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Denuncian al ex aspirante a diputado por Morena, Yahir García, por intento de despojo

La maestra de la UAG, Lucila Álvarez, durante la conferencia de prensa donde denunció el intento de despojo de su casa Foto: El Sur

Argenis Salmerón

La tía del ex aspirante a diputado local por Morena, Yahir García Delgado, Lucila Álvarez, denunció que su sobrino pretende despojarla de su casa, ubicada en la colonia Juan R. Escudero, en la calle 13.
En conferencia de prensa en el restaurante Vips, la trabajadora de la UAG, Delgado Álvarez, dijo que su sobrino tiene una demanda por violencia intrafamiliar por parte de su esposa.
Reclamó que García Delgado la sacó de su casa el año pasado, le gritó y la golpeó.
Añadió que su sobrino le quitó dos teléfonos celulares y unos lentes de 15 mil pesos, además se llevaron sus talones de pago de la UAG, “ahora tengo miedo que le vayan hacer mal uso”, denunció la profesora.
“Es mi patrimonio de 30 años, no puede quitarme mi casa, es una herencia en vida de mi madre”, expresó.
Señaló que García Delgado tiene siete carpetas de investigación por diferentes delitos, sin embargo se quejó que ninguna demanda procede porque aseguró que su sobrino “compra” a funcionarios y a ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado.
Agregó que presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado contra la titular del Ministerio Público sector Mozimba, Violeta Torres Quintana, por omisión a la carpeta de investigación 12030220400133080524 por los delitos de lesiones, violencia de género, robo, allanamiento de morada, amenazas y lo que resulte.
“Yahir García Delgado una y otra vez me violenta, amenaza, y abusando del disoluto poder que presume tener comete graves delitos impunemente y no pasa nada”, manifestó.
Responsabilizó a los funcio-narios públicos del estado, “que abusando de la autoridad asignada se atreven a violentar nuestros sagrados derechos, burlándose de la víctima, ignorando nuestro llamado de justicia”.

Hombres uniformados y armados intimidan al reportero de El Sur Luis Daniel Nava

El reportero Luis Daniel Nava fotografía a un agente de la Policía del Estado en una cobertura en Chilpancingo Foto:?Facebook de Luis Daniel Nava

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El reportero de El Sur y corresponsal de la revista Proceso en el estado, Luis Daniel Nava Jiménez, fue despojado la noche del sábado de su equipo de trabajo, consistente en una computadora portátil y su teléfono celular, cuando regresaba a su casa después de su jornada de trabajo, por dos hombres que portaban armas largas y que le dijeron que sabían que era periodista.
Nava Jiménez fue objeto de este acto de intimidación en medio de la ola de violencia que se vive en la entidad y que él cubre para los medios en los que labora.
El sábado, después de las 12 de la noche, dos individuos con uniformes parecidos a los usados por policías estatales y con armas en mano, lo interceptaron cuando buscaba sus llaves para entrar a su casa, cerca del bulevar del río Huacapa, en la colonia Universal. En seguida, lo despojaron de su computadora portátil y de su teléfono celular.
Antes, uno de ellos le preguntó qué andaba haciendo a esas horas y a qué se dedica, pero cuando les dio sus datos, uno de los desconocidos le dijo: “Sí, ya sabemos a lo que te dedicas”, y en seguida sacaron de su mochila su computadora y le arrebataron su celular.
El periodista contó este domingo que hace unas dos semanas recibió una llamada telefónica, de alguien que le dijo que era mando militar, y le preguntó si era el reportero Luis Daniel Nava y cuando éste le contestó que sí, le dijo que lo invitaba a una conferencia de prensa para el sábado y que necesitaba la dirección de su casa, para que le enviara la invitación por escrito.
Nava Jiménez dijo que le pareció extraña la petición y consultó con un contacto de prensa de la 35 Zona Militar, sobre si estaba programada una conferencia de prensa para el sábado y le respondieron que no. Por ello, bloqueó el número del que le llamaron.
En la última semana Nava Jiménez ha cubierto el caso de los 17 vecinos y comerciantes de Chautipan, municipio de Chilpancingo, que desaparecieron en los municipios de Chilapa y Quechultenango y el posterior hallazgo de los cuerpos mutilados de 11 de ellos, en una camioneta en el cruce de la autopista con la carretera federal, al sur de la capital.
Este sábado, Luis Daniel regresó de Chautipan en dónde dio cobertura al sepelio de las 11 víctimas y después de pasar a cenar, lo interceptaron al llegar a su casa.
Nava Jiménez forma parte del grupo de periodistas desplazados por la violencia de Chilapa, en 2015, y desde entonces trabaja en Chilpancingo.
Este domingo, organizaciones de periodistas hicieron un pronunciamiento público dirigido al gobierno federal, al gobierno estatal, a las fiscalías federal y estatal así como a organismos oficiales y civiles de derechos humanos, lo mismo que a los “grupos generadores de la violencia” en la entidad, en el que condenaron “enérgicamente” el robo de su teléfono y la computadora y la acción intimidatoria en contra de su compañero.
La delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, Asociación de Reporteros de Información Policiaca en el Estado de Guerrero y el Club de Periodistas de Guerrero, exigieron que se investigue a fondo el caso y se deslinden responsabilidades.
“No se deben permitir más agresiones a periodistas y que sigan impunes”, refiere el escrito.
“Este grave hecho se realizó en el contexto de un clima de violencia en Guerrero y del cual el gremio de periodistas no está exento”, indican.
Destacan que está por cumplirse un año de la agresión a balazos a cuatro compañeros en Chilpancingo, “uno de ellos decidió irse de la entidad por cuestiones de seguridad personal y a la fecha no se ha hecho justicia. Menos se sabe quiénes fueron esas manos agresoras que estuvieron a punto de asesinar a nuestros compañeros”.
“Estamos hartos del cinismo de las autoridades, que minimizan constantemente la violencia criminal y dejan desprotegida a la población. Siempre anuncian que se investigarán los hechos, pero jamás deslindan responsabilidades ni detienen a los responsables de la violencia en Guerrero”, reprochan.
El comunicado concluye: “Desde Guerrero, el gremio de periodistas hacemos un llamado enérgico a las autoridades, para que este hecho no quede impune. Si agreden a uno, nos agreden a todos. Por la libertad de expresión unidos vamos a seguir desde nuestra labor diaria esta noble profesión”.
Por la tarde, Luis Daniel Nava presentó su denuncia ante la fiscalía especializada en la investigación de los delitos cometidos en agravio de las personas que realizan labores periodísticas, defensoras de derechos humanos y que atenten contra la libertad de expresión, de la Fiscalía General del Estado (FGE).

 

Amenazan funcionarios municipales a vecinos de Cañada de los Amates por defender espacio público

Argenis Salmerón

Vecinos de la colonia Cañada de los Amates denunciaron que funcionarios del Ayuntamiento de Acapulco y un grupo de personas pretenden despojar un espacio público y colocaron tubos metálicos y cadenas para apartar cajones de estacionamiento.
Ayer durante una protesta en la entrada del parque recreativo Amates, en la colonia Cañada de los Amates, un vecino denunció que un grupo de personas, entre las que señaló a funcionarios públicos del Ayuntamiento, buscan intimidarl para que desistan en su protesta de que no cierren el espacio público que usan los señalados como estacionamiento cuando es un parque recreativo.
El vecino, quien pidió omitir su nombre por seguridad, indicó que lleva más de 11 años viviendo en este lugar y nunca ha tenido problemas con nadie, pero el 5 de junio fue víctima de un acto de intimidación ya que “acudieron personas a amenazarme” por protestar en contra de que se privatice el estacionamiento público que está contiguo al parque Amates, que recientemente fue remodelado tras el paso del huracán Otis.
Añadió que el pasado 5 de junio le marcaron a su número personal y le amenazaron para que desistiera de su exigencia, la cual señaló es legal y también legítima, y por lo tanto no desistiría en su lucha para que no se cierre este lugar al público. Dijo que de apropiarse ese espacio se congestionaría la calle que pasa alrededor del parque porque los autos se estacionarían en ambas aceras.
Aseveró que funcionarios del municipio pretenden imponer esta medida restrictiva pese a que “no tienen sustento legal ni razonamiento lógico alguno”, ya que no cuentan con permiso de la Dirección de Servicios Públicos Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco.

 

Denuncian vecinos “despojo” para hacer cuartel de la GN en la Parque Ecológico de Viveristas

Karina Contreras

Alrededor de 40 vecinos de la colonia Parque Ecológico de Viveristas, ubicada en la zona Diamante, denunciaron que autoridades los tres órdenes de gobierno los están “despojando” de las áreas verdes del asentamiento para construir un cuartel de la Guardia Nacional.
Además, señalaron que se pretende construir en una hectárea una unidad habitacional para los guardias en la cancha de futbol, todo esto sin avisarles.
En el lugar ya se ven avances de lo que será el área perimetral, así como el edificio del uno de los 20 cuarteles que anunció el gobierno federal que habrá en Acapulco. Los inconformes contaron que hace 15 días acudieron funcionarios del Ayuntamiento y del Ejército para ver el lugar.
La vecina Ana Luisa Campos Aparicio dijo que nunca les consultaron sobre el uso del predio para la Guardia Nacional y que cuando reclamaron les dijeron que esas áreas verdes pertenecen al Ayuntamiento.
Le informaron que el predio ya fue “donado” para la Guardia Nacional y cuando reclamó que no les informen lo que se hará en la colonia le respondieron que todas las áreas verdes pertenecen al municipio.
Señaló que ellos fueron reubicados y dicen las escrituras que las áreas verdes son “equipamiento urbano”, por lo que “hay escrituras que sustentan que esto es de nosotros”.
Indicó Ana Luisa Campos que desde hace mes y medio se está pidiendo una audiencia con la alcaldesa, Abelina López, para que “reciba a los vecinos y nos explique qué está pasando, pero es la hora que no nos dan fecha”.
Señaló que como ciudadanos merecen una explicación de lo que está pasando, porque esa área es deportiva. Dijo que ya son varios predios destinados para áreas verdes que le han quitado a la colonia.
Indicó que no se acuerdan de ellos en tiempos de lluvias, cuando se inundan, pero sí para “despojarlos” de sus espacios.
El vecino y representante de los jóvenes de la colonia, Rafael Salgado, dijo que no es justo que las autoridades les quieran quitar sus espacios de esparcimiento como es la cancha de futbol para hacer casas para la Guardia Nacional.
“Es injusto y triste que el gobierno en lugar de apoyar al deporte como a la colonia, porque nunca han venido para apoyar al Parque Ecológico, ni fomentar el deporte ni arreglar la cancha, ahora no las quieren quitar”.
Señaló que después del huracán Otis ellos han estado arreglando la cancha porque quedó muy sucio ante la caída de los árboles, han ido poco a poco rehabilitándola, y ahora las autoridades pretenden quitarles su espacio, pues ya se apropiaron de otro predio en la colonia para hacer el cuartel.

Rechaza la CRAC que haya despojado de un terreno a una familia de Caxitepec, Acatepec

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) rechazó que la institución comunitaria de la casa de justicia de las Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, haya despojado de un terreno a una familia, como se denunció a través de las redes sociales.
El vocero de la organización, Raúl de Jesús Cabrera, declaró por teléfono que esperan que la familia que se dice afectada presente la denuncia y los documentos que la acrediten como propietaria, ante las autoridades agrarias.
La familia Felipe Cano, de Las Juntas, anexo de Caxitepec, municipio de Acatepec, denunció en las redes sociales que el 25 de agosto, unas 250 personas encabezadas por policías comunitarios y sus coordinadores, así como comisarios municipales de varios lugares llegaron a su casa portando machetes, armas de fuego, motosierras y maquinaria pesada, donde con palabras “altisonantes” les pidieron que se salieran y en seguida entraron al predio, destruyeron su vivienda, corrales de chivos, criadero de peces, árboles frutales, plantas “y todo lo que encontraban a su paso”.
La familia culpó a la policía comunitaria, a sus coordinadores y comisarios municipales y al comisariado de Bienes Comunales, Martín Sánchez, y denunció que actuaron por órdenes del diputado local del PRD, Raymundo García Gutiérrez.
En declaraciones por teléfono, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán y vocero de la CRAC, de Jesús Cabrera, informó que el lunes pasado fue convocada una reunión con la familia, supuestamente afectada, para resolver la situación pero no se presentaron.
Explicó que de acuerdo con los coordinadores de la CRAC de Caxitepec, no es tal como lo ha estado denunciado la familia y que el terreno fue donado desde hace cuatro años por el comisariado de Bienes Comunales de Acatepec, para la construcción de la casa de justicia de Juntas de Caxitepec.
Aseguró que fueron alrededor de 14 mil ejidatarios los que aprobaron la donación del predio y que los coordinadores de la CRAC tienen en su poder el acta de asamblea y de donación.
Explicó que incluso por acuerdo de los comisarios municipales y del Comisariado de Bienes Comunales reubicaron a la familia que estaba dentro del predio, que incluso le construyeron su casa, con cocina y una galera para sus chivos, sin embargo, declaró que la jefa de familia ahora está desconociendo los acuerdos.
Añadió que el día que la señora dice que fueron a desalojarla los policías comunitarios, intervino porque uno de los integrantes de la familia sacó un machete e intentó agredir a las autoridades comunitarias.
De Jesús Cabrera informó que actualmente las autoridades comunitarias están en espera de que los integrantes de la familia se presenten ante las autoridades agrarias, para que acrediten con documentos la propiedad del predio, y ellos llevarán los que tienen, para evitar que se agrave el problema.
El vocero informó que los integrantes de la familia están mal asesorados para afectar a la CRAC, pero aseguró que van a proceder por la vía legal para acreditar la propiedad del terreno.

Hieren de un balazo en el hombro al alcalde de Atenango durante una diligencia por despojo

Alejandro Guerrero

Iguala

El presidente municipal de Atenango del Río, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, fue atacado a balazos y herido de un rozón en un hombro, durante una diligencia que realizaba el miércoles con pobladores de la comunidad San Juan Teocalcingo, por el despojo que realizaron particulares en el predio La Maroma, en la localidad Coaxitlán, municipio de Tlaquitenango, Morelos
En esta área se vive un conflicto agrario, del que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 51 con sede en Iguala, resolvió a favor San Juan Teocalcingo, el 15 de junio de 2018, y por acuerdo judicial el 12 de julio de 2021.
Se informó que durante este hecho, que apenas se dio a conocer el sábado, policías municipales de Atenango del Río y pobladores de San Juan lograron detener a una mujer de nombre María Eugenia, de unos 50 años, que es quien invadió terrenos dentro de territorio guerrerense, por lo que fue puesta a disposición de la agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en Iguala.
Aunque en medios de comunicación de Morelos se manejó la información como un “secuestro” o privación de la libertad de la mujer, se confirmó que María Eugenia fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra del alcalde de Atenango del Río, Jonathan Ensaldo, de acuerdo con la carpeta de investigación, en la que se incluye al agresor del alcalde y que es familiar de la detenida, identificado como Francisco.
Luego de los hechos, ocurridos la mañana del miércoles, fue levantada un acta firmada por el presidente del comisariado ejidal de San Juan Teocalcingo, Vicente Zeferino Velázquez; el presidente del Consejo de Vigilancia, Cornelio Gaspar Benítez; el comisario municipal, Valentín Gaspar Benítez; el director de la Policía Municipal, Lucas Noel Padilla López; la síndica Leticia Díaz González y el alcalde Jonathan Ensaldo, así como por otros 125 pobladores.
Este domingo, en declaraciones por teléfono, el alcalde postulado por el Partido Encuentro Solidario (PES), narró que fue herido de un rozón en un hombro, por lo que fue internado, además de que por la impresión la presión se le elevó. Fue dado de alta al día siguiente y se encuentra en recuperación.
El edil informó que este conflicto agrario data de 1992, luego de que, con la construcción de la Autopista del Sol, terrenos de la comunidad de San Juan quedaron separados y desde hace años se lleva este juicio con vecinos de Coaxitlán, Morelos, que argumentan una invasión de tierras de cultivo.
Informó que, en un principio, el litigio era por unas 300 hectáreas en siete parcelas particulares, del cual el TUA dio la sentencia definitiva en favor de San Juan, por lo que los cercados fueron retirados y el terreno recuperado, pero sólo en una de las poco más de seis hectáreas conocidas como La Maroma, que no aceptaron la sentencia y han vuelto a cercar.
Ensaldo Muñoz narró que una persona con un arma larga le disparó directo a él en 32 ocasiones y de acuerdo con el peritaje de la Fiscalía estatal, alcanzó a darle un rozón en un hombro, pero logró tirarse al piso y después se resguardó detrás de la mujer identificada como María Eugenia, quien se adjudica la propiedad del terreno y es familiar del agresor.
Contó que el director de la Policía Municipal, Lucas Noel Padilla, recibió dos impactos que pegaron en su chaleco antibalas y salió ileso.
Dijo que la demanda de los pobladores es que les permitan el paso, ya que en esa zona el municipio tiene una mina de piedra de yeso, mineral que venden en el poblado Tilzapotla, Morelos, pero no los dejan circular por ahí. Asimismo, que les reinstalen la energía eléctrica para la mina, que es tomada de Coaxitlán, pero desde 2011 la cortaron.
En algunos de los terrenos, que están dentro del territorio de Guerrero, la comunidad Coaxitlán ya construyó su panteón y un centro de salud, por lo que el alcalde informó que ofreció a los pobladores una mesa de trabajo para el 31 de este mes, con el fin de lograr un acuerdo para donar parte de estos terrenos y regularizarlos para buscar dar fin al conflicto.

Los antecedentes

La orden de retirar la cerca y darle posesión del predio La Maroma a la comunidad de San Juan fue dada por el TUA del distrito 51 de Iguala, en sentencia definitiva otorgada el 15 de junio de 2018, y por acuerdo judicial de 12 de julio de 2021, dictados en el juicio agrario radicado en el expediente 07/2014, el cual se cumplimentó el 7 de septiembre de 2021, con el retiro de la cerca en presencia del actuario judicial.
Sin embargo, poco después, el cercado que bloquea un camino que comunica a San Juan con el poblado de Coaxitlán volvió a ser colocado, pero los comuneros lo volvieron a quitar el 10 de octubre de 2021.
Pero a mediados de junio de este año, particulares volvieron a cercar con postes, alambre de púas y malla borreguera el terreno La Maroma, que tiene una superficie de aproximadamente seis hectáreas, por lo que en una asamblea del pueblo se acordó ir el miércoles a retirarlo una vez más.
Al momento de que retiraban la cerca, llegaron dos mujeres y tres hombres, en dos camionetas Nissan X-Trail y una Toyota estaquitas. Uno de los hombres que llegó, y que fue identificado como Francisco, disparó en varias ocasiones con un arma larga contra el alcalde.
Debido a este incidente, los pobladores de Atenango se retiraron y suspendieron la diligencia para retirar el cercado, acción que concluyeron este viernes.

 

Pretenden despojarlos de 14 hectáreas familiares del líder del PRI estatal, denuncian ejidatarios

Ejidatarios de La Ciénega, al oriente Chilpancingo, denunciaron que la familia del presidente del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, pretende adjudicarse 14 hectáreas de sus tierras, de las que tienen el plano para comprobar que son propiedad de los ejidatarios.
Los inconformes se reunieron en la entrada del ejido para leer las notificaciones que les giraron para que se presenten en el Juzgado Mixto de Paz, y para hablar sobre estas tierras.
Señalan que es mentira que esas tierras sean de la familia del dirigente priista, quienes son dueños del Parque Cementerio La Paz, que está junto al ejido.
Dijeron que tienen la resolución presidencial que marca el ejido, el deslinde y la ejecución de la sentencia del 10 de marzo de 1994, emitida por el Tribunal Superior Agrario, en el expediente 1776-93.
Asimismo, tienen el plano donde se marcan las mojoneras de las colindancias, que también se pueden ver en imágenes de satélite, y abarca unas 2 mil 675 hectáreas.
Añadieron que la notificación les llegó a la casa del comisariado el miércoles, les presentaron un polígono de terreno, por lo que los citaron al juzgado Mixto de Paz a las 3:30 de la tarde para decirles que ya compraron esas tierras, pero no acudieron. Agregaron que hay una segunda notificación para este miércoles, a la que sí acudirán para defender sus tierras.
“De hecho, es una invasión que ellos están haciendo, porque no se pueden meter al ejido sin previo permiso, nos traen un documento de Catastro de que ya está el polígono de las 14 hectáreas, (pero) ya realmente los comisariados saben cómo está el ejido”, sostuvieron.
Reprocharon que el Ayuntamiento se meta en el asunto, y que les presentaron escrituras, pero no un documento del Registro Público de la Propiedad.
Dijeron que desconocen por qué les quieren despojar de esas tierras que pertenecen a los 100 ejidatarios, avecindados y posesionados del lugar.
“La postura es dialogar, platicar con ellos… notros no tenemos nada que ver en el asunto… que hagan su demanda y allá nos manden a traer”, añadieron. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Acusan dos adultas mayores a su sobrina de quererlas despojar de su casa en Atoyac

Las hermanas Rafaela y Librada Hernández, de 87 y 83 años de edad, pidieron apoyo al DIF Guerrero para no ser despojadas de su casa por una sobrina a quien acusan de haberles robado sus escrituras.
Las quejosas, quienes viven en el número 13 de la calle Francisco I. Madero, de la colonia Centro, en la ciudad de Atoyac, denunciaron que corren riesgo de ser despojados de su casa por su sobrina, Betsaida Villanueva Martínez.
La señora Librada Hernández, quien está postrada en una silla de rueda, es atendida por su esposo de 85 años, quien también se encarga de su hermana Rafaela, que es invidente, sorda y camina apoyada con un bastón.
Denunció que su sobrina Betsaida Villanueva Martínez y su esposo Jael Mesino, quienes radican en Manzanillo, pretenden quitarles su casa luego de que habían pactado la compra por 600 mil pesos, que acordaron en pagos de 10 y 20 mil pesos, pero sólo recibieron un giro de mil pesos.
Acusan que la sobrina y su abogado Noé Pino, les pidieron las escrituras para hacer trámites, pero no se las devolvieron y ahora la sobrina aparece como dueña. Señalan que, algunos recibos de servicio de la casa aparecen ya con el nombre de su sobrina, quien puso la casa ya a su nombre con engaños.
Reseñó que, ante la insistencia de su hermana para que le devolvieran los papeles, el abogado y el padre de su sobrina se presentaron en su casa el 19 de diciembre diciéndoles que se desistieran de exigirlos, o de lo contrario no se hacían responsable de lo que le pudiera suceder a su esposo.
Asimismo, la sobrina dijo que, “ya no ande llevando a esta señora para ver a mi papá, porque no respondo, se van a quedar afuera, para qué abrieron la boca, si algo pasa yo no me hago responsable de este señor que anda exigiendo los documentos, mi papá no tiene nada de los documentos, los tiene el licenciado, Noé Pino”.
Las afectadas denunciaron que han sido amenazados por la sobrina y su espeso, a quienes responsabilizan de cualquier cosa que pudiera pasarles. (Francisco Magaña / Atoyac).