Integrantes de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia realizan pegas de fichas en el mercado de la colonia Los Angeles en Chilpancingo, como parte de la jornada de búsqueda del joven Jhonatan Guadalupe Romero Gil desaparecido en Acapulco en 2018 por presuntos policías municipales Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Luis Daniel Nava
Chilpancingo
En el segundo día de la jornada de búsqueda del joven Jhonatan Guadalupe Romero Gil, ordenada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano, el colectivo Memoria, Verdad y Justicia y autoridades pegaron fichas en Chilpancingo y Tixtla.
La jornada continuará este miércoles en Iguala. El jueves y viernes la actividad se realizará en Acapulco donde la víctima desapareció hace ocho años.
A las 7 de la noche del 5 de diciembre de 2018, Jhonatan Guadalupe, de 25 años y recién graduado de la licenciatura en Derecho, salió de su domicilio para ir a jugar futbol a las canchas de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), frente al zócalo de Acapulco.
Junto a su amigo Carlos Ignacio Rojas Montes fueron detenidos y desaparecidos por presuntos policías municipales antes de llegar al deportivo.
De acuerdo con las primeras investigaciones, al siguiente día apareció el cuerpo de Carlos Ignacio. Según un video, elementos de la Policía Municipal de Acapulco arrojaron el cadáver del joven en la vía pública; sin embargo, el material desapareció de la carpeta de investigación en la fiscalía regional.
Días antes, Carlos Ignacio le había revelado a Jhonatan Guadalupe que el dueño del bar donde trabajaba lo obligaba a vender droga.
La directora de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del Ayuntamiento de Acapulco, Rosa Gómez Martínez, solicitó a los propietarios de establecimientos de la calle Andrés de Urdaneta cerrar a partir de las 5 de la tarde del jueves 11 de septiembre y hasta las 10 de la noche del viernes, por el acto del primer informe del segundo periodo de gobierno de la alcaldesa Abelina López Rodríguez.
En un oficio girado a los propietarios de establecimientos que están ubicados en la calle Andrés de Urdaneta, desde el entronque de la calle Diego Hurtado de Mendoza hasta Juan Rodríguez Cabrillo, se indica que serán cerrados, por el informe de la alcaldesa que se hará el viernes 12 de septiembre, además de las calles que la atraviesan como Capitán Malaespina y Sebastián Vizcaíno.
En el oficio que se viralizó en redes sociales, se indica “que para evitar afectaciones a las actividades comerciales de su negocio, como medida preventiva, deberá permanecer cerrado a partir de las 17 horas del jueves 11 de septiembre de 2025, hasta las 22 horas del día viernes 12 de septiembre de 2025”.
El documento que está firmado por la directora Gómez Martínez, advierte que en caso de no cumplir con dicha disposición oficial, la dirección a su cargo iniciará un procedimiento administrativo sancionador al negocio y que consistirá en la aplicación de una sanción económica y hasta la clausura temporal del establecimiento mercantil, según lo establecido en los artículos 198, 200 y otros del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Acapulco así como del reglamento de licencias de funcionamiento de establecimientos mercantiles. (Jacob Morales Antonio).
Samantha Valeria Colón Morales, esposa del desaparecido integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz; el el coordinador del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda; e integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en la búsqueda dentro de un terreno baldío de la comunidad El Bejuco Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
Samantha Valeria Colón Morales, esposa del desaparecido integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, denunció que el juez Juan Carlos Martínez Marchán ordenó reponer el proceso a dos detenidos que ya estaban sentenciados desde el año pasado e informó que ya interpuso un amparo por esta resolución.
Ayer comenzó una nueva jornada de búsqueda del activista y defensor del agua en un terreno baldío de la comunidad de El Bejuco, que se encuentra en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, frente a la entrada del rancho Bonga, otro de los puntos donde ya había sido buscado en jornadas anteriores.
Antes de que partiera el convoy de las instituciones que participaron en la búsqueda de ayer, Colón Morales comentó a El Sur que la semana pasada “llevamos un procedimiento abreviado con uno de los detenidos y pues él aceptó y se declara culpable, ya hubo una sentencia más para él”, quien ha referido al corralón de la colonia 10 de abril donde pudiera estar Vicente Suástegui y que se encuentra cerca del punto de ayer.
Sin embargo, acotó, “lo principal que queremos es encontrar a Vicente porque ayer (domingo) que fue el Día del Padre, mis hijas siguen preguntando dónde está Vicente, cuándo va a regresar su papá”, desaparecido en la colonia Ciudad Renacimiento el 5 de agosto de 2021.
Colón Morales dio a conocer que a principios de mayo el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal, con sede en Acapulco, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, Juan Carlos Martínez Marchán, le mandó una resolución para revocar el juicio contra Jorge Eduardo García Ramírez y José Luis Carrera Vázquez, sentenciados en octubre del año pasado a 25 años de prisión, y que nuevamente se repusiera el proceso.
Colón Morales interpuso un amparo por esta resolución con los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y habló con magistrados porque “todo lo que se ha plasmado en las carpetas es porque así lo han dicho, así pasó, y porque ellos mismo se conocen y saben de qué estaban hablando y por eso están detenidos”.
Adelantó que va a responsabilizar al juez de lo que le fuera a pasar a ella y su familiar si los dos detenidos llegan a quedar libres porque “todo el tiempo hemos estado siendo amenazados”.
La semana pasada empezó el juicio oral contra otro de los cuatro detenidos, pero se complicó porque la carpeta de la desaparición del integrante del Cecop fue atraída por otro Ministerio Público y la fecha de la audiencia cambió para el siguiente mes.
Denunció que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no le ha depositado varios meses de la canasta básica que recibe por formar parte del Registro de Víctimas Indirectas y comentó que la encargada de despacho, Enedina Medrano Serrano, firmó un documento en el que se comprometió a entregar los recursos hace unos 15 días, pero no ha cumplido.
Puntualizó que ese dinero lo utiliza para los insumos de la búsqueda, entonces pidió a Medrano Serrano que “por favor se ponga en nuestros zapatos, que por favor tantito sea sensible ella y vea todo lo que estamos sufriendo nosotros los familiares y todo lo que tenemos que hacer para realizar una búsqueda”.
Colón Morales pudo dar a conocer este problema a la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, quien contestó que el “recurso ya había sido dispersado, nada más para que se depositara, y es la hora que no nos han depositado”.
Lamentó que ayer no participara la Unidad Canina de la Fiscalía General del Estado (FGE), “fundamental para que nosotros podamos ir a los puntos y descartar”, y mostró el oficio de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) que solicita la colaboración de las demás instituciones, para demostrar que fue girado con tiempo.
La también integrante de la Colectiva Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero, pidió al nuevo titular de Periciales que facilite la colaboración de la institución, “sabemos que trae una forma de trabajar diferente a la que había, pero que no nos haga más tortuoso el camino más de lo que ya tenemos”.
La búsqueda en El Bejuco
Un convoy de la FGE, la CEBP, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Policía Estatal, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional partió casi a las 11 de la mañana a la comunidad de El Bejuco, donde los integrantes de estas instituciones, Colón Morales, el coordinador del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda, y dos activistas más revisaron un terreno baldío.
La cita fue a las 8 de la mañana en el estacionamiento del supermercado Soriana de la avenida Farallón, pero las instituciones llegaron después de la hora citada y la Policía Estatal hasta las 10 de la mañana, además también se discutió la pertinencia de acudir a esta zona de Acapulco debido a que en la colindante localidad de San Pedro las Playas fue asesinado el alcalde electo de Copala, Salvador Villalva Flores, en la madrugada de ayer.
El terreno inspeccionado está enfrente de la entrada al rancho Bonga, una enorme huerta de palmas colindante con la laguna de Tres Palos y a la que también se ha ingresado para buscar a Vicente Suástegui, hermano del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, porque era la zona de influencia de la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acusada de participar en su desaparición.
La búsqueda se extendió por casi cuatro horas en el extenso terreno que parece ser usado como basurero clandestino porque desde la entrada de la carretera federal se pueden observar varios montones de desechos incinerados y también se pueden ver las huellas de las máquinas que transitan en la tierra, incluso una máquina retroexcavadora se dio la vuelta cuando vio las camionetas de las fuerzas de seguridad estacionadas en el predio.
Un integrante de la CEBP voló un dron para apuntar la trayectoria del recorrido, y la esposa de Vicente Suástegui, los activistas y los funcionarios públicos subieron y bajaron un cerro, enterraron varillas y utilizaron picos y palas, para profundizar en algunos puntos sospechosos de ser fosas clandestinas.
No se obtuvieron resultados positivos, pero la búsqueda continúa hoy en el mismo terreno, donde las viviendas más cercanas se encuentran a 200 metros de distancia, y la jornada terminará el viernes.
Para conseguir una despensa de las que se entregan por el huracán Otis, en el estacionamiento de la plaza comercial Patio, no se necesita madrugar ni pagar a los que apartan lugares, sólo basta amontonarse en un lugar de la fila y después los marinos imponen orden y autorizan el paso de quienes están ahí.
Este jueves, en el estacionamiento de plaza Patio, cientos de personas formadas desde la madrugada vieron como se acababan las despensas de cinco tráileres y la fila en la estaban formados nunca avanzó.
En plaza Patio se reparten despensas a los damnificados por el huracán Otis. Ahí se forman dos filas, una de adultos mayores y otra general. En la fila general es donde estuvo el desorden, los damnificados buscan evitar la fila y para eso se amontonan abajo del puente peatonal, allí van metiendose en la formación oficial, a empujones.
Este jueves hubo reclamos a los marinos, por parte de ciudadanos que estaban al final de la fila general, quienes se quejaron de que la fila no avanzaba, mientras que la de los adultos mayores fluía con rapidez. La mayoría de quienes estaban formados madrugaron y llegaron desde las 3 de la mañana.
A las 8 de la mañana llegaron tres tráileres con despensas, y media hora después comenzó el reparto. La fila de adultos mayores comenzó a avanzar y la fila general se quedó rezagada, y así estuvo dos horas. Desde lejos, las personas vieron cómo se vaciaban los camiones pero su formación seguía sin moverse.
A las 10 de la mañana llegaron otros dos tráileres y fue cuando empezaron los reclamos. La gente preguntaba a los marinos porqué no avanzaba la fila. Al principio, los marinos respondían que ya habían entregado el contenido de dos contenedores, que esperaran en su lugar su turno, pero después fueron aumentando los reclamos, de ciudadanos que preguntaban porqué no avanzaba esa fila.
A esa hora salieron cuatro marinos a revisar la formación. Pidieron a la gente que no permitiera el paso a quienes no estaban formados. En su recorrido encontraron que bajo el puente peatonal, que está frente a plaza Patio, estaban las personas amontonadas para evitar formsrse al final de la fila.
Entonces, lo que hicieron los marinos fue meter en la formación a todos los que estaban amontonados y las personas que llegaron en la madrugada a formarse se quedaron atrás, viendo como salieron los tráileres vacíos y la fila nunca avanzó.
En la madrugada, sobre la banqueta se vio que cientos de personas pernoctaron en torno al estacionamiento de la plaza Patio, dormidos sobre cartones, colchonetas o sillones.
En el lugar, las personas contaron que llevaban tres días en la fila, pero que no alcanzaban despensas. (Daniel Velázquez).
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), requirió dos veces al Congreso de Guerrero las constancias que acrediten el desahogo del procedimiento para la integración del ayuntamiento instituyente de Las Vigas, que dictó el 16 de noviembre de 2023. En las dos ocasiones el poder Legislativo se justificó porque no ha atendido la orden judicial, denunció el presidente del Comité Gestor del nuevo municipio, Jaime Bibiano Pano.
En consulta telefónica, informó que transcurrido el mes de plazo que dio el tribunal para atender la sentencia, el Congreso pidió una prórroga.
Cuando les volvieron a notificar que en cinco días debían nombrar al cabildo de Las Vigas, respondió que no había en ese momento presidenta en la Junta de Coordinación Política, en referencia a la solicitud de licencia al cargo de la entonces coordinadora de la fracción de Morena y presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, para buscar la candidatura para la alcaldía de Acapulco.
La Sala Superior del tribunal resolvió en plenitud de jurisdicción que, si el pleno del Congreso local rechazó la propuesta de los promoventes de la demanda, tiene atribuciones para realizar la designación correspondiente. Advirtió que su omisión tiene un impacto en los derechos políticos electorales de las personas que habitan el nuevo municipio.
Además, Bibiano Pano señaló que la población está desesperada porque hay muchos casos de dengue en Las Vigas, y no hay una atención adecuada porque tampoco tienen una autoridad municipal coordinada con las otras entidades de gobierno. Reconoció que los comisarios hacen lo que pueden.
Añadió que el Comité Gestor se reunió con la nueva presidenta de la Jucopo, la diputada de Morena, Citlali Calixto Jiménez, unos días después de su toma de protesta, para insistir en el nombramiento a la brevedad del cabildo instituyente.
Confió en que Calixto Jiménez logre un acuerdo con las fracciones políticas, para la instalación del ayuntamiento la próxima semana, a través de una sesión extraordinaria, porque la semana pasada se instaló la sesión permanente para el periodo de receso, o en su defecto, el marzo que comienza el periodo ordinario de sesiones.
Aclaró que el comité gestor apoya a la planilla presidida por Sol Hermenegildo, no obstante, para este momento, lo urgente es que el Congreso resuelva este conflicto.
Aclaró que el Comité buscó al grupo que impulsa otra planilla que se negó a buscar un acuerdo conjunto.
Convocó a la fracción del PRD, a que internamente presenten sus propuestas para concluir el procedimiento
Así como en Las Vigas, sigue pendiente el nombramiento del ayuntamiento instituyente de San Nicolás, ambos afrodescendientes.
“Todo sea por recuperar lo poco que perdimos con el huracán Otis, que casi nos quita la vida por sus violentos vientos”, expresó el señor Leonardo Aguilar Mendoza de la colonia Morelos, luego de ir a recoger sus enseres domésticos a la Unidad Deportiva Acapulco (UDA).
Desde la semana pasada, la UDA ha sido una de las sedes para entregar enseres domésticos a los damnificados de la colonia Morelos y sus alrededores.
Los soldados dan menos de 500 fichas para los vecinos del lugar mencionado, lo que ocasiona que los vecinos se queden a dormir afuera de la UDA.
Por otra parte, no se respetan las letras del abecedario de los vecinos, sino el que llega temprano para formarse en la fila.
Aguilar Mendoza contó que su casa de construida de paredes de block, madera y láminas galvanizadas, “no soportó el azote del huracán Otis”.
“Se llevó el techo totalmente y se cayó una pared, la verdad yo y mi familia nos fuimos a la casa de un vecino”, relató.
Comentó que él, su esposa y sus tres hijos, “la libramos de puro milagro y estamos para contarla, la verdad, fue muy feo”.
Expresó: “créeme que cada familia tiene una historia que contar lo que le pasó con el huracán Otis, ojalá ya no vuelva pasar esta desgracia”.
Afirmó que “es un viacrusis para los acapulqueños obtener los enseres domésticos en plena necesidad”.
“Nos tenemos que aguantar la indicaciones del Ejército como si nosotros fuéramos de su zona militar, nos regañan, nos hacen en menos y se ponen chocantes”, acotó.
Contó que estuvo 48 horas formado para obtener sus enseres domésticos, “bueno mi hijo se vino a dormir una noche y yo lo vine a cubrir”.
Denunció que alrededor de la UDA hay “un tremendo abuso de las personas que sacan copias, que sacan los enseres y los que venden comida”.
“No existe la autoridad en el lugar, no regulan los precios y aquí la verdad se sufre para tener algo que está destinado”, puntualizó.
Exigió que haya más organización por parte de los efectivos del Ejército o que abran más puntos de entrega de enseres domésticos.
Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó los resultados de la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para incorporar representaciones de las poblaciones mixteca, tlapaneca, náhuatl y amuzga, o afromexicana en nueve Consejos Distritales Electorales (CDE); en el órgano general habrá solo un representante de pueblos originarios y uno afrodescendiente.
Esta consulta y finalmente el acuerdo aprobado ayer son para dar cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulado, por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el Consejo General del IEPC se integrará para el próximo proceso electoral una fórmula indígena y una formula afromexicana y en nueve Consejos Distritales Electorales (CDE) una o hasta tres representaciones de dichas poblaciones.
En la sesión, el consejero Edmar León García destacó que la consulta para la incorporación de representación de pueblos indígenas y afromexicanos los CDE es la más grande que el órgano ha realizado en el estado, porque se realizó en 43 municipios, y que se trató de una consulta “constructiva” porque no se trató del cambio de modelo de elección sino “fue una construcción de acuerdos alcanzando los más altos consensos posibles de los pueblos”.
Otro dato que destacó es que se invitaron a participar a 2 mil 344 comunidades indígenas, principalmente a través de sus autoridades comunitarias “que son la voz de las comunidades” y la participación en los diálogos informativos fue del 40.78 por ciento, y en el caso de la fase deliberativa o consultiva fue del 30.83 por ciento del total de poblaciones o autoridades convocadas.
León García señaló que lo que con los resultados de la consulta “están modificando en esencia el sistema electoral de nuestra entidad, es algo muy relevante para el instituto, para la democracia en el estado porque se trata de incluir a grupos históricamente vulnerados y discriminados, dentro de la voz y donde se organizan las elecciones”.
Guerrero será el primer estado que tenga en la integración de los CDE a representaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La representación de estos pueblos ante los CDE quedará así: en el distrito 14 con cabecera en Ayutla habrá representación de los pueblos originarios mixteco, tlapaneco y nahua; en el distrito 15 de Florencio Villarreal habrá una representación del pueblo afromexicano; en el distrito 16 con cabecera en Ometepec habrá representación de los pueblos amuzgo, mixteco y afromexicano.
En el distrito 23 con cabecera en Huitzuco de los Figueroa habrá una representación del pueblo nahua; en el 24 de Tixtla de Guerrero las representaciones serán de los pueblos originarios náhuatl y tlapaneco; en el distrito 25 con cabecera en Chilapa solo tendrá representación nahua; en el distrito 26 con cabecera en Oli-nalá habrá nahuas, mixtecos y tlapanecos; en el distrito 27 de Tlapa de Comonfort las representaciones serán de los pueblos mixteco, tlapaneco y náhuatl; mientras que en el distrito 28 con cabecera en San Luis Acatlán las representaciones serán de los pueblos mixtecos y tlapaneco.
En lo aprobado se precisó que para la designación de estos espacios se debe considerar la paridad, por lo que se deben incorporar en los CDE nueve mujeres y ocho hombres indígenas; una mujer y un hombre afromexicano, y que posteriormente se emitirá la reglamentación que especificará la manera de selección de estas representaciones y qué distritos electorales deberán reservarse la elección de mujeres.
En el caso de Eduardo Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Cuetzala del Progreso, y Tecoanapa que debido a la nueva redistritación quedaron integrados en distritos que no se consideran indígenas o afromexicanos, se propone como acción afirmativa complementaria que podrán elegir -observando la paridad de género- una formula de representación indígena y afromexicana para que se incorpore en los CDE.
En el acuerdo aprobado y sus anexos, se justifica que en el Consejo General solo haya una representación de pueblos indígenas y otro del pueblo afromexicano porque con eso se garantiza el derecho que la Sala Regional ordenó, y se señala que “los propios pueblos proponen, pudiera garantizarse un acceso rotativo de dicha representación, por períodos, a cada uno de los pueblos: nahua, mixteco, tlapaneco, amuzgo, y con ello se tenga interlocución permanente desde el CG con la comunidad indígena y la comunidad afromexicana”.
Las dos fórmulas una de pueblos originarios y otra del pueblo afrodescendiente que se integrarán al Consejo General del IEPC durarán tres años en el cargo.
Por su parte la consejera Vicenta Molina Revuelta consideró que la incorporación de representantes de estos pueblos que históricamente han “sido vulnerados y marginados” sienta un “precedente vanguardista y garantista”.
La consejera reconoció que la participación de comunidades y autoridades comunitarias no fue la que esperaban, sin embargo, dijo que la participación de las 729 autoridades “no es menor”.
La consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes explicó cómo se realizó el proceso de consulta desde el estudio de la resolución del mandato del Trife.
Los representantes del PT y Morena Isaías Rojas Ramírez y Esther Araceli Gómez Ramírez plantearon por separado la necesidad de continuar avanzando en las acciones afirmativas y no esperar a que los órganos jurisdiccionales mandaten el reconocimiento de derechos a partir de procesos que los grupos vulnerables inician.
Y la consejera Azucena Caye-tano Solano consideró que es necesario que en el Consejo General haya representaciones de cada uno de los cuatro pueblos originarios y una más del afromexicano.
Reforman Manual de Remunera-ciones de los Servidores Públicos
En esta sesión, se aprobaron también reformas y adiciones a disposiciones del Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del IEPC, así como el Acuerdo mediante el cual “se autorizó la transferencia de recursos financieros de la cuenta bancaria del ejercicio fiscal 2022 a las cuentas bancarias para el ejercicio fiscal 2023, que permitirán garantizar la operatividad del IEPC Guerrero, además dará cobertura al pago complementario del financiamiento público ordinario a los partidos políticos acreditados que corresponde al mes de enero 2023; a las actividades del Programa Anual de Trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales y la ratificación de la excepción al procedimiento de licitación pública nacional para el arrendamiento de inmuebles que son utilizados como oficinas y bodegas”, del cual no se compartió en documento para conocer detalles del tema.
También se informó de la presentación de los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener registro como partido político local, correspondientes a noviembre del 2022. Además de los reportes bimensual y anual del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación impresos y de radio y televisión del periodo ordinario y 2022.
El secretario general del PRD, Antonio Orozco Guadarrama, declaró que el partido no ha solicitado seguridad para sus candidatos, pero que sí pidió al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, no nada más a lo aspirantes.
En declaraciones al asistir a la reunión de la corriente Nueva Mayoría, acerca de que si el activismo político del alcalde Evodio Velázquez Aguirre no afectaría al partido, justificó que fue un “día libre” y que por ello no se le imposibilita.
Cuando se le preguntó sobre la presencia del gobernador Héctor Astudillo, el sábado durante la reunión de la Comisión Política del PRI estatal, para la designación de plurinominales, Orozco dijo será la autoridad correspondiente “la encargada de hacer el correteo”.
De los municipios que considera el PRD como focos rojos, dijo que son Teloloapan, Cocula, Pedro Asencio, Arcelia, San Miguel Totolapan, Ciudad Altamirano, casi toda la Tierra Caliente; de la Montaña, Chilapa, donde “inclusive ha habido la renuncia como de tres candidatos, lo que lo deja muy complejo y Chilapa ocupa el primer lugar, por la incidencia delictiva que hay y es preocupante por ello”.
De las declaraciones que hizo el gobernador Astudillo Flores, de que algunos candidatos hicieron peticiones para que les brinde seguridad en campaña, el secretario del PRD dijo: “Que yo tenga conocimiento no, lo que nosotros hemos solicitado es que el gobernador sea garante de brindar seguridad a todos los ciudadanos de Guerrero, porque no puedes privilegiar seguridad para los candidatos y entonces la pregunta es ¿para los demás qué? El PRD ha sido claro, debe ser garante de la seguridad de todos”.
Abundó que el instituto político le ha pedido a sus candidatos que tomen sus propias precauciones, que no se expongan porque esa es la constante, no sólo del partido, sino de todos los institutos políticos.
Orozco Guadarrama dijo que los policías que se encargarían de resguardar son de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y “no alcanzaría, imagínense, 500 candidatos más menos, que les brinden de cuántos elementos le gusta, de cinco, más de 2 mil policías, no alcanzan”.
Se le preguntó si contratarán con vigilancia, y respondió que “no, porque lo van a cuantificar, si solicitan o contratan se lo van a cuantificar en el tope de campaña, tendrán que salir”. Ahí se le preguntó si están persignados y respondió: “No queda de otra, todos los hombres tenemos miedo”.
Dijo que no nada más Guerrero tiene problemas de inseguridad, sino todo el país, y el tema “es complejo, porque no sólo hemos solicitado seguridad para los candidatos, sino para todos los ciudadanos de Guerrero, además fue un slogan del gobernador” y del PRD, por eso ha acudido a todos los llamados del mandatario.
Por otra parte, dijo que el PRD lleva paridad de género en dos figuras diferentes “en la coalición hay 18 candidaturas como PRD, nueve mujeres y nueve hombres, la disputa es sólo por la candidatura común, que el IEPC pretende juntarnos las dos figuras. Es por eso que empezamos advertir que es muy presuntuoso, que no vamos a permitir que el árbitro pretenda vernos derrotados”.
Consideró que el instituto pareciera que quiere beneficiar a otro partido político en el distrito 20 de Teloloapan, “no están siendo equitativos con mi partido, y me hace presumir que con eso pudieran privilegiar a otros”. Puntualizó que la ley dice que puede ser hombre o mujer, “pero el instituto nos ha observado y quiere que sea mujer”.
Desde el 9 de este mes existe una orden de aprehensión por homicidio contra el diputado local priista Saúl Beltrán Orozco, dictada por una juez de Chilpancingo, reveló anoche el noticiero 10 en Punto de Televisa, que dirige la periodista Denise Maerker.
De acuerdo con una nota del reportero Raymundo Pérez Arellano, el ex alcalde de San Miguel Totolapan está acusado de ordenar el asesinato del empleado municipal, José Antonio Ceferino Gil, quien atestiguó el secuestro del párroco de la Iglesia de San Miguel Totolapan, José Ascencio Acuña, quien también fue asesinado.
La nota detalla que Ceferino Gil era trabajador de Catastro en el Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, cuando el 24 de septiembre de 2014 sicarios de un grupo de la delincuencia organizada, apoyados por policías municipales, lo sacaron a la fuerza de su casa.
El padre de la víctima, José Ceferino Vergara, buscó al entonces alcalde, el ahora diputado priista Saúl Beltrán Orozco, quien le pidió que regresara al día siguiente, y le informó: “Ya no vas a volver a ver a tu hijo”.
En el programa se presentó una imagen del texto de la orden de aprehensión con las declaraciones del padre de la víctima.
Dos días antes de que fuera secuestrado, el trabajador de Catastro, Antonio Ceferino Gil, había atestiguado el secuestro del párroco de San Miguel Totolapan, José Asencio Acuña, quien ofició el bautizo donde Saúl Beltrán Orozco y el líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, se hicieron compadres. Al padre Ascencio Acuña se lo llevaron el 22 de septiembre.
La nota fue acompañada por imágenes del bautizo de la hija de El Tequilero, al que asistió el entonces alcalde de San Miguel Totolapan, Saúl Beltrán Orozco, e incluso en el video se escucha como el cantante del grupo que amenizaba la fiesta le manda saludos a “mi amigo El Tequi” y también al alcalde.
En el video del bautizo aparecen Saúl Beltrán y también El Tequilero, mientras que hombres vestidos de civil con armas largas están en posición de vigilancia en la entrada de la fiesta.
Como parte de la nota se presentó un testimonio anónimo de un miembro del Movimiento por la Paz, que describe que el ex trabajador de Catastro presenció cuando un grupo de Los Tequileros y “un escolta” del ahora diputado local Beltrán Orozco sacaron de la iglesia al párroco.
“Entonces fue el único que presenció eso y por haberlo hecho fue que también lo asesinaron, fue mandado asesinar por Saúl Beltrán”, señaló.
A raíz de las investigaciones fue detenida la policía municipal Perla García Navarro, acusada de secuestrar y asesinar al párroco, quien en su declaración ministerial detalló que quien ordenó matar al religioso “fue el presidente (Saúl Beltrán), ordenó que levantáramos al cura por problemas que tenía con él, lo fuimos a sacar a la iglesia el día 22 de septiembre del 2014”.
Perla García Navarro agregó en su declaración que cuando entraron a la iglesia iba entrando también Antonio Ceferino Gil, quien vio cómo se llevaron al párroco José Ascencio Acuña. “Así que nos ordenó el presidente municipal Saúl Beltrán Orozco, que lo desapareciéramos para que no hablara”.
Ante los hechos, el 9 de enero se decidió girar una orden de aprehensión, ante la existencia de elementos, contra Saúl Beltrán Orozco, por considerarlo probable responsable de homicidio calificado en contra de Antonio Ceferino Gil. Pero la orden de aprehensión no ha sido ejecutada aún y no se sabe si la Fiscalía General del Estado ya solicitó al Congreso local que abra un juicio de procedencia para quitarle el fuero al diputado priista.
