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Caso Abelina y leyes sobre reforma judicial y desapariciones, los pendientes del Congreso

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local tendrá pendiente desahogar en 2026 dos casos en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, las adecuaciones a leyes secundarias de la reforma al poder Judicial local, la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero (Itaigro), así como la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada
El pasado martes, el Congreso cerró su actividad legislativa de 2025, después de celebrar su última sesión ordinaria del año, en la que los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos 2026 y diversas reformas en materia penal, antes de iniciar un receso de 15 días.
El periodo de descanso de los legisladores inició el pasado martes y se extenderá hasta después del Día de Reyes; la próxima sesión ordinaria está programada para el 7 de enero de 2026.
Aunque solo regresarán a instalar la Comisión Permanente, que inicia por ley el 14 de enero, aún arrastrarán temas que no desahogaron en en 2025.
Uno de los temas que están casi por concluir es la Ley en Materia de Desaparición de Personas, la cual colectivos de búsqueda impulsan desde 2018.
Para dicha ley, el poder Ejecutivo ya destinó 45 millones de pesos para la creación de un Centro de Resguardo e Identificación Humana, el cual era una de las principales exigencias de los colectivos.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la morenista Araceli Ocampo Manzanares, es probable que se apruebe regresando del receso legislativo.

Los procesos ante la Corte

Otro tema es el del Congreso local con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde mantiene un recurso de reclamación en contra para que puedan proceder y desahogar los temas pendientes que involucran a la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez.
Además que el Legislativo enfrenta dos acciones de inconstitucionalidad por la reforma al poder Judicial local.
El recurso de reclamación del Legislativo busca continuar y finalizar los dos procesos que hay en contra de López Rodríguez.
Actualmente la alcaldesa enfrenta en el Congreso un juicio de revocación de mandato, solicitado por el ex candidato a la alcaldía de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, además que la Auditoría Superior del Estado (ASE) turnó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal de Justicia Administrativa la negativa de la alcaldesa de comprobar 898 millones de pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2023.
Ambos procesos están detenidos por un amparo de López Rodríguez.
Sobre las acciones de inconstitucionalidad, se trata de los expedientes 106/2025, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a solicitud del ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, y otra por la presidencia de la República, donde argumentan errores en el método de insaculación para elegir a los candidatos por parte de los tres poderes del estado, y porque contrario a la norma federal, las presidencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal de Disciplina Judicial, en lo local, se elegirán entre ellos y no por voto popular como sí lo fue a nivel nacional.

Leyes secundarias para reforma judicial

El Congreso mantiene sin avances las adecuaciones a las leyes secun-darias sobre la reforma judicial, pese que la reforma judicial se publicó el 26 de agosto de este año en el Periódico Oficial del Estado, y el Congreso se dio un plazo de 180 días para adecuar las distintas leyes, hasta hoy no se han presentando avances o propuestas para ello.
Los 180 días vencen en febrero de este año, por lo que tendría que ser un tema prioritario al iniciar el año, aunque fuentes legislativas indican que los morenistas están a la espera de la reforma electoral federal para iniciar las adecuaciones sobre la judicial.
Algunas de las leyes a reformar serían la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de reglamentos del propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Las adecuaciones a los reglamentos y leyes secundarias se tienen que hacer porque la reforma constitucional establece que en el proceso electoral 2026-2027 se renovará la totalidad de los cargos de 25 magistrados del TSJ, a los integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco magistrados, y los 74 jueces de primera instancia, además de la desaparición de la figura de los jueces de paz.

Desaparición del Itaigro

Otro tema pendiente será la liquidación del Itaigro, el órgano de transparencia estatal, luego de la reforma para desaparecer siete órganos autónomos federales.
De acuerdo con lo aprobado por el Legislativo el 13 de agosto, las funciones del Itaigro las asumirá, para el caso del Poder Ejecutivo, y los ayuntamientos la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal; para los órgano autónomos sus respectivos Órganos Internos de Control y para el Poder Judicial el Tribunal de Disciplina Judicial.
Para el caso de los partidos políticos será el Instituto Nacional Electoral (INE), el encargado de la transparencia y acceso a la información.
A pesar que se aprobó su desaparición, están pendientes las leyes secundarias para determinar como se liquidarán a los trabajadores y los mecanismos en los que las dependencias existentes asuman sus nuevas funciones.

Avanzan modificaciones a leyes secundarias para hacer posible el matrimonio igualitario

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil, Roberto Barreto Bohórquez, informó avanzan las El coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil para que se pueda ejercer en Guerrero el matrimonio igualitario.
Afirmó que a él le tocó “hacer un formato de cómo se va a llenar el registro del matrimonio”, que ya envió al Registro Nacional de Población (Renapo) y espera la anuencia o las observaciones. Adelantó que la próxima semana se reunirá con funcionarios para analizar los avances.
Este lunes, consultado al concluir el homenaje a la Bandera en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, respecto a los avances en las modificaciones de las leyes secundarias y formatos de actas de matrimonio y divorcio para que se puedan ejercer el matrimonio igualitario, respondió que “van caminando”, pero en realidad el trabajo lo realiza la Secretaría General de Gobierno.
Expresó que está colaborando en los trabajos la asesoría jurídica a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y a otras dependencias, y reconoció que a él le “tocó hacer un formato de cómo se va a llenar el registro del matrimonio, entonces ya lo mandamos al Registro Nacional de Población para que nos dé la anuencia o nos haga las observaciones correspondientes”.
Se le preguntó si serán necesarios agotar los 180 días hábiles que otorgó el Congreso del Estado para hacer las adecuaciones a las leyes secundarias y demás papelería. Respondió que al ser un asunto “muy delicado que tiene que observarse muy detalladamente”, porque necesitan dar seguridad jurídica a esos matrimonios, “y las cosas al vapor a veces no salen bien”.
Manifestó que esperan que en ese término se resuelva todo, “pero estamos esperando que sea un poquito menos el tiempo y lo estamos empujando, estamos dando nuestras opiniones, estamos haciendo formatos, cada quien está contribuyendo con la parte que le corresponde, pero sí lo que sí es claro es que va a salir bien y ojalá que sea pronto”.
Barreto Bohórquez dijo que espera que la siguiente semana se reunirá con la subsecretaria de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, donde analizarán los avances y qué están haciendo al respecto.
Aceptó que aún no han iniciado las capacitaciones al Registro Civil ni a los ayuntamientos para que atiendan de manera adecuada y sin discriminación, porque proponen que las adecuaciones las concluyan lo más pronto posible, pero sobre todo que haya seguridad jurídica para que “no haya reversas y todo salga como debe salir”.
El octubre de 2022 el Congreso del Estado aprobó la Ley del Matrimonio Igualitario, y el 30 de diciembre se publicó en Periódico Oficial del Estado. Sin embargo, la ley señala que tienen 180 días hábiles, que se cumplirían hasta septiembre de este año, para que el gobierno estatal armonice las leyes secundarias y reglas del Código civil, reglamentos internos, así como los formatos de actas de matrimonio y divorcio, plazo que diferentes colectivos LGBTI+ han señalado revela que a pesar de la reforma aún no hay la suficiente voluntad política para que las parejas homosexuales puedan ejercer su derecho al matrimonio en Guerrero.

Comisionado de Morena de la Diversidad urge a legislar el matrimonio civil LGBTI+

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El regidor de Chilpancingo y comisionado estatal de la Diversidad Sexual en Morena, Samir Ávila Bonilla, afirmó que notó cierta “resistencia” en el coordinador técnico del Registro Civil Estatal, Roberto Barreto Bohórquez, para que las personas del mismo sexo ejercen su derecho a contraer matrimonio civil. Aseveró que esperan que antes del 14 de febrero haya la voluntad política para adecuar las leyes secundarias y la papelería para que se celebre una boda colectiva igualitaria en la capital del estado.
También, informó que solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una acción de inconstitucionalidad debido a que la ley aprobada por el Congreso de matrimonio igualitario no incluyó la adopción, y aseguró que “una de las causas por las que las parejas homoparentales están buscando casarse es precisamente la posibilidad de hacer crecer su familia y el método legal para hacerlo es la adopción”.
Ayer entrevistado antes de iniciar los diálogos Matrimonio Igualitario en el Palacio de Cultura, Samir Ávila Bonilla opinó que legalmente uno de los transitorios del decreto para el matrimonio igualitario establece 180 días hábiles para hacer las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias y reglamentos, pero “falta mucho de voluntad política para que en lugar de que sean esos 180 días se acorte lo más que se pueda” ese plazo.
Sostuvo que en la sesión de Cabildo de Chilpancingo el pasado viernes, exhortó que mediante la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual se capacite a todo el personal del Ayuntamiento para evitar que se discrimine a las parejas del mismo sexo que busquen casarse.
Informó que solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una acción de inconstitucionalidad debido a que en la modificación aprobada en octubre pasado por el Congreso del Estado no se contempló la adopción para las parejas del mismo sexo, y argumentó que “una de las causas por las parejas homoparentales están buscando casarse es precisamente la posibilidad de hacer crecer su familia y el método legal para hacerlo es la adopción”.
Precisó que la adopción “para los matrimonios igualitarios no obliga en automático a que les entreguen a un niño o una niña en adopción, sino que tendrán que someterse a los mismos requisitos que una pareja heterosexual”.
Expuso que en la misma sesión de Cabildo del viernes planteó que el 14 de febrero en dado caso de que la legislación lo permita se llevarán a cabo una boda comunitaria igualitaria, que “dependerá de la voluntad política para que el Ayuntamiento de Chilpancingo sea uno de los primeros en hacer estas bodas”.
Ávila Bonilla sostuvo que observa disposición y voluntad política del Congreso y del gobierno estatal, pero señaló que ojalá también tenga voluntad el coordinador técnico del Registro Civil, Roberto Barreto, quien recientemente fue nombrado titular luego de que suplió a Silvia Rivera Carbajal, quien fue nombrada el pasado 5 de enero como secretaria de Migrantes y Asuntos Internacionales.
“Ya había algunos avances con la anterior titular del Registro Civil, y es cierto, la institución es la misma, pero no es el mismo titular y hay que volver a empaparlo de todo lo que implica” el decreto de matrimonio igualitario.
Aseguró que hace unos días se reunió con Barreto Bohórquez, en la que notó “cierto grado de resistencia”, porque no tenía conocimiento de las reformas, “espero que a estas alturas ya lo esté y que en próximos días tengamos buenas noticias”.
En el encuentro del matrimonio igualitario que se realizó en el lobby del Palacio de Cultura, organizado por la Unidad de Género de la Secretaría General de Gobierno, participaron Samir Ávila y Efraín de Jesús Arroyo, éste último, integrante del colectivo LGBTI+ Orgullo Guerrero y de la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, en la que mencionaron antecedentes del matrimonio igualitario, su proceso actual legislativo y los retos que enfrentan.

Violencia institucional posponer armonización de leyes sobre matrimonio igualitario: activista

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El activista y dirigente del colectivo LGBTI+ Orgullo Guerrero, Ricardo Locia Hernández, afirmó que “hay una simulación en la acción real de las instituciones y que aún no hay voluntad política, porque a pesar de que ya se aprobó el matrimonio igualitario, dar un plazo de 180 días hábiles para armonizar las leyes secundarias y la papelería es “violencia institucional” y son “barreras que no permiten que las personas puedan llegar a la unión civil”.
También, reprochó que en una reunión activistas de la comunidad LGBTI+ hayan aceptado ese tiempo, y lamentó que la mayoría ocupa un cargo en las direcciones de la diversidad sexual de sus municipios y “no pueden ser contestatarios a los gobiernos de su misma línea política”.
Guerrero fue el penúltimo estado en aprobar el matrimonio igualitario, solo por delante de Tamaulipas que lo hizo el 26 de octubre, un día después que el Congreso local guerrerense lo votara.
Sin embargo, pasaron 66 días para que se publicara en el Periódico Oficial del Estado, el 30 de diciembre, pues de acuerdo con fuentes del gobierno del estado se debió a que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, hizo observaciones al decreto que fue redactado con rapidez sólo para no ser el último estado en aprobar el matrimonio igualitario y el texto contenía errores de ortografía.
A pesar de que ya se publicó el decreto a 244 por el que se reformó y derogó el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero
número 358, y el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero 364, en los registros civiles y oficialías de los ayuntamientos las parejas del mismo sexo aún no pueden acceder a su derecho.
En una reunión el pasado lunes 23 de enero en el recinto del Poder Ejecutivo, entre integrantes de varios colectivos LGBTI+ con la subsecretaria de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría General del Gobierno, Anacleta López Vega, en la que esta última les explicó que para que puedan ejercer su derecho falta armonizar las leyes secundarias, y modificar formatos de las actas de matrimonio y divorcio, y además, tienen como plazo máximo hasta septiembre de este año.
Consultado al respecto vía telefónica, el activista Ricardo Locia aseguró que “hay una simulación en la acción real de las instituciones”, porque el gobierno del estado supone que con una reunión mantiene con cierta calma a la comunidad LGBT+, “pero la realidad es que los activistas no somos toda la población, los activistas que estamos, y algunos están, en posiciones de poder, es decir, en direcciones de la diversidad sexual (municipal) y van a responder a quién les paga”.
Manifestó que Morena –quien gobierna el estado– también gobierna en varios municipios, y por ende, aquellos activistas que tienen cargos en los ayuntamientos “no pueden ser contestatarios, no pueden cuestionar lo que dice el gobierno”.
Locia Hernández expuso que él, al no pertenecer a ningún partido político, observa que “falta voluntad política por parte del gobierno del estado y hay una simulación de hechos”, porque las reuniones del gobierno del estado no deben ser con los colectivos sino con las instancias necesarias para reformar las leyes secundarias, especialmente la de divorcio, porque en su contenido no se habla de hombre o mujer sino de cónyuges.
“Realmente la situación solamente por ejemplo en el divorcio administrativo, me aparece en el artículo 12, sí toca el apartado de la mujer y dice tácitamente la cónyuge mujer, entonces sabemos que si se necesitan cambiar esas leyes para que los procesos legales que haya de divorcio se establezcan los mecanismos correctos y estén armonizados, pero no hay voluntad política”, mencionó.
Argumentó que el plazo de 180 días hábiles para armonizar las leyes secundarias y la papelería, y que las personas del mismo sexo se pueden casar es un tipo de “violencia institucional, o sea, al final no hay empatía, no hay en verdad, es decir, si ya tenemos matrimonio igualitario en Guerrero, pero tenemos ciertas barreras que no permiten que las personas puedan llegar a la unión civil, y eso merma mucho”.
Expuso que en su caso, próximamente se mudará de Guerrero por cuestiones académicas y quería casarse antes de irse, “pero no lo voy a poder hacer porque siguen todavía las instituciones de Guerrero diciendo que no se puede”.
Insistió que es una pena que “los compañeros, la mayoría de los activistas, hayan aceptado ese tiempo, y lo hacen porque ellos están en una situación de poder, estar frente a una dirección de atención a la diversidad sexual, no pueden ser contestatarios a los gobiernos de su misma línea política”.
Informó que mediante la página web del colectivo Orgullo Guerrero, 13 parejas les han preguntado cómo o qué necesitan hacer para casarse, qué documentos necesitan, e incluso, “hay gente de Estados Unidos que nos está escribiendo que quieren hacer válido su matrimonio que efectuaron en Estados Unidos en Guerrero”.
Ricardo Locia –quien en septiembre de 2022 recibió el galardón al Premio Estatal al Mérito Juvenil por su activismo de los derechos humanos de la comunidad LGBT– expresó que alagar 180 días hábiles para que se pueda ejercer el matrimonio igualitario es mermar la calidad de vida de muchas personas, y además, en el registro civil creen que la reforma es una ley especial y no es así, sino se modificó el código civil y el código procesal civil.
De las consecuencias o cómo afecta que las parejas del mismo sexo se puedan casar, Locia Hernández expuso que va desde la imposibilidad de acceder a la seguridad social, ISSSTE o cualquier servicio de salud que una persona pueda proveer a su pareja, también cuando necesitan que su pareja en cuestiones de salud pueda autorizar o dar el consentimiento a los médicos, “al no compartir apellidos, no son familia directa y los reglamentos de los servicios de salud necesitan una constancia de concubinato”, a la que tampoco pueden acceder.
“Los procesos jurídicos y legales que uno quiere tener para con su pareja no se pueden obtener, porque nuestras relaciones no son reconocidas por el Estado, y eso es netamente una cuestión de discriminación y una violencia institucional que existe todavía en el presente gobierno del estado”, manifestó.
Lamentó que como colectivo han dado seguimiento a una pareja a la que ya le fue negado su derecho de casarse en el ayuntamiento de Chilpancingo, porque “los oficiales del Registro Civil no han leído el decreto y es lamentable porque ellos suponen que es una ley especial”.
Adelantó que la agenda como colectivo Orgullo Guerrero este año será presionar para que se concluya la modificación a las leyes secundarias sobre el matrimonio igualitario, también impulsar la ley de identidad de género, del que señaló, se ve el panorama muy difícil “porque hay muchas compañeras feministas que en su discurso no contemplan a las mujeres transgénero”.
Añadió que también buscan que en Guerrero las lesiones y agresiones a las personas por cuestiones de orientación sexual, identidad de género y expresión de género sean agravantes en el código penal estatal, que sean agravante como crimen de odio u homicidio especial.
Ricardo Locia afirmó que Guerrero “lamentablemente en cuestiones de derechos humanos no está actualizado, en otros estados ahorita están hablando sobre actas de nacimiento para personas no binarias y eso en Guerrero no hay”.
Sostuvo que actualmente está trabajando en poblaciones de originarias y afromexicanas porque hay casos de policías comunitarios que arrestan a personas de la población LGBTI+, pero los “procesos que viven son más esfuerzos para combatir la orientación sexual y la identidad de género, que la reeducación como la tienen establecida dentro de los reglamentos internos de las policías”.