Firmará hoy la UPOEG un convenio con el gobierno del estado, anuncia Bruno Plácido

 

El dirigente la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio dio a conocer que la organización firmará un convenio de coordinación y colaboración con el gobierno del estado, con el objetivo de generar un ambiente de respeto en las gestiones que realicen en los pueblos donde tiene presencia la UPOEG.
“El concepto de coordinación no se confunde con el de subordinación”, enfatizó.
La mañana de este miércoles, Bruno Pacido se reunió con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno para determinar cómo se llevará a cabo tal convenio.
El líder de la UPOEG agregó que tentativamente la firma del convenio sería hoy en el Palacio de Gobierno, pero que aún no tenía confirmada la hora.
Minutos antes de entrar a la oficina, Placido Valerio explicó que el convenio es para que las dos partes se traten con respeto y se coordinen de manera adecuada ante los conflictos sociales.
“El conflicto de la inseguridad, la pobreza… es muy importante construir un nuevo camino donde se discuta y analice cómo resolver cada problema”, expresó.
Recordó que el propósito de su organización es construir un camino de diálogo para discutir los problemas y para que el gobierno dé una solución a la población.
Insistió en que el convenio es para tratar de establecer un canal de diálogo que permita la tranquilidad y para evitar la confrontación con el gobierno actual, para que sus demandas sean atendidas en tiempo y forma.
Comentó que se trata de que se respete a su organización cuando se enfrenten en un conflicto.
“No es sólo hablar de legalidad, sino cómo construir acuerdos, y esa palabra es muy amplia y de varios criterios, sin embargo, se pretende trabajar con ese concepto”, detalló.
Al respecto, se le preguntó si para firmar el convenio el gobierno del estado les pedirá que las policías ciudadanas se replieguen o se ordenen, a lo que contestó que, “el problema aquí es el gran conflicto de interés de los grupos que han sometido al Estado”.
Agregó que al final de cuentas lo que está en riesgo es la vida de los ciudadanos de las comunidades donde no hay policía, por lo que dijo que es importante plantearse un método para resolver el problema de la seguridad.
“Cuando hablamos de respeto, no es hablar de legalidad sino de construir acuerdos”, comentó.
Insistió en que cada parte deberá atender sus obligaciones para evitar enfrentamientos. “El problema no es que andemos armados, el conflicto aquí es de interés de los grupos que han sometido al Estado, el conflicto no es que nos salgamos o no, sino que está en riesgo la vida de los ciudadanos día a día”, agregó.
Mencionó que la fórmula planteada al gobierno del estado es que las policías comunitarias o ciudadanas tienen que surgir bajo un esquema de legitimidad, pues cada grupo o pueblo que nombre a su policía debe de regirse bajo una asamblea popular.

Son para desprestigiar a la UPOEG las narcomantas en su contra, dice Bruno Plácido

 

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio aseguró que son personas que quieren desprestigiar a su organización las que colocaron las dos narcomantas donde lo señalan como responsable de los 19 cuerpos encontrados en una barranca de la comunidad de El Naranjo, en la sierra de Chichihualco.
Además indicó que los niveles de inseguridad han aumentado porque en las comunidades y en las instituciones hay infiltrados del crimen organizado, por lo que es conveniente que se hagan depuraciones.
Vía telefónica se le preguntó a Bruno Placido sobre las narcomantas que aparecieron el domingo en Chilpancingo, donde lo señalaron como responsable de los 19 restos humanos encontrados en El Naranjo, donde también se indicaba que los secuestros de comerciantes y asesinatos de ciudadanos están vinculados con los policías comunitarios.
Plácido Valerio pidió a las personas que colocaron las narcomantas que den los nombres de los policías de la UPOEG que secuestran personas para proceder conforme corresponde. Consideró que los señalamientos son porque en la sierra hay muchos intereses, “y que casualidad que desde que la Policía Comunitaria entró a la sierra están apareciendo las mantas diciendo que soy dirigente del cartel”, expresó.
Dijo que los policías comunitarios tendrán precaución por los señalamientos que están haciendo, pues sólo quieren desprestigiar a su organización, porque eso significa que quieren hacer algo en contra de la UPOEG, para que no siga creciendo, puesto que se ha extendido a otros municipios y pueblos.
El dirigente de la UPOEG manifestó que hará una investigación para saber con precisión sobre las mantas, porque quienes emitieron el mensaje lo hacen para justificar acciones violentas en la sierra.
Aseguró que no se ha reunido con las autoridades estatales o federales, porque “el que nada debe nada teme, cuando se requiere comparezco o doy declaraciones”.
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar y portaban lanzagranadas y fusiles Barret, AK-47 y AR-15, en la comunidad de El Naranjo.
Después del enfrentamiento llegaron soldados del Ejército que desarmaron a los policías ciudadanos y detuvieron a unos 60, mientras que otros 15 se reportaban desaparecidos, después, uno de ellos fue hallado muerto y otro continúa desaparecido.
También se le preguntó si los policías de la UPOEG continuaban resguardando la zona de la sierra, y respondió que no, porque el Ejército tomó el control, “nos mantenemos al margen para que asuman bien su papel”, resaltó el dirigente.
Comentó que las autoridades deberán de asumir su responsabilidad, pero trabajar en conjunto con los ciudadanos para combatir la delincuencia organizada. Añadió que la inseguridad aumenta cada día porque hay infiltración de la delincuencia en cada pueblo o institución, por lo que se deberá de hacer una depuración para que el sistema funcione.
Plácido Valerio expresó que los gobernantes informan que cada día aumenta más la violencia, por ello deberán de caminar juntos, gobierno y sociedad para que haya mejores resultados.

Recibe la CNDH 213 quejas contra autoridades federales en Guerrero de enero a octubre de 2015

 

La sede en Acapulco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió de enero a octubre de este año 213 quejas contra autoridades federales; 95 de ellas son contra la Policía Federal por trato cruel, denigrante, tortura y exceso del uso de la fuerza durante detenciones.
El coordinador de la oficina de la CNDH en Acapulco, Hipólito Lugo Cortés informó, vía telefónica, que hasta ayer no se había presentada ninguna queja en la dependencia por la violencia en la sierra del estado.
Indicó que sólo se puede iniciar una queja de oficio cuando el hecho “trasciende a nivel nacional”, pero que la institución está atenta al caso de las comunidades de la sierra, donde vecinos han denunciado que el Ejército protege a delincuentes.
El viernes 8 de noviembre hubo un enfrentamiento a balazos de siete horas entre policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y sicarios, que dejó tres delincuentes muertos en la comunidad de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo.
El jueves 12 de noviembre en la comunidad de El Naranjo, municipio de Iguala, habitantes reportaron que 500 delincuentes se enfrentaron a policías ciudadanos de la UPOEG. El Ejército detuvo a 60 policías ciudadanos y los desarmó, en respuesta los habitantes retuvieron a los militares y los acusaron de dejar escapar a los delincuentes. Inicialmente se reportó el asesinato de 15 policías comunitarios, pero el domingo el promotor, Bruno Placido informó que 13 de sus compañeros fueron localizados, uno estaba desaparecido y uno fue encontrado asesinado.
El representante de la CNDH en el estado indicó que Guerrero se encuentra en la posición décimo quinta a nivel nacional en quejas contra autoridades federales. Indicó que la Ciudad de México registró en los últimos 10 meses 2 mil 3 quejas situándose en el primer lugar, Tlaxcala con 24 quejas ocupa el último puesto de las 32 entidades.
Dijo que los “casos emblemáticos” son 42 quejas contra la Procuraduría General de la República (PGR); 22 contra la Secretaría de la Defensa Nacional; 15 contra el IMSS; 10 hacia la Marina; 10 contra el ISSSTE, y ocho contra la Comisión Federal de Electricidad.
Lugo Cortés informó que, a nivel nacional hay 93 expedientes de casos que se siguen por oficio, mismos que tienen que ser de trascendencia nacional y de graves violaciones a los derechos humanos, pero no supo precisar.

La prioridad es encontrar al desaparecido, no el diálogo con el Estado, dice Bruno

 

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio declaró que la prioridad de su organización es encontrar al policía ciudadano desaparecido desde el jueves en la sierra de Leonardo Bravo, antes que buscar el diálogo con el Estado o con el Ejército.
En consulta telefónica, recordó que 13 policías ciudadanos lograron huir a los cerros luego de que militares intentaron desarmarlos, seguido de un ataque a balazos por desconocidos que portaban vestimenta tipo militar.
Uno de los emboscados, que fue encontrado muerto es Heriberto Maldonado Ramírez, vecino de la comunidad de Mojoneras, municipio de Chilpancingo, y otro, de quien se reservó el nombre, sigue desaparecido.
Denunció que el sábado, cuando hallaron el cuerpo, solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se encargara de las diligencias y la investigación, y que fuera a recoger el cuerpo, pero ésta nunca llegó, y tras varias horas de espera la familia se llevó el cadáver.
También aseguró que pidieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) para documentar las violaciones, y ésta tampoco se ha presentado en las comunidades.
Adelantó que ayer por la tarde, los comisarios de la región se reunieron en Chichihualco para determinar nuevas acciones en el tema de la inseguridad.
Como parte de estas acciones, comentó, convocaron a la prensa a que acuda a las comunidades para conocer los agravios que se han cometido contra la población.
Aseguró que no han tenido comunicación con funcionarios de gobierno, y que los vecinos exigen la intervención de las autoridades para hallar al desaparecido.

Astudillo debe preocuparse por la delincuencia, no por las policías comunitarias, dice Bruno

 

El gobierno estatal debe preocuparse por la proliferación de la delincuencia, no de las policías ciudadanas y comunitarias que se organizan por la vida, señaló el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio sobre las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El gobernador dijo que los últimos hechos de violencia en la Sierra de Leonardo Bravo, se deben a la proliferación de policías comunitarias que “van y entran en confrontación con el pueblo”, y que “ya se salieron de control”.
En este sentido, el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Braulio Pimentel Antunez aclaró que los ciudadanos tienen derecho a organizarse frente la ineficacia de los gobiernos y las corporaciones policiacas coludidas con los criminales.
El coordinador de la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís pidió a las autoridades que valoren las experiencias de los pueblos para atender la crisis social.
El sábado, el gobernador llamó a los alcaldes a poner toda la atención cuando nazca una policía comunitaria, porque tiene sus límites, “y ya se salió del orden, se salió de control”, expresó en relación al homicidio del comisario y secretario de Polixtepec, en la sierra de Chichihualco, seguido de una balacera que dejó tres presuntos sicarios muertos, siete heridos de la UPOEG, y la comunidad abandonada por sus pobladores.
En consulta telefónica, Bruno Plácido Valerio lamentó que el gobierno esté más preocupado por la organización de los ciudadanos que por la proliferación de la delincuencia, pero reconoció que tampoco es un asunto sólo de las autoridades, y que también le corresponde a la sociedad buscar la solución.
Señaló que en esta crisis de inseguridad, sin distingo de partido o nivel económico, se debe centrar el debate en cómo erradicar a la delincuencia, sin confrontación.
“Es un momento de solidaridad, de unificar un frente para erradicar a la delincuencia, llamar a todos los actores para buscar entre todos una salida, hay que verlo como un problema de todos, no sólo de gobierno”.
Así como la Iglesia llamó a un gran diálogo con los actores (incluyendo a los líderes de cárteles del narcotráfico), Plácido Valerio informó que está buscando a la Iglesia, a transportistas, ganaderos, comerciantes, porque “somos una sociedad que está en crisis, somos un foco rojo; vamos a darle la vuelta a la página”.
Se reservó de hablar de los grupos de la Policía Ciudadana que operan en la sierra de Leonardo Bravo, y aseguró que hoy convocará a la prensa para hablar del caso en Chilpancingo.
No obstante, se supo que las comunidades de la Unión de Comisarios por la Paz, la Seguridad y el Desarrollo de la Sierra, que hace dos años se unió a la Policía Rural, también conformó grupos de policías comunitarios con el respaldo de la UPOEG.

Mejores resultados que todas las corporaciones juntas: Pimentel

El consejero Braulio Pimentel, de la CRAC de San Luis Acatlán, recordó que pese a los errores, la Policía Comunitaria ha dado mejores resultados que todas las corporaciones policiacas juntas, a los largo de muchos periodos de gobierno.
Señaló que la organización de los pueblos es una reacción natural ante la incapacidad de las autoridades de garantizar seguridad que “hasta se coaligan con la delincuencia, como lo demostró el caso de Iguala”, el 26 y 27 de septiembre.
Indicó que la garantía de resultados es porque los policías comunitarios son nombrados en asambleas y reuniones amplias, más que cualquier otro sistema de seguridad, como el Mando Único que incorpora a todos los cuerpos policiacos, los tres niveles de gobierno y militares.
Estimó que si el Mando Único no incluye un ingrediente de participación ciudadana, nunca va a funcionar “porque el sistema está muy corrompido”. Propuso a las autoridades pedir información de toda las expresiones se seguridad comunitaria, en lugar de buscar alternativas en Estados Unidos o Colombia.
Recordó que las casas de justicia de Espino Blanco y San Luis Acatlán son un referente nacional e internacional, por el trabajo honorario de los pueblos “este sistema es la alternativa, un prototipo incluso para las regiones que no son indígenas”.
A los alcaldes, les pidió que estén más atentos de los criminales que de nuevos grupos de policías comunitarias, porque desde la federación están imponiendo secretarios de Seguridad Pública y por ahí se les puede infiltrar la delincuencia.

Algunos usan la figura comunitaria para trasiego de droga: FUSDEG

Salvador Alanís aclaró que si bien al gobierno le toca defender a las instituciones en el tema de seguridad, el pueblo también tiene voz y voto.
Recordó que los pueblos que se levantaron en armas es porque el Estado no les dio otra opción, no garantizó la seguridad, pero todos los policías comunitarios preferirían llevar una vida tranquila, dejar el servicio comunitario que sólo trae problemas, amenazas y ha costado muchas vidas de sus compañeros; “no es deseo nuestro armarnos y pelearnos con la gente mala”.
No obstante, declaró que hay grupos que aprovechan el buen nombre de los policías comunitarios para el trasiego de mariguana y amapola, “de eso se tienen que cuidar con lupa las autoridades”.
Aseguró que en los 62 pueblos donde trabaja el FUSDEG no se dedican a la producción de drogas, pero demandan a las autoridades que dé alternativas de empleo a las familias de la región. Por lo tanto, no tienen miedo a la regulación ni a la revisión de sus estructuras.
Sin embargo, insistió en que los tres niveles de gobierno no han tenido capacidad de eliminar a los grupos criminales que hacen daño en Guerrero, “se han visto rebasados en todas las grandes ciudades”.
Pero el día que comiencen a reducir los índices de criminalidad, “con gusto dejamos la playera y nos quedamos como vecinos vigilantes”. Consideró que este gobierno tiene una gran tarea, “ojalá podamos aportar lo aprendido, que permita interlocución para intercambiar experiencias”, expresó Salvador Alanís.