quedarse en la zona Diamante y casi no vienen a la Costera.
A pregunta de si los visitantes piden ir a otros sitios turísticos del estado, dijo que “de repente” se les pide hospedaje en Taxco, pero no es mucha la demanda, o en algunas ocasiones a Ixtapa. Destacó que, además de vender Acapulco, también se les solicitan paquetes a Cancún y Playa del Carmen, vuelos nacionales o internacionales.
Por separado, también vía telefónica, el trabajador de la agencia de viajes Zona Dorada Acapulco, Julio César Martínez, informó que lo que más les piden son paquetes de hospedaje en plan todo incluido o solamente el hotel, y después se les ofrecen servicios adicionales a yates como el Bonanza, de fondo de cristal o privados.
Normalmente hacen recomendaciones para visitar sitios turísticos, pero los vacacionistas no piden transporte porque muchos son clientes de años o generaciones anteriores, que ya conocen la ciudad, vienen con sus familias, y la principal demanda es en los hoteles de la zona Dorada, aunque algunos buscan exclusividad en hoteles como Palacio y Princess Mundo Imperial o Las Brisas.
Explicó que en la agencia –ubicada a un costado del Centro de Negocios Costera 125– han recibido reservaciones a Ixtapa, pero en hoteles con paquete todo incluido porque los turistas no salen de éstos.

Un error recorrer las vacaciones; no hubo la afluencia esperada

El gerente de ventas de Aca Fun Viajes expuso que normalmente las temporadas de verano son engañosas o inciertas, pero este año fue un más complicada que los anteriores, “nos quedó a deber un poco el verano” por la expectativa de ocupación, afluencia y derrama que se tenía.
Consideró un error recorrer las fechas de la temporada –ante el regreso a clases hasta septiembre– con tarifas de temporadas medias porque finalmente no hay la afluencia prevista. Espera que la situación mejore en los 20 días que quedan porque “sí se cayó mucho el verano” y ya casi termina.
El trabajador de Zona Dorada Acapulco también opinó que la temporada estuvo muy baja a comparación del año pasado y no son los únicos en notarlo porque se apoyan con varias agencias locales que también han tenido una rentabilidad muy baja en hoteles.
Expresó que afortunadamente no faltan los clientes cautivos que vienen con sus hijos o la familia completa, pero que en cuestión de clientes nuevos ha sido muy bajo. La mayoría viene con reservaciones a departamentos o en Airbnb, y que en los hoteles que monitorean “muy pocos han cerrado al cien por ciento”.