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No ha aceptado el gobierno la recomendación de la CNDH sobre desplazados, señala Teodomira Rosales

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

La directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra denunció que el gobierno del estado se niega a acatar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para atender a las víctimas de desplazamiento interno forzado por la violencia.
Además, informó que en varios foros a los que ha acudido en Europa a hablar sobre las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, “Guerrero ya es un referente internacional de la violencia”.
Anunció una reunión regional de desplazados que se celebrará este sábado y domingo en Cuernavaca con personal de la CNDH y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para darles a conocer sus derechos y compartir historias.
Consultada vía telefónica, Teodomira Rosales informó que los municipios ya aceptaron la recomendación 171/2023, fechada el 29 de septiembre de este año, “nos falta que la acepte el gobierno del estado, nos dicen que la están revisando y que la van a aceptar. Se niegan porque no quieren aceptar que hay desplazados, aceptando la recomendación aceptan que hay desplazados por la violencia de los grupos criminales, y además es mucho el dinero que tiene que desembolsar para darle una atención integral a las víctimas”.
Del encuentro en Cuernavaca este fin de semana precisó que es justo para las 171 personas desplazadas mencionadas en la citada recomendación, de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco), Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Zitlala.
Dijo que la intención es reunir a los desplazados para informarles que tienen derecho a una reparación integral del daño y a una reubicación digna, entre otros, pero “no podemos ir a Chichihualco por la situación de violencia”.
“Este encuentro es para reorganizarnos, se va a hacer en Morelos, porque así como está el estado de Guerrero las víctimas tienen muchísimo miedo de regresar, hay muchos desplazados de la sierra de El Durazno, La Ciénega, Petatlán, San Miguel Totolapan, pero allá no hemos podido entrar porque es mucho el riesgo”, agregó.
Teodomira Rosales informó que además acudirán desplazados que viven en Estados Unidos a donde acudieron a pedir asilo, así como organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos que brindan el apoyo de acompañamiento con abogados, “han hecho refugios en Estados Unidos o en la frontera, nos han apoyado”.
En esa zona, agregó, hay además una lucha para que pare el tráfico de armas del país vecino hacia México, “porque el desplazamiento forzado lo ocasionan con las armas de alto calibre, estamos viendo cómo parar el tráfico, ya se envió una propuesta al presidente Biden y fue aceptada”.
“El Centro Morelos ha planteado que el flujo de armas ocupa un espacio muy importante en el desplazamiento, buscamos que este fenómeno pare, porque el derecho a la vida en México no está garantizado”, dijo.
“Nos preocupa que todos los de Guerrero se vayan, tenemos muchas comunidades fantasma, la gente se va a sufrir fuera de sus casas teniendo buenas tierras, vivimos en un estado rico en recursos naturales, pero existe mucho narco paramilitar, que no deja que crezca la economía, y no hay garantías para proteger la vida de la población”, advirtió.
La activista mencionó que desde el año 2019 hay un compromiso de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la CNDH y de la CEAV para mejorar la calidad de vida de las víctimas y que se reconociera el fenómeno del desplazamiento interno forzado en el código penal, “pero no fue regalado, se logró tras un plantón de 37 días en Palacio Nacional”, añadió.
En la mencionada recomendación publicada en la página oficial de la CNDH se mencionan como evidencias, “escritos de quejas presentados en fechas 14 y 22 de abril de 2021, por 95 personas víctimas de desplazamiento forzado interno ocurrido los días 2 y 11 de noviembre de 2018, en las comunidades localizadas en los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, estado de Guerrero, mediante los que refirieron violaciones a sus derechos humanos en su agravio y de sus familiares, atribuidos a la Sedena, el gobierno del estado de Guerrero, la Policía Estatal y las de los citados municipios, y fueron contestes en indicar que a pesar de tener conocimiento de los hechos no les brindaron protección y medidas para su retorno”.
El organismo recomienda “a las personas titulares del gobierno del estado de Guerrero, así como de las presidencias municipales de Leonardo Bravo y Zitlala del estado de Guerrero: Deberán, de manera conjunta, emitir una disculpa pública en la que reconocerán su responsabilidad como agentes del Estado mexicano, en un término que no exceda de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación. Hecho lo anterior, se envíen a esta Comisión Nacional todas aquellas documentales que permitan acreditar su cumplimiento”.
“En el término de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, deberán diseñar e impartir talleres de sensibilización para las personas servidoras públicas adscritas al gobierno del estado de Guerrero, así como de los ayuntamientos de Leonardo Bravo y Zitlala, respectivamente, en materia de Derechos Humanos y sobre consecuencias del desplazamiento forzado interno a nivel local y federal, los cuales deberán ser efectivos

para prevenir hechos similares a los del presente caso, ello, con la finalidad de atender también a una cultura de paz del Estado mexicano. Los cursos deberán ser impartidos por personal que acredite estar calificado y con suficiente experiencia en derechos humanos; que incluya programa, objetivos, currículos de las personas facilitadoras, lista de asistencia, videos y constancias”
“En el término de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, deberán realizar en coordinación un censo actualizado que corrobore el número de personas víctimas directas e indirectas que salieron de sus domicilios y estén en relación con los eventos de Desplazamiento Interno Forzado analizados en la presente Recomendación. Lo anterior, con la finalidad de poder generar una adecuada planeación de los recursos tanto materiales como humanos, indispensables respecto a las medidas que de manera individual y colaborativamente se implementaran en favor de las víctimas de desplazamiento forzado”.

Sorprende en España la violencia desatada en Guerrero

Informó que del 5 al 8 de septiembre estuvo en España en donde presentó una ponencia sobre el desplazamiento provocado por la violencia del crimen organizado.
“Las universidades en España y el presidente vasco se quedaron sorprendidos de la violación a los derechos humanos en México, cuando Europa aporta recursos para la protección de periodistas y de defensores de derechos humanos, se sorprenden de que no se garantice nuestra seguridad y de que el gobierno haga oídos sordos”.
“Comenté el problema de las armas que usa el crimen organizado, mencionábamos el por qué y en qué zonas abundan los pleitos de territorio del crimen organizado y que es en Guerrero en donde se concentran estos grupos criminales, en la sierra por el oro, por los bosques, porque hay dinero, y en la Montaña por el trasiego de droga y la mano de obra barata”, indicó.
“Nos decían que Europa aporta recursos para que se garanticen los derechos, pero ahorita somos los más vulnerables los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas, mencioné los casos de periodistas asesinados y amenazados”, destacó.
Advirtió que los defensores de derechos humanos, “estamos vulnerables, muchos prefieren retirarse porque su vida está en peligro”. Dijo que a los europeos, “les sorprende la violencia en México porque son los grupos criminales los que ponen a los presidentes de cada municipio e incluso a los gobernadores de los estados, eso no es posible, hay muchos defensores que se ven en riesgo y se van a otros estados o a otro país para poder seguir viviendo”.
Teodomira Rosales informó que ganó el Premio Vasco de Derechos Humanos. Sin embargo, lamentó que “México es referente de la violencia a nivel internacional, Guerrero ya es un referente de la violencia a nivel internacional, a mí me estaban cazando como cosa de comer”.

Desconocen en la Fiscalía los expedientes de desaparecidos, denuncia el Centro Morelos

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, informó que se reunió el miércoles pasdao con los fiscales especiales de Protección de los Derechos Humanos y de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE), y denunció que debido al cambio de funcionarios los nuevos desconocen los expedientes de sus casos y no logran acuerdos ante sus demandas de reparación del daño a familiares de víctimas de desaparición.
Ayer mediante un boletín, Teodomira Rosales indicó que el miércoles 14 de diciembre se reunió una comisión del Centro Morelos en las instalaciones del auditorio del área capacitación de la FGE en Chilpancingo, con encargada de la Fiscalía Especializada para la Protección de los Derechos Humanos, Mariana Lara Guizado, y el encargado de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Daniel Cerrillo Huerta.
Lamentó que ante el problema de desaparición se siguen repitiendo las mismas fallas y falta de responsabilidad en la Fiscalía, porque el acuerdo era que el encuentro sería con la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien no acudió.
Reprochó que los funcionarios con quienes dialogaron son recién nombrados en los cargos y desconocen los casos que les presentaron, lo que los obliga a empezar de cero, porque les pidieron los expedientes de las carpetas de investigación y de las averiguaciones previas para revisarlas y estar al corriente.
Aseguró que a pesar de sus reclamos acordaron entregarles “todas las carpetas de investigación que tiene el Centro Morelos para que desde ahí se dé seguimiento a los procesos de investigación”.
Destacó que también plantearon el caso de ocho familias de víctimas de desaparición a quienes ya les entregaron los restos de sus familiares, y ahora requieren la reparación del daño, por ello solicitaron “la declaración de incompetencia de la FGE ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que ésta se avoque a realizar la reparación”, pero les respondieron que era mejor seguir con las investigaciones, dar con los responsables del delito, juzgarlos y sentenciarlos, y posteriormente se realice dicha reparación, determinación que consideraron insensible.
Rosales Sierra contó que también les manifestaron que ante la falta de investigaciones y localización de desaparecidos, que se busque la manera de reparar el daño a las familias, pero no hubo ningún acuerdo.
De su petición de que a las familias de desaparecidos, de las que no especificó la cantidad, se les otorguen apoyos de 3 mil pesos para el pago de renta y 4 mil pesos para alimentación, dijo que los fiscales especializados se comprometieron a hablar con la encargada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el estado, Enedina Medrano Serrano.
Otro acuerdo fue que la FGE gestionará con la comisionada de la CEAV becas especiales para las niñas y los niños hijos de los desaparecidos y de familias desplazadas.
Teodomira Rosales informó que también plantearon que a las familias víctimas de desplazamiento forzado interno se les reclasifiquen las denuncias que presentaron, y se comprometieron a que en la próxima reunión asistirá la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón, porque es quien debe indicar esa reclasificación que se presentaron por despojo, robo a casa habitación o abigeato.
Agregó que el avance de los compromisos son muy inciertos, porque las instituciones están “muy rebasadas y existe poca voluntad y experiencia para atender y resolver los muchos casos que enfrentan, mientras que la violencia y criminalidad no son enfrentados con efectividad”.
La directora del Centro Morelos aseveró que el año está por terminar y sigue, “sin haber una estrategia clara de seguridad pública y nuevamente quedarán muchas deudas por parte de los gobiernos federal y estatal”.
En un boletín, la FGE dio a conocer también el encuentro con miembros del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón para establecer mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Dijo que por instrucciones de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, “el fiscal especializado en Búsqueda de Personas Desaparecidas, Daniel Cerrillo Huerta, la encargada de la Fiscalía de Derechos Humanos, Mariana Lara Guizado y en coordinación con encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda, Gabriela Lozano Reza, recibieron en las instalaciones de la FGE a integrantes del Centro Morelos.
Aseguró que la reunión buscó “brindar atención directa y continuar trazando líneas de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos, así como expresar el compromiso de sumarse a las acciones de búsqueda, para la localización de los agraviados”.
Expone que la FGE “mantendrá comunicación continua y permanente con las víctimas indirectas, para brindar información puntualmente sobre las diligencias que se realicen en cada caso, con la finalidad de ofrecer atención oportuna y respaldo total”.

Deploran activistas propuesta de diputado de amnistiar al crimen

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales desaprobaron la propuesta del diputado local de Morena, Antonio Helguera Jiménez, respecto a iniciar el diálogo con grupos del crimen organizado y “empezar a plantearles una amnistía” a quienes accedan a dejar de delinquir.
El director del Centro de Derechos de las Víctimas, Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio (Centro Minerva Bello); la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, y la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, coincidieron que la amnistía debe ser para defensores sociales, presos por motivos políticos, indígenas y para personas pobres que no tienen para pagar abogados.
También rechazaron la apreciación del diputado de que la estrategia contra la violencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de “abrazos no balazos” es “buena en el sentido de no reprimir”, pero que ahora se debe también buscar una estrategia de diálogo.
Criticaron que se ha militarizado el país y el estado, “y de todos modos se incrementaron los enfrentamientos y los asesinatos en lugares como Acapulco y Chilpancingo”. Rosales Sierra y Velázquez Florencio coincidieron que el problema es la colusión de las autoridades con los grupos delictivos.

No se debe dar mismo trato que a víctimas: Centro Minerva Bello

El director del Centro Minerva Bello, Velázquez Florencio, dijo respecto a la amnistía a criminales, que no se puede darse el mismo trato a los perpetradores de la violencia como a las víctimas, “no se puede solamente beneficiarse a los victimarios sin haber reparado el daño al que se siente ofendido”.
Para el sacerdote, esta propuesta es “una opción muy corta, se necesita primero un trabajo para llenar el vacío que existe en atención a las vííctimas, en la cuestión de procuración de justicia, es decir, que disminuya la impunidad”.
Criticó que la propuesta del diputado morenista está beneficiando al crimen organizado básicamente, cuando el problema de la violencia es multifactorial, es parte de una solución pero ésta debe ser más amplia, que tenga que ver con el fortalecimiento del tejido social y la atención a las víctimas”, declaró por teléfono.
Reiteró que no se puede dar un beneficio a alguien sin haber hecho todo un trabajo para que les víctimas puedan decir: “sí, estamos de acuerdo”, y advirtió que si se llevara a cabo la propuesta lo único generará será un descontento en aquellos que han sido víctimas de la violencia.
Con respecto a la estrategia de seguridad del gobierno federal, opinó que ésta se ha enfocado en reforzar desde el nivel federal la militarización, “cuando quienes podrían solucionar el problema de la violencia son las policías municipales, pero en lugar de fortalecerlas se les ha desarticulado”.
Informó que el mismo personal del Ejército en algunas conversaciones se ha quejado que por fortalecer a la Guardia Nacional a ellos se les ha dejado en el olvido, que no les han aumentado sus salarios y sus equipos son obsoletos o viejos.
“Quieren solucionar todo fortaleciendo a un fuerza, mientras se está debilitando al sector que podría tener un poco más de impacto por la cercanía que se tiene con la población”.
Dijo que es evidente que la estrategia actual no ha funcionado y el ejemplo es el número de personas asesinadas recientemente en Acapulco y Chilpancingo, “y ante ello la única solución para ellos es pasear a marinos en las playas y calles como si eso fuera la única estrategia”.
Para el defensor de derechos humanos se necesita una estrategia de campo y de investigación, “pero si los militares no saben investigar cómo van a ir contra quienes han perpetrado estos hechos, mucho menos si las autoridades siguen coludidas con el crimen organizado para poder llegar al poder”.

Aumentaría impunidad: Centro Morelos

La directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales, declaró que una amnistía para los criminales aumentaría la impunidad, “van a cometer los delitos sabiendo que rápido van a salir, y se supone que la amnistía es para favorecer a defensores de derechos humanos, luchadores sociales, no para criminales”.
Para la defensora de derechos humanos no estaría mal dialogar con los criminales, pero si estos respetaran los acuerdos y también el gobierno, “pero siempre salen grupos pequeños, ¿y como hacer entender a estos grupos pequeños?”.
Además dijo que como se resolvería la violencia con el diálogo si “desde el gobierno está una mafia grande, si se llega a un diálogo con estas personas, tendría que empezarse por el gobierno, desde dentro, o bien hacer una limpieza desde el gobierno hacia afuera, porque si se habla de afuera para dentro, no habrá alguna solución”.
Rosales también rechazó que la estrategia en materia de seguridad del gobierno federal esté dando resultados: “estando las ciudades militarizadas siguen los enfrentamientos, siguen desapareciendo personas y levantando gente, ya es un caos”.
Para la directora del Centro Morelos, la estrategia del presidente López Obrador de militarizar la seguridad, “solamente es un dinero mal invertido, creo que el presidente, con todas sus ganas de cambiar el país y el estado, ha fallado en esa estrategia”.
Insistió que para atender el problema de violencia debe hacerse una limpieza “contundente desde adentro del gobierno”. En su opinión, hasta ahora esa estrategia de abrazos no balazos y por otro lado militarizar el país no ha cambiado nada la situación de violencia, “hasta las playas se han militarizado y de todos modos siguen los enfrentamientos y asesinatos”.
Una propuesta lamentable: OCSS

La dirigente de la OCSS, Norma Mesino, agrupación que ha venido exigiendo la liberación de cuatro de sus integrantes, sobrevivientes de la masacre del Vado de Aguas Blancas, calificó como “lamentable” la propuesta del diputado Helguera Jiménez, respecto a dialogar y amnistiar a los criminales.
“No puede ser que se pretenda dar prioridad a los criminales, que a un defensor de derechos humanos”, reprochó.
Anunció que como organización van a pedir a los diputados que la Ley de Amnistía que está en proceso en Guerrero se apruebe pero para beneficiar a defensores y defensoras de derechos humanos que purgan condenas por delitos sociales.
También para que se beneficien a indígenas y a mujeres que han sido criminalizadas, porque no han tenido una buena defensoría.
“Las cárceles están llenas de gente inocente y para ellos debieran estar trabajando esos diputados que lamentablemente le están dando prioridad a los criminales”. Dijo que los criminales salen de las cárceles sin trabas legales, “como sí las estamos viendo en el caso de Gerónimo Hernández Refugio, a quien le aplicaron (el martes) tres años más de cárcel mediante un proceso que no debería aplicársele”.
Dijo que no se le puede dar un trato igual a un criminal, que a un defensor o a un preso que por ser pobre está en la cárcel.
“Vamos a buscar a los diputados porque la ley de amnistía atorada en Guerrero, debe aprobarse pero para beneficiar a los presos que purgan condenas con procesos amañados o indígenas que no tienen para pagar abogados”.