Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El activista y dirigente del colectivo LGBTI+ Orgullo Guerrero, Ricardo Locia Hernández, afirmó que “hay una simulación en la acción real de las instituciones y que aún no hay voluntad política, porque a pesar de que ya se aprobó el matrimonio igualitario, dar un plazo de 180 días hábiles para armonizar las leyes secundarias y la papelería es “violencia institucional” y son “barreras que no permiten que las personas puedan llegar a la unión civil”.
También, reprochó que en una reunión activistas de la comunidad LGBTI+ hayan aceptado ese tiempo, y lamentó que la mayoría ocupa un cargo en las direcciones de la diversidad sexual de sus municipios y “no pueden ser contestatarios a los gobiernos de su misma línea política”.
Guerrero fue el penúltimo estado en aprobar el matrimonio igualitario, solo por delante de Tamaulipas que lo hizo el 26 de octubre, un día después que el Congreso local guerrerense lo votara.
Sin embargo, pasaron 66 días para que se publicara en el Periódico Oficial del Estado, el 30 de diciembre, pues de acuerdo con fuentes del gobierno del estado se debió a que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, hizo observaciones al decreto que fue redactado con rapidez sólo para no ser el último estado en aprobar el matrimonio igualitario y el texto contenía errores de ortografía.
A pesar de que ya se publicó el decreto a 244 por el que se reformó y derogó el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero
número 358, y el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero 364, en los registros civiles y oficialías de los ayuntamientos las parejas del mismo sexo aún no pueden acceder a su derecho.
En una reunión el pasado lunes 23 de enero en el recinto del Poder Ejecutivo, entre integrantes de varios colectivos LGBTI+ con la subsecretaria de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría General del Gobierno, Anacleta López Vega, en la que esta última les explicó que para que puedan ejercer su derecho falta armonizar las leyes secundarias, y modificar formatos de las actas de matrimonio y divorcio, y además, tienen como plazo máximo hasta septiembre de este año.
Consultado al respecto vía telefónica, el activista Ricardo Locia aseguró que “hay una simulación en la acción real de las instituciones”, porque el gobierno del estado supone que con una reunión mantiene con cierta calma a la comunidad LGBT+, “pero la realidad es que los activistas no somos toda la población, los activistas que estamos, y algunos están, en posiciones de poder, es decir, en direcciones de la diversidad sexual (municipal) y van a responder a quién les paga”.
Manifestó que Morena –quien gobierna el estado– también gobierna en varios municipios, y por ende, aquellos activistas que tienen cargos en los ayuntamientos “no pueden ser contestatarios, no pueden cuestionar lo que dice el gobierno”.
Locia Hernández expuso que él, al no pertenecer a ningún partido político, observa que “falta voluntad política por parte del gobierno del estado y hay una simulación de hechos”, porque las reuniones del gobierno del estado no deben ser con los colectivos sino con las instancias necesarias para reformar las leyes secundarias, especialmente la de divorcio, porque en su contenido no se habla de hombre o mujer sino de cónyuges.
“Realmente la situación solamente por ejemplo en el divorcio administrativo, me aparece en el artículo 12, sí toca el apartado de la mujer y dice tácitamente la cónyuge mujer, entonces sabemos que si se necesitan cambiar esas leyes para que los procesos legales que haya de divorcio se establezcan los mecanismos correctos y estén armonizados, pero no hay voluntad política”, mencionó.
Argumentó que el plazo de 180 días hábiles para armonizar las leyes secundarias y la papelería, y que las personas del mismo sexo se pueden casar es un tipo de “violencia institucional, o sea, al final no hay empatía, no hay en verdad, es decir, si ya tenemos matrimonio igualitario en Guerrero, pero tenemos ciertas barreras que no permiten que las personas puedan llegar a la unión civil, y eso merma mucho”.
Expuso que en su caso, próximamente se mudará de Guerrero por cuestiones académicas y quería casarse antes de irse, “pero no lo voy a poder hacer porque siguen todavía las instituciones de Guerrero diciendo que no se puede”.
Insistió que es una pena que “los compañeros, la mayoría de los activistas, hayan aceptado ese tiempo, y lo hacen porque ellos están en una situación de poder, estar frente a una dirección de atención a la diversidad sexual, no pueden ser contestatarios a los gobiernos de su misma línea política”.
Informó que mediante la página web del colectivo Orgullo Guerrero, 13 parejas les han preguntado cómo o qué necesitan hacer para casarse, qué documentos necesitan, e incluso, “hay gente de Estados Unidos que nos está escribiendo que quieren hacer válido su matrimonio que efectuaron en Estados Unidos en Guerrero”.
Ricardo Locia –quien en septiembre de 2022 recibió el galardón al Premio Estatal al Mérito Juvenil por su activismo de los derechos humanos de la comunidad LGBT– expresó que alagar 180 días hábiles para que se pueda ejercer el matrimonio igualitario es mermar la calidad de vida de muchas personas, y además, en el registro civil creen que la reforma es una ley especial y no es así, sino se modificó el código civil y el código procesal civil.
De las consecuencias o cómo afecta que las parejas del mismo sexo se puedan casar, Locia Hernández expuso que va desde la imposibilidad de acceder a la seguridad social, ISSSTE o cualquier servicio de salud que una persona pueda proveer a su pareja, también cuando necesitan que su pareja en cuestiones de salud pueda autorizar o dar el consentimiento a los médicos, “al no compartir apellidos, no son familia directa y los reglamentos de los servicios de salud necesitan una constancia de concubinato”, a la que tampoco pueden acceder.
“Los procesos jurídicos y legales que uno quiere tener para con su pareja no se pueden obtener, porque nuestras relaciones no son reconocidas por el Estado, y eso es netamente una cuestión de discriminación y una violencia institucional que existe todavía en el presente gobierno del estado”, manifestó.
Lamentó que como colectivo han dado seguimiento a una pareja a la que ya le fue negado su derecho de casarse en el ayuntamiento de Chilpancingo, porque “los oficiales del Registro Civil no han leído el decreto y es lamentable porque ellos suponen que es una ley especial”.
Adelantó que la agenda como colectivo Orgullo Guerrero este año será presionar para que se concluya la modificación a las leyes secundarias sobre el matrimonio igualitario, también impulsar la ley de identidad de género, del que señaló, se ve el panorama muy difícil “porque hay muchas compañeras feministas que en su discurso no contemplan a las mujeres transgénero”.
Añadió que también buscan que en Guerrero las lesiones y agresiones a las personas por cuestiones de orientación sexual, identidad de género y expresión de género sean agravantes en el código penal estatal, que sean agravante como crimen de odio u homicidio especial.
Ricardo Locia afirmó que Guerrero “lamentablemente en cuestiones de derechos humanos no está actualizado, en otros estados ahorita están hablando sobre actas de nacimiento para personas no binarias y eso en Guerrero no hay”.
Sostuvo que actualmente está trabajando en poblaciones de originarias y afromexicanas porque hay casos de policías comunitarios que arrestan a personas de la población LGBTI+, pero los “procesos que viven son más esfuerzos para combatir la orientación sexual y la identidad de género, que la reeducación como la tienen establecida dentro de los reglamentos internos de las policías”.