La organización Artículo 19 se pronunció sobre el robo y hostigamiento que sufrió el reportero de El Sur, Luis Daniel Nava Jiménez en el ejercicio de sus funciones; demandó a las autoridades a realizar una correcta investigación del caso.
Por medio de un comunicado de prensa, la organización dijo mantenerse pendiente del caso y exhortó a la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos a establecer coordinación para la atención.
“A la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, coordinarse de manera efectiva con el Mecanismo Federal de Protección para atender de forma inmediata al periodista Luis Daniel Nava Jiménez”, pidió el organismo.
Artículo 19 exigió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a realizar una investigación correcta para garantizar la justicia y la no repetición de las acciones.
“A la Fiscalía General del Estado de Guerrero a investigar de manera diligente y expedita aplicando el Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión para garantizar justicia integral y garantías de no repetición”.
Artículo 19 remarcó que Nava fue asaltado después de realizar la cobertura periodística sobre la desaparición y masacre de 11 personas de Chautipan y le robaron su celular, además de abrir su mochila y extraer la computadora. La organización señala que previo al robo, Nava recibió llamadas por parte de sujetos que hicieron pasarse por militares.
“El periodista en las últimas dos semanas cubrió varios temas vinculados a la violencia en la entidad, en las que destaca que ‘alcaldes han sido víctimas de la violencia causada por el crimen organizado infiltrado en la política y por la estrategia gubernamental que empodera a unas organizaciones y debilita a otras’”.
Artículo 19 precisó que existe una ola de violencia en municipios del estado de Guerrero, concretamente sobre el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, la desaparición de 17 integrantes de una familia en Chautipan y el asesinato de siete personas en Acapulco.
Aunado a esto, el organismo registró 48 agresiones a periodistas durante 2023 y que en ese lapso fue el segundo estado a nivel nacional, por debajo de la Ciudad de México, en agresiones para la prensa y medios de comunicación.
Reporteros en la protesta afuera del Recinto del Poder Ejecutivo Foto: Jessica Torres Barrera Reporteros protestaron afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, por el robo de su equipo de trabajo que sufrió el reportero de El Sur y corresponsal de Proceso Luis Daniel Nava. Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La intimidación de la cual fue objeto el reportero de El Sur y corresponsal de Proceso, Luis Daniel Nava Jiménez, por hombres uniformados como policías que portaban armas largas fue una acción directa por su labor, coincidieron representantes de diversas organizaciones de periodistas de la capital.
Denunciaron que es un intento del gobierno por amedrentar al gremio para que ya no se dé cobertura a la violencia e inseguridad que se sufren en prácticamente todas las regiones del estaado.
La mañana de ayer más de 30 periodistas de distintas organizaciones y medios de comunicación local y nacional, protestaron afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, donde exigieron respeto al trabajo periodístico y también que se investiguen todas las denuncias de agresiones cometidas en contra de los comunicadores.
“No nos van a amedrentar”, dijeron a los tres órdenes de gobierno Abel Miranda Ayala, dirigente del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), y Sergio Ocampo Arista, de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG).
Durante el mitin surgieron más denuncias de amenazas e intimidaciones contra reporteros y medios.
Representantes de la página Primer Plano denunciaron que un enviado de la diputada de Morena Citlali Téllez Castillo, les exigió que eliminarán de su página la nota en la que informan de su paseo en una camioneta Tesla Cybertruck de lujo, pero como se negaron, el empleado se molestó y preguntó si sabían el contexto de violencia que vive el estado, y después en la misma página, seguidores de la diputada local escribieron: “Por eso los matan”, lo que interpretan como una amenaza.
En tanto que la representante de la Asociación de Reporteros de Nota Policiaca, Alexa Bello, denunció que la madrugada de ayer cuando daban cobertura a un asesinato en la avenida Lázaro Cárdenas de la capital, se les acercó en actitud intimidatoria un hombre en motocicleta y les hizo varias preguntas en torno a su trabajo.
Los periodistas responsabilizaron en sus intervenciones a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al senador Félix Salgado Macedonio “de cualquier agresión a la integridad física de los compañeros”, puesto que, Sergio Ocampo Arista, agregó: “Desde el gobierno se tolera y se alientan a los grupos delictivos generadores de la violencia”.
Luego de informar las condiciones en que sufrió el robo de sus herramientas de trabajo Nava Jiménez, dijo que “es muy llamativo” el hecho que no le hayan pedido otras cosas como su cartera, dinero o sus otras pertenencias de valor que llevan, sino únicamente sus herramientas de trabajo.
Dijo que fue claro que lo único que les interesaba fue la información que llevaba en su computadora y en su teléfono celular. “O bien era llevarse la información que tenía en su computadora o en su teléfono celular, o dejar un mensaje para que nuestros compañero deje de seguir los temas que cubre”, explicó Miranda Ayala.
Miranda Ayala pidió al gobierno del estado y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que atraigan las líneas de investigación los temas que estaba trabajando Nava Jiménez, “porque creemos que de ahí deriva esta agresión a nuestro compañero”.
Dijo que los periodistas no piden ninguna prebenda especial, sino solamente exigen que se garantice el derecho a la libertad de expresión y a informar, “no queremos nada especial ni nada fuera de la ley, únicamente demandamos y exigimos que se esclarezca este atentado en contra de nuestro compañero”.
El representante dela APEG, Ocampo Arista, dijo que el objetivo de la acción en contra de Nava Jiménez es amedrentar a los trabajadores de los medios de comunicación.
“Afortunadamente no lo han logrado, a pesar de que no hay duda que es una estrategia del Estado mexicano para crear terror a través de la desinformación de la sociedad”.
Indicó que eso se ve en el cierre de los espacios como ha ido ocurriendo en algunas regiones del estado en donde ya no hay prensa escrita, noticieros de televisión, ni periodistas.
Sostuvo que es necesito decirle a la autoridad que no van a lograr amedrentarnos a los periodistas, a pesar de su estrategia que es usar a los grupos de la delincuencia organizada para matar y amedrentar a los periodistas y a los luchadores sociales.
“Lo que le hicieron al compañero Luis Daniel es exactamente la estrategia del Estado para meternos miedo” y ante ello lo importante es mantener la unidad, “porque estando unidos no somos invencibles, pero cuando menos estamos en contacto directo”.
Los reporteros anunciaron que este martes se congregarán afuera del Congreso local en contra de la diputada Citlali Téllez para manifestarse en contra de sus amenazas en el sentido de que procederá legalmente contra quienes publicaron su paseo en un vehículo Tesla Cybertruck en la semana pasada y que ella misma dio a conocer en su página de Facebook.
El reportero Luis Daniel Nava fotografía a un agente de la Policía del Estado en una cobertura en Chilpancingo Foto:?Facebook de Luis Daniel Nava
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El reportero de El Sur y corresponsal de la revista Proceso en el estado, Luis Daniel Nava Jiménez, fue despojado la noche del sábado de su equipo de trabajo, consistente en una computadora portátil y su teléfono celular, cuando regresaba a su casa después de su jornada de trabajo, por dos hombres que portaban armas largas y que le dijeron que sabían que era periodista.
Nava Jiménez fue objeto de este acto de intimidación en medio de la ola de violencia que se vive en la entidad y que él cubre para los medios en los que labora.
El sábado, después de las 12 de la noche, dos individuos con uniformes parecidos a los usados por policías estatales y con armas en mano, lo interceptaron cuando buscaba sus llaves para entrar a su casa, cerca del bulevar del río Huacapa, en la colonia Universal. En seguida, lo despojaron de su computadora portátil y de su teléfono celular.
Antes, uno de ellos le preguntó qué andaba haciendo a esas horas y a qué se dedica, pero cuando les dio sus datos, uno de los desconocidos le dijo: “Sí, ya sabemos a lo que te dedicas”, y en seguida sacaron de su mochila su computadora y le arrebataron su celular.
El periodista contó este domingo que hace unas dos semanas recibió una llamada telefónica, de alguien que le dijo que era mando militar, y le preguntó si era el reportero Luis Daniel Nava y cuando éste le contestó que sí, le dijo que lo invitaba a una conferencia de prensa para el sábado y que necesitaba la dirección de su casa, para que le enviara la invitación por escrito.
Nava Jiménez dijo que le pareció extraña la petición y consultó con un contacto de prensa de la 35 Zona Militar, sobre si estaba programada una conferencia de prensa para el sábado y le respondieron que no. Por ello, bloqueó el número del que le llamaron.
En la última semana Nava Jiménez ha cubierto el caso de los 17 vecinos y comerciantes de Chautipan, municipio de Chilpancingo, que desaparecieron en los municipios de Chilapa y Quechultenango y el posterior hallazgo de los cuerpos mutilados de 11 de ellos, en una camioneta en el cruce de la autopista con la carretera federal, al sur de la capital.
Este sábado, Luis Daniel regresó de Chautipan en dónde dio cobertura al sepelio de las 11 víctimas y después de pasar a cenar, lo interceptaron al llegar a su casa.
Nava Jiménez forma parte del grupo de periodistas desplazados por la violencia de Chilapa, en 2015, y desde entonces trabaja en Chilpancingo.
Este domingo, organizaciones de periodistas hicieron un pronunciamiento público dirigido al gobierno federal, al gobierno estatal, a las fiscalías federal y estatal así como a organismos oficiales y civiles de derechos humanos, lo mismo que a los “grupos generadores de la violencia” en la entidad, en el que condenaron “enérgicamente” el robo de su teléfono y la computadora y la acción intimidatoria en contra de su compañero.
La delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, Asociación de Reporteros de Información Policiaca en el Estado de Guerrero y el Club de Periodistas de Guerrero, exigieron que se investigue a fondo el caso y se deslinden responsabilidades.
“No se deben permitir más agresiones a periodistas y que sigan impunes”, refiere el escrito.
“Este grave hecho se realizó en el contexto de un clima de violencia en Guerrero y del cual el gremio de periodistas no está exento”, indican.
Destacan que está por cumplirse un año de la agresión a balazos a cuatro compañeros en Chilpancingo, “uno de ellos decidió irse de la entidad por cuestiones de seguridad personal y a la fecha no se ha hecho justicia. Menos se sabe quiénes fueron esas manos agresoras que estuvieron a punto de asesinar a nuestros compañeros”.
“Estamos hartos del cinismo de las autoridades, que minimizan constantemente la violencia criminal y dejan desprotegida a la población. Siempre anuncian que se investigarán los hechos, pero jamás deslindan responsabilidades ni detienen a los responsables de la violencia en Guerrero”, reprochan.
El comunicado concluye: “Desde Guerrero, el gremio de periodistas hacemos un llamado enérgico a las autoridades, para que este hecho no quede impune. Si agreden a uno, nos agreden a todos. Por la libertad de expresión unidos vamos a seguir desde nuestra labor diaria esta noble profesión”.
Por la tarde, Luis Daniel Nava presentó su denuncia ante la fiscalía especializada en la investigación de los delitos cometidos en agravio de las personas que realizan labores periodísticas, defensoras de derechos humanos y que atenten contra la libertad de expresión, de la Fiscalía General del Estado (FGE).