Etiqueta: Bruno Plácido

Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas

Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.

Pese al informe que da otros datos en el estado, la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD

Daniel Velázquez

Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.

Informe

El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.

 

El crimen se infiltró en las autodefensas, dice AMLO del asesinato de Bruno

Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas

El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.

 

 

La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo

Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.

Investiga el crimen, dice la Fiscalía

La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.

“No podemos tener un policía en cada
esquina”: secretario de seguridad Pública

Jacob Morales Antonio

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.

 

Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD

Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad

Daniel Velázquez

Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.

Informe

El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.

No se descarta que la disputa entre grupos delictivos esté detrás del crimen: Ludwig

Daniel Velázquez y Jacob Morales Antonio

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, no descartó que el asesinato del dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, tenga relación con la disputa de grupos delictivos, como Los Tlacos y Los Ardillos, con ese grupo de autodefensa comunitaria.
En tanto, el líder de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, y dijo que si el dirigente de la UPOEG se sentía amenazado, debió de pedir protección.
La presidenta de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, ofreció acompañamiento a la familia del dirigente, para que puedan tener acceso a la justicia.
En declaraciones al finalizar el segundo informe de actividades de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, realizado en Acapulco, Ludwig Reynoso calificó como un hecho “muy lamentable” el asesinato del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones.
“Es un hecho muy lamentable, nosotros con Bruno teníamos muy buena comunicación y con él estábamos en el proceso de trabajar para que la UPOEG tuviera más orden, avanzamos en muchas cosas con él, lamento yo en lo personal, muy profundamente el asesinato de Bruno. La Fiscalía tendrá que hacerse cargo de las investigaciones y vamos a seguir muy puntualmente los hechos”, abundó el funcionario.
También a pregunta de reportero, aceptó que el crimen “podría” estar relacionado con la disputa que hay entre los grupos delictivos de Los Tlacos y Los Ardillos con la UPOEG, “hay una probabilidad de que sea eso pero no tengo mas elementos en este momento para poder señalar a alguien en particular”.
También a pregunta de que ya son cuatro los líderes de la UPOEG asesinados en el último mes, recordó que hay divisiones y diversos grupos en esa organización, “vamos a revisar muy bien lo que está sucediendo ahí”.
Rechazó que el asesinato de un líder tan reconocido sea una muestra de la ingobernabilidad del estado.

“Debió pedir medidas cautelares”: Jacinto

El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, luego del asesinato de Bruno Plácido Valerio.
“Creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, pero también nosotros los que nos dedicamos en la lucha social debemos de tomar precauciones. Creo que el compañero Bruno Plácido si tenía amenazas o temía por su vida debió de pedir medidas cautelares antes de que sucediera esto”, dijo el diputado morenista tras el informe de Yoloc-zin Dominguez, .
Y solicitó a la Fiscalía y a las instancias de gobierno encargadas de la seguridad a reforzarla y que las víctimas y sus familias accedan a la justicia. González Varona, dijo que a pesar de que este crimen ocurrió en las inmediaciones de oficinas de gobierno del estado, el Congreso y la Fiscalía General de la República, no es por la impunidad.
“Creo que no podemos tener un soldado en cada esquina, eso es evidente, eso no se puede, que estemos cuidando a cada guerrerense”.
–¿Está fallando la estrategia de seguridad entonces?
–Habría que estar revisando la coordinación que hay entre los niveles de gobierno, y pues ponderar la protección a los guerrerenses.
–¿Crees que este crimen pone en riesgo a más dirigentes sociales?
–Pues todo estamos en riesgo en el estado.
Respecto a lo sucedido en San Jerónimo, dijo que no fue una agresión a la  casa de  la alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, sino contra la casa del director de Re-glamentos y Espectáculos.
Indicó que en el video se aprecia la camioneta que usa la alcaldesa y no es atacada, y que la confusión pudo venir porque ambas viviendas colindan, pero que será la Fiscalía la que informe al respecto.

Apreza: es “preocupante lo que sucede” en el estado

El coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón quien también asistió al informe de Yoloczin manifestó que “es preocupante lo que está sucediendo en el estado, el asesinato de cualquier persona es lamentable, yo hago votos por que pueda reestablecerse la seguridad en nuestro estado”.
Pero dijo que la situación de seguridad no está fuera de control “evidentemente se requiere una mayor coordinación” entre “el gobierno y la ciudadania”.

Reconoce presidenta de la Codehum labor de Bruno

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, lamentó y reprobó el asesinato.
Al término de la misma actividad, reprobó la ejecución del fundador de autodefensas.
Indicó que la Codehum dará acompañamiento a la familia del dirigente para que pueda tener acceso a la justicia, “era un defensor de los derechos de la policía comunitaria de nuestro estado”, pero también era un ser humano.
La defensora de los derechos humanos expresó su solidaridad y envió su pésame a los familiares de Bruno Plácido.

 

Asesinan en la entrada de la Secretaría de Salud al fundador de la UPOEG Bruno Plácido

 

 

Asesinan en la entrada de la Secretaría de Salud al fundador de la UPOEG Bruno Plácido

 

El ataque ocurrió a las 5 de la tarde, cuando el dirigente indígena también fundador de la CRAC había acudido a solicitar audiencia con la titular Aidé Ibarez. Dos hombres que llegaron en motocicleta le dispararon 15 balazos. También murió acribillado su chofer. Estaba amenazado por grupos diversos de la delincuencia organizada, comenta un familiar. A?medianoche, cuando salía de una reunión de la Normal de Ayotzinapa fue atacado a balazos el párroco y defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez, quien resulta ileso

 

 

 

Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, 18 de octubre de 2023. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo, afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud estatal.

El ataque se dio cerca de las 5 de la tarde, cuando Bruno Plácido salió del lugar y dos hombres que llegaron en una motocicleta le dispararon en la cabeza. También, mataron a su chofer Abad Ruiz García, que lo acompañaba.

Plácido Valerio quedó tirado boca abajo en la rampa para minusválidos que se encuentra a 2 metros de la salida principal de la Secretaría de Salud. Vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Su acompañante quedó tirado boca arriba a 5 metros de distancia del dirigente indígena, entre la rampa y la banqueta que da a la avenida Ruffo Figueroa.

La ambulancia llegó 10 minutos más tarde, pero los dos cuerpos ya se encontraban sin vida.

Una fuente de la Fiscalía del Estado informó que en el lugar quedaron al menos 15 casquillos percutidos de calibre 380.

En las oficinas se encontraban pocos trabajadores, que abandonaron el lugar luego de escuchar los balazos. La zona fue acordonada por policías estatales, que pusieron una cinta amarilla desde el estacionamiento hasta la avenida que fue cerrada.

Al hecho llegaron más tarde los peritos de la Fiscalía que realizaron las diligencias, mientras que la Policía Ministerial tapó con sus patrullas el lugar para evitar que reporteros tomaran graficas.

El cuerpo de Bruno Plácido Valerio fue levantado a las 6:15 y subido a la camioneta del Servicio Médico Forense. El de su compañero fue levantado 20 minutos antes y depositado en el mismo vehículo.

Abad Ruiz era chofer del dirigente de la UPOEG desde hace 5 años y también eran originarios de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán en la Costa Chica del estado.

Una fuente de Salud reveló que Bruno Plácido llegó una hora antes a las oficinas, para solicitar una audiencia con la secretaria, Aidé Ibarez Castro, que se encontraba en reunión y el dirigente optó por esperar.

La versión es que Plácido Valerio salió del lugar y en ese momento fue atacado.

Dos horas antes salió en una fotografía en la página Web de El Sur, donde se encontraba en el centro comercial en el que fue asesinado el trabajador activo de la Secretaría de Salud y químico, Hugo Miguel Morales Sánchez, quien también vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Bruno Plácido Valerio fue fundador y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) hasta el año 2010 que se dividió y fundó la UPOEG, una organización que luchó contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los cobros justos de luz en las comunidades de Costa Chica y Montaña.

En 2013 fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), que en enero del 2013 levantó en armas a 5 mil pobladores para expulsar de la Costa Chica hasta Petaquillas al grupo delincuencial de Los Rojos.

Un familiar cercano comentó a El Sur que Bruno Plácido “estaba amenazado prácticamente por todos los grupos de la delincuencia”, en especial por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos que son los que pelean las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla donde sigue habiendo presencia de policías de la UPOEG a los que les pretenden quitar su territorio.

El cuerpo de Bruno Plácido Valerio será llevado a su pueblo natal Buenavista, donde será sepultado.

 

 

 

 

Bruno Plácido fue fundador de la CRAC y de la autodefensa que ocupó Ayutla en 2013

 

El controvertido, temerario y a veces atrabancado dirigente indígena Bruno Plácido Valerio fue fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1995, de la que por diferencias con el entonces coordinador Pablo Guzmán Hernández, salió en el 2010 para crear el 24 de enero del 2011 la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social.

La organización surgió exclusivamente para la gestoría social y la defensa de los usuarios de la Comisión federal de Electricidad (CFE) en la región de la Montaña, que se quejaban de las altas tarifas de la paraestatal.

Sin embargo, el 6 enero del 2013, Plácido Valerio se convirtió en el líder del primer grupo de autodefensa en Guerrero, cuando irrumpió en la cabecera municipal de Ayutla con aproximadamente 500 indígenas y mestizos armados, para enfrentar al crimen organizado que, según dijo Bruno entonces, cometía secuestros, levantaba y cobraba cuotas a los comerciantes y transportistas de la región.

El dirigente indígena denominó al grupo de civiles armados Policía Ciudadana de la UPOEG y la uniformó con playeras verdes similares a las de la Policía Comunitaria de la CRAC, la diferencia eran las siglas SSyJC (Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana) que regía a la autodefensa de la UPOEG.

Plácido Valerio, indígena na’ savi de 54 años nació el 4 de marzo de 1969 en Azoyú, donde estudió hasta la secundaria. Después, a los 24 años, tras contraer matrimonio, se fue a vivir a algún lugar de la región de la Montaña.

En 1993 llegó a radicar a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. En una entrevista para El Sur contó que era diciembre y traía una camioneta “y algo de dinero” para instalar una tienda de abarrotes, lo que le sirvió para darse cuenta, dijo, de que la gente de la región no sólo era pobre, sino explotada y robada por los delincuentes.

Fue así que se involucró con otras autoridades agrarias y municipales de la región de la Montaña y la Costa Chica, entre ellos el Padre Mario Campos, para fundar la Policía Comunitaria de la CRAC.

Por su activismo, Plácido Valerio fue detenido y torturado durante dos días en el gobierno del priista René Juárez Cisneros junto con el padre Mario Campos y otras autoridades de la CRAC.

El dirigente indígena se convirtió en uno de los más polémicos y controvertidos dirigentes del movimiento social en Guerrero a partir de que formó la Policía de la UPOEG y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana en enero del 2013, primero en Ayutla y después se amplió a 12 municipios de la región de la Costa Chica e incluso llegó en el 2014 y 2015 al Valle del Ocotito y hasta Petaquillas, municipio de Chilpancingo.

Sin embargo, en el 2016 surgió una división y un grupo de dirigentes encabezados por Salvador Alanís, ahora líder de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, a la que se señala de tener vínculos con el grupo delictivo de los Tlacos, constituyeron el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y desplazó a la UPOEG que después sólo recuperó el control en El Ocotito.

Plácido Valerio fue señalado en su momento de que fortaleció a la UPOEG a partir del 2012 con el respaldo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.

 

La retención de militares en El Pericón

 

Encabezada por Plácido Valerio, desde su fundación la Policía Ciudadana se vio involucrada en acciones temerarias.

En agosto de 2013 miembros de la UPOEG y policías ciudadanos armados retuvieron durante dos días en El Pericón, municipio de Ayutla, a 100 militares en respuesta a la detención y el desarme por los soldados de cinco miembros de la autodefensa.

También retuvieron durante tres horas a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y federal que habían ido a negociar la liberación de los soldados. Ellos fueron el entonces secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo; el procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera y el operador político del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.

Además, al delegado de la entonces PGR Salvador Anaya del Carmen y al delegado de Gobernación federal Juan Salgado Brito. La liberación de los militares y de los funcionarios ocurrió hasta que se convino una reunión de la dirigencia de la UPOEG con el gobernador Aguirre Rivero.

El 18 de mayo 2014, policías ciudadanos de la UPOEG atacaron al convoy de la entonces alcaldesa panista de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, en uno de los retenes de la autodefensa en esa cabecera municipal, lo que derivó en un enfrentamiento y dos de los escoltas de la presidenta resultaron heridos.

El 7 de mayo del 2022, elementos de la Marina fueron retenidos y amenazados por integrantes de la autodefensa. “La verdad pensábamos manearlo y colgarte del puente carnal, pero por el presidente municipal (Lincer Casiano Clemente) que es nuestro amigo y de nuestra banda, vamos a dejar esto así·, le dijo al mando de los militares el comandante de la UPOEG Jesús Calleja, Chucho Calleja.

El jefe de la Policía Ciudadana fue detenido el 28 de junio con seis de sus elementos, después de un enfrentamiento con militares y efectivos de la Guardia Nacional que participaron en la detención.

La detención del jefe de la autodefensa, generó bloqueos en diferentes puntos de Acapulco y la carretera hacia la Costa Chica.

 

El declive de la Policía Ciudadana

 

El 3 de agosto del 2022, integrantes de la policía de la UPOEG atacaron a balazos a la caravana del ahora ex vicefiscal Ramón Celaya Gamboa, cuando se desplazaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, cerca de Tres Palos en Acapulco, dejando como saldo dos presuntos agresores heridos, uno de ellos que murió dos días después y otros tres detenidos.

A partir de entonces la Policía Ciudadana de Plácido Valerio marcó su declive, semanas después fue replegada del corredor desde Acapulco hasta Marquelia donde mantenía el control.

El 9 de agosto, Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por agentes ministeriales por robo específico y daños, hechos que habían ocurrido desde el 2016 en Tlapa por un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec, y Buenavista, de San Luis Acatlán, donde Plácido Valerio había fungido como comisariado de Bienes Comunales. El dirigente social fue liberado bajo fianza dos días después.

El 17 de noviembre del año pasado, cuatro coordinadores de la organización, Octavio Maganda Gallardo, Angélica Cruz López, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo desaparecieron al salir de una asamblea en Acapulco en la que habían asumido el cargo y hasta la fecha sigue sin saberse de su paradero.

Plácido Valerio había declarado que en el último año al menos 40 coordinadores, comandantes regionales y de ruta de la Policía Ciudadana habían sido asesinados o desaparecidos para descabezar, replegar y desaparecer a la organización desde el Gobierno estatal y desde la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por militares.

En reiteradas ocasiones denunció en los últimos meses que las autoridades estatales y federales habían iniciado una persecución en contra de la organización social en vez de actuar en contra del crimen organizado.

El 13 de julio pasado, el activista encabezó una asamblea en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, a donde asistieron 80 autoridades de la Costa Chica que acordaron reactivar a la Policía Ciudadana de la UPOEG, “ante el avance de los grupos delictivos en las comunidades indígenas”.

El acuerdo se tomó tras un enfrentamiento una semana antes en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa, que dejó un saldo de ocho muertos; cuatro miembros de la Policía Ciudadana y cuatro presuntos integrantes del crimen organizado.

Apenas el domingo pasado otro de los fundadores de la UPOEG, Carlos González Olivar, originario de San Marcos, fue asesinado frente a su familia cerca del mercado de esa cabecera municipal.

El dirigente victimado ya se había retirado de la agrupación y recientemente había salido de la cárcel acusado por el delito de homicidio, que según sus compañeros, no cometió.

Con el asesinato de Plácido Valerio, ocurrido la tarde de ayer, quedó descabezada y desarticulada totalmente la organización y su grupo de autodefensa.

Plácido Valerio contaba con medidas de seguridad; una camioneta blindada y el resguardo de una patrulla de policías estatales a partir del atentado que sufrió el empresario de Chilpancingo Pioquinto Damián Huato el 28 de enero del 2014, en el que murió la nuera del empresario, Laura Rosas Brito, en tanto que Damián Huato y su hijo resultaron heridos cerca de El Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo.

El atentado ocurrió después de que regresaban de una reunión en El Ocotito en la que Damián Huato y Plácido Valerio señalaron al entonces alcalde Mario Moreno Arcos de tener vínculos con los grupos delictivos que operaban en Chilpancingo y en el Valle del Ocotito.

Sin embargo, las medidas de seguridad con las que contaba el ahora finado se las retiró la Secretaría de Seguridad Pública estatal al inicio del actual Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, informaron ayer fuentes de la agrupación.

 

 

 

 

No se descarta que la disputa entre grupos delictivos esté detrás del crimen: Ludwig

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, no descartó que el asesinato del dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, tenga relación con la disputa de grupos delictivos, como Los Tlacos y Los Ardillos, con ese grupo de autodefensa comunitaria.

En tanto, el líder de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, y dijo que si el dirigente de la UPOEG se sentía amenazado, debió de pedir protección.

La presidenta de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, ofreció acompañamiento a la familia del dirigente, para que puedan tener acceso a la justicia.

En declaraciones al finalizar el segundo informe de actividades de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, realizado en Acapulco, Ludwig Reynoso calificó como un hecho “muy lamentable” el asesinato del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones.

“Es un hecho muy lamentable, nosotros con Bruno teníamos muy buena comunicación y con él estábamos en el proceso de trabajar para que la UPOEG tuviera más orden, avanzamos en muchas cosas con él, lamento yo en lo personal, muy profundamente el asesinato de Bruno. La Fiscalía tendrá que hacerse cargo de las investigaciones y vamos a seguir muy puntualmente los hechos”, abundó el funcionario.

También a pregunta de reportero, aceptó que el crimen “podría” estar relacionado con la disputa que hay entre los grupos delictivos de Los Tlacos y  Los Ardillos con la UPOEG, “hay una probabilidad de que sea eso pero no tengo mas elementos en este momento para poder señalar a alguien en particular”.

También a pregunta de que ya son cuatro los líderes de la UPOEG asesinados en el último mes, recordó que hay divisiones y diversos grupos en esa organización, “vamos a revisar muy bien lo que está sucediendo ahí”.

Rechazó que el asesinato de un líder tan reconocido sea una muestra de la ingobernabilidad del estado.

 

“Debió pedir medidas cautelares”: Jacinto

 

El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, luego del asesinato de Bruno Plácido Valerio.

“Creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, pero también nosotros los que nos dedicamos en la lucha social debemos de tomar precauciones. Creo que el compañero Bruno Plácido si tenía amenazas o temía por su vida debió de pedir medidas cautelares antes de que sucediera esto”, dijo el diputado morenista tras el informe de Yoloc-zin Dominguez, .

Y solicitó a la Fiscalía y a las instancias de gobierno encargadas de la seguridad a reforzarla y que las víctimas y sus familias accedan a la justicia. González Varona, dijo que a pesar de que este crimen ocurrió en las inmediaciones de oficinas de gobierno del estado, el Congreso y la Fiscalía General de la República, no es por la impunidad.

“Creo que no podemos tener un soldado en cada esquina, eso es evidente, eso no se puede, que estemos cuidando a cada guerrerense”.

–¿Está fallando la estrategia de seguridad entonces?

–Habría que estar revisando la coordinación que hay entre los niveles de gobierno, y pues ponderar la protección a los guerrerenses.

–¿Crees que este crimen pone en riesgo a más dirigentes sociales?

–Pues todo estamos en riesgo en el estado.

Respecto a lo sucedido en San Jerónimo, dijo que no fue una agresión a la  casa de  la alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente,  sino contra la casa  del director de Re-glamentos y Espectáculos.

Indicó que en el video se aprecia la camioneta que usa la alcaldesa y no es atacada, y que la confusión pudo venir porque ambas viviendas colindan, pero que será la Fiscalía la que informe al respecto.

 

Apreza: es “preocupante lo que sucede” en el estado

 

El coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón quien también asistió al informe de Yoloczin manifestó que “es preocupante lo que está sucediendo en el estado, el asesinato de cualquier persona es lamentable, yo hago votos por que pueda reestablecerse la seguridad en nuestro estado”.

Pero dijo que la situación de seguridad no está fuera de control “evidentemente se requiere una mayor coordinación” entre “el gobierno y la ciudadania”.

 

Reconoce presidenta de la Codehum labor de Bruno

 

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, lamentó y reprobó el asesinato.

Al término de la misma actividad, reprobó la ejecución del fundador de autodefensas.

Indicó que la Codehum dará acompañamiento a la familia del dirigente para que pueda tener acceso a la justicia, “era un defensor de los derechos de la policía comunitaria de nuestro estado”, pero también era un ser humano.

La defensora de los derechos humanos expresó su solidaridad y envió su pésame a los familiares de Bruno Plácido.

 

 

 

 

Atacan a balazos en Tixtla al director del Centro Minerva Bello cuando salía de Ayotzinapa

 

El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), José Filiberto Velázquez Florencio fue atacado a balazos en la carretera Tixtla-Chilpancingo.

El ataque se dio a la 1 de la mañana cuando el padre salió de una reunión de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, rumbo a Chilpancingo.

La versión del defensor de derechos humanos es que a 500 metros del arco de Ayotzinapa, hombres armados le dispararon.

Filiberto Velázquez viajaba en una camioneta y logró bajar y escapar corriendo a una de las entradas de la normal Rural Raúl, donde fue auxiliado por los estudiantes.

Hasta el cierre de la edición no había llegado ninguna autoridad.

El padre Filiberto Velásquez se ha destacado principalmente por visitar las zonas de ataques con drones en la comunidad de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, y dar refugio a los familiares de enfermos del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo.

 

 

 

 

 

 

 

Texto: Lenin Ocampo Torres, Zacarías Cervantes, Daniel Velázquez y Jacob Morales Antonio/Foto: El Sur

También la UPOEG rechaza aval de la Corte a la consulta del Congreso sobre la Ley 701

El comisario del Mesón Sergio Gallegos; la representante de la comunidad Capulin Lizbeth González; el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido; el coordinador de las autoridades municipales civiles y agrarias Gonzalo Torres y el coordinador de 28 comunidades de Ayutla Jesus Pantoja en la conferencia de prensa ayer en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La coordinación estatal de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), se sumó al rechazó a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó la consulta del Congreso local y que derivó en la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas de mayo del año pasado.
En conferencia de prensa, al menos 28 comisarios municipales encabezados por dirigentes de la UPOEG anunciaron acciones de protesta para exigir una nueva consulta y otra reforma, porque “los pueblos tienen mucho que aportar”, dijo el dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio, en coincidencia con la postura de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El coordinador de Autoridades Municipales, Civiles y Agrarias de la UPOEG Gonzalo Torres Valencia, denunció que la consulta que realizó el Congreso “fue una simulación” y que en muchas comunidades indígenas y afromexicanas se realizaron reuniones en las que se obligó a las autoridades comunitarias a firmar, si no, las amenazaron con dejarlas fuera de las obras y de los programas sociales.
Plácido Valerio agregó que con la consulta se violaron los artículos 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el 2 dice que los pueblos tienen derecho a crear sus propias instituciones, y el 39 que el pueblo puede alterar o modificar su forma de gobierno, “pero cuando los pueblos se organizan para crear sus propias instituciones son perseguidos y divididos”, reprochó el dirigente indígena.
Agregó que también se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dice que para ser consultados los indígenas, tiene que haber de buena fe y ser previamente informados, lo que no ocurrió.
“La que hicieron no fue consulta, sólo se reunían con unas diez personas o se tomaban fotos en reuniones cuando iba la gobernadora y con eso quieren justificar sus consultas”.
Contó que en otras ocasiones le decían a la gente que se reuniera en algunos pueblos, en donde los amenazaban: “si no me firmas no habrá obras y programas sociales”.
Aseguró que no se levantaron actas de asambleas, ni se nombraron mesas de debates, tampoco firmaron los acuerdos de asamblea.
La UPOEG pide una nueva consulta en la que la gente realmente participe con sus opiniones para la reforma de sus leyes, “estamos de acuerdo en una reforma pero que se cumpla con la consulta”.
Propuso que no les pidan su opinión a los líderes, sino que sean los ciudadanos los que hablen, “son los pueblos los que tienen que ser sujetos y no objetos de derecho público”.
Denuncio que igual ocurrió con la reciente consulta que realizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para la representación de los pueblos indígenas.
Explicó que en San Luis Acatlán solo llegaron las autoridades comunitarias de la cabecera municipal y no invitaron a pueblos como Cuanacaxtitlán, Yoloxóchitl, Arroyo Cumiapa y Pascala del Oro, con lo que, denunció, nuevamente hubo racismo y discriminación.
“Ya estuvo sueve que a los indígenas nos sigan utilizando sólo para eventos o festejos y después nos dejen empobrecidos, divididos y confrontados”.
Informó que la UPOEG va a iniciar asambleas en los pueblos indígenas y afromexicanas para convocar a movilizarse
Anunció que pretenden terminarlas el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, “y vamos a terminar con una acción concreta que nos lleve a ratificar nuestro camino como pueblos indígenas y afromexicanos”.
Admitió: “Si no logramos algo por lo menos estaremos evidenciado al Estado que todavía en el siglo XXI sigue discriminando y violando los derechos de los pueblos indígenas”.

El gobierno acorrala a la UPOEG y no resuelve la inseguridad, señalan

Gonzalo Torres Valencia, denunció que los ministros de la SCJN aprobaron algo que solamente les llevaron, “y eso que les llevaron fue una simulación de consulta, lo que queremos es que realmente se hagan las consultas en asambeas y que sean públicas, no solo que les lleven una hoja y les digan estos son los resultados de la consulta y ya”.
Declaró que buscarán que se respeten sus derechos, “porque de una u otra manera el gobierno nos quiere someter y no estamos dispuestos a eso, nosotros tenemos nuestras propios usos y costumbres y eso no va a estar a discusión, ellos (el gobierno) quiere que cumplamos la ley tal cual la especifica la Carta Magna, pero hasta ahora ni si quiera ellos la respetan a pesar de que está hecha a su manera.
Agregó que hay leyes consuetudinarias “y son a ellas a las que nos estamos apegando y las vamos a defender hasta con las uñas y dientes, hasta el último suspiro”.
Denunció que el gobierno ha estado acorralando a la UPOEG “de una manera muy vil, y nos utilizan como pretexto para hacer sus cosas, empezaron por decir que estamos infiltrados por el crimen organizado, cuando todas las instituciones lo están y no hacen nada”.
Informó que estuvieron de acuerdo en replegarse “para demostrarles que no somos nosotros, y como ejemplo, ahora en el corredor de Acapulco a Huatulco, (Oaxaca), hay muchas extorsiones, y si decían que éramos nosotros y nuestra gente ya se replegó, ¿por qué siguen los problemas entonces?
Informó que en la reciente consulta que realizó el IEPC los pueblos dijeron que quieren participar en cargos de elección popular, “pero ellos nos quieren obligar a que sea por partidos, es lo mismo de siempre: divide y vencerás, quieren obligar al que quiera un cargo a que se vaya con los partidos políticos y abandone la lucha por nuestros pueblos, pero la mayoría de nuestros compañeros están puestos en la lucha”.
Jesús Pantoja Mayo, coordinador de 28 comunidades de Ayutla, declaró que en ese municipio los pueblos se rigen por el sistema normativo propio, “pero aún allí hemos sido discriminados, y eso que hemos estado en pie de lucha, cada que hay elección hay impugnación, nos quieren someter porque las comunidades indígenas han querido tener su autogobierno”.
Aseguró que cuando fueron a hacer la consulta hubo solicitudes de varios pueblos que pidieron que los convocaran a las asambleas y les informaran de qué se trataba la consulta, pero no fueron; “no se nos informó a fondo, hemos sido discriminados en ese aspecto”.

 

La Sedena espía a las organizaciones sociales para dividirlas, dice Bruno Plácido

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, una de las organizaciones vigiladas por la Sedena, lo que se muestra en correos electrónicos filtrados por los hackers Guacamaya, declaró que desde el surgimiento de esa organización, en enero del 2013, fue infiltrada por el Ejército.
Denunció que primero el objetivo fue vincularla con la guerrilla, después dividirla y confrontarla como ocurrió con al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y ahora la señala de tener vínculo con el grupo delictivo de Los Rusos, “porque al Estado no le conviene que el pueblo esté unido”, declaró por teléfono.
El informe “Panorama de la UPOEG”, uno de los documentos filtrados por los hackers Guacamaya, califica a la policía de la UPOEG, dirigida por Bruno Plácido Valerio, como “pseudo comunitaria” y que surgió en el 2013 en un primer momento para combatir al grupo criminal de Los Rojos, pero ahora la vincula con el grupo de Los Rusos que opera en Acapulco y en la Costa Chica.
Bruno Plácido aclaró ayer que la policía de la UPOEG no surgió para combatir la droga; “se supone que esa es tarea del gobierno federal. Nuestro objetivo fue la seguridad de la población; evitar las extorsiones y secuestros, ese era nuestro objetivo”.
Dijo que el problema de la droga es internacional, “y es un negocio de ellos, del gobierno”.
“Y, efectivamente, siempre estuvimos infiltrados por el Ejército, primero, al inicio, nos vinculaba con la guerrilla, después la vigilancia fue para dividir a las organización, como lo hace con todas las organizaciones sociales”, denunció en entrevista por teléfono.
Agregó que eso se hace porque al Estado no le interesa que la gente se una; siempre nos divide y nos confronta, esa es la tarea del Ejército”.
“Nosotros fuimos infiltrados por el Estado para dividirnos, si tu recuerdas desde la fundación del FUSDEG (una escisión de la UPOEG en 2015), fue una jugada de ellos y desde la Secretaría de Gobernación tuvieron el respaldo para dividirnos y justificar un enfrentamiento entre comunitarios”.
Según el dirigente de la UPOEG, el espionaje es una labor de contrainsurgencia de la Sedena y que no solamente lo hace con la UPOEG, sino en todas las organizaciones.
Con respecto a los señalamientos contra algunos comandantes de la UPOEG por su vinculación con el grupo delictivo de Los Rusos, dijo que siempre lo han hecho, pero cuestionó que por ejemplo el comandante Lorenzo Hernández, quien recientemente fue detenido en Cruz Grande, “se reunía con ellos (con los militares) dos o tres veces cada semana, ¿y si ellos sabían que andaba mal por qué se reunían con él?, cuestionó.
Agregó que eso indica que los señalamientos “son para atacarnos”.
“El Ejército en lugar de fortalecer a la sociedad, la confunde, la divide y la confronta. El objetivo de ellos es infiltrarnos a todos para confrontar y dividir a quienes a ellos les conviene porque ese es su objetivo, para ellos ese es su negocio”.
Recordó que en el caso de la UPOEG, después de que se constituyó el FUSDEG, Gobernación respaldó a la segunda organización reprimió a la UPOEG. Nosotros siempre hemos estado infiltrados pero siempre hemos estado callados”, aseguró Plácido Valerio.
Declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en su gobierno ya no habría espionaje a las organizaciones sociales, “pero no se nos olvide que los gobiernos federal, estatal y municipal se cambian pero el sistema de gobierno que no cambia es el Ejército y hay más poder en el Ejército que en los gobiernos de mando civil”.
Agregó que para el Ejército, las organizaciones “todo el tiempo somos un riesgo”.
Con respecto al señalamiento de que es una agrupación “fachada” de la delincuencia, dijo que en la zona donde opera la UPOEG no se produce la droga, sino que hay consumo de drogas sintéticas como el cristal, “y el cristal no se produce en nuestra zona, en la sierra o en la Montaña, la pregunta que nos hacemos es de dónde viene, ante los ojos de quien pasa, quien la tolera. Ese es su negocio de ellos”, acusó.
También rechazó el término de pseudo comunitarios “porque ahí estamos en las comunidades, ellos podrán decir muchas cosas hacia afuera, pero ahí estamos en las comunidades, el problema (en las comunidades) no lo resuelven ellos, a ellos les conviene que cada día haya más presos, porque significa más dinero, para ellos todo es economía, negocio”.
Agregó que los señalamientos son porque organizaciones como la UPOEG afectan sus intereses, “y ellos todo lo que ven es negocio, nosotros ayudamos a la gente sin negocio, no generamos economía, por eso significamos un estorbo, el gobierno no da paso si no hay dinero”.
El dirigente de la UPOEG dijo que a pesar de este ambiente adverso organizaciones como la UPOEG tienen que sobrevivir en las comunidades.
Y que el de las organizaciones con el del gobierno son dos proyectos diferentes; “el primero es la defensa de las comunidades que tienen que sobrevivir ante este escenario de explotación a la visión de ellos, y para el gobierno la única esperanza de cambio funciona con dinero”.
Informó que después del repliegue que sufrieron la semana pasada en la ruta de Acapulco a la Costa Chica, se encuentran en un proceso de asambleas en las comunidades para discutir la problemática que viven como la falta de carreteras, escuelas y maestros para exigirle al gobierno el cumplimiento.

 

Detiene la Policía estatal a comandante de la UPOEG y desarman a comunitarios de Costa Chica y Acapulco

Zacarías Cervantes y Argenis Salmerón

Chilpancingo/ Acapulco

Camionetas y armamento confiscado a policías de la UPOEG?en la operación que se efectuó en Cruz Grande, Copala y Marquelia de la Costa Chica del estado Foto: El Sur

Policías estatales detuvieron en Cruz Grande al comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y al policía de la misma organización Wilibaldo Villanueva.
En Acapulco, policías estatales acompañados de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, irrumpieron en los retenes comunitarios de Tres Palos, Nicolás Bravo y Chanecas, en la zona rural de Acapulco, desarmaron a los policías de la UPOEG en tres puntos del municipio y ocuparon esos lugares. Por la noche en esta ciudad tres puntos de la avenida Costera fueron bloqueados por camiones urbanos, cuyos choferes informaron que un grupo de hombres los obligaron. Las unidades fueron retiradas luego de cinco minutos cuando llegaron elementos del Ejército.
El dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio declaró que con esa acción el gobierno estatal busca desarticular a la organización, en tanto se protege a la delincuencia. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en un operativo conjunto detuvo a “objetivos prioritarios por ser generadores de violencia”.

El operativo en Costa Chica

La detención del comandante Lorenzo Hernández ocurrió este viernes en la colonia Sultana del Sur, de Cruz Grande, mientras que la del policía fue en la base de la policía de la UPOEG de ese mismo poblado.
La operación policiaca se amplió a los municipios de Copala y Marquelia donde decomisaron al menos diez camionetas que los policías de la UPOEG utilizaban para sus recorridos.
En un boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se informó que “en un operativo conjunto se detuvo hoy a objetivos prioritarios por ser generadores de violencia”, y advirtió que civiles podrían realizar “acciones para desestabilizar la paz y tranquilidad en Acapulco con bloqueos o manifestaciones”.
Por su parte, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que el objetivo del gobierno del estado es desarticular a la organización y que pretenden culpar al comandante y a los policías de su agrupación del asesinato del policía estatal que fue encontrado desmembrado el miércoles, cerca del cuartel de la Policía Estatal en Campanilla, municipio de Copala.
Agregó que con la desarticulación de la UPOEG el gobierno estatal no va a resolver el problema de la violencia, “porque el verdadero delincuente es el mismo Estado”.
A las 2 de la tarde el dirigente de la UPOEG no descartó que el operativo y los cateos continuaran por la tarde y que hubiera más detenciones.
Dijo que también acusan a los detenidos de portar armas y de posesión de droga, y aclaró: “armas sí, todo mundo sabe que las utilizamos, pero drogas no”.
En su boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en un operativo conjunto detuvo a “objetivos prioritarios por ser generadores de violencia” y que derivado de ello podrían realizar “acciones para desestabilizar la paz y tranquilidad en Acapulco con bloqueos o manifestaciones”.
La dependencia informó que agentes de la Policía Estatal detuvieron “a individuos que de forma extraoficial se informó se trata de dos integrantes de la UPOEG de Cruz Grande”.
En su documento la SPP sostuvo que los individuos están “plenamente identificados por diversos delitos, por lo cual fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso”.
Informó que la detención es resultado de un trabajo de investigación e inteligencia, así como de esfuerzos coordinados entre las autoridades que conforman la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero.
Agregó que mantenía en la zona un operativo conjunto entre autoridades civiles y militares “a fin de mantener el orden y brindar seguridad a la ciudadanía”.
Entrevistado por teléfono, el dirigente de la UPOEG informó que a pesar de la aparatosa operación policiaca sólo tenía confirmadas las detenciones del comandante y del policía, pero declaró que sabía que se realizaron varios cateos tanto a la base de la UPOPEG de Cruz Grande como a la de Copala, así como en casas particulares.
“Sabemos que hay más detenciones, pero todavía no podemos determinar cuántas son porque el operativo sigue”.
Denunció que el gobierno del estado pretende desarticular a esa organización pero no a los grupos de la delincuencia organizada que operan en las distintas regiones del estado.
Reprochó que por qué no se actúan contra los grupos de la delincuencia organizada que operan en la región de la Costa Chica y en Acapulco o contra “los que desfilan con armas calibre 50 en Zarándaro”, y añadió que si no lo hacen “es porque son cómplices”.
Informó que el operativo en Cruz Grande comenzó desde la mañana y que después de la detención del comandante y del policía siguieron con el cateo de la comandancia de la UPOEG y a algunas casas de miembros de la organización. Reconoció que les encontraron armas, “todo mundo sabe que las utilizamos, pero drogas no”.
Informó que la droga está en otras casas y en narco tiendas “que todo mundo conoce, incluso cerca del cuartel de los militares de Cruz Grande”, pero denunció que a esas no las catearon.
Aseguró que el comandante José Manuel Lorenzo cada semana se reunía con los mandos militares del cuartel de Cruz Grande y cuestionó que si sabían que es delincuente por qué no lo detuvieron antes.
Con respecto a la advertencia de la Secretaría de Seguridad Pública de que podrían realizar acciones y bloqueos a raíz de las detenciones, Placido Valerio dijo que “se adelantaron”, pero agregó que “nos vamos a esperar que primero se equivoquen”.
Reprochó que la UPOPEG le sirvió al Estado durante diez años para pacificar la región de la Costa Chica y que ahora que ya no les sirve la quieren desmantelar, pero insistió que con ello no se va a resolver el problema de la violencia.
Según Plácido Valerio para lograr la paz en la Costa Chica hubo muchos detenidos, “algunos están muertos y otros se los entregamos pero fue gracias a nosotros, no a ellos”.
Añadió que la estrategia de seguridad del gobierno es solamente llegar y levantar muertos, no de prevenir ni de actuar, “y como nosotros no les entregamos dinero cada mes como si lo hace la delincuencia, no somos negocio para ellos”.
Plácido Valerio declaró que quieren desmantelar a la UPOEG para mandar un mensaje a la opinión pública que nadie puede contra el Estado, “porque el Estado es el mismo delincuente, es el mismo que somete a la población, es el mismo que la divide, es el mismo que la confronta y es el mismo que la empobrece, es el peor delincuente el Estado”.
Reclamó que las comunidades tienen el derecho a lograr su desarrollo, a la seguridad y al derecho a ser consultados.

Camionetas robadas, droga, lo incautado: gobierno estatal

En un segundo boletín de prensa enviado por la noche, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en una primera operación de la Policía Estatal y personal de la Secretaría de Marina (Semar), en los municipios de Copala y Marquelia, fueron aseguradas siete camionetas, dos de ellas con reporte de robo y el resto relacionada con hechos delictivos.
También fueron aseguradas 18 armas largas y dos armas cortas de distintos calibres, 203 cartuchos, nueve radios portátiles y una radio base, 13 chalecos tácticos con placas balísticas, tres portaplacas, un panel para chaleco, 11 pecheras y dos tablas de castigo.
La dependencia informó que en una segunda operación policías estatales y personal de la Marina detuvieron a dos personas, “consideradas como objetivos prioritarios, en el municipio de Cruz Grande”.
Agregó que los detenidos fueron identificados como José “N” y Wilibaldo “N”, a quienes se les aseguraron dos fusiles AR-15 y AK-47, un arma corta, una escopeta y presunta droga con características de marihuana, piedra y cristal. Además, un vehículo blindado, marca Jeep, tipo Gran Cherokee.
“Los dos sujetos, el armamento, equipo táctico, vehículos y la presunta droga asegurada en este operativo fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso”, informó la dependencia.

Desarman a comunitarios en Acapulco

En Acapulco, policías estatales acompañados de elementos de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, desarmaron a los policías de la UPOEG en tres puntos del municipio y ocuparon esos lugares.
Los tres puntos que tenía la UPOEG está ubicados en Tres Palos, Nicolás Bravo y Chanecas, en la zona rural de Acapulco.
El operativo lo encabezó la policía del estado y estuvieron de apoyo las demás corporaciones.
En Tres Palos anoche ya no había integrantes de la UPOEG ni policías; en Nicolás Bravo hubo nueve patrullas del estado, una del Ejército, una de la Guardia Nacional.
Mientras que en Las Chanecas hubo ocho patrullas de la policía del estado que tuvieron tomada las que eran filtros de la UPOEG.
Se supo que los agentes retuvieron a los policías de la UPOEG y después lo liberaron, pero les quitaron las arma de bajo calibre.
Incluso, los habitantes argumentaron que los agentes estatales los golpearon y les robaron dinero y celular.
En el retén de la Nicolás Bravo, los agentes no quería dejar ir una camioneta de la UPOEG, lo que causó inconformidad de los habitantes.
Hasta que llegó el inspector de la policía estatal de apellido Catalán se dejó que se llevarán a camioneta y celulares.
Pero les informó que iba a tomar los puestos de revisión de la UPOEG en coordinación con el Ejército y Marina.

Intento de bloqueo a la Costera

Por la noche tres puntos de la avenida Costera fueron bloqueados por camiones urbanos y luego de cinco minutos se retiraron del lugar.
Los bloqueos de los camiones, dos en cada punto, presuntamente en reacción a la detención del comandante comunitario, fueron en el Malecón, en el Asta Bandera y frente a Galerías Acapulco.
Un testigo contó que llegaron hombres a los camiones y obligaron a los choferes a atravesar los vehículos en la vialidad. Los camiones fueron retirados cuando llegaron elementos del Ejército.

 

 

Policías estatales detuvieron en Cruz Grande al comandante de la UPOEG, José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y al policía de la misma organización, Wilibaldo Villanueva Foto: El Sur

En un boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que los tres órdenes de gobierno liberaron las vías de comunicación “ante los bloqueos registrados en algunos puntos del puerto de Acapulco, derivado del aseguramiento de armamento, vehículos y objetivos prioritarios, la tarde de este viernes en el municipio de Marquelia, lo que generó la reacción a estas acciones de la justicia”.
En un comunicado, la corporación policiaca afirmó que el gobierno del estado, las fuerzas armadas y la Policía Vial municipal, “implementaron un operativo para abrir la circulación en los puntos donde se han registrado estos bloqueos a fin de garantizar el libre tránsito en la ciudad”.
Señaló que ante estos hechos, se reforzó la vigilancia en la Costera de Acapulco, así como en otros puntos de la ciudad, “para atender de manera oportuna y con estricto apego a los derechos humanos, estas acciones que afectan a la población en general”.

Pide la UPOEG intervención de la Codehum

La UPOEG informó que en su operativo en Acapulco los agentes estatales, encapuchados, agredieron físicamente a los policías comunitarios que solo cumplían con el mandato de la Asamblea Popular de las poblaciones, de velar por la seguridad de sus habitantes.
Indica que además de golpear a los policías de la UPOEG, se apoderaron de teléfonos celulares y dinero en efectivo y pretendieron “asegurar” una camioneta rotulada de la UPOEG.
Precisó que los uniformes de la UPOEG y escopetas, que no son del uso exclusivo de la organización, también terminaron en poder de los estatales.
Condenaron este “nuevo acto de provocación” por parte del gobierno estatal y llamaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) “a que intervenga en la defensa de nuestros derechos como pueblos indígenas”.

Aún no le programan la reunión con la gobernadora, informa Bruno Plácido

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, informó que aún no le habían programado la reunión que le prometieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a cambio de terminar las tomas de las instalaciones de Ciudad Judicial en Ometepec y del Juzgado Mixto de Ayutla.
En declaraciones por teléfono, dijo que por lo pronto está reuniendo pruebas de su inocencia y que el domingo se reunieron más de 300 representantes del comisariado ejidal de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, y aprobaron enviar una constancia a las autoridades, en la que aseguran que él no estuvo en los hechos en los que supuestamente cometió los delitos de robo y daños, por los que fue detenido el 9 de agosto.
Pero agregó que, mientras tanto, existe el riesgo de que lo detengan en cualquier momento “porque su objetivo es vernos guardados”, dijo, luego de que la semana pasada el juzgado de Tlapa resolvió el auto de formal prisión por el delito de robo.
Plácido Valerio informó que en el transcurso del día estaba dando cauce a las pruebas de su inocencia y que aún no había consultado a su abogado, sobre si debía ir a firmar este martes al juzgado.
Informó que como parte de las acciones para demostrar su inocencia, el domingo pasado hubo una asamblea de ejidatarios y representantes de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, en la que aprobaron firmar un acta que establece que él no fue al evento, en el que supuestamente se cometieron el robo y los daños de los que le acusan.
“Ratificaron (los ejidatarios) que yo no estuve en ese evento. Volvieron a ratificar que yo no tuve nada que ver, entonces, con eso comprobamos que es una persecución más política que de leyes”, declaró.
Informó que el acta que firmaron en la asamblea la van a mandar al juez, a la gobernadora, al Tribunal Superior de Justicia “y a todas las autoridades que sea necesario”.
Informó que asistieron “arriba” de 300 ejidatarios o representantes, pero que apenas fue una reunión previ,a porque el próximo domingo “viene una asamblea plenaria de ejidatarios, en la que van a asistir los mil 500 ejidatarios”.
Sin embargo, reconoció que no sabe si el acta que firmaron, y la otra que van a firmar el domingo, valdrán como prueba, “porque su objetivo (de las autoridades) soy yo o los de la UPOEG. El chiste es que ellos no quieren quedar mal ante la opinión pública, quieren justificar que somos delincuentes, no quieren un careo, para que nosotros demostremos nuestra inocencia y presentemos las pruebas de que somos inocentes, de que no somos delincuentes como lo quieren hacer ver”.
De hecho, añadió que supo que las autoridades están trabajando en otra investigación y que le están buscando “de todos lados”, pero dijo que nosotros “vamos a aclarar”.
El dirigente de la UPOEG informó que el miércoles pasado le prometieron una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado, a cambio de que levantaran los bloqueos a Ciudad Judicial y al Juzgado de Ayutla.
Pero dijo que no le habían informado el día ni la hora, “no sé a qué le están apostando, porque al final de cuentas este movimiento es de diálogo, de exigencia y de respeto”.
Pero advirtió que tienen programada una movilización “masiva”, para exigir respeto al estado de Guerrero, debido a que reprochó que llegaron gentes de otros estados “a representarnos en la Fiscalía, cuando en Guerrero hay abogados muy buenos y preparados en política y legalidad, pero hay una violación a la soberanía y dignidad de los guerrerenses”.
Dijo que los guerrerenses “no podemos aceptar que vengan abogados de otros estados, para que nos intimiden, porque en Guerrero hay abogados o abogadas con capacidad para ejercer una institución civil y no militar, porque a la fiscalía ya la convirtieron en un cuartel militar”.

 

Firman la alcaldesa de Ayutla y la UPOEG un Pacto de Civilidad para la elección del domingo

El Pacto de Civilidad para la Elección en Ayutla, por usos y costumbres indígenas, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores, se firmó tras dos horas de señalamientos entre la alcaldesa del PVEM, Hortensia Aldaco Quintana, y el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
Este martes, en la sala de reuniones Vicente Guerrero de la Secretaría Particular del Gobernador, ubicada en el Edificio Centro de Palacio de Gobierno, sostuvieron un encuentro la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, Rosa María Nava Acuña y el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta.
En la reunión, la alcaldesa Aldaco Quintana solicitó de manera formal al gobernador su apoyo para que la asamblea en la que se elegirá a las nuevas autoridades munbicipales con base en la ley 701 fuera en Acapulco para brindar la seguridad necesaria, ya que aseguraba que no había condiciones en el municipio.
El problema central de la discusión era la participación de la policía de la UPOEG, a la que acusó de que amenaza a los representantes con reeducación o multas económicas si no se presentaban a la asamblea del próximo domingo 15 de julio.
Después de la primera hora y media de señalamientos, el gobernador Astudillo Flores tomó el micrófono para recordarles a los presentes que si se va a una elección no les conviene generar un conflicto, porque si hay violencia un tribunal echa abajo el proceso.
“Nadie en su sano juicio quiere ir el domingo a generar una gran confrontación y que todo se eche a perder, yo creo que no lo quieren ni ustedes ni lo quiere nadie del gobierno estatal o federal, sería una auténtica locura”, agregó.
Advirtió que a quien promoviera algún problema se le aplicaría la ley por las instituciones correspondientes.
“Me parece muy importante lo que aquí se ha dicho, yo creo que la policía comunitaria no debe de participar porque en el momento que participe entonces empiezan los problemas, yo creo que la que debe de participar es la policía del estado”, enfatizó.
Puntualizó que el gobierno está en la mejor disposición de brindar la seguridad para este proceso que se avecina, pero pidió a los presentes su respaldo para que se realice una asamblea tranquila.
Les recordó que durante el proceso del pasado primero de julio se logró celebrar una jornada electoral pacifica en al que a pesar de que se aseguraba que no podrían desarrollarse por problemas de seguridad, se logró sin incidentes violentos.
En un momento del encuentro, el gobernador de plano preguntó a las dos partes en conflicto si se firmaría o no el Pacto de Civilidad, lo que se hizo después de dos horas y un receso de 15 minutos.
Al encuentro se incorporó el secretario de seguridad, Pedro Almazán Cervantes, después de un receso, quien quedó como encargado de la seguridad durante este proceso de elección de nuevas autoridades.
En su intervención, el presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta, quien también firmó como testigo, reconoció la disposición del gobernador para que se pueda llevar a cabo esta elección en tranquilidad.
Durante la reunión, se supo que la dinámica con los reporteros era que no entrarían a cubrir todo el encuentro, pero debido a una descoordinación permanecieran durante todo el acto en el que Astudillo Flores mostró su malestar por lo que se estaba suscitando.

Parte de la confrontación

Aldaco Quintana pidió al gobernador y al secretario general de Gobierno Florencio Salazar Adame que explicaran el propósito de la reunión ya que les recordó que hace un mes, en Casa Guerrero se había firmado un pacto de civilidad, el que aseguró nunca se respetó.
“En esta mesa se dicen algunas cosas, pero en el municipio se hacen otras y respetuosamente les quiero decir que estoy preocupada por el municipio, ya que las personalidades que están presentes aquí (Bruno Placido Valerio) se ha dedicado a hablar mal de la administración”, enfatizó.
Señaló que la UPOEG se ha dedicado en cada comunidad a la que no pueden entrar como gobierno, por la policía ciudadana armada que opera en ellas, a hablar mal sobre la su gobierno.
Insistió que dicha organización amenaza a la población del municipio, por lo que está actuando de manera violenta sin cumplir los acuerdos ya firmados hace un mes, además de recurrir a las asambleas en las asegura que no existe mayoría.
“Yo no sé que exista atrás de todo esto, lo que si les digo es que mi vida corre peligro, la de mi familia y muchos de mis amigos corre peligro por que son amenazados”, enfatizó.
Comentó que para su parecer la reunión de este martes no tenía sentido, pero a pesar de esto firmó el Pacto de Civilidad, que fue reescrito para incluir otras demandas de seguridad.
Por su parte el líder de la UPOEG, Bruno Placido Valerio advirtió que si no había acuerdo en como se realizaba las elecciones a través de usos y costumbre, se podrían reorganizar las comunidades indígenas interesas para convertirse en “su propio gobierno”.
“Es importante construir la pluralidad del municipio, y que se firme un Pacto de Civilidad, se habla tanto de la policía ciudadana, pero nosotros hemos acordado no participar porque no puede ser un evento policiaco”, agregó.
El dirigente de la policía de la UPOEG, dijo que se comprometerían a replegarse durante este proceso de elección de autoridades, que se planea para el 15 de julio en la Unidad Deportiva de Ayutla.
“Aquí hay conflicto porque se ha tirado mucho dinero, el dinero con la población, cada uno siembra lo que cosecha (lo dijo al revés ), no sé por que dicen que nosotros no permitimos que voten como hoy (fue), en Tecoanapa y otros municipios en Copala”, agregó.
Aprovechó para informar que gracias a la policía de la UPOEG se lograron evitar confrontaciones y delitos electorales en los municipios de la Costa Chica donde operan, en donde aseguran que hubo mucha compra de votos.
“El esposo de la presidenta trae guardia, ¿a qué le tiene miedo? Trae escolta y nadie lo ha parado. Entonces no hablemos de cosas de que ‘nos están persiguiendo’ cuando tenemos impunidad. Aquí de lo que se habla es de un método de gobierno a través de una asamblea”, enfatizó.