Denuncian Archivos - El Sur Acapulco suracapulco I Noticias Acapulco Guerrero

En comunidades indígenas y afros, hombres no respetan a las mujeres que son autoridad

La comisaria de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, Evangelina Martínez, en su participación en el conservatorio. La acompañan Carina Santos, delegada municipal de la colonia Nicolás Bravo de San Luis Acatlán; Yurika Jiménez, comisaria de Chaucingo, municipio de Cualac; Florencia Guzmán comisaria de los Bienes Comunales de Cozoyoapan, municipio de Xochistlahuaca y Antonia Pérez, comisaria municipal de Barra de Tecoanapa, municipio de Marquelia t Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Cinco mujeres, autoridades comuni-tarias de pueblos indígenas y afro-mexicanos, denunciaron las vio-lencias machistas que enfrentan en su función, durante el conversatorio Mujeres Tejedoras Comunitarias, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Pese a sus esfuerzos de gobernanza, en la mayoría de los casos señalaron que los hombres no respetan su autoridad.
La comisaría de la comunidad me’phaa, de Colombia de Guadalupe, Evangelina Martínez, señaló que la insultan en la calle hombres que son afectados por las decisiones que toma en los conflictos internos; dicen que no sabe aplicar la justicia por ser mujer.
La presidenta del comisariado de Bienes Comunales de Cozoyoa-pan, del municipio amuzgo de Xochistlahuaca, Florencia Guzmán, indicó que los hombres no quieren recibir órdenes de una mujer, y su reto es inscribir a más mujeres en el padrón del núcleo agrario para defender sus derechos.
Asimismo, la comisaria de la comunidad afro de Barra de Tecoanapa, en Marquelia, Antonia Pérez, reveló que sólo dos hombres y mujeres asisten a las asambleas que convoca, salvo que haya apoyos económicos para la población. Tampoco se presentan a los trabajos colectivos, como la limpieza de playas, para impulsar el turismo.
Carina Pérez Santos, quien lleva seis periodos como delegada de la colonia San Nicolás, del pueblo Ñuu Savi, en San Luis Acatlán, señaló que sus problemas son porque tienen diferentes posiciones políticas con el gobierno municipal, y deben organizarse para demandar al Ayuntamiento las obras con bloqueos y protestas,
La presidenta del IEPC, Luz Fa-biola Matildes Gama, reconoció que hay muchos pendientes que atender para el ejercicio pleno de la función de las comisarias y delegadas mu-nicipales y comisariadas de núcleos agrarios porque no se conoce todo lo que tuvieron que pasar para llegar a estos espacios de representación.
Recordó que el IEPC obligó a los partidos a registrar candidaturas con paridad de género, e impulsó acciones afirmativas para integrar los gobiernos municipales y el Congreso local de manera paritaria.
“Pero cuando vamos a la comunidades vemos que en algunas no las dejan votar en la elección de comisarías. Algo tenemos que hacer con estos conversatorios para cambiar esta situación”, enfatizó.
Adelantó que en el Congreso local dicen que tienen buena inten-ción de avanzar en la representación de pueblos indígenas y afro y “si no avanzan, nosotros vamos a avanzar con acciones afirmativas para seguir empoderando a las mujeres en car-gos públicos”.
Recordó que la Constitución indica que debe haber paridad en todo y no se está cumpliendo, y además persiste la violencia política en razón de género.
Acudieron al conversatorio activistas feministas, académicas, representantes de partidos políticos y de dependencias de gobierno.
Evangelina Martínez, del pueblo me’phaa (tlapaneco), es ingeniera en sistemas computa-cionales por el Instituto Tecnológico de la Montaña, y la segunda comisaria de Colombia de Guada-lupe.
De las agresiones en su gestión, señaló que la han insultado en la calle quienes se inconforman con sus decisiones. Aclaró que hace su mejor esfuerzo para salir con la frente en alto de esta representación, para ser motivación de otras mujeres.
La comisaria nahua de Chaucingo, del municipio de Cualac, Yurika Jiménez, denunció que no tienen el reconocimiento de los ayuntamientos, a pesar de que hacen trabajo de gestión sin paga, y son la barrera de contención de los problemas de la población.
Planteó que las comisarias y delegaciones reciba un pago por su gestión, porque son una barrera de contención con las autoridades municipales, quienes estamos al frente somos nosotros, no se nos paga, es un trabajo gratuito, y tampoco se nos reconoce”.
Rescató que más mujeres participan en las asambleas y crearon grupos de mujeres para capacitación y sensibilización sobre derechos, con los que esperan incrementar el número de presidentas de comités escolares, donde la mayoría son hombres. Indicó que muchas tienen miedo de hablar en público, en la gestión de beneficios es algo que tenemos que superar.
La comisaria de Barra de Tecoanapa, Antonia Pérez, indicó que ha sido muy difícil su gestión por el machismo, “no aceptan que una mujer esté al frente de ellos, en asambleas sólo se acercan dos hombres y son las demás mujeres, la única manera en que acuden a las reuniones es cuando hay beneficios”.
Incluso, señaló que nadie se acercó a apoyarla en una actividad que gestionó para limpiar la playa con una retro excavadora.
Aclaró que reconocen su trabajo, un vecino fue a su domicilio a disculparse por hablar mal de ella en una reunión, y reconoció sus esfuerzos, pero aún así como mujer no la aceptan.
La presidenta de los bienes comunales de Cozocoyaopan, Florencia Guzmán, quien también es maestra de primaria, coincidió en que los hombres se niegan a obedecer a la mujer.
Carina Santos, comisaria de la comunidad mixteca Cuanacaxtitlán, y presidente del Comité del San Francisco de Asís, señaló que conseguido muchas mejoras en el pueblo durante su gestión, que han costado esfuerzos porque el alcalde sólo apoya a quienes son parte de su grupo.
“Las obras se van a sus allegadas, como no somos parte su misma línea casi siempre somos ignoradas, llegamos a bloquear para ser escuchadas porque somos mujeres, debemos estar tomando (carreteras) , exigiendo para que las obras se hagan, para que lleguen los beneficios a las colonias”.

Familiares de paciente con epilepsia revelan desabasto en hospital del IMSS Zihuatanejo

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Familiares de un derechohabiente que padece epilepsia, denunciaron que desde mediados de 2025 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mantiene un desabasto crítico de medicamentos para pacientes con este padecimiento, lo que los obliga a costear su tratamiento, que supera sus ingresos.
Tambien a peregrinar a otros municipios, como Lázaro Cárdenas, Michoacán, ante la falta de especialistas y estudios básicos, lo que también han tenido que costear por su cuenta sin que les reembolsen el gasto, con el argumento de que el Instituto “no tiene recursos”.
La hermana de un derechohabiente del Seguro Social, en Zihuatanejo, de 35 años de edad, en declaraciones manifestó que su familia ha tenido que asumir la responsabilidad que le corresponde al IMSS, pues desde junio del año pasado, su hermano no ha recibido los medicamentos esenciales como el Valproato y el Levetiracetam, cuyo costo en farmacias particulares ronda los mil 200 pesos mensuales, una cifra que se eleva cuando escasea en las farmacias y deben realizar pedidos especiales.
Agregó que a pesar de los intentos que han hecho por gestionar el abasto con la subdirección médica del IMSS, la respuesta ha sido el silencio o la resignación, “lo único que nos dicen es que no pueden hacer nada y que esperemos”, relata con impotencia.
Incluso, ante la solicitud de un reembolso por los gastos efectuados, la administración ha sido tajante al decirles que “no hay recursos”, por lo que esta situación no sólo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que pone en riesgo la vida de los pacientes: “en el caso de mi hermano, la falta de continuidad en la medicación provoca que las crisis convulsivas sean más frecuentes y agresivas, mermando su salud, pues él prácticamente depende de un control estricto, de que tiene que tomar su medicina a como dé lugar”.
A la falta de medicinas se suma el colapso en el sistema de citas para especialidades, pues desde octubre del año pasado su hermano espera una referencia para el hospital Vicente Guerrero, en el puerto de Acapulco para la realización de estudios diagnósticos, como el electroencefalograma y niveles de medicamento en sangre.
Dijo que ante la nula respuesta del IMSS, la familia tuvo que trasladarse hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para hacerle a su hermano los estudios de forma particular, con un costo de 5 mil peso. “Los hicimos por fuera porque el neurólogo los necesitaba para la cita de diciembre; si no los llevamos, el tratamiento no avanza”.
Luego, comentó que el apoyo económico que su hermano recibe por su incapacidad por parte del gobierno federal “se destina casi íntegramente a la compra de sus medicamentos, dejándolo en una situación de vulnerabilidad económica, porque él no puede trabajar y nosotros no tenemos la vida económicamente resuelta; en nuestra casa todos trabajamos y vamos viviendo al día, por eso se nos hace injusto que el Seguro Social ni surte los medicamentos ni nos reembolsa el gasto”.
“Ojalá que alguien le haga saber a la presidenta Claudia Sheinbaum lo que pasa en el Seguro Social de Zihuatanejo y se haga algo por mejorar este servicio, porque estoy segura de que el caso de mi hermano no es el único”.

Liquidan a 15 trabajadores sindicalizados del condominio Playa Ixtapa en huelga

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Los 15 trabajadores sindicalizados del condominio privado Playa Ixtapa, ubicado en la zona hotelera I de Ixtapa, que desde el 8 de septiembre pasado mantenían una huelga en demanda de que la parte patronal respetara y cumpliera su contrato colectivo de trabajo, fueron liquidados laboralmente debido a que no pudieron llegar a acuerdos con sus patrones, además de que ya habían empezado a recibir amenazas.
Ayer lunes, vía telefónica, uno de los trabajadores comentó que el viernes 10, en el Tribunal Laboral, ubicado en esta ciudad, se llevó a cabo la última audiencia en la que se pretendía llegar a un acuerdo conciliatorio, “pero nos liquidaron a todos, ya no nos quisieron, la solución no fue atender lo que nosotros estábamos pidiendo, sino mejor despedirnos; otra, tampoco nosotros queríamos seguir trabajando ahí, ya eran tres, cuatro huelgas las que llevábamos, ya iba a ser incómodo regresar otra vez”.
“Llegamos a un convenio que mejor nos liquidaran, sino querían regresarnos, que mejor nos liquidaran y sí, fue el mejor convenio porque muchos aceptaron rápido, éramos 17, pero dos renunciaron antes y sólo quedábamos 15, a nosotros 15 nos liquidaron al 100, conforme a la ley y ahora nos toca buscar otro trabajo porque en este caso, los patrones, lejos de querer llegar a una buena conciliación, nos liquidaron”.
El trabajador comentó que en los alegatos la parte patronal señalaba, “que nosotros estábamos atacando sus bienes, pero no, es la mala administración que ahí tienen, no otra cosa, lo único que nosotros pedimos es un trato digno, que no nos dan y estábamos pidiendo las prestaciones que tampoco nos dan, no nos dan vales, no nos dan ni uniformes, no nos dan los pasajes, la comida nomás de lunes a viernes y hay muchas inconsistencias que la verdad, estábamos incómodos y un salario que ya llegábamos al mínimo”.
Recordó que, “ganábamos bien al principio, pero ya no nos subieron por la mala administración que tenían y siguen teniendo; yo la verdad no recomiendo ese lugar para que entren a trabajar ahí, te dan un trato indigno, ahí quieren burros, uno tiene que hacer todo, tienes que planchar la playa, poner camastros, poner colchones, atender el bar, uno era milusos por un mísero sueldo, no conviene, la verdad”.
“Fue lo más sano para nosotros como trabajadores que después de un mes y dos días, mejor decidimos que nos liquidaran conforme a la ley y sobre todo porque a uno de mis compañeros empezaron a llamarle varios condóminos y ya eran prácticamente amenazas lo que nos estaban haciendo por parte de varios dueños de los departamentos del condominio, sonaba a amenaza dentro de lo que cabe porque le decían que eran 40 poderosos, ¿a qué le suena eso?, y es cierto, tienen mucho dinero, entonces, hablamos entre todos y caímos a la cuenta de que iba a ser indigno regresar, mejor buscamos la forma de que nos liquidaran a todos y fue lo más viable”, acotó.
Lo que los 17 trabajadores sindicalizados afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) exigían con su huelga era que se respetara y se cumpliera el contrato colectivo de trabajo, se les pagaran sus salarios caídos, así como sus retroactivos, vacaciones, un bono trimestral y un bono de calzado.

Los excluyen en votaciones de un distrito de San Luis Acatlán, denuncian morenistas

Morenistas de San Luis Acatlán recurrieron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena para denunciar que no les permitieron participar en la elección de un comité de la sección 2016 de Playa Larga.
En la comisión se presentaron dos quejas y se acumuló otra que envió el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Jacinto González Varona.
De acuerdo con la información disponible en estrados electrónicos, las denunciadas son Mirna Cleotilde Ramos Vargas y su hija Lilia Eneidy Castro Ramos “por presunta Violencia Política en Razón de Género, violaciones a derechos partidarios y nepotismo”.
Las promoventes en el expediente CNHJ-GRO-244/2025 son Laura Edith Gregorio Vicente, Dulce María Vázquez Martínez y Minerva Martínez González, y del expediente CNHJ-GRO-247/2025 Wendy Karina Reymundo Castro, en este caso es en el que se acumuló un escrito enviado por el dirigente estatal del partido a la Comisión.
Los dos expedientes fueron recibidos el 10 de septiembre y se notificó a las prominentes el 12 del mismo mes para que en un plazo de 72 horas para ampliar sus escritos de queja y narren de manera “clara y cronológica” los hechos en los cuales fundan su queja y que precisen que pretenden acreditar con las pruebas presentadas.
En el expediente CNHJ-GRO-247/2025, una de las pruebas presentadas por la quejosa es un video de cuatro minutos difundido en la red social Facebook en el que narra lo que sucedió en la asamblea seccional, acompañada de una docena de vecinos, la morenista se duele de que no les permitieron participar en el asamblea.
Acusó que la madre y la hija son las que llevaron a cabo la asamblea y a los ciudadanos les dieron información contradictoria; mientras unos les dicen que sí pueden participar, en la asamblea les negaron esa posibilidad (Daniel Velazquez).

Defensores de la plazuela de Los Cántaros de Tlapa denuncian acoso de autoridades

Integrantes del Movimiento por la Defensa de la Plazuela de los Cántaros de Tlapa, en plantón desde hace tres meses en el Recinto del Poder Ejecutivo en Chilpancingo, denunciaron acoso de las autoridades estatales y falta de voluntad para retirar a comerciantes que invadieron y han deteriorado el predio considerado área natural protegida.
A pesar de las protestas que iniciaron el 6 de enero y de la firma de dos minutas, el conflicto no se ha solucionado y los locatarios con apoyo del gobierno municipal de Gilberto Solano Arreaga se mantienen en el predio ubicado en el barrio de San Diego de Tlapa.
En Tlapa y Chilpancingo decenas de integrantes del movimiento permanecen en plantón desde el 6 de enero y el 23 de septiembre, respectivamente.
Ayer a las 3:30 los manifestantes decidieron bloquear la puerta lateral del también conocido como Palacio de Gobierno luego de que un día antes les cancelaron una reunión y de que durante este miércoles no les dieron alguna explicación clara.
Les dijeron que la reunión se celebraría hasta que funcionarios del gobierno municipal pudieran estar en Chilpancingo y que en el asunto el gobierno estatal no tenía competencia.
Hasta el lugar se les acercó el director de Gobernación estatal, Juan Méndez Nogueda, para pedirles que liberaran el acceso.
La presidenta del Comité de Defensa, doctora Verónica Uriero Castañeda, denunció que el funcionario les expresó que pedía “por las buenas” que se liberara el acceso y también los acusó de que estaban cometiendo un secuestro de los trabajadores del gobierno del estado.
Fue que a los alrededores de la puerta dos del recinto empezaron a llegar policías antimotines, otros más ingresaron al edificio por una puerta alterna.
“Los antimotines llegaron, nos sentimos amenazados, a parte del acoso de las autoridades que acusaban que estábamos cometiendo un secuestro”.
Cuando la vocera e integrantes del movimiento daban una entrevista transmitida en vivo para plataformas de noticias como El Agro, un automóvil en reversa, sin frenos y sin conductor estuvo a punto de arrollar a los manifestantes y a dos reporteros.
“Iba a ocurrir un accidente fatal, pasó un carro sin frenos. Todo por la falta de empatía, por no querer resolver. Él único que va a ser responsable si algo llegara a suceder a nosotros es el gobierno del estado”, señaló la representante del movimiento.
Del caso hay dos minutas de acuerdos entre las partes y autoridades. La primera del 21 de noviembre firmada con funcionarios del gobierno estatal y la segunda levantada por el ayuntamiento de Tlapa el 25 del mismo mes.
Ahí se establece que la síndica de Tlapa Leticia Sierra solicitaría a los comerciantes retirarse de la plazuela de Los Cantaros y que los manifestantes se retirarán de las calles Comonfort y Gálvez en Tlapa quedando libres para que los comerciantes salgan del predio.
Ambas partes desistirán de denuncias penales y que el plantón del Palacio de Gobierno se levantaría. Nada se ha cumplido. (Luis Daniel Nava /?Chilpancingo).

Guerrero no es “santuario de mujeres”, pues siguen las desapariciones, señalan colectivos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Litigio Estratégico en Derechos Humanos (I(dh)eas), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), alertaron del incremento exponencial de las desapariciones de mujeres en Guerrero, así como la omisión y complicidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con los grupos criminales generadores de la violencia.
En un documento, refieren que de acuerdo a cifras del proyecto RedLupa, en el 2022 hubo 690 mujeres desaparecidas; en el 2023 se registraron 731, y en los primeros seis meses del 2024 ya suman 729.
Los organismos piden justicia por el caso de Marisol Castro Gatica de la comunidad de Mecatepec, municipio de Tecoanapa, desaparecida el 8 de junio y hallada asesinada el 19 de julio pasado en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Exigen que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha dicho que Guerrero es un “santuario de las mujeres”, informe cuántos detenidos y sentenciados hay por el delito de desaparición de mujeres.
Reprochan que a los “dueños del poder” en la entidad lo único que les interesa es enriquecerse a costa del dolor y desconsuelo de cientos de familias.
“Todo crimen causa consternación, pero cuando se trata de una mujer este sentimiento se convierte en indignación en contra de las autoridades que se muestran tolerantes ante el jugoso negocio que significa la desaparición de mujeres, en su mayoría jóvenes, para el comercio sexual”.
Denuncian que en este negocio podrían estar involucradas las autoridades, “porque sólo así se explica que la desaparición de mujeres se haya incrementado en forma exponencial en el corredor de Tierra Colorada a Ayutla en la medida que en Guerrero aumenta el número de elementos del Ejército mexicano en tareas de seguridad, así como el aumento de agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal y Ministerial”.
Las agrupaciones refieren que en el contexto de violencia va en aumento contra las mujeres en la entidad, de acuerdo a datos del proyecto RedLupa, que lleva el registro de violencia en contra de las mujeres. En el 2022 hubo tres mil 802 desaparecidos, de las cuales 690 fueron mujeres; en el año 2023 hubo cuatro mil 106 desapariciones, y 731 fueron mujeres; en tanto que en los primeros seis meses del 2024 se han contabilizado cuatro mil 313 desaparecidos de los cuales 729 son mujeres.
“Hay que mencionar que de enero a los primeros días de mayo se presentaron ocho denuncias por la desaparición de niñas”, refiere el documento.
Las agrupaciones señalan que uno de los meses en los que se presentaron más denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la desaparición de mujeres fue junio pasado, pues del total de 99 desapariciones ocurridas en ese mes, 53 fueron mujeres.
“Toda la violencia en general, y contra las mujeres en particular, crece a pesar del abierto apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha declarado que el estado es un santuario para los derechos de las mujeres”.
Reprochan que, sin embargo, de nada ha servido el envío de cientos de elementos de la Guardia Nacional a la entidad, pues de enero a junio de este 2024 han habido 845 homicidios dolosos, “como consecuencia de seguir permitiendo el accionar de alrededor de 16 grupos criminales y narcoparamilitares que se disputan el control del estado”.
Indican que esta violencia que crece en el estado como consecuencia de la expansión de los grupos criminales, “con el permiso gubernamental”, ya se veía venir “y lo habíamos manifestado que después de los estragos provocados por el huracán Otis, el problema crecería por el reacomodo e implementación de otros giros delincuenciales”.
Refieren que en este ambiente de violencia que se vive en la entidad, la comunidad afromexicana de Mecatepec, municipio de Teoanapa “aún se encuentra consternada tras la localización del cadáver de Marisol Castro Gatica, de 29 años de edad, desaparecida el 8 de junio y 40 días después, el 19 de julio, hallada muerta en Ixtapan de la Sal, Estado de México.
“Por el lugar y las condiciones en que se localizó su cuerpo es necesario que la familia se mantenga alerta y preparada para una lucha larga y complicada por verdad y justicia, porque tal parece que se pretende hacer recaer la responsabilidad en una sola persona y dejarlo solo como un hecho de feminicidio, ajeno al accionar de grupos delincuenciales”.
La joven salió de su casa el sábado 8 de junio por la mañana a una cita médica al puerto de Acapulco y regresaría al otro día a su comunidad de Mecatepec, de donde era originaria, pero ya no lo hizo.
Su cuerpo fue hallado el 19 de julio pasado envuelto en plástico y en avanzado estado de descomposición en la colonia 24 de Febrero de Ixtapan de la Sal, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Coordinación General de Servicios Periciales de ese estado para que se le practicara la necropsia y determinar las causas de su muerte así como la fecha del deceso.
El cadáver de la joven guerrerense fue encontrado por integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), policías de investigación, efectivos de la Marina, Policía Estatal y Municipal.
La Fiscalía de Guerrero informó el martes pasado la detención y vinculación a proceso a Maximiliano “N” por el presunto feminicidio de Marisol.
El presunto responsable fue detenido en El Mogote, municipio de Taxco de Alarcón, sólo por el delito de secuestro, según denunciaron los organismos que reclamen justicia para la joven y su familia.
Destacan también en su documento las desapariciones de cuatro mujeres en distintos lugares de la entidad, dos de ellas menores de edad, tres que desaparecieron en los últimos cuatro meses y otra en el 2021, de las que a pesar de que sus familiares pidieron la intervención de las autoridades y se emitieron las fichas de alerta Ámber y se encuentran activas, no hay indicios de que se esté investigando su paradero.
Ellas son: Yohana Yuridia Marín Molina, de 16 años, quien desapareció el 9 de abril en el municipio de Copala; Naomi Torres Pintor, de 16 años, desaparecida el 6 de abril en el municipio de Chilpancingo; Alondra Daniela Olea Hernández, de 19 años, desaparecida el 12 de abril en Acapulco, y Sarahí Suástegui Callejas, de 24 años de edad, desaparecida en el 2021.
Sin embargo, insisten que las mujeres desaparecidas son muchas más derivado de la espiral de violencia en el estado.
Ante ello, I(dh)eas, el IMDHD y el Centro Morelos, exigen “verdad y justicia para las víctimas de desaparición y sus familias”, además, que la gobernadora Salgado Pineda informe cuántos detenidos y sentenciados hay en Guerrero por el delito de desaparición de mujeres.
Asimismo, que la tarea de la seguridad pública esté en manos de civiles y que la estrategia correspondiente surja de las propuestas de la sociedad. También que se investigue a las autoridades y funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno “para terminar con su complicidad, corrupción e impunidad que protege a los responsables de las desapariciones”.

Urgen instalar el Cabildo instituyente en Las Vigas; obstaculiza PRD el proceso, señalan

Rosendo Betancourt Radilla

Las Ramadas, municipio de Las Vigas

Comisarios del nuevo municipio de Las Vigas, que se formó con 19 comunidades que se desprendieron del de San Marcos, denunciaron que integrantes del Comité Gestor acuden a exigirles sello y firma, con engaños, y que los utilizan para echar abajo a la planilla encabezada por Adriana Garnica como presidenta municipal, que ya aprobó la Junta de Coordinación Política pero que en el pleno no se aprobó.
El integrante de esa planilla, Francisco Mendoza Ramírez originario de la localidad de Las Lechugas, señaló que los diputados están anteponiendo intereses políticos a la ley con la intención de imponer a su gente en el Cabildo instituyente, sin importar que no tengan trabajo con las comunidades.
El sábado El Sur visitó las comunidades Las Lechugas, La Míchica, Estero Verde, Las Pozas y al comisariado ejidal en Las Vigas. Los comisarios exigieron a los diputados la creación ya, del gobierno instituyente, porque San Marcos ya no tiene la obligación de construir en esos lugares.
Francisco Mendoza explicó en una reunión en la comunidad pesquera, entre la playa virgen y la laguna, que están en un proceso legal, “nosotros nos fuimos sobre el argumento de la sesión solemne que tuvo el Congreso del Estado porque en sesión solemne se violaron nuestros derechos políticos”.
Explicó que, legalmente, la fecha límite para la institución de los gobiernos municipales instituyentes es el 29 de septiembre, porque su gestión no puede ser mayor a tres años pero tampoco puede ser menor a un año. El Congreso del Estado sesionará hoy, 19 de septiembre, y se espera que se pronuncie al respecto.
El conflicto lo han ahondado los diputados del PRD que buscan imponer a su gente, y los grupos en disputa son ambos de ese partido, a quienes se consultó se identifican con el alcalde de San Marcos, la otra parte (a la que se buscó vía telefónica y mensajes de WatsApp pero no respondió a la solicitud de una entrevista) estaría apoyada por Bernardo Ortega Jiménez.
En la entrevista exclusiva a este medio, Francisco Mendoza consideró que “lo político no puede estar por encima de la ley, primero hay que hacer cumplir lo legal, pero al parecer los diputados tienen mucho interés en que predomine lo político y después quieren hacer cumplir la ley”.
Informó que el caso ya está en tribunales federales desde el viernes de la semana pasada.
Advirtió que si no se constituye el Cabildo se retrasa un año más y sería hasta el 2024 cuando se haga, porque ya San Marcos se desentiende de Las Vigas, “en la plataforma del gobierno federal no aparecen las localidades del nuevo municipio, los recursos del ramo 33 ya no pueden ser ejecutados para atender a Las Vigas”, si no se resuelve el próximo 29 de septiembre.
Consultada en el mismo lugar, Adriana Garnica dijo que la ley se tiene que hacer valer, “se me hace una contradicción que en el pleno no haya pasado la planilla, cuando los mismos diputados el 31 de agosto de 2021 aprueban el decreto 864 para la creación del nuevo municipio, se publicó el 28 de septiembre de 2021 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 20 de octubre de 2022 se emitió el acuerdo parlamentario por el que se aprueban los criterios para la designación del Cabildo instituyente, el 18 y 19 de noviembre se emitió el acuerdo parlamentario del Congreso que recibió tres escritos para integrar el Ayuntamiento Instituyente”.
La planilla instituyente nombrada por la Jucopo es encabezada por Adriana Elizabeth Garnica Ventura como presidenta municipal, quien es originaria de Las Vigas, como síndico va Francisco Mendoza Ramírez de Las Lechugas, en las regidurías van María de Jesús Alvite Sánchez de Alto de Ventura, Cruz Liquidano Venancio de Arroyo de Limón, Adilene Ocano Campo de Lomita de Nexpa, Régulo Viviano Mendoza de El Palomar, Georgina Sandoval Baltazar de Las Vigas, Isaac Ignacio Blanco, también de Las Vigas.
Expuso que la planilla es plural porque celebraron asambleas y así integraron a los integrantes, “se está haciendo valer la voz del pueblo”.
Se quejó de que el Congreso les dio las reglas, las cumplieron al pie de la letra y salieron “ganadores”, pero después debido a la intención de los diputados de imponer a su gente como cuota de poder, no se aprobó.
Denunció que no hay una explicación “ni se nos ha llamado, no nos han explicado nada”.
Mencionó que el 16 de febrero el Congreso aprobó por unanimidad de votos la propuesta de la Jucopo en la que se declaran los elegibles para los ayuntamientos instituyentes, ese día se le informa al comité gestor que está por resolverse, el 9 de marzo se lleva al pleno, se aprueba.
El 27 de junio se informa al comité gestor la integración del Ayuntamiento instituyente, aprueban la planilla encabezada por Adriana Garnica, y se le da conocimiento a la comunidad para que dé su aval, trabajo que llevaron a cabo en cada comunidad celebrando asambleas. Comisarios de 8 comunidades confirmaron que se realizó este proceso.
El 8 de agosto se da a conocer la planilla instituyente, “todo se hizo al pie de la letra, tenemos al pueblo como los mejores testigos. El 17 de agosto esperábamos que el Congre-so votara a favor pero vota en contra del proyecto sin argumentar”.
El comisario de Ramaditas dijo que con mentiras le sacaron el sello y la firma, “me dijeron que necesitaban los sellos, según que era para la carretera, pero en Chilpancingo vi que era para otra cosa, que era en contra de la planilla”. Lo mismo contaron los otros comisarios consultados.
Debido a la presión de los nuevos municipios para que se instalen sus cabildos instituyentes, el Con-greso puso como fecha límite hoy, 19 de septiembre, para integrarlos, y queda como antecedente la muerte de tres promotores del nuevo municipio de Santa Cruz del Rincón, quienes acudieron a Chilpancingo a presionar a los diputados locales para que aprobaran su planilla.

Denuncian amenazas de la alcaldía de Tixtla a paristas; sigue la toma del Palacio Municipal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Trabajadores municipales de Tixtla continuaron ayer por cuarto día consecutivo en paro laboral y la toma del Palacio Municipal, en demanda de incremento salarial y prestaciones sociales.
El dirigente de la sección novena del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Humberto Luna Temelo, denunció en declaraciones por teléfono que ayer iniciaron las represalias en contra de los paristas.
Sin embargo, informó que continuarán con sus acciones de protesta hasta que les resuelvan al cien por ciento sus demandas.
Denunció que mediante oficio, las autoridades municipales que preside el alcalde Moisés González Cabañas les advirtieron a partir de ayer de una “amonestación” si no se presentan a trabajar y que si reinciden les “aplicarán la ley”.
Sin embargo, el dirigente sindical dijo que los 142 trabajadores basificados agremiados al SUSPEG decidieron continuar con su movimiento hasta que reciban respuesta a su petición de un incremento salarial “digno” y, además, que les autoricen proponer a un familiar para que ocupe su plaza cuando se jubilen.
Luna Temelo denuncio por teléfono que las represalias comenzaron ayer viernes contra los trabajadores, mediante oficios que les mandaron en los que les manifiestan “su primera amonestación”.
El dirigente sindical agregó que no conforme con ello, les están enviando audios a los trabajadores o les llaman por teléfono y les exigen que se presentan a trabajar.
Sin embargo, dijo que todos los trabajadores acordaron en una asamblea de ayer seguir en el movimiento “porque saben que están ejerciendo sus derechos y cumpliendo con los procedimientos.
Dijo que después de cuatro días de un paro laboral, desde el jueves a las nueve de la mañana cerraron todas las oficinas del Ayuntamiento y los 142 trabajadores de base, decidieron quedarse de manera formal y permanente afuera del Palacio Municipal.
El dirigente sindical agregó que desde la presidencia municipal “se está buscando dividir al movimiento de los trabajadores” y denunció que desde la presidencia se está buscando hacerlo responsable de “incitar” a los trabajadores.
Sin embargo sostuvo que la decisión del paro laboral “fue una decisión de todos los trabajadores, porque el alcalde Moisés Antonio González Cabañas, no quiere dar solución al pliego petitorio 2023 y no quiere permitir que los trabajadores, decidan a quien le van a dejar su base”.
Denunció que el alcalde ha enviado oficios a los directivos de las dependencias municipales en los que les dice que los trabajadores del SUSPEG “no se han acercado a la presidencia”.
Pero refutó que los trabajadores “no tienen por qué acercarse a los directivos, porque ya tuvieron más de cuatro reuniones en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del SUSPEG, incluso con la misma dirigente estatal Adela Hernández Angelito”, pero el edil morenista les había ofrecido sólo un aumento del uno por ciento.
Expresó que ante esa propuesta, los trabajadores decidieron no aceptarla porque les parece “una ofensa”, ya que la gente que gana dos mil pesos, de incremento son apenas veinte pesos”.
Dijo que los trabajadores van a seguir en el plantón y a realizar sus actividades de protesta a pesar de las represalias.
También advirtió que de todo lo que les llegue a pasar, “hacemos responsable al alcalde y a todos los funcionarios que están enviando audios y haciendo llamadas a los trabajadores para obligarlos a regresar a sus áreas de trabajo”.

Suspende labores el Ayuntamiento de Iguala “hasta nuevo aviso” tras amenazas al alcalde

Alejandro Guerrero

Iguala

El gobierno local que preside al alcalde David Gama Pérez, suspendió labores en todas sus áreas administrativas, operativas y de recaudación hasta “nuevo aviso”, luego del asesinato de un trabajador de la dirección de Parques, y una amenaza que se difundió mediante una página de Facebook en contra del edil priista, el síndico Oscar Díaz Bello y trabajadores de esta administración.
Mientras que en Taxco, en las redes sociales circuló la versión de que siete policías municipales están desaparecidos, algunos de ellos desde el lunes, hecho que no ha sido confirmado por fuentes oficiales y el gobierno local no ha emitido ningún comunicado.
La mañana de este jueves las cuatro sedes alternas del Ayuntamiento, así como oficinas del DIF municipal y sus guarderías, corralón del parque vehicular y hasta la paramunicipal Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPAMI), amanecieron cerradas.
Trabajadores informaron vía telefónica que a partir de las 7 de la mañana les notificaron por mensajes de texto que no se presentaran a trabajar “por indicaciones superiores” y hasta nuevo aviso, sin dar mayor explicación. Debido a ello, todas las áreas administrativas, operativas y de recaudación fueron paralizadas.
Hasta el cierre de esta edición no había un comunicado oficial del gobierno municipal. La determinación de suspender todas las actividades y pedir a los trabajadores que no se presentaran a sus áreas, se dio luego del asesinato del trabajador de Parques y Jardines, Uriel, de 35 años, ocurrido a la 1:30 de la tarde en el Periférico Norte cerca de los terrenos de la feria, la principal sede alterna del Ayuntamiento. Asimismo, después de que a 200 metros de donde se cometió el homicidio, una camioneta de carga Ford-F350 fue quemada afuera de la casa de materiales para construcción Delta.
Un par de horas después de que la camioneta fue quemada, a las 11:48 de la noche, en una página de Facebook presuntamente del grupo delictivo La Familia Michoacana o Familia Guerrerense, difundieron una amenaza en contra de los trabajadores del gobierno municipal junto a la fotografía de una cartulina dirigida al alcalde David Gama (PRI) y al síndico Oscar Díaz (PRD).
“Tic, toc, tic, toc… gente que trabaja para el Ayuntamiento de Iguala, no vayan a trabajar hasta nuevo aviso en todas sus áreas, el que avisa no traiciona. Saludos David y Oscar, tic, toc, tic, toc…”, amagan en el texto de la publicación que es acompañada de una cartulina naranja dirigida a Gama Pérez y el síndico del PRD, Oscar Díaz Bello. De este último ha trascendido que salió del país desde el ataque a su clínica Royal Care cometido el 1 de junio.
En tanto que en la cartulina, que habría sido dejada junto a la camioneta quemada se lee: “Oscar Díaz Bello, David Gama Pérez, ustedes dicen hasta cuándo. Se les dijo una y otra vez… ya saben con quién comunicarse par de culeros, yo sigo con lo mío hasta que ustedes quieran. Ahorita y hace rato se los demostré”, dicen en aparente referencia al homicidio del trabajador y la camioneta quemada.
En esta misma página denominada Empresas Unidas de Guerrero, antes ya habían difundido amenazas en contra de los dos políticos, una de ellas apenas el miércoles en la que los emplazaron a irse de Iguala, mientras que en esa misma publicación ya habían hecho una advertencia contra trabajadores.
“David Gama Pérez, por cada pendejada que haga tu cartel un muerto de tu gobierno vas a tener, y así van a quedar, aunque ya hayas sacado a tu familia de tu casa”, advirtieron una hora después del homicidio del trabajador de Jardines.
Además de las amenazas y advertencias, el martes de la semana pasada civiles armados irrumpieron a la sede alterna donde antes era la comandancia de la Policía Municipal, y dispararon contra las instalaciones y una camioneta Nissan Frontier de la secretaría de Obras Públicas, eso un día después de una advertencia que hicieron en este mismo perfil para exigir al alcalde que parara todas sus obras personales y las de la empresa EGMA, que es de su familia, evidenciando supuestos acuerdos incumplidos por parte del edil.
Entre las oficinas y sedes alternas del Ayuntamiento que fueron paralizadas están los terrenos de la Feria de la Bandera, en la que están la mayoría de regidurías, direcciones y secretarías de gobierno. En la sede donde era la comandancia de la Policía Municipal y Barandillas, están la primera sindicatura, las regidurías de Migrantes, Educación y Obras Públicas, así como la secretaría de esta última.
También el edificio San Luis de la calle Miguel Hidalgo en el centro, en la que está la segunda sindicatura de Procuración de Justicia, que ostenta el perredista Oscar Díaz Bello, y donde además están la secretaría de Seguridad Pública y las direcciones de Policía Municipal, Tránsito y Reglamentos. Asimismo, en la Unidad Deportiva, donde está la Secretaría del Bienestar.
Asimismo se suspendieron actividades en el DIF Municipal que dirige la esposa del alcalde y sus distintas áreas, entre ellas las guarderías que suspendieron clases; se detuvo el servicio de recolección de basura y los servicios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPAMI), así como sus áreas de bombeo y distribución de agua.
Taxco

Entre este miércoles y jueves tomó fuerza la versión de la desaparición de siete policías municipales, que, de acuerdo con medios locales en Taxco, habrían sido privados de la libertad por civiles armados.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición el gobierno municipal del empresario Mario Figueroa Mundo no había emitido algún comunicado al respecto ni había confirmación de fuentes oficiales.
En un mensaje de texto enviado por una persona que se identificó como familiar de uno de los policías, afirmó que están desaparecidos ocho agentes, pero cuando se le preguntó si había denuncia o el nombre de su familiar, ya no respondió.
“Hola en Taxco el día lunes levantaron a 8 policías municipales, yo soy familiar de uno de ellos y estamos desesperados por que regresen con vida, pedimos hacerlo público para que llegue a oídos de la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) y el presidente Andrés Manuel López Obrador, por favor”, escribió en un mensaje de texto la persona identificada como Karla.
De acuerdo con medios locales y fuentes policiacas, entre los agentes desaparecidos están Celso Adrián Marquina Carbajal, Gerónimo Gómez, Gabriel Villa y Jean Claude Ramírez Gómez. Este último en el trienio pasado del panista Marcos Efrén Parra Gómez fue encargado de la secretaría de Seguridad Pública Municipal.
En este municipio, desde el 21 de mayo está desaparecida la policía Anahí González Avilés, de 41 años, quien fue privada de la libertad junto a su hijo Francisco Eduardo Vera, de 20 años, por civiles armados que irrumpieron a su casa del barrio El Capire.
El martes se conoció que cuatro artefactos explosivos, al parecer granadas, fueron dejadas en el Palacio municipal.

Suspenden cirugías en el ISSSTE de Iguala por falta de aire acondicionado, denuncian

Alejandro Guerrero

Iguala

La falta de funcionamiento de aires acondicionados en quirófanos y zona de hospitalización de la clínica del ISSSTE de esta ciudad, en medio de las altas temperaturas registradas en los últimos días y que han alcanzado los 40 grados, provocó la suspensión y reprogramación de cirugías, mientras que otros pacientes sobrellevaron su recuperación con el uso de ventiladores que sus familiares han llevado.
De acuerdo con denuncias realizadas por derechohabientes y trabajadores del hospital, desde hace tres semanas, el hospital ha tenido problemas con la ventilación de aires acondicionados, principalmente en la planta alta, en las áreas de hospitalización y quirófanos.
Consultado al respecto vía telefónica, el director del hospital, Claudio Brito Brito confirmó el problema, y sin entrar en detalles, adjudicó el problema a las remodelaciones que se han realizado y “situaciones que dependen de muchas instancias”.
El médico aceptó que la falta del clima artificial afectó las cirugías, que tuvieron que ser reprogramadas, así como “algunas otras cosas”, dijo sin detallar. Descartó que el problema sea por falta de energía eléctrica, por lo cual no pone en riesgo los biológicos ni los medicamentos que se manejan en el hospital. Asimismo, informó que el martes ya se había empezado a resolver el problema.
El hecho fue denunciado en un mensaje de texto por una enfermera del hospital, quien solicitó la reserva de su identidad, y exigió a las autoridades correspondientes dar pronta solución al problema del aire acondicionado.
Dijo que los más afectados eran los derechohabientes que están internados, pues debido a las altas temperaturas en la ciudad, estaban presentando pérdida “insensible” de líquidos y presentando cuadros de deshidratación.
Consultada por separado, otra enfermera confirmó que hasta el martes seguía sin funcionar el aire acondicionado en el área de quirófanos y hospitalización, pero que para este miércoles ya estaba funcionando.
Una maestra de primaria informó también vía telefónica, que el domingo llevó a su hija por un problema de salud por el que la tuvieron que internar, pero en seguida la sacó por alta voluntaria debido al calor extremo, “es un infierno, y luego los pacientes acostados en colchones de plástico, ya te imaginarás es un horno”, contó.
Mencionó que los médicos y las enfermeras “ya no sabían qué hacer al ver a los pacientes y sus familiares con tanto calor”, por lo que les autorizaron poder llevar algún ventilador pequeño para sobre llevar la recuperación de los internados.
En los últimos días, debido a la onda de calor, la temperatura en Iguala ha alcanzado los 40 grados centígrados.