José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Durante la primera sesión del día martes, diputadas de Morena y del PRI participaron en tribuna con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, tema en el que mostraron opiniones distintas. La morenista, Araceli Ocampo Manzanares aseguró que las más grandes violaciones a los derechos humanos ocurrieron en gobiernos pasados, lo que fue refutado por la priista Beatriz Vélez Núñez.

Casos como la Guerra sucia, una herida abierta: Ocampo

El tema referente a los derechos humanos lo inició la morenista Ocampo Manzanares, quien subió a tribuna para hablar sobre el Día Internacional de Derechos Humanos, conmemorado el pasado 10 de diciembre, para recordar los derechos que nos son propios, para todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o cualquier otra distinción”.
En su discurso, recordó hechos como la llamada Guerra sucia, la matanza de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los que “demuestra que se ha fallado en el cumplimiento de este principio”. Sin mencionar nombres, culpó de los acontecimientos a “los gobiernos autoritarios del pasado”.
“Es lamentable que tengamos que recordar acontecimientos que han fallado en el cumplimiento de estos derechos, especialmente en lugares como Guerrero, donde las violaciones a los derechos humanos no sólo son una realidad, sino una herida abierta que persiste con el paso de los años; las cicatrices que nos dejó la llamada Guerra sucia siguen marcando a nuestra comunidades con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, que lejos de ser sólo recuerdos trágicos, siguen vigentes en nuestra memoria, como para recriminar el resto de la historia al régimen político corrupto y autoritario que nos gobernaba en aquel entonces”.
“Tampoco podemos olvidar la matanza de Aguas Blancas en 1995, donde decenas de campesinos fueron asesinados a sangre fría por el Ejército y la policía, mientras ellos exigían justicia para sus comunidades. Este crimen de Estado cometido por autoridades que se suponen deberían proteger al pueblo y a pesar de que han pasado décadas aún enfrentamos la impunidad que acompaña estos actos, debido a la deficiencia del sistema judicial”, agregó Ocampo Manzanares.
Otro caso que mencionó fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, en 2014, durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Sin decir nombres, la diputada aseguró que muchos de los perpetradores y actores en la desaparición de los 43 “se acobardan, desde Israel, o en España, evadiendo la justicia”.
Al final de su participación, aseguró que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso alzará la voz en nombre de las víctimas, y se pronunció porque el Día Internacional de los Derechos Humanos no sólo sea un día más en el calendario, “sino que signifique un compromiso renovado con la justicia, la verdad, la reparación y el derecho a vivir en paz”.

El PRI creó la CNDH

Al concluir su participación, la priista Beatriz Vélez Núñez solicitó hacer uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, y al iniciar su discurso en la tribuna dijo: “cada mes en el estado de Guerrero mueren más que los muertos de Aguas Blancas”.
Se lanzó contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al asegurar que actualmente “hay muestras de insensibilidad” por parte de su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, para atender las denuncias que llegan a dicha institución.
La priista defendió a su partido de las acusaciones de la morenista, y aseguró que durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se creó la CNDH, junto con otros organismos locales para defender los derechos humanos.
“Resulta interesante hacer esta narrativa histórica en la evolución de los derechos humanos, porque el PRI, en los tiempo que gobernó, tuvo la visión de ponderar derechos de los ciudadanos, y que las instituciones estén al pendiente y al servicio de quienes necesitan defensa ante los abusos”.
La priista aprovechó para lanzarse contra la actual administración de la CNDH, al asegurar: “hoy vemos, y escuchamos los reclamos por el desinterés que existe en el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quien se ha mostrado insensible ante las circunstancias evidentemente violatorias de los derechos humanos: secuestro de migrantes, sin pronunciamientos, sin pronunciarse en materia de desaparición forzada, entre otras. De ahí que sin duda, en las administraciones encabezadas por el PRI se trabaja en beneficio, en pro de los ciudadanos, buscando su bienestar e impulsando instituciones que de verdad los representen”.
A la participación de Vélez Núñez ya no hubo respuesta por parte de Ocampo Manzanares, sin embargo la diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) y Leticia Mosso Hernández (PT), se sumaron a la discusión, aunque sus participaciones se centraron en mencionar que hay avances significativos en México en pro de la justicia y no discriminación; sin embargo, y que es obligación de las autoridades trabajar en la protección, promoción y garantía de los derechos de todas las personas.

Iniciativas

En la sesión, la diputada Guadalupe García Villalva, de Morena, presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para crear la Subsecretaría para la Atención y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas, misma que estará integrada en la estructura de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia), la cual fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano, también de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para establecer un plazo de 15 días naturales para que los servidores públicos proporcionen la información requerida por las comisiones o comités del Congreso local, con un segundo requerimiento de cinco días en caso de incumplimiento, y si la omisión persistiera, se prevé la comparecencia del funcionario ante el Pleno del Poder Legislativo. La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Otra iniciativa presentada fue una de la diputada Diana Bernabé Vega (Morena), quién remitió a la Mesa Directiva una adición al Código Penal del Estado para tipificar como delito el uso indebido de drones, “con sanciones de 3 a 20 años de prisión, cuando se utilicen para agredir a personas o bienes, para facilitar el transporte de drogas o armas, se atente contra las vías de comunicación o para violar la privacidad de las personas”. Fue turnada a la Comisión de Justicia.