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Piden familiares, Cecop y Tlachinollan que la FGR atraiga el caso del asesinato de Suástegui

Ramón Gracida Gómez

Familiares de Marco Antonio Suástegui Muñoz, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), piden que la investigación del asesinato del defensor sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) “ante la manifiesta dilación de las autoridades de Guerrero” a dos meses del crimen.
En un comunicado emitido ayer que se cumplió un bimestre de la muerte del vocero del Cecop, exigen que la FGR “lleve a cabo todas las investigaciones ubicando a la brevedad a los responsables a fin de evitar que pase el tiempo y las evidencias sean destruidas o que los responsables evadan la acción de la justicia”.
Señalan que “el caso sigue en la total impunidad” porque la Fiscalía General del Estado (FGE) “se encuentra pasmada ante el crimen contra el defensor ambiental. Se limitó a realizar las primeras diligencias a que por ley está obligada, pero fuera de ahí no presenta ningún avance”.
El atentado a balazos contra el defensor ocurrió el 18 de abril en un acceso a la playa Icacos, “a plena luz del día ante decenas de testigos, un lugar público con afluencia de turistas y prestadores de este tipo de servicios, con grandes hoteles ubicados en el lugar”, recuerdan los firmantes.
“Es inconcebible que, a la fecha, no haya entrevistado a los compañeros de trabajo de Marco Antonio que estaban en la playa y que seguramente vieron como era agredido, las autoridades tienen un padrón de estas personas y pueden ser llamadas para que rindan entrevista, lo mismo con los dueños de hoteles, deben ser citados para verificar si tienen cámaras desde las cuales se pudo ver el atentado contra el defensor del medio ambiente”.
Las autoridades estatales, dicen familiares de la víctima y las organizaciones sociales, “demuestran su desprecio contra un gran defensor del medio ambiente. Su arrogancia y desfachatez no tienen límites. Ignoran que están sentando un precedente negativo que será tomado en cuenta cuando el caso vaya a instancias internacionales por la impunidad que se vislumbra”.
Las autoridades esperan que los familiares señalen a algún sospechoso o aporten elementos, “invirtiendo la carga de la investigación a las víctimas, haciendo cargar sobre sus hombros el peso del riesgo de los actores armados que atentaron contra el defensor y que pueden volver agredir a los familiares que declaren, máxime cuando la Fiscalía ni el gobierno del estado han brindado medidas de protección ni creado un entorno seguro”.
En el comunicado, el Cecop, familiares de Suástegui Muñoz y Tlachinollan, afirman que “existen varios datos de prueba que la Fiscalía puede conseguir, sin embargo, esta institución se ha cruzado de brazos, incurriendo en omisión y negligencia”.
Arremeten contra el gobierno del estado, al que “no le importa que el caso de Marco Antonio haya recibido una condena unánime. Cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos a nivel nacional e internacional condenaron el homicidio del defensor del medio ambiente”.
Destacan los pronunciamientos de justicia por parte la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y varias Relatorías temáticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“No permitiremos que el caso del líder del CECOP Marco Antonio Suástegui quede en la impunidad. El olvido al que las autoridades le apuestan será superado por nuestra enérgica protesta y exigencia de verdad y justicia”, aseveran sus familiares y organizaciones sociales.

 

Critica el PRI inacción de la CNDH; gobiernos priistas fallaron en proteger derechos: Morena

Pocos diputados locales en la segunda sesión del Congreso local en la que el presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para reanudarla hoy miércoles Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Durante la primera sesión del día martes, diputadas de Morena y del PRI participaron en tribuna con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, tema en el que mostraron opiniones distintas. La morenista, Araceli Ocampo Manzanares aseguró que las más grandes violaciones a los derechos humanos ocurrieron en gobiernos pasados, lo que fue refutado por la priista Beatriz Vélez Núñez.

Casos como la Guerra sucia, una herida abierta: Ocampo

El tema referente a los derechos humanos lo inició la morenista Ocampo Manzanares, quien subió a tribuna para hablar sobre el Día Internacional de Derechos Humanos, conmemorado el pasado 10 de diciembre, para recordar los derechos que nos son propios, para todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o cualquier otra distinción”.
En su discurso, recordó hechos como la llamada Guerra sucia, la matanza de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los que “demuestra que se ha fallado en el cumplimiento de este principio”. Sin mencionar nombres, culpó de los acontecimientos a “los gobiernos autoritarios del pasado”.
“Es lamentable que tengamos que recordar acontecimientos que han fallado en el cumplimiento de estos derechos, especialmente en lugares como Guerrero, donde las violaciones a los derechos humanos no sólo son una realidad, sino una herida abierta que persiste con el paso de los años; las cicatrices que nos dejó la llamada Guerra sucia siguen marcando a nuestra comunidades con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, que lejos de ser sólo recuerdos trágicos, siguen vigentes en nuestra memoria, como para recriminar el resto de la historia al régimen político corrupto y autoritario que nos gobernaba en aquel entonces”.
“Tampoco podemos olvidar la matanza de Aguas Blancas en 1995, donde decenas de campesinos fueron asesinados a sangre fría por el Ejército y la policía, mientras ellos exigían justicia para sus comunidades. Este crimen de Estado cometido por autoridades que se suponen deberían proteger al pueblo y a pesar de que han pasado décadas aún enfrentamos la impunidad que acompaña estos actos, debido a la deficiencia del sistema judicial”, agregó Ocampo Manzanares.
Otro caso que mencionó fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, en 2014, durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Sin decir nombres, la diputada aseguró que muchos de los perpetradores y actores en la desaparición de los 43 “se acobardan, desde Israel, o en España, evadiendo la justicia”.
Al final de su participación, aseguró que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso alzará la voz en nombre de las víctimas, y se pronunció porque el Día Internacional de los Derechos Humanos no sólo sea un día más en el calendario, “sino que signifique un compromiso renovado con la justicia, la verdad, la reparación y el derecho a vivir en paz”.

El PRI creó la CNDH

Al concluir su participación, la priista Beatriz Vélez Núñez solicitó hacer uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, y al iniciar su discurso en la tribuna dijo: “cada mes en el estado de Guerrero mueren más que los muertos de Aguas Blancas”.
Se lanzó contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al asegurar que actualmente “hay muestras de insensibilidad” por parte de su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, para atender las denuncias que llegan a dicha institución.
La priista defendió a su partido de las acusaciones de la morenista, y aseguró que durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se creó la CNDH, junto con otros organismos locales para defender los derechos humanos.
“Resulta interesante hacer esta narrativa histórica en la evolución de los derechos humanos, porque el PRI, en los tiempo que gobernó, tuvo la visión de ponderar derechos de los ciudadanos, y que las instituciones estén al pendiente y al servicio de quienes necesitan defensa ante los abusos”.
La priista aprovechó para lanzarse contra la actual administración de la CNDH, al asegurar: “hoy vemos, y escuchamos los reclamos por el desinterés que existe en el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quien se ha mostrado insensible ante las circunstancias evidentemente violatorias de los derechos humanos: secuestro de migrantes, sin pronunciamientos, sin pronunciarse en materia de desaparición forzada, entre otras. De ahí que sin duda, en las administraciones encabezadas por el PRI se trabaja en beneficio, en pro de los ciudadanos, buscando su bienestar e impulsando instituciones que de verdad los representen”.
A la participación de Vélez Núñez ya no hubo respuesta por parte de Ocampo Manzanares, sin embargo la diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) y Leticia Mosso Hernández (PT), se sumaron a la discusión, aunque sus participaciones se centraron en mencionar que hay avances significativos en México en pro de la justicia y no discriminación; sin embargo, y que es obligación de las autoridades trabajar en la protección, promoción y garantía de los derechos de todas las personas.

Iniciativas

En la sesión, la diputada Guadalupe García Villalva, de Morena, presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para crear la Subsecretaría para la Atención y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas, misma que estará integrada en la estructura de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia), la cual fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano, también de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para establecer un plazo de 15 días naturales para que los servidores públicos proporcionen la información requerida por las comisiones o comités del Congreso local, con un segundo requerimiento de cinco días en caso de incumplimiento, y si la omisión persistiera, se prevé la comparecencia del funcionario ante el Pleno del Poder Legislativo. La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Otra iniciativa presentada fue una de la diputada Diana Bernabé Vega (Morena), quién remitió a la Mesa Directiva una adición al Código Penal del Estado para tipificar como delito el uso indebido de drones, “con sanciones de 3 a 20 años de prisión, cuando se utilicen para agredir a personas o bienes, para facilitar el transporte de drogas o armas, se atente contra las vías de comunicación o para violar la privacidad de las personas”. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

 

Reporteros capitalinos, víctimas de robo, denuncian inacción de la FGE

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE), no ha informado de los avances con respecto a los robos del material de trabajo que sufrieron en sus respectivos domicilios este año dos reporteros de Chilpancingo. Y por el contrario, cuando menos en uno de los dos casos, le advirtieron que deje de insistir en la investigación, denunciaron las víctimas.
Yener de los Santos, reportero de Quadratín Guerrero, denunció que ya pasó más del mes de plazo que se dio la Fiscalía estatal para que le informara los resultados de la investigación y no ha sido notificado.
Informó que su abogado le informó la semana pasada que ha acudido a la Fiscalía pero que no le han informado nada.
Dijo que solamente han hecho un peritaje del departamento donde vive y también le pidieron las características de los artículos que le robaron.
Informó que fue la misma Fiscalía la que se dio un plazo de un mes para investigar y realizar rondines cerca de su departamento.
Contó que igual el Mecanismo de Protección para Periodistas se comprometió a proporcionarle terapias sicológicas y estar en contacto permanente con él “por si había alguna incidencia”, pero aseguró que han pasado más de 30 días a partir de que presentó la denuncia y los de la Fiscalía sólo se comunicaron dos veces, tres días después de que presentó la denuncia sólo para preguntarle “si algo estaba pasando en mi casa”.
Yener de los santos sofrió el robo la noche del 18 de abril y el 19 ofreció una conferencia de prensa para denunciar públicamente el caso, en tanto que el 20 se presentó para hacer la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público.
Con respecto a la actuación del Mecanismo de Protección a Periodistas, dijo que “se están echando la bolita el del ámbito estatal con el del federal”.
A más de un mes ve “un poquito complicado su caso porque es claro que las autoridades no le dan importancia, la verdad no veo resultados, no se ve que realmente estén investigando, yo cuando menos quiero que la Fiscalía determine y me diga si el caso que me pasó tiene que ver con mi trabajo o no, para saber a qué atenerme”.
Por su parte Juan Aponte sufrió el robo el 15 de enero y el mismo día presentó la denuncia por allanamiento de morada y robo a casa habitación.
Ambos reporteros lamentaron que por un lado las autoridades hablen de respeto y de que se protege la libertad de expresión, pero en los hechos ni si quiera hacen investigaciones para esclarecer casos como los suyos en los que queda la duda si son parte de los riesgos por su trabajo o robos comunes.