El diputado Adolfo Torales Catalán, en conferencia de prensa en su casa en Arcelia Foto: Israel Flores
Israel Flores
Ciudad Altamirano
El diputado Adolfo Torales Catalán, quien el pasado viernes reportó que un grupo de militares intentó ingresar a su casa, presuntamente para buscar autos robados, dice que ahora teme que el Ejército le siembre drogas o armas.
Este sábado, en conferencia de prensa, dijo que no se encontraba en su casa porque fue a Toluca, Estado de México, a una consulta médica a las 12 del día, por un dolor en la cabeza que lleva mucho tiempo sufriendo y que le iban a hacer estudios: una tomografía y le entregarían los resultados por la tarde.
“Mi hijo me llamó, me dijo que vio gente armada en el portón de la casa. Me comuniqué con las personas que están aquí, pero no me contestaba, porque lo estaban interrogando. Mi hijo me informó que eran militares. Le hablé a mi hermano, para que fuera al lugar y me apoyara, y cuando llega mi hermano, me confirma que son dos camionetas de militares”.
Agregó que encontraron tres militares arriba de una pipa que está estacionada afuera, “los militares estaban asomándose hacia dentro de la casa y es que aseguraron que estaban buscando carros robados”. El diputado dijo que los militares empezaron a preguntar por la persona que vive en la casa y que les confirmaron que la propiedad era del diputado Torales, y que además, preguntaron por la cantidad de carros.
“Los militares preguntaron cuántos carros tengo. También preguntaron hacia dónde me dirijo, entonces, creo que ahí ya entran las dudas, porque si vienen buscando un carro robado ¿por qué quieren saber cuál es la ruta o los caminos que yo tengo todos los días?”, dijo el diputado, quien se preguntó: “¿Qué asunto traen conmigo los militares? Ustedes saben que hace tiempo nosotros manifestamos la situación complicada de las amenazas y es una situación de la cual nos estamos cuidando, pero hoy, en mi situación, ¿yo me tengo que cuidar también del gobierno? ¿Acaso vienen con la idea de meterse a mi casa, como lo han hecho en todos lados, poniendo droga, armas, manipulando la información para poder decir que en mi casa hay carros robados? La verdad es que mi familia se espantó y mis cuatro niños que tengo aquí se espantaron”.
“La persona que me cuida aquí, ahí lo amenazaron y le exigieron que dijera todo acerca de los carros, que de lo contrario se los iban a llevar”.
“Yo no tengo gente armada aquí, no cargo gente armada, que me cuide la gente, sabe cómo ando en todos lados”.
El diputado dijo que sí hay temor de que el Ejército le siembre algo, “si esto lo hacen a nosotros ¿qué es lo que no eran con otra gente? La gente está cansada, ellos hacen retenes, nos piden el favor de revisar. Ya te están poniendo mil cosas en los carros, te quitan los celulares, te quitan bolsas y yo creo que la gente se para a ser revisada, pero de buena manera, no así”.
Dijo: “Ya no tenemos ni la tranquilidad ni la seguridad por parte del gobierno y es lamentable lo que se está viviendo, porque yo te lo digo: Le tenemos más miedo al gobierno”.
El diputado hizo un llamado al Ejército: “Que venga a hacer su trabajo, que venga a hacer su chamba, pero que no venga a cometer atropellos y hoy el gobierno sigue hablando de que lo que tenemos son herencias de los gobiernos atrasados, y yo creo que ese pretexto ya no es bueno, porque hay que analizar una situación. El presidente actual, en un año y medio sale, y quién va a quedar si queda una persona de la misma cuarta transformación y gobierna México, ¿acaso va a decir el que es una herencia del gobierno pasado? Porque cuando nuestro presidente salga ya será el pasado. Yo creo que ahora ya podemos decir, de alguna manera, que se está haciendo un mal trabajo y que esto no es herencia”.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alejandro Bravo Abarca, dijo que no ha tenido comunicación con el diputado Adolfo Torales Catalán, después del intento de cateo a su casa por parte de soldados. Llamó a los priistas de la región Tierra Caliente a “ser cuidadosos” y tomar “precauciones” ante la violencia en la zona.
Esto, después de que la noche del viernes, un grupo de soldados del 34 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano intentó brincarse la barda e ingresar a la casa de Torales Catalán, con intenciones de catear la vivienda, por un presunto reporte de que había ahí carros con reporte de robo, la dirigencia de este partido no ha hablado con su representate popular, quien es uno de los diputados que denunciaron, a finales de abril pasado, amenazas de un grupo criminal, por lo cual no han salido de su región ni siquiera para asistir a las sesiones del Congreso local.
En breves declaraciones telefónicas, el dirigente priista dijo que no ha hablado de manera personal con Adolfo Torales, pero sí “he tenido contacto con colaboradores” y agregó que sabe que fue precisamente un “intento de cateo y al parecer no había ninguna orden”, pero que no tiene información más allá de lo que se ha publicado en medios de comunicación y redes sociales.
Alejandro Bravo dijo que el Estado debe garantizar el derecho de los ciudadanos a transitar por todo el estado, así como de los alcaldes y diputados de la región, que denunciaron amenazas.
A pregunta hecha sobre la última vez que se comunicó con Torales Catalán, porque las amenazas que denunciaron alcaldes y diputados de las regiones Tierra Caliente y Norte fueron desde finales de abril, en ese sentido, respondió que sí han hablado de “avances de afiliación, en un par de ocasiones”, pero no de los problemas de seguridad en la zona.
Además, dijo que como partido no han tenido comunicación con funcionarios estatales o mandos militares, respecto a lo ocurrido en Arcelia, en este intento de cateo a la casa del diputado Adolfo Torales.
Respecto a la situación de violencia y las condiciones en las que se realiza política en Tierra Caliente, Bravo Abarca llamó a los representantes populares priistas, como diputados, alcaldes y síndicos, a “ser cuidadosos, siempre lo hemos manifestado, lamentablemente se han dado casos de atentados y de muertes de quienes ocupan cargos de elección popular”.
El dirigente priista les dijo a sus correligionarios de la región y del estado, que “tomen sus precauciones” y que sean cuidadosos.
Un grupo de soldados del 34 Batallón de Infantería con sede en Altamirano intentó brincarse la barda e ingresar a la casa del diputado local del distrito 18 de militancia priísta Adolfo Torales Catalán con intenciones de catear la vivienda.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10 de la noche de este viernes. El diputado no se encontraba en su casa, sin embargo, sus trabajadores sí estaban y su hermano Arturo quien fue en un video en las redes sociales informó del momento en el que llegaron los soldados a la casa en Arcelia.
El señor Arturo dijo que llegaron los soldados y se pararon frente a la casa, pero que se dieron cuenta porque estaban asomándose por encima de la barda con intenciones de brincarse y que en ese momento salieron para ver qué estaba pasando.
Dijo que algunos soldados se subieron a una pipa que estaba estacionada junto a la barda.
Indicó que le preguntaron al militar que iba a cargo porqué que-rían meterse y dijeron que recibieron información de que en esa casa había carros con reporte de robo .
Contó que les ofreció que pudieran observar en el interior de la casa que no había carros robados y que además le pidieron a los soldados que mostraran alguna orden de cateo, pero que no traían ninguna.
También mostraron un video que grabaron en el momento en el que están hablando con los soldados y se observa la patrulla 0834315. En la grabación se ve cómo reclaman los trabajadores a los soldados su intento de meterse a la casa, les dicen que tienen la costumbre de meterse a robar solamente y que si quisieran entrar de forma legal muestren la orden de cateo.
Arturo Torales dijo que presentarán una denuncia contra los soldados pues en primer lugar quisieron amedrentar a los que estaban adentro y que la forma en la que intentaban entrar de manera ilegal es porque no tenían intenciones buenas de aplicar la ley sino de realizar algún acto delictivo.
Apenas en la edición del jueves aparece en la página 3 de este periódico una foto del diputado Torales en su casa asistiendo de manera virtual a una sesión del Congreso. (Israel Flores / Ciudad Altami-rano).
El diputado local del distrito 18, Adolfo Torales Catalán (PRI), votando desde su casa en Arcelia durante su participación virtual en una sesión del Congreso Foto: Israel Flores
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
A más de un mes que se conociera que un grupo criminal amenazó de muerte a alcaldes y diputados de las regiones Tierra Caliente y Norte, y que desde entonces no acuden a las sesiones del Congreso local, este martes las perredistas Elzy Camacho Pineda, Susana Paola Juárez Gómez y el priista Adolfo Torales Catalán participaron en la plenaria de manera virtual, sin que ninguno realizara alguna participación.
El 27 de abril se publicó en El Sur que el grupo de alcaldes y diputados locales informaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de la amenaza de muerte, y le pidieron acciones concretas.
En particular, advirtieron del riesto que corrían en sus traslados a la capital, en cumplimiento de sus labores o trámites.
Aunque no se específicó a qué grupo criminal se referían, se conoció que eran Los Tlacos, que tienen control de los tramos carreteros de Iguala a Chilpancingo.
Después se realizaron reuniones de las que no se conocieron los detalles. Sin embargo, los tres diputados no han acudido a las sesiones del Legislativo.
Ayer se colocó en el centro del salón de plenos, frente a la tribuna, una pantalla en la que se observó la participación remota de las perredistas y el priista, quienes por un mes dejaron sus actividades en el Poder Legislativo.
Por amenazas, diputado
calentano participa
El diputado local Adolfo Torales Catalán, del PRI, informó que participó en la sesión virtual de la Comisión de Biblioteca e Informática, “en mi carácter de presidente del mismo, en donde se puso a consideración de los diputados que lo integran el Informe Anual de Actividades, que fue aprobado por unanimidad para el conocimiento del pleno”.
El diputado local del distrito 18, de militancia priísta, se ha mantenido activo en Tierra Caliente realizando reuniones con diferentes ayuntamientos y sectores, en donde además ha entregado obras de invitaciones, apoyo a las escuelas, y realizó giras por varios municipios, donde llevo regalos para las fiestas del Día de las madres y motocicletas para rifar por el Día del Maestro.
Sin embargo, acerca de su actividad legislativa, no se había conocido de alguna participación en el Congreso debido a que se mantiene en la postura de no asistir a Chilpancingo.
Minuto de silencio por hermado del diputado Astudillo
Al inicio de la primera de dos sesiones, el pleno del Congreso local guardó un minuto de silencio en memoria de Héctor Javier Astudillo Calvo, quien fuera hermano del diputado Ricardo Astudillo Calvo e hijo del ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores.
En la sesión el pleno aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que envió el Senado, con la que se establece como requisito la edad mínima de 18 años para poder ser candidatos a diputaciones y de 25 años para ser secretaria o secretario de estado.
A propuesta del morenista Marco Tulio Sánchez Alarcón, el pleno aprobó un exhorto a las Secretarías de Salud y de la Mujer para que “tomen acciones inmediatas encaminadas al cumplimiento de las metas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente”.
En tribuna, el morenista dijo que según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos adolescentes, y que en el 2020 más de 3 mil casos de menores de 19 años embarazadas en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Tlapa, Zihuatanejo e Iguala.
Y llamó a las Secretarías de Educación, de Salud y de la Mujer a cumplir con los lineamientos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, a través de campañas de educación sexual difundidas a través de redes sociales, la radio y la televisión.
Este martes se realizaron dos sesiones, ya que la Junta de Coordinación Política decidió que mañana jueves no habría.
Actos de corrupción con
programa de caminos artesanales
Al final de la segunda sesión, en tribuna el diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto intervino en relación a “Los caminos artesanales de la Montaña”. Ahí denunció acciones irregulares y presuntos actos graves de corrupción en Tlacoapa, donde hay indicios de que se está alterando el número de trabajadores contratados para la ejecución de los caminos.
En ese sentido explicó que los recursos de este programa del gobierno federal son ejercidos directamente por los presidentes municipales, quienes establecen los lineamientos y operación de las obras, y que las mismas se realizan con mano de obra local, lo cual ayuda a generar fuentes de empleo en las comunidades beneficiadas, pero en casos como el de Tlacoapa se presumen malos manejos del presupuesto público.
El morenista llamó a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado y de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso, a que realicen una investigación en este municipio en relación con dicho programa federal, para en su caso sancionar las faltas.
La sesión
En estas se presentadon diversas iniciativas, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos. La diputada petista Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicional disposiciones de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero, para quedar como Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Guerrero.
De Morena, la diputada Jessica Alejo Rayo presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para garantizar el principio de paridad de género en la elección de comisarios, suplentes y vocales, así como en la integración del Consejo Consultivo de Comisarios Municipales.
Tulio Sánchez propuso también una reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer la creación de la Presea “Faustina Benítez”, para “reconocer a mujeres guerrerenses que hayan destacado por su labor social en esta entidad”, la cual sería entregada por el Congreso del Estado en Coyuca de Benítez, en el marco de la conmemoración del natalicio de la guerrerense, el 15 de febrero.
El Pleno aprobó también un acuerdo parlamentario suscrito por la Junta de Coordinación Política para realizar el Parlamento Estudiantil número 15 de Los adolescentes y la cultura de la legalidad, el próximo 9 de junio.
Mientras que la perredista Yanelly Hernández Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para modificar la denominación de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por Comisión de la Familia, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Con información de Israel Flores/ Ciudad Altamirano).
Nuevamente a la sesión del pleno del Congreso de Guerrero no llegaron las diputadas Elzy Camacho Pineda, Flor Añorve Ocampo y el diputado Adolfo Torales Catalán, quienes participaron en las reuniones con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a partir de las presuntas amenazas de muerte de un grupo criminal.
Ayer fue la tercera sesión consecutiva a la que no asistieron la perredista Elzy Camacho, y los priistas Flor Añorve y Adolfo Torales, sin que sus grupos parlamentarios realizaran ningún pronunciamiento al respecto en tribuna. Del problema de las presuntas amenazas de Los Tlacos a los diputados no se ha hablado en el Congreso local.
En la sesión, la diputada priista Julieta Fernández Márquez presentó un exhorto al titular de la Secretaría de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, para que entregue al Congreso un informe por escrito detallado sobre si existe un programa institucional para atender la deserción escolar en el estado, sus indicadores, metas y alcances.
En tribuna la priista dijo que Guerrero pasó de tener un millón 120 mil estudiantes matriculados a solo 825 mil, de los cuales el 80 por ciento asisten regularmente a la escuela.
Planteó que es urgente y necesaria una política pública integral, un programa gubernamental que atienda “el grave problema de la deserción escolar”.
También del PRI, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Gabriela Bernal Reséndiz, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado para que se suspenda la patria potestad de menores a aquellas personas que estén en un proceso de investigación por feminicidio o intento de feminicidio.
La diputada señaló que Guerrero es el octavo lugar a nivel nacional, respecto a delitos de feminicidios, ya que en el primer bimestre del 2023 se registraron 23 asesinatos de mujeres, 43.7 por ciento más que el año pasado.
“Por ello, es que el Estado además de ejercer su función investigativa y punitiva frente al delito, también debe contemplar a los menores de edad como víctimas colaterales del delito y garantizar programas de contención, apoyo directo, continuos y gratuitos y, desde luego garantizar la protección y ejercicio de sus derechos bajo una patria potestad íntegra”.
De primera lectura quedaron los dictámenes de reformas al Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado y de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
Durante su intervención por el Día Internacional del Trabajo, el perredista Ociel García Trujillo dijo que en Guerrero aún se espera una obra importante del gobierno federal, porque en el estado hay problemas por la falta de empleos.
García Trujillo expuso que no hay obras extraordinarias en los municipios, “donde muchos albañiles podrían al menos, tener la oportunidad de trabajar… y seguimos esperando compañeros, y yo espero de todo corazón, que el Presidente de la República, en este último año que le queda, logre hacer algo por Guerrero”, dijo.
El diputado local priista Adolfo Torales Catalán, del distrito 18, aseguró que ante la falta de asignación de presupuesto para una rehabilitación real de las carreteras de Tierra Caliente, lo único que queda es esperar a que las parchen este año, y reclamó la desigualdad en presupuesto entre los distritos 17 y 18 que pertenecen a esta región.
Este martes el diputado realizó una conferencia de prensa con motivo del Día del Periodista, donde dijo que refrendaba su apoyo a la libertad de expresión y al gremio y respetaba su actividad en cualquier circunstancia.
Ahí hablo de su actividad legislativa y expresó qué hay una desigualdad en el presupuesto entre el distrito 18 al que pertenece y que abarca a los municipios de Cutzamala, Pungarabato, Tlapehuala, Tlalchapa, y Arcelia, a donde llegarán 56 millones en obras.
Mientras que al distrito 17 al que corresponden los municipios de Zirándaro, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán, y San Miguel Totolapan recibirá más de 95 millones; “será San Miguel Totolapan uno de los más beneficiados después de los hechos violentos que ya se conocen”.
Expresó que no hay un presupuesto para reparar las carreteras que son de las principales demandas ciudadanas en Tierra Caliente y que en los tramos federales desde Cutzamala hasta la salida de Coyuca de Catalán y en el otro extremo desde Arcelia hasta Ciudad Altamirano se encuentran en mal estado.
Recordó que la situación de las carreteras ya es conocida y reconocida por todos los actores políticos que han venido.
“Lo único que queda es esperar a que la parchen este año”, dijo el diputado y expresó que habría que seguir tocando puertas para que se logre.
Recordó que “el año pasado busqué que se realizar un exhorto a la Federación para que se autorice la reparación de las carreteras de Tierra Caliente pero los diputados de Morena se opusieron a este exhorto, así que tenemos que seguir esperando”.
Dijo que las obras que se esperan son en pavimentaciones, agua y drenaje y que se asignó un presupuesto para terminar por completo, ahora sí, el mercado de Arcelia, que lleva diez años sin que se pueda usar por la obra de construcción.
Elementos del Ejército a su paso por la central de autobuses en Chilpancingo Foto: José Luis de la Cruz
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
Según informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por los hackers Guacamaya, los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, los jefes de La Familia Michoacana en la Tierra Caliente, tomaron parte en las actividades de la mina de Campo Morado, municipio de Arcelia, perteneciente a la empresa Telson Mining Corporation (hoy Altaley Mining), donde el grupo delincuencial obtuvo ganancias de más de 15 millones de pesos mensuales en 2018.
La participación de la organización criminal en la mina se dio en el transporte de material y de personal, con camiones góndola. En el periodo reportado, un momento de conflicto se dio cuando en agosto de 2018 llegó un destacamento del Ejército a resguardar la mina, causando el enojo de los hermanos Hurtado, que se movieron para que el Ejército se retirara, pero el seguimiento de los hechos se suspende y no hay algún reporte que indique si lograron su propósito.
Además, hay reportes de la colusión política y militar en apoyo de la Familia Michoacana para que siguiera operando en la mina canadiense.
Durante un seguimiento de Inteligencia Militar desde finales de 2016 hasta el último día del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el 30 de noviembre de 2018, Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y su hermano José Alfredo El Fresa, comienzan a buscar el control de la mina al inicio de 2018, donde una operadora de nombre Eleunin Camacho Goicochea buscó la compra de la empresa belga Nyrstar, que fue cerrada en 2015 por problemas de seguridad.
“Eleunin Camacho Goicochea, comadre de El Fresa y La China se reunieron en la Cdmx, con Elia Sánchez Cerda propietaria de la mina de metales (oro, plata, cobre y zinc) “Nyrstar Campo Morado S.A. de C.V. para iniciar la negociación de compra-venta”, dice el escrito fechado en febrero de 2018.
En el mismo texto se lee que “la mina suspendió operaciones en el 2015 por problemas de seguridad en la región, no se descarta que haya sido por presiones de la ‘La Familia’, que ahora pretende capitalizar esa condición”.
Los informes oficiales de la compra de Nyrstar revelan que la minera fue adquirida en junio de 2017 por Telson Mining con un valor de 20 millones de dólares, comenzando sus operaciones en octubre de ese año y su producción comercial en mayo de 2018, meses donde se ve la actividad de la Familia Michoacana en los trabajos de la minera, según los informes.
Por su parte, informes periodísticos mencionan que Elía Sánchez es propietaria de la mina La Calentana que se encuentra en Pinzán Morado, Coyuca de Catalán y que en agosto de 2018 fue denunciada por los pobladores de esa comunidad que tuvieron que dejar sus casas por los socavones provocados por la explotación mineral y exigieron una indemnización a la empresa.
Los archivos de Guacamaya filtrados a los medios de comunicación y a los cuales El Sur tuvo acceso, revelan que la FM logró entrar a los trabajos de la mina de Campo Morado con camiones góndola para el transporte de materiales y de mano de obra.
Uno de los análisis firmados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), reveló que un personaje llamado Iker, funcionario de alto nivel de la empresa Telson Mining que se encargaba de la logística y seguridad, es amigo y operador financiero de El Fresa.
Los informes del CISEN y de Inteligencia Militar dan un seguimiento del empresario minero del mes de julio a noviembre del 2018.
Dentro de un texto se lee que “personas de confianza de El Fresa, pidieron a Iker meter a trabajar en la mina Campo Morado a amigos y familiares de éstas”.
También Iker reveló “que, de los aproximadamente 60 millones de gastos mensuales de la mina, indirectamente El Fresa se lleva entre 10 y 15 millones, por lo que cobra a los gondoleros, gasolina y diésel”.
Según los documentos filtrados, Iker es hijo del general retirado Francisco Tomás González Loaiza, a quien el Día del Ejército el 19 de febrero del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo entrega de jerarquía de ascenso militar a general de división.
En agosto de 2018 en los textos se lee la preocupación de los hermanos Hurtado Olascoaga por la llegada de un destacamento militar a resguardar la mina de Campo Morado, lo que provocó el enojo y la presión a sus operadores y políticos para intervenir y pedir la salida de los soldados.
El 3 de agosto el edil electo en ese tiempo, Adolfo Torales Catalán, había informado a un presunto operador financiero de José Alfredo Hurtado “que fueron invitados a un clúster minero en Acapulco que se realizará la próxima semana (sin especificar detalles), en la que estará presente Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, así como algunos ediles”.
Torales Catalán actualmente es diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y antes de ser alcalde fungió como tesorero en el Ayuntamiento de Chilapa con la alcaldesa Alicia Zamora Villalba.
Una semana después, el 7 de agosto, los informes señalaron que “José Luis Arroyo Ávila (a) Corongoro, colaborador cercano a los hermanos Hurtado Olascoaga, presuntamente se reunirá alrededor de las 13 horas de hoy con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores en Chilpancingo (desconociéndose los motivos del encuentro)”.
El 10 de agosto un operador financiero se reunió en Acapulco con “Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo de Héctor Astudillo Flores, actual gobernador de Guerrero, el motivo del encuentro es obtener una cita con su padre para la próxima semana (sin precisar asunto a tratar). Posiblemente para tratar asuntos relacionados con la autorización para la operación de explotación de minas”.
Astudillo Calvo es actualmente encargado de la Notaria Pública 193 en el Estado de México.
El mismo informe militar reporta que Arroyo Ávila, el Corongoro, informó a sus jefes de la FM “que obtuvo el nombramiento como nuevo director posiblemente de un plantel escolar (se desconocen más detalles) por parte del gobernador de Guerrero”.
En la información que está dirigtida al Mando Iguala se detalla que el 17 de agosto el presunto operador de la FM de nombre Iker, fue sometido a una revisión militar en la mina Campo Morado.
“Fue advertido por integrantes de La Familia que debe lograr que se retiren los efectivos de las inmediaciones de la mina, ya que de no hacerlo amenazaron con cerrar la mina”.
En el mismo informe mencionan que pedirá la salida de los militares “argumentado que es propiedad privada”.
El 20 de agosto, según el texto, Iker se reunió con el general José Francisco Terán Valle, comandante de la 35 Zona Militar para pedir que se investigue el destacamento de “un grupo de militares a las afueras de la mina que opera en Campo Morado, Arcelia”.
El 22 de agosto se informó en un reporte que Iker se reunió con su padre, al que le expresó que El Fresa “le metió presión por la presencia del Ejército en la mina, ya que El Pez cree que es orden de la empresa canadiense”.
En el seguimiento de los hechos aparece que Iker se reunió con el “General Velasco, Jefe de Estado Mayor, quien le indicó que no habría problema para quitar a los elementos del Ejército”.
La salida de los militares no se dio y el 3 de septiembre El Fresa advirtió que no enviaría sus góndolas a la mina hasta que se retiraran.
En ese mismo informe, firmado por el CISEN, se dice que Iker señaló que la situación económica de Campo Morado era crítica y “podría ser cerrada temporalmente”. Además, se informó que posiblemente entregaría a las autoridades “datos de las ubicaciones y zonas de resguardo del Fresa para que sea detenido”.
El 5 de septiembre según el reporte, “el edil electo de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, mantuvo una reunión con los hermanos Hurtado Olascoaga para tratar el tema de la mina, acordando que en el futuro el presidente municipal se deberá mantener al margen del problema”.
En esos mismos días el presunto operador Iker y su padre se coordinaron “para redactar un informe sobre las ubicaciones y movilidad de los hermanos Hurtado Olascoaga, para entregarlos a funcionarios de alto nivel de la Sedena”.
El miércoles 12 de septiembre se cerró la mina y la empresa canadiense esperaba la llegada de al menos 4 millones de dólares para liquidar a los trabajadores según los informes de inteligencia.
El presunto operador buscó reunirse con el comandante de la Novena Región Militar, para proponerle una estrategia para contrarrestar las amenazas de “la organización de La Familia, en el marco de presión que ejerce el grupo delictivo a la mina Campo Morado”.
Otro documento fechado el 17 de octubre señala que Iker se reuniría en Acapulco con el general Juan Manuel Rico Gámez, “comandante de la IX Región Militar, para buscar apoyo de seguridad en Arcelia, ya que la mesa directiva de su empresa decidió que no pagará la cantidad exigida como ‘derecho de piso’ (3 millones de pesos) por parte de La Familia”.
En otro de los informes firmados por el Cisen se menciona que el 7 de noviembre el personal de la mina fue advertido de que tenían una deuda con transportistas de 2 millones de pesos y que “El Pez les dio como plazo hasta diciembre, de lo contrario deberán ‘enfrentar las consecuencias’”.
El 13 de noviembre el Cisen informó según los correos filtrados, que El Pez sufrió “una infección de una bacteria llamada esferocitosis hereditaria, caracterizada por una anemia severa”.
Días antes, el 5 de noviembre Johnny Hurtado, “jugó un partido de futbol con Adolfo Torales Catalán, en la cancha central de la localidad de Palos Altos”.
El 14 de noviembre según el informe de inteligencia El Pez sintió “golpe en el cerebro, que lo mareó y sus oídos rezumbaron, por lo que su médico de cabecera (por identificar) indicó que seguramente le subió la presión arterial y tendrían que estar atentos, ya que podrían ser síntomas de infarto cerebral”.
El seguimiento militar de los movimientos de los hermanos Hurtado Olascoaga era diario, según la información era recabada por círculos familiares, llamadas telefónicas y frecuencias de comunicación de sus allegados.
En los dos años de información sólo se menciona un operativo fallido de la Secretaría de Marina (Semar), del que El Pez logró escapar a caballo luego de un enfrentamiento de su grupo de escoltas cercano.
También, informan constantemente de los movimientos de sus familiares, de las visitas al Cefereso de Gómez Palacio, Durango, a su hermano Ubaldo, alias El Flaco, que fue sentenciado a 20 años según Inteligencia Militar.
En los informes se presentan datos de reuniones en las ferias de las comunidades, donde los hermanos Hurtado Olascoaga apadrinaban corridas de toros.
El último informe es el 29 de noviembre y señala que el colaborador “Iker Macías González persona cercana a José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, que durante el enfrentamiento que sostienen en la Sierra los hermanos Hurtado Olascoaga, se han registrado aproximadamente 20 fallecidos” en referencia a la pelea por el control de Costa Grande contra la Guardia Guerrerense.
Por lo que respecta a Telson Mining Corporation, cerró operaciones por problemas de seguridad en septiembre de 2019 y reanudó trabajos en febrero del 2020. En mayo del 2021 Telson Mining reestructuró su Junta Directiva y cambió su nombre por Altaley Mining, que actualmente sigue en operaciones.
El presidente municipal priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán dijo que no puede pasar por Teloloapan debido a las amenazas que ha recibido de la autodefensa de ese lugar, la Policía Comunitaria Tecampanera, así que cada vez que tiene que acudir a Chilpancingo o a Acapulco hace recorridos de 9 horas para evitar esa zona.
Informó que en una reunión que sostuvo con periodistas para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión en Arcelia que estaba a punto de salir a Chilpancingo, pero que tenía que rodear Teloloapan.
“Quiero decirlo aquí públicamente que yo no puedo pasar por Teloloapan y lo digo así en todas sus letras, que no tengo condiciones para cruzar por esa ruta, tengo que rodear, por eso les pido me disculpen porque tengo que salir con tiempo a una reunión que tengo mañana”, expuso.
Abordado después y al preguntarle al respecto, el presidente municipal dijo que ha recibido amenazas de grupos que operan en Teloloapan, y que eso es un tema público porque lo ha denunciado, y para no arriesgarse prefiere rodear esa zona.
El 10 de noviembre de 2016 policías comunitarios de la Tecampanera apoyados por el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) y vecinos armados de Cuetzala cerraron la carretera en Teloloapan, exigían la presencia de policías federales y de soldados de la Marina, porque “el Ejército no actúa”, dijeron en esa ocasión.
La Tecampanera señala al alcalde de Arcelia de tener vínculos con el grupo criminal La Familia Michoacana y desde los señalamientos ocurridos en noviembre del año pasado el alcalde no transita esa zona.
Ayer dijo que está dispuesto a cualquier investigación de las autoridades si alguien lo relaciona con algún grupo criminal, y que está abierto a que se investigue su gobierno de una forma responsable y a profundidad.
Agregó que en un recorrido que debería de ser de 3 horas lo hace en 8 o 9 horas, porque tiene que rodear Teloloapan para poder llegar a la capital del estado.
Agregó que Arcelia es un municipio tranquilo, “aquí no queremos que venga un grupo a inquietar o a causar problemas, porque la sociedad está tranquila, y si llegamos a tener algún asunto de seguridad como ocurre en otras partes del país, creo que hasta el momento estamos en calma”.
El miércoles pasado seis policías municipales de Arcelia denunciaron que fueron retenidos por la autodefensa de Teloloapan, que los entregó a otros civiles armados quienes los torturaron para preguntarles sobre grupos de la delincuencia organizada.
Según el reporte los seis agentes venían en un vehículo por la mañana del martes y al pasar por el retén de los autodefensas en Teloloapan los bajaron para una revisión y fue cuando les descubrieron sus identificaciones de la Policía Municipal de Arcelia.
Los policías tienen cursos en el Instituto de Formación y Capacitación Policial en Chilpancingo para acreditar la licencia colectiva para que les autoricen nuevamente portar armas.
Según el reporte los policías de la Tecampanera entregaron a los agentes a otros civiles que llegaron portando rifles de grueso calibre, cerca de un retén militar.
La Policía Comunitaria Tecampanera cerró desde la mañana de ayer el Palacio Municipal de Teloloapan, tiendas de autoservicio y de cadenas comerciales transnacionales para exigir a los gobiernos estatal y federal seguridad, justicia para las víctimas de la delincuencia organizada, la detención de los líderes del grupo criminal La Familia Michoacana y una investigación al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán por sus presuntos vínculos con éstos criminales.
Advirtieron que si no tienen pronto una respuesta de las autoridades estatales y federales, también tomarán la presa hidroeléctrica El Caracol y las minas asentadas en la zona.
Minutos antes de las 9 de la mañana comunitarios de la Tecampanera desalojaron al personal del Ayuntamiento y cerraron el edificio con cadenas y candados. En seguida cerraron tiendas como Súper Che, Aurrera, Coppel y Oxxo.
La acción se da luego del acuerdo de la asamblea de la tarde del lunes y a dos días del hallazgo de los cuerpos desmembrados de los tres herreros secuestrados el 4 de noviembre en la comunidad de Totoltepec por sicarios de La Familia Michoacana, y que fueron abandonados en la entrada al poblado La Unión, en Teloloapan, en la carretera hacia Arcelia.
En declaraciones por teléfono, uno de los integrantes de la autodefensa dijo que entre sus demandas que no les han cumplido, está la de seguridad en el municipio con la presencia de la Policía Federal, que se haga justicia y se aplique la ley en contra de La Familia Michoacana, grupo al que responsabilizan de los secuestros, asesinatos, levantones y extorsiones ocurridos en ese municipio.
Exigen también la desarticulación y captura de los principales líderes de esta organización criminal y los autores de los asesinatos cometidos en contra de vecinos de Teloloapan, así como la investigación al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán a quien señalan de tener vínculos con este grupo criminal.
Dijo que al secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda le exigen su intervención para que los militares en Teloloapan “se involucren más” en la seguridad del municipio.
Demandan Bases de Operaciones Mixtas y puestos de revisión y seguridad, así como patrullajes en carreteras y brechas de las comunidades de Totoltepec, Alahuixtlán y La Magdalena, que son ocupados por los delincuentes para desplazarse entre las regiones Tierra Caliente, la zona Norte y el sur del Estado de México.
Informó que en las dos primeras comunidades existen dos grupos de la Policía Estatal, “lo cual es insuficiente y obsoleta su presencia porque se la pasan encerrados y no hacen ninguna acción, como la colocación de puestos de seguridad y vigilancia, o de hacer recorridos por la zona, por lo que los miembros de la delincuencia organizada entran y salen sin ningún problema”.
Indicó que la postura de los comunitarios es que de no haber una pronta respuesta a sus demandas por los gobiernos estatal y federal, ampliarán su protesta con el cierre de la presa El Caracol y las minas asentadas en la zona.
En su segundo día de protestas y el bloqueo de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, policías comunitarios y autodefensas cerraron la tarde de ayer el Palacio municipal de Teloloapan, para presionar a las autoridades estatales a que atiendan sus exigencias de seguridad de la Marina y la Policía Federal, el rescate de los tres herreros secuestrados y permitir que las comunitarios sigan operando armados.
En el segundo día de protestas, los comunitarios de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala cumplieron más de 33 horas del cierre de los accesos a Teloloapan con los dos bloqueos a la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano, en las salidas hacia Arcelia e Iguala, en el primer bloqueo total que se mantuvo desde la 1:30 de la tarde del jueves, y el segundo intermitente, que se abría cada dos horas para dar paso a algunos automovilistas.
A las 3:30 de la tarde y ante la desatención del gobierno estatal, unos 100 comunitarios armados tomaron la sede del Ayuntamiento de Teloloapan, el cual ya había sido desalojado por trabajadores y funcionarios, y al llegar ya estaba cerrado.
Afuera del Palacio, comunitarios en su mayoría armados, se quedaron en plantón, en tanto que los otros grupos en los que participan integrantes del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) y la autodefensa de Cuetzala, se mantuvieron en los bloqueos de la carretera.
En la tarde, uno de los coordinadores de la Tecampanera informó de la integración de una comisión que había salido a las 7 de la noche de Teloloapan para reunirse en Chilpancingo con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. Minutos antes de las 10 de la noche, informó que ya habían entrado a la mesa de negociaciones en la que también estaba el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño y otros funcionarios del gabinete estatal.
En el segundo día de protestas, las calles quedaron vacías, casi dos mil negocios cerrados, las clases suspendidas en 30 escuelas de diferentes niveles y el transporte paralizado.
El jueves, unos 3 mil comunitarios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan, marcharon en esa cabecera municipal, hicieron un mitin y bloquearon la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que también es la entrada desde la región Norte a la Tierra Caliente, lo que dejó varios vehículos varados.
El pliego de peticiones
En su pliego de peticiones, los comunitarios exigen el recate con vida de los tres herreros secuestrados hace una semana en Totoltepec, a manos de un grupo armado de la organización La Familia Michoacana. Piden también la captura de los principales líderes de la organización criminal y la investigación al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de proteger a la organización.
En las demandas también exigen que brinden seguridad la Marina y la Policía Federal, ante la falta de resultados del Ejército.
En declaraciones por teléfono ofrecidas la mañana de ayer, uno de los comunitarios advirtió que no dejarán las armas, y dijo que entre sus exigencia está que el gobierno deje trabajando a los comunitarios, ante la exigencia y la amenaza del gobernador Héctor Astudillo Flores de desarmarlos.
En ese momento, había advertido que no levantarían sus protestas hasta que se firme un acuerdo en el que el gobierno se comprometa a dejar a los comunitarios seguir trabajando.
Por la tarde, después de la toma del Palacio otro comunitario dijo, también vía telefónica, que esa determinación fue porque, “el señor gobernador no ha resuelto nada de nuestras peticiones, no ha tomado cartas en el asunto y ayer (jueves) quedó que mandaría a alguien para hablar con nosotros, su secretario no llegó y hoy nos mandó un comunicado que en una hora estaba en Teloloapan, y volvió a pasar lo mismo, no llegó nadie”, dijo molesto.
Dijo que su lucha no es contra el gobierno ni la ciudadanía, “queremos que nos entiendan, que la desesperación en Teloloapan es grande, nuestros tres compañeros herreros son personas que salieron a buscar la vida, fueron a buscar el pan de cada día para su familia y fueron secuestrados por la Familia Michoacana”.
Señaló que, “creemos justo que el gobernador tome cartas en el asunto, que ya busque a estas personas que se dedican a secuestrar y a hacerle daño a muchas personas. Como vecinos de Teloloapan hemos vivido años de terror a causa de esa gente”.
Dijo al gobernador Astudillo y a la población que, “nosotros nos hemos visto en la necesidad de levantarnos en armas porque los que somos parte de la Policía Comunitaria somos comerciantes, campesinos, maestros o transportistas, y todos tenemos familia que han sido víctimas del crimen organizado con secuestros, extorsiones, desapariciones o asesinatos”.
“Hoy lo estamos haciendo por nuestros tres hermanos herreros, y después si hay necesidad, lo haremos por cualquier ciudadano de Teloloapan, aquí ya no se le va a dejar solo a ningún ciudadano de Teloloapan”, sostuvo.
A las 12 de la noche, aún no concluía la reunión de integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera, en Palacio de Gobierno, con el secretario general, Florencio Salazar Adame, y con el fiscal general de estado, Xavier Olea Peláez.
Tampoco se daban a conocer todavía los acuerdos entre la organización que exige que se respete su derecho a usar armas.
