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Una reforma a leyes electorales sin consenso se quedará corta, advierte Miguel Carbonell

El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, en la conferencia en el auditorio de la Universidad Americana de Acapulco Foto: Jesús Trigo

Aurora Harrison

Miguel Carbonell Sánchez, del Instituto de Investigaciones Jurí-dicas de la UNAM, consideró injustificada y sin precedentes jurídicos la reforma electoral y la promoción del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En declaraciones después de la conferencia Claves de la Reforma Laboral que ofreció a estudiantes de la Universidad Americana y de la Autónoma de Guerrero, el doctor en derecho por la Universidad Com-plutense, de Madrid, criticó que la iniciativa haya surgido del poder como un intento “de cambiar las reglas del juego a mitad del partido y no es correcto”.
Recordó que la institucionalidad electoral es un proceso que ha costado mucho y las reformas han estado marcadas siempre por el consenso entre las fuerzas políticas, “nunca se habían originado desde el gobierno, o el partido en el poder”, por ello “creo que una reforma electoral sin consenso se va a quedar muy corta”.
Respecto al Plan B para modificar leyes secundarias, declaró que “el problema es que no está bien justificada la necesidad de la reforma; es decir: ¿qué no estaba funcionando, había algún obstáculo fundamental para que el voto contara y fuera contado? Yo creo que no”.
“En general el proceso electoral en México era confiable, era transparente”. De los argumentos de los diputados de Morena de que habrá un ahorro en la nómina del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo: “hay muchos lugares de donde ahorrar y no en democracia”.
Agregó que los salarios están determinados por los legisladores y “si no les gusta un salario que lo modifiquen nada más, pero eso no quiere decir que tengan que acabar con una institucionalidad electoral que llevamos tres décadas construyendo, que ha dado buenos resultados, que es un ejemplo internacional, que acompaña a otros países para que ellos sepan cómo hacerlo”.
Y en relación a la reforma constitucional –que no alcanzó la mayoría en la Cámara de Diputados– recordó que se proponía que los consejeros “sean electos por voto popular. ¿Quiénes resultarían electos?”.
“Toda reforma que impacta de este tamaño en una institución como es el INE, también en el Tribunal Electoral porque están proponiendo que los magistrados sean de elección popular, tiene que ser analizada y muy platicada. ¿Tenemos experiencia a nivel de derecho comparado en esto? Pues no. ¿Quién los elige por voto popular? En ningún lado. Entonces si nosotros tenemos un modelo que ha funcionado apostemos por ese modelo. Eso no quiere decir que no tengamos que revisar cosas, pero no de una reforma que sale de quien esta ocupando el gobierno sin el consenso de la oposición, eso nunca se había dado y no caminemos en esa ruta”.
Asimismo apuntó que “el calendario no ayuda, entonces la propuesta que se pueda estar haciendo, ésta u otras porque además hay propuestas de diferentes partidos, se lee desde el sospechosismo de la cercanía de un proceso electoral que se avizora muy competido, donde se van a jugar muchas cosas: un proyecto político como es la 4T y algunas otras cuestiones, también desde ese punto de vista parecería que cambiar las reglas del juego a mitad del partido no es lo más correcto”.

Reforma laboral

De la reforma laboral aprobada en la actual Legislatura federal, Carbonell dijo que está enfocada a trabajadores del sector privado, por lo que el apartado B de la Ley Federal del Trabajo, que rige a los trabajadores del sector gubernamental en todos sus órdenes de gobierno, no cambió, y sugirió desaparecer ese apartado.
“Sigue habiendo trabajadores de primera y de segunda en México y los trabajadores al servicio del estado tienen un estatuto jurídico disminuido en relación con los del apartado A y esa discusión no la hemos tenido y creo que la de debemos tener, algunos habían propuesto hace muchos años que se fusionaran los apartados del 123 y que hubiera un estatuto jurídico compartido, independiente si trabajas en el sector público o privado con algunas excepciones en fuerzas armadas, donde no puede haber” sindicatos.
Agregó que la reforma está dando resultados: “vean los datos que traemos son datos buenísimos oficiales, contrastados, estamos todavía en curva de aprendizaje pero el arranque es positivo y la reforma esta bien orientada”.
En su conferencia dijo que en México hay 151 centros de conciliación y 148 tribunales laborales, que hacen falta más; hay 125 juezas y jueces de distrito y la reforma laboral costó 14 mil 650 millones de pesos hasta octubre.

 

Dolosa y sin sustento, la acusación del fiscal Xavier Olea, responde López Rosas

El ex procurador Alberto López Rosas calificó como temeraria, dolosa, fuera de lugar y sin sustento la respuesta de la Fiscalía General del Estado a su petición de reabrir el caso de los dos normalistas asesinados en 2011 en la Autopista del Sol.
Pidió al fiscal Xavier Olea Peláez mostrar los elementos de sus acusaciones o retractarse de lo dicho, o de lo contrario “quedará evidenciado con una mentira más y con falta de autoridad moral para continuar en esta función”.
Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores no quiso opinar respecto de la declaración del fiscal porque dijo que la Fiscalía es autónoma.
-¿Avala las declaraciones del fiscal Xavier Olea, en el sentido de que el ex procurador Alberto López Rosas, fue quien ordenó el ataque a los estudiantes de la Normal el 12 de diciembre del 2011? -se le preguntó al término de una reunión en la Casa Guerrero.
-La Fiscalía es autónoma. Yo no quisiera intervenir en ello —respondió.
El lunes se publicó en estas páginas un desplegado de López Rosas, quien era procurador de Justicia cuando fueron asesinados los dos estudiantes de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, en el que manifestó que a cinco años de esos hechos prevalece la impunidad, por lo que solicitó la reapertura de la investigación del caso.
También acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) “de ese tiempo” de proteger a policías federales que participaron en el desalojo y que, a diferencia de los estatales y ministeriales, no fueron detenidos ni procesados.
En respuesta al desplegado, el fiscal Xavier Olea Peláez arremetió contra López Rosas, lo acusó de haber ordenado el ataque a los normalistas, de manipular las pruebas que existían en su contra y de integrar de manera deficiente la averiguación previa para obtener “protección federal”.
En declaraciones por teléfono, López Rosas recordó que dejó el cargo de procurador antes de que transcurrieran 24 horas del asesinato de los dos normalistas.
De las acusaciones que le hizo el fiscal, de haber ordenado el ataque a los normalistas, el ex procurador respondió que “yo no formé parte del operativo, los policías ministeriales llegaron cuando había presunción de delitos en flagrancia, el operativo siempre estuvo a cargo de la Policía Federal, de principio a fin, yo me encontraba en Casa Guerrero cuando empezaron las confrontaciones”.
De la averiguación previa que se integró con deficiencia para manipular pruebas, López Rosas dijo que no le correspondió integrar ninguna averiguación previa porque dejó el cargo antes de que transcurrieran 24 horas del asesinato de los dos normalistas, “yo fui el investigado, no el investigador”.
Opinó que la respuesta del fiscal fue incongruente al señalar que no puede abrirse una investigación del caso porque existe “una resolución de  amparo”, y precisó que el delito no ha prescrito para quienes no han sido juzgados.
Aseveró que se trata de una falacia el argumento del fiscal.
Al preguntarle si falta que sean investigados los policías federales, el ex alcalde de Acapulco insistió en que su demanda es que se reabra la investigación y que en el análisis de los videos se resuelva en derecho y se determine la responsabilidad de la Policía Federal, “que desde un principio trataron de negar su participación, lo que contrastaba con todos los elementos visuales y presenciales, por ello creo que es procedente reabrir este caso para la salud de la justicia”.
Dijo que en el desplegado que publicó el lunes fue respetuoso al dirigirse al gobernador Héctor Astudillo Flores, y en cambio recibió una respuesta “ríspida e intolerante, lo que no corresponde a un fiscal que sea serio, y sobre todo que mantenga principios de ética”.
López Rosas acusó a la Fiscalía de exponerlo ante los familiares de las víctimas de ese suceso.
El ex procurador abundó que insistirá en que se analicen y se valoren como evidencias los videos que han sido menospreciados por las autoridades.