Responsabiliza la alcaldesa de Juchitán al síndico de su seguridad y lo culpa del ataque al asesor

El ex líder del PRI en Azoyú, Humberto Quezada Justo, asesinado ayer jueves en ese municipio de la Costa Chica Foto: Internet

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La alcaldesa de Juchitán, Ana Lenis Reséndiz Javier, informó que la salud del asesor jurídico del Ayuntamiento, Giovany Ruiz Nieves, sigue delicada, tras el ataque a balazos de hace 11 días, el cual atribuyó al síndico Wilber Ramírez Rodríguez; a éste lo responsabilizó también de lo que pudiera ocurrirle a ella y a su familia.
En consulta telefónica, denunció que tras la agresión al asesor comenzaron a aparecer mensajes en Facebook con amenazas para el presidente del DIF, su esposo Cuauhtémoc Vivar Juárez, y contra su hijo, con alusiones al ataque al funcionario, quien no tenía problemas con nadie.
Señaló que desde hace un año que comenzó su gobierno el conflicto ha sido constante con el síndico de Juchitán, quien bloqueó en dos ocasiones la firma FIEL de las cuentas bancarias, afectando la operación del Ayuntamiento porque no podía timbrar pagos para formalizar las facturas ante el SAT.
Indicó que en el primer bloqueo, el síndico le pidió tres días después informes y transparencia y trató de arreglar las cosas. En la segunda ocasión la presidenta resolvió el pago con otros movimientos financieros.
Reconoció que no le pagó al síndico porque era el responsable de la obstrucción del acceso al financiamiento público y no iba al Ayuntamiento.
Pero el síndico la demandó y por resolución del Tribunal Elec-toral del Estado (TEE), en adelante los pagos los realiza en Chilpan-cingo, a través del órgano juris-diccional. Incluso, dijo que justo este miércoles entregó en la capital los adeudos de fin de año.
Añadió que el síndico también la acusó públicamente por una presunta falsificación de firmas. Reséndiz Javier aclaró que de forma recurrente, tras las sesiones de cabildo, el síndico y algunos regidores se negaron a firmar las actas.
Aseguró que estas actas siguen sin ser firmadas, y lo demostró en una conferencia de prensa a principios de año.
Para este 2026 convocó a una sesión donde informó la necesidad de renovar tres de las cinco cuentas bancarias del Ayuntamiento, que deben ser nuevas para recibir en ceros los fondos federales del Ramo 33 y de Fortamun.
Dadas las dificultades para llegar a acuerdos, pidió a la secretaria general y al tesorero que explicaran esta situación, pero cuando concluyó la sesión el síndico y algunos regidores condicionaron la firma del acta a la entrega de más recursos por aguinaldo y de prima vacacional, entre otros beneficios para los integrantes del Cabildo.
Aclaró que se negó porque no había más dinero, ya que todos los recursos se ejercieron en el anterior año fiscal.
En este contexto ocurrió el ataque al asesor jurídico, a partir de la denuncia de un vecino de la comunidad de Carrizalillo ante el síndico sobre la construcción de una barda por otro particular que lo afectaba durante la lluvia.
El vecino llegó después con la alcaldesa y con el asesor jurídico a decir que ya le había dado mil pesos y luego 200 al síndico, pero que no le estaba ayudando.
El asesor jurídico retomó el asunto, elaboró el acta y le dio trámite en Marquelia. Sin embargo, el vecino de Carrizalillo se inconformó con el proceso que realizó el asesor, al parecer por intimidación del síndico.
El caso llegó ante un juez, donde el asesor jurídico confrontó al vecino de Carrizalillo para ratificar que la gestión correspondía a la queja que presentó ante la alcaldesa. “A partir de ahí el síndico se fue contra el jurídico”.
Detalló que con mayoría, el síndico convocó a una sesión de Cabildo donde se aprobó la comparecencia del asesor jurídico y del presidente del DIF para destituirlos, y desde entonces lo han estado hostigando.
Reséndiz Javier indicó que el ataque al asesor jurídico ocurrió el día en que el síndico dio una conferencia en la región, el lunes 16 de enero. Ella estaba llegando a Chilpancingo cuando supo que atacaron a su colaborador desde motocicletas.
“A partir de ahí lo han publicado, me lo han mandado, ‘que este es un aviso para la presidenta’, ‘después del jurídico va el presidente del DIF’, ‘después a quien tienen en Chilpancingo estudiando’”.
Reconoció que tiene miedo pero va a seguir trabajando.
Advirtió que días antes del atentado a su colaborador, en conferencia de prensa en Juchitán, Resendiz, señaló que si le llegaba a pasar algo “yo no tengo problemas con nadie, la única persona es con el síndico”.
Prevé pedir medidas cautelares porque la salud del asesor es delicada. Recibió dos balazos en la cara y otros en el cuerpo. Añadió que con todo esto nadie quiere laborar en el Ayuntamiento.
Insistió en que diariamente hay actos que constituyen violencia política en razón de género en su contra, que ya denunció en el TEE y los desestimaron. Consideró que el síndico recibió ayuda.
Explicó que desde que se formó su gobierno se integró un grupo de ocho hombres para hostigar a la primera administra-ción encabezada por una mujer, no obstante que el gobierno anterior, en dos trienios, no realizó obras de agua, que ella está impulsando desde el primer año.

 

Critica el PRI inacción de la CNDH; gobiernos priistas fallaron en proteger derechos: Morena

Pocos diputados locales en la segunda sesión del Congreso local en la que el presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para reanudarla hoy miércoles Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Durante la primera sesión del día martes, diputadas de Morena y del PRI participaron en tribuna con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, tema en el que mostraron opiniones distintas. La morenista, Araceli Ocampo Manzanares aseguró que las más grandes violaciones a los derechos humanos ocurrieron en gobiernos pasados, lo que fue refutado por la priista Beatriz Vélez Núñez.

Casos como la Guerra sucia, una herida abierta: Ocampo

El tema referente a los derechos humanos lo inició la morenista Ocampo Manzanares, quien subió a tribuna para hablar sobre el Día Internacional de Derechos Humanos, conmemorado el pasado 10 de diciembre, para recordar los derechos que nos son propios, para todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o cualquier otra distinción”.
En su discurso, recordó hechos como la llamada Guerra sucia, la matanza de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los que “demuestra que se ha fallado en el cumplimiento de este principio”. Sin mencionar nombres, culpó de los acontecimientos a “los gobiernos autoritarios del pasado”.
“Es lamentable que tengamos que recordar acontecimientos que han fallado en el cumplimiento de estos derechos, especialmente en lugares como Guerrero, donde las violaciones a los derechos humanos no sólo son una realidad, sino una herida abierta que persiste con el paso de los años; las cicatrices que nos dejó la llamada Guerra sucia siguen marcando a nuestra comunidades con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, que lejos de ser sólo recuerdos trágicos, siguen vigentes en nuestra memoria, como para recriminar el resto de la historia al régimen político corrupto y autoritario que nos gobernaba en aquel entonces”.
“Tampoco podemos olvidar la matanza de Aguas Blancas en 1995, donde decenas de campesinos fueron asesinados a sangre fría por el Ejército y la policía, mientras ellos exigían justicia para sus comunidades. Este crimen de Estado cometido por autoridades que se suponen deberían proteger al pueblo y a pesar de que han pasado décadas aún enfrentamos la impunidad que acompaña estos actos, debido a la deficiencia del sistema judicial”, agregó Ocampo Manzanares.
Otro caso que mencionó fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, en 2014, durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Sin decir nombres, la diputada aseguró que muchos de los perpetradores y actores en la desaparición de los 43 “se acobardan, desde Israel, o en España, evadiendo la justicia”.
Al final de su participación, aseguró que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso alzará la voz en nombre de las víctimas, y se pronunció porque el Día Internacional de los Derechos Humanos no sólo sea un día más en el calendario, “sino que signifique un compromiso renovado con la justicia, la verdad, la reparación y el derecho a vivir en paz”.

El PRI creó la CNDH

Al concluir su participación, la priista Beatriz Vélez Núñez solicitó hacer uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, y al iniciar su discurso en la tribuna dijo: “cada mes en el estado de Guerrero mueren más que los muertos de Aguas Blancas”.
Se lanzó contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al asegurar que actualmente “hay muestras de insensibilidad” por parte de su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, para atender las denuncias que llegan a dicha institución.
La priista defendió a su partido de las acusaciones de la morenista, y aseguró que durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se creó la CNDH, junto con otros organismos locales para defender los derechos humanos.
“Resulta interesante hacer esta narrativa histórica en la evolución de los derechos humanos, porque el PRI, en los tiempo que gobernó, tuvo la visión de ponderar derechos de los ciudadanos, y que las instituciones estén al pendiente y al servicio de quienes necesitan defensa ante los abusos”.
La priista aprovechó para lanzarse contra la actual administración de la CNDH, al asegurar: “hoy vemos, y escuchamos los reclamos por el desinterés que existe en el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quien se ha mostrado insensible ante las circunstancias evidentemente violatorias de los derechos humanos: secuestro de migrantes, sin pronunciamientos, sin pronunciarse en materia de desaparición forzada, entre otras. De ahí que sin duda, en las administraciones encabezadas por el PRI se trabaja en beneficio, en pro de los ciudadanos, buscando su bienestar e impulsando instituciones que de verdad los representen”.
A la participación de Vélez Núñez ya no hubo respuesta por parte de Ocampo Manzanares, sin embargo la diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) y Leticia Mosso Hernández (PT), se sumaron a la discusión, aunque sus participaciones se centraron en mencionar que hay avances significativos en México en pro de la justicia y no discriminación; sin embargo, y que es obligación de las autoridades trabajar en la protección, promoción y garantía de los derechos de todas las personas.

Iniciativas

En la sesión, la diputada Guadalupe García Villalva, de Morena, presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para crear la Subsecretaría para la Atención y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas, misma que estará integrada en la estructura de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia), la cual fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano, también de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para establecer un plazo de 15 días naturales para que los servidores públicos proporcionen la información requerida por las comisiones o comités del Congreso local, con un segundo requerimiento de cinco días en caso de incumplimiento, y si la omisión persistiera, se prevé la comparecencia del funcionario ante el Pleno del Poder Legislativo. La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Otra iniciativa presentada fue una de la diputada Diana Bernabé Vega (Morena), quién remitió a la Mesa Directiva una adición al Código Penal del Estado para tipificar como delito el uso indebido de drones, “con sanciones de 3 a 20 años de prisión, cuando se utilicen para agredir a personas o bienes, para facilitar el transporte de drogas o armas, se atente contra las vías de comunicación o para violar la privacidad de las personas”. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

 

Culpa Erik Catalán al alcalde David Gama de que siga la violencia en Iguala

El dirigente estatal del PVEM Alejandro Carabias, el candidato a alcalde de Iguala Erick Catalán y el candidato a diputado local Arturo Álvarez llegan a la sede del IEPC Foto: Jessica Torres Barrera

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

En su registro como candidato a la alcaldía de Iguala por la alianza Morena-PT-PVEM, Erik Catalán Rendón arremetió contra el actual presidente municipal, el priista David Gama Pérez, a quién culpó de la ola de violencia que se vive en dicho municipio y por la cancelación de la Feria de la Bandera.
Catalán Rendón acudió la tarde de ayer a las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), acompañado del secretario general del PVEM, Alejandro Carabias Icaza, a registrar a sus candidatos a los ayuntamientos que le corresponden como parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Al salir del IEPC, Catalán Rendón ya era esperado por un grupo de simpatizantes del PVEM quienes lo vitorearon y le colocaron cadenas de flores.
Frente a sus simpatizantes, agradeció y dijo que su registro es una muestra de lo que el PVEM puede hacer contra las criticas “de quienes nos denostaban y decían que no lo íbamos a lograr”.
Catalán Rendón fue víctima de un ataque armado en su contra el pasado 3 de febrero y del cual salió ileso.
El entonces aspirante a presidente municipal fue agredido a balazos desde un vehículo en movimiento cuando conducía sobre la carretera federal Iguala-Taxco.
Derivado de ese ataque, solicitó medidas de protección y ahora se traslada en una camioneta tipo Suburban blindada y una patrulla de la Policía Estatal como escolta.
“El tema de la seguridad te pido se lo preguntes primero al presidente municipal, quien ya se adelantó a querer ser candidato nuevamente y hay que preguntarle si va a renunciar para que haya piso parejo y después preguntarle de la seguridad. ¿Qué va a tratar de proponer, a ver si tiene algo, porque lleva tres años y tenemos una feria cancelada después de 30 años y nos enteramos nada más por medio de un papel, ni siquiera tuvo la sensibilidad y ni siquiera tuvo el valor de leer el papel que mandó a los medios de comunicación y al Facebook”.
David Gama Pérez, quien es el actual alcalde de Iguala, busca la reelección por parte de la alianza Fuerza y Corazón por Guerrero, conformada por el PRI-PRD-PAN.
Catalán Rendón busca la candidatura a la alcaldía de Iguala desde hace tres años. En 2021 trató de obtenerla por el PRI, pero en la designación final se le dio al actual alcalde Gama Pérez.
Al final, en aquel proceso electoral del 2021 se pasó al PVEM, el cual, junto con su alianza con el PT lo postuló como su candidato al ayuntamiento de Iguala, elección que perdió contra el priista.
A pesar de la situación de la inseguridad en Iguala y del ataque del cual fue víctima, al salir de su registro oficial como candidato, Catalán Rendón aseguró que se siente tranquilo y “muy contento de que llegamos a donde teníamos que llegar, se acabaron las especulaciones, se acabaron las plumas pagadas, se acabó la gente que mandaba el presidente para denostarnos y aquí estamos de pie”.

Se evalúa solicitar protección para candidatos, dice Carabias

Sobre la violencia no solo en Iguala, si no también en otras regiones como en la Montaña, el presidente del PVEM en Guerrero, Alejandro Carabias Icaza, dijo que “es un tema que si nos preocupa, en lo federal ya hay un sistema de protección a candidatos y estamos esperando que próximamente podamos tener un protocolo similar en lo local para todas aquellas candidatas y candidatos que por sus circunstancias particular o por la zona en donde harán campaña necesiten este tipo de asistencia para poder cuidar su integridad”.
En el caso particular de Catalán Rendón dijo que desde su ataque se solicitó seguridad al gobierno del estado, quien facilitó elementos para su seguridad y que ya durante las campañas se tendrá que valorar si requieren otro tipo de medidas.
“Ya en lo subsecuente dependerá del propio Erik si el considera que la seguridad sea una medida requerida, es una decisión que tomará él y que el partido la respaldará al cien por ciento”.
Carabias Icaza informó que se registraron cuatro candidaturas: a los ayuntamientos de Iguala, Pedro Ascencio, José Joaquín de Herrera y Tecpan de Galeana, que son las que le corresponden por parte de la alianza Morena-PT-PVEM.

La violencia política en Iguala

La violencia en Iguala contra personajes políticos que aspiran a la alcaldía no es nueva. Además de la agresión contra Catalán Rendón, el 6 de agosto del 2023 fue atacada a balazos la también aspirante por Morena, Zulma Carvajal Salgado, quien en ese hecho salió ilesa, pero murió su esposo Humberto del Valle Zúñiga.
Tanto Carvajal Salgado como del Valle Zúñiga eran promotores de la entonces aspirante presidencial Claudia Sheinbaum.
El 13 de junio del 2023 hombres armados atacaron a balazos las oficinas de la Dirección de Obras Públicas municipal.
En aquella ocasión los civiles armados ingresaron al patio de las oficinas y dispararon contra una camioneta Nissan Frontier nueva que en días anteriores entregó el alcalde priista a funcionarios de dicha dependencia municipal.

 

Culpan al alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez, del atentado donde hirieron a una comerciante

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La comerciante de Zihuatanejo, Lilia Luna Martínez, sufrió un atentado la noche del lunes del que resultó herida. Su hijo, Iván Valdez Luna, responsabilizó al presidente municipal, Jorge Sánchez Allec, del PRI, y al director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ), Luis Fernando Salas Reyes.
La agredida y su hijo enfrentan con el alcalde y el funcionario un litigo por un terreno en la colonia Valle Grande de esa ciudad.
En su cuenta de Facebook, el presidente municipal Jorge Sánchez, negó “categóricamente” las acusaciones “que se vierten en mi contra, toda vez que siempre he sido un hombre que se ha conducido con respeto a las personas”.
Pidió (a quien lo señaló) que acuda a las autoridades correspondientes para que se inicie la investigación conducente y deslindar responsabilidades.
“Seguiré trabajando para que a Zihuatanejo le vaya bien”, escribió.

El ataque

Lilia Luna Martínez recibió dos impactos de arma calibre 38 en las dos piernas a las 8:30 de la noche del lunes, cerca de la colonia Valle Grande.
Su hijo, Iván Valdez, contó ayer que en un Tsuru habilitado como taxi de Zihuatanejo, viajaban dos hombres con gorras, quienes en un semáforo, cuando estaba en rojo, rebasaron al vehículo en el que viajaba su madre, al que se le cerraron y uno de ellos les disparó.
Explicó que, previamente, el acompañante de su madre volanteó para esquivar el vehículo en el que viajaban los agresores con lo que logró evitar que los impactos hicieran blanco en partes vitales del cuerpo de su madre.
Informó que ayer ya se encontraba estable pero que la noche del lunes se vio grave debido a que perdió mucha sangre.
La noche del lunes, mientras se encontraba en el cuarto de Hospital General de Zihuatanejo donde atendían a su madre, Iván Valdez, subió un video a su Facebook en el que acusó del atentado al presidente municipal Jorge Sánchez porque, dijo, “es el único enemigo que tenemos, no tenemos problemas ni con la delincuencia organizada”.
Alertó que temía por su vida porque desde hace tiempo el presidente municipal “nos trae hostigando y amenazando, dice que nos va a quitar el terreno de Casa Majahua y hago este video porque mi vida corre peligro, no sé quién está allá afuera, estoy en shock, no sé qué va a pasar responsabilizo totalmente al presidente”, explicó visiblemente nervioso en su video.
Y ayer, en declaraciones por teléfono, Valdez Luna informó que el problema con el alcalde inició porque el 16 de febrero pasado presentaron una demanda en su contra después de que hizo declaraciones a los medios de comunicación en las que advirtió que los va a desalojar de un terreno ubicado en la colonia Valle Grande, Manzana 1, lote 5 de Zihuatanejo, donde hace cuatro años instalaron su negocio Pizzas y Alitas Casa Majahua.
Según Iván, el atentado en contra de su madre la noche del lunes, es en represalia por la presentación de esa demanda.
La demanda a la que se refiere Iván, de la que proporcionó una copia a El Sur, se radicó en el expediente 20/2013-II ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Estado de Guerrero, en contra del Ayuntamiento de Zihuatanejo, la CAPAZ, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento y la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
En la demanda, Lilia Luna Martínez e Iván Valdez Luna, señalan a esas instancias del gobierno municipal, de que a partir de agosto del 2022, comenzaron a amenazarlos que serán desalojados del terreno ubicado en la colonia Valle Grande, Manzana 1, lote 5, de Zihuatanejo, donde instalaron su negocio Pizzas y Alitas Casa Majahua.
Refieren que enero del 2023, incluso el alcalde declaró a medios de comunicación que iba a desalojarlos, y que personas cercanas a él les dijo que el terreno “es del interés particular del director de la CAPAZ Luis Fernando Salas Reyes”.
En la misma denuncia, Lilia Luna Martínez, y su hijo, Iván Valdez Luna, aseguran que el funcionario no acredita ser el titular o el propietario del bien inmueble “sobre el cual detentamos la posesión desde hace 11 años”.
En sus declaraciones por teléfono, Iván dijo que reconocen que el predio es irregular pero que es hasta la actual administración municipal que el presidente Jorge Allec ha buscado mediante distintos formas de apropiarse del predio.
Informó que hace menos de un año el Ayuntamiento entró a lotificar toda el área, menos el terrenos de poco más de 500 metros donde están viviendo ellos y en el que hace cuatro años abrieron su negocio.
Añadió que después, el presidente municipal Jorge Sánchez, en una entrevista que dio a medios de comunicación anunció que los iba a desalojar con la fuerza pública.
Iván agregó que el video de esa entrevista fue presentada como prueba en la demanda que presentaron en su contra y que posiblemente fue lo que le molestó.
Agregó que les han argumentado varias cosas, primero que en el terreno iban a construir una escuela, pero buscaron información y no encontraron ningún proyecto. Después les dijeron que lo querían para construir un tanque de agua, pero este se construyó hace 20 años más arriba y actualmente ya no se justifica.
Informó que por el atentado de ayer en contra de su madre, presentó una segunda demanda y se integró la carpeta de investigación en la que mencionó todos los antecedentes.
También dijo que le recomendaron solicitar medidas cautelares “porque esta medio fuerte el asunto”, y que su abogado las va a pedir a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que tengan protección él y su madre.
Insistió que “está completamente seguro” que el responsable es el presidente municipal.
“Mucha gente nos conoce, somos gente trabajadora no tenemos problemas con nadie, y ya subí unos videos a mi Facebook personal, donde dije que no vayan a querer maquillar (el atentado); que digan que fue un asalto, extorsión o que quisieron pedirnos cuota, porque eso no es posible, no tenemos ningún problema con ese tipo de gente”.
Valdez Luna pidió la intervención de los gobiernos estatal y federal: “que me escuchen, tenemos miedo, lo que le pasó a mi madre, me puede pasar a mí en cualquier rato, ya no vamos a tener tranquilidad. Nosotros no tenemos problemas con nadie más”.

 

Culpa el presidente del Consejo del Autotransporte a Mendoza Tapia de la violencia en el transporte

El presidente del Consejo del Autotransporte de la región Centro, Servando de Jesús Salgado Guzmán, explicó que en la reunión con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el pasado sábado coincidieron en señalar a Juan Mendoza Tapia como el responsable de los problemas del transporte público en las últimas semanas.
En entrevista vía telefónica, Salgado Guzmán indicó que desconoce a los responsables de lo ocurrido el 9 de diciembre cuando cuatro transportistas fueron asesinados, ni a las personas que provocaron el incendio de cuatro Urvan el pasado sábado en diversos puntos de Chilpancingo.
Consideró inexplicable el incendio de las Urvan, pues pertenecían a diversas rutas y a diferentes organizaciones de transporte, “creemos que es una equivocación, conocemos a los compañeros que eran dueños de las Urvan, todos son personas que se dedican únicamente al transporte e incluso muchos con bastantes años de antigüedad”, expresó.
Sin embargo, explicó que en la reunión con el secretario de Gobierno, donde también estuvo el subsecretario de Tránsito municipal, Inocente Mojica Peña, coincidieron en responsabilizar de estos hechos a Juan Mendoza Tapia, ex dirigente de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG).
Indicó que la razón por la que sospechan de Mendoza Tapia es por sus antecedentes en contra de la Confederación de Organizaciones y Sitios de Transportistas del Estado de Guerrero (COSTEG), o por algún “desquite” que tuviera con algún dirigente del transporte, “ son hipótesis manejadas en la reunión que tuvimos con autoridades del gobierno, no es un hecho”, comentó el gente .
Acerca de si descartaban al crimen organizado por los hechos violentos dijo,el transporte p al crimen organizado de los hechos violentos la COSTEG rutas y organizaciones del transporte,` “no descartamos al crimen organizado, no sabemos cuáles son los hechos, no descartamos ni afirmamos porque a las personas a las que les quemaron (las Urvan) son conocidas y no tienen ninguna cuestión delictiva, siempre los vemos trabajar, no descartamos que se hayan equivocado, sin embargo, la hipótesis es juan Mendoza Tapia”.
Asimismo, indicó que en su momento relacionaron toda la violencia con la delincuencia que pudiera estar infiltrada en el transporte de Chilpancingo. “Desafortunadamente muchos de los compañeros meten choferes sin pedir antecedentes no penales, pensamos que algún compañero pudiera haber tenido alguna relación con la delincuencia, por eso no dijimos nada”.
“Estamos desconcertados, pues tal parece que ya no es contra choferes sino contra el transporte en general, precisamente por eso pedimos al gobierno que intervenga y que haga su trabajo”, expresó el líder.
También aseguró que de no mejorar la seguridad en el transporte, solicitarán otra reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, o bien acudirán con las policías comunitarias del FUSDEG o de la UPOEG para garantizar la seguridad de los trabajadores del volante.