El delegado de los programas federales, Iván Hernández Díaz, declaró que ya no habrá otra alternativa para los damnificados que solicitan su incorporación al censo, que la única opción es que soliciten su incorporación a través de la línea telefónica, como ya lo recomendó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El funcionario federal aseguró que, en otros casos sí están dando la opción a algunos damnificados para que reciban sus apoyos en zonas donde no haya riesgos de violencia, luego de la petición que hicieron los vecinos de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán.
También respondió que “está en proceso” la limpieza de la unidad deportiva de Chilpancingo, mejor conocida como el CREA, donde se alojaron los “Servidores de la Nación”.
Al funcionario se le preguntó sobre los tres casos en la conferencia de prensa de este lunes, a la que asistió para dar a conocer el calendario de pagos a los beneficiarios de las Becas del Bienestar, junto con el titular en Guerrero de la Coordinación Nacional de Becas, Clemente Gerardo López.
En el primer asunto, a pesar de que el gobierno federal abrió una línea telefónica para que se comuniquen por esta vía los damnificados que no fueron censados y que piden su incorporación para que reciban los apoyos, continúan las inconformidades debido a que aseguran no son atendidos y que en algunos casos piden ser visitados en sus domicilios, para que se constaten los daños que sufrieron por las lluvias del horacan John.
Al respecto, Hernández Díaz dijo que “ya no es posible recurrir a otro mecanismo. Yo sé que a lo mejor no es lo que algunas personas desean, pero ese es el mecanismo que está operando. No hay otro”.
Aseguró que durante el levantamiento del censo se atendieron 51 municipios, “si nosotros lo comparamos con la declaratoria de emergencia, hemos atendido a más municipios que los que inicialmente se habían planificado. Te puedo decir que en cada municipio hemos atendido a más personas que previstas en un primer diagnóstico”.
Indicó que a lo mejor algunas personas se molestan porque no les responden en un primer intento, pero que es porque se satura la línea y que deben de insistir.
Con respecto a la demanda que hicieron damnificados de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, aseguró que sí atendió la denuncia de su comisaria municipal, Azucena Rosas García, de que la dependencia los estaban mandando a recibir sus apoyos a Ciudad Altamirano, que es una ciudad controlada por el grupo delictivo que los ha atacado en sus pueblos, lo que implicaba un riesgo para ellos y pidieron que los cambiaran a Tecpan.
Hernández Díaz dijo que entabló contacto con ellos y que establecieron el acuerdo para que fueran atendidos en Acapulco, a donde también acudieron los del núcleo agrario San Antonio Las Tejas, que también plantearon el mismo caso. Aseguró que los atendió directamente.
Pero en otros casos, como los pobladores de Alcozacán, municipio de Chilapa, y Ayahualtempa, de Hueycantenango, que piden la instalación de cajeros del Bienestar en sus pueblos, para que cobren sus apoyos de los programas federales y no bajen a Chilapa, por el mismo caso, dijo que sería imposible construir un banco en cada comunidad o colonia.
Reconoció que “estos problemas de inseguridad siempre están teniendo reconfiguraciones y nunca podríamos ajustar la ubicación de los bancos al momento que se vive en cada región o municipio”.
Sin embargo, aseguró que se les ha dado solución a su inquietu,d instalando mesas de pago en estos lugares, para atenderlos en sus propias comunidades, pero aclaró que, por ahora, no hay la instrucción de continuar con la instalación de más bancos en la entidad, en donde ya existen 121 nuevos, que se construyeron en las distintas regiones, sobre todo en la Montaña.
Con respecto a las instalaciones del CREA, donde hay quejas de los deportistas porque aún no han sido abiertas, pues siguen los montones de escombros, basura y en malas condiciones para ser utilizadas, el funcionario federal argumentó que esta imagen de las instalaciones se ve así, porque “precisamente se están desmontando los campamentos”.
“Es algo que está en proceso, no está concluido y, en efecto, siguen las labores de limpieza y otras actividades. Es un proceso que no está concluido e informaremos en su debido momento, de manera conjunta, con el propio gobierno estatal”, anunció.
La directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra denunció que el gobierno del estado se niega a acatar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para atender a las víctimas de desplazamiento interno forzado por la violencia.
Además, informó que en varios foros a los que ha acudido en Europa a hablar sobre las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, “Guerrero ya es un referente internacional de la violencia”.
Anunció una reunión regional de desplazados que se celebrará este sábado y domingo en Cuernavaca con personal de la CNDH y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para darles a conocer sus derechos y compartir historias.
Consultada vía telefónica, Teodomira Rosales informó que los municipios ya aceptaron la recomendación 171/2023, fechada el 29 de septiembre de este año, “nos falta que la acepte el gobierno del estado, nos dicen que la están revisando y que la van a aceptar. Se niegan porque no quieren aceptar que hay desplazados, aceptando la recomendación aceptan que hay desplazados por la violencia de los grupos criminales, y además es mucho el dinero que tiene que desembolsar para darle una atención integral a las víctimas”.
Del encuentro en Cuernavaca este fin de semana precisó que es justo para las 171 personas desplazadas mencionadas en la citada recomendación, de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco), Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Zitlala.
Dijo que la intención es reunir a los desplazados para informarles que tienen derecho a una reparación integral del daño y a una reubicación digna, entre otros, pero “no podemos ir a Chichihualco por la situación de violencia”.
“Este encuentro es para reorganizarnos, se va a hacer en Morelos, porque así como está el estado de Guerrero las víctimas tienen muchísimo miedo de regresar, hay muchos desplazados de la sierra de El Durazno, La Ciénega, Petatlán, San Miguel Totolapan, pero allá no hemos podido entrar porque es mucho el riesgo”, agregó.
Teodomira Rosales informó que además acudirán desplazados que viven en Estados Unidos a donde acudieron a pedir asilo, así como organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos que brindan el apoyo de acompañamiento con abogados, “han hecho refugios en Estados Unidos o en la frontera, nos han apoyado”.
En esa zona, agregó, hay además una lucha para que pare el tráfico de armas del país vecino hacia México, “porque el desplazamiento forzado lo ocasionan con las armas de alto calibre, estamos viendo cómo parar el tráfico, ya se envió una propuesta al presidente Biden y fue aceptada”.
“El Centro Morelos ha planteado que el flujo de armas ocupa un espacio muy importante en el desplazamiento, buscamos que este fenómeno pare, porque el derecho a la vida en México no está garantizado”, dijo.
“Nos preocupa que todos los de Guerrero se vayan, tenemos muchas comunidades fantasma, la gente se va a sufrir fuera de sus casas teniendo buenas tierras, vivimos en un estado rico en recursos naturales, pero existe mucho narco paramilitar, que no deja que crezca la economía, y no hay garantías para proteger la vida de la población”, advirtió.
La activista mencionó que desde el año 2019 hay un compromiso de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la CNDH y de la CEAV para mejorar la calidad de vida de las víctimas y que se reconociera el fenómeno del desplazamiento interno forzado en el código penal, “pero no fue regalado, se logró tras un plantón de 37 días en Palacio Nacional”, añadió.
En la mencionada recomendación publicada en la página oficial de la CNDH se mencionan como evidencias, “escritos de quejas presentados en fechas 14 y 22 de abril de 2021, por 95 personas víctimas de desplazamiento forzado interno ocurrido los días 2 y 11 de noviembre de 2018, en las comunidades localizadas en los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, estado de Guerrero, mediante los que refirieron violaciones a sus derechos humanos en su agravio y de sus familiares, atribuidos a la Sedena, el gobierno del estado de Guerrero, la Policía Estatal y las de los citados municipios, y fueron contestes en indicar que a pesar de tener conocimiento de los hechos no les brindaron protección y medidas para su retorno”.
El organismo recomienda “a las personas titulares del gobierno del estado de Guerrero, así como de las presidencias municipales de Leonardo Bravo y Zitlala del estado de Guerrero: Deberán, de manera conjunta, emitir una disculpa pública en la que reconocerán su responsabilidad como agentes del Estado mexicano, en un término que no exceda de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación. Hecho lo anterior, se envíen a esta Comisión Nacional todas aquellas documentales que permitan acreditar su cumplimiento”.
“En el término de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, deberán diseñar e impartir talleres de sensibilización para las personas servidoras públicas adscritas al gobierno del estado de Guerrero, así como de los ayuntamientos de Leonardo Bravo y Zitlala, respectivamente, en materia de Derechos Humanos y sobre consecuencias del desplazamiento forzado interno a nivel local y federal, los cuales deberán ser efectivos
para prevenir hechos similares a los del presente caso, ello, con la finalidad de atender también a una cultura de paz del Estado mexicano. Los cursos deberán ser impartidos por personal que acredite estar calificado y con suficiente experiencia en derechos humanos; que incluya programa, objetivos, currículos de las personas facilitadoras, lista de asistencia, videos y constancias”
“En el término de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, deberán realizar en coordinación un censo actualizado que corrobore el número de personas víctimas directas e indirectas que salieron de sus domicilios y estén en relación con los eventos de Desplazamiento Interno Forzado analizados en la presente Recomendación. Lo anterior, con la finalidad de poder generar una adecuada planeación de los recursos tanto materiales como humanos, indispensables respecto a las medidas que de manera individual y colaborativamente se implementaran en favor de las víctimas de desplazamiento forzado”.
Sorprende en España la violencia desatada en Guerrero
Informó que del 5 al 8 de septiembre estuvo en España en donde presentó una ponencia sobre el desplazamiento provocado por la violencia del crimen organizado.
“Las universidades en España y el presidente vasco se quedaron sorprendidos de la violación a los derechos humanos en México, cuando Europa aporta recursos para la protección de periodistas y de defensores de derechos humanos, se sorprenden de que no se garantice nuestra seguridad y de que el gobierno haga oídos sordos”.
“Comenté el problema de las armas que usa el crimen organizado, mencionábamos el por qué y en qué zonas abundan los pleitos de territorio del crimen organizado y que es en Guerrero en donde se concentran estos grupos criminales, en la sierra por el oro, por los bosques, porque hay dinero, y en la Montaña por el trasiego de droga y la mano de obra barata”, indicó.
“Nos decían que Europa aporta recursos para que se garanticen los derechos, pero ahorita somos los más vulnerables los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas, mencioné los casos de periodistas asesinados y amenazados”, destacó.
Advirtió que los defensores de derechos humanos, “estamos vulnerables, muchos prefieren retirarse porque su vida está en peligro”. Dijo que a los europeos, “les sorprende la violencia en México porque son los grupos criminales los que ponen a los presidentes de cada municipio e incluso a los gobernadores de los estados, eso no es posible, hay muchos defensores que se ven en riesgo y se van a otros estados o a otro país para poder seguir viviendo”.
Teodomira Rosales informó que ganó el Premio Vasco de Derechos Humanos. Sin embargo, lamentó que “México es referente de la violencia a nivel internacional, Guerrero ya es un referente de la violencia a nivel internacional, a mí me estaban cazando como cosa de comer”.
La comisaria municipal de El Durazno, en Coyuca de Catalán, Azucena Rosas García, dio a conocer que han retomado los trámites ante las autoridades correspondientes para fundar un nuevo municipio integrado por comunidades de ese municipio, así como de Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Petatlán.
En agosto del 2022, habitantes de 113 comunidades de los cuatro municipios mencionados, se reunieron en El Durazno con representantes del Congreso local, con quienes acordaron iniciar las gestiones correspondientes para conseguir la fundación de un nuevo municipio que tendría su cabecera en El Durazno.
Los representantes del Congreso les dieron a conocer la serie de requisitos que tenían que cumplir para poder fundar el nuevo municipio, entre éstos, presentar a los respectivos ayuntamientos una carta firmada por todos los habitantes mayores de edad, en la que manifiestan su interés de dejar de pertenecer a dicho municipio.
También llevar a cabo un censo detallado de toda la población que vive en las 113 comunidades, la medición de la superficie que tendrá el nuevo municipio, entre otros requerimientos.
Ayer miércoles, vía telefónica, la comisaria municipal de El Durazno informó que acudió el martes de esta semana a la capital del estado para buscar asesoría de cómo retomar este trámite, el cual quedó en pausa debido a los hechos violentos que ocurrieron el 10 de diciembre de 2022 en esa localidad, cuando fueron asesinados siete campesinos, entre ellos, un menor de edad.
Dijo que los habitantes tienen interés en continuar con el plan de conformar este nuevo municipio y por ese motivo acudió a la capital para hablar con la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la secretaría de Gobierno, Anacleta López Vega, “nos dijo que juntemos requisitos y sigamos todos los lineamientos que se deben de seguir y que sí, se hace, así que ahorita vamos a estar trabajando a marchar forzadas para lograrlo”.
“Solamente es juntar todo lo que se necesita para seguir con el trámite de fundar el nuevo municipio, porque ya teníamos un avance, pero después se vino lo que pasó en El Durazno y ya todo quedó así, a lo que se dio seguimiento a que teníamos que “divorciarnos” de nuestro municipio, eso se alcanzó a hacer pero no se alcanzó a hacer en todos los ejidos que pertenecen a los otros municipios. Entonces es lo que nos hace falta todavía, irles a pedir ‘el divorcio’ a Ajuchitlán, Tecpan y a Petatlán, porque en Coyuca de Catalán se hizo el proceso”.
Calle de Paso de Arena, municipio de Coyuca de Catalán, bloqueada por el caudal del arroyo que cruza la localidad Foto: Israel Flores
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
Comisarios y presidentes de los comisariados ejidales de San Antonio de las Texas, El Durazno y Corrales, solicitaron una instancia supervisora al gobierno del estado debido a que la empresa que obtuvo el contrato para la rehabilitación de carreteras está por retirarse, sin haber concluido su compromiso.
San Antonio de las Texas, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, es el mismo lugar en el que el delegado del gobierno del estado para la región Sierra, Saúl López Sollano, mencionó como una zona en la que está focalizada la violencia, y vecinos del lugar denunciaron que el crimen organizado intenta quedarse con el control porque es zona aguacatera, aunque en estas páginas Texas se ha escrito con “J”. Ayer el comisario precisó que se escribe con “X”.
En un documento enviado al director general de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, exponen “las autoridades Jovanni Cortés Gutiérrez, comisario municipal, Erasto Salto Arreola, comisariado ejidal de San Antonio de las Texas, Azucena Rosas García, comisario municipal de El durazno, y José Acosta Lagunas, comisariado del ejido de Corrales” agradecen “su atencion prestada a nuestra solicitud de brindar seguridad en nuestra region y la reabilitacion de caminos rurales con módulos de maquinaria”.
Detallan que las rutas beneficiadas son El Porvenir-crucero San Antonio Texas-San Antonio Texas Las Fronteras con 82.8 kilómetros de rehabilitación, con un monto de 2 millones 200 mil pesos, El Camarón-El Mameycito-Las Fronteras-El Durazno-El Pescado con 67.5 kilómetros y un monto de 2 millones 300 mil pesos.
Además de La Papaya-El Venado-Crucero de San Antonio Texas-Bayados y de Ramal a Las Mesas, San Nicolás y Santa Rosa con 35 kilómetros y un monto de 1 millón de pesos.
Sin embargo, advierten que como el dinero ya está aprobado pero no hay quién “verifique la ejecucion del recurso antes mencionado en los kilómetros establecidos, solicitamos una instancia supervisora, ya que la empresa que obtuvo el contrato esta por retirarse sin haber concluido dicho compromiso”.
“Esta es la petición que hacemos, que se concluya lo que el gobierno del estado ya autorizó y que nos lo confirmó el director de la CICAEG (Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero) en reunión el 5 de julio”, expuso.
Informó que aunque el gobierno del estado no ejecuta las obras se incumple el compromiso de que “se tenían que hacer de punta a punta de la zona porque ya estaban aprobadas”, lo que mostró en un mapa de “las tres rutas que no nos han cumplido”.
Para otra ruta que conocen como la Ruta 4, “el encargado en un inicio nos dijo que se tenían autorizados 45 kilómetros, pero ya que los terminó pide firmas por más de 100 kilómetros, luego lo reduce a 82 kilómetros, siendo estos últimos los que sabemos que están aprobados para esa ruta”.
Pidió “recalcarles que estas rutas bien habilitadas van de la mano con los módulos de seguridad que hay en las diferentes comunidades, ya que sin buenos caminos es imposible dar apoyo en caso de ser necesario, y menos ahorita en tiempo de lluvias”.
El delegado del gobierno estatal para la región Sierra, Saúl López Sollano, platica con el luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés, en la ceremonia de instalaación del Cabildo instituyetnte del municipio Nuu Savi el viernes pasado Foto: Rosendo Betancourt Radilla
Rosendo Betancourt Radilla
Coapinola, Ñuu Savi
El delegado general de Gobierno en la Sierra de Guerrero, Saúl López Sollano consideró que esa región es de las más tranquilas del estado y que hay más violencia en Chilapa, Chilpancingo, la Montaña y la Tierra Caliente.
Consultado en Coapinola a donde acudió a la instalación del Cabildo del nuevo municipio Ñuu Savi, aceptó que se aplazó la aprobación del Plan Sierra debido a la violencia del crimen organizado, pero se llevará a cabo el próximo lunes. Se preveía que se aprobara en una sesión el 12 de agosto pasado.
Expuso que la Sierra es una región muy rica en recursos naturales, “es donde nace gran parte del oxígeno y del agua de Guerrero y de México, es un territorio vasto, tiene 14 municipios, tiene centros de población muy importantes”.
En cuanto a la violencia consideró que los hechos que se han suscitado no son debido a los recursos naturales, “no creo que esa región sea la más afectada por el crimen organizado, está Tierra Caliente, Chilpancingo, la Montaña, Chilapa, la Sierra es de las zonas más tranquilas”.
Explicó que la violencia en la Sierra está focalizada, “no es en toda la región, los corredores muy codiciados son los que bajan de Coyuca de Catalán hacia la Costa, como El Durazno, San Antonio de las Tejas hacia Atoyac, pero no es un fenómeno que impida las actividades, salvo cuando se ha dado el asesinato de Chano Arreola o los enfrentamientos con las fuerzas armadas, hechos explosivos”.
Advirtió que su labor no es la de combatir la violencia, “esos fenómenos se combaten coordinadamente entre federación, estado y municipio, y no es la tarea única del delegado, sino coordinar los actos del gobierno del estado: los programas, proyectos, planteamientos y todo lo que tenga que ver con las comunidades”.
En cuanto a la tala clandestina en la región dijo que no se origina en esta época, “los grandes taladores eran las grandes empresas madereras, empresas particulares, hoy siguen siendo empresas privadas las que están talando los bosques, no empiezan con este gobierno, ya hace años que están en la zona, y dentro de nuestro plan de trabajo está tener un inventario de todos los recursos para ver nuevas opciones de empleo y de organización con las comunidades”.
Se le mencionó que el cerro Teotepec sufre de tala clandestina, y afirmó, “es un centro muy asediado, antes estaba más protegido por las comunidades, pero ahora es utilizado como refugio tanto para fines lícitos como ilícitos. Ese lugar se tiene que cuidar, es uno de nuestros propósitos, racionar la explotación de los recursos”.
Afirmó que los avances más importantes del Plan Sierra son la construcción de caminos como en Puerto del Gallo, El Paraíso, Pie de la Cuesta, El Edén, “pero así se está dando en toda la región”.
Los comisarios municipales y comisariados ejidales del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno, de los municipios de Tecpan, Petatlán y Coyuca de Catalán, en la conferencia de prensa en la casa ejidal de Santa Rosa, ayer domingo, donde pidieron al gobierno del estado más seguridad, maestros y doctores Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar
Santa Rosa de Lima, Tecpan
Comisarios municipales y comisariados ejidales del corredor Santa Rosa-El Durazno, que abarca comunidades de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán, en conferencia de prensa, demandaron al gobierno estatal combatir con más rigor la inseguridad, la instalación de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), maestros en las escuelas de nivel básico, así como médicos y medicamentos en los centros de salud.
También denunciaron que desde el 1 de marzo, cuatro habitantes de la comunidad La Finca, perteneciente al ejido de Corrales, en el municipio de Petatlán, fueron privados de su libertad por integrantes del grupo criminal que mantiene asolada esa región y pidieron su liberación. Dijeron que identifican “completamente” a uno de los pistoleros que participó en el ilícito.
Este domingo, en la comisaría ejidal de Santa Rosa de Lima, un grupo de comisarios y comisariados ejidales de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán, ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de cómo les ha afectado el clima de inseguridad que luego del 10 de diciembre del 2022, un grupo de presuntos sicarios del grupo delincuencial La Familia Michoacana irrumpieron en la comunidad El Durazno y asesinaron a siete campesinos, entre ellos, un menor de edad.
La demanda principal al gobierno del estado es que haya más seguridad que la que ya se está proporcionando en Santa Rosa y en el crucero de San Antonio, con la BOM y que verdaderamente se persiga a los delincuentes para que esa región vuelva a tener paz, pues aseguraron que en lo que va del año, decenas de familias se han desplazado de las comunidades de la parte alta de ese corredor, para proteger sus vidas.
Asimismo, demandaron que se cumpla el ofrecimiento de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que les envíen maestros para las escuelas del nivel básico, pues en algunas, desde las vacaciones decembrinas del año pasado, no han regresado a las comunidades, y en algunas, los maestros sólo dan clases tres días a la semana con un horario de 9 de la mañana a las 12 del día, con el argumento de que hay inseguridad en la zona.
De igual forma, se dolieron de que no hay doctores en los centros de salud y en consecuencia, tampoco hay medicinas, por lo que las enfermedades son tratadas con remedios caseros o si la familia del enfermo tiene la posibilidad económica y de traslado, lo llevan al centro de salud más cercano, o llegan con él hasta la costa.
El comisariado ejidal de Las Mesas, municipio de Petatlán, Guillermo Villa Ávila, comentó que el 29 de enero y el 11 de febrero, integrantes del citado grupo criminal irrumpieron en esa comunidad y asesinaron a César Estrada Mendoza y Eladio Álvarez Villa.
Pidió que el gobierno instale una BOM como la que está en Santa Rosa, pues comentó que luego del homicidio de Eladio Álvarez, los militares estuvieron ahí sólo un mes y ya se retiraron, lo que hace vulnerable a toda la comunidad pues ahí es paso obligado para todo aquél que quiere pasar de la sierra a la costa y viceversa, además de que ha recibido reportes de los vecinos que en los últimos dos días se han visto luces en los cerros cercanos, durante las noches.
De los maestros y doctores, dijo que no tienen el servicio educativo en el nivel básico y el telebachillerato y tampoco tienen médico en el centro de salud. Platicó que la última vez que vieron un doctor en Las Mesas fue hace aproximadamente un mes, cuando el galeno de Santa Rosa subió con funcionarios del gobierno del estado y dio consultas durante dos horas.
Asimismo, se dolió por que las autoridades correspondientes han hecho oídos sordos a la tala clandestina de los recursos forestales con los que cuenta el ejido, pues ésta continúa.
El comisario de El Parotal, Francisco Solorio García, manifestó que luego de lo ocurrido en esa localidad el 28 de enero pasado, cuando policías estatales con presuntos integrantes de La Familia Michoacana entraron al poblado a catear domicilios y robaron objetos de valor, razón por la que fueron asesinados dos policías y tres civiles, y la situación de la inseguridad se ha recrudecido.
Dijo que no hay clases en la primaria, sólo en el jardín de niños y en la telesecundaria, por lo que también pidió que los maestros regresen a trabajar, “ni doctor” hay.
Luego, habló el comisario municipal de La Lajita, municipio de Petatlán, Rodrigo Mendoza Guevara, dijo que en su comunidad no tienen problemas de inseguridad pero sí les hacen falta los maestros, los cuales no han regresado a trabajar desde las vacaciones de diciembre.
Indicó que sólo tienen preescolar y primaria, que recientemente se abrió una secundaria atendida por jóvenes del Conafe, pero no han asistido a clases.
También habló el comisario municipal de Santa Rosa de Lima, Guillermo Salas Guillén, quien junto con sus pares de Papanoa, Jorge Alberto Blancas, y Los Laureles, Javier Vargas Jaimes, del mismo municipio de Tecpan, hicieron un llamado a la gobernadora para que se garantice completamente la seguridad en las comunidades de las partes altas de la sierra, porque aseguraron que todas las familias desplazadas de ese corredor, bajan a refugiarse en estas tres localidades de manera permanente y otras de manera temporal, antes de emigrar hacia otras ciudades o fuera del país.
Los tres comisarios también coincidieron en señalar que el desplazamiento forzado se ha visibilizado mucho más en estos tres meses del año, a consecuencia de los constantes hechos de violencia que han ocurrido en la sierra y que las familias desplazadas sufren para encontrar una fuente de ingresos.
El comisario de Los Laureles pidió que el gobierno estatal aplique políticas públicas, encaminadas a sanar la salud mental de la población de ese corredor, así como de las comunidades de la costa cercanas, principalmente en los niños, pues aseveró que en los últimos meses ha sido más notorio cómo los menores tienden a normalizar estos hechos de violencia y algunos a desarrollar psicosis.
La comisaria municipal de El Durazno, Coyuca de Catalán, comentó que en esa comunidad hay agradecimiento a la gobernadora Evelyn Salgado, por todo el apoyo que les está brindando al darles seguridad permanente, pero dijo que hace falta la construcción de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, “lo más pronto posible”.
Enseguida, se dolió que la semana pasada el alcalde de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tavares, haya subido hasta la comunidad El Pescado, en el ejido Guajes de Ayala, a llevarles apoyos y víveres a los pobladores, “incluso se habla que hasta les dejó una ambulancia y yo quiero decirle que también los ejidos El Durazno, Río Frío y San Antonio de las Tejas pertenecen al municipio”.
Más adelante, reprochó que los maestros para las primaria, secundaria y el telebachillerato, que envió la gobernadora Evelyn Salgado, ya no estén en la comunidad y que algunos de ellos hayan dicho que regresarán hasta el 19 de abril.
Por su parte, la comisaria municipal de Arroyo Verde, Petatlán, María del Carmen Salas Orozco, comentó que el clima de inseguridad repercute en su localidad, pues los maestros sólo dan clases dos o tres días a la semana, con un horario de 9 de la mañana a las 12 del mediodía.
El comisario municipal de Corrales, del municipio de Petatlán, José Acosta Lagunas, señaló que su ejido ha sido blanco de la delincuencia organizada, que en la comunidad La Finca el 1 de marzo, cuatro campesinos identificados como Jacinto Campuzano Galván y sus hijos Jacinto, Mauricio y Misael Campuzano García, fueron privados de su libertad por parte del citado grupo delincuencial, además de que incendiaron una vivienda.
Agregó, con lágrimas en los ojos, que este hecho provocó que las 20 familias que vivían en esa comunidad se salieran por completo y actualmente están las casas abandonadas.
No es la primera ocasión en que los grupos de la delincuencia organizada cometen hechos violentos contra los pobladores de esa comunidad, quienes también en esas mismas ocasiones se han tenido que salir y dejar su patrimonio, como pasó en noviembre de 2021, cuando un grupo de pistoleros se llevó a dos ganaderos y a los habitantes de ese lugar, así como de la comunidad La Soledad de los Enanos.
De los cuatro campesinos privados de su libertad el 1 de marzo, dijo que desconocen su paradero, pero que sí tienen plenamente identificada a una de las personas que iban en el grupo de gatilleros, por lo que pidió que los liberen, “la familia no quiere poner la denuncia porque tienen miedo de que les vayan a hacer algo a sus familiares”.
Luego, tocó el turno al presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, quien habló a nombre del ejido San Antonio de las Tejas, quien aseveró que “lo que más nos urge es la seguridad en toda la región, tanto en la parte alta como en la parte baja, pues nuestras actividades económicas y sociales están entrelazadas, por ejemplo, en el caso de Papanoa, ahí está toda la industria forestal y nosotros tenemos toda la materia prima arriba y entonces, si los ejidos no trabajan, Papanoa resiente”.
Sostuvo que lo que pase en la parte alta de la sierra afecta directa e indirectamente a las comunidades de la costa, “por eso es que este día están aquí comisarios y comisariados de toda esta ruta, que queremos decirle a la gobernadora que necesitamos más operativos, las bases están bien, ayudan mucho, el problema es que la delincuencia es que hay gente que quiere el territorio, la sierra es de paso”.
Aseguró que los líderes de ese grupo delincuencial, “vienen sobre los recursos forestales, sobre las minas, las huertas de aguacates, vienen sobre esas cosas y queremos seguridad”.
“Lo que les pedimos no es que los maten, sea como sea un muerto tendrá familia que los quiere de una u otra forma, se porten como se porten, lo que sí queremos es que por favor nos dejen en paz. No les gustaría que otras personas fueran a invadir a sus lugares”.
Señaló que eso ha originado el desplazamiento de los pobladores y dijo que en lo que va del año se han salido de sus comunidades las familias de Los Bayados y La Finca, “están dos pendientes que a lo mejor mañana (hoy) lunes se quedan solas también, que es la comunidad Las Mesas, me están comentando que anoche ya vieron gente cerquita del pueblo, muchos focos alrededor y ya la gente no aguanta”.
“La gente de la comunidad de mi ejido, San Antonio Tejas, también me dicen que si el Ejército no regresa, porque era el ejército el que estaba ahí, pero con lo que pasó en El Pescado, se recorrieron para allá”.
Agregó que “lo bueno y lo malo se tiene que decir, lo bueno que ha hecho y también lo que falta por hacer, que le ponga atención a los maestros”.
Dijo que hay una maestra originaria de la sierra, que desde hace 10 años le da clases a los niños en la comunidad La Piedra, municipio de Tecpan, que es el mismo tiempo que lleva luchando por un contrato en la SEG y porque los niños que van a la escuela que fundó sean reconocidos con una matrícula y centro de trabajo, “hasta la vez no se lo han dado”, acotó.
Las dos docentes que fueron enviadas por el gobierno estatal al plantel de telebachillerato en El Durazno, comunidad serrana del municipio de Coyuca de Catalán, este viernes abandonaron la localidad.
Éstas eran las únicas maestras que estaban dando clases también a todos los niños de jardín de niños, primaria y telesecundaria; así lo denunció la comisaria Azucena Rosas García, quien además, exigió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que obligue a los maestros a cumplir con su trabajo o que dejen el lugar a alguien que sí quiera trabajar.
En su página de Facebook, la gobernadora Salgado Pineda publicó una foto en la que se observa a dos jóvenes estudiantes bajo una bandera nacional, la mandataria añadió: “Les comparto esta imagen que me ha llegado al corazón, dos alumnas de telebachillerato estudiando al pie de nuestra bandera nacional en la comunidad El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, donde estuve hace unos días”.
“La educación sigue siendo nuestra herramienta más poderosa para la construcción de un Guerrero más próspero y en paz. Por eso, nuestro compromiso está más firme que nunca y no daremos ni un paso atrás hasta lograr que todas nuestras niñas y niños tengan las condiciones necesarias para prepararse debidamente”, añadió el mensaje de Salgado Pineda.
Vía telefónica, la comisaria municipal de El Durazno, Azucena Rosas, informó que la fotografía difundida por la gobernadora la subieron hace unos días las maestras de telebachillerato, que llegaron a la comunidad el pasado viernes 10 de marzo, y es en las instalaciones de la primaria, misma donde llegó Evelyn Salgado el 7 de marzo pasado, en un recorrido por el lugar.
Sin embargo, la comisaria reclamó que las dos maestras del telebachillerato sólo estuvieron ocho días, porque este viernes se bajaron de la localidad serrana, donde el pasado 10 de diciembre fueron asesinados siete hombres por integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana.
Contó que las docentes sólo les explicaron que se retiraban porque su jefe les había hablado, y que a ella no le informaron cuando llegaron ni se comunicaron cuando se retiraron, y reprochó que los maestros suben cuando quieren, por lo que exigió a la gobernadora que les pida a los maestros que cumplan con su trabajo, “se supone que para eso les están pagando, y no nos están dando el servicio”.
Reclamó que si a los docentes que envían a esa zona serrana no les interesa trabajar, que dejen el lugar libre para alguien que sí, y expuso que no sólo las maestras de telebachillerato se retiraron, sino que el día que llegaron ellas a la localidad, las maestras de jardín de niños, primaria y telesecundaria se bajaron. Añadió que habló por teléfono con una de ellas, para preguntarle cuándo regresaban, y le respondió que hasta el 17 de abril.
Mencionó que no están de acuerdo con que regresen hasta esa fecha, porque los niños ya perdieron muchas clases y todavía van a seguir perdiendo más.
Rosas García recalcó que después de que la gobernadora hizo su publicación en Facebook, envió un oficio a la Evelyn Salgado mediante el delegado de Gobernación de Costa Grande, Juan Méndez Nogueda, en el que planteó que se exija a los maestros que cumplan, “no estamos pidiendo nada de lo que no tengamos derecho”.
Manifestó que desde el 5 de abril de 2022, entregó un documento a la gobernadora que fue turnado al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativalas (IGIFE), en el que pidió la construcción de tres aulas de concreto para el plantel de Telebachillerato, además de baños, equipo de cómputo, microscopios, 50 butacas y tres pizarrones blancos, porque actualmente las aulas son de madera con techos de lámina, piso de tierra, pero lo único que han recibido son 50 pupitres para la primaria y tres pizarrones.
Aclaró que las dos maestras que llegaron no quisieron dar clases en el telebachillerato, porque las aulas de madera están a la orilla de la comunidad, y dieron clases en la primaria, donde se observa a las jóvenes en la imagen que difundió la gobernadora.
Respecto a la inseguridad, Azucena Rosas aseguró que continúan con recoridos de vigilancia, aunque en las comunidades colindantes han escuchado de que andan integrantes de La Familia Michoacana, quienes los atacaron en diciembre pasado, “en El Durazno tenemos seguridad permanente y no se han ido, no nos han dejado. Lo que sí le pediría, pues es que se persiga a los delincuentes, que los detengan”.
Llamó a la gobernadora Evelyn Salgado a llamarles la atención a los maestros para que cumplan con sus deberes, “no nada más que sea publicidad, una foto para la publicidad. No, que de verdad cumplan con sus deberes”.
Habitantes del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno, que junta comunidades rurales de los municipios de Petatlán, Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalán, lamentaron que ante la inseguridad de la región, los principales afectados de manera directa son niños y adolescentes que siguen sin tener clases desde el periodo vacacional de diciembre, “se puede decir que están perdiendo el ciclo escolar porque los maestros tienen miedo de subir a la sierra y con justa razón”.
En comunidades como Las Mesas, El Porvenir, El Parotal, El Mameycito, Arroyo Verde, El Cayado, Corrales, El Durazno, Santa Rosa, entre otras, no hay clases en ningún nivel educativo desde la masacre en El Durazno el 10 de diciembre pasado, que derivó en más violencia en El Parotal, La Calera de Santa Lucía, El Manguito, Santa Rosa y recientemente en Las Mesas.
Ayer lunes vía telefónica, uno de los habitantes de estas comunidades, se dolió de la falta de interés de los gobiernos federal y estatal para establecer el orden y la paz social en esa región, “no es posible que teniendo el conocimiento, los hombres suficientes, el armamento igual o mejor que el que trae esa gente que anda haciendo males, no es posible que no sean capaces de enfrentarlos para que dejen vivir en paz”.
Dijo que el miércoles de la semana pasada estuvo en la reunión con el director de Gobernación Francisco Rodríguez Cisneros, con comisarios municipales y comisariados ejidales, en donde “le hicieron ver que los niños no tienen clases desde diciembre porque tienen miedo de subir a los pueblos porque la situación está difícil”.
“Según salió el compromiso de que iban a dar una respuesta para que pusieran las bases (de Operaciones Mixtas) acá arriba y entonces sí, los maestros pudieran venir a dar clases, también los doctores que hacen falta, pero pasó esto de Las Mesas, ¿usted cree que van a querer subir los maestros?, no van a querer y no los culpamos porque con el ataque a Las Mesas muchas familias se están saliendo de ahí y de otros pueblos, se están yendo para otros lugares”.
Criticó que los gobiernos federal y estatal “sean tan buenos con esa gente, no los persiguen, no los molestan, no les hacen nada, al contrario, hasta parece que mandaron a los soldados ahí en Santa Rosa para que cuiden que la gente no se defienda mientras ellos entran a los pueblos a meter miedo, terror, a agarrar a gente inocente y sacarle las tripas para que las familias nos salgamos y dejemos nuestras tierras”.
La comisaria municipal de El Durazno, en la sierra de Coyuca de Catalán, Azucena Rosas García, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) que combatan a La Familia Michoacana, porque dijo que presuntos integrantes de este grupo del crimen organizado se mantienen en la localidad de La Laguna, a una hora y media de camino y temen vecinos de varios ejidos ser atacados.
El pasado miércoles, Azucena Rosas García pidió la presencia de más militares para resguardar a El Durazno, porque argumentó que recibieron la alerta de los habitantes de la localidad de El Pescado, de que hombres armados integrantes del grupo delictivo la Familia Michoacana a bordo de 13 camionetas se dirigían hacia su comunidad, además de que otros más a bordo de 40 camionetas estaban en Las Mesas del Guayabo, otro asentamiento cercano.
Este domingo consultada al respecto vía telefónica, la comisaria informó que la población realiza sus actividades con miedo, ante los reportes de que los hombres armados se encuentran a una hora y media de distancia en vehículo o cuatrimoto.
Dijo que a pesar de que está en El Durazno una base mixta de seguridad, con militares y policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) la gente “piensa que en cualquier momento van a llegar (los hombres armados)”.
Sostuvo que las familias que tienen sus terrenos de cultivo dejaron de acudir para sus cuidados o cosechar, y sólo las mujeres salen de la localidad serrana a revisar sus sembradíos.
Mencionó que los vecinos de otros ejidos como San Antonio de la Tejas, Corrales, Carrizal, Río Frío y Guajes de Ayala temen que los integrantes de la Familia Michoacana entren “a los pueblos y pase lo mismo que en El Durazno”, el pasado 10 de diciembre cuando fueron asesinados siete pobladores, entre ellos un menor de 15 años.
Azucena Rosas García afirmó que una razón de la incursión de los integrantes del grupo delictivo –que tiene su bastión en la Tierra Caliente de Guerrero y Estado de México– es quedarse con su ejido que es rico en madera y agua, “no solamente en El Durazno, en el San Antonio de la Tejas y El Carrizal hay varios ejidos que tienen madera, toda la sierra está llena de madera de distintos tipos”.
Lo que más se vende legalmente es el pino, sobre todo el ayacahuite mencionó la comisaria, y aseveró que antes del ataque de diciembre pasado, a los pobladores de El Durazno este grupo delictivo les pedía cuotas, “la gente se negó a pagar las cuotas, entonces ahora quieren todo, que nos salgamos”.
Dijo que a pesar de las amenazas para que huyan del lugar, los pobladores se niegan a hacerlo, “si toda la vida de aquí somos, no conocemos otra vida, aquí hemos estado y aquí nos vamos a quedar, nos dicen (los vecinos) de que nos vayamos a morir a otro lado, mejor nos vamos a morir aquí”.
La comisaria mencionó que El Durazno, ubicado en el corazón de la sierra, tiene salida hacia la Costa Grande y Tierra Caliente de Guerrero, también tiene acceso a un camino olvidado y construido hace años que conecta a las comunidades ubicadas en lo más alto de la sierra, desde Vallecitos de Zaragoza, en Zihuatanejo, hasta Filo de Caballos, en el municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), zona estigmatizada históricamente por el estado como de alta producción de amapola.
Mencionó que antes del ataque en diciembre eran aproximadamente 250 habitantes en El Durazno, sin embargo, a pesar de que muchos comenzaron a abandonar la localidad, actualmente al saber que hay una base de militares “están regresando las familias que se habían salido, yo pienso que van a ir regresando, porque acá tienen sus terrenos y huertas de aguacate”.
Azucena Rosas exigió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) combatir al grupo criminal La Familia Michoacana, porque “a ellos les pertenece enfrentar a la delincuencia organizada, y no nada más estamos nosotros expuestos, son varios ejidos a los que puede llegar esa gente a atacar”.
“El riesgo lo tenemos porque las camionetas ahí están, en un pueblito más arriba de El Pescado, donde antes había gente pero ahora está solo, se llama La Laguna, y ahí es donde están, cerca de El Durazno, como a una hora y media en cuatrimoto”.
A días de cumplirse dos meses del ataque, las autoridades estatales no han informado realmente qué ocurrió en El Durazno, el 16 de diciembre Azucena Rosas rechazó lo dicho por el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que se trató de un enfrentamiento armado y no de un ataque o masacre como lo habían informado en un primer momento los pobladores.
Sin embargo, el pasado 30 de enero de este año, pobladores de San Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, así como de las comunidades de Loma Baya, La Calera de Santa Lucía y El Manguito, de Petatlán, tuvieron enfrentamientos a balazos con presuntos integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana.
Según los vecinos de estas localidades, el enfrentamiento se debió a que el sábado 28 de enero en un operativo de la Policía Estatal fueron asesinados tres miembros de la Familia Michoacana y dos policías del estado, en El Parotal, municipio de Petatlán, lo que revela un proceso de expansión de este grupo delictivo en la zona serrana y costa de Guerrero.
Hombres armados a bordo de 13 camionetas salieron de la localidad El Pescado hacia El Durazno, en la sierra de Coyuca de Catalán, recibieron la aterta los habitantes de esta última comunidad y pidieron la presencia de más militares para dar resguardo, “porque los que hay, van a ser superados en número”.
Los vecinos dijeron que también les avisaron que el martes, por el lado de Las Mesas del Guayabo llegaron 40 camionetas del grupo delincuencial La Familia Michoacana, “ahí las dejaron y agarraron caminando, suponemos que también van a ir a tirar a El Durazno”.
Consultada vía telefónica sobre esta información, la comisaria municipal de El Durazno, Azucena Rosas García, la confirmó y solicitó al gobierno federal y estatal, “con carácter de urgente, que suban a reforzar a los soldados que están en El Durazno, es muchísima gente armada la que anda merodeando esta parte de la sierra y de El Durazno”, pidió. (Redacción / Chilpancingo).
