La pista que dejó Julio César Mondragón Fontes, el estudiante de la Normal de Ayotzinapa que fue asesinado y apareció con el rostro desollado el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, lleva al Campo Militar Número Uno, y pone en evidencia la intervención del Ejército en los crímenes contra los normalistas rurales de Guerrero.
En el libro La guerra que nos ocultan, los periodistas Francisco Cruz, Félix Santana Ángeles y Miguel Ángel Alvarado, siguen el camino de Julio César Mondragón, las actividades que realizó el 26 de septiembre de 2014, las comunicaciones que tuvo por su teléfono celular, del hallazgo de su cuerpo la mañana del 27 de septiembre del que avisó un militar.
Después siguieron el rastro de las señales de su teléfono celular, y encontraron que el aparato continuó funcionando, y que el 17 de octubre de 2014 recibió una llamada desde las instalaciones del Cisen en la Ciudad de México, (el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, de la Secretaría de Gobernación) y el 23, 25, 27 de octubre y el 1º de diciembre de 2014 recibió llamadas desde el Campo Militar Número Uno en la Ciudad de México.
En el capítulo XIV, “Tras los rastros de Julio César en el Territorio Telcel”, se descubren las comunicaciones de entrada y salida del número del normalista asesinado y desollado el 26 de septiembre de 2014, y la ubicación del lugar de las llamadas, en coordenadas de las que informa Telcel, y los autores del libro analizan y describen lo que hay en esos sitios.
“El celular robado del joven normalista Julio César Mondragón Fontes registró cuatro mensajes de dos vías, provenientes del Campo Militar 1A, en Lomas de Sotelo en la Ciudad de México, y su colindancia con el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, meses después de que alguien lo robara al terminar de torturarlo, desollarlo y matarlo la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el Camino del Andariego en Iguala.
“También hubo otros mensajes al mismo equipo desde las inmediaciones del Cisen en la Ciudad de México, a 50 metros de la puerta localizada entre las calles de Nogales y Ferrocarril de Cuernavaca, en la colonia La Concepción, delegación Magdalena Contreras.
Anotados en un documento confidencial que la empresa Telcel entregó a la PGR el 31 de agosto de 2015, esas llamadas forman parte de las 31 actividades que registró ese teléfono, un LG L9 con el número 7471493586, desde el 27 de septiembre de 2014 hasta el 4 de abril de 2015.
Julio César llevaba consigo su teléfono durante sus actividades del 26 de septiembre, y no apareció entre los objetos localizados con su cuerpo ya muerto. Los autores del libro plantean que los asesinos, probablemente militares, se quedaron con el aparato y lo usaron hasta el 4 de abril de 2015, como lo indica la información proporcionada por la empresa de telefonía Telcel, que consta en el expediente de la PGR, y revelan, con datos oficiales, que lo usaron para hacer espionaje y tratar de descubrir los contactos de Julio César.
Antes de que la PGR pidiera a Telcel la lista de comunicaciones hechas por ese celular, antes y después de los hechos de Iguala, alguien –que se supone que son los militares que tuvieron en sus manos el aparato después del asesinato de Julio César– ya lo había hecho. “Desde las sombras alguien se había adelantado e intentaba conocer todo lo que había hecho Julio César y, según se desprende de la sábana de llamadas, conocer a las personas con las que tuvo sus últimos contactos . En otras palabras, esa persona hacía espionaje con el celular robado a Julio César”, dicen los periodistas en el último capítulo de su libro.
Sostienen que Julio César es una de las claves para explicar la represión a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “porque las coordenadas que generaron las actividades después del 30 de septiembre de 2014, condujeron a un viaje sin desvíos hacia las entrañas de uno de los campos militares más importantes del país, en la Ciudad de México”, dicen al final del capítulo XIII del libro editado por Planeta y que aparecerá en las librerías de la Ciudad de México el 11 de agosto y en el resto del país el 20, y en Argentina y España se anuncia para el 18.
Julio César Mondragón Fontes fue señalado en declaraciones de sicarios que recogió la PRG como “líder de Los Rojos”, y con esta calumnia el gobierno pretendió encubrir la acción represiva que encabezó el Ejército en una disputa entre organizaciones de la delincuencia dedicada al narcotráfico, los Guerreros Unidos que controlaban la plaza de Iguala y Los Rojos que querían entrar a disputarla. Con eso pretendieron justificar la saña contra Julio César. En el libro los autores dicen que “Los estudiantes nunca estuvieron entre una batalla de narcotraficantes y menos pertenecían a algún grupo. Ellos eran el blanco”.
El estudiante que fue torturado antes de desollado, como todos los de nuevo ingreso, tenía sólo un mes en Ayotzinapa, pero antes había estado en la Normal Rural de Tenería en Tenancigo, Estado de México, y en la de Tiripetío en Michoacán. Había salido de esas escuelas no por mal alumno, sino porque estaba en desacuerdo con algunas prácticas. Había dicho a su tío Cuitláhuac: “Yo quiero ir a Ayotzinapa porque quiero hacer historia en el normalismo rural. Hay cosas que no están bien y sólo nosotros podemos cambiarlas”. Es parte del perfil de Julio César que los periodistas investigaron, y que muestra que nada más lejos de la pertenencia a un cártel del narcotráfico.
Parte de las investigaciones que los periodistas realizaron durante 22 meses se dedica a la forma como el normalista fue desollado, que indica el uso de una técnica quirúrgica, que se observa en las fotos del cadáver, y sostienen que no queda duda de que fue desollado, para dejar un mensaje de terror. Las evidencias desmienten las conclusiones de la CNDH, de que el rostro de Julio César fue devorado por la fauna callejera de Iguala.
“Ya golpeado, pero aún vivo, los verdugos de Julio César le hicieron un corte debajo del pecho en forma de gota que arrancó la piel, dejando al descubierto músculos y huesos. Quienes lo hicieron partieron de ahí y con salvaje cuidado fueron cortando hacia arriba mientras diseccionaban, separaban la carne del cuello y llegaban a la mandíbula rota, las orejas machacadas y la nariz desintegrada”, dicen en el capítulo I, “Julio César: crónica de un suplicio”.
“El desollamiento de Julio César lo hicieron manos expertas. Y el mensaje mantuvo una línea feroz y categórica para construir miedos. El arma de tortura siguió destazando y al llegar a la frente, donde el pelo le nacía al estudiante, una puñalada que afectó casi 13 centímetros, con toda la fuerza, terminó el despellejamiento . Luego lo movieron, tirado en ese piso de tierra del Camino del Andariego en Iguala; era entre la una y las dos de la mañana del 27 de septiembre de 2014. No fue arrastrado ni siquiera un metro, pero su corazón había dejado de latir. En shock por el dolor desde el principio, Julio César Mondragón Fontes terminó de morirse”, escriben los periodistas, con base en los documentos y fotografías que constan en el expediente, y especialmente en un estudio elaborado por el médico forense Ricardo Loewe, enviado al equipo legal de la familia del normalista en agosto de 2015.

La contrainsurgencia y las mineras

Los crímenes del 26 y 27 deseptiembre contra los estudiantes de Ayotzinapa, que dejó tres jóvenes muertos y 43 desaparecidos, son una acción de contrainsurgencia, afirman los autores. Con la represión desatada en Iguala, que fue conducida por el Ejército, el Estado buscó dar un golpe de muerte a la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En el capítulo XII “Estado de sitio, la cadena de mando”, los autores exponen que militares dirigieron las operaciones contra los normalistas. “En Iguala, los militares sustituyeron a los civiles del C4 e informaron en tiempo real a la Sedena, que está informada de lo que pasa en México mejor que el propio Presidente. Al salir a patrullar, una tropa siempre tiene una Orden de Fatiga, que detalla todo lo que hará y llevará en la misión, por intrascendente que sea.
“El Ejército siempre negará cualquier participación en los sucesos de Iguala. Sin embargo, fueron soldados quienes monitorearon desde el C4 la llegada de los jóvenes a la ciudad y uno de ellos, el sargento segundo de Infantería, Felipe González Cano, se encargó de reportar al coronel José Rodríguez Pérez —un toluqueño de 67 años de edad que apenas aguantó un año y medio en esa plaza—, responsable directo del 27 Batallón de Infantería, las actividades que desencadenaron un operativo que la milicia conoce como ‘Yunque y Martillo’ y que envolvió a los estudiantes de Ayotzinapa”. Los autores explican que un grupo de encapuchados vestidos de negro “envolvieron a los estudiantes hasta desaparecerlos; fue un operativo bien coordinado a través de una maniobra realizada desde las sombras mientras se apagaba la mayoría de las cámaras que operaba el C4 de la histórica ciudad de Iguala”.
Y concluyen que “hubo una conspiración para desaparecer a los estudiantes. Y no sólo intervinieron pandilleros y policías. Los verdugos hicieron maniobras diferentes y extrañas a las que ‘normalmente’ hacen los sicarios al servicio del crimen organizado o los policías”.
La Normal de Ayotzinapa se ha movilizado en defensa de la educación pública y de la propia Normal permanentemente bajo amenaza de desaparecerla, y que fue siempre un referente de apoyo para otros movimientos sociales de Guerrero, en defensa de los derechos humanos y de la justicia, de las tierras, los recursos naturales, como los minerales explotados por grandes empresas mineras extranjeras.
En el libro los autores dan especial atención a los grandes intereses económicos de las mineras, que definen como un negocio más lucrativo que el narcotráfico. Exponen que el gobierno busca garantizar el camino sin obstáculos para esos grandes negocios, y se encarga de quitarlos mediante la represión a los movimientos sociales que se les oponen y defienden las tierras y el agua.
En su investigación, Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado hablan de los intereses económicos de las mineras en la historia del país, de las concesiones otorgadas desde el siglo pasado por los gobiernos del PRI y después también por los del PAN.
Con base en informes de la Secretaría de Economía, exponen que Guerrero contiene en su tierra oro, y forma parte de una franja del país que también produce cobre, plata, molibdeno y plomo, y que en Guerrero hay titanio y uranio.
“El gobierno sabía desde 1958 que las localidades costeras, vírgenes además, de El Cayacal, donde está la misteriosa Mina 95, reportada escuetamente por el Anuario Geográfico y Estadístico de Guerrero 2014, y El Calvario, en Petatlán, también Guerrero, tienen grandes yacimientos de titanio. Y es que una angosta pero riquísima extensión de titanio atraviesa Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y por supuesto Guerrero.
“Esa franja, donde ya operan algunas empresas, como la canadiense Blackfire Exploration, entregará la mayor riqueza por sus aplicaciones prácticas. Así, se aprovecha la búsqueda de oro para ubicar al mismo tiempo al titanio, ‘el mineral del futuro’, como lo llaman y cuyo costo es de unos 25 dólares por kilogramo en los mercados internacionales”. El titanio es el metal estratégico para la industria de la telefonía celular, y también para la armamentista, aeronáutica, naval, ingeniería nuclear y para el equipamiento de alta tecnología.