Concluyó desde noviembre el periodo de Olimpia Godínez en el TJA, revelan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En un escrito enviado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “trabajadores” del Tribunal de Justicia Administrativa le notificaron que el periodo como magistrada de Olimpia María Azucena Godínez Viveros, feneció el 3 de noviembre pasado y le pidieron ejercer la facultad que le otorga la Constitución Política del Estado para enviar la propuesta al Congreso local de quien debe suplirla.
Le advirtieron que, en caso contrario, si continúa con esa responsabilidad “de manera inconstitucional e ilegal”, sus actuaciones resultarán inválidas, “al no tener sustento jurídico alguno”.
Denunciaron que los magistrados del Pleno de la Sala Superior de ese Tribunal, “fueron totalmente omisos al no hacerle de su conocimiento sobre dicha anomalía jurídica” para evitar el “retiro forzoso” de la magistrada.
Explicaron que el nombramiento de Godínez Viveros como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa fue expedido por el Congreso del estado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 3 de noviembre de 2015 por seis años, por lo que feneció el 3 de noviembre pasado, aunque en realidad en esta fecha se cumplieron siete años.
“No obstante, los integrantes del pleno de la Sala Superior en contravención a las disposiciones del artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa fueron totalmente omisos en hacerle de su conocimiento sobre dicha anomalía jurídica”.
Según los trabajadores, los magistrados actuaron así porque la ley señala que en estos casos procede el “retiro forzoso” de los magistrados, debido a que el titular del Poder Ejecutivo del Estado debe proceder con la propuesta para cubrir la vacante en los términos previstos por la Constitución Política del Estado.
Explicaron que quien debió informar oportunamente del término del periodo de la magistrada era la entonces presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Martha Elena Arce García.
Insistieron que su nombramiento dejó de tener vigencia “y no existe disposición legal que le permita justificar que continúe en el cargo”.
Quienes impugnan a la magistrada, detallaron que de acuerdo a la Ley orgánica de ese Tribunal, los magistrados durarán en su encargo siete años a partir de que rindan protesta de ley, y podrán ser ratificados para un segundo periodo de ocho años improrrogables.
Y aclararon que Godínez ejerció un segundo periodo como magistrada mediante el decreto del 20 de octubre del 2015, “con la salvedad que el Congreso del estado, estableció en el artículo primero que: se aprueba el nombramiento de la maestra en ciencias Olimpia María Azucena Godínez Viveros, como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (ahora Tribunal de Justicia Administrativa) por el término de seis años.”
Por ello, argumentaron que si el Poder Legislativo estableció ese lapso “es incuestionable que, a la fecha, el nombramiento de referencia ha dejado de tener vigencia y como consecuencia lógica, al existir impedimento constitucional para ser ratificada para un tercer periodo, las actuaciones de la mencionada profesionista pueden ser tildadas por alguna de las partes contendientes en un juicio contencioso administrativo de ilegales”.

La magistrada Martha Elena Arce, en la misma situación

Los que impugnan informaron a la gobernadora que de igual manera el nombramiento de la magistrada Martha Elena Arce García termina el 17 de febrero de 2023, “toda vez que fue designada por un periodo de seis años, y en segundo lugar, que ese periodo es improrrogable”.
Añadieron que al igual que Godínez Viveros, Arce García a la fecha ha desempeñado por dos periodos el cargo de magistrada, “es decir, ha fungido como magistrada de Sala Regional y como Magistrada de Sala Superior, de ahí que una eventual ratificación de su actual nombramiento o permitírsele que continúe en el cargo con un nombramiento que ya no tiene vigencia, resultaría inconstitucional e ilegal, y como consecuencia su actuación sería inválida”.
En atención a ello, solicitaron a la gobernadora que ejerza sus facultades y proceda a cubrir las vacantes.

 

Acuden normalistas de Ayotzinapa a la Fiscalía para hacer los trámites de su próxima clausura

Estudiantes de cuarto año de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al edificio Juan N. Álvarez, en la capital, para realizar los trámites pertinentes debido a su próxima clausura.
Los normalistas se preparan para concluir con su formación académica, a la par que siguen comprometidos con la lucha por la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos, quienes estarían en el mismo proceso si no hubieran ocurrido los ataques de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
De los 140 estudiantes con los que inició la generación 2014-2018 de la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, unos 80 son los que están al día con los trámites correspondientes para poder obtener sus certificados de estudios al final del ciclo escolar.
La FGE condonó la carta de no antecedentes penales para los normalistas, quienes acudieron en grupo a las instalaciones ubicadas en la capital para concretar la entrega, según se informó, mientras que en el edificio Juan N. Álvarez, que alberga la Secretaría de Finanzas y Administración, el Registro Civil y otras dependencias, los jóvenes acudieron a pagar constancias. .

 

El laudo está en proceso; no hay bases para los 69 trabajadores, insiste en director del IEEJAG

El director general del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), Miguel Mayrén Domínguez, se reunió con representantes de los 69 trabajadores que demandan el reconocimiento de su base, Maricela Flores Memije y Gabriela Toledo Meza; para quienes la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje “sugiere” pagar un finiquito de 4 millones de pesos.
En declaraciones a reporteros, el funcionario dijo que con la reunión buscan reabrir algunas de las coordinaciones de zona que llevan cerradas una semana.
“Estamos hablando de cinco días (de conflicto), por un laudo que está en proceso. Estos compañeros que laboran en el instituto a través de honorarios, están solicitando el otorgamiento de 69 plazas sindicalizadas o basificadas”, comentó Mayrén Domínguez.
Sin embargo, dijo que ni el instituto ni el gobernador están facultados para expedir plazas certificadas, pues el IEEJAG opera con recursos de la federación en un 92 por ciento y el 8 por ciento restante proviene del estado.
“Hay un laudo inconcluso, no hay una definición al 100 por ciento y estamos comentando con las compañeras que el instituto está en disposición de ajustarse a derecho, lo que diga la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo que diga la autoridad correspondiente lo vamos a acatar, pero esto no se ha destrabado, porque al gobierno del estado no le compete otorgar basificaciones, sino al instituto a través de Hacienda, que otorga recursos para cada plaza, administrativamente. Hay un contrato colectivo que signa el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación de los Adultos, firmado por autoridades educativas. Nos ajustamos a ese contrato colectivo, que es federal”, dijo el funcionario.
Advirtió que las protestas con son la vía correcta para solucionar el conflicto, porque tampoco “no llegaríamos a buen término, se violentaría la ley, lo que diga la Junta Federal del Trabajo lo vamos a acatar”, sostuvo en el restaurante Toks ubicado a un costado de la plaza Costera 125, del Acapulco Dorado.
“Estamos buscando la manera de cómo el gobierno del estado puede cumplir con esos 4 millones de pesos. Hay toda la disposición para llegar a acuerdos, no estamos cerrados”, dijo.
Sostuvo que buscan llegar a un acuerdo, pues existe la necesidad de que se operen los programas de alfabetización, se elaboren y entreguen los certificados a quienes concluyeron su educación, pues indicó que hay unos 700 documentos de primaria y secundaria para igual número de personas, a quienes no se les han entregado porque las oficinas están cerradas.
La mitad de las oficinas han sido afectadas, entre otras las de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y otras.
En la reunión estuvo también el abogado del IEEJAG, Hilario Gallardo.
Se les preguntó a las maestras su versión acerca del desarrollo de la junta, pero dijeron convocarán a conferencia de prensa para informar al respecto.