Etiqueta: La Ciénega

No ha aceptado el gobierno la recomendación de la CNDH sobre desplazados, señala Teodomira Rosales

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

La directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra denunció que el gobierno del estado se niega a acatar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para atender a las víctimas de desplazamiento interno forzado por la violencia.
Además, informó que en varios foros a los que ha acudido en Europa a hablar sobre las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, “Guerrero ya es un referente internacional de la violencia”.
Anunció una reunión regional de desplazados que se celebrará este sábado y domingo en Cuernavaca con personal de la CNDH y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para darles a conocer sus derechos y compartir historias.
Consultada vía telefónica, Teodomira Rosales informó que los municipios ya aceptaron la recomendación 171/2023, fechada el 29 de septiembre de este año, “nos falta que la acepte el gobierno del estado, nos dicen que la están revisando y que la van a aceptar. Se niegan porque no quieren aceptar que hay desplazados, aceptando la recomendación aceptan que hay desplazados por la violencia de los grupos criminales, y además es mucho el dinero que tiene que desembolsar para darle una atención integral a las víctimas”.
Del encuentro en Cuernavaca este fin de semana precisó que es justo para las 171 personas desplazadas mencionadas en la citada recomendación, de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco), Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Zitlala.
Dijo que la intención es reunir a los desplazados para informarles que tienen derecho a una reparación integral del daño y a una reubicación digna, entre otros, pero “no podemos ir a Chichihualco por la situación de violencia”.
“Este encuentro es para reorganizarnos, se va a hacer en Morelos, porque así como está el estado de Guerrero las víctimas tienen muchísimo miedo de regresar, hay muchos desplazados de la sierra de El Durazno, La Ciénega, Petatlán, San Miguel Totolapan, pero allá no hemos podido entrar porque es mucho el riesgo”, agregó.
Teodomira Rosales informó que además acudirán desplazados que viven en Estados Unidos a donde acudieron a pedir asilo, así como organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos que brindan el apoyo de acompañamiento con abogados, “han hecho refugios en Estados Unidos o en la frontera, nos han apoyado”.
En esa zona, agregó, hay además una lucha para que pare el tráfico de armas del país vecino hacia México, “porque el desplazamiento forzado lo ocasionan con las armas de alto calibre, estamos viendo cómo parar el tráfico, ya se envió una propuesta al presidente Biden y fue aceptada”.
“El Centro Morelos ha planteado que el flujo de armas ocupa un espacio muy importante en el desplazamiento, buscamos que este fenómeno pare, porque el derecho a la vida en México no está garantizado”, dijo.
“Nos preocupa que todos los de Guerrero se vayan, tenemos muchas comunidades fantasma, la gente se va a sufrir fuera de sus casas teniendo buenas tierras, vivimos en un estado rico en recursos naturales, pero existe mucho narco paramilitar, que no deja que crezca la economía, y no hay garantías para proteger la vida de la población”, advirtió.
La activista mencionó que desde el año 2019 hay un compromiso de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la CNDH y de la CEAV para mejorar la calidad de vida de las víctimas y que se reconociera el fenómeno del desplazamiento interno forzado en el código penal, “pero no fue regalado, se logró tras un plantón de 37 días en Palacio Nacional”, añadió.
En la mencionada recomendación publicada en la página oficial de la CNDH se mencionan como evidencias, “escritos de quejas presentados en fechas 14 y 22 de abril de 2021, por 95 personas víctimas de desplazamiento forzado interno ocurrido los días 2 y 11 de noviembre de 2018, en las comunidades localizadas en los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, estado de Guerrero, mediante los que refirieron violaciones a sus derechos humanos en su agravio y de sus familiares, atribuidos a la Sedena, el gobierno del estado de Guerrero, la Policía Estatal y las de los citados municipios, y fueron contestes en indicar que a pesar de tener conocimiento de los hechos no les brindaron protección y medidas para su retorno”.
El organismo recomienda “a las personas titulares del gobierno del estado de Guerrero, así como de las presidencias municipales de Leonardo Bravo y Zitlala del estado de Guerrero: Deberán, de manera conjunta, emitir una disculpa pública en la que reconocerán su responsabilidad como agentes del Estado mexicano, en un término que no exceda de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación. Hecho lo anterior, se envíen a esta Comisión Nacional todas aquellas documentales que permitan acreditar su cumplimiento”.
“En el término de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, deberán diseñar e impartir talleres de sensibilización para las personas servidoras públicas adscritas al gobierno del estado de Guerrero, así como de los ayuntamientos de Leonardo Bravo y Zitlala, respectivamente, en materia de Derechos Humanos y sobre consecuencias del desplazamiento forzado interno a nivel local y federal, los cuales deberán ser efectivos

para prevenir hechos similares a los del presente caso, ello, con la finalidad de atender también a una cultura de paz del Estado mexicano. Los cursos deberán ser impartidos por personal que acredite estar calificado y con suficiente experiencia en derechos humanos; que incluya programa, objetivos, currículos de las personas facilitadoras, lista de asistencia, videos y constancias”
“En el término de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, deberán realizar en coordinación un censo actualizado que corrobore el número de personas víctimas directas e indirectas que salieron de sus domicilios y estén en relación con los eventos de Desplazamiento Interno Forzado analizados en la presente Recomendación. Lo anterior, con la finalidad de poder generar una adecuada planeación de los recursos tanto materiales como humanos, indispensables respecto a las medidas que de manera individual y colaborativamente se implementaran en favor de las víctimas de desplazamiento forzado”.

Sorprende en España la violencia desatada en Guerrero

Informó que del 5 al 8 de septiembre estuvo en España en donde presentó una ponencia sobre el desplazamiento provocado por la violencia del crimen organizado.
“Las universidades en España y el presidente vasco se quedaron sorprendidos de la violación a los derechos humanos en México, cuando Europa aporta recursos para la protección de periodistas y de defensores de derechos humanos, se sorprenden de que no se garantice nuestra seguridad y de que el gobierno haga oídos sordos”.
“Comenté el problema de las armas que usa el crimen organizado, mencionábamos el por qué y en qué zonas abundan los pleitos de territorio del crimen organizado y que es en Guerrero en donde se concentran estos grupos criminales, en la sierra por el oro, por los bosques, porque hay dinero, y en la Montaña por el trasiego de droga y la mano de obra barata”, indicó.
“Nos decían que Europa aporta recursos para que se garanticen los derechos, pero ahorita somos los más vulnerables los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas, mencioné los casos de periodistas asesinados y amenazados”, destacó.
Advirtió que los defensores de derechos humanos, “estamos vulnerables, muchos prefieren retirarse porque su vida está en peligro”. Dijo que a los europeos, “les sorprende la violencia en México porque son los grupos criminales los que ponen a los presidentes de cada municipio e incluso a los gobernadores de los estados, eso no es posible, hay muchos defensores que se ven en riesgo y se van a otros estados o a otro país para poder seguir viviendo”.
Teodomira Rosales informó que ganó el Premio Vasco de Derechos Humanos. Sin embargo, lamentó que “México es referente de la violencia a nivel internacional, Guerrero ya es un referente de la violencia a nivel internacional, a mí me estaban cazando como cosa de comer”.

No son 14 hectáreas las que reclama la familia de Huicochea al ejido de La Ciénega

Ejidatarios de La Ciénega, municipio de Chilpancingo, dijeron que no son 14 hectáreas de terreno de su ejido las que pelea la familia del presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea, sino que se trata de unos metros, según les aclararon, y que dialogarán en una audiencia en el Juzgado Mixto de Paz.
El martes, los ejidatarios se reunieron en la entrada del lugar y denunciaron que la familia del líder priista quería despojarlos de sus tierras, pese a que tienen el plano que comprueba que son propiedad de los ejidatarios.
Al siguiente día tenían que ir al juzgado Mixto de Paz, pues les notificaron que la familia de Huicochea Vázquez quería aclarar su demanda.
En consulta telefónica, el ejidatario Juvencio Díaz expuso que acudieron al juzgado, pero no hubo audiencia, pues tenían que llevar ingenieros ambas partes para hacer las delimitaciones, por lo que les darán nueva fecha.
“El problema no es tan mayor como se había planteado, simplemente la diferencia está en cuestión de que casi podríamos hablar de metros”, aclaró el ejidatario.
Añadió que no saben cuántos metros son los que reclama la familia Huicochea, pero pidieron un informe que indique lo que es de ellos, y con base en este, los ejidatarios determinarán si aceptan o no. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Pretenden despojarlos de 14 hectáreas familiares del líder del PRI estatal, denuncian ejidatarios

Ejidatarios de La Ciénega, al oriente Chilpancingo, denunciaron que la familia del presidente del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, pretende adjudicarse 14 hectáreas de sus tierras, de las que tienen el plano para comprobar que son propiedad de los ejidatarios.
Los inconformes se reunieron en la entrada del ejido para leer las notificaciones que les giraron para que se presenten en el Juzgado Mixto de Paz, y para hablar sobre estas tierras.
Señalan que es mentira que esas tierras sean de la familia del dirigente priista, quienes son dueños del Parque Cementerio La Paz, que está junto al ejido.
Dijeron que tienen la resolución presidencial que marca el ejido, el deslinde y la ejecución de la sentencia del 10 de marzo de 1994, emitida por el Tribunal Superior Agrario, en el expediente 1776-93.
Asimismo, tienen el plano donde se marcan las mojoneras de las colindancias, que también se pueden ver en imágenes de satélite, y abarca unas 2 mil 675 hectáreas.
Añadieron que la notificación les llegó a la casa del comisariado el miércoles, les presentaron un polígono de terreno, por lo que los citaron al juzgado Mixto de Paz a las 3:30 de la tarde para decirles que ya compraron esas tierras, pero no acudieron. Agregaron que hay una segunda notificación para este miércoles, a la que sí acudirán para defender sus tierras.
“De hecho, es una invasión que ellos están haciendo, porque no se pueden meter al ejido sin previo permiso, nos traen un documento de Catastro de que ya está el polígono de las 14 hectáreas, (pero) ya realmente los comisariados saben cómo está el ejido”, sostuvieron.
Reprocharon que el Ayuntamiento se meta en el asunto, y que les presentaron escrituras, pero no un documento del Registro Público de la Propiedad.
Dijeron que desconocen por qué les quieren despojar de esas tierras que pertenecen a los 100 ejidatarios, avecindados y posesionados del lugar.
“La postura es dialogar, platicar con ellos… notros no tenemos nada que ver en el asunto… que hagan su demanda y allá nos manden a traer”, añadieron. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

La mañana de este sábado un hombre torturado y asesinado fue hallado en Chilapa.

Fuentes de seguridad pública informaron que a las 10 de la mañana recibieron el reporte de que entre las colonias La Ciénega y El Polvorín, a un costado del río Ajolote, se encontraba un vehículo abandonado del cual emanaban olores fétidos.
El primer reporte dice que se trababa de dos víctimas pero al lugar acudieron policías estatales y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), que confirmaron que se encontraba un vehículo Chevrolet tipo Aveo gris con placas HCM-65-59 de Guerrero, serie 3G1TA51F9EL167485, con reporte de robo, en el que se encontró el cuerpo de un hombre que no fue identificado.

 

En este año 20 mujeres indígenas me’phaa han sido asesinadas en Ayutla y Acatepec, denuncia la OPIM

 

En medio de una violencia que ha dejado 20 asesinatos de mujeres me’phaa en lo que va del año, solamente en los municipios de Ayutla y Acatepec, y la negativa del gobierno estatal a abrir el Centro de Atención a la Mujer Indígena en Ayutla, se celebra este 25 de noviembre el Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
La presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel se quejó de que los gobiernos estatal y federal no tienen voluntad para revertir el ambiente de violencia que se acentúa en contra de las mujeres.
Informó que en lo que va del año, 20 mujeres me’phaa han sido asesinadas en diferentes sitios del estado.
Detalló que los casos emblemáticos son dos mujeres de La Ciénega, municipio de Ayutla, quienes fueron asesinadas en Acapulco donde trabajaban para ayudar al sustento de sus familias; en Tres Cruces asesinaron a tres; otra fue asesinada en Tlapa, y dos más en Barranca de Guadalupe.
“Con todo esto, no nos pueden decir que no hay violencia contra las mujeres, y todavía el gobierno estatal se niega a abrir el Centro de Atención a la Mujer Indígena de Ayutla, en donde debieran ser atendidas las mujeres víctimas de violencia y sus familiares”, dijo.
La presidenta de la OPIM denunció que el gobierno estatal se ha negado a declarar la alerta de género, aun cuando siguen matando a las mujeres.
La dirigente indígena lamentó que los gobiernos federal y estatal todavía no hayan inaugurado el Centro de Atención a la Mujer Indígena de Ayutla, que se construyó como parte de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Coidh) por el caso de la violación de la indígena Inés Fernández Ortega.
Dijo que el gobierno estatal ha argumentado que no se ponen de acuerdo en quién va a administrar el Centro.
Aclaró que, cuando menos la OPIM no quiere adueñarse de la institución, sino que pide que las mujeres que pertenecen a esta agrupación formen parte, porque es lo que dice la sentencia de la Coidh.
Sin embargo, explicó que las autoridades estatales se están aprovechando de las diferencias para no abrir las instalaciones de ese centro con lo que se está retrasando la atención a las mujeres indígenas e incumpliendo el resolutivo de la sentencia de la Corte Interamericana.
Eugenio Manuel demandó que ya basta de que el gobierno argumente que alguien quiere adueñarse del Centro, “en la sentencia se define cómo debe trabajar. Establece que se tiene que hacer un fideicomiso para que pueda funcionar ese centro”, explicó.
Añadió que en la misma resolución menciona que, en ese Centro tienen que participar todas las mujeres indígenas, “y si Inés Fernández Ortega quiere participar, así dice la sentencia, pero nadie ha dicho que alguien es el dueño, ni Tlachinollan, ni Inés son los dueños, ese es un organismo colectivo”.
Insistió que en el caso de la OPIM, simplemente pide su inclusión, y que ya se abra para que las mujeres indígenas reciben el apoyo a través de ese Centro.