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Denuncian vecinos “despojo” para hacer cuartel de la GN en la Parque Ecológico de Viveristas

Karina Contreras

Alrededor de 40 vecinos de la colonia Parque Ecológico de Viveristas, ubicada en la zona Diamante, denunciaron que autoridades los tres órdenes de gobierno los están “despojando” de las áreas verdes del asentamiento para construir un cuartel de la Guardia Nacional.
Además, señalaron que se pretende construir en una hectárea una unidad habitacional para los guardias en la cancha de futbol, todo esto sin avisarles.
En el lugar ya se ven avances de lo que será el área perimetral, así como el edificio del uno de los 20 cuarteles que anunció el gobierno federal que habrá en Acapulco. Los inconformes contaron que hace 15 días acudieron funcionarios del Ayuntamiento y del Ejército para ver el lugar.
La vecina Ana Luisa Campos Aparicio dijo que nunca les consultaron sobre el uso del predio para la Guardia Nacional y que cuando reclamaron les dijeron que esas áreas verdes pertenecen al Ayuntamiento.
Le informaron que el predio ya fue “donado” para la Guardia Nacional y cuando reclamó que no les informen lo que se hará en la colonia le respondieron que todas las áreas verdes pertenecen al municipio.
Señaló que ellos fueron reubicados y dicen las escrituras que las áreas verdes son “equipamiento urbano”, por lo que “hay escrituras que sustentan que esto es de nosotros”.
Indicó Ana Luisa Campos que desde hace mes y medio se está pidiendo una audiencia con la alcaldesa, Abelina López, para que “reciba a los vecinos y nos explique qué está pasando, pero es la hora que no nos dan fecha”.
Señaló que como ciudadanos merecen una explicación de lo que está pasando, porque esa área es deportiva. Dijo que ya son varios predios destinados para áreas verdes que le han quitado a la colonia.
Indicó que no se acuerdan de ellos en tiempos de lluvias, cuando se inundan, pero sí para “despojarlos” de sus espacios.
El vecino y representante de los jóvenes de la colonia, Rafael Salgado, dijo que no es justo que las autoridades les quieran quitar sus espacios de esparcimiento como es la cancha de futbol para hacer casas para la Guardia Nacional.
“Es injusto y triste que el gobierno en lugar de apoyar al deporte como a la colonia, porque nunca han venido para apoyar al Parque Ecológico, ni fomentar el deporte ni arreglar la cancha, ahora no las quieren quitar”.
Señaló que después del huracán Otis ellos han estado arreglando la cancha porque quedó muy sucio ante la caída de los árboles, han ido poco a poco rehabilitándola, y ahora las autoridades pretenden quitarles su espacio, pues ya se apropiaron de otro predio en la colonia para hacer el cuartel.

Rechaza la CRAC que haya despojado de un terreno a una familia de Caxitepec, Acatepec

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) rechazó que la institución comunitaria de la casa de justicia de las Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, haya despojado de un terreno a una familia, como se denunció a través de las redes sociales.
El vocero de la organización, Raúl de Jesús Cabrera, declaró por teléfono que esperan que la familia que se dice afectada presente la denuncia y los documentos que la acrediten como propietaria, ante las autoridades agrarias.
La familia Felipe Cano, de Las Juntas, anexo de Caxitepec, municipio de Acatepec, denunció en las redes sociales que el 25 de agosto, unas 250 personas encabezadas por policías comunitarios y sus coordinadores, así como comisarios municipales de varios lugares llegaron a su casa portando machetes, armas de fuego, motosierras y maquinaria pesada, donde con palabras “altisonantes” les pidieron que se salieran y en seguida entraron al predio, destruyeron su vivienda, corrales de chivos, criadero de peces, árboles frutales, plantas “y todo lo que encontraban a su paso”.
La familia culpó a la policía comunitaria, a sus coordinadores y comisarios municipales y al comisariado de Bienes Comunales, Martín Sánchez, y denunció que actuaron por órdenes del diputado local del PRD, Raymundo García Gutiérrez.
En declaraciones por teléfono, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán y vocero de la CRAC, de Jesús Cabrera, informó que el lunes pasado fue convocada una reunión con la familia, supuestamente afectada, para resolver la situación pero no se presentaron.
Explicó que de acuerdo con los coordinadores de la CRAC de Caxitepec, no es tal como lo ha estado denunciado la familia y que el terreno fue donado desde hace cuatro años por el comisariado de Bienes Comunales de Acatepec, para la construcción de la casa de justicia de Juntas de Caxitepec.
Aseguró que fueron alrededor de 14 mil ejidatarios los que aprobaron la donación del predio y que los coordinadores de la CRAC tienen en su poder el acta de asamblea y de donación.
Explicó que incluso por acuerdo de los comisarios municipales y del Comisariado de Bienes Comunales reubicaron a la familia que estaba dentro del predio, que incluso le construyeron su casa, con cocina y una galera para sus chivos, sin embargo, declaró que la jefa de familia ahora está desconociendo los acuerdos.
Añadió que el día que la señora dice que fueron a desalojarla los policías comunitarios, intervino porque uno de los integrantes de la familia sacó un machete e intentó agredir a las autoridades comunitarias.
De Jesús Cabrera informó que actualmente las autoridades comunitarias están en espera de que los integrantes de la familia se presenten ante las autoridades agrarias, para que acrediten con documentos la propiedad del predio, y ellos llevarán los que tienen, para evitar que se agrave el problema.
El vocero informó que los integrantes de la familia están mal asesorados para afectar a la CRAC, pero aseguró que van a proceder por la vía legal para acreditar la propiedad del terreno.

Hieren de un balazo en el hombro al alcalde de Atenango durante una diligencia por despojo

Alejandro Guerrero

Iguala

El presidente municipal de Atenango del Río, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, fue atacado a balazos y herido de un rozón en un hombro, durante una diligencia que realizaba el miércoles con pobladores de la comunidad San Juan Teocalcingo, por el despojo que realizaron particulares en el predio La Maroma, en la localidad Coaxitlán, municipio de Tlaquitenango, Morelos
En esta área se vive un conflicto agrario, del que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 51 con sede en Iguala, resolvió a favor San Juan Teocalcingo, el 15 de junio de 2018, y por acuerdo judicial el 12 de julio de 2021.
Se informó que durante este hecho, que apenas se dio a conocer el sábado, policías municipales de Atenango del Río y pobladores de San Juan lograron detener a una mujer de nombre María Eugenia, de unos 50 años, que es quien invadió terrenos dentro de territorio guerrerense, por lo que fue puesta a disposición de la agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en Iguala.
Aunque en medios de comunicación de Morelos se manejó la información como un “secuestro” o privación de la libertad de la mujer, se confirmó que María Eugenia fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra del alcalde de Atenango del Río, Jonathan Ensaldo, de acuerdo con la carpeta de investigación, en la que se incluye al agresor del alcalde y que es familiar de la detenida, identificado como Francisco.
Luego de los hechos, ocurridos la mañana del miércoles, fue levantada un acta firmada por el presidente del comisariado ejidal de San Juan Teocalcingo, Vicente Zeferino Velázquez; el presidente del Consejo de Vigilancia, Cornelio Gaspar Benítez; el comisario municipal, Valentín Gaspar Benítez; el director de la Policía Municipal, Lucas Noel Padilla López; la síndica Leticia Díaz González y el alcalde Jonathan Ensaldo, así como por otros 125 pobladores.
Este domingo, en declaraciones por teléfono, el alcalde postulado por el Partido Encuentro Solidario (PES), narró que fue herido de un rozón en un hombro, por lo que fue internado, además de que por la impresión la presión se le elevó. Fue dado de alta al día siguiente y se encuentra en recuperación.
El edil informó que este conflicto agrario data de 1992, luego de que, con la construcción de la Autopista del Sol, terrenos de la comunidad de San Juan quedaron separados y desde hace años se lleva este juicio con vecinos de Coaxitlán, Morelos, que argumentan una invasión de tierras de cultivo.
Informó que, en un principio, el litigio era por unas 300 hectáreas en siete parcelas particulares, del cual el TUA dio la sentencia definitiva en favor de San Juan, por lo que los cercados fueron retirados y el terreno recuperado, pero sólo en una de las poco más de seis hectáreas conocidas como La Maroma, que no aceptaron la sentencia y han vuelto a cercar.
Ensaldo Muñoz narró que una persona con un arma larga le disparó directo a él en 32 ocasiones y de acuerdo con el peritaje de la Fiscalía estatal, alcanzó a darle un rozón en un hombro, pero logró tirarse al piso y después se resguardó detrás de la mujer identificada como María Eugenia, quien se adjudica la propiedad del terreno y es familiar del agresor.
Contó que el director de la Policía Municipal, Lucas Noel Padilla, recibió dos impactos que pegaron en su chaleco antibalas y salió ileso.
Dijo que la demanda de los pobladores es que les permitan el paso, ya que en esa zona el municipio tiene una mina de piedra de yeso, mineral que venden en el poblado Tilzapotla, Morelos, pero no los dejan circular por ahí. Asimismo, que les reinstalen la energía eléctrica para la mina, que es tomada de Coaxitlán, pero desde 2011 la cortaron.
En algunos de los terrenos, que están dentro del territorio de Guerrero, la comunidad Coaxitlán ya construyó su panteón y un centro de salud, por lo que el alcalde informó que ofreció a los pobladores una mesa de trabajo para el 31 de este mes, con el fin de lograr un acuerdo para donar parte de estos terrenos y regularizarlos para buscar dar fin al conflicto.

Los antecedentes

La orden de retirar la cerca y darle posesión del predio La Maroma a la comunidad de San Juan fue dada por el TUA del distrito 51 de Iguala, en sentencia definitiva otorgada el 15 de junio de 2018, y por acuerdo judicial de 12 de julio de 2021, dictados en el juicio agrario radicado en el expediente 07/2014, el cual se cumplimentó el 7 de septiembre de 2021, con el retiro de la cerca en presencia del actuario judicial.
Sin embargo, poco después, el cercado que bloquea un camino que comunica a San Juan con el poblado de Coaxitlán volvió a ser colocado, pero los comuneros lo volvieron a quitar el 10 de octubre de 2021.
Pero a mediados de junio de este año, particulares volvieron a cercar con postes, alambre de púas y malla borreguera el terreno La Maroma, que tiene una superficie de aproximadamente seis hectáreas, por lo que en una asamblea del pueblo se acordó ir el miércoles a retirarlo una vez más.
Al momento de que retiraban la cerca, llegaron dos mujeres y tres hombres, en dos camionetas Nissan X-Trail y una Toyota estaquitas. Uno de los hombres que llegó, y que fue identificado como Francisco, disparó en varias ocasiones con un arma larga contra el alcalde.
Debido a este incidente, los pobladores de Atenango se retiraron y suspendieron la diligencia para retirar el cercado, acción que concluyeron este viernes.

Pretenden despojarlos de 14 hectáreas familiares del líder del PRI estatal, denuncian ejidatarios

Ejidatarios de La Ciénega, al oriente Chilpancingo, denunciaron que la familia del presidente del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, pretende adjudicarse 14 hectáreas de sus tierras, de las que tienen el plano para comprobar que son propiedad de los ejidatarios.
Los inconformes se reunieron en la entrada del ejido para leer las notificaciones que les giraron para que se presenten en el Juzgado Mixto de Paz, y para hablar sobre estas tierras.
Señalan que es mentira que esas tierras sean de la familia del dirigente priista, quienes son dueños del Parque Cementerio La Paz, que está junto al ejido.
Dijeron que tienen la resolución presidencial que marca el ejido, el deslinde y la ejecución de la sentencia del 10 de marzo de 1994, emitida por el Tribunal Superior Agrario, en el expediente 1776-93.
Asimismo, tienen el plano donde se marcan las mojoneras de las colindancias, que también se pueden ver en imágenes de satélite, y abarca unas 2 mil 675 hectáreas.
Añadieron que la notificación les llegó a la casa del comisariado el miércoles, les presentaron un polígono de terreno, por lo que los citaron al juzgado Mixto de Paz a las 3:30 de la tarde para decirles que ya compraron esas tierras, pero no acudieron. Agregaron que hay una segunda notificación para este miércoles, a la que sí acudirán para defender sus tierras.
“De hecho, es una invasión que ellos están haciendo, porque no se pueden meter al ejido sin previo permiso, nos traen un documento de Catastro de que ya está el polígono de las 14 hectáreas, (pero) ya realmente los comisariados saben cómo está el ejido”, sostuvieron.
Reprocharon que el Ayuntamiento se meta en el asunto, y que les presentaron escrituras, pero no un documento del Registro Público de la Propiedad.
Dijeron que desconocen por qué les quieren despojar de esas tierras que pertenecen a los 100 ejidatarios, avecindados y posesionados del lugar.
“La postura es dialogar, platicar con ellos… notros no tenemos nada que ver en el asunto… que hagan su demanda y allá nos manden a traer”, añadieron. (Beatriz García / Chilpancingo).

Acusan dos adultas mayores a su sobrina de quererlas despojar de su casa en Atoyac

Las hermanas Rafaela y Librada Hernández, de 87 y 83 años de edad, pidieron apoyo al DIF Guerrero para no ser despojadas de su casa por una sobrina a quien acusan de haberles robado sus escrituras.
Las quejosas, quienes viven en el número 13 de la calle Francisco I. Madero, de la colonia Centro, en la ciudad de Atoyac, denunciaron que corren riesgo de ser despojados de su casa por su sobrina, Betsaida Villanueva Martínez.
La señora Librada Hernández, quien está postrada en una silla de rueda, es atendida por su esposo de 85 años, quien también se encarga de su hermana Rafaela, que es invidente, sorda y camina apoyada con un bastón.
Denunció que su sobrina Betsaida Villanueva Martínez y su esposo Jael Mesino, quienes radican en Manzanillo, pretenden quitarles su casa luego de que habían pactado la compra por 600 mil pesos, que acordaron en pagos de 10 y 20 mil pesos, pero sólo recibieron un giro de mil pesos.
Acusan que la sobrina y su abogado Noé Pino, les pidieron las escrituras para hacer trámites, pero no se las devolvieron y ahora la sobrina aparece como dueña. Señalan que, algunos recibos de servicio de la casa aparecen ya con el nombre de su sobrina, quien puso la casa ya a su nombre con engaños.
Reseñó que, ante la insistencia de su hermana para que le devolvieran los papeles, el abogado y el padre de su sobrina se presentaron en su casa el 19 de diciembre diciéndoles que se desistieran de exigirlos, o de lo contrario no se hacían responsable de lo que le pudiera suceder a su esposo.
Asimismo, la sobrina dijo que, “ya no ande llevando a esta señora para ver a mi papá, porque no respondo, se van a quedar afuera, para qué abrieron la boca, si algo pasa yo no me hago responsable de este señor que anda exigiendo los documentos, mi papá no tiene nada de los documentos, los tiene el licenciado, Noé Pino”.
Las afectadas denunciaron que han sido amenazados por la sobrina y su espeso, a quienes responsabilizan de cualquier cosa que pudiera pasarles. (Francisco Magaña / Atoyac).

Infla el SNTE las cifras de los aparatos que maestros sustrajeron de sus oficinas, dice el secretario de la CETEG Ramírez Perulero

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Arcángel Ramírez Perulero, dijo que la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) “está inflando” las cantidades de los electrodomésticos que integrantes del magisterio disidente sustrajeron de sus oficinas.
Consultado durante la toma del edificio Juan N. Álvarez, en la capital, al respecto del boletín de prensa que emitió el Comité Ejecutivo de la sección 14 del SNTE, en el que señala que integrantes y simpatizantes de la CETEG sustrajeron 80 computadoras, 80 cañones e igual número de impresoras, consumibles y material de oficina; así como 180 electrodomésticos que serían entregados a personal homologado no transferido, Ramírez Perulero dijo que esto es falso.
Sin embargo, el dirigente estatal de la CETEG no negó la irrupción de sus integrantes en las oficinas de la sección 14 del SNTE el lunes pasado, sino que aseguró que a los sindicalizados “les dolió bastante que hubiésemos descubierto una acumulación de donativos que tenían quién sabe con qué finalidad, resulta que casualmente mañana (hoy) lo iban a entregar, lo cual es hasta risible”.
Dijo que los sindicalizados “están inflando” las cifras de los productos que los cetegistas sustrajeron, los cuales se encuentran en el edificio del magisterio disidente y que serán entregados a damnificados por los sismos del año pasado o bien, a pobladores de alguna comunidad marginada; esto, para justificar “algún robo que ellos mismos van a hacer”.
Sobre las demandas que la sección 14 del SNTE dijo que interpondrá, Ramírez Perulero dijo que “no nos espantan sus amenazas” y reprobó que el Comité Ejecutivo no se haya referido al Séptimo Congreso Nacional Extraordinario, en el que se reeligió al dirigente nacional Juan Díaz de la Torre, “ellos no debaten, no defienden los derechos de las bases”.
A pregunta de si la irrupción de la CETEG en las oficinas de la sección 14 del SNTE se discutió durante la mesa de diálogo con el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, y el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, Ramírez Perulero dijo que “nos dieron las quejas”, principalmente Salazar Adame, pero “dijimos que es un asunto intergremial con esa gente, con la que siempre hemos tenido diferencias y que nos dejaran que nosotros nos entendamos con ellos”.
Señaló que si la sección 14 del SNTE convoca a la CETEG a un diálogo “si es en buena fe, nos escuchamos, pero si también va velada una amenaza, les decimos que no lo aceptamos, de manera contundente, les responderemos con la dignidad que nos caracteriza”.
Al respecto de la reunión con los funcionarios del gobierno estatal, reiteró que hubo avances “aceptables” y que se concretaron fechas para resolver las demandas de la CETEG, principalmente la incorporación al Fondo de Aportaciones para el Gasto Operativo y la Nómina Educativa (Fone) pero no abundó en detalles. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Directivos del ISSSTE en Tecpan vendieron la plaza que le tocaba, dice un anestesiólogo

El anestesiólogo de la Clínica de Alta Capacidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con sede en la ciudad de Tecpan, Rafael Acosta Gómez denunció que fue despojado de manera irregular de su plaza de especialidad por autoridades de ese nosocomio.
El agraviado indico que, por antigüedad y en seguimiento al escalafón, la plaza que le correspondía por ley fue vendida a otro médico, aun cuando ya había sido notificado de su ascenso.
Acosta Gómez reseñó que su caso no es aislado, y que anteriormente han hecho lo mismo con otros trabajadores a las que les prometen bases de trabajo o agilizar sus trámites, a cambio de dinero.
Dijo que, “muchas veces timan a los interesados con fuertes cantidades de dinero, lo que los afectados se rehúsan a denunciar por temor a represalias”.
El también presidente de la Asociación Civil Pro-AMLO y ex jefe de las jurisdicciones sanitarias 05 en la Costa Grande, exhortó también a los trabajadores del ISSSTE de Tecpan que hayan sido timados por algún representante sindical, para que presenten su denuncia sin temor, “ya que solo así se podrá poner fin a la corrupción que flagela y lastima al pueblo de México”.
Abundó que fue removido de su base por el director del hospital, Luís Enrique Sánchez Romero, y el jefe de Recursos Humanos, que en contubernio con los representantes sindicales se la dieron al doctor Felipe de Jesús Huerta Jaimes, quien tiene menos antigüedad.
Dijo que “las autoridades de la clínica… violaron todas mis garantías individuales y el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, ya que la parte patronal no me hizo saber por escrito las causas y motivos, de acuerdo a los términos que establecen el artículo 47 de la Ley Federal, y se la dieron a otra persona mediante acuerdos económicos”.
Sostuvo que hay un antecedente de un acta de sesión de asignación de su plaza, y otorgarla a otro trabajador no tiene validez, por no haberse declarado en su caso la nulidad de dicha acta, y en consecuencia, prevalecen sus derechos laborales, que son irrenunciables.
Exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que intervenga y solucione el problema, pues afirmó que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta a su queja de ninguna autoridad patronal o sindical del estado.

El esposo de la alcaldesa de Cruz Grande pretende despojar 3 hectáreas, denuncia

El esposo de la alcaldesa de Florencio Villareal (Cruz Grande), Emisel Liosol Molina González, Jesús Genchi Ozuna, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de despojo y abuso de confianza por la señora Emilia Torres Cisneros a quien pretende quitarle un predio.
La nieta de la afectada, Ana María Gallardo Lorenzo acudió a la redacción de El Sur y entregó las copias de la denuncia hecha el lunes pasado ante el Ministerio Público (MP) de Cruz Grande que consta en la carpeta de investigación 12180750100009020217, además de un oficio enviado a la alcaldesa perredista de ese municipio de la región de la Costa Chica donde se le informó de los hechos cometidos por su esposo quien se desempeña como presidente del DIF municipal.
Consultada por teléfono, la nieta de la afectada dijo que son unas 3 hectáreas las que pretenden quitar a su abuela. En la denuncia se indicó que hace ocho meses la afectada regresó al municipio y se percató que en el predio Finca Rústica y Pico de Monte, en al menos 8 mil 568 metros cuadrados fue construida una vivienda propiedad de Genchi Ozuna, además de una telesecundaria.
En la denuncia, la propietaria del predio sostuvo que la señora Leopoldina Pérez Arredondo sin ser la propietaria autorizó la construcción de los inmuebles, “suponemos que mediante una remuneración económica”, exclamó la nieta de la afectada.
La afectada aseguró en la denuncia que el predio está a su nombre y está registrado en el Registro Público de la Propiedad, además de que paga los impuestos por los terrenos. Torres Cisneros negó que la señora Pérez Arredondo sea la propietaria a pesar de que ha mostrado un documento “falso” donde una autoridad ejidal le sede los derechos del predio y que por ellos pagó la cantidad de 500 mil pesos.
Además indicó que la señora Pérez Arredondo trató de vender el predio antes a una persona quien investigó y al percatarse de las irregularidades decidió no comprarlo.
Torres Cisneros indicó en la denuncia que también procederá contra la señora Pérez Arredondo ante autoridades federales por la construcción de la telesecundaria.

Liberan a Crisóforo Nava; paga una fianza de 54 mil pesos por el delito de despojo

El ex presidente municipal de Mártir de Cuilapan (Apango) y actual dirigente del Partido del Trabajo (PT), Crisóforo Nava Barrios, salió libre la madrugada de este martes después de que sus familiares pagaron una fianza de 54 mil pesos por el delito de despojo, por el que estaba siendo procesado.
Nava Barrios es acusado por la presidenta municipal, Felícitas Muñiz Gómez, de instigar en su contra junto con otros nueve dirigentes de ese municipio el movimiento para que sea destituida.
La excarcelación ocurrió en sigilo, sin que sus familiares y los dirigentes del movimiento opositor a la presidenta municipal Muñiz Gómez emitieran declaraciones al respecto, pero fuentes cercanas a la familia confirmaron que salió libre entre la una y las dos de la madrugada de este martes. Fuentes del segundo juzgado de lo penal informaron que la fianza pagada fue de 54 mil pesos
Nava Barrios enfrentará, sin embargo, cuando menos otras tres causas penales por otros delitos, aunque lo hará en libertad.
El lunes, fuentes del Juzgado Cuarto de lo Penal de esta capital informaron que Nava Barrios está acusado de cuatro delitos en agravio del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan y que su situación jurídica se definiría el jueves.
La fuente informó que los delitos de los que lo acusan son rebelión, sabotaje, ataques a la paz pública y motín, que están integradas a la causa penal 45-2016.
Fuentes cercanas a la familia también informaron que la presidenta municipal Felícitas Muñiz está empeñada en mantenerlo preso y que ha presentado cuando menos otras dos acusaciones en su contra en el Juzgado Mixto de Tixtla, por los delitos de lesiones, daños y ataques a las vías de comunicación derivados de los hechos del 30 de septiembre del año pasado, cuando los ciudadanos de la cabecera municipal y de varias comunidades intentaron impedir la toma de protesta de la alcaldesa.
También el lunes, el vicefiscal de Investigación, José Antonio Bonilla Uribe, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) integra “cuatro o cinco” carpetas de investigación por los hechos del pasado domingo 7 de agosto en Apango, cuando un grupo de ciudadanos participaron en una marcha y entraron a una casa de la presidenta municipal, en donde realizaron saqueos y destrozos. Después incendiaron una camioneta propiedad del Ayuntamiento en el zócalo de la cabecera municipal.
Sin embargo la presidenta municipal informó el mismo lunes en conferencia de prensa que presentó la denuncia en contra de 10 dirigentes del movimiento que pide la revocación de su mandato.
El ex alcalde Nava Barrios fue detenido la madrugada del miércoles de la semana pasada por policías ministeriales que entraron violentamente a su casa ubicada en el zócalo de Apango.
Los agentes, quienes llegaron en siete camionetas sin logotipos de la Policía Ministerial, encañonaron a la familia del dirigente político y después lo sacaron violentamente, contaron testigos.
Mientras tanto, en Apango se mantiene el plantón afuera del Palacio Municipal, en espera de que se cumpla el acuerdo que tuvieron los dirigentes con el gobernador Héctor Astudillo Flores el jueves de la semana pasada, en el sentido de que acudiría una comisión de diputados para atender las denuncias de corrupción y nepotismo en contra de Muñiz Gómez.

Insisten restauranteros de playa La Gloria que no han despojado a nadie

Acusan de contubernio a la juez cuarta de lo penal

Luluani Vega

Restauranteros de la playa La Gloria, ubicada en el Ejido de Plan de los Amates, insistieron en que no han cometido ningún delito a pesar de que son acusados de despojo por José Guadalupe Chávez, quien se dice dueño del área donde se encuentran sus restaurantes.

En una conferencia de prensa en el restaurante Lourdes, a unos metros del terreno en conflicto, estuvieron presentes los asesores jurídicos Benjamín Gallardo Carmona y Rubén de Jesús Suástegui, quienes afirman que la juez cuarto Penal de Primera Instancia, Leonor Arroyo Mojica, actúa en contubernio con el demandante, y llaman al gobernador del estado René Juárez, para que intervenga en el caso.

Suástegui dijo que a la inspección judicial en el lugar donde se encuentran ubicados los restaurantes, solicitada por ellos, la llevó a cabo personal del juzgado cuarto de lo Penal, pero en ningún momento acudió la juez.

El viernes pasado los restauranteros informaron en una conferencia de prensa, que la juez Arroyo Mojica giró órdenes de aprehensión contra 38 prestadores de servicios turísticos por el delito de despojo, sin sustento alguno.

El asesor Gallardo Carmona aseguró que los afectados no están invadiendo ningún predio de nadie y están dentro de zona federal, cumpliendo con los pagos correspondientes. “No se vale que la juez se preste al juego, los comerciantes tienen años trabajando, les conviene pelear esta zona en defensa de sus intereses”, recalcó.

Los inconformes aseguraron que José Guadalupe Chávez es prestanombres de Humberto Torices García, a quien responsabilizan de las consecuencias que pudiera trae el conflicto.