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Detienen a ex funcionario y a reportero de Iguala por denuncia de extorsión del alcalde

Alejandro Guerrero

Iguala

Los hermanos Eduardo y Emmanuel Rueda González, el primero abogado y ex funcionario municipal, y el segundo reportero, fueron detenidos y vinculados a proceso durante la audiencia inicial celebrada la tarde de este lunes y recluidos en el penal de Tuxpan, por el presunto delito de extorsión, derivado de una denuncia presentada por el alcalde Erik Catalán Rendón.
El 8 de julio del año pasado los hermanos Rueda González fueron detenidos “en flagrancia” luego de salir del Palacio Municipal por agentes de la Policía Investigadora Ministerial por el presunto delito de extorsión.
La Fiscalía estatal informó en ese momento en un comunicado de prensa, que de acuerdo con sus investigaciones “Eduardo, presunto propietario de una plataforma digital, habría solicitado dinero a la víctima en febrero, con la finalidad de evitar la publicación de contenido en su contra”. Agrega que posteriormente, en junio su hermano Emmanuel, presuntamente exigió a la víctima el pago mensual de 5 mil pesos por el mismo motivo, a través de un tercero.
Señaló que la detención se realizó “en el momento en que los imputados recibían el dinero producto de la extorsión”, posteriormente se supo que la presunta víctima fue el alcalde Catalán Rendón, postulado por la alianza Morena-PT-PVEM.
Dos días después de su detención y traslado a Chilpancingo, los hermanos Rueda fueron liberados en medio de protestas de colegas reporteros y un aparente acuerdo en el que ambos pidieron disculpas públicas al alcalde Erik Catalán, mediante sus redes sociales.
La tarde de este lunes se conoció la detención de los hermanos Eduardo y Emmanuel, el primero quien fue durante cuatro meses director de Asuntos Religiosos en el gobierno de Catalán Rendón, y denunció un despido injustificado.
De acuerdo con el abogado de los hermanos Rueda, Felipe Sandoval Nava, la tarde de ayer se realizó la audiencia inicial en la sede del Palacio de Justicia, en la que, luego del desahogo de pruebas y alegatos, la jueza Rubicela Castro Serrano determinó imponer prisión preventiva oficiosa.
Informó que la detención de los hermanos y su vinculación a proceso, se da debido a que el delito de extorsión está dentro del catálogo del Artículo 19 Constitucional de delitos graves que amerita la prisión preventiva oficiosa.
Aunque consideró que la jueza “se cerró y fue muy tajante” en su determinación, ya que hay otras medidas cautelares que pudo haber aplicado como firmar el libro de gobierno, además de que violó su principio de inocencia.
Debido a ello, desde anoche el comunicador Emmanuel, Many, Rueda y su hermano Eduardo, fueron trasladados a los separos del reclusorio de la comunidad de Tuxpan, en una zona apartada de la población, donde llevarán su proceso.
En las declaraciones por teléfono el abogado informó que están tramitando un amparo contra esa medida cautelar para buscar la liberación de los hermanos, y dijo que se consiguió la ampliación de la duplicidad de término a 144 horas para aportar más pruebas y demostrar la mala integración de la carpeta de investigación, así como la inocencia de los hermanos, para que la jueza emita la sentencia, el cual vence el próximo domingo a las 10:40 de la mañana.
Declaró que el domingo vence el término para que se resuelva su situación jurídica, si les dictan el auto de vinculación a proceso o de no vinculación. Ese día habrá una nueva audiencia en el Palacio de Justicia en la que serán citados el alcalde Erik Catalán y su director de comunicación social, Joel Ayala, así como más testigos del caso.
Dijo que el alcalde tiene que presentarse personalmente para un interrogatorio “riguroso” que se le va a hacer a solicitud de la defensa, y para ello en el transcurso de las siguientes horas se les enviarán los citatorios con el apercibimiento de que si no se presentan de forma voluntaria sería mediante la fuerza pública.
El abogado advirtió que hubo un “montaje” en el supuesto caso de extorsión con la probable complicidad de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Unidad Especial contra los delitos de Extorsión y Secuestro.
Indicó que hay “inconsistencias” y “manipulación” en la integración de la carpeta de investigación relacionado con la detención ejecutada el 8 de julio, por lo que van a ofrecer un perito en informática para desvirtuar un audio y video que se tiene del arresto.

Hombres uniformados y armados intimidan al reportero de El Sur Luis Daniel Nava

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El reportero de El Sur y corresponsal de la revista Proceso en el estado, Luis Daniel Nava Jiménez, fue despojado la noche del sábado de su equipo de trabajo, consistente en una computadora portátil y su teléfono celular, cuando regresaba a su casa después de su jornada de trabajo, por dos hombres que portaban armas largas y que le dijeron que sabían que era periodista.
Nava Jiménez fue objeto de este acto de intimidación en medio de la ola de violencia que se vive en la entidad y que él cubre para los medios en los que labora.
El sábado, después de las 12 de la noche, dos individuos con uniformes parecidos a los usados por policías estatales y con armas en mano, lo interceptaron cuando buscaba sus llaves para entrar a su casa, cerca del bulevar del río Huacapa, en la colonia Universal. En seguida, lo despojaron de su computadora portátil y de su teléfono celular.
Antes, uno de ellos le preguntó qué andaba haciendo a esas horas y a qué se dedica, pero cuando les dio sus datos, uno de los desconocidos le dijo: “Sí, ya sabemos a lo que te dedicas”, y en seguida sacaron de su mochila su computadora y le arrebataron su celular.
El periodista contó este domingo que hace unas dos semanas recibió una llamada telefónica, de alguien que le dijo que era mando militar, y le preguntó si era el reportero Luis Daniel Nava y cuando éste le contestó que sí, le dijo que lo invitaba a una conferencia de prensa para el sábado y que necesitaba la dirección de su casa, para que le enviara la invitación por escrito.
Nava Jiménez dijo que le pareció extraña la petición y consultó con un contacto de prensa de la 35 Zona Militar, sobre si estaba programada una conferencia de prensa para el sábado y le respondieron que no. Por ello, bloqueó el número del que le llamaron.
En la última semana Nava Jiménez ha cubierto el caso de los 17 vecinos y comerciantes de Chautipan, municipio de Chilpancingo, que desaparecieron en los municipios de Chilapa y Quechultenango y el posterior hallazgo de los cuerpos mutilados de 11 de ellos, en una camioneta en el cruce de la autopista con la carretera federal, al sur de la capital.
Este sábado, Luis Daniel regresó de Chautipan en dónde dio cobertura al sepelio de las 11 víctimas y después de pasar a cenar, lo interceptaron al llegar a su casa.
Nava Jiménez forma parte del grupo de periodistas desplazados por la violencia de Chilapa, en 2015, y desde entonces trabaja en Chilpancingo.
Este domingo, organizaciones de periodistas hicieron un pronunciamiento público dirigido al gobierno federal, al gobierno estatal, a las fiscalías federal y estatal así como a organismos oficiales y civiles de derechos humanos, lo mismo que a los “grupos generadores de la violencia” en la entidad, en el que condenaron “enérgicamente” el robo de su teléfono y la computadora y la acción intimidatoria en contra de su compañero.
La delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, Asociación de Reporteros de Información Policiaca en el Estado de Guerrero y el Club de Periodistas de Guerrero, exigieron que se investigue a fondo el caso y se deslinden responsabilidades.
“No se deben permitir más agresiones a periodistas y que sigan impunes”, refiere el escrito.
“Este grave hecho se realizó en el contexto de un clima de violencia en Guerrero y del cual el gremio de periodistas no está exento”, indican.
Destacan que está por cumplirse un año de la agresión a balazos a cuatro compañeros en Chilpancingo, “uno de ellos decidió irse de la entidad por cuestiones de seguridad personal y a la fecha no se ha hecho justicia. Menos se sabe quiénes fueron esas manos agresoras que estuvieron a punto de asesinar a nuestros compañeros”.
“Estamos hartos del cinismo de las autoridades, que minimizan constantemente la violencia criminal y dejan desprotegida a la población. Siempre anuncian que se investigarán los hechos, pero jamás deslindan responsabilidades ni detienen a los responsables de la violencia en Guerrero”, reprochan.
El comunicado concluye: “Desde Guerrero, el gremio de periodistas hacemos un llamado enérgico a las autoridades, para que este hecho no quede impune. Si agreden a uno, nos agreden a todos. Por la libertad de expresión unidos vamos a seguir desde nuestra labor diaria esta noble profesión”.
Por la tarde, Luis Daniel Nava presentó su denuncia ante la fiscalía especializada en la investigación de los delitos cometidos en agravio de las personas que realizan labores periodísticas, defensoras de derechos humanos y que atenten contra la libertad de expresión, de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Publican fotos privadas de ella, denuncia candidata de Morena a regidora capitalina

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

La candidata de Morena a la tercera regiduría del Ayuntamiento de Chilpancingo, Nicole Cambray Valdez, denunció que ha sufrido violencia política en razón de género por un presunto reportero y que incluso ha sido amenazada de muerte.
El sábado, la aspirante dio a conocer su caso en una conferencia de prensa en el restaurante 100% Natural, en la que fue acompañada de militantes y feministas.
Detalló que tiene 22 años y que, desde que dio a conocer sus aspiraciones a la regiduría de Chilpancingo, ha sido víctima de violencia política, psicológica, extorsión digital y amenazas de muerte.
La candidata se limitó a dar el nombre del supuesto reportero, quien aseguró, le dijo que debía hacer un acuerdo con él porque tenía fotografías privadas de ella y que si quería que no salieran a la luz le tenía que pagar un monto exacto de dinero, sin precisar cuánto.
Contó que ella se negó al acuerdo y le manifestó al presunto reportero que tenía libertad de expresión, que si quería difundir las imágenes podía hacerlo, pero que no iba a ceder a su chantaje. Tres horas después, comenzó a difundir las fotografías en medios de comunicación.
Tras la viralización de las fotos, Nicole Cambray dijo que empezó a recibir comentarios “hirientes”.
Antes esto, aseguró que ya presentó la denuncia ante las instancias correspondientes, sin informar cuáles.
La aspirante manifestó que publicar fotografías sin consentimiento de alguien está penado y se paga con cárcel; “llegaré hasta las últimas consecuencias legales”, advirtió.
“Si mi historia sirve para dejar un precedente en el estado de Guerrero, y parar toda esta violencia digital y mediática contra las mujeres, no quitaré el dedo del renglón”, destacó.
Las militantes del partido de Morena externaron que varias candidatas de distintos municipios son violentadas de manera similar, por lo que pidieron que se pare la violencia que sufren las mujeres que están contendiendo por algún cargo de elección popular.
Por su parte, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses informó que en esta contienda electoral se han presentado ante el IEPC 11 denuncias por violencia contra las mujeres en razón de género.

Arrestan policías municipales sin razón a reportero de El Sur en retén vehicular

Argenis Salmerón

Policías municipales, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detuvieron y esposaron al reportero de El Sur, Daniel Velázquez, por una presunta “falta administrativa”, sin dar a conocer el motivo del arresto.
Más de dos horas estuvo bajo arresto el reportero Daniel Velázquez, en la Secretaría de Seguridad Pública, donde también le realizaron un examen médico. A las 12:45 de la tarde lo dejaron en libertad.
El arresto se dio en la calzada Carretera Federal México-Acapulco, cerca de La Cima, a las 10:30 de la mañana, durante una revisión del programa Transporte Seguro.
En declaraciones a reporteros, acompañados de su jefa de información y abogados del periódico, Daniel Velázquez narró que durante un filtro de seguridad, los policías municipales bajaron a todos los usuarios del camión, de la ruta Hospital, para revisar sus pertenencias.
Añadió que él abrió la bolsa con sus pertenencias, que al abrir su estuche de lentes les dijo: “No vaya a llevar un kilo de mariguana” y, entonces, lo sacaron de la fila de los demás hombres.
“Me empezó a revisar las cosas una por una, papel por papel, pluma por pluma. Me desesperé y ese fue el motivo. Después me pusieron las esposas y me subieron a la patrulla”, manifestó.
Aclaró que no se identificó como reportero porque los agentes estaban haciendo su trabajo. Pero agregó que los policías municipales no le supieron explicar cuál era la “falta administrativa” por la que lo acusaban.
Dijo que durante la revisión bajaron a puros hombres del camión urbano, los colocaron de espaldas con las manos hacia el camión y, luego, un policía se molestó con él porque abrió y le entregó su bolsa.
Explicó que “cuando estaba abriendo mi estuche de lentes le dije: ‘no vaya a llevar un kilo de mariguana’, modo sarcástico, y eso fue lo que desencadenó la molestia del agente”.
Señaló que dos patrullas de la policía municipal, las 148 y 166, estuvieron en el filtro, que los agentes estaban con el rostro cubierto y “la 166 es la que me trajo a la secretaría”.
“Después, un policía me puso las esposas, me subieron a la patrulla, me trajeron hasta acá (SSP municipal), me quisieron tomar fotos y videos. Yo me negué y me tiré al piso”, relató.
Expuso que “yo pregunté cuál era el motivo de la detención y solamente me respondieron que por una falta administrativa. Le dije: ‘cuál es la falta administrativa’. Jamás me supieron decir, ni allá (en el filtro de seguridad), ni acá (en la secretaría)”, puntualizó.
Sostuvo: “Entiendo cuál es la condición de vulnerabilidad en que estamos. Expuestos ante policías, no es seguridad”.
Indicó que por este percance con la Policía Municipal “ahora tengo taquicardia e hipertensión, porque yo no sufro esas condiciones”.
Anunció que interpondrá una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero por esta detención arbitraria e ilegal por parte de la policía municipal, “en ningún momento puse resistencia a la revisión de los policías”.
“Siento enojo, frustración, coraje. Una policía recogió mi gafete de prensa y se lo puso al policía que hacía la revisión”, manifestó.
Pidió que se sancione a los policías municipales, porque aseguró que “no están haciendo lo correcto”, así como que las autoridades capaciten a los agentes.
Declaró que quedó en libertad, luego de la intervención del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, porque no se pagó multa.
Por último, dijo que acudiría a una clínica del IMSS, para una revisión médica, porque le diagnosticaron hipertensión y taquicardia en los estudios en la SSP municipal.

Se revisará la “actuación” de los policías, anuncia el secretario

En declaraciones a este reportero en su oficina, el jefe policiaco Luis Enrique Vázquez Rodríguez afirmó que revisará la “actuación” de los agentes que detuvieron al reportero Daniel Velázquez y se procederá conforme a derecho, de acuerdo con el reglamento.
Aseguró: “Aquí estamos comprometidos con garantizar el ejercicio de la libertad de expresión”.
Sobre qué falta administrativa cometió Daniel Velázquez, el secretario de SSP respondió: “Es la actuación policial que vamos a revisar y, en caso de determinarse, se aplicarán las sanciones correspondientes”, tampoco supo el motivo.
Explicó que los agentes municipales tenían un punto de revisión e inspección, como parte del programa Transporte Seguro, cerca de La Cima, que lleva a cabo la corporación policiaca en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
“Al hacerle la revisión (a Daniel Velázquez), los elementos de esta corporación decidieron trasladarlo a estas instalaciones”, acotó.
Destacó que “en todo momento su seguridad estuvo garantizada, de manera íntegra, al ser trasladado y de manera personal atendí la situación”.
Añadió que “fue trasladado como corresponde a los protocolos, a las personas que son detenidas. Se le pasó para su valoración médica y él accedió”.
Declaró que el estado de salud del reportero era positivo, “con la presión un poco elevada, por el mismo suceso, algo normal”, y después se retiró del lugar.
Por último, justificó que la finalidad del programa Transporte Seguro es que los usuarios se “sientan seguros” y no generar lo contrario, “hemos visto que el transporte se ha venido reactivando paulatinamente”.
En un boletín de prensa, el Ayuntamiento informó que el reportero Daniel Velázquez, sin precisar el medio informativo, fue conducido a la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco.
Se relata que este jueves en la mañana, en La Cima, agentes aplicaron “acciones preventivas” en el Transporte Público, para reforzar la seguridad de los usuarios, solicitaron a éstos una revisión de rutina.
Afirma que el reportero Daniel Velázquez, por ser pasajero, también fue revisado y luego trasladado a la secretaría, donde en “todo momento se salvaguardaron sus derechos”.
Advirtió, respecto a los agentes que participaron en esta actuación, que se procederá conforme a derecho, para revisar su actuación, y en caso de irregularidades se aplicarán los correctivos y sanciones a que haya lugar, conforme el reglamento en vigor.
Señaló que al reportero, en ningún momento, se vio vulnerada su integridad física y se le valoró médicamente, con un estado de salud positivo, retirándose de estas instalaciones tras el término de esta valoración.
Indicó: “Dejamos constancia de que no permitiremos atentados al valor que representan el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, mismos que son obligación garantizar por parte de la Secretaría de Seguridad Pública”.
En un comunicado, el Sindicato de Trabajadores de Organismo Operadores del Agua del Estado de Guerrero repudió la actitud de la Policía Municipal de Acapulco, por atentar contra la libertad de expresión y la flagrante violación a los derechos humanos del reportero de El Sur, Daniel Velázquez, quien fue detenido de manera ilegal.
Añadió que reconocen el profesionalismo con el que el reportero ha desempeñado su trabajo, desde hace 15 años, por lo que se solidarizan con él y todo el gremio de periodistas, que dignamente generan la información.

Desaparecido, un periodista de Taxco; el domingo, desconocidos lo sacan de su casa

Desde el domingo está desaparecido el periodista de Taxco Marco Antonio Toledo Jaimes Foto del Facebook de Marco Antonio

Redacción

Iguala

El periodista taxqueño Marco Antonio Toledo Jaimes fue privado de la libertad y visto por última vez el domingo 19 de noviembre en su casa en el municipio de Taxco de Alarcón, de la región norte de Guerrero, sin que se conozca su paradero.
Toledo Jaimes es el director del semanario Espectador de Taxco, reportero de La Crónica. Vespertino y colaborador del Canal N3 Guerrero, donde maneja información general, movimientos sociales, así como información generada por el Ayuntamiento de Taxco que preside Mario Figueroa Mundo.
Versiones extraoficiales señalaron que Marco Antonio Toledo Jaimes fue visto por última vez el domingo 19 de noviembre en su casa particular, de donde fue privado de la libertad por sujetos desconocidos.
Incluso refieren que su actividad en línea a través del Whatsapp fue a la media noche del domingo anterior y desde ese momento no ha respondido ninguna llamada ni mensaje.
Toledo Jaimes de 58 años de edad, tiene una trayectoria periodística en el municipio de Taxco. Por su labor ha sido víctima de hostigamiento y amenazas por funcionarios de los tres niveles de gobierno, y por personal militar en diciembre del 2021, lo cual hizo público en su página personal de Facebook.
A través de redes sociales, reporteros de distintos medios de comunicación de Taxco se pronunciaron por la presentación con vida y por la búsqueda y localización con vida de Marco Antonio.
De igual forma han pedido la colaboración de la población taxqueña para que si tiene información que ayude su localización, lo hagan saber.
Los representantes de medios locales, denunciaron el hecho y lamentaron la inseguridad que se vive en la ciudad platera y a lo que se enfrentan diariamente.
El primero de octubre del 2022, fue reportado desaparecido el periodista Jorge Luis Chew Cervantes y localizado con vida en Taxco dos días después.
El 25 de abril del 2016, fue ejecutado el periodista Francisco Pacheco Beltrán, sin que hasta el momento se haya esclarecido su crimen.

Presenta reportero denuncia en el MP por robo de equipo; “no fue común”, insiste

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El reportero de la agencia Quadratín, Yener de los Santos Matías, presentó una denuncia penal por el delito de robo, allanamiento de morada “y lo que resulte” en su agravio, ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Chilpancingo.
En su querella asentó: “los periodistas en distintas partes de nuestra entidad, somos intimidados, perseguidos y asesinados, por lo anteriormente expuesto en este párrafo temo por la integridad a mi persona y de mi vida”.
Derivado de la presentación de la demanda peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentaron la tarde de ayer a su departamento ubicado en la calle Matamoros, de la colonia Rufo Figueroa, “para dar fe de la existencia de su domicilio, así como de las condiciones y características físicas del lugar”, como parte de la integración de la carpeta de investigación.
El reportero sufrió el robo de su equipo de trabajo y cinco mil pesos en efectivo, aproximadamente a las 10 de la noche del martes pasado.
En su denuncia, De los Santos Matías, precisó que esa noche le robaron una computadora portátil marca Toshiba, dos cámaras fotográficas marca Canon, una videocámara marca Canon, una cámara fotográfica marca Nikon, un lente teléfono, y cinco mil pesos en efectivo.
Reiteró: “en mi departamento tengo más pertenencias de valor, las cuales no se llevaron, y tengo temor de estas personas que irrumpieron de manera ilegal a mi domicilio, ya que solo se llevaron mi herramienta de trabajo donde tengo toda mi información y datos muy importantes que solamente mis compañeros de trabajo conocen”.
Agregó: “en mi trabajo realizamos diferentes denuncias de manera pública, ya que es parte de nuestra profesión, y los periodistas en distintas partes de nuestra entidad somos intimidados, perseguidos y asesinados, por lo anterior expuesto en este párrafo temo por la integridad a mi persona y de mi vida”.
El miércoles, en conferencia de prensa, Yener de los Santos, informó que cree que no fue un robo común y que podría tratarse de una intimidación por su trabajo como periodista.

Detienen vecinos y luego liberan a un reportero en un pueblo de San Luis Acatlán

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Presuntamente por publicar una nota en la que denunció que el vivero del programa Sembrando Vida de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, no está funcionando, el editor del semanario y portal Prensa del Sur, Bertín Chino González, fue detenido en esa comunidad.
En declaraciones por teléfono, denunció que su detención fue ordenada por el comisario municipal, Ángel Morales Agustín, a quien responsabilizó de su integridad física, “por si me golpean en la noche, porque aquí son medio cabrones”, dijo.
Contó que el miércoles subió a su portal una nota en la que denunció que el vivero del programa Sembrando Vida en esa localidad no está funcionando, y que ayer a las 5 de la tarde, llegaron policías rurales vestidos de azul que dependen del comisario municipal, a la casa de su esposa en esa localidad y lo detuvieron.
Dijo que cuando les preguntó por qué delito lo detenían, el comandante le respondió que “por el reportaje” de Sembrando Vida que publicó.
En el video que subió a su portal el reportero, aparecen imágenes del vivero vacío: “vemos este vivero de Sembrando Vida que está completamente desolado, no tiene nada. Esto que siempre está mencionando el presidente López Obrador que Sembrando Vida… así como aquí están los viveros de Atlamajalcingo del Monte, en Olinalá, en Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, también están así los viveros. En Guerrero no funcionan”.
Por la noche, la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) emitió una alerta a las organizaciones de periodistas, a la Comisión de Derechos Humanos y al Mecanismo de Protección a Periodistas, así como a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, “para que de inmediato se revise la situación del compañero, quien se encuentra detenido por la Policía Rural de la comunidad de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, en la región Costa Chica de Guerrero”.
La organización, informó que el reportero tiene 30 años ejerciendo la labor de periodista, y consideró que su detención “representa una grave violación a sus derechos humanos, además de una clara violación a la libertad de expresión, al derecho de informar y estar informado”.
El SNRP demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, su inmediata libertad, “y una profunda investigación que permita sancionar a los responsables de este atentado a la libertad de informar”.
A las 8 de la noche se realizaba una asamblea en la comunidad para determinar la situación del reportero.
Bertin Chino trabajó en Chilpancingo y en los últimos años en la Montaña y la Costa Chica. Estos días se encontraba en Horcasitas, de donde es originaria su esposa.
A las 9:30 de la noche, la Secretaría General de Gobierno informó que Chino González fue liberado luego que fue detenido por la policía rural de San Luis Acatlán por la mediación del director General de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.

Amedrenta el fiscal regional José Luis Martínez al corresponsal de El Sur en Iguala

Durante la cobertura del ataque a balazos en la escena del crimen donde dos hombres fueron ejecutados a balazos ayer en Iguala, el fiscal regional, José Luis Martínez Silva intentó bloquear la labor periodística y mediante un policía municipal intentó intimidar al corresponsal de El Sur.
A pesar de que la cobertura se hizo en todo momento respetando el acordonamiento de la zona, donde había decenas más de personas presenciando los hechos, Martínez Silva envió a un policía municipal con la orden de que este reportero no podía tomar fotos de los hechos.
Al agente se le mostró la credencial de prensa para identificarse y que se la mostrara al fiscal. Después de que fue y le mostró la identificación el policía municipal dijo que la indicación del funcionario de la Fiscalía General del Estado era la misma, que no podía tomar fotografías, pero respondió que “es parte de mi trabajo”.
“No quiere”, dijo el policía en referencia a la respuesta del fiscal a pesar de que vio la credencial.
–No me puede prohibir hacer mi trabajo–.
–No, no, no te lo estoy prohibiendo, solamente te vine a decir lo que él me dijo, si fuera así ya hubiera tomado otras medidas, pero no, yo lo sé–, replicó el uniformado y regresó con el fiscal.
Después Martínez Silva se puso a hablar por teléfono viendo hacia donde estaba el reportero. La postura del fiscal regional fue únicamente con el corresponsal de El Sur, ya que en el lugar había más reporteros con los que no se tomó la misma medida restrictiva. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Amplia pesquisa del asesinato, demanda la ONU-DH

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el homicidio del periodista Cecilio Pineda Birto, y demandó una investigación amplia que incluya las líneas relacionadas con su actividad periodística.
Asimismo señaló que es fundamental saber qué pasó con las medidas de protección que se pudieron otorgar al comunicador “para evitar este trágico desenlace”, en atención a las publicaciones de que el Mecanismo de Pro-tección para personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación lo incluyó en un programa de protección después de un atentado en 2015, y le retiró las garantías en octubre de 2016 porque no identificó más riesgo.
Ayer, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, destacó que la situación de riesgo de Pineda Birto ya había sido puesta en conocimiento de las autoridades, incluso del Mecanismo señalado.
Expresó que “este ataque debe ser investigado de manera pronta e imparcial, agotando todas las líneas de investigación incluyendo las relacionadas con la actividad periodística del señor Pineda Birto. Ningún ataque a medios de comunicación o a periodistas debe quedar impune.”
En el esclarecimiento de los hechos, consideró “fundamental contar con mayor información sobre las medidas de protección que hubieran podido ser otorgadas al señor Pineda Birto para evitar este trágico desenlace, de tal manera que se puedan evitar hechos similares en el futuro para otros periodistas”.
Ratificó que para la ONU-DH “los ataques contra la prensa en general y contra los periodistas en particular, no sólo afectan a las víctimas y a sus familias, sino a la sociedad en su conjunto pues generan un clima de temor entre quienes ejercen el periodismo, coartan la libertad de expresión y, por tanto, la sociedad se ve privada de su derecho a recibir información libre y plural en asuntos de interés público”.
En el seguimiento del caso, informó que la Oficina ha sostenido contacto con las autoridades correspondientes, y asumió el compromiso “para seguir cooperando con las instituciones y las autoridades mexicanas en el fortalecimiento de las políticas y la institucionalidad existente en materia de protección de periodistas y combate a la impunidad”.
Asimismo, manifestó sus condolencias y solidaridad con la familia, amigos y colegas de Cecilio Pineda y llamó a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la familia del comunicador.

En defensa de Lenin Ocampo y la libertad de expresión

EDITORIAL

La Fiscalía General de Jalisco informó ayer que su policía cibernética encontró en Guerrero el origen de una comunicación atribuida al Cártel Jalisco Nueva Genera-ción, en la que anuncia que ante la especulación causada por el alza en los precios quemará gasolinerías en apoyo “a la clase trabajadora” .
Concluye, en consecuencia, que la comunicación resultó “ser falsa”, pues su autor no fue ese grupo delictivo y advirtió que ejercerá acción penal contra el responsable al que buscará fincarle el cargo de apología del delito.
El boletín oficial de la Fiscalía de Jalisco subraya que su acusado “constantemente hace publicaciones amenazantes, supuestamente relacionadas a grupos armados o delictivos”, y aunque no menciona ningún nombre, su titular Eduardo Almaguer Rodríguez dijo a reporteros que lo entrevistaron que el mensaje amenazante se originó en la cuenta de Facebook del fotógrafo de El Sur, Lenin Ocampo Torres, a quien identificó como “un sujeto de tendencias anarquistas”.
Se trata de una acusación insostenible, pero al mismo tiempo muy grave y preocupante. En carta que se publica en esta página, Lenin Ocampo ha negado “categóricamente” que de su cuenta haya salido la condenable comunicación en la que se anuncia que un grupo delictivo quemará gasolinerías en Jalisco, y subraya que todo lo que él hace en su labor profesional y lo que allí escribe es público.
Si bien la denominación de Sup Pancho Membrillo es un seudónimo, allí mismo ubicado entre paréntesis aparece el nombre de Lenin Ocampo, de modo que está claro quién es el responsable de ese muro como se dice en el argot de las redes sociales.
A Lenin Ocampo, como al resto de los reporteros de este periódico, se les dan diariamente órdenes de trabajo en las que se detallan los asuntos y actividades que tienen que cubrir, sin que eso impida que emprendan trabajos de su iniciativa.
Y Lenin Ocampo se ha destacado en El Sur como un fotógrafo responsable, siempre dispuesto a ir a donde se le indique y con una sensibilidad que le permite captar imágenes acordes a la línea editorial de El Sur, que se resume en proporcionar al lector una información objetiva de la realidad que haga visibles los problemas que aquejan a la sociedad.
Y aquí reivindicamos su trabajo como un ejercicio profesional, apegado a la ética periodística y ajeno a prácticas de militancia política.
Lo que escribe, y las formas en que presenta sus textos en su cuenta de Facebook, es algo de su entera responsabilidad y parte de un ejercicio de libertad de expresión que ninguna autoridad puede coartar, y mucho menos si se trata de comunicaciones que son públicas y de las que se hace responsable con su nombre real.
Por eso decimos que se trata de una acusación insostenible, y en ese sentido no es gratuito que el vocero del Grupo Coordinación Guerrero haya distribuido una comunicación pública en la que califica de “volada” la acusación contra Lenin Ocampo, niega que la Fiscalía de Jalisco haya solicitado la colaboración de la de Guerrero y expresa su respeto al trabajo del fotoreportero y de todos los trabajadores de este periódico.
Ésta parece ser una maniobra mediática del fiscal de Jalisco para salir al paso de la preocupación de los ciudadanos de aquel estado por la comunicación amenazante. Ojalá no sea el inicio de una campaña planeada en los organismos de seguridad del Estado mexicano, pero es ya un ataque a Lenin Ocampo pues se criminaliza su trabajo periodístico.
En Jalisco ya se han anunciado movilizaciones contra la impopular alza del precio de las gasolinas, y tal vez el propósito de la acusación a nuestro compañero sea desprestigiar las protestas que ya se organizan en distintas entidades del país, incluido Guerrero.
Mezclar de manera perversa y sin pruebas al narcotráfico con la movilización social es un expediente al que ya se ha acudido en otros momentos críticos y con funestas consecuencias, como lo demuestra el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
El Sur exige un total apego a la Constitución y las leyes de la Fiscalía de Jalisco; que no fabrique chivos expiatorios ni cortinas de humo para inhibir la protesta social. Y anuncia que defenderá con la denuncia pública y todos los medios legales al reportero gráfico Lenin Ocampo Torres.