El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Si hay delito pedirá licencia pero por ahora no, adelanta la alcaldesa de Chilpancingo
El Congreso no tiene jurisdicción en el caso y no están “legitimadas” las opiniones de quienes le piden que se separe del cargo, dice Norma Otilia Hernández. Asegura que mantiene coordinación con “la gobernadora y con el ingeniero”
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Pone en riesgo a la investigación que se filtrara la solicitud de la FGE, dice Jacinto
Pide una pesquisa interna en el Congreso que determine cómo llegaron los oficios a los medios
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Se respondió ya a la FGE que no le toca al Congreso dar los informes que pide: Apreza
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alejandro Bravo Abarca, dijo que no ha tenido comunicación con el diputado Adolfo Torales Catalán, después del intento de cateo a su casa por parte de soldados. Llamó a los priistas de la región Tierra Caliente a “ser cuidadosos” y tomar “precauciones” ante la violencia en la zona.
Esto, después de que la noche del viernes, un grupo de soldados del 34 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano intentó brincarse la barda e ingresar a la casa de Torales Catalán, con intenciones de catear la vivienda, por un presunto reporte de que había ahí carros con reporte de robo, la dirigencia de este partido no ha hablado con su representate popular, quien es uno de los diputados que denunciaron, a finales de abril pasado, amenazas de un grupo criminal, por lo cual no han salido de su región ni siquiera para asistir a las sesiones del Congreso local.
En breves declaraciones telefónicas, el dirigente priista dijo que no ha hablado de manera personal con Adolfo Torales, pero sí “he tenido contacto con colaboradores” y agregó que sabe que fue precisamente un “intento de cateo y al parecer no había ninguna orden”, pero que no tiene información más allá de lo que se ha publicado en medios de comunicación y redes sociales.
Alejandro Bravo dijo que el Estado debe garantizar el derecho de los ciudadanos a transitar por todo el estado, así como de los alcaldes y diputados de la región, que denunciaron amenazas.
A pregunta hecha sobre la última vez que se comunicó con Torales Catalán, porque las amenazas que denunciaron alcaldes y diputados de las regiones Tierra Caliente y Norte fueron desde finales de abril, en ese sentido, respondió que sí han hablado de “avances de afiliación, en un par de ocasiones”, pero no de los problemas de seguridad en la zona.
Además, dijo que como partido no han tenido comunicación con funcionarios estatales o mandos militares, respecto a lo ocurrido en Arcelia, en este intento de cateo a la casa del diputado Adolfo Torales.
Respecto a la situación de violencia y las condiciones en las que se realiza política en Tierra Caliente, Bravo Abarca llamó a los representantes populares priistas, como diputados, alcaldes y síndicos, a “ser cuidadosos, siempre lo hemos manifestado, lamentablemente se han dado casos de atentados y de muertes de quienes ocupan cargos de elección popular”.
El dirigente priista les dijo a sus correligionarios de la región y del estado, que “tomen sus precauciones” y que sean cuidadosos.
El presidente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca al momento de partir el pastel por el 94 aniversario de la creación de este partido político y quien dijera “para que vean que yo si sé partir el pastel” lo acompañan los diputados locales, Ricardo Astudillo Calvo, Gabriela Bernal Reséndiz, Alicia Zamora Villalba, la secretaria general del PRI, María del Pilar Badillo Vázquez y el diputado local, Jesús Parra García Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
En la celebración por el 94 aniversario de la creación del PRI, sus dirigentes y militantes destacaron que esa formación política “está de pie” y que no permitirán que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, termine con el sistema electoral que ha propiciado la alternancia.
La celebración se realizó en las oficinas estatales del PRI y no estuvieron el ex gobernador, Héctor Astudillo Flores; el ex candidato a la gubernatura, Mario Moreno Arcos, y el ex dirigente del CDE del PRI en Guerrero, Héctor Apreza Patrón, muy activos polìticamente en los últimos días.
Los que sí acudieron fueron Héctor Vicario Castrejón, Heriberto Huicochea Vázquez, el alcalde de Iguala, David Gama Pérez, y los diputados locales Gabriela Bernal Reséndiz y Ricardo Astudillo; así como el regidor de Acapulco, René Juárez Albarrán, entre otros.
En su participación, el dirigente del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, recordó que el 4 de marzo de 1929 se fundó el partido que definió el México del siglo XX y que con su creación se estableció una forma de hacer política.
“La historia del PRI es la historia de México, el revolucionario institucional es el resultado de la Revolución Mexicana, es la consolidación de los anhelos de hombres y mujeres que lucharon por libertades, por un mejor país”, afirmó.
Destacó que durante los largos años en que dominó la politica del país, sus gobiernos crearon las instituciones necesarias para que el pueblo de México accediera a una mejor calidad de vida: universidades, seguridad social, un sistema de salud que sí daba resultados y “un sistema electoral, perfeccionando su funcionamiento, lo que ha permitido la alternancia y que hoy, desgraciadamente, el autoritarismo nos los quiere quitar y los priistas no lo vamos a permitir”.
Manifestó que el PRI entendió desde un principio que la existencia de otros partidos era necesaria para el desarrollo de la nación, “con esas fuerzas políticas desarrollamos un país de pesos y contrapesos, que ha mostrado su funcionalidad ante los embates del fantasma de Andrés Manuel López Obrador y su mal llamada Cuarta Transformación”.
El dirigente señaló que hay voces que creen que “con un manotazo pueden borrar nuestra historia. Hay quienes quieren hacer creer que estamos de rodillas, nada más alejado de la realidad (…), de manera contundente les demostramos de qué estamos hechos”.
“Aquí está el PRI de pie, celebrando y trabajando para recuperar lo que con trabajo hemos construido, aquí estamos, bien plantados en nuestro presente y trabajando todos los días, porque tenemos mucho futuro”, enfatizó.
En la celebración entregaron reconocimientos a los militantes del partido provenientes de las regiones del estado. Además, cantaron Las Mañanitas y partieron un pastel. Ahí, Bravo Abarca dijo: “Para que vean que yo sí sé partir y repartir el pastel”.
En declaraciones posteriores fue cuestionado acreca de los retos que enfrentarán en las próximas elecciones, y dijo que mantendrán la unidad del partido, que tienen la obligación de reorganizarse porque así es como el PRI gana las elecciones.
Además, informó que la alianza con otros partidos “va en camino”, pero en lo local se va a consultar a la militancia, para ver dónde sí es conveniente ir en coalición y donde no.
En cuanto a la violencia en el estado, lamentó los hechos que han ocurrido y el incremento “de estos llamados delito de alto impacto, muy lamentable”. Dijo que el partido ha insistido en que debe de haber una coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, “todos debemos hacer un frente común contra esto, que está afectando al estado”.
Bravo Abarca aseguró que los alcaldes del PRI no le han informado acerca de que hayan sufrido alguna amenaza y que ha estado en permanente contacto con ellos, “no hemos tenido a alguien que haya recibido amenazas”.
Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó los resultados de la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para incorporar representaciones de las poblaciones mixteca, tlapaneca, náhuatl y amuzga, o afromexicana en nueve Consejos Distritales Electorales (CDE); en el órgano general habrá solo un representante de pueblos originarios y uno afrodescendiente.
Esta consulta y finalmente el acuerdo aprobado ayer son para dar cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulado, por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el Consejo General del IEPC se integrará para el próximo proceso electoral una fórmula indígena y una formula afromexicana y en nueve Consejos Distritales Electorales (CDE) una o hasta tres representaciones de dichas poblaciones.
En la sesión, el consejero Edmar León García destacó que la consulta para la incorporación de representación de pueblos indígenas y afromexicanos los CDE es la más grande que el órgano ha realizado en el estado, porque se realizó en 43 municipios, y que se trató de una consulta “constructiva” porque no se trató del cambio de modelo de elección sino “fue una construcción de acuerdos alcanzando los más altos consensos posibles de los pueblos”.
Otro dato que destacó es que se invitaron a participar a 2 mil 344 comunidades indígenas, principalmente a través de sus autoridades comunitarias “que son la voz de las comunidades” y la participación en los diálogos informativos fue del 40.78 por ciento, y en el caso de la fase deliberativa o consultiva fue del 30.83 por ciento del total de poblaciones o autoridades convocadas.
León García señaló que lo que con los resultados de la consulta “están modificando en esencia el sistema electoral de nuestra entidad, es algo muy relevante para el instituto, para la democracia en el estado porque se trata de incluir a grupos históricamente vulnerados y discriminados, dentro de la voz y donde se organizan las elecciones”.
Guerrero será el primer estado que tenga en la integración de los CDE a representaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La representación de estos pueblos ante los CDE quedará así: en el distrito 14 con cabecera en Ayutla habrá representación de los pueblos originarios mixteco, tlapaneco y nahua; en el distrito 15 de Florencio Villarreal habrá una representación del pueblo afromexicano; en el distrito 16 con cabecera en Ometepec habrá representación de los pueblos amuzgo, mixteco y afromexicano.
En el distrito 23 con cabecera en Huitzuco de los Figueroa habrá una representación del pueblo nahua; en el 24 de Tixtla de Guerrero las representaciones serán de los pueblos originarios náhuatl y tlapaneco; en el distrito 25 con cabecera en Chilapa solo tendrá representación nahua; en el distrito 26 con cabecera en Oli-nalá habrá nahuas, mixtecos y tlapanecos; en el distrito 27 de Tlapa de Comonfort las representaciones serán de los pueblos mixteco, tlapaneco y náhuatl; mientras que en el distrito 28 con cabecera en San Luis Acatlán las representaciones serán de los pueblos mixtecos y tlapaneco.
En lo aprobado se precisó que para la designación de estos espacios se debe considerar la paridad, por lo que se deben incorporar en los CDE nueve mujeres y ocho hombres indígenas; una mujer y un hombre afromexicano, y que posteriormente se emitirá la reglamentación que especificará la manera de selección de estas representaciones y qué distritos electorales deberán reservarse la elección de mujeres.
En el caso de Eduardo Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Cuetzala del Progreso, y Tecoanapa que debido a la nueva redistritación quedaron integrados en distritos que no se consideran indígenas o afromexicanos, se propone como acción afirmativa complementaria que podrán elegir -observando la paridad de género- una formula de representación indígena y afromexicana para que se incorpore en los CDE.
En el acuerdo aprobado y sus anexos, se justifica que en el Consejo General solo haya una representación de pueblos indígenas y otro del pueblo afromexicano porque con eso se garantiza el derecho que la Sala Regional ordenó, y se señala que “los propios pueblos proponen, pudiera garantizarse un acceso rotativo de dicha representación, por períodos, a cada uno de los pueblos: nahua, mixteco, tlapaneco, amuzgo, y con ello se tenga interlocución permanente desde el CG con la comunidad indígena y la comunidad afromexicana”.
Las dos fórmulas una de pueblos originarios y otra del pueblo afrodescendiente que se integrarán al Consejo General del IEPC durarán tres años en el cargo.
Por su parte la consejera Vicenta Molina Revuelta consideró que la incorporación de representantes de estos pueblos que históricamente han “sido vulnerados y marginados” sienta un “precedente vanguardista y garantista”.
La consejera reconoció que la participación de comunidades y autoridades comunitarias no fue la que esperaban, sin embargo, dijo que la participación de las 729 autoridades “no es menor”.
La consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes explicó cómo se realizó el proceso de consulta desde el estudio de la resolución del mandato del Trife.
Los representantes del PT y Morena Isaías Rojas Ramírez y Esther Araceli Gómez Ramírez plantearon por separado la necesidad de continuar avanzando en las acciones afirmativas y no esperar a que los órganos jurisdiccionales mandaten el reconocimiento de derechos a partir de procesos que los grupos vulnerables inician.
Y la consejera Azucena Caye-tano Solano consideró que es necesario que en el Consejo General haya representaciones de cada uno de los cuatro pueblos originarios y una más del afromexicano.
Reforman Manual de Remunera-ciones de los Servidores Públicos
En esta sesión, se aprobaron también reformas y adiciones a disposiciones del Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del IEPC, así como el Acuerdo mediante el cual “se autorizó la transferencia de recursos financieros de la cuenta bancaria del ejercicio fiscal 2022 a las cuentas bancarias para el ejercicio fiscal 2023, que permitirán garantizar la operatividad del IEPC Guerrero, además dará cobertura al pago complementario del financiamiento público ordinario a los partidos políticos acreditados que corresponde al mes de enero 2023; a las actividades del Programa Anual de Trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales y la ratificación de la excepción al procedimiento de licitación pública nacional para el arrendamiento de inmuebles que son utilizados como oficinas y bodegas”, del cual no se compartió en documento para conocer detalles del tema.
También se informó de la presentación de los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener registro como partido político local, correspondientes a noviembre del 2022. Además de los reportes bimensual y anual del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación impresos y de radio y televisión del periodo ordinario y 2022.
El ex alcalde Mario Moreno Arcos, reconoció su interés de contender por la presidencia del PRI en Guerrero y aseguró que sería ideal una candidatura única.
Consultado ayer por la mañana luego de la colocación de la primera piedra de lo que será el hotel Holiday Inn, acto que encabezó el gobernador Héctor Astu-dillo Flores, el también ex diputado federal dijo que buscará el respaldo del presidente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones.
En junio, siendo aún alcalde, Moreno Arcos indicó que no tenía considerado buscar la dirigencia estatal de su partido, pero que si se lo proponían lo analizaría.
Fuentes cercanas a Mario Moreno aseguraron que será él quien presida al PRI, en sustitución del diputado local Cuauhtémoc Salgado Romero, y que ya tiene el aval de Astudillo.
“Yo estoy en espera de los tiempos del PRI, aún la dirigencia nacional no determina si ya se apertura, a efecto de que se pueda nombrar a un presidente, porque ahorita hay un encargado, yo estoy en espera de los tiempos, si cuando estos momentos se den hay condiciones y las circunstancias se dan por supuesto que voy a participar”, dijo.
Indicó que el PRI necesita de unidad para fortalecerse, por lo que consideró adecuada una candidatura única para presidirlo.
“La fortaleza que tenga el PRI deberá trasladarse para poder apoyar al gobierno que encabeza Héctor Astudillo, hoy, principalmente su partido, el PRI, debe darle el respaldo, el apoyo, la solidaridad, pero sobre todo el acompañamiento para hacer un buen gobierno”, dijo.
Indicó que ha manifestado su interés a Astudillo pero dijo que esto no significa que exista un respaldo del gobernador a su aspiración, “lo he platicado con él, lo hemos analizado, pero en este momento no hay nada”.
Indicó que en próximos días buscará reunirse con Beltrones, para hablar sobre el proceso interno y solicitarle su apoyo.
Indicó que en caso de que el partido postule a otro priista, él no se opondrá y por el contrario, apoyará la candidatura.
A principios de abril se publicó en estas páginas que los hermanos Mario y Ricardo Moreno Arcos ofrecieron al PRD cien mil votos para la candidata a gobernadora, Beatriz Mojica Morga, a cambio de que el segundo fuera postulado a la alcaldía de Chilpancingo.
Según fuentes del PRD, la dirigencia de ese partido se había reunido con el actual diputado local por el PRI, Ricardo Moreno, para invitarlo a sumarse a sus filas y postularlo si garantizaban los dos su respaldo a Beatriz Mojica.
El coqueteo de los hermanos Moreno Arcos con el PRD se dio luego de que el PRI designó al actual alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, como candidato a ese cargo.
Sin embargo Ricardo Moreno se mantuvo en el PRI luego de conseguir que lo registrara como tercera fórmula en la lista de candidatos a diputados plurinominales.
El presidente de Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Marco Antonio Leyva Mena consideró ayer que el asesinato del diputado local del PAN Jorge Bajos Valverde demuestra que hay un “severo fracaso” del gobierno del estado en materia de seguridad pública y procuración de justicia, motivo por el cual se debe de analizar la permanencia de los titulares de esas áreas del Ejecutivo.
Entrevistado la noche de este jueves en torno al asesinato de Bajos Valverde, el dirigente priísta lamentó esa situación y envío sus condolencias a los familiares y amigos del diputado local del PAN, uno de los políticos más cercanos al gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo.
Consideró que el crimen del legislador local panista “refleja el clima de inseguridad que viven los guerrerenses y lo estamos padeciendo; queda evidenciado el grado de debilitamiento en el que queda el ciudadano común por tener una autoridad totalmente ineficiente en la materia”.
Criticó al secretario de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés “que merece todos mis respetos como militar, pero como funcionario es altamente ineficiente”.
De igual forma cuestionó al Procurador de Justicia Eduardo Murueta Urrutia por los “pésimos” resultados en la materia, “la procuración de justicia y seguridad, merecen una revisión e inclusive la posibilidad de analizar si le están cumpliendo a los guerrerenses y que se revise su continuidad de ambos en sus puestos; esto no sólo por la muerte del diputado sino por las muertes violentas o asesinatos de más de 300 personas el año pasado. Son asesinatos impunes, hay un grado de impunidad y lamentablemente afecta al ciudadano guerrerense”.
Leyva hizo una convocatoria a todos los actores políticos y las instituciones “para enfrentar este tema sin visiones partidistas, como una necesidad de coordinar esfuerzos para enfrentar este delicado tema que requiere de la convocatoria de todos y sin tintes partidistas”.
Dijo que los guerrerenses “no merecemos unas autoridades altamente ineficientes, necesitamos de un mínimo de seguridad, si no se combate a fondo estamos obstaculizando el desarrollo de la entidad”.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Marco Antonio Leyva Mena, oficializó el nombramiento de cuatro nuevos integrantes en donde sobresalen los cargos de secretario de Organización de Vicente Trujillo, quien se identifica con el aguirrismo y como secretario general adjunto a Armando Soto Díaz, identificado con el renejuarismo.
Trujillo renunicó al cargo de secretario general de la CNOP e informó que en su lugar se quedó como encargado el líder de la Federación de Taxistas Francisco Javier Vargas, “hasta en tanto el Comité Ejecutivo Nacional de este sector no decida otra cosa”.
Acompañarán a Trujillo como subsecretarios de Organización, Héctor Arellano Pérez, “quien ha trabajado diez años en la organización del PRI y Francisco Solís Solís (representante de Leyva Mena en la elección interna del CDE), ambos de suma experiencia y quien sin duda darán sus mejores oficios para la reorganización del partido”, dijo el también ex diputado local.
También se dio a conocer el nombramiento de Armando Soto Díaz como secretario general adjunto, quien coordinará la “reorganización” de los 28 distritos electorales locales y en los cuales habrá también nombramientos de coordinadores.
Soto Díaz era dirigente de la Fundación Colosio en la entidad y dio a conocer que presentó su renuncia y que “por el momento se queda acéfala la dirigencia” de la misma.
Vicente Trujillo es un político identificado con el ex alcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños y el grupo del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero; mientras que Soto Díaz es un personaje identificado con el ex gobernador, René Juárez con quien trabajo en la oficina particular.
* Crónica de la irrupción en el María Luisa Ocampo
Hugo Pacheco León y Ezequiel Flores Contreras, corresponsales, Chilpan-cingo * Antes de la sesión en el cinema Jacarandas, a las 11:02 horas unos cien jóvenes simpatizantes del aspirante Carlos Sánchez Barrios –habitantes de la casas de estudiantes de la UAG– encabezados por Alvaro Leyva irrumpieron en el teatro María Luisa Ocampo, luego de que en el acceso principal no pudieron ser contenidos. Sus gritos de “¡consulta, consulta!”, quisieron ser apagados por los de “¡unidad, unidad!” de parte de los consejeros astudillistas, vicaristas y aguirristas presentes.
Sin dejar de gritar consignas, los sanchistas lanzaron huevos podridos hacia el presídium donde estaban reunidos todos los líderes de sectores, miembros del CDE, el coordinador parlamentario local Juan José Castro Justo y los ex gobernadores, Israel Nogueda Soberanis y Rubén Figueroa Alcocer.
Uno de esos huevazos por poco impacta en la cara de Figueroa Alcocer que en ese momento daba entrevistas. Justo en ese momento un reportero se colocó frente al ex gobernador y el huevo dio en su cabeza y alcanzó salpicar la cara de Rubén Figueroa.
Visiblemente molesto, de inmediato el ex gobernador llamó al senador Héctor Astudillo Flores hacia un lado del auditorio, en donde se escuchó que le dio instrucciones para salir del lugar y retirarse hasta en tanto no hubiera condiciones.
Así lo hicieron, y se fueron juntos en el vehículo del senador a la casa de éste último desde donde se conoció que se comunicaron con el gobernador René Juárez Cisneros para darle a conocer lo ocurrido de parte de los seguidores de Sánchez Barrios.
También se conoció que René Juárez se comunicó vía telefónica con Sánchez Barrios –que en ese momento estaba en Iguala encabezando una marcha proselitista–, para reclamarle su postura y la de sus seguidores.
Tras el reclamo del gobernador, trascendió que Sánchez Barrios desvió su regreso a Zumpango de Neri hacia la ciudad de México porque se sentía mal y acudiría al exclusivo hospital Los Angeles a tomarse una tomografía, según dijeron fuentes cercanas al legislador.
En tanto en el teatro María Luisa Ocampo, los sanchistas no cejaban en su intento de impedir la sesión. Los delegados intentaban tranquilizarlos sin lograrlo. Cuando pasaba por ese pasillo el coordinador de Comunicación Social del PRI estatal, Esteban Valdeolívar fue increpado por Alvaro Leyva, quien luego lo empujó y aventó dos patadas que hicieeron trastabillar escaleras abajo al funcionario partidista.
Pero nadie lograba poner calma. El secretario de Elecciones, Ernesto Sandoval Cervantes trató en vano en el micrófono de llamar “a la cordura”, y propuso comenzar la sesión para que los sanchistas pudieran exponer sus propuestas. Nadie le hizo caso. Como respuesta recibió el grito de “¡consulta, consulta!”.
Héctor Vicario quien llegó en ese momento, ni se percató de la salida de Figueroa y Astudillo y se quedó sin saber qué hacer. Enseguida Alvaro Leyva subió al presídium a saludarlo.
–Compadre ¿cómo estás? ¿Estás con la consulta?, porque no queremos la imposición –soltó a bocajarro el saludo y la pregunta, Alvaro Leyva.
–Bien compadre. Yo estoy por la democracia del partido y que aquí se apruebe –respondió Vicario.
Pero a la insistencia de los seguidores de Sánchez Barrios, Vicario terminó diciendo: “Estoy por la consulta a la base”. Salvó el momento el senador. Y en respuesta afue ovacionado “¡Vicario, Vicario!”.
A su rescate de los sanchistas llegó, Maricela Ruiz Massieu quien le dijo: “Vámonos que se queden solos”. Héctor Vicario la siguió y dejó el recinto.
Quien no se salvó de los reclamos fue la dirigenta de la Organización de Mujeres Priístas, María Inés Huerta Pegueros. La integrante de ese sector y simpatizante de Sánchez Barrios, María del Socorro Sánchez encaró a Huerta.
–Eres una déspota, me falsificaste mi firma, corrupta. Con esto quieren unidad, sólo quieren imposición.
–Yo no sé de que hablas. Yo tengo muchos años en la política. Esto sólo es una provocación –respondió.
Acto seguido María del Socorro sacó su credencial de elector y la comparó con la que aparece en el documento que en días pasados entregó Huerta Pegueros al presidente estatal del PRI para decir que las mujeres estaban por un candidato de unidad. No era la firma. María Inés salió se alejó por piernas.
En tanto que afuera del teatro, aguardaban Apreza Patrón y el secretario técnico del Consejo Político, Marco Antonio Leyva. No pudieron entrar, pero desde allí operaron que la sesión se trasladara al cinema Jacarandas, donde los sanchistas fueron contenidos por policías vestidos de civil y al interior se consumaron los acuerdos de los grupos priístas legitimados con el voto unánime de los consejeros.
Pero en el María Luisa Ocampo, el júbilo de los sanchistas, demostró su intención “¡Sí se pudo, sí se pudo!”.
