Invierte la Sedena más de 34 millones para equipar los cuarteles de la GN en la ciudad

Ramón Gracida Gómez

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) equipa los cuarteles de la Guardia Nacional en Acapulco con aparatos médicos, de telecomunicaciones e informática, por un monto que asciende a 34 millones 144 mil 602.5 pesos, de acuerdo con una consulta al sistema electrónico de información pública gubernamental Compranet.
Son cinco procedimientos de contratación concluidos este año, tres son adjudicaciones directas que suman 13 millones 580 mil 909 pesos y las dos públicas son en total 20 millones 563 mil 693.5 pesos. La empresa Megamed, beneficiaria por un contrato de adjudicación directa de 4 millones 671 mil 660 pesos, está inhabilitada por el gobierno de Hidalgo durante cinco años por “presentar domicilio fiscal falso”.
El Sur publicó este viernes las declaraciones del coordinador del 50 Batallón de la Guardia Nacional, el inspector general Omar Alberto Cabello Zarazúa, quien informó que nueve cuarteles de 21 programados para Acapulco y Coyuca de Benítez ya están en funcionamiento, la mayoría serán terminados al final de este mes y los restantes a principios de febrero.

Tres adjudicaciones directas

El número de procedimiento de contratación AA-07-110-007000999-T-762-2024 fue publicado el 27 de agosto pasado y consistió en el “equipamiento y obra pública del cuerpo de policía militar para contribuir a las operaciones del orden interior y seguridad nacional 2023 (construcción de 21 cuarteles y 2 unidades habitacionales militares en Acapulco, Guerrero) adquisición de equipamiento no permanente del servicio de sanidad (88 partidas desiertas)”.
La empresa Dal Estrategias y Soluciones Empresariales S.A. de C.V. obtuvo por adjudicación directa el número de contrato es D.G.ADMÓN. SAS-922/F/2024 con un importe total sin impuestos de 3 millones 791 mil 694 pesos por la adquisición de distintos aparatos médicos, algunos por grandes cantidades, como las 27 aspiradoras portátiles “de succión continua e intermitente”, con un valor unitario de 30 mil 500 pesos, lo que da un subtotal de costo de 823 mil 500 pesos y 131 mil 760 pesos de IVA.
Asimismo, la Defensa adquirió dos unidades dentales electrohidráulicas, con las especificidades de contar con “compresor de aire grado médico, piezas de mano de alta y baja velocidad, banquillo para operador y asistente quick conector hembra”.
También compró cuatro camillas de traslado con un valor de 174 mil 720 pesos cada una, lo que resulta en un subtotal de 698 mil 880 pesos e IVA de 111 mil 820.80 pesos. En su página de Internet, Dal Estrategias presume que una de sus “principales clientes” es la Defensa.
Con el número de contrato D.G.ADMÓN. SAS-923/F/2024, la empresa Megamed S.A. de C.V. obtuvo un contrato de 4 millones 671 mil 660 pesos por la compra de diversos aparatos médicos, como los 19 juegos de laringoscopio, cada uno con un costo de 39 mil 820 pesos, el subtotal es de 756 mil 580 pesos y el IVA de 121 mil 52.80 pesos.
El Ejército adquirió dos carros rojos de emergencia por 799 mil pesos más el IVA de 127 mil 840 pesos, cada uno cuesta 399 mil 500 pesos y consiste en “un equipo médico móvil y estratégicamente equipado que se utiliza en hospitales, clínicas o centros de atención médica para proporcionar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de emergencia”, especifica una descripción digital.
Un documento de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo consultado en su página de Internet informa de la inhabilitación de Megamed del 17 de agosto de 2023 a la misma fecha de 2028 por “presentar domicilio fiscal falso”. En el Padrón de Proveedores y Contratistas de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, su registro está “cancelado” por cinco años y, entre otros datos, pone que su dirección es calzada de Tlalpan número 564, interior 202, colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
En la página de Internet de Megamed no está anotada su dirección en su página de Facebook, inutilizada desde 2021, dice que es el bulevar Adolfo López Mateos 1817, interior 103, colonia Merced Gómez, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, la misma registrada por la Defensa en su resumen de licitaciones publicado el 29 de octubre pasado en el Diario Oficial de la Federación.
La página de Megamed menciona que entre sus “principales clientes” está la Sedena (ahora Defensa) y otros gobiernos estatales como el del Estado de México, Sonora y Aguascalientes.
Una nota del periódico La Jornada Hidalgo publicada el 18 de agosto de 2023, señala que Megamed forma parte de las 10 empresas y personas físicas inhabilitadas en aquel estado por cinco años y les fue iniciado “un proceso por la detección de diversas irregularidades”.
La tercera empresa beneficiaria de la adjudicación directa es Tecnology Depot S.A. de C.V., la cual obtuvo el número de contrato D.G.ADMÓN. SAS-924/F/2024, con un importe total sin impuestos de 596 mil 955 pesos, de los cuales 451 mil 835 pesos fueron por 23 básculas electrónicas para adulto con estadiómetro, cada una cuesta 19 mil 645 pesos.
En su página de Internet, Tecnology sólo muestra un pequeño catálogo de aparatos de cómputo, videovigilancia, papelería y muebles. El portal de noticias de Puebla E-consulta señala en una nota del 6 de agosto de 2023 que esta empresa y otra han sido favorecidas por contratos de dependencias estatales pese a que incumplieron con la Ley de Adquisiciones de los años de 2020 a 2022.
El número de procedimiento de contratación AA-07-110-007000999-T-752-2024 fue publicado el 22 de agosto pasado para la “adquisición de E.T.R. (electrónicos, telecomunicaciones y radiodifusión) y correo electrónico de imágenes 2/a. vuelta”.
Por adjudicación directa, el licitante Comunicaciones Genus S de RL DE CV obtuvo el número de contrato D.G.ADMON. SAIT-329/F/2024 con un importe total sin impuestos de 4 millones 149 mil 957 pesos.
La compra consistió en 21 piezas de estación terrena remota, un aparato de telecomunicaciones que compró la Defensa en 197 mil 617 pesos cada uno. No se pudo encontrar la página de Internet de la empresa.
Publicado el 12 de junio pasado, el número de procedimiento de contratación AA-07-110-007000999-N-571-2024 fue la primera adjudicación directa, la empresa Gadark S.A. de C.V., obtuvo el número de contrato D.G. ADMON. SAE-168/F/2024 de 370 mil 643 pesos por vender extintores.

Dos licitaciones públicas

El número de procedimiento de contratación LA-07-110-007000999-T-602-2024 fue una licitación pública registrada en Compranet el 20 de junio pasado, consistió en la adquisición “de equipamiento no permanente del servicio de sanidad” y tiene un estatus de “adjudicado parcial”.
Fueron ocho empresas que los contratos, entre ellas, Comercial de Especialidades Médicas S.A. de C.V., fundada en 1985 y autoproclamada en su página de Internet como “pioneros en la industria de equipamiento médico”.
El número de contrato D.G.ADMÓN. SAS-724/F/2024 reporta un importe total sin impuestos de 3 millones 494 mil 715 pesos, de los cuales un millón 346 mil 556 pesos fueron por 12 camas eléctricas hospitalarias con un valor unitario de 112 mil 213 pesos; otros 2 millones 148 mil 159 pesos fueron invertidos en 12 monitores de signos vitales de base rodable, con un valor unitario de 113 mil 61 pesos.
La empresa Pizza Poniente S.A. de C.V. obtuvo el número de contrato D.G.ADMÓN. SAS-729/F/2024 por 4 millones 572 mil 560 pesos, de los cuales 2 millones 135 mil 217 pesos fueron por 21 piezas de mesa de exploración universal, el típico mueble en el que el médico recuesta al paciente, con un valor unitario de 101 mil 677 pesos.
Pizza Poniente no tiene ninguna referencia en Internet más que el mismo resumen de licitaciones de la Defensa en el Diario Oficial de la Federación, donde aparece con la dirección calle Constituyente Héctor Victoria número 199, colonia La Navidad, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.
Tecnology Depot volvió a ganar otro contrato, número D.G.ADMÓN. SAS-730/F/2024, esta vez de 2 millones 496 mil 157 pesos y que también incluye la adquisición de 21 piezas de mesas de exploración universal con el mismo costo de la empresa Pizza Poniente.
Dal Estrategias también obtuvo otro contrato, número D.G.ADMÓN. SAS-726/F/2024, de un millón 681 mil 451.20 pesos, de los cuales 99 mil 825 fueron para 33 botes sanitarios metálicos con pedal, cuyo costo unitario es de 3 mil 25 pesos.
Comercializadora Dibato S.A. de C.V. obtuvo un contrato de 141 mil 487 pesos; Ergonomía Productividad S.A. de C.V. de un millón 12 mil 80 pesos; Logística y Servicios comerciales M2m SA DE CV de 55 mil 367.06 pesos; y Viter Medical S.A. de C.V. de 844 mil 400 pesos.
La segunda licitación es la del número LA-07-110-007000999-I-559-2024, publicada el 2 de agosto pasado para la “adquisición de equipamiento no permanente del servicio de informática”.
Son cinco números de contrato, el de mayor monto es el D.G. ADMON. SAIT-275/F/2024 que ganó el licitante Computadoras, Accesorios y Sistemas S.A. de C.V. con un monto de 3 millones 801 mil 624 pesos por 291 CPU para computadoras con un valor unitario de 13 mil 64 pesos.
Access Media México S.A. de C.V. obtuvo un contrato de 650 mil 470.08 pesos; Frontaldev S.A. de C.V. de 410 mil 200 pesos; Fridmay S.A. de C.V. de 689 mil 58.1 pesos; y Compusof México S.A. de C.V. de 714 mil 124.1 pesos.

 

Hubo secuestro de Rangel y se investiga a una persona, reitera el fiscal de Morelos

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, reiteró que hay pistas de un sujeto implicado en el caso del supuesto secuestro del obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza.
“Ya tenemos una persona a la que estamos investigando para cuestionarlo al respecto a estos hechos. Cuando estuvimos con obispo en el hospital, no pudimos hablar mucho debido a que aún se encontraba bajo el efecto de alguna droga”, reveló el fiscal en una conferencia de prensa realizada este miércoles 22 de mayo en las oficinas de la institución en Cuernavaca, Morelos y que fue reportada por medios de esa entidad.
Uriel Carmona agregó que el caso del obispo emérito de Guerrero no es el único.
“Fue presa de un consumo de alguna droga de manera dolorosa, de alguna sustancia que reduce sus capacidades motrices o intelectuales”, expresó.
El fiscal aseguró que se trata de un delito que se persigue de oficio y se continuará la investigación aun cuando no se cuente con las declaciones de la víctima.
Uriel Carmona logró hablar con el obispo Salvador Rangel cuando fue encontrada en el hospital José G. Parres de Cuernavaca.
“No pudo hacer en ese momento una declaración formal… fue nada más de mi parte cerciorarme de que se trataba del obispo Salvador Rangel. Hablé con los compañeros del prelado, lo que me pidieron fue que se hiciera una investigación objetiva y con respeto a los datos personales de esa víctima”.
La información hasta el momento recabada en la carpeta de investigación, reiteró, apunta a que se trató de un secuestro.
“Lo que nosotros decimos públicamente es lo que consta en actuaciones a través de dictámenes periciales, informes de balística, de dactiloscopia, de declaraciones, entrevistas, videos obtenidos científica y técnicamente”, expresó.

 

Recurrirá a su derecho de audiencia ante el Congreso, responde la fiscal Valdovinos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La fiscal General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, se rebeló, refutó y no aceptó su remoción del cargo como lo anunció la tarde de ayer la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y advirtió que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso del estado.
“La Fiscalía General del Estado que encabezo, continuará desempeñando la función constitucional de investigación y esclarecimiento de los hechos, promoviendo la defensa de los intereses de la sociedad en beneficio de la ciudadanía guerrerense”, sostuvo en un comunicado.
Derivado de las irregularidades y discrepancias que ha habido en el caso del asesinato del estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta la noche del 7 de marzo, la tarde de ayer la gobernadora informó que recibió y aceptó las renuncias del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y del Secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera.
En tanto que de la fiscal Valdovinos Salmerón, la gobernadora dijo: “hago de su conocimiento que con base a mi facultad constitucional notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción del cargo de Fiscal General del Estado realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente, al tiempo de dar vista al Poder Legislativo estatal”.
Sin embargo, más tarde, la fiscal Valdovinos Salmerón refutó mediante un comunicado a la gobernadora: “En atención a la comunicación realizada este día por la Gobernadora del Estado de Guerrero, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda, la suscrita Fiscal General del Estado es respetuosa de lo dicho por la mandataria estatal; sin embargo, no debe pasar desapercibido que para mí remoción del cargo, se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales que para tal efecto se han establecido, los cuales me permiten ejercer la garantía de audiencia y debida defensa”.
Y advirtió: “Informo que haré valer mi derecho de audiencia ante el Congreso del Estado para transparentar las acciones que esta Fiscalía General realizó por los lamentables hechos que derivaron en la muerte de Yanqui N, ilícito que se investigó dentro de la carpeta iniciada de oficio el día 8 de marzo de 2024, por el delito de homicidio calificado.
Valdovinos Salmerón, agregó: “No omito señalar, que la Fiscalía General del Estado que encabezo, continuará desempeñando la función constitucional de investigación y esclarecimiento de los hechos, promoviendo la defensa de los intereses de la sociedad en beneficio de la ciudadanía guerrerense”.

 

Restaurante de Acapulco cierra por extorsión y denuncia falta de apoyo de la fiscal

La manta que explica por qué cerró la taquería y pozoleria Chely Foto: Argenis Salmerón

Argenis Salmerón

Familiares de un comerciante asesinado a balazos el 14 noviembre pasado, colocaron una lona afuera de su restaurante frente a la playa Tlacopanocha, para anunciar su cierre definitivo y denunciar que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón no otorgó seguridad, a pesar que denunciaron el delito de extorsión.
En declaraciones a reporteros, la comerciante Aracely Bautista Vicente reclamó que la fiscal General, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, le recomendó, “que me fuera de Acapulco porque mi vida corría peligro”.
El negocio de venta de tacos y pozole se ubica a un costado del popular restaurante Tamales Licha, cerca de la cancha de la CROM.
Narró que su esposo fue asesinado en su presencia en su negocio, “dejando en total desamparo a su familia”.
Reprochó que ya había acudido a denunciar el delito de extorsión ante la Fiscalía Regional de Acapulco en dos ocasiones este año.
Criticó que la FGE no otorgó seguridad a su familia o al menos recorridos de la policía, afuera de su negocio que tenía 20 años funcionando, “yo pedí protección y llevé pruebas, pero no me hicieron caso”.
Indicó que el crimen ocurrió a cinco días de reactivar su negocio, luego del impacto del huracán Otis, “apenas íbamos otra vez a reactivar la economía y nos pasa esto”.
Sostuvo que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón la citó, y en esa reunión lejos de hacerle justicia le dijo que se fuera de Acapulco.
Puntualizó que no “me queda otro remedio que irme de Acapulco con mis dos hijas y nietos”, pero exhortó a quienes han sido víctimas de la misma tragedia que denuncien y no se queden callados.
Admitió que por la delincuencia organizada la situación en Acapulco “es muy difícil”, pero dijo que tiene confianza en que cambien las cosas en el puerto.
Dijo que su esposo se llamó José Alfredo Orozco y fue atacado adentro del negocio.
“Era un negocio limpio y familiar y lamentablemente mi vida cambió y no me queda otra opción que irme de Acapulco”, concluyó.

 

Notifican al Congreso local demanda contra la fiscal y otros funcionarios por despidos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la sesión de este martes, el Congreso local notificó al pleno que recibió una denuncia por responsabilidad política contra autoridades y funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), por el despido de dos trabajadoras.
La denuncia es en contra de Sandra Luz Valdovinos Salmerón y Miguel de la Cruz Pérez, José Armando Socket Hernández, Ángel Sotelo Ortiz, Rafael Saldaña Julián y Nancy Gandarilla Durán, en su carácter de fiscal general del estado, vicefiscal de Prevención y Seguimiento, director general de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, coordinador de Zona y directora del Centro de Justicia alternativa, respectivamente
Piden además la respectiva ratificación en los cargos de la estructura, que aprueba el Congreso del estado.
En un párrafo mensaje alusivo a este oficio, en el orden del día, no menciona la dependencia que emite el mensaje, solo que la denuncia presentada por Emma Aguilar Lagos y Victoria Karely Galarza de la Paz, es por responsabilidad política.
De acuerdo con fuentes del Congreso, algunas de estas figuras tienen fuero político, y en caso de responsabilidad penal, se requiere del desafuero para llamarlas a la justicia.
Un antecedente de este caso, publicado en El Sur, es la denuncia Victoria Kareli en la Comisión de Derechos Humanos del Esado de Guerrero, por actos de discriminación debido a su orientación sexual, que obligó a la Fiscalía Regional de Acapulco a ordenar a agentes del Ministerio Público, titulares e investigadores del Distrito Judicial de Tabaretodo su personal, a abstenerse de hacer comentarios homofóbicos sobre la empleada transgénero, el 28 de julio de 2022.

Se llamaría a la fiscal a comparecer o a mesa de trabajo en el Congreso, adelanta Yoloczin

Asistentes a la presentación del libro Mujer indómita, imagen y símbolo, Benita Galeana, en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, Yoloczin Domínguez Serna, lamentó la ejecución del delegado en Guerrero de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández.
Añadió que es importante que los representantes de partidos que conforman la Junta, vuelvan a revisar el llamado a comparecer a la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, o que la convoquen a una mesa de trabajo, para que les informe de las investigaciones de distintos hechos en la entidad.
Desde agosto, la presidenta del órgano de gobierno mencionaba esta posibilidad, luego que autoridades electas encabezaron bloqueos en diferentes puntos de Tierra Caliente por el acoso de grupos criminales; en mayo, por la difusión de un video de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con un presunto líder de narcotraficantes, y diversos ataques de alto impacto.
Consultada después de la presentación del libro Mujer indómita, imagen y símbolo, Benita Galeana, respondió que “por supuesto que vamos a tocar nuevamente el tema con la Jucopo, que es con los diputados que tenemos que ver el tema de las comparecencias, y de ser posible, llevarlo a cabo, y sino, pues en una mesa de trabajo para que nos pueda informar la situación que prevalece en el estado”. También expresó un voto de confianza a la institución.
Lamentó el crimen del delegado de la FGR, y añadió que esperaba que las instancias correspondientes informen cómo avanzan las investigaciones: “les damos esa confianza para que, por parte de la Fiscalía puedan informarnos sobre los lamentables hechos que ocurrieron hoy (martes)”.
Sobre la comparecencia, aclaró que no se ha desechado la idea, al contrario, pero dieron la oportunidad a la fiscal para avanzar en sus investigaciones.
Afirmó que es importante saber qué está realizando la Fiscalía en “las diferentes situaciones que se han presentado en el estado, pues sí, es importante que se mande a traer a la fiscal”.
De la amenaza que implica los asesinatos a funcionarios encargados de la impartición de justicia, en este caso del delegado federal, ayer, como del fiscal regional de Tierra Caliente de la FGE, Víctor Manuel Salas Cuadras, hace tres días, respondió que celebra que la fiscal, Sandra Luz Valdovinos haya manifestado que no se dejará intimidar, ya que es parte de su labor.
Añadió que espera, que en otro momento entregue cuentas claras, “estamos dando la oportunidad de que puedan ellos darnos resultados”.

 

Por unanimidad, cita el Congreso a comparecer al fiscal por el caso Zambrano

Aprueba el Congreso llamar a comparecer
al fiscal De los Santos por el caso Zambrano

El acuerdo fue promovido por el diputado priista Omar Jalil Flores Majul, derivado de la nota difundida en Televisa en la que la madres y ex esposa de dos de los presuntos responsables del crimen del empresario acapulqueño denuncian que son “chivos expiatorios”

Rosalba Ramírez

Chilpancingo

El pleno del Congreso local, aprobó por unanimidad citar a comparecer al fiscal del estado Jorge Zuriel de los Santos Barrila, para que informe y aclare el estado que guarda la carpeta de investigación del homicidio empresario César Zambrano Pérez, y sobre la evidencia en video de la presunta detención de los señalados como responsables.
La fecha de la comparecencia la determinará la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y será ante las comisiones de Justicia que preside el priista Omar Jalil Flores Majul, y la de Derechos Humanos, Leticia Mosso Hernández del PT.
El acuerdo del Poder Legislativo se dio a partir de que el miércoles en el noticiero En Punto, de Televisa, que conduce la periodista Denise Maerker, se difundió la versión de que dos de los detenidos son “chivos expiatorios”, con un video en el que se ve la detención de uno de ellos afuera de su casa en Acapulco y no en Zihuatanejo, que la ex esposa del hombre denunció que también su hijo fue privado de su libertad y se pidió un rescate por ellos, antes de que fueran presentados como responsables del asesinato.
La propuesta de citar a comparecer al fiscal se dio como adición que llevó a tribuna el diputado de Morena Zeferino Gómez Valdovinos.
La propuesta original era del priista Flores Majul de solicitar un informe a De los Santos Barrila, de la indagatoria del asesinato del empresario acapulqueño César Zambrano y de los detenidos presuntamente involucrados en el caso, después de que una investigación periodística sostiene que se trata de dos víctimas de secuestro. Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad.
La de Flores Majul era la solicitud de un “informe de la indagatoria de dicho caso en los cuales están involucrados los ciudadanos Juan Alejandro Tapia Reyes y su hijo Rodrigo Tapia Uribe, a los que se les vincula con el homicidio del empresario Cesar Zambrano, con carácter urgente”.
Y en los artículos transitorios se precisa que se da un “plazo perentorio de 72 horas” para que “rinda informe circunstanciado a esta soberanía” que tendría que ser a partir de su notificación. También se ordena que el punto de acuerdo se publique en la página de la gaceta parlamentaria, así como en las diferentes redes sociales “para su mayor difusión y conocimiento”.
En tribuna, Flores Majul, argumentó que el miércoles “el noticiero de cobertura nacional En Punto con Denise Maerker fue presentado ante el país en horario denominado estelar, el lamentable suceso del asesinato del empresario Cesar Zambrano por dos presuntos responsables, de los cuales se menciona fueron ambos detenidos en el municipio de Zihuatanejo, asunto aparentemente falso que se demuestra en el video en el cual se observa el secuestro Juan Alejandro Tapia Reyes, aunado a esto el hijo de nombre Rodrigo Tapia Uribe, fue detenido por presuntos policías ministeriales cuando iba a hacer la denuncia”.
Y que posteriormente a la familia le fue exigido el pago de 150 mil pesos por su liberación “dándole de plazo inmediato el cumplimiento de esta suma, de no realizar esta acción se amenazó con la ejecución de ambos secuestrados. Posteriormente el representante de la ley, los presentó como presuntos responsables del homicidio del empresario acapulqueño señalando que ambos fueron detenidos en un retén policiaco en Zihuatanejo”.
Y continuó “al respecto se reveló en dicha nota televisiva, que los procedimientos ministeriales realizados por los responsables de la investigación de este caso, no son creíbles, derivado de esta nota. En el mencionado noticiero se mostraron evidencias que infieren que existen graves errores aparentes en el procedimiento judicial emprendido. como se acaba de comentar”.
Dijo que esa situación “enturbia el caso en concreto, al indicar a dos presuntos responsables cuando en las evidencias mostradas televisivamente estos aparecen, uno como secuestrado y otro como denunciante del secuestro de su padre. Dejando a quienes vieron dicha nota televisiva en un estado de sorpresa”.
Omar Jalil Flores dijo que a partir de las condiciones de inseguridad en el estado y en el país “nos es necesario que los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, honorabilidad, profesionalismo y certeza jurídica marquen la ruta de actuación de todos los procesos de indagatorias ministeriales y judiciales”.

El video difundido en Televisa no tiene
relación con el caso Zambrano, dice el fiscal

Los tres fueron detenidos en Zihuatanejo, iban en la camioneta robada a la víctima y llevaban la pistola con la que lo mataron, insiste Zuriel de los Santos. No fabricamos culpables ni protegemos a delincuentes, responde

Luis Blancas

Chilpancingo

El fiscal general, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, sostuvo que los tres detenidos por el crimen del empresario acapulqueño César Zambrano, son los responsables, y que en el momento de su detención portaban la camioneta de la víctima y la pistola con la que cometieron el delito.
En una conferencia de prensa en la Fiscalía General del Estado (FGE), el fiscal dijo que los videos presentados este lunes en el noticiero En Punto, que conduce la periodista Denise Maerker, en Televisa, donde se difundió la versión de que los dos de los tres  detenidos fueron plagiados y luego presentados como los presuntos responsables del crimen, “no corresponde con las fechas de las investigaciones, no tienen contexto ni relación con los hechos, y que quienes cometieron dicho secuestro no son trabajadores de la Fiscalía, ni los vehículos”.
De los Santos Barrila comentó que Fernando, Alejandro y Rodrigo, los detenidos por su presunta responsabilidad en el crimen, fueron vinculados a proceso por el Juez de Control hace ocho días, porque encontraron pruebas que acreditaban su probable participación en el homicidio del empresario, a pesar que los familiares de los detenidos presentaron un video ante el juez de control para determinar su inocencia, pero fue desestimado “por no tener relación con el hecho del homicidio”.
“El video exhibido en el noticiero En Punto con Denise Maerker, ya había sido presentado como prueba a favor de los imputados y desestimado por el Juez de Control por no tener relación con el hecho del homicidio, es importante señalar que en el video exhibido ante el juez, el propio familiar argumenta que no son policías las personas que aparecen en el mismo”, declaró el fiscal.
Indicó que los familiares no denunciaron en su oportunidad el supuesto secuestro e instruyó iniciar una carpeta de investigación para que se establezcan el día, la hora, el lugar y las personas que aparecen en el video.
Insistió que el Juez de Control cuenta con pruebas suficientes que acreditan la probable responsabilidad de los que ahora están vinculados a proceso por el homicidio del empresario, y aseguró “que la Fiscalía a mi cargo no fabrica delitos ni protege a delincuentes”.
La noche del miércoles, en el noticiero En Punto, que conduce la periodista Denise Maerker, se difundió la versión de que dos de los detenidos son chivos expiatorios, con la difusión de un video en la que se muestra la detención de uno de ellos afuera de su casa en Acapulco y no en Zihuatanejo, como en su oportunidad informó la Fiscalía.
La ex esposa del hombre denunció que también su hijo fue privado de su libertad y se pidió un rescate por ellos, antes de que fueran presentados como responsables.
El 11 de noviembre, en conferencia de prensa en Chilpancingo, familiares de Juan Alejandro Tapia Reyes y su hijo Rodrigo Tapia Uribe, presuntos responsables del asesinato del dueño de las papelerías El Partenón, César Zambrano Pérez, denunciaron que el fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, y el gobierno estatal los utilizó como chivos expiatorios, pues son inocentes y además han sido torturados en el penal de Las Cruces.
Además rechazaron las declaraciones que hicieron el 7 de este mes en una conferencia de prensa en Acapulco, el fiscal general y el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, de que Tapia Reyes y Tapia Uribe fueron detenidos junto con otro hombre el 6 de noviembre en Zihuatanejo, cuando pretendían vender la camioneta del empresario Zambrano Pérez.
El 26 de octubre pasado, el empresario acapulqueño César Zambrano fue asesinado a balazos cerca de su casa en la colonia El Mirador, colindante con la colonia Morelos. El móvil del crimen fue el robo de la camioneta, informó la Fiscalía General.

Se reunió con Florencio Salazar

Este jueves a la 1 de la tarde el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, recibió en su despacho del edificio Norte de Palacio de Gobierno al Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.
La reunión fue después de la conferencia de prensa que ofreció en las instalaciones de la FGE, donde el fiscal reiteró la culpabilidad de los detenidos por el assinato del empresario César Zambrano.
El encuentro privado duró poco más de una hora y a su salida el titular de la FGE evadió hacer declaraciones, pero se supo de manera extraoficial que allí se abordó el caso relanzado por su difusión en Televisa.

El video que descalifica el fiscal no es el
de Televisa, dice familiar de dos detenidos

El que presentó el noticiero de Denise Maerker establece día, hora y fecha del secuestro de su ex esposo, “no hay ninguna forma de que yo lo manipule… se les cae el teatro”, dice la señora Betsabet Uribe. Insiste en que éste y su hijo fueron secuestrados en Acapulco y presentados tres y dos días después como los presuntos asesinos del empresario

 

Redacción

Su ex esposo y su hijo no fueron detenidos en Zihuatanejo, sino secuestrados en Acapulco tres y dos días antes de que fueran presentados como los presuntos asesinos del empresario César Zambrano, insistió anoche la señora Betsabet Uribe en el noticiero estelar de la empresa Televisa.
Y respondió además al fiscal Jorge Zuriel de los Santos que el video que se dio a conocer antenoche en el noticiero En Punto apenas lo obtuvo y no es el mismo que fue presentado por la defensa ante el juez que vinculó a proceso a su hijo y a su ex esposo.
Reiteró que el video en el que hombres fuertemente armados se llevan a su esposo de afuera de su casa, fue tomado el 4 de noviembre, como lo indica el registro que aparece arriba a la derecha de la imagen, algo que ella no puede manipular.
El miércoles En Punto presentó un video del 4 de noviembre en el que se muestra cómo hombres armados se llevaron a Jorge Tapia, uno de los supuestos implicados en el asesinato. Al día siguiente también se llevaron a su hijo.
Betsabed Uribe relató al noticiero que pagó 130 mil pesos de rescate, pero no los soltaron y después los presentaron como responsables del asesinato del empresario.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, el fiscal dijo que el video exhibido en el noticiero ya había sido presentado como prueba a favor de los detenidos y que el juez de control lo desestimó por no tener relación con el homicidio.
Betsabet Uribe aseguró que “ese video no ha sido presentado, ese yo lo obtuve hace tres días ya directamente de lo que es el equipo, el que se presentó es el que mi hijo grabó de su teléfono al monitor”. Indicó que el video que presentaron lo desestimó el juez porque “no se podía ver con claridad nada”.
De lo dicho por el fiscal que tendrán que ofrecerlo como prueba, Betsabed Uribe dijo que lo presentará porque “claramente ahí se ve fecha, hora, las personas como venían, lugar todo, con este video se les cae el teatro”.
También rechazó lo dicho por la Fiscalía que su esposo e hijo se escondieron 11 días en Zihuatanejo después del asesinato. Mostró fotografías y dijo que estuvieron en su casa para el Día de Muertos el 2 de noviembre, y fueron presentados el 7, cinco días después.
El fiscal dijo que es importante establecer el día, hora y lugar, así como quienes participan. La señora respondió: “aparece día, hora, la fecha, eso no lo puedo manipular, no hay ninguna forma de cómo yo lo manipule, me es ilógico que no lo quieran tomar en cuenta”.
En la nota se informó que un día después de la detención de los tres presuntos responsables del asesinato del dueño de la librería El Partenón un juez de Zihuatanejo los dejó en libertad por falta de pruebas por el delito de robo, “el móvil del homicidio fue por robarle la camioneta, entonces quién se roba la camioneta, porque los están culpando a ellos”.
El fiscal declaró en la conferencia de prensa de ayer que los detenidos tenían en su poder el arma con la que fue asesinado el empresario, sin embargo se ordenó su libertad inmediata. Ayer en entrevista con el noticiero el fiscal justificó que el robo de vehículo no es un delito grave, “eso es lo que pasa que son carpetas diferentes”.
Betsabet Uribe pidió una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, y “también me gustaría que la familia del señor César Zambrano tuvieran algún acercamiento conmigo para exponerles mi caso y ellos mismos vean la injusticia que se está haciendo”.
Al final la periodista afirmó: “A quien le corresponde determinar la inocencia o la culpabilidad de los detenidos es desde luego a un juez. Lo que nosotros estamos poniendo en duda son las circunstancias de la detención de este padre y de su hijo”
“La Fiscalía dijo cuando anunció su detención que llevaban 11 días en Zihuatanejo, las imágenes muestran que fueron detenidos o secuestrados tres días antes de ser presentados como los presuntos responsables de este homicidio, eso es muy delicado porque estamos hablando de una detención ilegal y no está de más recordar que en Guerrero había mucha presión para que se encontrara a los asesinos del empresario César Zambrano. Es un caso que merece que también se vea con cuidado y no se responda así a bote pronto diciendo: ‘ellos son, ellos son los responsables’, sino cuáles son las circunstancias de la detención y cómo explicar estas imágenes de tres días antes en Acapulco”.

 

Se reúnen normalistas con el fiscal; que se desechen las averiguaciones por la toma de oficinas, piden

Miembros del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), tuvieron un encuentro privado con el fiscal del Estado, Jorge Zuriel de los Santos, para continuar las negociaciones y que la dependencia se desista de las averiguaciones previas por las tomas de oficinas públicas.
Ayer una comisión de 10 estudiantes asistió al encuentro en la Secretaría Particular del Gobernador, en el Palacio de Gobierno, para también abordar el tema de las becas.
Al salir detallaron que este encuentro privado se realizó en el edificio del gobierno del estado porque fueron citados por el propio fiscal, a quien le expusieron que continúa el hostigamiento por parte de los funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en contra de los líderes estudiantiles.
“La averiguación que teníamos habían dicho que iba a ser federal ahora, y ya no estatal, así que eso andamos viendo y también lo de la detención de un compañero por la misma razón”, agregó.
Comentó que al principio se estaban organizando para realizar una movilización, como medida de presión para que se agilizara el encuentro y la atención a la solicitud presentada desde la semana pasada.
Dijo que el fiscal los atendió, en dicho edificio del gobierno del estado, en donde les propuso que cualquier cosa que les llegara a suceder, como que los detuvieran, le llamaran directamente. “La carpeta ya se iba a eliminar, para que no hubiera problema con nosotros y no pasara a mayores”, agregó.
Sobre su compañero detenido, dijo que fue liberado el domingo por la tarde en Acapulco. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Deben investigarse como feminicidios “todos los asesinatos de mujeres”, reclama Garfias

“Todos los asesinatos de mujeres” deben investigarse como feminicidios, con los protocolos correspondientes, pues “no sabemos qué hay atrás del crimen de una mujer”, dijo la integrante de la asociación civil Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias Marín.
Garfias Marín señaló que es necesario que las autoridades hablen con los familiares de las víctimas, conozcan y se informen de cómo eran sus relaciones “con su pareja, su ex pareja, con su jefe, con los hombres que estaban alrededor de ella”, a lo que llamó “autopsia verbal”, de manera que “no se dejen llevar por lo que ven en la escena del crimen”.
Consultada vía telefónica respecto del caso de Otlatepec, municipio de Tlalchapa, donde un hombre incineró a su esposa y mató a puñaladas a dos de sus hijas, el cual se investigará con los protocolos de feminicidio, según el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, Garfias Marín señaló que en todos los casos se tiene que aplicar el protocolo y no sólo en aquellos donde se tiene identificado al presunto responsable.
Al igual que en el caso de la nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, quien fue desaparecida y asesinada presuntamente por su ex pareja, César Gómez Arciniega, en Taxco, en el caso de Otlaltepec se identificó al probable agresor de las tres mujeres y ambos se investigan como feminicidios; sin embargo a otros aún no se les da ese carácter.
Según Garfias Marín, la autopsia verbal “es un trabajo más fino para poder saber si fue un feminicidio y actuar para castigar al responsable”, por ello se debe implementar en las investigaciones.
Recordó que las feministas exigen que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Olea Peláez, quien es responsable de investigar los asesinatos de mujeres, “tiene que apegarse a los protocolos para la investigación, todo asesinato de una mujer tiene que ser investigado como un presunto feminicidio, pero él no puede hacer declaraciones a priori, ni puede estar vinculando a las mujeres víctimas con la delincuencia organizada. Primero tiene que hacer la investigación y al final se podrá determinar si es un feminicidio o no”. Precisó que lo mismo se demanda a los funcionarios del gobierno estatal.
Declaró que las autoridades estatales y municipales “no han estado asumiendo su obligación de coordinarse para realizar las acciones que implica la alerta de violencia de Género”, lo cual se nota en que la declaratoria se hizo el 22 de junio de 2017, “nos preguntamos cuál es el impacto que han tenido las supuestas acciones que ellos han estado anunciando que están realizando”.
Expresó que los servidores públicos mantienen su forma “autoritaria, déspota, prepotente, insensible” de relacionarse con las mujeres que buscan atención en ministerios públicos o servicios de salud, por lo que “no vemos que haya resultados de esos cursos y capacitación que han estado realizando, lo que vemos es que hay una serie de anuncios, pero es algo simulado solamente, porque no hay un impacto en los funcionarios, sigue habiendo negligencia, falta de empatía, no hay un compromiso realmente”.
Respecto de la convocatoria que publicó la Secretaría de Trabajo de Guerrero, Jornalero Agrícola para Estados Unidos, dirigida a hombres campesinos para que trabajen de manera legal en ese país, Garfias consideró que es “discriminatoria” y cuestionó dónde queda la perspectiva de género, los programas y las políticas públicas para que las mujeres tengan acceso al trabajo.
Informó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cada año aumentan los hogares donde las mujeres están a cargo de sus familias ya sea por abandono o muerte de sus parejas, “entonces estas mujeres tienen que asumir todo el cargo de su familia, tienen que buscar cómo llevar el sustento, a ellas se les tienen que abrir estas oportunidades”.

 

La versión oficial del asesinato de los sacerdotes es falsa: arzobispado

Es falsa la versión del gobierno estatal sobre el asesinato de los sacerdotes: arzobispado
Los cuatro acompañantes de los religiosos confirmaron que no se suscitó ningún conflicto en Juliantla, dice en un boletín. Es extraño que se juntaran diferentes bandas delincuenciales y que la autoridad no acudiera, considera el obispo Rangel Mendoza. Carecen de sustento los señalamientos de la Fiscalía contra el padre Germaín, dice la diócesis

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El arzobispado de Acapulco dijo en un boletín de prensa que los cuatro acompañantes de los sacerdotes asesinados confirmaron que nunca se suscitó ningún conflicto durante el baile en Juliantla, Taxco, como dice la Fiscalía General del Estado.
La diócesis Chilpancingo-Chilapa calificó los señalamientos del fiscal Javier Olea Peláez contra el sacerdote asesinado, Germaín Muñiz, como “ambiguos y carentes de sustento”, y pidió que si la víctima tenía vínculos con la delincuencia que se hagan las investigaciones, “y determine concretamente a qué grupo delictivo pertenecía, y no se limite a hacer simples señalamientos”.
En un comunicado firmado por el obispo Salvador Rangel Mendoza, el vocero de la diócesis, Benito Cuenca Mayo y el secretario canciller Armando Vázquez Rodríguez, que se dio a conocer en conferencia de prensa el mediodía de este miércoles, la diócesis aseguró que el padre Muñiz García nunca estuvo vinculado a ningún grupo delictivo y que la fotografía en la que aparece portando un arma, y por la que se le quiere vincular a grupos delincuenciales, está fuera de contexto.
En conferencia de prensa el martes el fiscal Olea Peláez afirmó que antes del asesinato de los dos sacerdotes en Taxco éstos tuvieron problemas en el baile en Juliantla, al que asistieron grupos criminales de Morelos, Guerrero y del Estado de México y que de éste último eran los agresores a los sacerdotes, porque habrían reconocido al padre Germaín como un integrante de un grupo criminal contrario, debido a la difusión de una fotografía en la que aparece armado y con hombres vestidos tipo militar, tambiérn armados.
En conferencia de prensa en la que estuvieron el vocero de la diócesis y el secretario canciller, expresaron que el sacerdote nunca estuvo vinculado a un grupo delictivo, aunque tenía conocimiento de la presencia de éstos por su labor pastoral en la región de Mezcala.
“Tenía conocimiento por la naturaleza misma de su trabajo pastoral de la operación de algunos grupos en esa zona, pues al ser un párroco y persona pública tenía que desplazarse por la zona donde estaban asentados esos grupos, para atender a las diferentes comunidades que integran la Parroquia de San Cristóbal, en la población de Mezcala, donde ejerció el ministerio durante cinco años”, se lee en el texto.
El comunicado firmado también por el obispo Rangel Mendoza dice que “les causa extrañeza” la declaración del fiscal de que en el baile al que fueron los sacerdotes en Juliantla se hayan reunido integrantes de grupos delincuenciales de Morelos, Estado de México y Guerrero sin reportes de algún enfrentamiento entre ellos, o entre participantes en el evento, y que tampoco hubiera presencia de la fuerza pública estatal o municipal sabiendo de la asistencia de estos grupos.
El obispado dice que las declaraciones del fiscal “son esencialmente ambiguas, y consideramos que carecen de sustento” y exigió que las investigaciones sean “objetivas, verídicas y apegadas conforme a derecho y a la verdad”.
También reclamó que si la Fiscalía del Estado declara que el presbítero Germáin Muñiz estuvo vinculado a algún grupo delictivo, “se le exhorta a que determine concretamente a qué grupo delictivo pertenecía y que no se limite a hacer simples señalamientos”.
“En vista de que el hecho daña la reputación del presbítero Germaín Muñiz exigimos a la Fiscalía General del Estado a realizar las investigaciones necesarias y no hacer declaraciones basadas en supuestos hechos”, demanda.
Además exigió a la Fiscalía una copia “completa y certificada” de la carpeta de la investigación “que sustentan los dichos declarados, ya que como fiscal tiene la obligación de esclarecer la realidad de los hechos, sustentándolos en pruebas fehacientes y verídicas”.
La arquidiócesis de Acapulco reconoce en un comunicado, “su cercanía y la ayuda que nos han dado para realizar los trámites que han de hacerse en la situación de duelo y dolor que vivimos por el asesinato de los Padres Iván y Germaín, y el cuidado de las personas que resultaron heridas en ese mismo hecho criminal”.
Pera igual manifestó su “extrañeza” hacia algunos contenidos de la declaración del señor fiscal este martes porque parece “extraño” que personas pertenecientes a grupos delictivos diferentes portando armas hayan podido convivir en el baile, sin incidente alguno, pues eso, “no parece ser su actuar ordinario”.
Dice que hay cuatro sobrevivientes del ataque: la hermana del padre Germaín, un profesor, un pescador y una química que afirman que no tuvieron ningún conflicto dentro del recinto del baile en Juliantla.
“Estos cuatro sobrevivientes relatan que al venir de regreso a Taxco rebasaron el carro de los agresores, que fue tras ellos, los alcanzó, les obstruyó el paso y los baleó”.
Dice que las fotografías que aparecen en las redes sociales donde se ve al padre Germaín flanqueado de personas armadas y encapuchadas, de acuerdo con el obispo Salvador Rangel, le fueron tomadas una ocasión en que el padre pasaba por ese camino para ir a atender comunidades de su parroquia, pero que “no son prueba de que este sacerdote se encuentre involucrado en el crimen organizado”.
Agregó que estos asesinatos indignan a muchas personas, en particular a fieles católicos “y de otras iglesias que han tenido la bondad de manifestarnos su solidaridad”.
Asimismo pidió que conocida la verdad se actúe en justicia.
En la conferencia de prensa de Chilpancingo, el vocero Benito Cuenca insistió en lo que ha declarado el obispo Rangel sobre la fotografía, que se difundió hace meses y que ante el hecho “en que estamos hoy está descontextualizada, por lo tanto no pueden vincularlo por eso”.
Dijo que se entiende que fue una “lamentable imprudencia” de la víctima haberse tomado esa fotografía, pero tenía que hacerlo para poder pasar por el territorio que controlan los delincuentes.
El vocero contó que conflictos siempre han habido con los grupos de la delincuencia organizada en la zona donde trabajaba el padre Germaín, pero que él se dedicaba solamente a su labor pastoral dentro del territorio de su parroquia.
Aseguró que no hay evidencias de que los padres y sus acompañantes hayan ido en estado de ebriedad, como dice la Fiscalía, “y yo no puedo especular sobre esa información”.
Insistió en que acudieron a esa fiesta porque había un evento musical en el que los sacerdotes tuvieron la oportunidad de participar, “quizá fue una imprudencia que se regresaran a esas horas de la noche sabiendo el resigo que corría su vida”, admitió.

En el sepelio del padre Iván; piden que pare la violencia que ya rebasó al Estado

Unas 500 personas estuvieron presentes en el sepelio del sacerdote asesinado en la carretera en Taxco, Iván Añorve Jaimes, su cuerpo fue sepultado en su tierra natal de San Luis La Loma de Tecpan, en la región de la Costa Grande.
Su madre quien vive y trabaja en Estados Unidos, Maricruz Jaimes también estuvo presente, el padre Iván vivía con una tía que fue su madre de crianza, la mujer que está en una silla de ruedas fue hasta el panteón para despedir el cuerpo y luego se desmayó y fue auxiliada.
En la misa de las 8 de la mañana en la parroquia de San Luis Rey de Francia los asistentes oraron por la paz y para pedir que se frene la violencia, en ese mismo lugar fue velado el cuerpo.
En el acto los párrocos de la Arquidiócesis de Acapulco hablaron sobre su desempeño como sacerdote y músico y también lamentaron que el padre Iván fuera víctima de la violencia que ha rebasado a las autoridades en el estado.
La mamá y los sacerdotes no dieron ninguna declaración. Sólo pidieron que haya paz y señalaron que la oración es el único camino.
Durante la despedida del cuerpo en el panteón los sacerdotes pidieron que se frene la violencia y que se hagan oraciones para que así suceda.
El padre Iván estuvo como vicario en la parroquia de Santa María de la Asunción en Atoyac luego de graduarse como sacerdote para posteriormente irse la región de la Costa Chica. (Francisco Magaña/ Tecpan).

 

No fue el fiscal el que vinculó al sacerdote a un grupo criminal, se deslinda Javier Olea

El fiscal Javier Olea Peláez dijo que en la conferencia que dio el martes en Chilpancingo, no vinculó al sacerdote Germaín Muñiz García de pertenecer a algún grupo de la delincuencia organizada.
La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió un comunicado que Olea Peláez precisó respecto de unas fotografías que circularon tras los asesinatos, que “circularon durante mucho tiempo en las redes sociales, de lo que deviene que en tanto la sociedad como grupos delictivos contrarios observaron dichas imágenes, así como la nota que acompañaba a dichas gráficas, relacionándolo con uno de los grupos delictivos de la referida zona”.
Ayer en conferencia de prensa en esta ciudad, la diócesis Chilpancingo-Chilapa calificó las declaraciones de Olea Peláez como “ambiguas y carentes de sustento”, y pidió a la Fiscalía que si Germaín Muñiz tenía vínculos con la delincuencia que se realicen las investigaciones y que presente las pruebas de sus señalamientos.
“El fiscal general jamás apuntó que el sacerdote Germaín Muñiz García estuviera vinculado con un grupo de la delincuencia organizada, sino que en las gráficas que se difundieron en redes sociales y que son del domino público, se señaló que aquél estaba relacionado con uno de los grupos delictivos de la referida zona”, se lee en el comunicado.
Olea Peláez dijo que no dio declaraciones ambiguas, que de acuerdo a las investigaciones “se desprenden actuaciones ministeriales y de las entrevistas a diversos testigos que concurrieron al evento, las declaraciones desprenden de los acompañantes de los sacerdotes tuvieron un incidente en el evento realizado en Juliantla, municipio de Taxco de Alarcón”.
“En la propia conferencia de prensa se afirmó enfáticamente que se seguirá actuando apegado a la ley para detener a los presuntos responsables, y sea exhortada a quienes estuvieran interesados apegarse al proceso legal”, concluye el comunicado.
Después de la conferencia de prensa de la diócesis Chilpancingo-Chilapa al mediodía de ayer, la Fiscalía publicó en su cuenta de Twitter, que “en ningún momento el fiscal Xavier Olea señaló que sacerdote Germaín Muñiz estuviere vinculado con grupo de la delincuencia organizada”, “Comunicado Obispado Chilpancingo-Chilapa: de las investigaciones se desprende que las/los acompañantes de los sacerdotes tuvieron un incidente en evento de Juliantla”. Y siguió, “Las declaraciones del Fiscal Xavier Olea no son ambiguas, son objetivas que se desprenden de las investigaciones”, “Fiscal Xavier Olea reitera que las investigaciones se basan en hipótesis para arribar a la verdad jurídica e histórica”. (Redacción / Chilpancingo)

Dejan ejecutados a los dos desaparecidos de Ahuacuotzingo en una terracería en Chilapa

Aparecieron los cuerpos vendados de los ojos, atados de las manos y junto a un narcomensaje

Luis Blancas

Chilpancingo

Los dos integrantes de una familia que fueron privados de su libertad junto a otros siete de sus familiares el sábado en Ahuacuotzingo, aparecieron vendados de los ojos, atados de las manos y ejecutados a balazos en un camino de terracería que conduce a las comunidades de Motuapa y Ajuatetla, con un narcomensaje.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó que los cadáveres de dos hombres, a quienes se les apreciaban impactos de arma de fuego y sobre los cuales habían colocado una cartulina con un mensaje, fueron encontrados muy cerca de la comunidad de Motuapa, en ese municipio de la Montaña.
Los dos integrantes de la familia fueron privados de su libertad junto a siete de sus familiares que fueron liberados el mismo día en que los capturaron, en las inmediaciones en la comunidad de Trapiche Viejo, Ahuacuotzino, a unos 40 minutos de la cabecera municipal de Chilapa.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que minutos antes de las 6 de la tarde recibieron un reporte de que había dos personas asesinadas en ese lugar.
Policías municipales y estatales llegaron al lugar y confirmaron el hallazgo de dos hombres, que estaban tendidos en la orilla de un camino de terracería que conducen a las dos localidades.
La víctimas fueron identificadas como Florentino de 43 años y Miller Aldair de 18, quienes fueron privados de su libertad junto a siete de sus familiares el sábado, cuando transitaban en las inmediaciones en la comunidad de Trapiche Viejo de Ahuacuotzingo.
A lado de los cuerpos había una cartulina blanca en la que se leía, “100% chimalacos para que no falten al patron att perusi”.
La zona del hallazgo fue acordonada por policías municipales, estatales y ministeriales, y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.
Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación con el número 12040190200040070218 para quien resulte responsable de este doble homicidio
La tarde del sábado siete hombres vestidos von ropa tipo militar levantaron a nueve integrantes de una familia en las inmediaciones en la comunidad de Trapiche Viejo en Ahuacuotzingo, a unos 40 minutos de Chilapa, siete fueron liberados ese día, entre ellas dos menores de 10 y 12 años.
En esta zona son comunes los hechos de violencia a pesar de la intensa presencia del Ejército y policías de los tres niveles de gobierno.
Hace nueve días los cuerpos desmembrados de seis hombres y una mujer, entre ellos cinco artesanos de la comunidad indígena Coxolitla de Arriba municipio de Acultzingo, Veracruz, y en 15 bolsas negras de plástico fueron encontrados en la colonia Los Maestros, cerca del río Ajolotero en Chilapa.
Los artesanos desaparecieron el 23 de enero en Chilapa cuando acudieron a vender sus muebles y sillas de madera.
Ayer en su boletín, el vocero de seguridad señaló que al sitio acudieron peritos de la Fiscalía y personal del Servicio Médico Forense para trasladar los cuerpos de las dos personas a sus instalaciones en Chilpancingo, donde se les practicará la necropsia y se trabajará en su plena identificación.

Mueren dos civiles armados al enfrentarse con policías estatales en Coyuca de Catalán

Israel Flores

Ciudad Altamirano

La mañana de este miércoles policías estatales se enfrentaron a balazos con civiles armados en la comunidad de Pungarabatito del municipio de Coyuca de Catalán, ahí dos sicarios murieron y se supo que dos más fueron detenidos.
El enfrentamiento fue en la entrada de dicha comunidad cuando los nueve agentes se toparon con hombres armados que iban en tres camionetas. La balacera fue aproximadamente a las 8 de la mañana y la gente reportó que duró más de 20 minutos.
Uno de los civiles que murió tenía un rifle AK-47 en la mano y fue identificado como Kaín de 30 años, vestía ropa camuflajeada verde y huaraches camuflajeados. El otro era un joven de aproximadamente 25 años que vestía una camisola en azul que atrás decía “Policía Municipal”, sin embargo la corporación local que desde el 2014 está desarmada no reconoció como su agente a dicho civil.
Por su parte el vocero Roberto Álvarez Heredia dijo que sólo dos presuntos delincuentes murieron mientras que sus cómplices huyeron del lugar y se decomisaron dos fusiles AK-47 y tres vehículos.
Oficialmente no se reportó que había detenidos, sin embargo fuentes de Seguridad Pública indicaron que hubo dos detenidos y serían llevados a la capital del estado.
Fue decomisada una camioneta Ram roja, una Toyota Hilux blanca y una camioneta Tornado blanca, dentro de ellas había ropa camuflajeada, algunas cobijas de campamento y restos de alimentos. Las camionetas eran robadas.
El Ministerio Público hizo las diligencias.
Pungarabatito estuvo resguardado por varios minutos por militares y policías estatales.
El poblado está aproximadamente a 20 minutos de la cabecera municipal sobre un camino que comienza desde Amuco de la Reforma y continúa hacía la sierra, es una localidad pequeña donde principalmente se dedican a las labores del campo.
En diciembre la Policía del Estado se enfrentó con civiles armados en Los Terrones y se supo que éstos huyeron a Pungarabatito.