Etiqueta: violencia política

El gobierno estatal aún no envía al IEPC las ministraciones pendientes: Matildes

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Fabiola Matildes Gama, explicó que el monto que el gobierno del estado enviará para los 28 consejos distritales instalados este año, corresponde a un remamente del financiamiento que reintegró un partido político por falta de comprobación en 2019.
En consulta telefónica, indicó que el instituto devolvió el remanente a la Secretaría de Finanzas, donde se reetiquetó al mismo instituto como un fondo extraordinario para la instalación con sueldos y salarios de los trabajadores.
Aclaró que siguen las pláticas con las autoridades estatales sobre los problemas financieros, y esperan que a partir del próximo lunes la Sefina envíe las ministraciónes correspondientes a la transferencias de la ampliación, y del adeudo del financiamiento de partidos de agosto a la fecha.
En su comparecencia ante el Congreso local el 27 de noviembre, el secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, negó que hubiera aduedos al IEPC, y reveló que el mismo organismo propuso reducir el financiamiento para enfocarlo a otros programas. Así, entregaron todo lo etiquetado por el Congreso del estado, con la reasignación de 14 millones de pesos.
Consultada al respecto, Matildes Gama confirmó que finalmente hubo una ampliacion al presupuesto al IEPC por el remanente de un partido político, “ellos (los representantes) autorizaron que lo tomaramos como ampliación; se hizo convenio y se regresó al dinero a Finanzas, así lo establece la ley, y a su vez nos los devolvieron”.
Precisó que este partido, del que se reservó el nombre, tenía que devolver los recursos porque no comprobó los fondos recibidos en un año fiscal, 2019, y la Comision de fiscalización del INE ordenó al IEPC que retuvieran los recursos de enero a abril de 2023. Aunque el partido impugnó, la Sala Superior ratificó que el dinero tenía que ser devuelto.
Aclaró que en octubre se acordó esta ampliación con el dinero no comprobado por los partidos politicos. Precisó que este dinero no corresponde a sanciones.
Indicó que siguen pendientes la entrega de ministraciones de Inversión Directa Estatal, del financiamiento a partidos politicos desde agosto, por alrededor de 26 millones de pesos.
Sobre la falta de recursos para cubrir parte de la nómina y aguinaldos de fin de año, que denuncio el mes pasado, adelantó que avanzan en la atención de las obligaciones laborales.

Matiza requisitos en candidaturas por violencia política y violencia de género

El Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana (IEPC) modificó los lineamientos del registro candidaturas en el proceso electoral en curso, que impugaron PRI, PRD, Morena, la representante del pueblo afromexicano, Mijane Jiménez Salinas, y el vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Raúl de Jesús Cabrera.
El acuerdo presentado ante pleno en su sesión de este viernes, indica que la resolución de los juicios acumulados revocó parcialmente el acuerdo del Instituto, y ordenó la modificación dos artículos del reglamento, del formato de manifestación de decir verdad, y que emita uno nuevo con fundamentación y motivación reforzada sobre el registro de las candidaturas de los pueblos indígenas y afromexicanos, de la diversidad sexual, de personas con discapaciad, en un plazo de 10 días hábiles.
Los artículos impugnados están relacionados con el requisito no estar condenados por delitos de violencia política, y violencia política de género para incluir: “no estar condenado o condenada con sentencia firme en la comisión del delito”.
Señala establece que el lineamiento deberá establecer de manera precisa el reconocimiento de las representaciones indígena y afromexicana, que se emitan con motivo de los resultados dictámenes relacionados con los vínculos comunitarios y adscripción calificada de las candidaturas; y así, esas representaciones puedan manifestar sus opiniones respecto de tales dictámenes previo a que se emitan los acuerdos de aprobación o no de tales candidaturas.
El IEPC informó que aprobó por unanimidad la modificación de lineamientos para el registro de candidaturas, para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-341/2023, y acumulados, por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Estableció un procedimiento para que las representaciones afromexicana y de los pueblos y comunidades originarias realicen observaciones a los registros de candidaturas registradas bajo acciones afirmativas para esos grupos poblacionales. Esto previo a la aprobación de los registros por parte del Consejo General.
Se aprobó el acuerdo por el que se aprueban las sugerencias al proyecto de convocatoria que emitirá el Concejo Municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero, para la conformación de la Comisión de Elección para el proceso electivo por sistemas normativos propios 2024.
Aprobó las sugerencias que hace al Consejo Comunitario de Ayutla para la convocatoria que emitirá para integrar al órgano responsable de conducir el proceso electivo del órgano de gobierno de dicho municipio para el periodo 2024-2027.
Explicó que con esta convocatoria inician las actividades preparatorias del proceso electivo por usos y costumbres en ese municipio.

 

Abandona Guerrero por amenazas del dirigente estatal, afirma la ex delegada de Mujeres de MC

La ex delegada de Mujeres de Movimiento Ciudadano, Nereyda de Jesús Silvar Bravo, abandonó el estado por temor a las amenazas del dirigente estatal de su partido, Julián López Galeana.
Vía telefónica, Silvar Bravo dijo: “Me voy con mucho dolor, impotencia, miedo, coraje, tristeza. Jamás pensé que en mi vida pasaría por esto”.
La ex delegada de Mujeres presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por amenazas, de ahí fue enviada a la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado, luego el caso fue tomado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), por violencia política en razón de género, y enviado a la Comisión de Justicia Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano (MC).
En tanto el coordinador estatal, Julián López, señaló que la acusación se trata de “revanchismo político” y que los dichos de la ex delegada en su contra son mentiras, incluso, advirtió que se reserva su derecho a proceder como considere.
Silvar Bravo señaló que López Galeana “pretende borrar mi trayectoria política al interior de mi partido” y que sale del estado, porque “no quiero ser parte de las estadísticas de mujeres desaparecidas o muertas por hombres enfermos de poder”. (Daniel Velázquez).

 

Enfrenta Julián López cuatro procesos por violencia en contra de una ex delegada de MC

Dhaniel Velázquez

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Julián López Galeana, enfrenta cuatro procesos por violencia política en razón de género, presentados por la ex delegada de Mujeres de ese partido, Nereyda de Jesús Silvar Bravo.
Este domingo se conoció que López Galeana fue notificado en su domicilio por la denuncia presentada por Silvar Bravo.
Consultada por teléfono, Silvar Bravo indicó que son cuatro procesos los que se han concatenado por las acciones que emprendió contra López Galeana, desde que asumió la dirigencia estatal el 9 mayo pasado.
La primera fue presentar una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde le recomendaron que acudiera al Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado, donde presentó una denuncia. De ahí, el caso fue turnado a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) y de ahí a la Comisión de Justicia Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano.
Precisó que la queja inicial es por violencia política en razón de género, pero hoy ampliará la denuncia para incluir la violencia económica, porque le retiró la prerrogativa que le daba el partido como delegada de Mujeres de MC. “Es un derecho como mujer política, que me he ganado por diez años de trabajo en el partido”.
Silvar Bravo narró que desde que López Galeana asumió la dirigencia estatal, empezó la violencia hacia ella que se manifestó primero en invisibilizarla, pues como delegada de Mujeres dejo de ser convocada a las actividades del partido, también fue expulsada de una comisión electoral, “el me vio como una aspirante fuerte, porque si se hubiera dado la elección con delegados, yo hubiera ganado el proceso porque él ni siquiera sabe quiénes son los delegados” que fueron electos en 2019 y el llegó en 2020 a MC, “ahí fue que empezó a ejercer violencia contra mí, por el hecho de ser mujer, por ser un liderazgo visible en Movimiento Ciudadano”.
Sostuvo que a la llegada de López Galeana a MC, comenzó “el borrón de las mujeres operadoras políticas de Movimiento Ciudadano, porque él así lo decidió, así lo pedía, como mujer política le estorbaba a Julián (López), él pretendía que en su luz sólo brillara él, se sentía opacado porque no tiene el respaldo de las bases y no las tiene todavía. Quienes están con él es la gente nueva que llegó”.
Indicó que la violencia contra ella fue en aumento, que lo último ocurrió la primera semana de septiembre cuando le dijo que ya no la quería ver en el partido y que empacara sus cosas o las iba a sacar a la calle, o bien que las iba a guardar en cajas para meterlas a una bodega y como ella se opuso y le preguntó cuál era la autoridad para echarla de la oficina, “me dijo que iba a actuar si no lo hacía y como hoy carga un personaje de seguridad con él. La verdad no conozco a Julián y me dio miedo ante esa advertencia, de que pudiera hacerme algo y por eso acudí a la Unidad de Género, a decir que tengo miedo”.
Desde hace diez días inició el proceso en el Trife, porque la Unidad de Género dio parte del caso de violencia política y a su vez el tribunal dio parte a la Comisión de Justicia Intrapartidaria.
Indicó que mantuvo en reserva la denuncia, pues ella es militante de MC y apenas este 29 de septiembre dejó de ser delegada de Mujeres.
Agregó que actualmente tiene medidas cautelares, una es que López Galeana no puede acercarse a ella y en caso de que tenga que acudir a una actividad de MC, pude solicitar seguridad especial, pero dijo que prevé evitar acercarse al partido hasta que sean las autoridades las que determinen la sanción.

El TEE sanciona a Jacinto por violencia política de género contra Gabriela Bernal

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE) sancionó al presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, por violencia política en razón de género cometida contra la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz.
Por ello, el tribunal ordenó inscribirlo por un periodo de un año cuatro meses en el registro local de personas sancionadas por cometer esta infracción, una multa de 15 mil pesos, tomar cursos en materia de respeto de los derechos de las mujeres y presentar una disculpa pública.
La tarde de este viernes, el TEE realizó una sesión de resolución, en la que las magistradas y el magistrado aprobaron por unanimidad el acuerdo por el que se acreditó la existencia de violencia política, en el caso denunciado por Gabriela Bernal.
La priista acusó al morenista de violencia política de género, después de que el diputado dijo, en una reunión con militantes mujeres de Morena, que Gabriela Bernal se prestó a ser utilizada en el proceso electoral de 2018 para impulsar al ahora senador Manuel Añorve Baños.
El secretario de acuerdos del TEE, Alejandro Paul Hernández Naranjo, leyó la propuesta que se puso a consideración del pleno, en la que se señaló que, tras el análisis del contexto y las consecuencias, “en el caso se actualizó un clima de violencia política hacia la denunciante y que eso impacta en el desempeño de sus funciones como legisladora”.
Se consideró también en este acuerdo, que González Varona “realizó expresiones denostativas, discriminatorias y de estereotipo” hacia Gabriela Bernal.
La propuesta presentada al pleno del TEE, y aprobada por unanimidad, incluye una serie de sanciones contra el dirigente morenista. Se trata de medidas de reparación integral del daño, “para restaurar los derechos que fueron vulnerados”.
Se ordenó a Jacinto González tomar cursos de capacitación en materia de violencia política en razón de género. El costo de éstos correrá a su cargo y deben realizarse en un plazo no mayor de dos meses.
También emitir una disculpa pública “en favor de la diputada” Gabriela Bernal, así como medidas de protección, que consisten sólo en “conminar al denunciado para que en lo subsecuente se abstenga de realizar actos u omisiones que generen violencia o discriminación”.
De igual modo, se determinó la inscripción de Jacinto González en el listado de personas sancionadas por violencia política en razón de género, por un año y cuatro meses.
Se impuso también a González Varona una multa económica de 150 Unidades de Medidas de Actualización, equivalente a 15 mil 561pesos.
El magistrado José Inés Betancourt Salgado se pronunció en este caso y dijo que de acuerdo con el análisis realizado, se determinó que “el tipo de violencia desplegada en contra de la denunciante fue simbólica y psicológica, con una intencionalidad dolosa, y se calificó la falta como grave ordinaria”.
Durante la sesión también se resolvió un recurso de apelación presentado por González Varona, quien apeló un acuerdo de protección a favor de Bernal Reséndiz, que consistió en medidas cautelares para la priista, el TEE acordó confirmar el acuerdo, por ser “correcta y ajustada a la legalidad” por lo que estas medidas continuarán.
El 29 de junio, el pleno del TEE emitió una resolución a favor de un recurso de apelación en contra de la decisión del IEPC, de declarar la improcedencia de la solicitud de registro como partido político local, presentada por la organización ciudadana denominada Guerrero Pobre AC.
Con lo que el TEE mandató al IEPC emitir una nueva resolución, lo cual cumplió el órgano electoral.

Ya la citó la FGR pero sólo para tener una “entrevista”, asegura Norma Otilia

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, es entrevistada por reporteros en el Zócalo después de la Expo-Feria Canina Adopta no Compres Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, informó que ya fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR), pero no porque haya algún proceso judicial abierto en su contra, sino que solamente la llamaron para tener una “entrevista”.
La alcaldesa no dijo qué información le pidieron, pero el caso que investiga la FGR y la Fiscalía General del Estado (FGE) está relacionado con los videos que se difundieron en redes sociales, donde aparece con el líder del grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega, y por una cartulina que dejaron el 24 de junio con señalamientos en su contra, junto con siete cuerpos desmembrados, en la plazuela del barrio San Mateo.
Entrevistada este viernes, después de la Expo-Feria Canina Adopta no Compres, en el zócalo de la ciudad, la presidenta insistió en que no hay ninguna situación que la vincule con algún grupo de la delincuencia organizada y advirtió que “actuará en consecuencia”, por violencia política en su contra, por el hecho de que la estén señalando “sin prueba alguna”.
“De la Fiscalía General de la República ya nos mandaron citar, pero no nos están abriendo ningún proceso, simplemente fue una entrevista”, informó la alcaldesa cuando se le preguntó si ya la habían mandado llamar de la FGR o de la FGE por la investigación que se le realiza.
Un reportero le preguntó si ve “dados cargados” en su contra, en relación con los alcaldes de la región Tierra Caliente que también han sido señalados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
“Considero que sí, pero será la Fiscalía (la que determine), yo actuaré en consecuencia, por todo lo que se ha vertido en mi contra. El hecho de que me estén señalando sin una prueba alguna, que haya un señalamiento y eso ha puesto en una inestabilidad al gobierno, a mi persona y a mi familia”, respondió.
–¿La está presionando algún grupo para que renuncie?
–Yo considero que los comentarios que me están haciendo influyen a un tipo de violencia, porque ni siquiera se me está haciendo un proceso y ya están diciendo “pide licencia”.
–¿Violencia política?
–Yo considero que sí.
Declaró que no se ha amparado por las acusaciones en su contra, “porque no me ha llegado nada en realidad, no hay una situación que me vincule. En la FGR ni siquiera está abierta una investigación”, insistió.
La alcaldesa de Morena informó que no ha tenido comunicación con la dirigencia nacional de su partido ni con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Durante la Expo-Feria Canina Adopta no Compres, que se realizó con motivo del Día Mundial del Perro, se informó que en Chilpancingo hay unos 65 mil perros en situación de calle y que derivado de ello, el Ayuntamiento quiere comenzar a atender el problema y se anunció que en una primera campaña se van a esterilizar a 500 de ellos, en vez de sacrificarlos.
La alcaldesa llamó a la conciencia de las personas, para evitar el maltrato animal y a cuidar a las mascotas.

La llamó la FGR pero a una entrevista, dice Norma Otilia

 

La alcaldesa de Chilpancingo reapareció ayer en un acto público en el zócalo de la capital y en declaraciones a reporteros insistió en que no hay nada que la vincule con la delincuencia organizada y advirtió que denunciará por violencia política en su contra a quienes le piden que solicite licencia al cargo mientras se investiga su reunión con un líder delincuencial revelada en un video y fotografías. En la imagen posa con su mascota Tigra al finalizar la ceremonia de inauguración de la Expo-Feria Canina Adopta no Compres Foto: Jessica Torres Barrera

 

Ya la citó la FGR pero sólo para tener una “entrevista”, asegura Norma Otilia

La presidenta municipal de Chilpancingo insiste en que no hay nada que la vincule con la delincuencia organizada y advierte que actuará por violencia política en su contra

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, informó que ya fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR), pero no porque haya algún proceso judicial abierto en su contra, sino que solamente la llamaron para tener una “entrevista”.
La alcaldesa no dijo qué información le pidieron, pero el caso que investiga la FGR y la Fiscalía General del Estado (FGE) está relacionado con los videos que se difundieron en redes sociales, donde aparece con el líder del grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega, y por una cartulina que dejaron el 24 de junio con señalamientos en su contra, junto con siete cuerpos desmembrados, en la plazuela del barrio San Mateo.
Entrevistada este viernes, después de la Expo-Feria Canina Adopta no Compres, en el zócalo de la ciudad, la presidenta insistió en que no hay ninguna situación que la vincule con algún grupo de la delincuencia organizada y advirtió que “actuará en consecuencia”, por violencia política en su contra, por el hecho de que la estén señalando “sin prueba alguna”.
“De la Fiscalía General de la República ya nos mandaron citar, pero no nos están abriendo ningún proceso, simplemente fue una entrevista”, informó la alcaldesa cuando se le preguntó si ya la habían mandado llamar de la FGR o de la FGE por la investigación que se le realiza.
Un reportero le preguntó si ve “dados cargados” en su contra, en relación con los alcaldes de la región Tierra Caliente que también han sido señalados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
“Considero que sí, pero será la Fiscalía (la que determine), yo actuaré en consecuencia, por todo lo que se ha vertido en mi contra. El hecho de que me estén señalando sin una prueba alguna, que haya un señalamiento y eso ha puesto en una inestabilidad al gobierno, a mi persona y a mi familia”, respondió.
–¿La está presionando algún grupo para que renuncie?
–Yo considero que los comentarios que me están haciendo influyen a un tipo de violencia, porque ni siquiera se me está haciendo un proceso y ya están diciendo “pide licencia”.
–¿Violencia política?
–Yo considero que sí.
Declaró que no se ha amparado por las acusaciones en su contra, “porque no me ha llegado nada en realidad, no hay una situación que me vincule. En la FGR ni siquiera está abierta una investigación”, insistió.
La alcaldesa de Morena informó que no ha tenido comunicación con la dirigencia nacional de su partido ni con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Durante la Expo-Feria Canina Adopta no Compres, que se realizó con motivo del Día Mundial del Perro, se informó que en Chilpancingo hay unos 65 mil perros en situación de calle y que derivado de ello, el Ayuntamiento quiere comenzar a atender el problema y se anunció que en una primera campaña se van a esterilizar a 500 de ellos, en vez de sacrificarlos.
La alcaldesa llamó a la conciencia de las personas, para evitar el maltrato animal y a cuidar a las mascotas.

 

Abordan Evelyn y la presidente del IEPC el déficit presupuestal del organismo

La gobernadora Evelyn Salgado con la consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama y el secretario ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz Foto: Facebook de la gobernadora

En reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la presidente del Intituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, planteó información de las actividades relacionadas con el proceso electoral, en las tienen responsabilidades compartidas, así como el déficit de 75 millones 481 mil 790 pesos que tienen para el actual ejercicio fiscal, que incluye el arranque del proceso electoral.
El domingo, la gobernadora informó en una publicación de Facebook de una reunión con la presidenta Luz Fabiola Matildes y el secretario ejecutivo del IEPC, Pedro Pablo Martínez Ortiz, en la que también participó el subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, Ricardo Salinas Méndez.
De acuerdo con lo informado por la gobernadora, en esta reunión se habló de “temas enfocados en el presupuesto de este órgano electoral, además del impulso a la aplicación de nuevas estrategias contra la violencia política en razón de género”.
Este domingo se buscó a la presidente del IEPC, quien informó que el propósito de la reunión fue el compartir información de las actividades relacionadas con el proceso electoral, en las que tienen responsabilidades compartidas con el gobierno estatal, “con el propósito de que todas las instituciones involucradas vayamos tomando las previsiones necesarias”.
En esta reunión se habló de temas presupuestales y otros apoyos, que el gobierno estatal proporciona para la instalación de los 28 consejos distritales electorales, que se instalarán tras el arranque del proceso electoral 2023-2024.
En el tema presupuestal, dijo que se acordó revisarlo directamente con la Secretaría de Finanzas y Administración, pero aún no hay una respuesta de si se les dará el presupuesto necesario para este 2023, extraordinario al etiquetado por el Congreso local.
De 75 millones 481 mil 790 pesos que el IEPC requiere, adicionales a los 285 millones 346 mil pesos que el Congreso aprobó para el ejercicio fiscal 2023, donde 57 millones 242 mil 400 pesos se requieren para cubrir parte del financiamiento público a partidos políticos, y 18 millones 239 mil 390 pesos para actividades del proceso electoral. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

Inicia colectiva acciones para visibilizar el caso de Sánchez contra Yoloczin Domínguez

Daniel Velázquez

La colectiva Morenas Guerrero ha emprendido acciones para visibilizar en todo el país el caso de violencia política en razón de género del diputado Alfredo Sánchez Esquivel contra la diputada Yoloczin Domínguez Serna; el sábado, en una reunión con mujeres en Ciudad de México y este domingo en Campeche.
En la clausura de la Gira Nacional Mujeres Morena Repú-blica y el V Congreso Nacional San Francisco de Campeche, Es tiempo de las mujeres rumbo a 2024, activistas de Guerrero presentaron a otras mujeres del país el caso del desechamiento de la queja, por violencia política de género, que hizo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena.
La dirigente de Morenas Guerrero, Concepción Alarcón Catalán, estuvo en Campeche donde leyó el pronunciamiento que el pasado 23 de febrero presentaron en Chilpancingo: “No es posible que más de 300 mujeres, que confiamos en nuestra autoridad partidaria, y nos hicimos presentes con nombre y apellido, seamos ignoradas”.
En un boletín de prensa se informó que la dirigente nacional de Mujeres Morena República, Guadalupe Juárez Hernández, después de escuchar el posicionamiento de Morenas Guerrero, pidió a las asistentes levantar la mano para votar, “si están de acuerdo en que como Mujeres Morena República estemos avalando la postura de Morenas Guerrero”. La votación a favor fue unánime entre las asistentes.
La colectiva, en su posicionamiento, se duele de que CNHJ de Morena no les notificó en su domicilio, y como prueba hay cámaras de videovigilancia, que acreditan que nadie acudió y alertan de la gravedad del caso, porque si son invisibilizadas 353 mujeres que protestan “ante un solitario hombre misógino ¿qué esperanza tiene cualquier mujer que sola se enfrente a su agresor?”.
Vía telefónica, Tereza Nava Alfaro informó que el sábado, la colectiva estuvo en la asamblea nacional Feministas 4T, que encabeza la senadora Citlalli Hernández, donde también se leyó el posicionamiento de las mujeres, pues su intención es “visibilizar y hacer énfasis” en el problema. “No queremos que Morena sea una plataforma política que lleve a hombres misóginos al poder, como lo es Alfredo Sánchez”.
“Somos militantes de Morena y consideramos que es injusto como se está tratando el tema de la compañera diputada”.
En la asamblea, indicó Nava Alfaro, también estuvo la secretaria Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional, Adriana Grajales Gómez, además de otras autoridades, como diputadas federales y locales de todo el país.
Informó que la impugnación a la decisión de la CNHJ de Morena por desechar la queja, se va a llevar en paralelo con los trámites en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), así como en el estado buscar acercamientos con la Secretaría de la Mujer, “no consideramos que sea justa la decisión. Somos 353 mujeres que estamos acusando a este hombre misógino, que tiene que llamársele de la mejor manera en cuanto a los derechos que tenemos”.
“Si una diputada que está en el Congreso está siendo violentada ¿que nos espera a cualquier mujer que no se dedica a la política, que no tenga ese cobijo por parte de más compañeras?”, advirtió.

Violencia institucional posponer armonización de leyes sobre matrimonio igualitario: activista

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El activista y dirigente del colectivo LGBTI+ Orgullo Guerrero, Ricardo Locia Hernández, afirmó que “hay una simulación en la acción real de las instituciones y que aún no hay voluntad política, porque a pesar de que ya se aprobó el matrimonio igualitario, dar un plazo de 180 días hábiles para armonizar las leyes secundarias y la papelería es “violencia institucional” y son “barreras que no permiten que las personas puedan llegar a la unión civil”.
También, reprochó que en una reunión activistas de la comunidad LGBTI+ hayan aceptado ese tiempo, y lamentó que la mayoría ocupa un cargo en las direcciones de la diversidad sexual de sus municipios y “no pueden ser contestatarios a los gobiernos de su misma línea política”.
Guerrero fue el penúltimo estado en aprobar el matrimonio igualitario, solo por delante de Tamaulipas que lo hizo el 26 de octubre, un día después que el Congreso local guerrerense lo votara.
Sin embargo, pasaron 66 días para que se publicara en el Periódico Oficial del Estado, el 30 de diciembre, pues de acuerdo con fuentes del gobierno del estado se debió a que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, hizo observaciones al decreto que fue redactado con rapidez sólo para no ser el último estado en aprobar el matrimonio igualitario y el texto contenía errores de ortografía.
A pesar de que ya se publicó el decreto a 244 por el que se reformó y derogó el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero
número 358, y el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero 364, en los registros civiles y oficialías de los ayuntamientos las parejas del mismo sexo aún no pueden acceder a su derecho.
En una reunión el pasado lunes 23 de enero en el recinto del Poder Ejecutivo, entre integrantes de varios colectivos LGBTI+ con la subsecretaria de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría General del Gobierno, Anacleta López Vega, en la que esta última les explicó que para que puedan ejercer su derecho falta armonizar las leyes secundarias, y modificar formatos de las actas de matrimonio y divorcio, y además, tienen como plazo máximo hasta septiembre de este año.
Consultado al respecto vía telefónica, el activista Ricardo Locia aseguró que “hay una simulación en la acción real de las instituciones”, porque el gobierno del estado supone que con una reunión mantiene con cierta calma a la comunidad LGBT+, “pero la realidad es que los activistas no somos toda la población, los activistas que estamos, y algunos están, en posiciones de poder, es decir, en direcciones de la diversidad sexual (municipal) y van a responder a quién les paga”.
Manifestó que Morena –quien gobierna el estado– también gobierna en varios municipios, y por ende, aquellos activistas que tienen cargos en los ayuntamientos “no pueden ser contestatarios, no pueden cuestionar lo que dice el gobierno”.
Locia Hernández expuso que él, al no pertenecer a ningún partido político, observa que “falta voluntad política por parte del gobierno del estado y hay una simulación de hechos”, porque las reuniones del gobierno del estado no deben ser con los colectivos sino con las instancias necesarias para reformar las leyes secundarias, especialmente la de divorcio, porque en su contenido no se habla de hombre o mujer sino de cónyuges.
“Realmente la situación solamente por ejemplo en el divorcio administrativo, me aparece en el artículo 12, sí toca el apartado de la mujer y dice tácitamente la cónyuge mujer, entonces sabemos que si se necesitan cambiar esas leyes para que los procesos legales que haya de divorcio se establezcan los mecanismos correctos y estén armonizados, pero no hay voluntad política”, mencionó.
Argumentó que el plazo de 180 días hábiles para armonizar las leyes secundarias y la papelería, y que las personas del mismo sexo se pueden casar es un tipo de “violencia institucional, o sea, al final no hay empatía, no hay en verdad, es decir, si ya tenemos matrimonio igualitario en Guerrero, pero tenemos ciertas barreras que no permiten que las personas puedan llegar a la unión civil, y eso merma mucho”.
Expuso que en su caso, próximamente se mudará de Guerrero por cuestiones académicas y quería casarse antes de irse, “pero no lo voy a poder hacer porque siguen todavía las instituciones de Guerrero diciendo que no se puede”.
Insistió que es una pena que “los compañeros, la mayoría de los activistas, hayan aceptado ese tiempo, y lo hacen porque ellos están en una situación de poder, estar frente a una dirección de atención a la diversidad sexual, no pueden ser contestatarios a los gobiernos de su misma línea política”.
Informó que mediante la página web del colectivo Orgullo Guerrero, 13 parejas les han preguntado cómo o qué necesitan hacer para casarse, qué documentos necesitan, e incluso, “hay gente de Estados Unidos que nos está escribiendo que quieren hacer válido su matrimonio que efectuaron en Estados Unidos en Guerrero”.
Ricardo Locia –quien en septiembre de 2022 recibió el galardón al Premio Estatal al Mérito Juvenil por su activismo de los derechos humanos de la comunidad LGBT– expresó que alagar 180 días hábiles para que se pueda ejercer el matrimonio igualitario es mermar la calidad de vida de muchas personas, y además, en el registro civil creen que la reforma es una ley especial y no es así, sino se modificó el código civil y el código procesal civil.
De las consecuencias o cómo afecta que las parejas del mismo sexo se puedan casar, Locia Hernández expuso que va desde la imposibilidad de acceder a la seguridad social, ISSSTE o cualquier servicio de salud que una persona pueda proveer a su pareja, también cuando necesitan que su pareja en cuestiones de salud pueda autorizar o dar el consentimiento a los médicos, “al no compartir apellidos, no son familia directa y los reglamentos de los servicios de salud necesitan una constancia de concubinato”, a la que tampoco pueden acceder.
“Los procesos jurídicos y legales que uno quiere tener para con su pareja no se pueden obtener, porque nuestras relaciones no son reconocidas por el Estado, y eso es netamente una cuestión de discriminación y una violencia institucional que existe todavía en el presente gobierno del estado”, manifestó.
Lamentó que como colectivo han dado seguimiento a una pareja a la que ya le fue negado su derecho de casarse en el ayuntamiento de Chilpancingo, porque “los oficiales del Registro Civil no han leído el decreto y es lamentable porque ellos suponen que es una ley especial”.
Adelantó que la agenda como colectivo Orgullo Guerrero este año será presionar para que se concluya la modificación a las leyes secundarias sobre el matrimonio igualitario, también impulsar la ley de identidad de género, del que señaló, se ve el panorama muy difícil “porque hay muchas compañeras feministas que en su discurso no contemplan a las mujeres transgénero”.
Añadió que también buscan que en Guerrero las lesiones y agresiones a las personas por cuestiones de orientación sexual, identidad de género y expresión de género sean agravantes en el código penal estatal, que sean agravante como crimen de odio u homicidio especial.
Ricardo Locia afirmó que Guerrero “lamentablemente en cuestiones de derechos humanos no está actualizado, en otros estados ahorita están hablando sobre actas de nacimiento para personas no binarias y eso en Guerrero no hay”.
Sostuvo que actualmente está trabajando en poblaciones de originarias y afromexicanas porque hay casos de policías comunitarios que arrestan a personas de la población LGBTI+, pero los “procesos que viven son más esfuerzos para combatir la orientación sexual y la identidad de género, que la reeducación como la tienen establecida dentro de los reglamentos internos de las policías”.

 

Lamentan partidos en el IEPC el asesinato de la promotora priista; piden seguridad electoral

Durante la sesión del Consejo General, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), los representantes de los partidos políticos lamentaron el asesinato de la priista Paula Gutiérrez Morales y se pronunciaron por que se castigue a los responsables y que el Estado garantice la seguridad en el proceso electoral.
El representante del PRI ante el IEPC, Manuel Saavedra Chávez, lamentó el asesinato de Paula Gutiérrez, ejecutada en el transporte público, “lamentamos que este tipo de actos estén ocurriendo en el estado”.
Después dijo: “Lamentamos que tengamos un proceso donde algunas circunstancias se han presentado complicadas”.
En el mismo sentido, la representante del Partido Impulso Humanista, Silvia Galeana Valente, dijo que la violencia “es un flagelo que afecta a toda la ciudadanía y altera la paz social”, pidió que los agresores sean sancionados.
Llamó a visibilizar la violencia política contra las mujeres, porque de lo contrario se estaría reforzando la impunidad en el estado. Dijo que con el caso de Paula Gutiérrez suman 117 los feminicidios en Guerrero dentro del proceso electoral.
Insistió en que en Guerrero se tipifique la violencia política en razón de género, para que las mujeres ya no sean víctimas de ese delito, y si hay casos, los agresores sean sancionados.
“No debe haber ninguna mujer más asesinada, porque como vemos, para estar en los medios tienes que estar muerta o no tener ya el modo de defenderte. Yo como representante del Partido Impulso Humanista, en este momento también pido seguridad para mi persona, porque lamentablemente el estado no está garantizando la seguridad para las mujeres en este proceso electoral”.
Por su parte, el representante del PRD, Arturo Pacheco Bedolla, se solidarizó con el PRI por el asesinato de su militante y promotora de ese partido.
Sin embargo, pidió al PRI que revise el actuar de su candidato a la presidencia de Xalpatláhuac quien busca reelegirse, René Rosendo Larios Rosas, de quien afirmó que hay pruebas de que realiza campaña acompañado de personas armadas, que no fueron asignadas por la autoridad estatal.
Al candidato priista lo acusan de intimidar a la candidata perredista y de privar de la libertad a su chofer, en la comunidad de Zacatipa, el pasado viernes.
En ese sentido, el representante del PRI, Manuel Saavedra Chávez, negó que su candidato sea acompañado con gente armada durante sus actividades proselitistas, y le pidió al perredista presentar pruebas.
Pacheco Bedolla conminó “a todos los partidos que no nos metamos en ningún problema, ni siquiera de apariencia, como el portar armas”, salvo los casos en los que se haya solicitado la seguridad, y exhortó a que no haya presión de ningún candidato.
Mientras que el representante de Morena, Sergio Montes Carrillo, dijo que “las mesas de diálogo, de seguridad, no son la vía para apaciguar a un estado tan convulsionado como el estado de Guerrero. Se tiene que hacer cirugía mayor en el tema de seguridad, para poder tener un avance significativo”.
Ahí reiteró que “a nadie le conviene la violencia, un clima enrarecido por la sangre y la violencia. Creo que todos estamos obligados a poner nuestro granito de arena, para que no llegue la sangre al río”.
Sustituciones

El Consejo General aprobó la sustitución de candidaturas a diputaciones locales, por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, así como candidaturas a ayuntamientos, en sustitución de Abel Montúfar Mendoza, asesinado en Coyuca de Catalán, donde el PRI registró a Dante Nulp Bernabé Acuña, que contenderá por del distrito 17.
Pero los partidos políticos tienen como plazo límite para realizar sustituciones hasta el 31 de mayo.
En total, hasta este lunes, el Consejo General realizó 335 sustituciones en las candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa. El Partido Socialista de México (PSM) sustituyó a Crispina Moreno Bustos por Alma Yaretzin Morales Ponce, quien va como suplente por el distrito 01, con sede en Chilpancingo, y la coalición Transformando Guerrero registró a Dante Nulp Bernabé, en sustitución de Abel Montúfar, por la diputación del distrito 17, con sede en Coyuca de Catalán.
Por el principio de representación proporcional, Morena sustituyó en segunda fórmula a Irma Pérez Gómez por Samantha Arroyo Salgado, quien va como diputada suplente. Encuentro Social cambió en sexta fórmula a María Elfega Leticia Sánchez Peralta por Olga Félix Bartolo, quien también va como diputada suplente, y el PSM presentó tres sustituciones en tercera fórmula, como diputado propietario a Gregorio Olmedo Cayetano por Arturo Flores Mercado, quien se encontraba como propietario en la quinta fórmula y a la cual renunció. También en tercera fórmula, como diputado suplente, a Adrián Escobar García por José Luis Sánchez Ortiz; mientras que en la quinta fórmula va como diputado propietario José Enrique Porras Luna.
El IEPC recibió 49 renuncias a los cargos de presidencias, sindicaturas y regidurías de ayuntamientos, presentadas por ciudadanos postulados por los partido políticos, de los cuales dos fueron del PAN, 10 del PRI, uno por el PT, cuatro del PVEM, cinco por el Partido Nueva Alianza (Panal), cinco por Morena, dos por Encuentro Social, 13 por Coincidencia Guerrerense, uno por Impulso Humanista de Guerrero, tres por Socialista de Guerrero, uno por Socialista de México, así como uno por la coalición Por Guerrero al Frente y dos por la coalición Juntos Haremos Historia.
También se aprobó la ratificación del registro de Mariana Itallitzin García Guillén como candidata a diputada local por el principio de mayoría relativa en el distrito 04, con cabecera en Acapulco de Juárez, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, en cumplimiento del acuerdo plenario del Tribunal Electoral del Estado (TEE) el 25 de mayo.

Aprueba 49 sobrenombres en boletas

El Consejo General del IEPC aprobó 49 de las 52 solicitudes de inclusión del sobrenombre en las boletas electorales, que se presentaron del 21 de abril al 21 de mayo.
Pero los consejeros negaron la inclusión en las boletas electorales de los sobrenombres “el amigo del pueblo”, “la cuaresma” y “Chimón el hijo del pueblo”, solicitados por los ciudadanos Javier Vázquez García, Enrique Ortiz García y Simeón Ramos Aburto, candidatos a diputaciones locales de los distritos 15 y 21, con cabecera en San Luis Acatlán y Taxco de Alarcón, y presidente municipal del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, respectivamente, porque se consideró que no reúnen los criterios establecidos en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior.
Entre los sobrenombres aprobados están algunos que sólo son grados académicos, como el de la candidata a la diputación local por el distrito 09, Perla Edith Martínez Ríos, “maestra Perla”; y de candidatas a las presidencias municipales de Azoyú, Leticia Bautista Vargas, “maestra Lety Bautista”, y de Apaxtla de Castrejón, Noemí Pineda Salgado, “maestra Noemí”.
También está el candidato del distrito 03, Juan José Francisco Rodríguez Otero, “Paco Rodríguez”; el candidato a alcalde de Acapulco, Joaquín Badillo Escamilla “Jacko”; y de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, “Toño Gaspar”, y la priísta Beatriz Vélez Núñez, “Bety Vélez”.
Algunos de los que llaman la atención son el sobrenombre de “El Pistolo”, que solicitó el candidato priísta a la presidencia municipal de Teloloapan, J. Jesús Martínez Martínez.