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Participó la FM en la mina de Campo Morado en 2018, revelan documentos filtrados por Guacamaya

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

Según informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por los hackers Guacamaya, los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, los jefes de La Familia Michoacana en la Tierra Caliente, tomaron parte en las actividades de la mina de Campo Morado, municipio de Arcelia, perteneciente a la empresa Telson Mining Corporation (hoy Altaley Mining), donde el grupo delincuencial obtuvo ganancias de más de 15 millones de pesos mensuales en 2018.
La participación de la organización criminal en la mina se dio en el transporte de material y de personal, con camiones góndola. En el periodo reportado, un momento de conflicto se dio cuando en agosto de 2018 llegó un destacamento del Ejército a resguardar la mina, causando el enojo de los hermanos Hurtado, que se movieron para que el Ejército se retirara, pero el seguimiento de los hechos se suspende y no hay algún reporte que indique si lograron su propósito.
Además, hay reportes de la colusión política y militar en apoyo de la Familia Michoacana para que siguiera operando en la mina canadiense.
Durante un seguimiento de Inteligencia Militar desde finales de 2016 hasta el último día del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el 30 de noviembre de 2018, Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y su hermano José Alfredo El Fresa, comienzan a buscar el control de la mina al inicio de 2018, donde una operadora de nombre Eleunin Camacho Goicochea buscó la compra de la empresa belga Nyrstar, que fue cerrada en 2015 por problemas de seguridad.
“Eleunin Camacho Goicochea, comadre de El Fresa y La China se reunieron en la Cdmx, con Elia Sánchez Cerda propietaria de la mina de metales (oro, plata, cobre y zinc) “Nyrstar Campo Morado S.A. de C.V. para iniciar la negociación de compra-venta”, dice el escrito fechado en febrero de 2018.
En el mismo texto se lee que “la mina suspendió operaciones en el 2015 por problemas de seguridad en la región, no se descarta que haya sido por presiones de la ‘La Familia’, que ahora pretende capitalizar esa condición”.
Los informes oficiales de la compra de Nyrstar revelan que la minera fue adquirida en junio de 2017 por Telson Mining con un valor de 20 millones de dólares, comenzando sus operaciones en octubre de ese año y su producción comercial en mayo de 2018, meses donde se ve la actividad de la Familia Michoacana en los trabajos de la minera, según los informes.
Por su parte, informes periodísticos mencionan que Elía Sánchez es propietaria de la mina La Calentana que se encuentra en Pinzán Morado, Coyuca de Catalán y que en agosto de 2018 fue denunciada por los pobladores de esa comunidad que tuvieron que dejar sus casas por los socavones provocados por la explotación mineral y exigieron una indemnización a la empresa.
Los archivos de Guacamaya filtrados a los medios de comunicación y a los cuales El Sur tuvo acceso, revelan que la FM logró entrar a los trabajos de la mina de Campo Morado con camiones góndola para el transporte de materiales y de mano de obra.
Uno de los análisis firmados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), reveló que un personaje llamado Iker, funcionario de alto nivel de la empresa Telson Mining que se encargaba de la logística y seguridad, es amigo y operador financiero de El Fresa.
Los informes del CISEN y de Inteligencia Militar dan un seguimiento del empresario minero del mes de julio a noviembre del 2018.
Dentro de un texto se lee que “personas de confianza de El Fresa, pidieron a Iker meter a trabajar en la mina Campo Morado a amigos y familiares de éstas”.
También Iker reveló “que, de los aproximadamente 60 millones de gastos mensuales de la mina, indirectamente El Fresa se lleva entre 10 y 15 millones, por lo que cobra a los gondoleros, gasolina y diésel”.
Según los documentos filtrados, Iker es hijo del general retirado Francisco Tomás González Loaiza, a quien el Día del Ejército el 19 de febrero del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo entrega de jerarquía de ascenso militar a general de división.
En agosto de 2018 en los textos se lee la preocupación de los hermanos Hurtado Olascoaga por la llegada de un destacamento militar a resguardar la mina de Campo Morado, lo que provocó el enojo y la presión a sus operadores y políticos para intervenir y pedir la salida de los soldados.
El 3 de agosto el edil electo en ese tiempo, Adolfo Torales Catalán, había informado a un presunto operador financiero de José Alfredo Hurtado “que fueron invitados a un clúster minero en Acapulco que se realizará la próxima semana (sin especificar detalles), en la que estará presente Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, así como algunos ediles”.
Torales Catalán actualmente es diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y antes de ser alcalde fungió como tesorero en el Ayuntamiento de Chilapa con la alcaldesa Alicia Zamora Villalba.
Una semana después, el 7 de agosto, los informes señalaron que “José Luis Arroyo Ávila (a) Corongoro, colaborador cercano a los hermanos Hurtado Olascoaga, presuntamente se reunirá alrededor de las 13 horas de hoy con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores en Chilpancingo (desconociéndose los motivos del encuentro)”.
El 10 de agosto un operador financiero se reunió en Acapulco con “Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo de Héctor Astudillo Flores, actual gobernador de Guerrero, el motivo del encuentro es obtener una cita con su padre para la próxima semana (sin precisar asunto a tratar). Posiblemente para tratar asuntos relacionados con la autorización para la operación de explotación de minas”.
Astudillo Calvo es actualmente encargado de la Notaria Pública 193 en el Estado de México.
El mismo informe militar reporta que Arroyo Ávila, el Corongoro, informó a sus jefes de la FM “que obtuvo el nombramiento como nuevo director posiblemente de un plantel escolar (se desconocen más detalles) por parte del gobernador de Guerrero”.
En la información que está dirigtida al Mando Iguala se detalla que el 17 de agosto el presunto operador de la FM de nombre Iker, fue sometido a una revisión militar en la mina Campo Morado.
“Fue advertido por integrantes de La Familia que debe lograr que se retiren los efectivos de las inmediaciones de la mina, ya que de no hacerlo amenazaron con cerrar la mina”.
En el mismo informe mencionan que pedirá la salida de los militares “argumentado que es propiedad privada”.
El 20 de agosto, según el texto, Iker se reunió con el general José Francisco Terán Valle, comandante de la 35 Zona Militar para pedir que se investigue el destacamento de “un grupo de militares a las afueras de la mina que opera en Campo Morado, Arcelia”.
El 22 de agosto se informó en un reporte que Iker se reunió con su padre, al que le expresó que El Fresa “le metió presión por la presencia del Ejército en la mina, ya que El Pez cree que es orden de la empresa canadiense”.
En el seguimiento de los hechos aparece que Iker se reunió con el “General Velasco, Jefe de Estado Mayor, quien le indicó que no habría problema para quitar a los elementos del Ejército”.
La salida de los militares no se dio y el 3 de septiembre El Fresa advirtió que no enviaría sus góndolas a la mina hasta que se retiraran.
En ese mismo informe, firmado por el CISEN, se dice que Iker señaló que la situación económica de Campo Morado era crítica y “podría ser cerrada temporalmente”. Además, se informó que posiblemente entregaría a las autoridades “datos de las ubicaciones y zonas de resguardo del Fresa para que sea detenido”.
El 5 de septiembre según el reporte, “el edil electo de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, mantuvo una reunión con los hermanos Hurtado Olascoaga para tratar el tema de la mina, acordando que en el futuro el presidente municipal se deberá mantener al margen del problema”.
En esos mismos días el presunto operador Iker y su padre se coordinaron “para redactar un informe sobre las ubicaciones y movilidad de los hermanos Hurtado Olascoaga, para entregarlos a funcionarios de alto nivel de la Sedena”.
El miércoles 12 de septiembre se cerró la mina y la empresa canadiense esperaba la llegada de al menos 4 millones de dólares para liquidar a los trabajadores según los informes de inteligencia.
El presunto operador buscó reunirse con el comandante de la Novena Región Militar, para proponerle una estrategia para contrarrestar las amenazas de “la organización de La Familia, en el marco de presión que ejerce el grupo delictivo a la mina Campo Morado”.
Otro documento fechado el 17 de octubre señala que Iker se reuniría en Acapulco con el general Juan Manuel Rico Gámez, “comandante de la IX Región Militar, para buscar apoyo de seguridad en Arcelia, ya que la mesa directiva de su empresa decidió que no pagará la cantidad exigida como ‘derecho de piso’ (3 millones de pesos) por parte de La Familia”.
En otro de los informes firmados por el Cisen se menciona que el 7 de noviembre el personal de la mina fue advertido de que tenían una deuda con transportistas de 2 millones de pesos y que “El Pez les dio como plazo hasta diciembre, de lo contrario deberán ‘enfrentar las consecuencias’”.
El 13 de noviembre el Cisen informó según los correos filtrados, que El Pez sufrió “una infección de una bacteria llamada esferocitosis hereditaria, caracterizada por una anemia severa”.
Días antes, el 5 de noviembre Johnny Hurtado, “jugó un partido de futbol con Adolfo Torales Catalán, en la cancha central de la localidad de Palos Altos”.
El 14 de noviembre según el informe de inteligencia El Pez sintió “golpe en el cerebro, que lo mareó y sus oídos rezumbaron, por lo que su médico de cabecera (por identificar) indicó que seguramente le subió la presión arterial y tendrían que estar atentos, ya que podrían ser síntomas de infarto cerebral”.
El seguimiento militar de los movimientos de los hermanos Hurtado Olascoaga era diario, según la información era recabada por círculos familiares, llamadas telefónicas y frecuencias de comunicación de sus allegados.
En los dos años de información sólo se menciona un operativo fallido de la Secretaría de Marina (Semar), del que El Pez logró escapar a caballo luego de un enfrentamiento de su grupo de escoltas cercano.
También, informan constantemente de los movimientos de sus familiares, de las visitas al Cefereso de Gómez Palacio, Durango, a su hermano Ubaldo, alias El Flaco, que fue sentenciado a 20 años según Inteligencia Militar.
En los informes se presentan datos de reuniones en las ferias de las comunidades, donde los hermanos Hurtado Olascoaga apadrinaban corridas de toros.
El último informe es el 29 de noviembre y señala que el colaborador “Iker Macías González persona cercana a José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, que durante el enfrentamiento que sostienen en la Sierra los hermanos Hurtado Olascoaga, se han registrado aproximadamente 20 fallecidos” en referencia a la pelea por el control de Costa Grande contra la Guardia Guerrerense.
Por lo que respecta a Telson Mining Corporation, cerró operaciones por problemas de seguridad en septiembre de 2019 y reanudó trabajos en febrero del 2020. En mayo del 2021 Telson Mining reestructuró su Junta Directiva y cambió su nombre por Altaley Mining, que actualmente sigue en operaciones.

Militares y autoridades civiles conocen el día a día de los grupos del crimen organizado

Redacción

Los reportes del hackeo del grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se refieren a reuniones del Ejército con autoridades civiles en Acapulco, y lo que ahí informan es la situación del crimen en esos momentos. Los encuentros se realizan en la Zona militar.
Un reporte del 11 de febrero del 2021 informa que el enviado militar, cual si actuara con jerarquía ante los civiles, “solicitó a las autoridades presentes, que dieran a conocer los avances en el seguimiento de los objetivos prioritarios generadores de violencia” en el municipio.

Seguimiento a “objetivos prioritarios”

La Sedena comparte fotografías recientes de Gilberto Carbajal Loaeza, La Excelsa, “con el fin de que se tomaran acciones contundentes, ubicar y detener a referido personaje, toda vez que esta Comandancia de Batallón, tiene conocimiento que Carbajal Loaeza, es el encargado de realizar extorsión y cobro de cuotas a los transportistas en el área de Fracc. Las Playas y Caleta, de esta Ciudad”.
Por las autoridades civiles asisten Gabriel Rebollar González, coordinador Operativo de la Policía del Estado en Acapulco; Esteban Maldonado Palacios, coordinador de la Policía Investigadora Ministerial, y Oscar Castillo Marines, representante del CNI en Acapulco.
La Policía Investigadora Ministerial reporta: “Actualmente cuentan con información de un presunto integrante del grupo delictivo Cartel Independiente de Acapulco (CIDA) quien responde al nombre Miguel Méndez “N”, (a) ‘La Ardilla’, mismo que se le relaciona con Julio César Quezada Galeana (a) ‘El Lucas’.
“La Ardilla radica en Toluca, Edo. Mex., y cuenta con tres restaurantes de comida en esta Ciudad y Puerto, dos frente a la playa Tlacopanocha y uno más con razón social ‘El Güero’, este último ubicado a inmediaciones del Hospital Privado Santa Lucía, en el Fracc. Hornos.
“Como pareja sentimental tiene a una mujer (a) ‘La Mary y/o La Comandante’, de 17 años de edad, con quien procreó un hijo de 2 años, mismo que se encuentra radicando en Cancún, Quintana Roo.
“Que la persona la pareja sentimental actualmente vive con una persona de nombre Zenit Mariano Emigdio, quien presuntamente pretende hacerse pasar por Miguel Méndez ‘N’, realizándose tatuajes en diferentes partes del cuerpo similares a los de La Ardilla. (Se anexa comparativo de imágenes), con el fin de que en un momento dado priven de la vida a Zenit Mariano Emigdio y así Miguel Méndez ‘’” pueda darse por muerto”.
Acuerdan continuar dando “discreto seguimiento” a La Ardilla, ya que puede ser considerado como un blanco de acceso para dar con la ubicación y detención de los principales líderes de célula del CIDA”.
Asimismo, operativos para ubicar y detener a La Excelsa, “toda vez que esta Comandancia de Batallón, tiene conocimiento que es el encargado de realizar extorsión y cobro de cuotas a los transportistas en el área de Fracc. Las playas y Caleta de esta Ciudad”.

Seguimiento a la delincuencia en colonias

Un parte de un encuentro del 22 de abril de 2022 resume una reunión de la Mesa de Inteligencia con el fiscal regional de Acapulco, David García Muñoz, el subcoordinador de la Policía Investigadora Ministerial Julio Alarcón Solís, el subcoordinador de la Policía del Estado representante del CNI en Acapulco, Noé Morales Catalán.
Ahí el enviado militar solicitó información “de las personas de nacionalidad extranjera (colombianos y venezolanos), instalados en el área del mercado Central, de la Col. Progreso, solicitando la intervención de personal del Instituto Nacional de Migración (INM), con la finalidad de obtener información de su situación legal en este país, quienes informaron indicaron que al consultar su base de datos, no detectaron irregularidades en dichas personas”.
David García Muñoz, dio a conocer que se han logrado obtener ordenes de aprehensión de tres de los principales generadores de violencia en la ciudad: Luis Antonio Muñoz Lara (a), El Bolillo; Juan Sánchez Ignacio (a), El Toto, José Miguel Bernal León y/o José Miguel León Bernal (a), La Ardilla.
Noé Morales Catalán, subcoordinador Operativo de la Policía del Estado en Acapulco, informó que cuenta con información de que en la colonia Alta Cuauhtémoc “se encuentra un grupo de Aprox. 8 personas, lideradas por Cristopher Ventura Palacios, (a) ‘El Burro’, los cuales son los responsables de los eventos delictivos (Homicidio e incendio de vehículos) de los últimos días, bajo órdenes de Luis Antonio Muñoz Lara, (a) ‘El Bolillo”.
La Policía Investigadora Ministerial informó que cuenta con información respecto a los hechos de incendios de locales comerciales y de vehículos en Fraccionamiento Las Playas, colonias Progreso, Bellavista y Centro, “derivado a la disputa por el control de las actividades delictivas (cobro de cuota) entre integrantes de los grupos delictivos liderados por Luis Antonio Muñoz Lara, (a) ‘El Bolillo’ y José Miguel Bernal León y/o José Miguel León Bernal (a) ‘La Ardilla”.
Acuerdan realizar un operativo en conjunto entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno en la colonia Alta Cuauhtémoc, “con la finalidad acotar las actividades de integrantes de la delincuencia organizada con presencia en el área”.

Advierte la Red de Derechos Humanos acción judicial contra Vidulfo Rosales tras filtraciones de la Sedena

Redacción

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos rechazó la criminalización en contra del abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y advirtió que hay una inminente acción judicial en contra del defensor de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
En un comunicado la Red integrada por 84 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana señaló que, la “estrategia de Contrainsurgencia no sólo se utiliza en contra de movimientos armados insurgentes, sino también en contra de todo aquel que lucha por la verdad, la justicia y la reparación del daño”.
El comunicado es en respuesta a una nota periodística publicada en el portal La Silla Rota, titulada “Guacamaya leaks: Sedena vincula a Vidulfo Rosales con secuestros y extorsiones”, en el que se afirma que un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) describe la presencia de tres organizaciones civiles cometen diversos ilícitos y una, Tlachinollan, está ligada a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa.
En la nota se hace referencia a documentos obtenidos a partir del hackeo de Guacamaya, en los que la Sedena afirma que Vidulfo Rosales “forma parte de la estructura del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública”, en referencia al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), que según el Ejército es una organización dedicada a cometer distintos ilícitos.
Pero la Red expuso que la información contiene errores, es falsa y exhibe la incapacidad de los cuerpos de inteligencia del Ejército al confundir una organización campesina con una instancia gubernamental.
Explica que Rosales Sierra estuvo acompañando del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, organización campesina que defiende la tierra y el agua contra las empresas extractivas en los bienes comunales de Cacahuatepec, Acapulco.
“Nos preocupa que desde las fuerzas armadas tengan una percepción cuya tendencia es criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos y catalogarlas junto a grupos criminales”, expone.
Lanzaron un llamado a los medios de comunicación debido a la importancia de su labor, y por eso pidieron que no se reproduzca irresponsablemente información que el Ejército tiene para reprimir y castigar a las y los defensores de derechos humanos, así como luchadoras y luchadores sociales.
La Red advirtió que “con lo anterior es indudable que se prepara una inminente acción judicial contra el defensor que se hará efectiva en la medida que las madres y los padres de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 se acerquen a la verdad. A la fecha todas las investigaciones apuntan a elementos del Ejército, gobernantes y políticos de alto nivel. La defensa del compañero Vidulfo ha sido decisiva en esta lucha, por lo que el Ejército busca neutralizarlo y silenciarlo y no dudará ejercitar acciones penales o de otra índole en su contra”.
La organización dijo que cuando la lucha es verdadera, honesta e inclaudicable afecta intereses económicos y políticos de las élites que recurren a la calumnia, a la difamación, criminalizando y deslegitimando su lucha.
“La lucha de las madres y padres de los 43 amenaza con colocar al Ejército en el banquillo de los acusados y la voz y denuncia permanente del compañero Vidulfo ha sonado con estridencia, al grado que molesta al poder militar que ahora da un manotazo para acallar voces incómodas y vigilar a los que considera enemigos realizando impunemente señalamientos infundados”.
Dice que el acuerdo de las fuerzas armadas con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador es la “inmunidad y se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos”.
La Red reclamó que “mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente, y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa, donde delincuentes de Guerreros Unidos convivían y se reunían con altos mandos militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, mientras tanto, fichaban y hostigaban a defensores y luchadores sociales asociándolos con actividades ilícitas que ni siquiera comprobaron y que son falsas”.
“Ante esto las organizaciones demandaron el cese del hostigamiento y la inminente represión contra el compañero Vidulfo Rosales, así como contra el director de Tlachinollan Abel Barrera, Rogelio Téliz García y el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y que se den garantías para que continúen con su labor de defensores de derechos humanos y se realicen investigaciones contra el Ejército por realizar operaciones de seguimiento y vigilancia ilegales”, agrega.

Un documento hackeado por Guacamaya

En los documentos de la Sedena hackeados por Guacamaya que se dieron a conocer en una nota periodística del portal La Silla Rota, se acusa de diversos delitos al abogado Vidulfo Rosales y a luchadores sociales del Cecop.
El reporte militar de enero de 2020, dice que el Cecop es una fachada para proporcionar seguridad a sus comunidades, a fin de impedir la presencia de “autoridades legalmente constituidas” en el área, para realizar “con plena libertad” cobro de cuota, extorsión, abigeato, privación de la libertad, manipulando a la población, obligándola a cerrar líneas de acceso y con esto impedir que se lleven a cabo acciones de prevención del delito.
Identifica su estructura en un diagrama con fotografías del dirigente Marco Antonio Suástegui, su hermano Vicente de los mismos apellidos, actualmente desaparecido, y a un abogado del que no se distingue el nombre. En la siguiente línea de mando, a los defensores de derechos humanos de Tlachinollan, en el siguiente orden: Marco Antonio Rogelio Telliz, Vidulfo Rosales Sierra y Abel Barrera Hernández.
“Debido al bajo nivel de escolaridad de las comunidades que conforman los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mpio. De Acapulco, los habitantes de la misma, representan un blanco fácil de manipular por los grupos desafectos del gobierno, por lo que inducen a la población a oponerse a todo tipo de acciones Gubernamentales, generando con ello que la presencia de Autoridades de los tres órdenes de gobierno en citada área, se limite o se vuelva nula”, dice una de las citas.

En riesgo, defensores de derechos humanos: Centro Morelos

La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos, Teodomira Rosales Sierra, aclaró que la visión del Ejército no sólo coloca en riesgo a Vidulfo, su hermano, sino a todos los defensores y, por otro lado, confirma que ha hecho un buen trabajo en el acompañamiento de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
“La inteligencia militar, en lugar de que haga su trabajo está criminalizando, difamando a una persona honesta, siento que es como un pretexto que está utilizando por temor a que se llegue a la verdad de los 43, y para llevar a prisión a los defensores”, recriminó.
Consideró que esta visión del Ejército sobre los defensores, es compartida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que declaró que la ciudadanía ya no necesita ir acompañada a las instituciones. Sin embargo, recordó que en los hechos, los funcionarios no hacen caso a los ciudadanos cuando llegan solos a exigir servicio, seguridad o procuración de justicia. (Lourdes Chávez/Chilpancingo)

La violencia en los últimos dos años, una cruenta guerra por la plaza entre el Cida y Los Rusos

El 6 de octubre, paramédicos del Semefo levantan el cuerpo de un vendedor de cocos asesinado en la calle Sonora de la colonia Progreso Foto: Carlos Alberto Carbajal / Archivo

Redacción

Primera parte

La violencia que campea en las calles de Acapulco y que es motivo de la precaución, cuando no angustia cotidiana de los ciudadanos, es originada, al menos en los dos últimos años, por una cruenta disputa entre dos grupos de la delincuencia por imponerse o adueñarse de cada espacio de la ciudad: el Cártel Independiente de Acapulco (Cida) y Los Rusos.
El seguimiento que da la 27 Zona Militar con sede en el puerto, a los hechos de violencia cotidianos del municipio, evidencian esa disputa a través de los reportes, esencialmente de un material mediante el cual ambos grupos se mandan mensajes, las cartulinas.
El ciudadano de a pie es ajeno a esa vida, por decirlo así, subterránea de la ciudad. Se sabe de las muertes violentas, hechos aparentemente aislados, con la sospecha de alguna lógica en ellas. La reacción de las autoridades es el secretismo, la opacidad, el ocultamiento. “Es entre ellos”, se repite como coro trieno o sexenio tras sexenio. El parteaguas que fue el hallazgo de la cabeza de dos policías en abril de 2006 en La Garita, que reveló lo que estaba por venir, la disputa por la plaza de dos grupos del crimen organizado con presencia nacional: Los Zetas (Heriberto Lazcano, El Lazca) y el cartel de Sinaloa (Joaquín El Chapo Guzmán), pusieron en crisis lo que estaba ingente, una política de transparencia. Los hechos de la Garita desencadenaron una ola de violencia que alineó en alguno de los dos bandos a la delincuencia común, dispersa y tradicional del puerto.
A más de 17 años estos dos grupos, que fueron referente local de la violencia de los cárteles por más de una decada, no existen como tal en el municipio. Los Zetas prácticamente desaparecieron y el de los Beltrán, derivado del de Sinaloa, se digregó en pequeños grupos.
Pero la violencia sigue aquí, diferente y más cercana, como el incontrolable fenómeno de la extorsión.
El contenido de los carteles o narcomantas, que aportaban indicios de lo que estaban pasando, ya casi no se difunden. Ya por decisión de los medios o porque son inmediatamente confiscados por la policía o el Ejército sin dar a conocer su contenido.
Se asume esa disputa como una fatalidad, aunque las autoridades, por lo menos el Ejército que tienen la lectura y el mapa claro de lo que pasa en el país y en Acapulco, de acuerdo con los documentos sustraidos de los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupo de hackers Guacamaya

Cartulinas y cadáveres

La Sedena, la 27 Zona Militar, lleva un riguroso registro de las cartulinas, los mensajes, encontrados a un lado de los cadáveres, asesinatos que en sentido estricto son ejecuciones. Ajuste de cuentas, pero también el medio del mensaje, o el mensaje del miedo.
Tras el crimen viene el cerco a la víctima mediante las llamadas cintas de precaución o de barricada, si es que alguna autoridad policiaca o militar llega pronto. Los agresores inevitablemente huyen. Los vecinos se acercan, para comprobar si es alguien conocido, o en el peor de los casos, un familiar.
El protocolo militar es fotografiar o apuntar el mensaje. Y tras ello retirarlo. Su contenido sólo tendrá sentido en el cotejamiento con los tantos que aparecen a diario, en el seguimiento, en el hilo cronológico que le da sentido a una narrativa de violencia, que todos los de a pie ignoran. Las fichas que concluyen la encarnizada guerra por el control de las plazas entre El Cida y Los Rusos.
El reporte cotidiano del Ejército los interpreta, los descifra. A continuación algunos de los reportes de los correos que reveló el hackeo del grupo Guacamaya:

Colonia Postal:

2 de febrero de 2001: 16: 45 Hs. En la calle 4 esquina con calle 5 localizaron una cartulina con mensaje alusivo a la delincuencia organizada, como sigue:
“…ESTO ME PASO POR ANDAR COBRANDO YA NO MAS COBROS ENTIENDAN PINCHE LACRAS. ASI LES VA PASAR A LOS QUE SIGAN COBRANDO SE LES ABIERTE TUMBENCE EL ROLLO YA NO MAS…” .
La Sedena ubica la víctima, por la zona de dominio, como posible integrante de Los Rusos, “dentro de sus actividades de extensión de area de dominio”. Recogen dos balas.
E informa a la superioridad: “Debido a los acontecimientos que se han venido presentando por la detención de José Ángel Palacios Galeana (a) “El Capuchino”, líder de célula del grupo delictivo Cartel Independiente de Acapulco (CIDA), se considera que este tipo de eventos se continuarán presentando, para intimidar a los grupos delictivos rivales antagónicos
“Es opinión de esta Comandancia de Batallón, que este tipo de acciones son realizadas por miembros de la delincuencia organizada con la finalidad de generar temor a los grupos delictivos antagónicos con los cuales mantienen una disputa por el control total de las actividades delictivas (Extorsión, Cobro de Cuotas, Etc.), en esta Ciudad y Puerto.
Esta última explicacón se repite en el más de medio centenar de reportes que se pudieron revisar en los expedientes difundidos por el equipo de Guacamaya

Centro:

12 de febrero de 2022: “En la Av. Costera Miguel Alemán Col. Centro de esta Ciudad localizaron una cartulina con la siguiente leyenda: “…Atentamente La vieja Escuela o se Alinean o se alienan Gente del señor quien tenga Línea con los rusos o los de la mira Los mataremos”.
E informan los militares: “El Señor”, no se tiene registro de dicho seudónimo, sin embargo, por la ubicación de donde ocurrieron los hechos y por la leyenda escrita en la cartulina, se infiere que se trata de integrantes del grupo delictivo liderado por Edén Parra López (a) “05” y/o “Alacrán”.
“Derivado a la leyenda inserta en las cartulinas posiblemente se trate de integrantes del grupo delictivo “Los Rusos”.
Y como segunda prioridad, reportan: “Sobre citada avenida localizaron el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, de Aprox., 45 años, en calidad de desconocido, el cual presentaba impactos de arma de fuego en el cuerpo… Se infiere que el presente caso posiblemente haya sido con la finalidad de generar temor a sus grupos antagónicos.
Y otros dos agegados de los militares que se reiteran en la mayoría de los reportes:
“Los efectivos policiacos, realizaron recorridos en el área a fin de localizar a los autores, obteniendo resultados negativos.
“Se pidió información al C-5 “Acapulco”, sobre lo observado mediante las cámaras de video vigilancia cercanas al lugar, manifestando que no cuentan con cámaras cercanas al lugar de los hechos”.

Las Cruces:

21 Mar. 2021, 00:15 horas: “En calle del campo, en el interior de un vehículo (cajuela) marca Nissan, tipo Tsuru, color blanco ruta Colosio-Costera, sin placas de circulación, localizaron 3 cuerpos sin vida en avanzado estado de putrefacción (en espera a que se determine causa de muerte y sexo), asimismo, sobre dicho vehículo, se localizaron tres cartulinas fluorescentes de color naranja, con las siguientes leyendas:
“….MARCOS PARRA DE JESÚS (A) PANADERO DEJA DE ESTAR QUERIENDO JUNTAR A TODOS ESTOS PENDEJOS: JOSUÉ VLADIMIR PALACIOS GALEANA (A) ‘CACHO’ O ‘MACABRRA’ KEVIN ALI PALACIOS GALEANA. OSCAR AGUILAR ORTIZ ‘ROBAVACAS’ FREDDY SANTOS ‘LA POPIS”.
“….’ROBERTO CARLOS ARELLANO CARMONA (A) ‘NIÑOTE’ TAVO DE CALETA, ARDILLA, Y TODA LA BOLA DE PENDEJOS QUE LE HACEN CASO A UN CELULAR, PORQUE USTEDES NO SALEN. YA DEJEN SUS GUERRITAS DE FACE Y PONGANSE A TRABAJAR COMO HOMBRES DILE A CACHO QUE ES TU MERO HIJO ‘EL BOLILLO…’.
“…A TODA LA CIUDADANÍA EN GENERAL DISCULPE LAS MOLESTIAS, PERO ESTO ES NECESARIO. LOS QUE SE QUIERAN ALINEAR TIENEN 24 HORAS O VAYANSE MEJOR. Y A LAS PÁGINAS DE FACE QUE TIENEN DÍGALES QUE A USTEDES LOS DETIENEN PORQUE SON ‘LACRAS’. P.D. ‘LA FAMILIA ES SAGRADA Y NO SE TOCA, CABRÓN CONTRA CABRÓN’ ATTE: EL 18….”.
Viene el desglosa el parte militar: “El Cacho”, se trata de Bladimir Palacios Galeana, hermano de José Ángel Palacios Galeana (a) ‘El Capuchino’; ‘Panadero’, se trata de Marcos Parra de Jesús Marco Antonio Rodríguez Jacinto; ‘El Kevin’, se trata Kevin Ali Palacios Galeana, (a) ‘El Kevin’, ‘Robavacas’, se trata de Oscar Aguilar Ortiz; ‘Niñote’, se trata de Roberto Carlos Arellano Carmona, ‘El bolillo’ se trata Luis Antonio Muñoz Lara, ‘Ardilla’, se trata de José Miguel Bernal León y/o José Miguel León Bernal. “’La popis’ se trata de Freddy Santos. ‘Tavo de caleta, Y el 18’, de estos seudónimos, no se cuenta con mayores datos, sin embargo, se infiere sean integrantes de escisiones del grupo delictivo Cartel Independiente de Acapulco (CIDA). Y el parte ubica como posibles reponsables de los crímenes a Los Rusos.

Hogar Moderno:
8 de febrero de 2022, 14:30 horas, localizan una cartulina con la leyenda: “…LA FAMILIA SE RESPETA PUTOS ATTE. 4 LETRAS CABRON VS CABRON…”.
Y esplica el reporte: “4 letras”, se desconoce actualmente que grupo delictivo utilice citada firma, sin embargo, no se descarta la posibilidad, de que integrantes del grupo delictivo Los Rusos sean los responsables de dicha agresión, esto debido a sus actividades de área de expansión de área de dominio…. Derivado a la leyenda inserta en la cartulina posiblemente se trate de integrantes del grupo delictivo Los Rusos.
Y.a continuació, refiere en segundo ordn a la víctima, a saber, el mensajero: “Aprox. 35 años de edad, quien presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, en diferentes partes del cuerpo”.
“Durante una entrevista por parte de los efectivos policiacos a las personas que se encontraban a inmediaciones del lugar, estos manifestaron que momentos antes dos sujetos desconocidos que se trasladaban en un vehículo de la marca Volkswagen, tipo golf, color azul, sin placas de circulación, fueron los autores de dicha agresión, los cuales una vez realizado dicho acto se dieron a la fuga con dirección desconocida”.

La Venta:

28 de junio de 2021: 09: 30. En calle Paso Limonero localizan tres cartulinas con las siguientes leyendas:
“…Marcos Parra Alias el panadero o chaquetas mentales Aquí está tu basura PUTO ENTIENDE la plaza tiene dueño y no aceptamos mugrosos cobra cuotas como tú ATT: LIMPIANDO LA Zona… (Sic)
“…Así van a quedar todos los extorsionadores y mata inocentes del panadero sigan cooperando con lacras sin cabeza van a quedar Ja ja ja (Sic)…Por Ver No se paga! $ 10 $15 $ 30… (Sic)”.
Y explica la inteligencia militar: “Marcos Parra Alias el panadero o chaquetas mentales, se trata de la persona de nombre Marcos Antonio Rodríguez Jacinto y/o Marcos Parra (a) El Panadero, jefe de célula y operador relevante en la producción y distribución de cocaína cristal y marihuana del grupo delictivo cartel independiente de Acapulco (CIDA). Por la leyenda que contenían las cartulinas, posiblemente se trate de los integrantes Grupo delictivo Los Rusos”.

La Sedena espía a las organizaciones sociales para dividirlas, dice Bruno Plácido

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, una de las organizaciones vigiladas por la Sedena, lo que se muestra en correos electrónicos filtrados por los hackers Guacamaya, declaró que desde el surgimiento de esa organización, en enero del 2013, fue infiltrada por el Ejército.
Denunció que primero el objetivo fue vincularla con la guerrilla, después dividirla y confrontarla como ocurrió con al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y ahora la señala de tener vínculo con el grupo delictivo de Los Rusos, “porque al Estado no le conviene que el pueblo esté unido”, declaró por teléfono.
El informe “Panorama de la UPOEG”, uno de los documentos filtrados por los hackers Guacamaya, califica a la policía de la UPOEG, dirigida por Bruno Plácido Valerio, como “pseudo comunitaria” y que surgió en el 2013 en un primer momento para combatir al grupo criminal de Los Rojos, pero ahora la vincula con el grupo de Los Rusos que opera en Acapulco y en la Costa Chica.
Bruno Plácido aclaró ayer que la policía de la UPOEG no surgió para combatir la droga; “se supone que esa es tarea del gobierno federal. Nuestro objetivo fue la seguridad de la población; evitar las extorsiones y secuestros, ese era nuestro objetivo”.
Dijo que el problema de la droga es internacional, “y es un negocio de ellos, del gobierno”.
“Y, efectivamente, siempre estuvimos infiltrados por el Ejército, primero, al inicio, nos vinculaba con la guerrilla, después la vigilancia fue para dividir a las organización, como lo hace con todas las organizaciones sociales”, denunció en entrevista por teléfono.
Agregó que eso se hace porque al Estado no le interesa que la gente se una; siempre nos divide y nos confronta, esa es la tarea del Ejército”.
“Nosotros fuimos infiltrados por el Estado para dividirnos, si tu recuerdas desde la fundación del FUSDEG (una escisión de la UPOEG en 2015), fue una jugada de ellos y desde la Secretaría de Gobernación tuvieron el respaldo para dividirnos y justificar un enfrentamiento entre comunitarios”.
Según el dirigente de la UPOEG, el espionaje es una labor de contrainsurgencia de la Sedena y que no solamente lo hace con la UPOEG, sino en todas las organizaciones.
Con respecto a los señalamientos contra algunos comandantes de la UPOEG por su vinculación con el grupo delictivo de Los Rusos, dijo que siempre lo han hecho, pero cuestionó que por ejemplo el comandante Lorenzo Hernández, quien recientemente fue detenido en Cruz Grande, “se reunía con ellos (con los militares) dos o tres veces cada semana, ¿y si ellos sabían que andaba mal por qué se reunían con él?, cuestionó.
Agregó que eso indica que los señalamientos “son para atacarnos”.
“El Ejército en lugar de fortalecer a la sociedad, la confunde, la divide y la confronta. El objetivo de ellos es infiltrarnos a todos para confrontar y dividir a quienes a ellos les conviene porque ese es su objetivo, para ellos ese es su negocio”.
Recordó que en el caso de la UPOEG, después de que se constituyó el FUSDEG, Gobernación respaldó a la segunda organización reprimió a la UPOEG. Nosotros siempre hemos estado infiltrados pero siempre hemos estado callados”, aseguró Plácido Valerio.
Declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en su gobierno ya no habría espionaje a las organizaciones sociales, “pero no se nos olvide que los gobiernos federal, estatal y municipal se cambian pero el sistema de gobierno que no cambia es el Ejército y hay más poder en el Ejército que en los gobiernos de mando civil”.
Agregó que para el Ejército, las organizaciones “todo el tiempo somos un riesgo”.
Con respecto al señalamiento de que es una agrupación “fachada” de la delincuencia, dijo que en la zona donde opera la UPOEG no se produce la droga, sino que hay consumo de drogas sintéticas como el cristal, “y el cristal no se produce en nuestra zona, en la sierra o en la Montaña, la pregunta que nos hacemos es de dónde viene, ante los ojos de quien pasa, quien la tolera. Ese es su negocio de ellos”, acusó.
También rechazó el término de pseudo comunitarios “porque ahí estamos en las comunidades, ellos podrán decir muchas cosas hacia afuera, pero ahí estamos en las comunidades, el problema (en las comunidades) no lo resuelven ellos, a ellos les conviene que cada día haya más presos, porque significa más dinero, para ellos todo es economía, negocio”.
Agregó que los señalamientos son porque organizaciones como la UPOEG afectan sus intereses, “y ellos todo lo que ven es negocio, nosotros ayudamos a la gente sin negocio, no generamos economía, por eso significamos un estorbo, el gobierno no da paso si no hay dinero”.
El dirigente de la UPOEG dijo que a pesar de este ambiente adverso organizaciones como la UPOEG tienen que sobrevivir en las comunidades.
Y que el de las organizaciones con el del gobierno son dos proyectos diferentes; “el primero es la defensa de las comunidades que tienen que sobrevivir ante este escenario de explotación a la visión de ellos, y para el gobierno la única esperanza de cambio funciona con dinero”.
Informó que después del repliegue que sufrieron la semana pasada en la ruta de Acapulco a la Costa Chica, se encuentran en un proceso de asambleas en las comunidades para discutir la problemática que viven como la falta de carreteras, escuelas y maestros para exigirle al gobierno el cumplimiento.