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Buscará la candidatura de Morena al Senado, informa Alberto López Rosas

Daniel Velázquez

El ex alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, adelantó que buscará la candidatura al Senado por Morena, pero está en espera de que el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, defina su postura en torno a su permanencia en el partido: “pasaré de la intención a la acción una vez que él resuelva”.
En declaraciones a reporteros en un restaurante Sanborns, López Rosas sostuvo que tiene respaldo popular, pues lo ha constado en los recorridos que ha hecho por diversos municipio del estado, en la promoción de las aspiraciones del ex canciller.
Consideró que su activismo a favor de Marcelo Ebrard no debe ser un obstáculo en sus aspiraciones politicas,”si eso influyera estaríamos demostrando inmadurez y un regreso al pasado de revanchismo y nos verían igual que todos, no mostraríamos que somos un partido diferente”.
Dijo que espera que se publique la convocatoria de Morena para la selección de aspirantes al Senado y se ajustará a los lineamientos de la misma para la selección del candidato.
A Lopez Rosas se le preguntó si la ausencia de los reflectores mediaticos como actor político será un factor a favor o en contra de sus aspiraciones para 2024. El ex alcalde respondió que él no se ha apartado de la política y que el silencio no es ausencia. “Mi ejercicio puede ser discreto pero siempre vigoroso dentro de la sociedad, he recorrido por tres ocasiones el estado de Guerrero traigo el pulso de sus comunidades, de sus ciudades, tengo el pulso de sus inquietudes, de sus esperanzas y de sus decepciones, eso me da fortaleza y certeza de hacer las mejores propuestas”, señaló el ex también procurador de Justicia en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Opinó que Morena en 2024 puede tener resultados favorables en los diferentes cargos que estaran en disputa, y “si no hay exclusión” se podrá hacer realidad la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener mayoría en el Congreso federal, para realizar reformas constitucionales.

Se ve más fuerte Claudia que el resto de los aspirantes a candidato presidencial de Morena

Daniel Velázquez

A unos meses de que inicie el proceso electoral para renovar la Presidencia de la República, las cámaras de senadores y diputados federales, y de alcaldes y diputados locales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, se ha alzado con el apoyo del equipo de gobierno y de la dirigencia estatal de Morena en sus aspiraciones a la candidatura presidencial.
En tanto, los liderazgos tradicionales están fraccionados. Los dos grupos preponderantes de Morena, los pablistas y cesaristas ahora conviven y/o convergen con otros.
En Guerrero, los grupos que controlan el poder político, el de la gobernadora Evelyn Salgado y el del senador Félix Salgado, respaldan abiertamente a Claudia Sheinbahum.
Morenistas consultados coincidieron en que el felixismo, y los cesaristas, del fundador de Morena en Guerrero César Núñez Ramos que tiene como referentes al delegado federal Iván Hernández Díaz y al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Jacinto González Varona, respaldan a Sheinbaum.
De los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena que por norma no pueden manifestar simpatía con alguno de los aspirantes, sus compañeros de partido los identificaron como afines al delegado Iván Hernández y al senador Félix Salgado, por lo que son considerados como simpatizantes de la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
El Comité está integrado por el presidente Jacinto González, pupilo del fallecido César Núñez; la secretaria general Yesenia Sandoval Xinol; el secretario de Organización Jonnathan Marquez Aguilar, y de Formación Política, Celeste Mora Eguiluz, son del equipo de Félix Salgado. También están como secretaria de Finanzas Ana Lilia Botello, la de Mujeres Maribel Santiago Morales, el de Indígenas Abel Bruno Arriaga y el de Prensa Emmanuel Gutiérrez Andraca. De los comisionados recientemente nombrados, la de Jóvenes Laura Carolina Aguilar Almazán es del equipo de Félix Salgado, y el de Diversidad Sexual, Samir Ávila Bonilla es del grupo de Iván Hernández.
Entre los representantes de elección popular, de la senadora Nestora Salgado García no se conoce a qué aspirante presidencial respalda pues no se le ha visto en actividades de ese tipo.
De los diputados federales se sabe que la de Acapulco Rosario Merlín García y el de Ometepec Pedro Sergio Peñaloza Pérez respaldan a Claudia Sheinbaum. En tanto que Araceli Ocampo Manzanares, quien forma parte del equipo del diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros –los pablistas–, respalda al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, y María del Rosario Reyes Silva, de Chilapa, está con el secretario de Gobernación Adán Augusto López.
De los 22 diputados locales morenistas, al menos de once se sabe que apoyan a Sheinbaum. La coincidencia es que al igual que en el CEE de Morena también la mayoría están identificados como felixistas y cesaristas: Joaquín Badillo Escamilla, Gloria Citlali Calixto Jiménez, Estrella de la Paz Bernal, Yoloczin Domínguez Serna, Jacinto González, Andrés Guevara Cárdenas, Beatriz Mojica Morga, Osvaldo Ríos Manrique, Marco Tulio Sánchez Alarcón, Claudia Sierra Pérez y Nora Velázquez Martínez, esta última parte del difuminado equipo del diputado federal y ex delegado federal Amílcar Sandoval.
En respaldo a Adán Augusto López al menos hay cinco diputados locales: Angélica Espinoza García, María Flores Maldonado, Antonio Helguera Jiménez, Fortunato Hernández Carbajal y José Efrén López Cortez
En apoyo al canciller Ebrard se sabe que están algunos diputados pablistas como Jessica Ivett Alejo Rayo, Masedonio Mendoza Basurto y Alfredo Sánchez Esquivel.
De los diputados Leticia Castro Ortiz, Carlos Cruz López y Marbén de la Cruz Santiago, sus compañeros morenistas no supieron identificar a quién apoyan.
De los 16 alcaldes que tiene Morena en la entidad, solo las de Acapulco Abelina López Rodríguez y la de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez han decidido hacer público su respaldo a algún aspirante. La primera está con Ebrard y la segunda a favor de Sheinbaum. El resto de los alcaldes se mantienen “neutrales”, de acuerdo con los morenistas.

Otros actores

En la disputa por la candidatura presidencial de Morena también convergen otros actores como el ex senador, ex alcalde, ex aspirante a la gubernatura en dos ocasiones Luis Walton Aburto, quien respalda a Ebrard. Con él también está el líder histórico de la izquierda en Guerrero, Eloy Cisneros Guillén, el ex alcalde y ex aspirante a la gubernatura Alberto López Rosas, y el ex diputado local Luis Enrique Ríos Saucedo, identificado como pablista. En este bloque a favor del secretario de Relaciones Exteriores también está el ex subsecretario de Desarrollo Urbano del gobierno del estado y ex felixista, Arquelao de la Cruz, y se han sumado la ex alcaldesa de Tecpan por el PRI Sandra Belkis Ocampo y el ex alcalde de Taxco, Salomón Majul.
También a favor de Shein-baum se han sumado liderazgos como el ex rector de la UAG Javier Saldaña Almazán, quien ha sido fiel a todos los grupos en el gobierno: con el PRD con Ángel Aguirre, con el priista Héctor Astudillo y ahora con la morenista Evelyn Salgado, y envía estudiantes a los actos a favor de la jefa de gobierno. También tiene ex pristas como el ex diputado Gustavo Miranda González
La ex alcaldesa de Acapulco, la magistrada Adela Román Ocampo también ha asistido a actividades a favor de Sheinbaum.
Del senador Ricardo Monreal no se conocen apoyos destacados entre los morenistas de Guerrero.
El respaldo del gobierno del estado a Sheinbaum Pardo se hace evidente con la presencia de funcionarios estatales en actividades a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, como el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Jesús Urióstegui García; el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña; los subsecretarios de Ganadería y Pesca, Salvador Mojica Morga, y de Agricultura e Infraestructura Rural, Adalid Pérez Galeana, el subsecretario de Planeación para el Desarrollo, Jossein Nabor Guillén; el director de Apoyo Técnico y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, Apolinar Segueda Dorantes, y el encargado de la Procuraduría de Protección al Ambiente, Carlos Toledo Manzur.

 

Dolosa y sin sustento, la acusación del fiscal Xavier Olea, responde López Rosas

El ex procurador Alberto López Rosas calificó como temeraria, dolosa, fuera de lugar y sin sustento la respuesta de la Fiscalía General del Estado a su petición de reabrir el caso de los dos normalistas asesinados en 2011 en la Autopista del Sol.
Pidió al fiscal Xavier Olea Peláez mostrar los elementos de sus acusaciones o retractarse de lo dicho, o de lo contrario “quedará evidenciado con una mentira más y con falta de autoridad moral para continuar en esta función”.
Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores no quiso opinar respecto de la declaración del fiscal porque dijo que la Fiscalía es autónoma.
-¿Avala las declaraciones del fiscal Xavier Olea, en el sentido de que el ex procurador Alberto López Rosas, fue quien ordenó el ataque a los estudiantes de la Normal el 12 de diciembre del 2011? -se le preguntó al término de una reunión en la Casa Guerrero.
-La Fiscalía es autónoma. Yo no quisiera intervenir en ello —respondió.
El lunes se publicó en estas páginas un desplegado de López Rosas, quien era procurador de Justicia cuando fueron asesinados los dos estudiantes de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, en el que manifestó que a cinco años de esos hechos prevalece la impunidad, por lo que solicitó la reapertura de la investigación del caso.
También acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) “de ese tiempo” de proteger a policías federales que participaron en el desalojo y que, a diferencia de los estatales y ministeriales, no fueron detenidos ni procesados.
En respuesta al desplegado, el fiscal Xavier Olea Peláez arremetió contra López Rosas, lo acusó de haber ordenado el ataque a los normalistas, de manipular las pruebas que existían en su contra y de integrar de manera deficiente la averiguación previa para obtener “protección federal”.
En declaraciones por teléfono, López Rosas recordó que dejó el cargo de procurador antes de que transcurrieran 24 horas del asesinato de los dos normalistas.
De las acusaciones que le hizo el fiscal, de haber ordenado el ataque a los normalistas, el ex procurador respondió que “yo no formé parte del operativo, los policías ministeriales llegaron cuando había presunción de delitos en flagrancia, el operativo siempre estuvo a cargo de la Policía Federal, de principio a fin, yo me encontraba en Casa Guerrero cuando empezaron las confrontaciones”.
De la averiguación previa que se integró con deficiencia para manipular pruebas, López Rosas dijo que no le correspondió integrar ninguna averiguación previa porque dejó el cargo antes de que transcurrieran 24 horas del asesinato de los dos normalistas, “yo fui el investigado, no el investigador”.
Opinó que la respuesta del fiscal fue incongruente al señalar que no puede abrirse una investigación del caso porque existe “una resolución de  amparo”, y precisó que el delito no ha prescrito para quienes no han sido juzgados.
Aseveró que se trata de una falacia el argumento del fiscal.
Al preguntarle si falta que sean investigados los policías federales, el ex alcalde de Acapulco insistió en que su demanda es que se reabra la investigación y que en el análisis de los videos se resuelva en derecho y se determine la responsabilidad de la Policía Federal, “que desde un principio trataron de negar su participación, lo que contrastaba con todos los elementos visuales y presenciales, por ello creo que es procedente reabrir este caso para la salud de la justicia”.
Dijo que en el desplegado que publicó el lunes fue respetuoso al dirigirse al gobernador Héctor Astudillo Flores, y en cambio recibió una respuesta “ríspida e intolerante, lo que no corresponde a un fiscal que sea serio, y sobre todo que mantenga principios de ética”.
López Rosas acusó a la Fiscalía de exponerlo ante los familiares de las víctimas de ese suceso.
El ex procurador abundó que insistirá en que se analicen y se valoren como evidencias los videos que han sido menospreciados por las autoridades.

El fiscal Olea Peláez acusa a López Rosas de haber ordenado el ataque contra normalistas en el 2011

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, arremetió ayer contra el ex procurador Alberto López Rosas, a quien acusó de ordenar el ataque que sufrieron normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 en un desalojo en la Autopista del Sol, donde fueron asesinados dos estudiantes.
También lo señaló de haber intervenido para que se integrara de manera deficiente la averiguación correspondiente a esos hechos para obtener “protección federal” y manipular las pruebas que existían en su contra.
Ayer se publicó en estas páginas un desplegado de López Rosas, quien era procurador de Justicia cuando fueron asesinados los dos estudiantes de Ayotzinapa, en el que manifestó que a cinco años de esos hechos prevalece la impunidad y exigió la reapertura de la investigación de ese caso.
También acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) “de ese tiempo” de proteger a policías federales que participaron en el desalojo y que, a diferencia de los estatales y ministeriales, no fueron detenidos ni procesados.
En respuesta, Xavier Olea calificó como “ignominioso y lamentable” lo señalado en el desplegado, y criticó que López Rosas esté exigiendo “lo que él, por su supina ignorancia en la materia de mérito, no pudo resolver”.
Olea Peláez aseguró que el ex procurador carece “de altura de miras” para demandar la reapertura de la investigación y señalar que prevalece la impunidad.
Mediante un comunicado, el fiscal aseguró que la actual administración de la FGE ha redoblado esfuerzos por la justicia, sin amiguismo ni corrupción, lo que, aseguró, sí ocurrió cuando el ahora coordinador de asesores del alcalde de Acapulco estaba al frente de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el gobierno de Ángel Aguire Rivero.
“Las averiguaciones previas y las carpetas de investigación se integran conforme a derecho, y no como antaño se hacía conforme a los intereses mezquinos de su titular”, dice el comunicado, y negó que se haya protegido a policías federales, como lo expresó en el desplegado López Rosas.
“La auténtica verdad es que el ex procurador aquél día (el 12 de diciembre de 2011) ante su ignorancia jurídica y política se equivocó y, con su manifestación en los medios de difusión, pretende lavarse las manos, cuando todo Guerrero sabe que desde su escritorio – porque de ahí no se movía–, ordenó la agresión a los estudiantes”.
El fiscal indicó que luego de ordenar el ataque, en el que perdieron la vida los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el entonces procurador se empeñó en manipular las pruebas que existían en su contra.
Explicó que si bien la justicia federal “les otorgó (a los inculpados) la protección federal”, esto ocurrió por supuestas deficiencias en la averiguación que se integró, por intervención de López Rosas.
Además expresó que la Procuraduría carecía de elementos que tuvieran preparación suficiente en materia penal y constitucional para integrar adecuadamente las indagatorias.
“Al efecto, resulta de explorado derecho, que en atención a que se juzgó a los servidores públicos que fueron oportunamente procesados, resulta hoy imposible volver a integrar una nueva indagatoria o carpeta de investigación por esos hechos, puesto que ello violentaría las garantías constitucionales de los gobernados, sean quienes sean, puesto que existe ya una resolución de amparo”, dice el boletín.
Por esta situación, Olea Peláez señaló que no se puede acusar que existe impunidad en el caso, toda vez que sólo se cumple la ley.
Finalmente, dijo que el trabajador de la gasolinera Eva II, Gonzalo Rivas Cámara, quien sufrió heridas tras el incendio de una despachadora de combustible, fue una víctima de su actuación como procurador “y un héroe” reconocido post mortem por el Senado con la medalla Belisario Domínguez.

La deuda con Hacienda no es personal, sino de obras que ahí están, responde López Rosas

El ex alcalde Alberto López Rosas, actual coordinador de asesores del alcalde Evodio Velázquez, negó que haya conflicto de intereses o tráfico de influencias en la solicitud que hizo al Cabildo para que éste fijara una postura sobre el reclamo que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 48.4 millones de pesos por 26 obras hechas en 2004, durante su gestión.
López Rosas indicó que la SHCP le pide que reintegre a la Tesorería de la Federación 48.4 millones de pesos, lo que no puede asumir como deuda personal porque se trata de dinero usado para 23 obras y tres acciones, que están comprobadas, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que no se hicieron en zonas de pobreza extrema.
En conferencia de prensa en el hotel Elca-no, el ex alcalde explicó que lo que pretendía con la solicitud presentada al Cabildo es que el gobierno municipal asumiera como propias las obras que se hicieron en 2004 para que el conflicto con la SHCP pasara al Ayuntamiento.
“Estoy presentando una solicitud de definición, no hay demanda de mi parte contra el Ayuntamiento. A lo mejor la hay más adelante, pero en este momento se presentó una solicitud a través del Contencioso Administrativo para que el Cabildo definiera postura”, dijo.
Indicó que la cuenta pública correspondiente al año 2004 fue liberada pero con la observación de que hizo obras con dinero federal en zonas que no correspondían. López Rosas alegó que realizó otras obras para beneficiar a la población en pobreza extrema, una de ellas fue el proyecto El Mirador para acercar el servicio de agua potable a 14 mil familias que viven en la parte alta con una inversión de 70 millones de pesos.
Algunas de las obras observadas son la pavimentación de la calle Vicente Guerrero en la colonia Las Crucitas, la calle Quetzal en la Morelos, un aula en la UPN y un centro de Salud en la colonia Izazaga.
Otra obras son la ampliación de la clínica de Hogar Moderno, y un laboratorio de análisis clínicos. En al resolución la ASF reconoce la inversión pero argumenta que no se acredita que en esa clínica se atenderán a personas de extrema pobreza, lo que consideró el ex acalde como “un criterio bastante lamentable”.

La auditoría

El ex alcalde recordó que en 2004, el entonces diputado federal por el PAN Ángel Pasta Muñuzuri solicitó a la ASF que se auditara su administración. López Rosas indicó que en ese año fue cuando más obra pública hizo su gobierno. “Logramos realizar mas de mil obras”. Ese año el presupuesto fue de 2 mil millones de pesos.
Y dijo que “en ese tiempo no había una definición poligonal oficial, formal que estableciera las regiones de pobreza extrema, hoy ya existen, ese tiempo no existían de manera definida”.
Agregó que las obras observadas “han cumplido su función social y lo disfruta la sociedad acapulqueña”.
Y argumentó que “el Ayuntamiento se está beneficiando en 48 millones de pesos en las obras que están funcionando y como consecuencia no pueden ser cobrados a una persona física porque es un enriquecimiento a favor de una persona moral como es el Ayuntamiento, y si yo lo tuviera que pagar sería un empobrecimiento a favor de un enriquecimiento y eso no puede ser lógico ni justo ni ético”, señaló.
El ex alcalde dijo que “no fue un capricho del presidente el hacer estas obras”, porque fueron aprobadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg) y el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun).
“Sería una deuda particular o privada si se hubiera hecho de manera unilateral, pero se contó con la aprobación de Copladeg y Coplademun, que son los órganos que tienen la capacidad y la competencia para autorizar las obras correspondientes, se contó con todos los requisitos adecuados”.
Dijo que esperaba que el Cabildo asumiera las obras como propias para que mediante “compensaciones” se resolviera el conflicto entre el Ayuntamiento y Hacienda. “Yo voy a ser insolvente siempre para alcanzar ese monto, el Ayuntamiento nunca será insolvente como institución y como recaudadora”.
Agregó que al asumir el municipio las obras, el SAT entraría en negociaciones y se buscarían las “compensaciones” como solventar lo que reclama Hacienda.
López Rosas insistió en que si fuera una deuda particular él podría decir “voy a recoger mis obras”, pero es jurídicamente imposible porque las obras se hicieron con aprobación del Copladeg y Coplademun.

Un exceso

“Voy a demostrar que fue un exceso de las autoridades federales el haberme impuesto este resarcimiento”, sostuvo y explicó que desde hace año y medio lleva un juicio contra Hacienda en el TCA y que ya promovió un juicio de amparo y tiene una suspensión provisional a su favor emitida en agosto.
López Rosas señaló que es “sospechoso” el actuar de Hacienda porque los criterios aplicados que son “tan rigurosos y no los aplican en otros casos que ustedes ya conocen en Acapulco”.
“Yo no tengo conflicto con el Ayuntamiento ni el Ayuntamiento lo tiene conmigo, mi conflicto es con Hacienda, es con el SAT, no es con el Ayuntamiento, porque quien está demandando el resarcimiento es la instancia federal”, dijo.
A pregunta sobre los señalamientos de los regidores, López Rosas respondió que “no hay conflicto de intereses porque yo no he demandado al Ayuntamiento. Solicité la definición de una postura ante el Tribunal de lo Contencioso para que definiera si aceptaba o no las obras. Esa fue una solicitud no es una demanda porque no estoy reclamando nada material, solamente estoy solicitando se defina si el Ayuntamiento hace propias las obras o no, por eso no puede haber conflicto de intereses porque no estoy demandando al Ayuntamiento y en el juicio de amparo el Ayuntamiento va como un tercero interesado”.
López Rosas manifestó que está en la disposición de comparecer “cuantas veces sea necesario ante las autoridades que nos convoquen y ante la opinión pública para dar una explicación de todo aquello que pueda parecer irregular”.
Precisó que el requerimiento que hace la Secretaría de Hacienda “no me inhabilita, no es una multa, no hay sanción para Alberto López Rosas, ni como persona física ni como presidente municipal. No hay multa ni hay inhabilitación ni hay vista al Ministerio Público, precisamente porque las obras se realizaron”.
Al preguntarle por qué procedió contra él la Secretaria de Hacienda diez años después de que concluyó su periodo como alcalde, cuando las deudas con el fisco prescriben a los cinco años y tiene sus cuentas públicas liberadas, el ex alcalde respondió que “eso van a revisar las jueces, irregularidades, lagunas o misterios”.
“Para la gente de honor no existe la prescripción por eso no invoco la prescripción”, dijo.
Reconoció que en enero de 2015 solicitó al gobierno de Luis Uruñuela Fey que el Cabildo fijara una postura sobre esas obras pero nunca se llevó a discusión y sólo se quedó en comisiones.
López Rosas dijo que no le inquieta ni le preocupa ni se siente lastimado por la decisión que tomó la Comisión de Hacienda de Cabildo por rechazar la solicitud presentada, pero criticó que no le dio garantía de audiencia.
Indicó que había pensado en renunciar a su cargo de asesor, pero esperará la resolución del pleno de Cabildo para tomar alguna decisión y nuevas acciones en su defensa.

Felipe Romero y Jorge García Jacinto, presuntos asesinos de Chavarría, se negaron a declarar

En la síntesis de la averiguación previa BRA/SC/02/ 1751/2009, de la que la Procuraduría General de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General del Estado) retiró las actuaciones del ex procurador Alberto López Rosas que implican al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo en el asesinato del diputado local perredista Armando Chavarría Barrera, se concluye que éstas son “afirmaciones sin sustento”.
“Personajes políticos señalan como responsable al C.P. Zeferino Torreblanca Galindo, del homicidio de Armando Chavarría Barrera, sin embargo son afirmaciones singulares sin sustento probatorio”, dice el documento de fecha 26 de junio del 2014, cuando era procurador Iñaki Blanco Cabrera, en la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En el documento ya no están integradas las indagatorias ministeriales realizadas por el ex procurador Alberto López Rosas que apuntan como autor intelectual del homicidio al ex gobernador Zeferino Torreblanca, de acuerdo con las declaraciones del comandante de la Policía Ministerial Trinidad Zamora Rojo, un veterano agente de la extinta Policía Judicial.
Incluso, en dicha averiguación se establece que el ex procurador Alberto López Rosas proporcionó información de personas “probablemente relacionadas con el homicidio de Armando Chavarría Barrera”, pero dice que éstas sólo fueron conocidas a través de una “entrevista” con el hoy occiso comandante (de la Policía Judicial), Trinidad Zamora Rojo, pero que no se trata de una declaración ministerial.
La declaración que hizo el comandante Zamora Rojo al entonces procurador López Rosas refiere que los responsables materiales del asesinato del diputado son los policías ministeriales Felipe Romero Romero, Jorge Luis García Jacinto y Arturo Arellano Pérez, quienes se encuentran purgando condenas por delitos distintos al caso Chavarría Barrera en los penales de Puente Grande, Jalisco, y de Tepic, Nayarit, y que se declararon a declarar cuando fueron requeridos por enviados de la Procuraduría.
Y en la nota que se publicó ayer en estas páginas, titulada “Elementos que apuntarían a Zeferino fueron sustraídas del expediente del caso Chavarría”, se demuestra que López Rosas, citado a declarar por Iñaki Blanco, le entregó al Ministerio Público que lo interrogó 31 hojas que fueron sustraídas del documento, una de las cuales lleva el título de “Declaración de Zamora”. De modo que, contrario a lo afirmado por Blanco, sí se trató de una declaración ministerial en la que el asesinado comandante dijo que el homicidio de Chavarría afuera de su casa en esta capital el 20 de agosto de 2009 fue ordenado por “un alto funcionario del gobierno del estado y de la Auditoría General del Estado”.

Declaraciones ministeriales de perredistas señalan a Zeferino

En el texto de la averiguación, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado asienta las declaraciones de 22 personajes “de la vida pública guerrerense”, entre ellos los ahora ex diputados locales de la 59 legislatura Napoleón Astudillo Martínez, Catalino Duarte Ortuño, Celestino Cesáreo Guzmán, Gisela Ortega Moreno y Sebastián de la Rosa Peláez.
Asimismo, del entonces senador perredista David Jiménez Rumbo y de los ex dirigentes del PRD, Saúl López Sollano y Guillermo Sánchez Nava.
También se encuentran como declarantes el entonces diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, y el entonces auditor General del Estado, Ignacio Rendón Romero, y el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, ya fallecido, Nelson Valle López.
Los declarantes que señalan al ex gobernador Torreblanca Galindo como el posible responsable del asesinato del diputado Chavarría Barrera subrayan el hecho de que le retiró la escolta a la que tenía derecho como ex secretario de Gobierno; sus desencuentros por la actividad que el diputado tenía como presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso y el gobernador; el homicidio de los dirigentes indígenas mixtecos de Ayutla, y el rechazo por algunas iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Legislativo.
La declaración de López Sollano va directamente al caso. Refiere que se trató de un asesinato político porque siendo diputado local Chavarría Barrera, “tuvo diferencias por no aprobar una iniciativa de ley enviada por el gobernador para privatizar los servicios públicos, agua potable y alcantarillado”.
Citó que otra diferencia entre el entonces gobernador y el diputado, fue el homicidio de los dirigentes indígenas mixtecos de Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Otra de las diferencias es la que se encuentra en la declaración del entonces senador David Jiménez Rumbo, quien refirió que “el primer conflicto que se dio con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo fue que una vez electos los diputados locales, el Lic. Chavarría y Carlos Álvarez querían la dirigencia de la fracción del PRD en el Congreso, porque tenía mayoría. El gobernador habló con ambos por separado y arregló el problema al confirmar que el Lic. Chavarría tenía la mayoría de diputados”.
Mientras tanto, la declaración de Sánchez Nava señala que el de Chavarría Barrera “es un crimen político por su trayectoria política, por los cargos políticos que ocupó y luego porque era el aspirante más fuerte a la candidatura a gobernador, y porque era obvio que había diferencias entre el agraviado y el gobernador a raíz de su renuncia a la Secretaría de Gobierno, rechazo que se agudizó con la iniciativa del gobernador de concesionar algunos servicios públicos como el agua potable”.
En las declaraciones de quienes fueron citados se establecen las diferencias políticas por la postulación de Chavarría Barrera como diputado local, y a la postre presidente de la Comisión de Gobierno, el órgano de decisión del Congreso.
La declaración al respecto es de Saúl López Sollano, quien refiere que Zeferino Torreblanca “no estuvo de acuerdo que se postulara como candidato a diputado local, proponiéndole que se postulara como candidato a diputado federal. Después el ex gobernador se opuso a que (Armando Chavarría) fuera nombrado coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, ya que promovió a Carlos Alvarez Reyes”.
Al respecto también declaró el entonces diputado Napoleón Astudillo Martínez, quien dijo que “con la única persona que tuvo algunos desencuentros (Chavarría Barrera) políticos fue con el diputado Carlos Alvarez Reyes, ya que éste pretendió quitarle la presidencia de la Comisión de Gobierno”.
También Catalino Duarte declaró al respecto. Dijo que “tuvo varios desencuentros con el diputado Carlos Álvarez Reyes, llegó hasta los insultos y descalificaciones en tribuna en contra de Chavarría Barrera”.
A su vez Celestino Cesáreo declaró que él se dio cuenta de los desencuentros entre Chavarría Barrera y Álvarez Reyes sólo a través de los medios de comunicación, y declaró “que por los medios de comunicación se dio cuenta de las diferencias que tuvo Chavarría en el Congreso con el diputado Carlos Álvarez”.
En ese sentido David Jiménez Rumbo declaró que el segundo conflicto que se originó entre Chavarría y el entonces gobernador “fue cuando el Lic. Chavarría fungía como presidente de la Comisión de Gobierno, cuando echó para atrás una iniciativa de ley que le convenía al gobernador, ante esto el gobernador intentó quitar de la presidencia al Lic. Chavarría por conducto del diputado Carlos Álvarez, esto originó un enfrentamiento político con el gobernador y el grupo que encabeza el Lic. Chavarría, pero de nueva cuenta se sentaron a dialogar con el gobernador para poner fin a esas diferencias”.
A pesar de los señalamientos de quienes fueron citados a declarar a la entonces Procuraduría General de Justicia, no se establece con precisión la actuación ni la vinculación que el ahora ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, hizo en las investigaciones cuyos resultados implican al ex gobernador Zeferino Torreblanca.
Apenas se toca el caso cuando señala que “en relación a los hechos que se investigan (Alberto López Rosas) proporcionó información de personas probablemente relacionadas con el homicidio de Armando Chavarría Barrera conocidas a través de una entrevista con el hoy occiso comandante Trinidad Zamora Rojo, resultando las personas de nombre Rafael Romero Romero y/o Felipe Romero Romero, Jorge Luis García Jacinto y Arturo Arellano Pérez, policías ministeriales del estado de Guerrero”.

Las diligencias en los penales de Puente Grande y Tepic

Posteriormente se menciona que el 6 de noviembre del 2014 “personal de esta Fiscalía Especializada, con auxilio de personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se constituyó en el interior del Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, con la finalidad de recabar la declaración de Rafael Romero Romero y/o Felipe Romero Romero quien se encuentra recluido por delitos de orden federal y quien en relación a los hechos que se investigan se negó a rendir su declaración”.
También refiere el documento que “el 21 de noviembre del 2014 personal de esta Fiscalía Especializada en compañía de personal de la Fiscalía General del Estado de Tepic, Nayarit, se constituyó en el interior del Centro de Readaptación Social número 4 Noroeste, con la finalidad de recabar la declaración ministerial de Jorge Luis García Jacinto, recluido por delitos federales, quien en relación a los hechos que se investigan se negó a rendir su declaración”.
Estos personajes serían dos de los presuntos responsables materiales a los que el comandante Zamora Rojo implicó en el asesinato de Chavarría Barrera, pero que la ahora Fiscalía no logró obtener sus declaraciones.
Mientras que el comandante Zamora Rojo fue asesinado en junio del 2011. Su cuerpo fue encontrado desmembrado. Sus asesinos tiraron el cadáver bajo un puente vehicular, cerca de la Fiscalía General del Estado en esta capital. Junto a sus restos dejaron una cartulina que decía: “sea quien sea cabrones… a todos los chaqueteros dedos y chapulines esto va para todos ustedes del color más fuerte. Los Rojo (sic)”.