Avanzan modificaciones a leyes secundarias para hacer posible el matrimonio igualitario

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil, Roberto Barreto Bohórquez, informó avanzan las El coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil para que se pueda ejercer en Guerrero el matrimonio igualitario.
Afirmó que a él le tocó “hacer un formato de cómo se va a llenar el registro del matrimonio”, que ya envió al Registro Nacional de Población (Renapo) y espera la anuencia o las observaciones. Adelantó que la próxima semana se reunirá con funcionarios para analizar los avances.
Este lunes, consultado al concluir el homenaje a la Bandera en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, respecto a los avances en las modificaciones de las leyes secundarias y formatos de actas de matrimonio y divorcio para que se puedan ejercer el matrimonio igualitario, respondió que “van caminando”, pero en realidad el trabajo lo realiza la Secretaría General de Gobierno.
Expresó que está colaborando en los trabajos la asesoría jurídica a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y a otras dependencias, y reconoció que a él le “tocó hacer un formato de cómo se va a llenar el registro del matrimonio, entonces ya lo mandamos al Registro Nacional de Población para que nos dé la anuencia o nos haga las observaciones correspondientes”.
Se le preguntó si serán necesarios agotar los 180 días hábiles que otorgó el Congreso del Estado para hacer las adecuaciones a las leyes secundarias y demás papelería. Respondió que al ser un asunto “muy delicado que tiene que observarse muy detalladamente”, porque necesitan dar seguridad jurídica a esos matrimonios, “y las cosas al vapor a veces no salen bien”.
Manifestó que esperan que en ese término se resuelva todo, “pero estamos esperando que sea un poquito menos el tiempo y lo estamos empujando, estamos dando nuestras opiniones, estamos haciendo formatos, cada quien está contribuyendo con la parte que le corresponde, pero sí lo que sí es claro es que va a salir bien y ojalá que sea pronto”.
Barreto Bohórquez dijo que espera que la siguiente semana se reunirá con la subsecretaria de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, donde analizarán los avances y qué están haciendo al respecto.
Aceptó que aún no han iniciado las capacitaciones al Registro Civil ni a los ayuntamientos para que atiendan de manera adecuada y sin discriminación, porque proponen que las adecuaciones las concluyan lo más pronto posible, pero sobre todo que haya seguridad jurídica para que “no haya reversas y todo salga como debe salir”.
El octubre de 2022 el Congreso del Estado aprobó la Ley del Matrimonio Igualitario, y el 30 de diciembre se publicó en Periódico Oficial del Estado. Sin embargo, la ley señala que tienen 180 días hábiles, que se cumplirían hasta septiembre de este año, para que el gobierno estatal armonice las leyes secundarias y reglas del Código civil, reglamentos internos, así como los formatos de actas de matrimonio y divorcio, plazo que diferentes colectivos LGBTI+ han señalado revela que a pesar de la reforma aún no hay la suficiente voluntad política para que las parejas homosexuales puedan ejercer su derecho al matrimonio en Guerrero.

El fiscal Olea Peláez acusa a López Rosas de haber ordenado el ataque contra normalistas en el 2011

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, arremetió ayer contra el ex procurador Alberto López Rosas, a quien acusó de ordenar el ataque que sufrieron normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 en un desalojo en la Autopista del Sol, donde fueron asesinados dos estudiantes.
También lo señaló de haber intervenido para que se integrara de manera deficiente la averiguación correspondiente a esos hechos para obtener “protección federal” y manipular las pruebas que existían en su contra.
Ayer se publicó en estas páginas un desplegado de López Rosas, quien era procurador de Justicia cuando fueron asesinados los dos estudiantes de Ayotzinapa, en el que manifestó que a cinco años de esos hechos prevalece la impunidad y exigió la reapertura de la investigación de ese caso.
También acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) “de ese tiempo” de proteger a policías federales que participaron en el desalojo y que, a diferencia de los estatales y ministeriales, no fueron detenidos ni procesados.
En respuesta, Xavier Olea calificó como “ignominioso y lamentable” lo señalado en el desplegado, y criticó que López Rosas esté exigiendo “lo que él, por su supina ignorancia en la materia de mérito, no pudo resolver”.
Olea Peláez aseguró que el ex procurador carece “de altura de miras” para demandar la reapertura de la investigación y señalar que prevalece la impunidad.
Mediante un comunicado, el fiscal aseguró que la actual administración de la FGE ha redoblado esfuerzos por la justicia, sin amiguismo ni corrupción, lo que, aseguró, sí ocurrió cuando el ahora coordinador de asesores del alcalde de Acapulco estaba al frente de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el gobierno de Ángel Aguire Rivero.
“Las averiguaciones previas y las carpetas de investigación se integran conforme a derecho, y no como antaño se hacía conforme a los intereses mezquinos de su titular”, dice el comunicado, y negó que se haya protegido a policías federales, como lo expresó en el desplegado López Rosas.
“La auténtica verdad es que el ex procurador aquél día (el 12 de diciembre de 2011) ante su ignorancia jurídica y política se equivocó y, con su manifestación en los medios de difusión, pretende lavarse las manos, cuando todo Guerrero sabe que desde su escritorio – porque de ahí no se movía–, ordenó la agresión a los estudiantes”.
El fiscal indicó que luego de ordenar el ataque, en el que perdieron la vida los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el entonces procurador se empeñó en manipular las pruebas que existían en su contra.
Explicó que si bien la justicia federal “les otorgó (a los inculpados) la protección federal”, esto ocurrió por supuestas deficiencias en la averiguación que se integró, por intervención de López Rosas.
Además expresó que la Procuraduría carecía de elementos que tuvieran preparación suficiente en materia penal y constitucional para integrar adecuadamente las indagatorias.
“Al efecto, resulta de explorado derecho, que en atención a que se juzgó a los servidores públicos que fueron oportunamente procesados, resulta hoy imposible volver a integrar una nueva indagatoria o carpeta de investigación por esos hechos, puesto que ello violentaría las garantías constitucionales de los gobernados, sean quienes sean, puesto que existe ya una resolución de amparo”, dice el boletín.
Por esta situación, Olea Peláez señaló que no se puede acusar que existe impunidad en el caso, toda vez que sólo se cumple la ley.
Finalmente, dijo que el trabajador de la gasolinera Eva II, Gonzalo Rivas Cámara, quien sufrió heridas tras el incendio de una despachadora de combustible, fue una víctima de su actuación como procurador “y un héroe” reconocido post mortem por el Senado con la medalla Belisario Domínguez.