El dirigente de la CETEG en compañía de integrantes de esta coordinadora, en la conferencia de prensa en su edificio sindical en Chilpancingo, donde exigieron la liberación de su compañero Evodio Pérez Malpica Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) condenaron la detención de su compañero jubilado, Evodio Pérez Malpica, por lo que habrá movilizaciones para exigir su liberación.
En conferencia de prensa realizada en su edificio, en Chilpancingo, indicaron que Pérez Malpica fue detenido por secuestro el pasado 20 de febrero, en Tlapa, y trasladado a un penal de Durango.
El dirigente de la CETEG, Héctor Torres Solano, afirmó: “Reprobamos que el gobierno federal esté actuando de esta manera contra los luchadores sociales”.
Dijo que los familiares de Pérez Malpica solicitaron el apoyo de los abogados de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, pero les negaron este “beneficio” y que será un abogado de oficio quien llevará el proceso.
Héctor Torres relató que Evodio Pérez es integrante del Movimiento Popular de la Montaña, y la detención se derivó de la actividad que realizaron en diciembre de 2014 en Tlapa, en donde cinco periodistas llevaban a cabo una actividad previa al mérito de su trabajo, concentrados en un salón de fiestas, y también estaban presidentes municipales.
Detalló que el Movimiento Popular de la Montaña acordó que no podrían realizar eventos políticos, porque exigían la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El dirigente dijo que después de unos “jaloneos” llegaron al acuerdo de que los iba a dejar salir a las 8:50 de la noche, “los compañeros, en conferencia de prensa, informaron que en ningún momento fueron retenidos”.
Manifestó que el gobierno federal “nos disfraza la detención como una supuesta consulta que estaba haciendo el partido de Morena”. Externó que los abogados les han informado que se violentó el proceso de Evodio Pérez, porque la carpeta de investigación está en Chilpancingo y él fue trasladado a Durango, a una cárcel federal.
Dijo que el lunes realizaron su asamblea estatal representativa, con secretarios generales de la CETEG, donde determinaron movilizarse para exigir la liberación inmediata de su compañero Evodio Pérez.
Los cetegistas pidieron a los gobiernos federal y estatal que se libere a su compañero, porque de lo contrario se movilizarán y llamaron a las organizaciones sociales a que se unan, “libertad, libertad, a los presos libertad” y “presos políticos libertad”, corearon al finalizar la conferencia de prensa.
Familiares del preso y sobreviviente de la masacre del vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Antonio Barragán Carrasco, y la dirigencia de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), pidieron ayer al gobierno federal su libertad mediante el indulto.
El integrante de la OCSS fue visitado ayer en el penal de Atlacoloaya, Morelos, por la senadora por Morena, Nestora Salgado García, sus familiares, dirigentes de la OCSS, abogados de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y la activista Silvia Castillo.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino Mesino, declaró por teléfono que después de la visita, la senadora Salgado García se comprometió a intervenir ante la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján para que tengan una reunión con ella y le exponga la petición del indulto para Barragán Carrasco.
El integrante de la OCSS, fue detenido en el 2001 en San Quintín, Baja California, donde se encontraba trabajando como jornalero agrícola, sin una orden de aprehensión y fue torturado para que se declarara culpable del delito de secuestro y homicidio, recordó Norma Mesino.
Informó que el objetivo de la visita de ayer fue para reanimarlo “y decirle que estamos pidiendo a los diputados y senadores que se sumen a la campaña por su libertad y soliciten una reunión con la secretaria de Gobernación y con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco para que autoricen el indulto.
“Nosotros pedimos el indulto como un acto de justicia, no como un perdón, sino como un acto de justicia para él, para su familia y para la organización de la OCSS”, aclaró la dirigente social.
Informó que Antonio Barragán Carrasco y Gilberto Aguirre Bahena, éste también miembro de la OCSS y sobreviviente de la masacre del Vado de Aguas Blancas, están dentro de la lista de presos que serían beneficiados con su libertad por la Secretaría de Gobernación mediante el indulto.
Pero reprochó que hace falta voluntad política del actual Gobierno federal “porque en reiteradas ocasiones el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas son inocentes, que son presos políticos y que van a salir en libertad, pero los hechos son otros”.
Explicó que, por ejemplo, de los cuatro presos de la OCSS, ya fueron liberados dos; Gerónimo Hernández Refugio pero éste porque cumplió una condena de 20 años, en tanto que Gilberto Aguirre Bahena fue liberado porque alcanzó su preliberación.
Indicó que también está por salir Orlando Ávila Mesino, pero igual, porque alcanza su preliberación, sin embargo su caso se ha retrasado porque los jueces de Acapulco han puesto como pretexto que no están trabajando por la devastación del huracán Otis.
En tanto que de Antonio Barragán Carrasco, están pidiendo el indulto “porque es la única manera de que sea puesto en libertad para hacerle justicia”.
Norma Mesino informó que el compromiso de la senadora Salgado García fue seguir insistiendo en una reunión con la secretaria de Gobernación Alcalde Luján para exponerle el caso.
Agregó que también se comprometió a hacer una segunda visita al preso con una comisión de senadores para ir recabando testimonios y sensibilizarlos con el fin de que se sumen a la petición de su libertad.
La dirigente de la OCSS informó que hace un mes la Guardia Nacional le realizó a Antonio Barragán Carrasco la prueba de Estambul y resultó positivo en medicina, fotografía y en sicología.
En la visita al preso que inició a las 11 de la mañana, estuvieron también además de la dirigente de la OCSS, Norma Mesino, la madre de Antonio, Librada Carrasco Benítez y su hermana Nely Barragán Carrasco.
Pobladores de Petaquillas se reunieron anoche y acordaron dar su respaldo a los ex comisarios Lenin Locia Reyes y Paula Calderón Herrera, detenidos el viernes pasado por policías estatales, acusados por el delito de secuestro.
De acuerdo con una transmisión de la reunión hecha a través de Facebook, los pobladores se reunieron después de las 8:30 de la noche, en la parroquia San Agustín, para acordar el apoyo a los dos ex comisarios detenidos, a quienes consideraron como inocentes.
Uno de los vecinos propuso realizar una cooperación entre todos los pobladores, para cubrir los honorarios de un abogado particular, que se encargue de la defensa de sus ex representantes.
Argumentó que ellos no son delincuentes y que lo que hicieron durante el secuestro fue participar para mejorar “muchas cosas de la población”.
“Hagamos una cooperación entre los habitantes de aquí, para que de inmediato se contrate un abogado penal, el que los familiares consideren conveniente, porque esos abogados cobran muy caro, pero que se pague y que tramite un amparo. Porque no cometieron un secuestro”.
Añadió que en un secuestro se pide un rescate, lo cual no ocurrió. Además de que, agregó, los militares estaban en una calle “que estaba taponeada, nada más”.
Otro de los pobladores propuso “manifestaciones pacíficas, sólo con pancartas”, para exigir su liberación el día que se realice la audiencia del juicio oral.
Calderón Herrera, quien fungía como segunda comisaria y es trabajadora del Congreso local; así como Locia Reyes, tercer comisario y trabajador de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), fueron detenidos el 8 de septiembre.
Paula Calderón fue detenida en un filtro de agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, cuando se trasladaba a su trabajo en el bulevar Chilpancingo-Petaquillas, y Lenin en su centro de trabajo.
En conferencia de prensa el lunes, familiares de los detenidos aseguraron en un comunicado que fueron detenidos por “agentes federales”, pero fuentes del gobierno estatal informaron que la detención estuvo a cargo de policías estatales, que los detenidos fueron puestos a disposición de un juez del fuero común, por el delito de secuestro agravado.
El delito del que se les acusa se derivó de la retención de militares y policías estatales el 7 de junio de 2022, en Petaquillas, cuando realizaban un patrullaje y después de que, según los pobladores, detuvieron a un vecino y realizaron disparos cerca del panteón nuevo de la localidad. Los pobladores les impidieron el paso para presionar la liberación del detenido.
En la reunión de anoche, los vecinos manifestaron su respaldo a los detenidos corearon varias veces “justicia, justicia” y una mujer gritó: “Lenin y Paula, justicia, los queremos vivos”, al tiempo que quien conducía la asamblea arengó: “No están solos”, y el resto de los asambleístas corearon repetidamente: “no están solos, no están solos”.
Los comisarios municipales y comisariados ejidales del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno, de los municipios de Tecpan, Petatlán y Coyuca de Catalán, en la conferencia de prensa en la casa ejidal de Santa Rosa, ayer domingo, donde pidieron al gobierno del estado más seguridad, maestros y doctores Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar
Santa Rosa de Lima, Tecpan
Comisarios municipales y comisariados ejidales del corredor Santa Rosa-El Durazno, que abarca comunidades de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán, en conferencia de prensa, demandaron al gobierno estatal combatir con más rigor la inseguridad, la instalación de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), maestros en las escuelas de nivel básico, así como médicos y medicamentos en los centros de salud.
También denunciaron que desde el 1 de marzo, cuatro habitantes de la comunidad La Finca, perteneciente al ejido de Corrales, en el municipio de Petatlán, fueron privados de su libertad por integrantes del grupo criminal que mantiene asolada esa región y pidieron su liberación. Dijeron que identifican “completamente” a uno de los pistoleros que participó en el ilícito.
Este domingo, en la comisaría ejidal de Santa Rosa de Lima, un grupo de comisarios y comisariados ejidales de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán, ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de cómo les ha afectado el clima de inseguridad que luego del 10 de diciembre del 2022, un grupo de presuntos sicarios del grupo delincuencial La Familia Michoacana irrumpieron en la comunidad El Durazno y asesinaron a siete campesinos, entre ellos, un menor de edad.
La demanda principal al gobierno del estado es que haya más seguridad que la que ya se está proporcionando en Santa Rosa y en el crucero de San Antonio, con la BOM y que verdaderamente se persiga a los delincuentes para que esa región vuelva a tener paz, pues aseguraron que en lo que va del año, decenas de familias se han desplazado de las comunidades de la parte alta de ese corredor, para proteger sus vidas.
Asimismo, demandaron que se cumpla el ofrecimiento de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que les envíen maestros para las escuelas del nivel básico, pues en algunas, desde las vacaciones decembrinas del año pasado, no han regresado a las comunidades, y en algunas, los maestros sólo dan clases tres días a la semana con un horario de 9 de la mañana a las 12 del día, con el argumento de que hay inseguridad en la zona.
De igual forma, se dolieron de que no hay doctores en los centros de salud y en consecuencia, tampoco hay medicinas, por lo que las enfermedades son tratadas con remedios caseros o si la familia del enfermo tiene la posibilidad económica y de traslado, lo llevan al centro de salud más cercano, o llegan con él hasta la costa.
El comisariado ejidal de Las Mesas, municipio de Petatlán, Guillermo Villa Ávila, comentó que el 29 de enero y el 11 de febrero, integrantes del citado grupo criminal irrumpieron en esa comunidad y asesinaron a César Estrada Mendoza y Eladio Álvarez Villa.
Pidió que el gobierno instale una BOM como la que está en Santa Rosa, pues comentó que luego del homicidio de Eladio Álvarez, los militares estuvieron ahí sólo un mes y ya se retiraron, lo que hace vulnerable a toda la comunidad pues ahí es paso obligado para todo aquél que quiere pasar de la sierra a la costa y viceversa, además de que ha recibido reportes de los vecinos que en los últimos dos días se han visto luces en los cerros cercanos, durante las noches.
De los maestros y doctores, dijo que no tienen el servicio educativo en el nivel básico y el telebachillerato y tampoco tienen médico en el centro de salud. Platicó que la última vez que vieron un doctor en Las Mesas fue hace aproximadamente un mes, cuando el galeno de Santa Rosa subió con funcionarios del gobierno del estado y dio consultas durante dos horas.
Asimismo, se dolió por que las autoridades correspondientes han hecho oídos sordos a la tala clandestina de los recursos forestales con los que cuenta el ejido, pues ésta continúa.
El comisario de El Parotal, Francisco Solorio García, manifestó que luego de lo ocurrido en esa localidad el 28 de enero pasado, cuando policías estatales con presuntos integrantes de La Familia Michoacana entraron al poblado a catear domicilios y robaron objetos de valor, razón por la que fueron asesinados dos policías y tres civiles, y la situación de la inseguridad se ha recrudecido.
Dijo que no hay clases en la primaria, sólo en el jardín de niños y en la telesecundaria, por lo que también pidió que los maestros regresen a trabajar, “ni doctor” hay.
Luego, habló el comisario municipal de La Lajita, municipio de Petatlán, Rodrigo Mendoza Guevara, dijo que en su comunidad no tienen problemas de inseguridad pero sí les hacen falta los maestros, los cuales no han regresado a trabajar desde las vacaciones de diciembre.
Indicó que sólo tienen preescolar y primaria, que recientemente se abrió una secundaria atendida por jóvenes del Conafe, pero no han asistido a clases.
También habló el comisario municipal de Santa Rosa de Lima, Guillermo Salas Guillén, quien junto con sus pares de Papanoa, Jorge Alberto Blancas, y Los Laureles, Javier Vargas Jaimes, del mismo municipio de Tecpan, hicieron un llamado a la gobernadora para que se garantice completamente la seguridad en las comunidades de las partes altas de la sierra, porque aseguraron que todas las familias desplazadas de ese corredor, bajan a refugiarse en estas tres localidades de manera permanente y otras de manera temporal, antes de emigrar hacia otras ciudades o fuera del país.
Los tres comisarios también coincidieron en señalar que el desplazamiento forzado se ha visibilizado mucho más en estos tres meses del año, a consecuencia de los constantes hechos de violencia que han ocurrido en la sierra y que las familias desplazadas sufren para encontrar una fuente de ingresos.
El comisario de Los Laureles pidió que el gobierno estatal aplique políticas públicas, encaminadas a sanar la salud mental de la población de ese corredor, así como de las comunidades de la costa cercanas, principalmente en los niños, pues aseveró que en los últimos meses ha sido más notorio cómo los menores tienden a normalizar estos hechos de violencia y algunos a desarrollar psicosis.
La comisaria municipal de El Durazno, Coyuca de Catalán, comentó que en esa comunidad hay agradecimiento a la gobernadora Evelyn Salgado, por todo el apoyo que les está brindando al darles seguridad permanente, pero dijo que hace falta la construcción de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, “lo más pronto posible”.
Enseguida, se dolió que la semana pasada el alcalde de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tavares, haya subido hasta la comunidad El Pescado, en el ejido Guajes de Ayala, a llevarles apoyos y víveres a los pobladores, “incluso se habla que hasta les dejó una ambulancia y yo quiero decirle que también los ejidos El Durazno, Río Frío y San Antonio de las Tejas pertenecen al municipio”.
Más adelante, reprochó que los maestros para las primaria, secundaria y el telebachillerato, que envió la gobernadora Evelyn Salgado, ya no estén en la comunidad y que algunos de ellos hayan dicho que regresarán hasta el 19 de abril.
Por su parte, la comisaria municipal de Arroyo Verde, Petatlán, María del Carmen Salas Orozco, comentó que el clima de inseguridad repercute en su localidad, pues los maestros sólo dan clases dos o tres días a la semana, con un horario de 9 de la mañana a las 12 del mediodía.
El comisario municipal de Corrales, del municipio de Petatlán, José Acosta Lagunas, señaló que su ejido ha sido blanco de la delincuencia organizada, que en la comunidad La Finca el 1 de marzo, cuatro campesinos identificados como Jacinto Campuzano Galván y sus hijos Jacinto, Mauricio y Misael Campuzano García, fueron privados de su libertad por parte del citado grupo delincuencial, además de que incendiaron una vivienda.
Agregó, con lágrimas en los ojos, que este hecho provocó que las 20 familias que vivían en esa comunidad se salieran por completo y actualmente están las casas abandonadas.
No es la primera ocasión en que los grupos de la delincuencia organizada cometen hechos violentos contra los pobladores de esa comunidad, quienes también en esas mismas ocasiones se han tenido que salir y dejar su patrimonio, como pasó en noviembre de 2021, cuando un grupo de pistoleros se llevó a dos ganaderos y a los habitantes de ese lugar, así como de la comunidad La Soledad de los Enanos.
De los cuatro campesinos privados de su libertad el 1 de marzo, dijo que desconocen su paradero, pero que sí tienen plenamente identificada a una de las personas que iban en el grupo de gatilleros, por lo que pidió que los liberen, “la familia no quiere poner la denuncia porque tienen miedo de que les vayan a hacer algo a sus familiares”.
Luego, tocó el turno al presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, quien habló a nombre del ejido San Antonio de las Tejas, quien aseveró que “lo que más nos urge es la seguridad en toda la región, tanto en la parte alta como en la parte baja, pues nuestras actividades económicas y sociales están entrelazadas, por ejemplo, en el caso de Papanoa, ahí está toda la industria forestal y nosotros tenemos toda la materia prima arriba y entonces, si los ejidos no trabajan, Papanoa resiente”.
Sostuvo que lo que pase en la parte alta de la sierra afecta directa e indirectamente a las comunidades de la costa, “por eso es que este día están aquí comisarios y comisariados de toda esta ruta, que queremos decirle a la gobernadora que necesitamos más operativos, las bases están bien, ayudan mucho, el problema es que la delincuencia es que hay gente que quiere el territorio, la sierra es de paso”.
Aseguró que los líderes de ese grupo delincuencial, “vienen sobre los recursos forestales, sobre las minas, las huertas de aguacates, vienen sobre esas cosas y queremos seguridad”.
“Lo que les pedimos no es que los maten, sea como sea un muerto tendrá familia que los quiere de una u otra forma, se porten como se porten, lo que sí queremos es que por favor nos dejen en paz. No les gustaría que otras personas fueran a invadir a sus lugares”.
Señaló que eso ha originado el desplazamiento de los pobladores y dijo que en lo que va del año se han salido de sus comunidades las familias de Los Bayados y La Finca, “están dos pendientes que a lo mejor mañana (hoy) lunes se quedan solas también, que es la comunidad Las Mesas, me están comentando que anoche ya vieron gente cerquita del pueblo, muchos focos alrededor y ya la gente no aguanta”.
“La gente de la comunidad de mi ejido, San Antonio Tejas, también me dicen que si el Ejército no regresa, porque era el ejército el que estaba ahí, pero con lo que pasó en El Pescado, se recorrieron para allá”.
Agregó que “lo bueno y lo malo se tiene que decir, lo bueno que ha hecho y también lo que falta por hacer, que le ponga atención a los maestros”.
Dijo que hay una maestra originaria de la sierra, que desde hace 10 años le da clases a los niños en la comunidad La Piedra, municipio de Tecpan, que es el mismo tiempo que lleva luchando por un contrato en la SEG y porque los niños que van a la escuela que fundó sean reconocidos con una matrícula y centro de trabajo, “hasta la vez no se lo han dado”, acotó.
A la desaparición de tres mujeres de la comunidad de Atlamajac, municipio de Tlapa, se sumó el secuestro de un empresario dedicado a la venta de material de construcción de esta ciudad.
Familiares y amigos de las tres desaparecidas en la comunidad de Atlamajac, madre, hija y nieta, continúan la búsqueda en la ciudad, sin que al momento tengan nuevos datos o hayan recibido la exigencia de algún rescate, informaron.
Por otro lado, el comerciante de material de construcción, Mario Mendoza Aguilar, de 68 años, fue interceptado por personas armadas en la carretera Tlapa-Chilapa, en El Vado, cerca de la comunidad de Los Zapotales, donde tiene su casa de materiales y cribadora de piedra, el pasado miércoles, mientras se trasladaba en una camioneta Nissan en compañía de sus trabajadores.
Los hombres que lo bajaron a golpes iban encapuchados, lo obligaron a subirse a un carro color azul y se lo llevaron por la misma carretera Tlapa-Chilapa.
Eran las 10 de la mañana, y los hechos fueron observados por varios transeúntes que se abstuvieron de intervenir ante las armas de grueso calibre que llevaban los agresores; esto ocurrió en el sitio donde hace meses fue secuestrado un policía municipal que apareció asesinado en otro sitio. (Carmen González Benicio / Tlapa).
El arzobispo de Acapulco Leopoldo González durante su conferencia, en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe del fraccionamiento Mozimba Foto: Carlos Alberto Carbajal
El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, expuso que para erradicar los feminicidios toda la sociedad debe luchar, pero en especial los varones; a las autoridades les dijo que se debe de investigar cada caso y no dejarlo en la impunidad.
De nuevo, reiteró su llamado a quienes delinquen a la conversión y compartió la tristeza e indignación de los familiares de quienes han muerto en hechos relacionados con la delincuencia organizada. “Vean los cientos de niños que han dejado huérfanos, los cientos de esposas que han dejado viudas, los cientos de mamás a las que han quitado el corazón al asesinar a su hijos, los cientos de familias a quienes les han robado la paz”.
En el comunicado dominical el prelado católico se refirió a la celebración del Día de la Madre y mandó un mensaje a los hijos, para que informen en todo momento de lo que hacen, considerando que es un deber que se tiene hacia los padres.
En conferencia de prensa en la oficina parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Mozimba, a donde acudió el arzobispo a oficiar misa dominical y concluyó la visita a todas las parroquias de la arquidiócesis en Acapulco, desde su llegada en agosto.
En su comunicado, el arzobispo habló de la celebración del Día de las Madres, de lo que implica ser una, el atender a los hijos, de cómo muchas de ellas no tiene quien las ayude. Así como las que sufren por la ausencia de sus hijos, porque el crimen se los ha arrebatado o desaparecido, y son muchas las madres que sufren al intuir que sus hijos “andan en La Maña”, que tal vez sean de aquellos que a otras madres les arrebaten o desaparecen a sus hijos.
De esto último, dijo que el llamado es a los hijos a que sean conscientes de que tienen deberes con sus padres, que informen lo que hacen y donde están, porque tiene la obligación de respetar y obedecer a sus progenitores.
Consultado respecto a los casos donde son las madres las que han muerto, como en el caso de los feminicidios, el arzobispo expuso que toda la sociedad debe de trabajar para erradicar los asesinatos por el hecho de ser mujeres, “en especial de los varones”.
Recalcó que la vida humana debe de ser respetada, desde la fecundación hasta su muerte natural, que privar de la vida a una persona es una grave ofensa contra las víctimas, la humanidad y “el creador”.
A las autoridades, el prelado católico les recordó que tiene leyes para tipificar y castigar los feminicidios, por lo que convocó a que se investigue cada uno, hasta llegar a la verdad y se procese, para que se haga justicia y no queden impunes.
Convocó a que se continúe en el esfuerzo de que las mujeres y los hombres tengan igualdad de oportunidades en puestos de dirección, que reciban el mismo salario por igual trabajo y hacer público cualquier comportamiento o rasgo de violencia contra la mujer. “El feminicidio es un crimen al que conduce un camino de violencia ya vivido”.
Leopoldo González llamó a fortalecer las familias para que sean libres de violencia, que no parezca normal infringir cualquier tipo de ésta ya sea física, verbal, emocional, sexual o económica.
Invitó a los padres a asignar a los hijos el reparto equitativo de tareas domésticas, aprender a solucionar conflictos con el diálogo, y a las instituciones educativas a inculcar, proteger y fortalecer el respeto a la igual y dignidad del varón y la mujer.
Respecto a los hechos de violencia que han ocurrido en el estado, como los nueve ejecutados dejados en una camioneta en el libramiento de cuota a Tixtla, el arzobispo dirigió su mensaje de manera general: “Una palabra en torno al clima de violencia y actos tan dolorosos que han sucedido”.
Dijo a las familias de las víctimas que comparte su tristeza y su indignación, “esto no debiera ser así”, e invitó a quienes estén cerca que las visiten para orar con ellas.
Insistió, como cada domingo, en que es necesario conocer la razón de cada hecho para restablecer el orden de justicia “gravemente” quebrantado, y que el crimen no quede impune, así como ver a través de lo que sucedió para prevenir otros asesinatos.
Reiteró el llamado a los que perpetran los crímenes a su conversión y a la sociedad a reforzar la paz alrededor, “si ha sido la violencia así de ruda, también nuestro esfuerzo en reconstruir la paz sea muy grande”.
Respecto al robo de un bebé el pasado miércoles, el cual se recuperó el viernes, el arzobispo expresó que los menores son los que menos posibilidades tienen de cuidar de sí mismos, están al cuidado de todos nosotros lo mayores y de la institución pública para protegerlos. Convocó a todos a cuidar de los infantes.
Consultado en referencia al primer lugar que ocupa Guerrero en la migración de menores de edad que intentan pasar a los Estados Unidos y que son deportados, González González recordó que él conoce la situación por su estancia en la frontera de Chiapas con Guatemala, y enfatizó que la reunificación familiar es un derecho.
Entre enero de 2012 y agosto de 2017 -5.5 años-, las autoridades detuvieron a 486 menores de edad involucrados en secuestros y Guerrero fue tercer lugar nacional con 52 casos, informó la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.
En conferencia dijo que esa cantidad representa 5.7% de las 8 mil 442 personas aprehendidas por su presunta participación en el delito de privación ilegal de la libertad, durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Según la activista, la participación de los menores en este delito “tiene que ver con que no tenemos políticas públicas adecuadas para los jóvenes”.
Según sus cifras los estados en donde han sido detenidos más menores por este delito fueron: Tamaulipas con 77, Estado de México con 62 y Guerrero con 52.
Respecto al número de secuestros, Isabel Miranda dijo que sólo en enero de 2018 se registraron 111 casos, hecho que representa una disminución de 23.4% respecto a las cifras de diciembre de 2017. Agregó que también disminuyó el número de víctimas a 135 y se incrementó el de detenidos a 150.
“No quiero pensar que por un tema electoral estén cambiando de política y nos estén haciendo trampa para ocultar los secuestros. A mí me sorprende mucho, porque todos los delitos han ido al alza y curiosamente en enero, por primera vez en la historia de esta administración, tenemos la menor cantidad de delitos de secuestros”, comentó.
En cuanto a la cifra acumulada agregó que de diciembre de 2012 a enero de 2018 se tiene un registro de 10 mil 653 secuestros.
Sobre las entidades con mayor incidencia en ese delito, según Alto al Secuestro son el Estado de México con 30, Veracruz con 17 y Guerrero con nueve. Las que no tienen reportes son Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán.
En la Ciudad de México se tienen registrados siete secuestros, aunque fueron atendidos por la Procuraduría General de la República (PGR), “por eso ésta puede decir que no registró ningún secuestro”.
Miranda de Wallace fue cuestionada sobre el supuesto levantamiento de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, en los límites de Nayarit y Jalisco el pasado 5 de febrero.
La activista comentó que el hecho refleja el poderío del crimen organizado para “sobajar” al Estado mexicano.
“A mí me duele mucho porque es sobajar al Estado. El Estado somos todos, es humillar a las instituciones y yo espero que no haya ningún bobo que se crea todo lo que le pusieron a decir a estos policías. Es obvio que si te ponen un arma tú vas a decir que violaste a tu abuelita. ¿Por qué?, porque estás amenazado. Es indudablemente el crimen organizado teniendo un gran poderío”, aseguró.
Miembros del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) y maestros de ese municipio bloquearon ayer casi 7 horas los principales accesos a la cabecera municipal para exigir a los gobiernos estatal y federal acciones de búsqueda de un maestro jubilado y campesino que fue privado de la libertad por hombres armados, presuntos miembros de la delincuencia organizada, la mañana del miércoles.
Familiares del profesor jubilado y campesino de nombre Virgilio, informaron el miércoles que el maestro fue privado de su libertad esa misma mañana por hombres armados que se lo llevaron de su parcela de cultivo en contra de su voluntad.
A partir del miércoles los comunitarios de Apaxtla y de la Tecampanera de Teloloapan buscan en cerros y caminos a los plagiarios para rescatar a la víctima. La tarde de ayer se dio a conocer que en los trabajos de búsqueda a pie y en vehículos, también participan policías del estado y soldados del Ejército.
En declaraciones vía telefónica ayer antes de las 3 de la tarde, uno de los coordinadores del MAAC, de quien se omite su nombre por motivos de seguridad, dio a conocer que antes del mediodía bloquearon con camionetas los dos accesos a la cabecera municipal de Apaxtla, impidiendo con esto la entrada y salida de vehículos, excepto de personas enfermas.
Dio a conocer que la medida, en la que participaron miembros del MAAC y del magisterio de Apaxtla, es para exigir la intervención de los gobiernos estatal y federal para implementar un dispositivo de búsqueda y localización del maestro retenido, así como para detener a los miembros de la delincuencia organizada, a los que identifican con la organización La Familia Michoacana.
Advirtió que si el gobierno no hace nada contra los delincuentes y para recuperar con vida al profesor Virgilio, se organizarán para tomar la presa hidroeléctrica El Caracol, y pararán sus operaciones; también bloquearían las mineras asentadas en la zona, como la de Rey de Plata y la de Campo Morado.
Agregó que, dentro del plan de acción, en coordinación con los comunitarios de la Tecampanera, bloquearán la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en el municipio de Teloloapan, para impedir la circulación de todos los vehículos que vengan de la región Tierra Caliente.
A pregunta expresa, dio a conocer que hasta la tarde de ayer los plagiarios no se habían comunicado con familiares del profesor jubilado para pedir algún rescate por su liberación.
En la noche se dio a conocer que el bloqueo de los comunitarios y pobladores de Apaxtla concluyó a las 6:40 de la tarde, con el acuerdo de que el gobierno estatal facilitará un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública para hacer recorridos aéreos en cerros del municipio, para buscar al profesor Virgilio y a sus plagiarios.
Se anunció que la búsqueda aérea iniciaría esta mañana de sábado, bajo la advertencia de hacer otras acciones de protesta si hay incumplimiento.
Cumplen cinco días la suspensión del transporte de Tierra Caliente y municipios de la zona Norte ante amenazas
Ayer se cumplieron cinco días de que el transporte público de la región de Tierra Caliente y los municipios de la zona Norte de Canuto Neri (Acapetlahuya) y Pedro Ascencio de Alquisiras (Ixcapuzalco), está suspendido hacia la cabecera municipal de Teloloapan.
La suspensión del transporte público, que incluye además unas 30 comunidades de Teloloapan, inició el lunes de esta semana, luego de que presuntos miembros de la organización La Familia Michoacana, a través de redes sociales difundieron una amenaza de muerte contra transportistas y pasajeros de esas rutas hacia la cabecera municipal de Teloloapan. Ante el miedo, la gente dejó de viajar a Teloloapan.
De acuerdo con información de miembros de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, los pobladores están siendo amenazados por delincuentes para que no vayan a Teloloapan a comprar sus víveres, sino que les piden que lo vayan a hacer hasta Arcelia que está al doble de distancia.
Además de la suspensión del servicio de transporte público de la región Tierra Caliente, se informó que tampoco está llegando a Teloloapan el transporte de los municipios de Acapetlahuaya e Ixcapuzalco, ni de unas 30 comunidades de Teloloapan asentadas en dirección a Arcelia.
El martes, tras confirmar esta situación, el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Uriostegui Patiño dijo que el problema estaba afectando al comercio local, ya que ante la suspensión del transporte los vecinos de los municipios y comunidades no se estaban abasteciendo de los víveres de esta temporada en Teloloapan, como regularmente lo hacían en años pasados.
Ayer unos 3 mil vecinos marcharon por las principales calles de San Miguel Totolapan por el primer aniversario del Movimiento por la Paz, que dio origen a una lucha contra el grupo de la delincuencia organizada Los Tequileros y en contra de los secuestros y extorsiones.
Exigieron que el gobierno aplique justicia, la detención del diputado priista Saúl Beltrán Orozco y de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
La gente de San Miguel Totolapan se manifestó por las principales calles haciendo un circuito hasta llegar a la plaza principal, donde leyeron un pronunciamiento.
Llevaban cartulinas donde pedían al gobernador que se reflejara el orden y la paz que prometió en campaña, “Queremos que el gobernador cumpla su palabra de traer orden y paz”. “Detengan al tequilero”, expresaban otras. También decían “Detengan al diputado Saúl Beltrán el verdadero tequilero”, y “Gracias al movimiento por la paz por la seguridad que trajeron”.
Los manifestantes iban vestidos de blanco y llevaban globos del mismo color. Participaron todas las escuelas y maestros, comerciantes, transportistas, llegaron familias que tenían parientes secuestrados. El grupo fue encabezado por 12 consejeros del Movimiento por la Paz.
Se informó que el 12 de diciembre el pueblo se levantó en armas procurando la paz de San Miguel Totolapan, harto de “los secuestros levantones, extorsiones y homicidios, ante la falta de atención del gobierno federal y estatal para combatir la banda de Los Tequileros encabezada por el diputado Saúl Beltrán Orozco y Raybel Jacobo de Almonte”.
Negaron que haya un líder en el movimiento, “aquí no hay caudillismo ni líderes porque está encabezada por maestros, trabajadores de la salud, amas de casa, comerciantes, transportistas, en pocas palabras por todas las fuerzas vivas de San Miguel Totolapan, porque aquí todos somos hermanos del sufrimiento y del dolor que causaron tantos delitos, tanta complicidad del gobierno, tanta impunidad”.
Puntualizaron que no hay partidos políticos detrás del movimiento, quedaron rebasados “por el dolor que provocaron las muertes de familiares, del dolor de los secuestros, de las violaciones de mujeres. Aquí el dolor unificó nuestros criterios y los partidos quedaron rebasados”.
Mencionaron que el Movimiento por la Paz comenzó tras el secuestro del ingeniero Isauro de Paz Duque, reclamaron que “el gobierno y sus órganos de impartición de justicia cumplan su tarea y su responsabilidad, porque no es posible que la denuncia interpuesta por el ingeniero Isauro de Paz Duque y otras más estén congeladas, y por otra parte, las denuncias en contra del diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco, y las órdenes de aprehensión contra Raybel Jacobo de Almonte, Mauro González, El Vago, y demás integrantes de Los Tequileros continúen sin efecto”.
Demandaron “autorizar más plazas para maestros, más médicos, enfermeras, profesores de todos los niveles educativos para San Miguel Totolapan, para que nuestros hijos jóvenes, mujeres, hombres y adultos se eduquen y trabajen la riqueza de nuestra tierra, pero también que enjuicien a los delincuentes”.
En su comunicado hicieron un reconocimiento al “Ejército, a la Marina, a la Policía Estatal y Ministerial, a la Procuraduría General de la República, su trabajo para preservar la seguridad de nuestras familias y desde aquí les decimos gracias”.
El movimiento reconoció la fuerza del magisterio, puntualiza que “no somos comunitarios, no somos autodefensas, sino un movimiento social surgido del pueblo, todos somos el movimiento por la paz que busca justicia, paz y tranquilidad, y les decimos que este movimiento se mantiene de pie y con más fuerza que nunca”.
El movimiento que comenzó el 12 de diciembre del 2016 terminó por mover al gobernador Héctor Astudillo Flores, a 500 soldados, a 500 policías, a grupos antisecuestro a medios de comunicación nacionales y extranjeros para escuchar al pueblo de San Miguel Totolapan, que demandó no más secuestros, y que dejó sin un diputado en el Congreso local al PRI.
Transportistas, comerciantes, maestros, médicos y diferentes sectores sociales participaron en un principio de forma muy activa, quienes se enfadaron del olvido de las autoridades ante la ola de secuestros y extorsiones y se levantaron en armas.
“Que obra quieren, pónganse de acuerdo y díganme”, fue la voz del gobernador Héctor Astudillo Flores en el encuentro que sostuvo con la autodefensa en febrero de este año, pero la respuesta fue clara y contundente: “la única obra que queremos es la detención de Raybel Jacobo de Aalmonte y el desafuero de su jefe, el diputado Saúl Beltrán Orozco”.
El levantamiento ocurrió el 12 de diciembre de 2016. El pueblo se unió para combatir los secuestros y las extorsiones y exigir la atención del gobierno del Estado y del federal.
La reactivación económica
Durante casi un año San Miguel Totolapan no tenía transporte público y no entraba ningún tipo de comercio de distribución para las tiendas por temor a los saqueos. Un día después de que comenzó el movimiento regresó el transporte y se reactivó el comercio.
La medida provocó el regreso de por lo menos 10 familias de comerciantes que tenían tiendas grandes en la localidad, y quienes huyeron después de ser secuestrados.
Se restablecieron algunas fiestas religiosas empañadas en años anteriores por hechos de violencia.
El movimiento logró sacudir al estado. Después de ser un municipio sin atención, el gobierno de Héctor Astudillo Flores concluyó varias obras pendientes. Mandó policías y militares.
Pero sobre todo logró el repliegue hacia la sierra de El Tequilero, aunque el movimiento lo quería detenido y procesado las autoridades sólo hicieron un intento por atraparlo.
Además lograron que el diputado Saúl Beltrán Orozco se separara del cargo. La vinculación entre el diputado y El Tequilero fue ampliamente exhibida y aceptada por el propio fiscal Javier Olea, gracias a la aportación de pruebas del mismo movimiento.
Además los vecinos soportaron el embate del gobierno que con mil efectivos intentaron dispersarlos, pero ahora mantienen la seguridad en la parte rural y se coordinan con los cuerpos policiacos y militares.
La Policía Federal rescató a una mujer secuestrada en el poblado de Huitziltepec, municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
En un boletín de prensa la corporación informó que personal de la División de Fuerzas Federales “frustró el secuestro de una mujer de 65 años de edad en el poblado de Huitziltepec”.
Agrega que hace patrullajes en Chilpancingo, Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri, y cuando circulaban por la Autopista en el kilómetro 252, “fueron abordados por un hombre de 33 años de edad, quien denunció que un grupo de sujetos armados los agredieron y privaron de la libertad a su madre para luego internarse en la sierra”.
Los policías federales asistieron al denunciante y formaron un equipo de búsqueda que ingresó a las brechas señaladas para buscar a los responsables. “Luego de varias horas los agentes federales ubicaron a la mujer que refirió fue golpeada y abandonada en la sierra por los sujetos que huyeron con rumbo desconocido”, se lee en la misiva.
“La Policía Federal refrenda que mantendrá sus acciones de vigilancia y prevención del delito en el estado de Guerrero, en apoyo a los habitantes y visitantes de la entidad”, concluye el boletín. (Alina Navarrete / Chilpancingo).
