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La transferencia del C4 a la GN tiene antecedentes; en 2016 lo tomó el Ejército

Ramón Gracida Gómez

En mayo de 2016, el Ejército tomó el mando del C4 (Centro de Comando, Comunicación y Cómputo) de Acapulco al igual que el jueves pasado cuando fue anunciado que la Guardia Nacional, transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa, antes Sedena), tomó el control de la operatividad de las instalaciones.
Era alcalde de Acapulco el perredista Evodio Velázquez, gobernador de Guerrero el priista Héctor Astudillo Flores y mandatario federal el también priista Enrique Peña Nieto; en mayo de 2017 la Secretaría de Seguridad Pública del estado asumió el control del C4 porque terminó el convenio con la Sedena.
Pese al control del Ejército en 2016 fueron abiertas 918 carpetas de investigación por homicidio doloso en el municipio y a año siguiente sumaron 843 carpetas por el mismo delito.
El Sur publicó el 10 de mayo de 2016 que un día antes la Sedena tomó el mando del C4 en Chilpancingo, Iguala y Acapulco, en este último municipio los militares llegaron a las instalaciones ubicadas en la calle Tesoro Perdido, de la colonia Progreso, donde laboraban 30 personas, entre ellas 18 operadoras y 10 trabajadoras administrativas.
Una semana antes, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la toma del C4 de los tres municipios por parte del Ejército, que destinaría 400 efectivos para tal objetivo y que construiría un C5.
En un comunicado de prensa, la dependencia federal precisó que la Sedena se haría cargo de todas las cámaras de seguridad de Acapulco y afirmó que el C4 “es un lugar que no ha dado confianza a todos los ciudadanos” cuando “es un lugar estratégico para poder enfrentar cualquier problema de inseguridad”.
El 14 de abril, el alcalde Evodio Velázquez reconoció que 100 de las 500 cámaras de seguridad del C4 no servían.
El Sur publicó el 19 de mayo de 2017 que desde el día 15 la Secretaría de Seguridad Pública del estado asumió el control del C4 de los tres municipios intervenidos porque el convenio entre el gobierno estatal y la Sedena terminaba ese día.
El 28 de mayo, el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, dijo que la Sedena tomó el control del C4 mientras eran capacitados trabajadores, a partir de entonces 250 policías estatales laborarían en el Centro de Acapulco.
El 3 de julio pasado en una conferencia de prensa a la que no fue invitado El Sur, se informó que la Guardia Nacional tomó el control de la operatividad del C4 en Acapulco con 104 agentes, mientras que la parte administrativa estará a cargo del Ayuntamiento encabezado por la morenista Abelina López Rodríguez.
El comandante de la 27 Zona Militar, general Andrés Ojeda Ramírez, explicó que la parte donde tendrá el control del C4 la Guardia Nacional será la atención a los reportes de 911, a las cámaras de seguridad que están instaladas, a los botones de pánico, “a todo lo que conlleve materializar la seguridad pública”.
En tanto que el Municipio tendrá el control de la parte “administrativa, logística, de recuperar, mantener, cambiar las cámaras, los enlaces de fibra óptica u otro que está enlazando al C4. Esa parte seguirá estando bajo manejo del municipio que tiene esos contratos firmados con las empresas”.
Al otro día del anuncio, el secretario de Seguridad Pública municipal, Arturo Eduardo Bailleres Mendoza, subrayó que ni la Guardia Nacional ni la Defensa tienen el “control absoluto” del C4, ni nada por el estilo y más bien es una colaboración, coordinación.
El 16 de agosto de 2023, en su primer trienio, la alcaldesa López Rodríguez informó que en los días siguientes se pasaría de C2 a C4 mediante la colocación de más de 500 cámaras de video vigilancia, drones y otro equipamiento.
El 24 de marzo de 2024, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, informó de la instalación del 97 por ciento de las 600 cámaras para transitar de un C2 a un C4 y añadió que 250 cámaras quedaron dañadas tras el paso del devastador huracán Otis del 25 de octubre de 2023.
El 11 de septiembre, la alcaldesa aumentó la cifra de cámaras de seguridad instaladas en el municipio a mil con una inversión de 99 millones de pesos.

Se terminan las mil boletas asignadas a casillas especiales; se quedan ciudadanos sin votar

Larga la fila de ciudadanos para votar en la casilla especial 0276 instalada en la Costera, frente a la Universidad Americana de Acapulco Foto: Jesús Trigo

Aurora Harrison

Largas filas hubo ayer en la jornada electoral en las casillas especiales que se instalaron en la ciudad, algunos ciudadanos se quedaron sin votar debido a que las mil boletas se terminaron antes del cierre de la votación.
Algunos que se quedaron sin votar se quejaron y hubo jaloneos y gritos a los funcionarios de casillas quienes explicaban que ya se había concluido con las boletas y que el sistema ya se había cerrado, pero insistían en que querían votar.
Como se informó, el sábado en la explanada del Centro de Convenciones, cientos de ciudadanos en su mayoría acapulqueños se quedaron a dormir para votar, funcionarios de casillas dijeron que hubo más ciudadanos locales que ocuparon la mayoría de las boletas.
En Acapulco se instalaron unas 12 casillas especiales, en un recorrido por el Centro de Convenciones, Zócalo, Ejido, cancha de la CROM, Universidad Americana, bulevar de Las Naciones, en avenida Costera frente al parque Papagayo, y cada casilla tiene mil boletas.
Como se informó, la noche del sábado ciudadanos llegaron desde las 8 y durmieron en la explanada del Centro de Convenciones, porque esperaron a que abrieron las dos casillas que se instalaron para emitir su voto. En el lugar había simpatizantes de la candidata de la coalición Juntos Hagamos Historia, Abelina López Rodríguez.
El sábado por la noche en la fila estaba la ex regidora Claudia de la O, que apoya a Abelina López Rodríguez, y simpatizantes del equipo de Walton, como Gabriel Ortiz, que dijo que se encontraba en dicho lugar para ver cómo se desarrollaba la jornada.
Ayer domingo en la jornada electoral la fila en esa zona se incrementó, los ciudadanos esperaron entre dos o tres horas para votar, toda vez que la casilla se instaló con retraso e hicieron falta funcionarios, al principio hubo quejas de jóvenes y ciudadanos que pedían que se habilitara una fila para los adultos mayores.
La fila de personas a las 8 de la mañana estaba hasta el acceso a la puerta del Jardín Sur, un aproximado de unas 800 personas, pero seguían llegando, había empleados, prestadores de servicios turísticos, ciudadanos de colonias cercanas a Costa Azul.
A esa hora llegó un grupo de integrantes de campaña del candidato Fuerza y Corazón por Acapulco, Carlos Granda Castro, quienes hicieron acto de presencia para ver cómo se desarrollaba la votación y que no hubiera irregularidades en el proceso.
Otra de las casillas fue la que se instaló en la cancha techada que está frente al edificio de la CROM. Desde temprano había cientos de personas haciendo fila, y al principio hubo quejas porque las personas tenían rato esperando a votar y los primeros que emitieron su sufragio fueron los representantes de las casillas.
Ahí en dicho lugar como a las 8 de la mañana estaban formados integrantes de la comisión política de la candidata Abelina López Rodríguez, esperando para emitir su voto, entre ellos el coordinador de campaña, Alejandro Díaz López, Juan Hernández y Aurelio Castañeda.
En la casilla que se instaló en la plaza Los Manglares en la zona Diamante, hubo una votación copiosa de ciudadanos. La fila llegaba hasta la entrada a la playa Revolcadero, los ciudadanos en su mayoría vecinos de colonias como Puerto Marqués, Llano Largo y turistas que se encontraban de descanso en la ciudad.
Por la tarde, antes del cierre de la casilla, se habían terminado las boletas, pero todavía había varios ciudadanos que querían votar y empezaron a gritar a los funcionarios de casillas que les permitieran emitir su voto e incluso llamaron al número de emergencia 911 para que las autoridades policiales acudieran al lugar para que les permitieran votar.
Se les dio la explicación de que las boletas se habían terminado y que el sistema ya les había cerrado, porque nada más tenían mil boletas, contó una representante del INE que después de varios minutos los ciudadanos que se quedaron sin votar entendieron y se retiraron.
Lo misma situación ocurrió en la casilla que se instaló en el Aeropuerto, donde los funcionarios de casillas explicaron que a las 5 de la tarde se habían terminado.
Otra de las casillas instaladas fue la de la terminal de autobuses de Ejido la gente empezó a llegar desde antes de las 7 de la mañana, y así estuvieron durante el transcurso de la mañana, donde los ciudadanos tuvieron que esperar varias horas para votar.
En tanto que en el Zócalo, donde se instaló la casilla especial 098 poco antes de las 8, los primeros en votar fueron los funcionarios, la fila de personas daba vuelta hasta donde estaba la parada del sistema de transporte Acabús.
La otra casilla donde las filas eran copiosas fue en Las Cruces, y en la avenida Costera donde se encuentra la Universidad Americana de Acapulco, así como frente al parque Papagayo, donde los funcionarios pedían a los ciudadanos acapulqueños que fueron los que abarrotaron las casillas que si tenían cerca la suya que se fueran a votar.

 

Concluyó desde noviembre el periodo de Olimpia Godínez en el TJA, revelan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En un escrito enviado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “trabajadores” del Tribunal de Justicia Administrativa le notificaron que el periodo como magistrada de Olimpia María Azucena Godínez Viveros, feneció el 3 de noviembre pasado y le pidieron ejercer la facultad que le otorga la Constitución Política del Estado para enviar la propuesta al Congreso local de quien debe suplirla.
Le advirtieron que, en caso contrario, si continúa con esa responsabilidad “de manera inconstitucional e ilegal”, sus actuaciones resultarán inválidas, “al no tener sustento jurídico alguno”.
Denunciaron que los magistrados del Pleno de la Sala Superior de ese Tribunal, “fueron totalmente omisos al no hacerle de su conocimiento sobre dicha anomalía jurídica” para evitar el “retiro forzoso” de la magistrada.
Explicaron que el nombramiento de Godínez Viveros como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa fue expedido por el Congreso del estado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 3 de noviembre de 2015 por seis años, por lo que feneció el 3 de noviembre pasado, aunque en realidad en esta fecha se cumplieron siete años.
“No obstante, los integrantes del pleno de la Sala Superior en contravención a las disposiciones del artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa fueron totalmente omisos en hacerle de su conocimiento sobre dicha anomalía jurídica”.
Según los trabajadores, los magistrados actuaron así porque la ley señala que en estos casos procede el “retiro forzoso” de los magistrados, debido a que el titular del Poder Ejecutivo del Estado debe proceder con la propuesta para cubrir la vacante en los términos previstos por la Constitución Política del Estado.
Explicaron que quien debió informar oportunamente del término del periodo de la magistrada era la entonces presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Martha Elena Arce García.
Insistieron que su nombramiento dejó de tener vigencia “y no existe disposición legal que le permita justificar que continúe en el cargo”.
Quienes impugnan a la magistrada, detallaron que de acuerdo a la Ley orgánica de ese Tribunal, los magistrados durarán en su encargo siete años a partir de que rindan protesta de ley, y podrán ser ratificados para un segundo periodo de ocho años improrrogables.
Y aclararon que Godínez ejerció un segundo periodo como magistrada mediante el decreto del 20 de octubre del 2015, “con la salvedad que el Congreso del estado, estableció en el artículo primero que: se aprueba el nombramiento de la maestra en ciencias Olimpia María Azucena Godínez Viveros, como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (ahora Tribunal de Justicia Administrativa) por el término de seis años.”
Por ello, argumentaron que si el Poder Legislativo estableció ese lapso “es incuestionable que, a la fecha, el nombramiento de referencia ha dejado de tener vigencia y como consecuencia lógica, al existir impedimento constitucional para ser ratificada para un tercer periodo, las actuaciones de la mencionada profesionista pueden ser tildadas por alguna de las partes contendientes en un juicio contencioso administrativo de ilegales”.

La magistrada Martha Elena Arce, en la misma situación

Los que impugnan informaron a la gobernadora que de igual manera el nombramiento de la magistrada Martha Elena Arce García termina el 17 de febrero de 2023, “toda vez que fue designada por un periodo de seis años, y en segundo lugar, que ese periodo es improrrogable”.
Añadieron que al igual que Godínez Viveros, Arce García a la fecha ha desempeñado por dos periodos el cargo de magistrada, “es decir, ha fungido como magistrada de Sala Regional y como Magistrada de Sala Superior, de ahí que una eventual ratificación de su actual nombramiento o permitírsele que continúe en el cargo con un nombramiento que ya no tiene vigencia, resultaría inconstitucional e ilegal, y como consecuencia su actuación sería inválida”.
En atención a ello, solicitaron a la gobernadora que ejerza sus facultades y proceda a cubrir las vacantes.

 

Acuden normalistas de Ayotzinapa a la Fiscalía para hacer los trámites de su próxima clausura

Estudiantes de cuarto año de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al edificio Juan N. Álvarez, en la capital, para realizar los trámites pertinentes debido a su próxima clausura.
Los normalistas se preparan para concluir con su formación académica, a la par que siguen comprometidos con la lucha por la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos, quienes estarían en el mismo proceso si no hubieran ocurrido los ataques de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
De los 140 estudiantes con los que inició la generación 2014-2018 de la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, unos 80 son los que están al día con los trámites correspondientes para poder obtener sus certificados de estudios al final del ciclo escolar.
La FGE condonó la carta de no antecedentes penales para los normalistas, quienes acudieron en grupo a las instalaciones ubicadas en la capital para concretar la entrega, según se informó, mientras que en el edificio Juan N. Álvarez, que alberga la Secretaría de Finanzas y Administración, el Registro Civil y otras dependencias, los jóvenes acudieron a pagar constancias. .

 

El laudo está en proceso; no hay bases para los 69 trabajadores, insiste en director del IEEJAG

El director general del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), Miguel Mayrén Domínguez, se reunió con representantes de los 69 trabajadores que demandan el reconocimiento de su base, Maricela Flores Memije y Gabriela Toledo Meza; para quienes la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje “sugiere” pagar un finiquito de 4 millones de pesos.
En declaraciones a reporteros, el funcionario dijo que con la reunión buscan reabrir algunas de las coordinaciones de zona que llevan cerradas una semana.
“Estamos hablando de cinco días (de conflicto), por un laudo que está en proceso. Estos compañeros que laboran en el instituto a través de honorarios, están solicitando el otorgamiento de 69 plazas sindicalizadas o basificadas”, comentó Mayrén Domínguez.
Sin embargo, dijo que ni el instituto ni el gobernador están facultados para expedir plazas certificadas, pues el IEEJAG opera con recursos de la federación en un 92 por ciento y el 8 por ciento restante proviene del estado.
“Hay un laudo inconcluso, no hay una definición al 100 por ciento y estamos comentando con las compañeras que el instituto está en disposición de ajustarse a derecho, lo que diga la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo que diga la autoridad correspondiente lo vamos a acatar, pero esto no se ha destrabado, porque al gobierno del estado no le compete otorgar basificaciones, sino al instituto a través de Hacienda, que otorga recursos para cada plaza, administrativamente. Hay un contrato colectivo que signa el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación de los Adultos, firmado por autoridades educativas. Nos ajustamos a ese contrato colectivo, que es federal”, dijo el funcionario.
Advirtió que las protestas con son la vía correcta para solucionar el conflicto, porque tampoco “no llegaríamos a buen término, se violentaría la ley, lo que diga la Junta Federal del Trabajo lo vamos a acatar”, sostuvo en el restaurante Toks ubicado a un costado de la plaza Costera 125, del Acapulco Dorado.
“Estamos buscando la manera de cómo el gobierno del estado puede cumplir con esos 4 millones de pesos. Hay toda la disposición para llegar a acuerdos, no estamos cerrados”, dijo.
Sostuvo que buscan llegar a un acuerdo, pues existe la necesidad de que se operen los programas de alfabetización, se elaboren y entreguen los certificados a quienes concluyeron su educación, pues indicó que hay unos 700 documentos de primaria y secundaria para igual número de personas, a quienes no se les han entregado porque las oficinas están cerradas.
La mitad de las oficinas han sido afectadas, entre otras las de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y otras.
En la reunión estuvo también el abogado del IEEJAG, Hilario Gallardo.
Se les preguntó a las maestras su versión acerca del desarrollo de la junta, pero dijeron convocarán a conferencia de prensa para informar al respecto.