Urgen sacerdotes a autoridades a acciones por la paz y a no normalizar la violencia

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Sacerdotes del decanato de Chilpancingo, llamaron a las “autoridades competentes” realizar acciones necesarias para restablecer la paz “y se ponga un freno a la crisis de violencia”.
Asimismo, a no normalizar la violencia, “ya que Chilpancingo está ante una emergencia que demanda de toda la sociedad acciones concretas, inmediatas y vinculadas en favor de la paz”.
Anunciaron una jornada de oración y un ayuno este 14 de febrero, “por la paz de nuestro estado” y para que “quienes se han apartado del amor y han optado por el egoísmo cambien su corazón”.
Los clérigos emitieron un pronunciamiento este martes, dirigido a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la sociedad de Chilpancingo, en el que indican que son “preocupantes las situaciones de violencia e inseguridad que como sociedad enfrentamos diariamente en Chilpancingo, esta crisis es lacerante pero también inaceptable”.
Refieren que desde el decanato de Chilpancingo “hacemos eco de las palabras de nuestro obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús Gonzáles Hernández y nos unimos al llamado para que se lleven a cabo las acciones necesarias por parte de las autoridades competentes para restablecer la paz y se ponga un freno a la crisis de violencia en Chilpancingo”.
Agregan que como decanato de Chilpancingo “nos unimos y respaldamos las acciones de la Agenda Nacional de Paz encaminadas a construir condiciones para reconstruir el tejido social, mejorar la seguridad y la justicia en nuestro país”.
“Son acciones que pueden ser realizadas por grupos de pastoral de las parroquias, vecinos, maestros, empresarios, colectivos o jóvenes, por lo que invitamos a la sociedad en general a acercarse al decanato para conocerlas, promoverlas e implementarlas por el bien de todas y todos”.
Invitaron a las parroquias a realizar un ayuno y oración este 14 de febrero y durante toda la cuaresma, “ofreciéndolos por la paz de nuestro estado y particularmente por Chilpancingo, “para que, quienes se han apartado del amor y han optado por el egoísmo cambien su corazón”.
Hicieron un llamado “respetuoso y firme a nuestras autoridades de los tres órdenes de gobierno para que no se difundan mensajes en los que se normalice la violencia, ya que Chilpancingo está ante una emergencia que demanda de toda la sociedad acciones concretas, inmediatas y vinculadas en favor de la paz”.
Los sacerdotes que respaldan el documento son Salvador Nahúm Carrillo Fragosa, Héctor Parra Dircio, Miguel Ángel Durán Brito, Jacinto Lázaro Córdoba, José Filiberto Velázquez Florencio, Feliciano Jerónimo Molina, Tomás González Bernabé,
Alfonso Vargas Reyes, Lucio Casiano Miranda, Benito Cuenca Mayo, Abel Jaramillo Hernández, Marcos Diego López, Gamaliel Villalobos Medina,
Miguel Ángel Ramírez, Juan Manuel Bribiesca Barrera, Jesús Fulgencio Cepeda Ávila, Sem Cepeda Salazar, Pedro Antonio Rivera Uribe y Carlos Crestino Luna.

 

Urgen al Congreso a instalar el cabildo de Las Vigas; “estamos en el abandono”, dicen

Régulo Viviano Mendoza; la presidenta Adriana Garnica; Adilene Canoy y Georgina Sandoval Baltazar en la conferencia de prensa del Gobierno instituyente del Municipio de Las Vigas Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes del cabildo instituyente de Las Vigas, desprendido del municipio de San Marcos, exigieron ayer en conferencia de Prensa en Chilpancingo al Congreso local les tome protesta y los instale como cabildo.
Encabezados por Adriana Elizabeth Garnica Ventura, quien encabeza la planilla, como presidenta, denunciaron que han pasado dos meses de que se venció el plazo sin que haya habido una causa justificada para que no se haya instalado el cabildo.
Garnica Ventura, fue acompañada por los regidores Georgina Sandoval Baltasar y Régulo Viviano Mendosa.
Dijo que desconocen por qué el Congreso local no ha querido tomarle posesión a la planilla ganadora.
“Lo que pedimos al Congreso es que dejen trabajar al municipio de Las Vigas, que nos regresen a ver, que nos dejen ser, que ya basta, estamos abandonados y necesitamos trabajar para resolver los problemas de nuestros municipios”.
Demandó a los diputados que permitan que el municipio comience a trabajar y que los proyectos que tienen en puerta se hagan realidad en beneficio de los pueblos.
A nombre de las familias de las Vigas exigió que les permitan ejercer sus labores porque no hay ninguna justificación para sigan retrasando la instalación del cabildo.
Indicó que no quiere pensar que no la dejan ejercer porque es mujer, igual que el cabildo de San Nicolás, (antes de Cuajinicuilapa) que también la encabeza una mujer y no le han tomado protesta, “¿será ese el motivo que no nos dejan ejercer porque somos mujeres?, se preguntó.
La regidora Abilene Cano Ocampo, también le exigió al Congreso local que ya cumpla con la ley y que les tome protesta y los instale como cabildo instituyente.
Dijo que hay muchos problemas y que el cabildo ya requiere comenzar a trabajar para atender, por ejemplo, “las escuelas que se están cayendo”, los caminos destrozados, los servicios de agua potable y alcantarillado que ahora no son atendidos por el ayuntamiento de San Marcos al que pertenecían y que como ya forman parte a otra demarcación no se hace cargo de sus problemas.
“Y tiene razón porque ya no le correspondemos a San Marcos nuestro municipio de Las Vigas, ahora nos corresponde trabajar a nosotros por nuestro propio municipio, pero no podemos hacerlo porque no nos toman protesta, no nos han dado posesión”, reprochó.
Régulo Viviano Mendoza, otro de los regidores, informó que el nuevo municipio necesita que sea atendido en sus caminos saca cosecha, agua potable “y muchos de los servicios que requiere la gente que nos pide que los ayúdenos, pero no podemos si los diputados no nos aprueban comenzar a trabajar”.
La alcaldesa Garnica Ventura agregó que hay muchos servicios que tienen que ser atendidos por las nuevas autoridades pero que mientras no los instale el Congreso no pueden trabajar, “por eso pedimos de todo corazón al Congreso que nos escuche”, clamó.

 

Urge diseñar iniciativas para atender a afectados por fenómenos meteorológicos: Ricardo Astudillo

Aurora Harrison

El diputado local priista por el Distrito 07 de Acapulco, Ricardo Astudillo Calvo, declaró que “será prudente” de los tiempos para buscar una candidatura para el próximo proceso electoral del 2024 y en tanto va a continuar con sus actividades legislativas.
El priista sostuvo un encuentro con medios de comunicación donde habló de las iniciativas que ha presentado en estos dos años. Consideró que se debe trabajar en una para ayudar a las personas que resultan afectadas por las lluvias. Esto luego de los daños que hubo en el estado a causa de la tormenta Max y de que no existe el Fondo Nacional de Desastres, que desapareció el actual gobierno federal.
Respecto a si hay iniciativas para ayudar afectados por fenómenos meteorológicos, declaró: “entiendo que ya hubo una declaratoria de emergencia, mi pregunta es, ¿de dónde van a sacar ese recurso? De si tenemos una propuesta yo creo que hay que construirla y a partir de ya, de lo que ya se tiene y del levantamiento de los daños y lo que se tenga que aplicar, entiendo que en el distrito 07 no hubo mayores daños”.

Esperará los tiempos para las candidaturas

De su futuro en el próximo proceso electoral del 2024, el hijo del ex gobernador Héctor Astudillo respondió: “primero es respetar la ley, todavía no son tiempos para andar pensando en otras cosas, hay que concentrarse en los cargos que uno tiene y dar resultados para poder pensar en otras cosas. Ricardo Astudillo está en la ruta de preparación y de maduración política”.
“Por supuesto tengo aspiraciones, quien está en política y no las tuviera no debería estar en política, las tengo, pero también siempre tengo los pies en la tierra, siempre voy actuar de manera inteligente, prudente y de una manera que me permita dar lo mejor de mí y de buscar en lo que yo creo que puedo ayudar”.
Reiteró que su ruta será “legislativa” de preparación y maduración política.
“El ser diputado es la primera oportunidad que tengo como servidor público, no he manejado recursos públicos”, y consideró que “el partido en el poder trae una estrategia de hacer creer que van arrasar en todas las elecciones, las propias encuestas que se han estado publicando y que se publicaron recientemente en el caso del Estado de México”.
Advirtió que el partido en el poder, es decir Morena, busca “desmoralizar a la oposición, creo que en la medida que nosotros entendamos que las oportunidades políticas se encuentran trabajando con la gente, luchando creo que es la medida en que el Frente Amplio por México va avanzar y construir todo de abajo hacia arriba”.

Gobierno de coalición

De su iniciativa de gobiernos de coalición, el diputado explicó que hubo una confusión y es que trataron de darle un tratamiento electoral y la propia ley señala que no se puede “publicar y promulgar ninguna ley que tenga que ver con el tema electoral 90 días antes de que inicie el proceso; sin embargo, nosotros estuvimos socializando y haciendo el trabajo para explicar que no se trata de un tema electoral, sino que va más allá”.
“Una vez que se termine el proceso electoral, una vez que ya terminaron las coaliciones electorales hay que plasmarlo en la ruta de gobierno que van a seguir los que lleguen al poder, y primero tiene que darse la reforma constitucional y después se pueda desprender la reglamentaria y estamos en espera de que la Comisión de Puntos Constitucionales vuelva a analizar esta propuesta”, detalló el diputado local.
Sobre el exhortó para hacer conciencia sobre la quema de basura en la zona Diamante, dijo que le corresponde al Ayuntamiento dar solución, y que está en espera de que informen cuáles son las acciones que “podemos hacer para que los gobiernos municipales tengan las herramientas y ayudar concientizando de que es un daño ecológico”.

 

Urgen instalar el Cabildo instituyente en Las Vigas; obstaculiza PRD el proceso, señalan

 

Rosendo Betancourt Radilla

Las Ramadas, municipio de Las Vigas

Comisarios del nuevo municipio de Las Vigas, que se formó con 19 comunidades que se desprendieron del de San Marcos, denunciaron que integrantes del Comité Gestor acuden a exigirles sello y firma, con engaños, y que los utilizan para echar abajo a la planilla encabezada por Adriana Garnica como presidenta municipal, que ya aprobó la Junta de Coordinación Política pero que en el pleno no se aprobó.
El integrante de esa planilla, Francisco Mendoza Ramírez originario de la localidad de Las Lechugas, señaló que los diputados están anteponiendo intereses políticos a la ley con la intención de imponer a su gente en el Cabildo instituyente, sin importar que no tengan trabajo con las comunidades.
El sábado El Sur visitó las comunidades Las Lechugas, La Míchica, Estero Verde, Las Pozas y al comisariado ejidal en Las Vigas. Los comisarios exigieron a los diputados la creación ya, del gobierno instituyente, porque San Marcos ya no tiene la obligación de construir en esos lugares.
Francisco Mendoza explicó en una reunión en la comunidad pesquera, entre la playa virgen y la laguna, que están en un proceso legal, “nosotros nos fuimos sobre el argumento de la sesión solemne que tuvo el Congreso del Estado porque en sesión solemne se violaron nuestros derechos políticos”.
Explicó que, legalmente, la fecha límite para la institución de los gobiernos municipales instituyentes es el 29 de septiembre, porque su gestión no puede ser mayor a tres años pero tampoco puede ser menor a un año. El Congreso del Estado sesionará hoy, 19 de septiembre, y se espera que se pronuncie al respecto.
El conflicto lo han ahondado los diputados del PRD que buscan imponer a su gente, y los grupos en disputa son ambos de ese partido, a quienes se consultó se identifican con el alcalde de San Marcos, la otra parte (a la que se buscó vía telefónica y mensajes de WatsApp pero no respondió a la solicitud de una entrevista) estaría apoyada por Bernardo Ortega Jiménez.
En la entrevista exclusiva a este medio, Francisco Mendoza consideró que “lo político no puede estar por encima de la ley, primero hay que hacer cumplir lo legal, pero al parecer los diputados tienen mucho interés en que predomine lo político y después quieren hacer cumplir la ley”.
Informó que el caso ya está en tribunales federales desde el viernes de la semana pasada.
Advirtió que si no se constituye el Cabildo se retrasa un año más y sería hasta el 2024 cuando se haga, porque ya San Marcos se desentiende de Las Vigas, “en la plataforma del gobierno federal no aparecen las localidades del nuevo municipio, los recursos del ramo 33 ya no pueden ser ejecutados para atender a Las Vigas”, si no se resuelve el próximo 29 de septiembre.
Consultada en el mismo lugar, Adriana Garnica dijo que la ley se tiene que hacer valer, “se me hace una contradicción que en el pleno no haya pasado la planilla, cuando los mismos diputados el 31 de agosto de 2021 aprueban el decreto 864 para la creación del nuevo municipio, se publicó el 28 de septiembre de 2021 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 20 de octubre de 2022 se emitió el acuerdo parlamentario por el que se aprueban los criterios para la designación del Cabildo instituyente, el 18 y 19 de noviembre se emitió el acuerdo parlamentario del Congreso que recibió tres escritos para integrar el Ayuntamiento Instituyente”.
La planilla instituyente nombrada por la Jucopo es encabezada por Adriana Elizabeth Garnica Ventura como presidenta municipal, quien es originaria de Las Vigas, como síndico va Francisco Mendoza Ramírez de Las Lechugas, en las regidurías van María de Jesús Alvite Sánchez de Alto de Ventura, Cruz Liquidano Venancio de Arroyo de Limón, Adilene Ocano Campo de Lomita de Nexpa, Régulo Viviano Mendoza de El Palomar, Georgina Sandoval Baltazar de Las Vigas, Isaac Ignacio Blanco, también de Las Vigas.
Expuso que la planilla es plural porque celebraron asambleas y así integraron a los integrantes, “se está haciendo valer la voz del pueblo”.
Se quejó de que el Congreso les dio las reglas, las cumplieron al pie de la letra y salieron “ganadores”, pero después debido a la intención de los diputados de imponer a su gente como cuota de poder, no se aprobó.
Denunció que no hay una explicación “ni se nos ha llamado, no nos han explicado nada”.
Mencionó que el 16 de febrero el Congreso aprobó por unanimidad de votos la propuesta de la Jucopo en la que se declaran los elegibles para los ayuntamientos instituyentes, ese día se le informa al comité gestor que está por resolverse, el 9 de marzo se lleva al pleno, se aprueba.
El 27 de junio se informa al comité gestor la integración del Ayuntamiento instituyente, aprueban la planilla encabezada por Adriana Garnica, y se le da conocimiento a la comunidad para que dé su aval, trabajo que llevaron a cabo en cada comunidad celebrando asambleas. Comisarios de 8 comunidades confirmaron que se realizó este proceso.
El 8 de agosto se da a conocer la planilla instituyente, “todo se hizo al pie de la letra, tenemos al pueblo como los mejores testigos. El 17 de agosto esperábamos que el Congre-so votara a favor pero vota en contra del proyecto sin argumentar”.
El comisario de Ramaditas dijo que con mentiras le sacaron el sello y la firma, “me dijeron que necesitaban los sellos, según que era para la carretera, pero en Chilpancingo vi que era para otra cosa, que era en contra de la planilla”. Lo mismo contaron los otros comisarios consultados.
Debido a la presión de los nuevos municipios para que se instalen sus cabildos instituyentes, el Con-greso puso como fecha límite hoy, 19 de septiembre, para integrarlos, y queda como antecedente la muerte de tres promotores del nuevo municipio de Santa Cruz del Rincón, quienes acudieron a Chilpancingo a presionar a los diputados locales para que aprobaran su planilla.

 

Agradecen apoyo del gobierno estatal, dicen locatarios del mercado pero urgen la reconstrucción

Comerciantes del mercado central que perdieron sus negocios en el incendio en la presentación de proyectos con autoridades del gobierno del estado pará recibir apoyos, ayer en el auditorio del parque Papagayo Foto: Carlos Carbajal

Jacob Morales Antonio

Locatarios de la nave mayor del Mercado Central urgieron a las autoridades la reconstrucción del inmueble, este jueves entregaron los documentos y seleccionaron los apoyos que recibirán del gobierno del estado según el giro del local que tenían.
Los afectados por el incendio que consumió el mercado el pasado 6 de junio, pidieron a las autoridades del municipio y estado comenzar los trabajos de reconstrucción de la nave mayor porque el ingreso que obtienen en los espacios que consiguieron no son los mismos que obtenían en sus locales.
Este jueves a las 5 de la tarde los 544 afectados comenzaron a entregar la documentación que los acredita como ocupantes de los locales incendiados de la nave mayor, a las Secretaría de Bienestar y de Desarrollo Económico, en las mesas que se colocaron en el auditorio hundido del parque Papagayo.
Los vendedores pasaron uno a uno, y en un listado escogieron de los tres paquetes que se ofrecieron el que más les convenía según su giro, mientras que otros entregaban sus documentos para recibir el dinero en efectivo. En ambos casos se les va a apoyar con un total de 20 mil pesos.
En su mensaje ante los comerciantes la secretaria de Fomento Económico, Teodora Ramírez Vega, dijo que se atenderá a 485 afectados por parte de la secretaría, mientras que la secretaria de Bienestar, María Del Carmen Cabrera, indicó que entregarán 50 paquetes en especie para quienes tenían la venta de aguas frescas, venta de comida, fondas, cremerías y carnicerías.
En declaraciones precisó que esto se debe a que los apoyos fueron emergentes y se buscó entre los programas que tiene la dependencia para poder apoyar a los afectados.
Ambas indicaron que a los afectados se les solicitó copia del INE, Curp y el comprobante de domicilio. Anunciaron que los apoyos se darán para agosto.
En declaraciones el señor Marcelino Chonguin, quien pertenece a la tercera generación de su familia que venden en un local del Mercado Central, agradeció el apoyo del gobierno del estado.
A nombre de sus compañeras y compañeros comerciantes, quienes lo secundaron, urgió a las autoridades a iniciar los trabajos de reconstrucción de la nave mayor del Mercado Central.
“La real y verdadera urgencia de nosotros es terminar la construcción del mercado, si bien estos apoyos son buenos y nos ayudan, no son suficientes, lo que queremos es irnos a los locales que teníamos”.
El hombre dijo que en su local vendía abarrotes y lo que necesitaría serían anaqueles, báscula, vitrinas y refrigeradores.

 

Urgen colectivos de víctimas aprobar la Ley de Desaparición de Personas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Ante la “crisis humanitaria” por las cifras de desapariciones que aumentan “cada día, cada hora y cada minuto”, siete colectivos de víctimas de Guerrero exigieron la aprobación “urgente” de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero.
En un boletín de prensa denunciaron que el Estado ha violentado “grotesca y dolosamente” los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares.
Los responsables del comunicado son los colectivos de familiares de víctimas que marcharon y bloquearon la Autopista del Sol el pasado 7 de marzo para pedir al Congreso local la aprobación de esa iniciativa de ley.
Después de la protesta se reunieron con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, quien se comprometió con los representantes de los colectivos darle seguimiento de manera conjunta a la iniciativa, pero ha incumplido con las reuniones agendadas, según denunciaron.
Derivado de ello, en su boletín de prensa exigieron ayer a los diputados de todas las fracciones parlamentarias y comisiones del Congreso local “que inmediatamente aprueben la Ley en Materia se Desaparición de Personas del estado de Guerrero, su reglamentación y presupuesto emergente suficiente que permita hacerla operativa”.
Los colectivos son: la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; el colectivo Siempre Vivos de Chilapa;
Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos;
Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo;
Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, y los Otros Desaparecidos de Iguala.

Falta una estrategia para detener desapariciones

Reprochan: “La falta de estrategias de seguridad para detener la desaparición de personas y la falta de atención a las llamadas victimas indirectas; esposas, hijos, hijas, hermanas, hermanos, madres y padres, han provocado que la crisis humanitaria se profundice y se amplié, con lo cual los gobiernos federal, estatal y municipal terminarán incrementando esa deuda con el pueblo de México y de Guerrero en particular”.
Refieren que mucho se ha insistido en que la desaparición forzada y por particulares en México, ha sido una práctica recurrente en Guerrero sin que hasta la fecha las víctimas directas e indirectas hayan podido acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición.
“El estado ha violentado grotesca y dolosamente los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares, ha violentado los derechos de los hijos de los desaparecidos, en muchos de ellos al negárseles el derecho a recibir la pensión de sus seres queridos, ha revictimizado y minimizado el dolor de las familias; las familias caminan gritando para ser escuchadas, pero el Estado sigue siendo omiso y sordo”.
Insistieron que, lo prioritario, es la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, “ya basta de hablar de agendas económicas, es necesario hablar de derechos humanos que cubran y protejan a las familias de los desaparecidos hasta encontrar a quienes les fueron quitados por la falta de capacidad del estado de velar por la seguridad de Guerrero”.
Los colectivos se quejan que cada día se incrementan las familias que caen en esta crisis humanitaria, “sin que se pueda saber con certeza las cifras oficiales de las víctimas por años, sexenios o décadas; las cifras están muy manoseadas y existe un subregistro tal que no es posible dar cifras reales, y esa es precisamente una de las intenciones con la ley pendiente en el Congreso del estado”.

Se tiene miedo a denunciar

Consideran que actualmente puede haber un número que oscila entre los cuatro y seis mil desaparecidos desde 1964, “cifras maquilladas y manipuladas cuando bien sabemos que desde hace aproximadamente diez años atrás, en todas las regiones de Guerrero el hablar de gente que desaparecen es de todos los días, pero tienen miedo a denunciar, la gente tiene miedo a hablar, mientras las cifras aumentan cada día, cada hora, cada minuto”.
Frente a las cifras de desaparecidos, los colectivos piden que el Estado “tiene que dejar de simular que la desaparición es tema prioritario en su agenda”.
Los colectivos explican que la ley que piden se apruebe permitirá un marco jurídico que garantice la coordinación de todos los organismos de búsqueda y la localización de sus familiares desaparecidos, mejorando e implementando los mecanismos necesarios.
Asimismo, garantiza un presupuesto suficiente y la reparación del daño a todas las familias a las que les han entregado los cuerpos o restos de sus familiares desaparecidos después de haberlos identificado.
También, contiene la implementación de estrategias de seguridad para garantizar la no repetición de estos hechos, así como la elaboración de políticas públicas para evitar que hombres y mujeres de todas las edades se vean compelidos a incorporarse a los grupos delincuenciales, “brindando oportunidades de desarrollo tanto individual como colectivo y/o comunitario, reconstruyendo el tejido social y, por consiguiente, en un futuro podamos ver la baja en niveles de violencia”.

 

Concluyó desde noviembre el periodo de Olimpia Godínez en el TJA, revelan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En un escrito enviado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “trabajadores” del Tribunal de Justicia Administrativa le notificaron que el periodo como magistrada de Olimpia María Azucena Godínez Viveros, feneció el 3 de noviembre pasado y le pidieron ejercer la facultad que le otorga la Constitución Política del Estado para enviar la propuesta al Congreso local de quien debe suplirla.
Le advirtieron que, en caso contrario, si continúa con esa responsabilidad “de manera inconstitucional e ilegal”, sus actuaciones resultarán inválidas, “al no tener sustento jurídico alguno”.
Denunciaron que los magistrados del Pleno de la Sala Superior de ese Tribunal, “fueron totalmente omisos al no hacerle de su conocimiento sobre dicha anomalía jurídica” para evitar el “retiro forzoso” de la magistrada.
Explicaron que el nombramiento de Godínez Viveros como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa fue expedido por el Congreso del estado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 3 de noviembre de 2015 por seis años, por lo que feneció el 3 de noviembre pasado, aunque en realidad en esta fecha se cumplieron siete años.
“No obstante, los integrantes del pleno de la Sala Superior en contravención a las disposiciones del artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa fueron totalmente omisos en hacerle de su conocimiento sobre dicha anomalía jurídica”.
Según los trabajadores, los magistrados actuaron así porque la ley señala que en estos casos procede el “retiro forzoso” de los magistrados, debido a que el titular del Poder Ejecutivo del Estado debe proceder con la propuesta para cubrir la vacante en los términos previstos por la Constitución Política del Estado.
Explicaron que quien debió informar oportunamente del término del periodo de la magistrada era la entonces presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Martha Elena Arce García.
Insistieron que su nombramiento dejó de tener vigencia “y no existe disposición legal que le permita justificar que continúe en el cargo”.
Quienes impugnan a la magistrada, detallaron que de acuerdo a la Ley orgánica de ese Tribunal, los magistrados durarán en su encargo siete años a partir de que rindan protesta de ley, y podrán ser ratificados para un segundo periodo de ocho años improrrogables.
Y aclararon que Godínez ejerció un segundo periodo como magistrada mediante el decreto del 20 de octubre del 2015, “con la salvedad que el Congreso del estado, estableció en el artículo primero que: se aprueba el nombramiento de la maestra en ciencias Olimpia María Azucena Godínez Viveros, como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (ahora Tribunal de Justicia Administrativa) por el término de seis años.”
Por ello, argumentaron que si el Poder Legislativo estableció ese lapso “es incuestionable que, a la fecha, el nombramiento de referencia ha dejado de tener vigencia y como consecuencia lógica, al existir impedimento constitucional para ser ratificada para un tercer periodo, las actuaciones de la mencionada profesionista pueden ser tildadas por alguna de las partes contendientes en un juicio contencioso administrativo de ilegales”.

La magistrada Martha Elena Arce, en la misma situación

Los que impugnan informaron a la gobernadora que de igual manera el nombramiento de la magistrada Martha Elena Arce García termina el 17 de febrero de 2023, “toda vez que fue designada por un periodo de seis años, y en segundo lugar, que ese periodo es improrrogable”.
Añadieron que al igual que Godínez Viveros, Arce García a la fecha ha desempeñado por dos periodos el cargo de magistrada, “es decir, ha fungido como magistrada de Sala Regional y como Magistrada de Sala Superior, de ahí que una eventual ratificación de su actual nombramiento o permitírsele que continúe en el cargo con un nombramiento que ya no tiene vigencia, resultaría inconstitucional e ilegal, y como consecuencia su actuación sería inválida”.
En atención a ello, solicitaron a la gobernadora que ejerza sus facultades y proceda a cubrir las vacantes.

 

Urgen amuzgos a AMLO concretar Plan de Justicia e integrarlos a programa de caminos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Una comisión de representantes de la Coordinadora General de la Nación Amuzga, del municipio de Ometepec, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, “que se concrete y se materialice” el Plan de Justicia de la Nación Amuzga de Guerrero y Oaxaca.
Asimismo, piden su inclusión “de manera inmediata” al programa de caminos artesanales, a sus comunidades en el municipio de Ometepec.
La comisión de 17 autoridades comunitarias viajó ayer a la Ciudad de México para entregar el documento con sus peticiones.
Vía telefónica, uno de los voceros informó que se reunieron con Gerardo Albino González, coordinador General de Transversalidad y Operación Regional del INI, a quien le entregaron el documento.
En el escrito, piden tanto a López Obrador como a Regino Montes concretar el Plan de Justicia de la Nación Amuzga de Guerrero y Oaxaca, “porque nuestra esperanza se cobija en usted y sería muy triste para nosotros quedarnos en el olvido”.
Le recuerdan que el Plan se lo entregaron personalmente el 21 de octubre del 2022 en Aquila, municipio de Tlapa. “En este Plan se encuentran las demandas más sentidas del pueblo amuzgo”, explican.
Además, solicitan la inclusión “de manera inmediata” al programa de caminos artesanales, a sus comunidades indígenas del municipio de Ometepec.
Refieren que esta es una demanda “muy sentida por el alto grado de marginación y pobreza en que vivimos y porque ninguna comunidad de nuestro municipio ha sido beneficiada con este programa complementario por su gobierno”.
En el escrito le anexan los nombres de las comunidades que piden sean beneficiadas y la longitud de los caminos”.
“Como una muestra del interés y por el olvido en que nos encontramos hemos tomado la decisión de trasladarnos a la Ciudad de México, a Palacio Nacional y al INPI para manifestar nuestras demandas y pedirles la atención que merecemos como indígenas por lo que solicitamos una mesa de trabajo para el desahogo de nuestras demandas con autoridades con capacidad resolutiva y la firma de una minuta de trabajo”.
La comisión fue integrada por 18 autoridades, entre ellos Román Gómez Baltasar, de la comunidad de Rancho San Francisco; Erminio Morales Lorenzo, de la comunidad de Cerro Pájaro; Benito Ramos de la Cruz de Paso Tabaco; José Lorenzo Santiago, de Paso Cuajilote; Roberto Santiago de los Santos de Tierra Colorada.
El vocero de la comisión informó por teléfono que en la reunión con el funcionario del INPI acordaron la inclusión de 14 caminos artesanales del municipio de Ometepec, además que la dependencia federal apoyará a las comunidades para la elaboración de sus proyectos.
Además, convinieron que el 24 de marzo estará en Ometepec el responsable de infraestructura de caminos artesanales para dar seguimiento a sus planteamientos. Dijo que sólo esperan respuesta a su solicitud de “que se concrete y se materialice” el Plan.

Urgen en Ayutla al Congreso formalizar la constitución del municipio Ñuu’ Savi

Habitantes de comunidades que exigen la instalación y creación del municipio Ñuu’ Savi, marcharon hacia la plaza de la Paz en Ayutla donde fue la ceremonia solemne del Congreso por el aniversario del Plan de Ayutla Foto: El Sur

Jacob Morales Antonio

Ayutla

Habitantes de comunidades de 34 de 36 comunidades que exigen la instalación y creación del municipio ñuu’ savi, marcharon y protestaron durante el acto solemne del Congreso por la promulgación del Plan de Ayutla, pero la comunidad de Tepuente pidió no ser incluida en el nuevo municipio.
La mañana de este lunes unos 300 habitantes de 34 comunidades llegaron en marcha a la ceremonia solemne por la conmemoración del 169 aniversario de la promulgación del Plan de Ayutla que se realizó en la plaza de La Paz.
Los inconformes de habla Tu´un Savi portaron pancartas que exhibieron durante la realización de la ceremonia ante los diputados locales, donde exigieron el respeto a los acuerdo de las asambleas en las que se acordó que los nuevos municipios estarían siendo conformados el 1 de enero de este año.
El integrante del comité gestor del municipio Ñu’u Savi, Melquiades Gregorio Porfirio, señaló que los pueblos se sienten engañados porque en diciembre pasado los diputados solicitaron una prórroga de 120 días, para poder oficializar estos municipios y conformar los gobiernos municipales constituyentes.
Dijo que el nuevo municipio con cabecera municipal en Coapinole, está integrado por 37 comunidades, de las que 34 acudieron a la protesta y otra dos no por festividades y por compromisos de seguridad con la CRAC-PC.
Indicó que el grupo de representantes de las comunidades fueron escuchados por el diputado indígena Masedonio Mendoza Basurto, pero no hubo ningún compromiso.
El representante recriminó que los diputados del Congreso local haya estipulado primero que de las asambleas saldrían las propuestas para conformar el gobierno constituyente y ahora se le está dando apertura a las auto-propuestas, lo que está politizando el gobierno naciente.
Gregorio Porfirio señaló que los diputados están retrasando la conformación del nuevo municipio debido a que se solicitó que sus autoridades sean elegidos por usos y costumbres, y no quieren permitirlo.

Tepuente no quiere formar parte

A la misma sesión llegó una representación de la comunidad de Tepuente, ubicado a 20 minutos de la cabecera municipal de Ayutla, cuyos habitantes se oponen a que la comunidad forme parte de la nueva municipalidad.
Uno de los pobladores y quien para evitar conflictos pidió no publicar su nombre, dijo que durante las asambleas informativas que se realizaron, no se les explicó bien a los asistentes que solo hablan Tu´un Savi y fueron engañados para firmar los documentos y así pertenecer al nuevo municipio.
Sin embargo indicó que la cabecera municipal estaría en Coapinole, que les queda a dos horas de camino, mientras que la actual cabecera municipal de Ayutla está a 20 minutos.
Además dijo que hay el temor y miedo de los habitantes que se dedican a la siembra de hortalizas que ya no se les permita vender en el municipio de Ayutla y que ahora tengan que desplazarse hasta Cuapinole.
Recordó que la comunidad de unos 150 habitantes, interpuso un amparo para evitar ser integrado a la nueva municipalidad, y del cual están esperando respuesta.