La directora de la secundaria José Martí, en Zihuatanejo, Noemí Ibarra Ramírez, dio a conocer que va lento el trámite de la escrituración del terreno que desde hace 24 años ocupa el plantel, por lo que hizo un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “para que se le dé celeridad, de lo contrario, nuestra escuela no va a alcanzar a entrar en el presupuesto”.
Este jueves, vía telefónica, Ibarra Ramírez informó que en esta semana, acompañada de los representantes del comité de padres de familia, se reunió con la recién nombrada directora del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi), Marcia Elsa Valencia Guzmán, “para preguntarle qué información tiene del proceso de entrega del terreno a la Secretaría de Educación Guerrero. Porque no hace mucho le pedimos esa misma información al titular de la SEG y nos contestó que él no sabía nada”.
De la conversación que tuvieron con Valencia Guzmán, “ella mandó a traer a la encargada del despacho jurídico del fideicomiso y nos comentó que el Fibazi ya entregó el terreno a la Secretaría de Finanzas, que el trámite de escrituración lo está llevando un notario en Iguala, que el notario estaba solicitando el deslinde catastral y que ese documento lo extiende el Ayuntamiento”.
Luego, dijo que trabajadores del gobierno municipal estuvieron en la escuela tomando fotografías y tomando medidas del terreno, “lo que nos dijo en la reunión la encargada del despacho jurídico del Fibazi es que el trámite de las escrituras va a tardarse unos 40 días. Lo que se nos hace mucho, porque se supone que la entrega del terreno a Finanzas fue desde el 18 de septiembre, y ya van más de un mes y no vemos avances”.
“Nosotros pensábamos que en la visita que hizo la gobernadora Evelyn Salgado ayer (miércoles) a Zihuatanejo, nos iban a entregar las escrituras, pero no fue así. En su momento, en la reunión con la directora del fideicomiso, le expresamos nuestra preocupación de que no alcancen a estar a tiempo las escrituras, para que a nuestra escuela se le considere dentro del presupuesto de 2025, para que empiece a ser construido un edificio digno”.
Indicó que por ese motivo, “le hacemos un llamado público a la gobernadora, para que dé las indicaciones a quien tenga que hacerlo y que le dé celeridad al trámite. Nosotros ya cumplimos con todos los requerimientos, el Fibazi ya cumplió también, y no es posible que el secretario de Educación, quien debería de ser el primer interesado en estar pendiente de este trámite de donación, porque es ahora la secretaría de Finanzas la que se lo va a donar a la SEG, nos responda que no sabe en qué punto va el proceso”.
Vecinos de la unidad habitacional El Quemado-Casitas, pidieron ayuda a las autoridades para evitar el derrumbe de 150 casas, que han quedado al borde del río de La Sabana luego de que el afluente se llevó unos 50 metros de sus patios.
Pero no es la única con afectaciones, la unidad habitacional San Agustín podría quedar incomunicada debido al derrumbe de la mitad de la avenida que es el acceso principal, y del lado que conecta con la colonia Izazaga, el puente colapsó por el caudal que bajó de la colonia Sinaí y que también inundó casas.
La unidad habitacional El Quemado-Casitas, de unas 750 casas, fue construida para las personas que fueron reubicadas luego de la devastación provocada por el huracán Paulina en 1997 en una extensa zona en los márgenes del río de La Sabana, cerca de la caseta de La Venta de la Autopista del Sol.
El señor Javier Nava Ramírez recordó que cuando su familia y él llegaron a vivir a la zona, muchas familias damnificadas no alcanzaron una de las pequeñas casas que se construyeron que constaban de una recámara, un espacio que compartía la cocina, sala y el comedor, y fueron ubicadas en los márgenes del río de pasaba a unos 200 metros de las casas.
Dijo que conforme han pasado los diferentes fenómenos naturales y el caudal del río ha crecido, poco a poco el margen que tenían se ha reducido por la corriente del río, y durante el huracán Otis quedó de unos 50 metros, mismos que fueron devorados por las corrientes que provocó el huracán John.
El hombre denunció que las casas materialistas son responsables de que el río haya cambiado su cauce, debido a que han estado sacando arena, en un área aledaña a la carretera federal México-Acapulco, para evitar adentrarse al extenso campo que hay de pura arena, y eso provocó que parte del muro de contención que había se haya colapsado, y el agua se llevara sus patios.
Nava Ramírez indicó que son unas 150 viviendas construidas todas de muros, paredes y losa de concreto. El hombre expresó que no imaginó que después de la reubicación provocada por el huracán Paulina, ahora nuevamente están en riesgo de ser desalojados de sus viviendas.
Informó que antes del último cambio del director de Invisur, se había hecho y aceptado y una solicitud para continuar con la construcción de un muro de contención y evitar que el río se llevara más terreno, pero con los cambios en la institución, los directores que han llegado no le han dado seguimiento.
Los vecinos afectados durante el día están en sus casas, cuidándolas, y durante las noches las mujeres y los niños acuden al refugio que han instalado en la capilla de la unidad habitacional donde este martes fueron atendidos por una brigada de salud, y se les dio comida.
Pero no es la única unidad habitacional afectada por las lluvias, el acceso principal a la unidad habitacional San Agustín, Casas Homex y Palenque, tiene colapsado la mitad de la avenida, y sólo se mantiene un sentido que está socavado y que podría dejar incomunicados a los vecinos de esa zona. En los márgenes del afluente, cruzando el arroyo, hay casas colapsadas y otras por derrumbarse.
En el acceso que sale a la colonia Izazaga, tampoco hay paso, el puente reconstruido en 2017 y que costó 2.5 millones de pesos colapsó ante la fuerte corriente del afluente que baja de la parte alta de la colonia Sinaí y que inundó al menos unas 20 casas ubicadas en los márgenes del arroyo.
En el segundo día de bloqueo en la carretera Chilpancingo-Tlapa, representantes de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal acudieron a la cabecera de Atlixtac, para verificar la obra abandonada de un hospital y las condiciones del centro de salud.
El bloqueo se instaló a las 6 de la mañana del lunes y hasta las 7 de la noche de este martes se deliberaba en asamblea que fuera levantado.
La demanda principal de la población es que se reanude la construcción de un hospital, que inició en 2001 y que fue suspendida en 2007, a raíz de que una familia reclamó la propiedad del terreno.
Fue a principios de 2023 que tribunales agrarios fallaron a favor de la población y validaron la donación del terreno, que hizo en vida Gudelio Quiroz, para la construcción del hospital.
Otra demanda es que la Ssa les regrese una ambulancia que tenían a su disposición y que hace dos semanas fue llevada a otro lugar, por una empresa privada, de acuerdo con gestores del hospital.
Asi como que la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) envíe a cuatro maestros, un médico escolar y un trabajador de apoyo.
Al mediodía, el representante legal del Comité de Gestión para el Funcionamiento del Hospital de Atlixtac, Oscar Rosalino Catalán, informó que personal regional de la Ssa acudió a la comunidad, para constatar la existencia física de la obra inconclusa del nosocomio.
Tomaron fotos y video de la construcción, luego se dirigieron a la centro de salud del IMSS-Bienestar.
“Constataron las condiciones pésimas en las que opera el centro de salud, para atender a casi 30 mil habitantes”, dijo Rosalino Catalán.
Perfiló que una muestra de que se busca una posible solución a las demandas, sería echar andar un plan de contingencia, que consistiría en que la Ssa Guerrero envíe médicos para los turno matutino, vespertino y nocturno, en lo que se tramita la construcción del hospital.
“Se harán estudios para valorar si en la actual ubicación del inmueble, se continúa su construcción, se rehabilita, se tira o se construye de nuevo”.
Aseguró que el hospital ya estaba construido y equipado, pero que particulares impidieron que entrara en funcionamiento antes de 2003, cuando tramitaron el primer juicio de amparo. El litigio inició formalmente en 2007 y ahí se suspendió la construcción.
Indicó que en caso de que no sea viable el terreno donde está la obra del hospital, la comunidad tiene un segundo lote, más amplio, donde se podría edificar.
En el predio ubicado en el bulevar Las Palmas, y que pertenece al ejido de La Zanja, se construye una unidad habitaciónal para integrantes de la Guardia Nacional y de la Sedena, y ayer fue tomado por ejidatarios que exigen el pago de una indemnización Foto: Carlos Carbajal
Redacción
Ejidatarios de La Zanja reclamaron cerca de una hectárea de terreno que no le fue pagado al ejido y actualmente es usado por el gobierno federal para la construcción de las unidades habitacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con la toma del acceso al terreno en que ya están avanzados los trabajos de construcción, los ejidatarios pidieron la indemnización por el uso del suelo que aseguraron no les fue ni solicitado ni se les indemnizó.
La mañana de este miércoles, cerca de 30 ejidatarios en su mayoría adultos mayores, en representación de los 56 ejidatarios que conforman La Zanja, actualmente conocido como La Poza, tomaron el acceso a la obra y no permitieron que siguieran entrando transporte con el material ni maquinaria para la edificación.
El comisario ejidal de La Zanja, Moisés Ozuna Mújica, declaró en entrevista que se mantendrán en plantón indefinido para defender la tierra y que, por la vía legal, desde hace dos meses iniciaron el juicio de reivindicación de la propiedad, por lo que los trabajos de construcción no deberían estar activos, hasta que haya una resolución.
La acción reivindicatoria consiste en la promoción de un juicio que exige la devolución de una casa al afirmar que es de su propiedad.
“La Sedena se está adjudicando un predio que corresponde al ejido de La Zanja, el cual nosotros tenemos con qué acreditar la propiedad. Con nuestra carpeta básica, nuestro plano definitivo de dotación de tierras, plan interno y unas escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad”, indicó Ozuna Mújica.
Como comisario, demandó la indemnización al ejido por el terreno ubicado en bulevar Las Palmas, lote 1, manzana 55, el cual se pretende sea usado por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.
En la entrada al terreno hay una lona que describe la obra e indica que se trata de un proyecto de viviendas para las familias de las dos corporaciones.
El comisario reconoció que “este juicio ya tiene muchos años, pero la verdad siempre ha habido cierto temor, siempre hemos estado haciendo las cosas conforme a la ley, pero el temor es de algo que nos pudiera suceder a cualquier ejidatario”, pero al ver que los trabajos ya están muy avanzados, decidieron plantarse y esperar respuestas.
“Que nos den la cara y que nos digan ¿Qué procede? Si nos van a dar indemnización o algo. Porque los dueños somos nosotros”, reclamó Ozuna Mújica.
Hasta las 7 de la noche de ayer miércoles, los ejidatarios continuaban en la toma del acceso al terreno. Después del mediodía trabajadores de Sedena se acercaron al lugar, pero de acuerdo con el comisario, no resolvieron nada y sólo les informaron que continuarán con los trabajos de construcción, debido a que ellos como institución no han sido notificados al respecto.
Ejidatarias explicaron que el predio siempre se mantuvo baldío, pero que desde finales del año 2023, después del impacto del huracán Otis, la Secretaría de la Defensa Nacional, comenzó a construir sin papeles que les acrediten la propiedad.
“Así llegaron a construir, sin previo aviso. Se lo adjudican”, señaló el comisario ejidal, que también agregó que los ejidatarios ya metieron un juicio reivindicatorio, por lo que ya son dos veces en que se envían a México el exhorto para que dé respuesta, pero siguen sin tenerla, mientras que “ellos ya van a terminar prácticamente”, recalcó Ozuna Mújica.
De igual manera, explicó que se ha buscado el diálogo, pero que a pesar de que el trato siempre ha sido en paz y con cordialidad, La Zanja sigue sin respuesta.
“Ya venimos en dos ocasiones, en que queremos entablar un diálogo con ellos y no tenemos respuesta de nadie. Ellos ya van a terminar de construir, entonces todos los ejidatarios y algunos pobladores venimos a plantarnos aquí”, puntualizó el comisario.
La entrada al predio ubicado cerca de la playa, entre lujosos condominios, es resguardado por cuatro agentes de la Guardia Nacional.
Por cuarto día consecutivo, autoridades excavaron ayer en un terreno baldío de El Cayaco para encontrar al desaparecido integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, pero no hubo resultados positivos.
La jornada semanal de este mes termina hoy con un nuevo punto de búsqueda, comentó vía telefónica la esposa del ambientalista desaparecido, Samantha Valeria Colón Morales.
Desde el lunes pasado, integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Unidad Canina de la Fiscalía General del Estado, han indagado bajo tierra dentro de una amplia huerta descuidada que se encuentra a unos cinco minutos del crucero de El Cayaco, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, pero que está rodeada por pequeñas viviendas hechas de material endeble.
Ayer continuaron las actividades en el mismo terreno baldío, Colón Morales precisó que las autoridades hicieron acciones de búsqueda en cuatro puntos específicos del terreno lleno de maleza y troncos caídos o quemados, en dos de ellos se realizaron “excavaciones profundas” y el otro par consistió en “pozos de sondeo”, sin resultados positivos.
Vicente Suástegui, integrante del Cecop, fue desaparecido por hombres armados el 5 de agosto en la colonia Ciudad Renacimiento, en la zona suburbana del municipio.
En el presente año, mes con mes su esposa Colón Morales ha encabezado las búsquedas en distintos lugares de Acapulco, pero principalmente en la zona oriente del municipio donde operaba la extinta policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), organización acusada de perpetrar el crimen contra el defensor del medio ambiente en colusión con autoridades.
A la también integrante del colectivo Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero la acompañan en esta semana de búsqueda, además de las instituciones ya mencionadas, integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Durante el tercer día de búsqueda del desaparecido integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, las autoridades excavaron en tres puntos de un terreno del poblado de El Cayaco, pero no tuvieron resultados positivos.
La búsqueda de esta semana empezó este lunes en el mismo terreno baldío de Acapulco en el que se buscó el mes pasado porque hallaron una fosa clandestina y va a continuar hoy, informó vía telefónica la esposa del desaparecido, Samantha Valeria Colón Morales.
Las dependencias que participan en las indagatorias bajo tierra son la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Unidad Canina de la Fiscalía General del Estado.
Las instituciones que han resguardado el perímetro de búsqueda son la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
El terreno donde se ha llevado a cabo la búsqueda de este mes se encuentra a cinco minutos del crucero de El Cayaco, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, es una huerta abandonada en la que las autoridades, los familiares y activistas caminan unos cinco minutos para llegar a la zona específica donde han excavado en los últimos tres días.
Los familiares y autoridades han insistido en este punto del municipio porque el 21 de junio pasado, en el quinto día de la jornada de búsqueda de ese mes, fueron encontrados restos humanos dentro de varias bolsas de plástico negras enterradas en una fosa clandestina.
Hay indicios, como cintas, costales y pedazos de ropa abandonados, de que pudieran existir más fosas clandestinas en el área cercana al hallazgo, pero las autoridades no han tenido éxito en encontrarlas esta semana.
Vicente Suástegui es integrante del Cecop y su hermano es el vocero del movimiento por la defensa de la tierra y el medio ambiente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Fue desaparecido el 5 de agosto de 2021 en Ciudad Renacimiento por hombres armados, sus familiares han señalado que eran integrantes de la extinta Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que operaba en la zona oriente del municipio, en colusión con autoridades.
Por la desaparición de Vicente Suástegui, han sido detenidos cuatro hombres, dos de ellos recibieron el año pasado una condena de 25 años, pero recientemente un juez ordenó reponer el juicio oral.
Los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentaron un amparo en contra de esta resolución, pero el recurso legal fue después rechazado, comentó esta semana Colón Morales, también integrante del colectivo Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero.
La búsqueda del integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, continuó ayer en el mismo terreno baldío del poblado de El Cayaco que no han descartado desde el mes pasado familiares y autoridades por los fuertes indicios de que haya más fosas clandestinas.
El personal de búsqueda y la esposa de la víctima, Samantha Valeria Colón Morales, excavaron dos pozos, pero no tuvieron resultados positivos, pese a que se encontraron un costal y una cinta.
Al igual que el primer día de la jornada de búsqueda, el calor de este martes también interrumpió el trabajo porque ya fueron localizados otros puntos del gran terreno baldío de esta parte del municipio, pero los integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Unidad Canina de la Fiscalía General del Estado no pudieron profundizar en uno de éstos por el agobiante calor.
Este lunes comenzó una nueva jornada de búsqueda de Vicente Suástegui, desaparecido el 5 de agosto de 2021 en la colonia Ciudad Renacimiento, desde el inicio del año, mes con mes, autoridades, familiares y activistas han indagado en distintos terrenos de Acapulco, sobre todo en la zona oriente del municipio.
El 21 de junio pasado, en el quinto día de la jornada de búsqueda de ese mes, fueron encontrados restos humanos dentro de varias bolsas de plástico negras enterradas en una fosa clandestina en un terreno de El Cayaco, el cual es bastante grande, por lo que no ha sido descartado en su totalidad.
En el primer día de cinco que consta la jornada de búsqueda de este mes se hicieron “pozos de sondeo” para encontrar fosas clandestinas que pudieran estar a unos metros de distancia del punto donde fueron hallados los restos humanos del mes pasado.
Ayer se continuó en la misma parte del terreno, metros más adelante de la búsqueda del lunes y de los cuales ya se había advertido de su existencia desde ese día, pero las autoridades tampoco tuvieron resultados positivos, informó Colón Morales vía telefónica.
La esposa del activista desaparecido agregó que hay otros puntos del terreno baldío, que se encuentra a unos 400 metros de la vía Acapulco-Pinotepa Nacional, que serán explorados hoy.
Integrantes de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal resguardaron la búsqueda en este terreno de El Cayaco, donde alrededor hay algunas casas de material endeble.
El presidente del comité de padres de familia de la secundaria José Martí, Guillermo Ayvar Moreno, denunció que aunque el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, “ha expresado que apoya al plantel para que el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi), escriture el terreno que ocupa desde hace 24 años a favor de la SEG, en los hechos no se ve”.
Este martes, Ayvar Moreno dio a conocer que durante la mañana recibió una llamada telefónica del secretario Marcial Rodríguez, quien le manifestó su respaldo a la petición de la comunidad escolar de la José Martí para obtener el terreno, pero que él le respondió que de ser así, no habrían pasado ya cuatro meses luego de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les prometió que la gobernadora le entregaría las escrituras del predio.
“Le dije que los funcionarios del gobierno estatal han estado haciendo quedar mal a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por lo que los padres de familia ya acordaron en una reunión general, el lunes de esta semana, que vamos a ir a Ciudad de México a La Mañanera, para hacerle saber a López Obrador que los funcionarios encargados de resolver este tema no tienen la voluntad genuina de apoyar a la escuela, como sí la tiene la gobernadora, pero no le hacen caso”.
El padre de familia comentó que Rodríguez Saldaña le propuso que una comisión, encabezada por el delegado de la SEG en esta región, se reúna con ellos para ver cómo va el trámite, “pero no tiene caso, sin menospreciar, pero ningún funcionario menor de la SEG tiene la capacidad de solución. Reunirnos con ellos es ir en retroceso, lo que queremos es que este tema avance y tenga una solución favorable. Ese fue el compromiso de la gobernadora”.
Agregó que la contrapropuesta que le hizo al secretario de Educación es que él personalmente contacte al titular de la consejería jurídica de la gobernadora, “que es ahí donde está estancado el trámite, para que en esta misma semana nos reunamos con ellos y estén presentes la directora de la escuela y nosotros, como representantes de los padres de familia, para que nos digan por qué es tan difícil para ellos concluir este trámite, al que la gobernadora ha dicho infinidad de veces que sí”.
Indicó que estaban esperando la respuesta del secretario, “hasta donde pude percibir, Marcial Rodríguez tiene la voluntad, vamos a esperar su respuesta y confiamos en que pronto podamos tenerlo de visita aquí, en la escuela, para que vea que es real la necesidad de tener la certeza jurídica del terreno para tener una escuela más digna”, apuntó. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).
Alumnas de la secundaria general José Martí de Zihuatanejo muestran un cartel en el que preguntan cuántos años más pasarán para que el plantel tenga las escrituras del predio que ocupa desde hace 24 Foto: Brenda Escobar.
Brenda Escobar
Zihuatanejo
Este lunes, la comunidad escolar de la secundaria José Martí, se manifestaron durante dos horas en las instalaciones del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi), para conocer qué es lo que tiene empantanado el trámite de la entrega de las escrituras del terreno que ocupan desde hace 24 años.
Los manifestantes fueron atendidos por el director del fideicomiso, Jesús Villegas Quevedo, quien les dijo que no hay avances debido a que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, no se presentó a la mesa de trabajo en donde se discutiría el tema de la entrega del terreno.
Desde las 7 y media de la mañana de este miércoles, los maestros, alumnos y padres de familia de la secundaria, apoyados por los dirigentes de la CETEG, con pancartas, un megáfono y una bocina, se plantaron en el acceso principal, así como en la entrada y salida del estacionamiento del Fibazi, para visibilizar ante la sociedad de este puerto que el gobierno estatal no ha cumplido con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que la escuela cuente con la certeza jurídica del terreno que ocupa.
El director del fideicomiso pidió que entrara una comisión de maestros y padres, para conversar sobre el tema y una vez en su oficina, les manifestó lo que ya en otras ocasiones les ha dicho, que luego de que López Obrador se comprometiera públicamente a que se les escriture el terreno, los integrantes del consejo técnico de este organismo aprobaron que así se haga, pero que la carpeta con todo el expediente del trámite se encuentra en la consejería jurídica de la gobernadora.
Les recordó que ahora la escrituración depende de la aprobación de la consejería, pero que además de la propuesta que él presentó como la más viable, le solicitaron que hiciera otra propuesta, sobre los posibles terrenos a donde pudiera cambiarse la escuela, que porque ese terreno no cumple con los requisitos para ser una secundaria.
Les dijo, además, que en la reunión con la consejería no acudió el titular de la SEG, Marcial Rodríguez, “que viene siendo el representante de todos ustedes”, y que por ese motivo está estancado el trámite.
Tanto, la directora y la subdirectora de la escuela, maestros, padres y dirigentes de la CETEG que entraron a la reunión, coincidieron en manifestarle al director del Fibazi que en las reuniones anteriores, en ningún momento les habló de la segunda propuesta, que es buscarles un terreno distinto al que ocupan y le pidieron que hiciera saber “a quien tenga que saberlo”, que no esa no es una opción, que de ninguna manera van a aceptar un predio distinto al que ahora ocupan.
Asimismo, pidieron saber con exactitud la fecha de la mencionada reunión con la consejería, “porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y vamos a exhibir al secretario de Educación por esa falta de sensibilidad y de responsabilidad, en un tema tan importante para la sociedad de Zihuatanejo”.
El funcionario les comentó que en días próximos, habrá otra reunión en la que se espera que ahora sí asista Marcial Rodríguez y todos los demás secretarios que van a ser convocados, para aprobar alguna de las dos propuestas que ya el fideicomiso ya dejó sobre la mesa, “créanme que soy su aliado y en todo momento les he dicho que esto debe solucionarse por el lado político-social, más que por el lado técnico”.
Los manifestantes se retiraron de las instalaciones del Fibazi a las 9 y media de la mañana. Acordaron que esperarán que en el transcurso de esta semana tengan alguna respuesta por parte del gobierno estatal y en caso de que no sea así, continuarán con su plan de ir a Ciudad de México a manifestarse en el Palacio Nacional, para hacerle saber al presidente que aunque la gobernadora hizo el compromiso de que le den las escrituras a la escuela, no se ha cumplido “porque no hay la voluntad política por parte de los que trabajan con la gobernadora”.
Samantha Valeria Colón Morales, esposa del desaparecido integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz; el el coordinador del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda; e integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en la búsqueda dentro de un terreno baldío de la comunidad El Bejuco Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
Samantha Valeria Colón Morales, esposa del desaparecido integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, denunció que el juez Juan Carlos Martínez Marchán ordenó reponer el proceso a dos detenidos que ya estaban sentenciados desde el año pasado e informó que ya interpuso un amparo por esta resolución.
Ayer comenzó una nueva jornada de búsqueda del activista y defensor del agua en un terreno baldío de la comunidad de El Bejuco, que se encuentra en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, frente a la entrada del rancho Bonga, otro de los puntos donde ya había sido buscado en jornadas anteriores.
Antes de que partiera el convoy de las instituciones que participaron en la búsqueda de ayer, Colón Morales comentó a El Sur que la semana pasada “llevamos un procedimiento abreviado con uno de los detenidos y pues él aceptó y se declara culpable, ya hubo una sentencia más para él”, quien ha referido al corralón de la colonia 10 de abril donde pudiera estar Vicente Suástegui y que se encuentra cerca del punto de ayer.
Sin embargo, acotó, “lo principal que queremos es encontrar a Vicente porque ayer (domingo) que fue el Día del Padre, mis hijas siguen preguntando dónde está Vicente, cuándo va a regresar su papá”, desaparecido en la colonia Ciudad Renacimiento el 5 de agosto de 2021.
Colón Morales dio a conocer que a principios de mayo el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal, con sede en Acapulco, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, Juan Carlos Martínez Marchán, le mandó una resolución para revocar el juicio contra Jorge Eduardo García Ramírez y José Luis Carrera Vázquez, sentenciados en octubre del año pasado a 25 años de prisión, y que nuevamente se repusiera el proceso.
Colón Morales interpuso un amparo por esta resolución con los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y habló con magistrados porque “todo lo que se ha plasmado en las carpetas es porque así lo han dicho, así pasó, y porque ellos mismo se conocen y saben de qué estaban hablando y por eso están detenidos”.
Adelantó que va a responsabilizar al juez de lo que le fuera a pasar a ella y su familiar si los dos detenidos llegan a quedar libres porque “todo el tiempo hemos estado siendo amenazados”.
La semana pasada empezó el juicio oral contra otro de los cuatro detenidos, pero se complicó porque la carpeta de la desaparición del integrante del Cecop fue atraída por otro Ministerio Público y la fecha de la audiencia cambió para el siguiente mes.
Denunció que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no le ha depositado varios meses de la canasta básica que recibe por formar parte del Registro de Víctimas Indirectas y comentó que la encargada de despacho, Enedina Medrano Serrano, firmó un documento en el que se comprometió a entregar los recursos hace unos 15 días, pero no ha cumplido.
Puntualizó que ese dinero lo utiliza para los insumos de la búsqueda, entonces pidió a Medrano Serrano que “por favor se ponga en nuestros zapatos, que por favor tantito sea sensible ella y vea todo lo que estamos sufriendo nosotros los familiares y todo lo que tenemos que hacer para realizar una búsqueda”.
Colón Morales pudo dar a conocer este problema a la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, quien contestó que el “recurso ya había sido dispersado, nada más para que se depositara, y es la hora que no nos han depositado”.
Lamentó que ayer no participara la Unidad Canina de la Fiscalía General del Estado (FGE), “fundamental para que nosotros podamos ir a los puntos y descartar”, y mostró el oficio de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) que solicita la colaboración de las demás instituciones, para demostrar que fue girado con tiempo.
La también integrante de la Colectiva Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero, pidió al nuevo titular de Periciales que facilite la colaboración de la institución, “sabemos que trae una forma de trabajar diferente a la que había, pero que no nos haga más tortuoso el camino más de lo que ya tenemos”.
La búsqueda en El Bejuco
Un convoy de la FGE, la CEBP, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Policía Estatal, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional partió casi a las 11 de la mañana a la comunidad de El Bejuco, donde los integrantes de estas instituciones, Colón Morales, el coordinador del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda, y dos activistas más revisaron un terreno baldío.
La cita fue a las 8 de la mañana en el estacionamiento del supermercado Soriana de la avenida Farallón, pero las instituciones llegaron después de la hora citada y la Policía Estatal hasta las 10 de la mañana, además también se discutió la pertinencia de acudir a esta zona de Acapulco debido a que en la colindante localidad de San Pedro las Playas fue asesinado el alcalde electo de Copala, Salvador Villalva Flores, en la madrugada de ayer.
El terreno inspeccionado está enfrente de la entrada al rancho Bonga, una enorme huerta de palmas colindante con la laguna de Tres Palos y a la que también se ha ingresado para buscar a Vicente Suástegui, hermano del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, porque era la zona de influencia de la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acusada de participar en su desaparición.
La búsqueda se extendió por casi cuatro horas en el extenso terreno que parece ser usado como basurero clandestino porque desde la entrada de la carretera federal se pueden observar varios montones de desechos incinerados y también se pueden ver las huellas de las máquinas que transitan en la tierra, incluso una máquina retroexcavadora se dio la vuelta cuando vio las camionetas de las fuerzas de seguridad estacionadas en el predio.
Un integrante de la CEBP voló un dron para apuntar la trayectoria del recorrido, y la esposa de Vicente Suástegui, los activistas y los funcionarios públicos subieron y bajaron un cerro, enterraron varillas y utilizaron picos y palas, para profundizar en algunos puntos sospechosos de ser fosas clandestinas.
No se obtuvieron resultados positivos, pero la búsqueda continúa hoy en el mismo terreno, donde las viviendas más cercanas se encuentran a 200 metros de distancia, y la jornada terminará el viernes.
