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Señala experto falta de especificaciones en el proyecto de CAPAMA de pozos comunitarios

El experto en sistemas de abastecimiento hidráulico en comunidades rurales y urbanas, Roberto Sánchez, explica en la asamblea del Cecop en la comunidad Cacahuatepec la necesidad de la potabilización del agua Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

En la asamblea de ayer del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), el experto en sistemas de abastecimiento hidráulico en comunidades rurales y urbanas, Roberto Sánchez, cuestionó la propuesta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) de los tres pozos de agua para las comunidades porque no atiende la necesidad de la potabilización, “la calidad de agua”.
Como se informó anteriormente, el Cecop y la CAPAMA llegaron a un acuerdo el 26 de octubre pasado en el que los campesinos de distintas localidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec aceptaron la obra de los tres pozos radiales en Aguacaliente a cambio de que construyeran tres pozos de agua para ellos.
Son cinco pozos en total, tres en este año, uno de ellos para abastecer las comunidades de Cruces de Cacahuatepec, Apalani y Campanario; otro para la localidad de El Carrizo y uno más para las comunidades de Cacahuatepec, Espinalillo, El Cantón, Apanhuac y Huamuchitos; en 2026 comenzaría la construcción de un pozo en Las Parotas y otro Rancho las Marías, que beneficiarían también a las comunidades vecinas de Los Ilamos, Garrapatas y San José.
Se suponía que el director de la CAPAMA, Antonio Rojas Marcial, acudiría a la asamblea de este domingo para presentar el proyecto, pero no llegó y el organismo público se limitó a mandar un documento vía Whatsapp.
Invitado por la organización Cooperación Comunitaria que asiste a los campesinos en diversos proyectos de reconstrucción tras el paso de los huracanes Otis y John, Sánchez dijo en Cacahuatepec que el documento de la CAPAMA es sólo “un planteamiento, planeación conceptual de cómo van a abastecer a todas las comunidades, situación que me deja en duda muchas cosas, sobre todo, porque no hay especificaciones”.
Indicó que falta saber la capacidad de los equipos de bombeo, la profundidad de su instalación, “están parchando la tubería existente, tubería que tiene una antigüedad de 40 años por la información que me proporcionaron y esta situación no puede ser, que se use la misma tubería que ya pasó su vida útil porque ya está oxidada, picada, carcomida”.
El experto en sistemas de abastecimiento hidráulico planteó que la nueva tubería debe tener el grosor suficiente para resistir la presión del bombeo de agua y especificó que el equipo de bombeo debe tener la capacidad para hacer llegar el agua a la parte más alta, que es Huamuchitos, e instalar un tanque maestro de distribución para las comunidades cercanas.
Subrayó la necesidad de atender la calidad del agua, empezando por la obra de toma de agua del río Papagayo y su aforo, “la medición del agua que puede proporcionar ese pozo”, después se tiene que seleccionar el equipo de bombeo.
“Cuando el río crece el agua se enturbia, se enloda y así se las bombean, eso no es potable, tiene que ser un agua clarificada la que les llegue a cada uno de sus domicilios”.
Sánchez ahondó sobre el problema bacteriológico, “las heces fecales, seguramente hay infiltración de alguna contaminación de heces fecales en el agua del río Papagayo, eso se mata por cloro”.
“El dar clarificación y el dar cloración al agua en la fuente de abastecimiento, es decir, donde está la torre para tomar el agua, eso se llama potabilización; no hay un sistema de potabilización en el planteamiento conceptual que enviaron hace un momento”.
El experto dijo que la potabilización “es uno de los temas importantes y muy graves porque atenta contra la salud de cada uno de sus pobladores, es muy importante pedir eso”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, advirtió que si la CAPAMA no cumple con los pozos para las comunidades, nuevamente los pobladores detendrán la obra en Aguacaliente, la cual sigue en la fase de estudios.

Informan de los procesos judiciales de los presos del Cecop

El abogado de Tlachinollan expuso de los procesos de los presos del Cecop en el penal de Las Cruces, Maximino Solís Valeriano, Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto, de Maximino, detenido en 2018 tras el asesinato múltiple en La Concepción, dijo que ya terminó la etapa de ofrecer pruebas, sólo sigue pendiente una audiencia, que será celebrada en enero.
“Es una audiencia final, es un resumen de todas las pruebas ofrecidas durante el juicio y en esa audiencia nosotros vamos a presentar un documento donde les decimos al juez que Maximino tiene que salir en brevedad, que él no es culpable del delito que lo acusan, de homicidio”.
Planteó la necesidad de que el Cecop se manifieste afuera del reclusorio para hacer “presión”, otra acción será enviar cartas al juez por parte de distintas organizaciones sociales y agencias internacionales.
De Rodrigo y de Modesto, detenidos en 2022 por una orden de aprehensión de 2013 acusándolos de intento de homicidio y lesiones, el 12 de diciembre Tlachinollan presentará la última prueba de defensa, “de ahí le pedimos al juez que revise el expediente y tenga por cerrado ese caso”; en enero o en febrero será la última audiencia.

“No hay avances” en el caso de Marco

Del asesinato del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, Téliz García criticó que “todavía no hay avances, todavía la Fiscalía (General del Estado) no detiene a esta persona, el que mató a Marco Antonio, que ya está identificado, ya sabemos quién es”.
Los funcionarios de la FGE “dicen que necesitan más información de la familia, la familia de Marco ya aportó”, sostuvo el abogado y los acusó de “negligentes” porque no revisaron las cámaras de seguridad donde fue atacado, en la calle Fragata de Yucatán el 25 de abril pasado, sino fueron meses después, “lógicamente ya no encontraron nada”.

Enfrenta Julián López cuatro procesos por violencia en contra de una ex delegada de MC

Dhaniel Velázquez

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Julián López Galeana, enfrenta cuatro procesos por violencia política en razón de género, presentados por la ex delegada de Mujeres de ese partido, Nereyda de Jesús Silvar Bravo.
Este domingo se conoció que López Galeana fue notificado en su domicilio por la denuncia presentada por Silvar Bravo.
Consultada por teléfono, Silvar Bravo indicó que son cuatro procesos los que se han concatenado por las acciones que emprendió contra López Galeana, desde que asumió la dirigencia estatal el 9 mayo pasado.
La primera fue presentar una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde le recomendaron que acudiera al Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado, donde presentó una denuncia. De ahí, el caso fue turnado a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) y de ahí a la Comisión de Justicia Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano.
Precisó que la queja inicial es por violencia política en razón de género, pero hoy ampliará la denuncia para incluir la violencia económica, porque le retiró la prerrogativa que le daba el partido como delegada de Mujeres de MC. “Es un derecho como mujer política, que me he ganado por diez años de trabajo en el partido”.
Silvar Bravo narró que desde que López Galeana asumió la dirigencia estatal, empezó la violencia hacia ella que se manifestó primero en invisibilizarla, pues como delegada de Mujeres dejo de ser convocada a las actividades del partido, también fue expulsada de una comisión electoral, “el me vio como una aspirante fuerte, porque si se hubiera dado la elección con delegados, yo hubiera ganado el proceso porque él ni siquiera sabe quiénes son los delegados” que fueron electos en 2019 y el llegó en 2020 a MC, “ahí fue que empezó a ejercer violencia contra mí, por el hecho de ser mujer, por ser un liderazgo visible en Movimiento Ciudadano”.
Sostuvo que a la llegada de López Galeana a MC, comenzó “el borrón de las mujeres operadoras políticas de Movimiento Ciudadano, porque él así lo decidió, así lo pedía, como mujer política le estorbaba a Julián (López), él pretendía que en su luz sólo brillara él, se sentía opacado porque no tiene el respaldo de las bases y no las tiene todavía. Quienes están con él es la gente nueva que llegó”.
Indicó que la violencia contra ella fue en aumento, que lo último ocurrió la primera semana de septiembre cuando le dijo que ya no la quería ver en el partido y que empacara sus cosas o las iba a sacar a la calle, o bien que las iba a guardar en cajas para meterlas a una bodega y como ella se opuso y le preguntó cuál era la autoridad para echarla de la oficina, “me dijo que iba a actuar si no lo hacía y como hoy carga un personaje de seguridad con él. La verdad no conozco a Julián y me dio miedo ante esa advertencia, de que pudiera hacerme algo y por eso acudí a la Unidad de Género, a decir que tengo miedo”.
Desde hace diez días inició el proceso en el Trife, porque la Unidad de Género dio parte del caso de violencia política y a su vez el tribunal dio parte a la Comisión de Justicia Intrapartidaria.
Indicó que mantuvo en reserva la denuncia, pues ella es militante de MC y apenas este 29 de septiembre dejó de ser delegada de Mujeres.
Agregó que actualmente tiene medidas cautelares, una es que López Galeana no puede acercarse a ella y en caso de que tenga que acudir a una actividad de MC, pude solicitar seguridad especial, pero dijo que prevé evitar acercarse al partido hasta que sean las autoridades las que determinen la sanción.

Acuden normalistas de Ayotzinapa a la Fiscalía para hacer los trámites de su próxima clausura

Estudiantes de cuarto año de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al edificio Juan N. Álvarez, en la capital, para realizar los trámites pertinentes debido a su próxima clausura.
Los normalistas se preparan para concluir con su formación académica, a la par que siguen comprometidos con la lucha por la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos, quienes estarían en el mismo proceso si no hubieran ocurrido los ataques de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
De los 140 estudiantes con los que inició la generación 2014-2018 de la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, unos 80 son los que están al día con los trámites correspondientes para poder obtener sus certificados de estudios al final del ciclo escolar.
La FGE condonó la carta de no antecedentes penales para los normalistas, quienes acudieron en grupo a las instalaciones ubicadas en la capital para concretar la entrega, según se informó, mientras que en el edificio Juan N. Álvarez, que alberga la Secretaría de Finanzas y Administración, el Registro Civil y otras dependencias, los jóvenes acudieron a pagar constancias. .