Arriba el taxi número 30 en la colonia Los Ángeles en Chilpancingo al que le arrojaron una bomba molotov pero vecinos lograron apagar el fuego; abajo soldados y guardias nacionales a su paso por la avenida Benito Juárez en el centro de la ciudad Fotos: Jesús Eduardo Guerrero y Jessica Torres Barrera
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
Luego de la ola de violencia del lunes que dejó cuatro choferes asesinados, Chilpancingo amaneció ayer martes sin transporte y sin clases, en la mañana sicarios intentaron quemar un taxi y en la noche una Urvan de la ruta Rosario Ibarra fue incendiada en la colonia Vista Hermosa, cuando las autoridades pretendieron reactivar el servicio.
En las calles no se observaron las Urvan, taxis y el tráfico acostumbrado durante día, cuando cientos de personas acuden a dejar a sus hijos a las escuelas y otros se van a sus trabajos.
Los choferes no salieron a laborar, los vehículos quedaron guardados y la gente tuvo que caminar o buscar la forma de transportarse, muchos se movieron mediante el raid que automovilistas solidarios ofrecieron.
“En la oficina nos dijeron que teníamos que ir, los que teníamos vehículos o motocicleta, sólo a las personas que viajan en transporte el sindicato (Suspeg) les dio más flexibilidad para faltar”, comentó un trabajador del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, antes Palacio de Gobierno.
Uno de los directivos de una de las oficinas del Recinto, mencionó a El Sur vía telefónica que al menos un setenta por ciento acudió a trabajar, pero muchos abandonaron sus labores “luego de mensajes de amenazas que circularon en las redes”.
En la página de Facebook de la Secretaría de Finanzas se emitió un mensaje cerca de las 3 de la tarde, donde solicitaron a los trabajadores no hacer caso a mensajes falsos y pidieron “mantenerse en contacto con fuentes oficiales y evitar divulgar rumores en grupos de WhatsApp y otros medios digitales”.
Finalmente, algunos de los servidores públicos tuvieron que cumplir con el horario.
Las escuelas
Los jardines de niños, primarias, secundarias y preparatorias, tanto privadas como públicas estuvieron cerradas.
A las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y del Tecnológico de Chilpancingo tampoco llegaron los alumnos.
En la tarde en mensajes internos de las escuelas y academias se volvió avisar que este miércoles de nueva cuenta no tendrán clases “hasta que se restablezca el transporte y por seguridad de los estudiantes”.
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por segundo día no emitió un comunicado o postura sobre las suspensiones.
Los comercios
Los comercios, tiendas de conveniencia, farmacias y bancos abrieron pero los trabajadores se quejaron de que tuvieron que caminar para poder llegar.
“En el banco entramos a las 8 de la mañana, tuve que caminar varias cuadras para poder llegar a tiempo, es difícil sin el transporte, los radio taxis nos decían que no había servicio y también que no saben hasta cuándo van a trabajar”, comentó una trabajadora del Santander de la colonia Universal.
Una de las opciones de movilidad fueron las patrullas de Protección Civil del Ayuntamiento de Chilpancingo, pero dejaron de operar a las 11 de la mañana y en la tarde ya no se vieron en las calles.
El conato de incendio
Al mediodía se reportó que jóvenes en una motocicleta intentaron incendiar un taxi local de Chilpancingo en la colonia Los Ángeles, en la calle Ricardo Palmerín,
Algunos testigos revelaron que le aventaron una bomba molotov a la parte trasera del carro tipo Tsuro, pero “afortunadamente se dieron cuenta y el dueño (de la unidad) y la gente lo apagaron”.
El taxi no estaba trabajando, pero estaba estacionado en esa zona donde en pocos minutos llegaron policías municipales, estatales, ministeriales, Guardia Nacional y el Ejército.
El taxi sólo sufrió daños en la defensa trasera.
La zona fue acordonada y las autoridades implementaron un operativo para la búsqueda de los agresores.
El hecho volvió a provocar temor entre los transportistas, en grupos de WhatsApp avisaban “que escondieran sus vehículos y no se arriesgaran a salir hasta que se garantice la seguridad”.
Una base improvisada
Los únicos que salieron a trabajar fueron los transportistas de las rutas del circuito Río Azul, al valle del Ocotito y Tierra Colorada, que instalaron sus bases para dar servicio en el retorno del cuartel de la Guardia Nacional, en la entrada a la capital por Petaquillas, pero sin entrar a Chilpancingo.
En el lugar se estacionaron taxis de Petaquillas, Tepechicotlán, Mochitlán, Quechultenango, Colotlipa, Mazatlán, Acahuizotla, Rincón de la Vía, Cajeles, Buenavista de la Salud, Ocotito, Mohoneras, Dos Caminos y Tierra Colorada, que bajaban y subían pasaje, aunque la gente tenía que caminar al menos 3 kilómetros para llegar a la ciudad.
“Tengo que ir al centro a hacer un trámite en el Registro Civil, en Colorada nos dijeron que sólo llegaban a la (colonia) La Cinca, que de ahí ya no había transporte, pero de todos modos tenía que llegar porque me urge, ahorita voy a ver cómo le hago porque solamente hasta las seis de la tarde van a trabajar”, dijo uno de los usuarios.
En ese punto había vigilancia de la Guardia Nacional, Ejército y Policía del Estado. Las unidades dejaron de circular a las 6 de la tarde y el libramiento de Chilpancingo-Petaquillas quedó sin resguardo de las autoridades.
Incendian una Urvan
A las 6 de la tarde comenzaron a circular algunas Urvan en la capital, según los transportistas ya les habían dado garantías de seguridad para “que los que quisieran sacar su día salieran a las calles”.
Algunos datos de los mismos choferes mencionaron que había al menos 30 unidades circulando y levantando pasaje.
En las calles también había varias patrullas de las policías Municipal, Estatales, GN y Sedena, que realizaron recorridos y revisiones, principalmente a los jóvenes que viajaban en motocicletas.
A las 9 de la noche una Urvan de la ruta Rosario Ibarra-Mercado fue incendiada en la calle principal de la colonia Vista Hermosa, por dos jóvenes que viajaban en moto.
La unidad se encontraba estacionada cuando los sujetos llegaron y al parecer con una bomba molotov le prendieron fuego.
A los pocos minutos llegaron las corporaciones policiacas y bomberos para poder sofocar el incendio, lo que provocó que los cables de alta tensión se cortarán, dificultarán los trabajos y dejarán sin energía eléctrica la zona.
Tuvieron que llegar los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para controlar los cortos eléctricos y para que las autoridades acordonaran el área e iniciar las investigaciones.
El incendio de la unidad provocó de nueva cuenta temor entre los transportistas, en grupos de WhatsApp llamaron a no salir a las calles hasta que les garanticen seguridad para trabajar.
Se prevé que hoy tampoco haya transporte.
Las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) condenaron ayer en un comunicado “el crimen atroz”, que se cometió en contra del fundador de esa institución comunitaria y de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio y exigieron su oportuno esclarecimiento.
Informaron que este 19 de octubre se reunieron las cinco casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco del municipio de Malinaltepec, Zitlaltepec del municipio de Metlatónoc, El Paraíso del municipio de Ayutla y Caxitepec-Las Juntas, municipio de Acatepec para analizar “la situación de violencia que prevalece en nuestro estado”.
Informaron que, en esa reunión, “reivindicamos el aporte al Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria que realizó en su momento el compañero indígena na’ savi Bruno Plácido Valerio, quien formó parte de este Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación que se creó en 1995”.
Las autoridades de la CRAC exponen en su documento: “Nuestro Sistema ha sido una respuesta ante la ineficacia del sistema de seguridad y justicia del estado, donde lamentablemente en lugar de revertir los crímenes que se han suscitado contra la población en general y en contra de los defensores y luchadores sociales en particular, vemos el fracaso de este sistema del Estado, por lo que exigimos el respeto a nuestro sistema comunitario que ha hecho frente a esta situación”.
Recordaron que Bruno Plácido participó en la CRAC-PC hasta el año 2011, “fecha en que creó la UPOEG, organización de la que él mismo fue líder y creada para responder a las necesidades relacionadas con las altas tarifas eléctricas, y que no correspondían al mandato de la CRAC-PC”.
Explicaron que ello propició que en el 2013, en el municipio de Ayutla, cuando convocó a realizar operativos de seguridad con grupos de autodefensa, “siguió su propio rumbo al margen de la CRAC-PC y marcó la diferencia con nuestro sistema de justicia, cuestión que en su momento hicimos pública, ya que la CRAC-PC es un sistema integral de prevención, investigación, impartición de justicia y reeducación basado en las asambleas comunitarias”.
Las cinco casas de justicia de la CRAC, plantean que a pesar de estas diferencias, “condenamos y lamentamos el crimen atroz cometido en contra de defensores de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, líderes comunitarios e indígenas y gestores sociales como lo fue Bruno Plácido Valerio, así como también el asesinato en contra de su chofer quien lo acompañaba en el momento de los hechos”.
La CRAC exigió mediante su escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) que realice una investigación pronta, exhaustiva e imparcial para el esclarecimiento de los hechos, y se detenga a los responsables y no haya impunidad, para que exista justicia.
La agrupación con la que estaba distanciada el dirigente de la UPOEG y su organización, envió sus “más sinceras condolencias y solidaridad para su familia y amistades” del dirigente indígena asesinado.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
Entre el martes y miércoles fueron ejecutados dos hombres en Iguala y en la comunidad de Poloncingo del municipio de Huitzuco de los Figueroa, a ambos les dejaron cartulinas con mensajes de la delincuencia organizada.
Mientras que en Chilpancingo hubo dos heridos en diferentes ataques armados, uno es el delegado de Transportes de la región Centro, José Erasto Figueroa Durán.
De los casos de la zona Norte se informó que uno fue este miércoles a las 5 de la mañana, cuando un joven de 25 años fue encontrado asesinado a balazos, con huellas de tortura, una tela blanca que cubría su cabeza y una cartulina con un mensaje en la calle Oriente, esquina con Sierra de Coapinola en la colonia Insurgentes, al norte de Iguala.
En una llamada a las 3 de la mañana al 911 se alertó a las corporaciones policiacas que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego, y a las 5 fue hallado el cuerpo.
La víctima presentaba huellas de tortura, estaba boca abajo y vestía una playera de manga larga color vino, un pantalón de mezclilla azul, tenis verdes y tenía la cara cubierta con una tela blanca.
A un costado del cuerpo se halló una cartulina de color amarillo con un mensaje de integrantes de la delincuencia organizada en el que se leía: “Entiendan hijos de su p@#$& madre está plaza tiene dueño. Todo aquel que ande vendiendo cristal o haciendo m4m4@#$, apoyando a estos p@#$ mata inocentes de la F. M. se los va a cargar la v@#$. Ya están todos identificados!! Ahí les va la v@#$s…Atte su padre!!”.
Al lugar acudieron militares y agentes de la Policía del Estado, quienes acordonaron la zona mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos realizaron las diligencias de ley, y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).
La víctima fue identificada como Jafret Muñoz de 25 años.
Además, el martes el chofer de un taxi fue ejecutado de varios balazos frente a la Comisaría municipal de la comunidad de Poloncingo, del municipio de Huitzuco de los Figueroa.
El ataque armado fue alrededor de las cinco de la tarde, cuando sujetos armados a bordo de motocicletas dispararon en contra del conductor del taxi del servicio público con el número 0021, quien se encontraba estacionado en la base de taxis ubicada en la calle Emiliano Zapata, frente a la Comisaría municipal del centro de Poloncingo.
El cuerpo de la víctima quedó sobre el pavimento en medio de un charco de sangre y junto a una cartulina naranja con un mensaje: “…Esto Les Va Pasar A todos Los Que anden Vendiendo Cristal ATT FM..”.
Familiares de quien en vida respondía al nombre de José Daniel de 32 años de edad, lo trasladaron a su casa debido a que no llegó personal de la Fiscalía General del Estado.
En Chilpancingo
Ayer quedaron dos heridos en diferentes ataques armados en Chilpancingo, entre ellos el delegado de Transportes de la región Centro, José Erasto Figueroa Durán.
A las 8 de la mañana un trabajador de una carnicería de la colonia Zapata quedó herido luego de ser atacado a balazos dentro de su negocio.
Un reporte policiaco dice que sujetos armados a bordo de una motocicleta llegaron al establecimiento y uno de ellos disparó contra el trabajador, dándose a la fuga.
La persona fue trasladada en un taxi a un hospital de la capital.
Autoridades de la Fiscalía del estado levantaron los casquillos percutidos que quedaron en la zona.
Mas tarde en la colina La Haciendita, atrás de Ciudad Universitaria, fue atacado a balazos el delegado de Transportes de la región Centro, José Erasto Figueroa Durán, resultando gravemente herido.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la tarde en la avenida del Sol, cuando el delegado iba llegando a sus oficinas en su auto Jetta blanco.
Según testigos, fue atacado por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta roja.
José Erasto resultó gravemente herido, fue auxiliado por sus compañeros y trasladado a un hospital en un automóvil particular.
Hasta el momento se desconoce su estado de salud y el motivo del ataque contra el funcionario.
Una mujer abraza el cuerpo de un asesinado luego de que sicarios atacaron una granja de pollos en Petaquillas, donde mataron a seis personas el 11 de junio pasado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
En 2022 destacó la disputa por el control del territorio entre los grupos delictivos Los Tlacos y Los Ardillos en Chilpancingo, y en Zihuatanejo la población padeció la extorsión a transportistas y comercios por los grupos delictivos, y en la Costa Chica hubo enfrentamientos de integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con efectivos del Ejército y la Guardia Nacional.
En su primer año completo de gobierno, Evelyn Salgado Pineda y su gabinete, públicamente afirmaron que ante los diferentes hechos de violencia no cambiarían su estrategia y política de seguridad, y la acción más visible para combatirlos fue reforzar con más agentes del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal las zonas en conflicto.
Como lo informó El Sur en junio, la ola de violencia que se registró este 2022 en la zona Centro se acentuó por el enfrentamiento entre los grupos delictivos Los Tlacos y Los Ardillos, que se disputan el control del territorio en Chilpancingo, pugna que comenzó con el asesinato el 31 de mayo de líder de la Unión de Transportistas y Organizaciones del Estado de Guerrero, Francisco García Marroquín.
El 6 de junio fue asesinado en los pasillos del mercado Central de la capital el principal distribuidor de pollos, Tomás, de 35 años. A estos dos hombres se les relacionaba cercanos con el grupo de Los Tlacos, y en respuesta, el grupo de la sierra incendió el 1 de julio un camión de la ruta Chilpancingo-Colotlipa con bombas molotov, pero también fueron incendiadas Urvan de las rutas de Colotlipa, Tlacotepec y Chilapa.
Además, en las colonias cercanas a Petaquillas no se permitió la entrada de taxis del servicio colectivo, lo que provocó que al menos dos semanas se suspendiera el servicio de transporte hacia al sur de la ciudad.
El 9 de junio un repartidor de pollo fue ejecutado a balazos dentro de su camioneta en la entrada del estacionamiento del mercado Central, el hombre de 35 años era originario de Petaquillas.
Esta disputa entre los grupos se visibilizó por el control de la venta y distribución de pollo en la capital, el 11 de junio hombres armados atacaron una granja en la localidad de Petaquillas, donde fueron asesinados cinco hombres y una niña de 12 años. Era la principal distribuidora de este producto en la ciudad.
La disputa dejó la primera quincena de junio al menos 12 personas ejecutadas a balazos en Chilpancingo, entre vendedores, trabajadores y choferes de las camionetas distribuidoras de pollo, que provocó que se dejara de surtir el alimento durante cuatro días en el mercado Central de la capital, los gobiernos estatal y federal establecieron recorridos de militares y policías del estado en el lugar para dar seguridad.
Según el director de Comercio Municipal de Chilpancingo, Santiago René Linares, la venta del pollo se restableció en la ciudad luego de que los gobiernos municipal y estatal acordaron dar seguridad a la llegada del producto en el mercado, y una empresa también del sur de la ciudad, rumbo a Petaquillas, es la que se quedó a cargo de abastecer entre el 70 y 80 por ciento de este producto al mercado.
Ante estas ejecuciones en la capital, el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza declaró a la prensa que había un tercer grupo que buscaba apoderarse de Chilpancingo, y aunque no mencionó el nombre afirmó que antes había sido aliado de Los Tlacos.
Según Rangel Mendoza dialogó con los líderes de ambos grupos, Los Ardillos y Los Tlacos, quienes le habían dicho que sus pactos seguían vigentes para mantener estable el territorio, pero a pesar de eso la violencia continuó.
En octubre, Salvador Rangel contó a El Sur que la violencia seguía en aumento y no se resolvería porque el gobierno “vendió” el estado al crimen organizado, y es la delincuencia organizada la que ahora no sólo cobra derecho de piso, sino que se encarga de la venta de los productos de primera necesidad en varias regiones de Guerrero.
Otro conflicto que se destacó este año en la zona Centro fue la retención de un grupo de 30 militares y agentes de la Policía Ministerial que incursionaron en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, el 16 de febrero, señalado por organizaciones sociales como el bastión del grupo delictivo Los Ardillos, los pobladores de la cabecera municipal no permitieron que se retiraran durante cinco horas y los liberaron hasta que autoridades militares y del gobierno del estado acordaron que ya no intervendrían en la zona sin avisarles previamente de los cateos y recorridos.
El 7 de junio vecinos de la comunidad de Petaquillas y su grupo de autodefensa retuvieron durante nueve horas a 25 agentes del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, e incluso a cuatro funcionarios del gobierno del estado, demandaron que su grupo de guardias civiles instalaran un retén en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco.
Los retenidos fueron liberados con el acuerdo de las autoridades militares y civiles con los pobladores de que el Ejército no ingresaría a la comunidad y dejaría libre el corredor Petaquillas-Quechultenango, y que la seguridad en esa área estaría a cargo de la autodefensa o guardia comunitaria, también conocida como Policía Comunitaria.
Contra tortilleros y transportistas en Zihuatanejo
A pesar de que la morenista Evelyn Salgado Pineda mencionó reiteradamente que las playas guerrerenses debían destacar entre los mejores destinos turísticos del país, Zihuatanejo vivió varias etapas de inseguridad, principalmente en los sectores empresariales.
El 2 de junio de 2022 una docena de tortillerías cerraron debido a que los propietarios fueron amenazados presuntamente por la delincuencia organizada, el transporte fue restringido en todas las rutas urbanas y suburbanas, y motivó que varios planteles educativos suspendieran las clases.
Un mes después, el 5 de julio el transporte público en la modalidad de Urvan y taxis fue restringido por las amenazas que recibieron los choferes de grupos de la delincuencia organizada por negarse a pagar el cobro de cuota.
El problema se agravó el 6 de julio cuando la empresa transportista Dos Costas suspendió el servicio hacia Petatlán, La Unión y Vallecitos de Zaragoza en las sierra de Zihuatanejo, debido a que fue asesinado a balazos uno de sus choferes en el centro de esa ciudad, a pesar de que ese día autoridades estatales y federales se reunieron con los transportistas para garantizarles seguridad.
El 15 de julio se reanudó el transporte público, pero los permisionarios señalaron que pudieron trabajar luego de acordar el pago de un dinero a quienes los tenían amenazados, a pesar que las autoridades habían reforzado los recorridos con agentes de las policías Estatal y Municipal.
En agosto se dio el cierre de varios establecimientos de distribución de materiales y ferreterías por la inseguridad, aunque el secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez afirmó públicamente que no habían recibido denuncias de extorsiones del ramo de la construcción.
El asunto no trascendió hasta que el 19 de septiembre de 2022 cerca de 18 tiendas de conveniencia de una franquicia cerraron también porque eran extorsionados con el cobro de cuota por grupos de la delincuencia organizada.
Incluso en una sucursal de esta franquicia ubicada en la plaza Kioto, un hombre que exigía la “cuota mensual” –y los empleados al negarse a entregar el dinero– hirió de un balazo a una de las trabajadoras, lo que orilló a los ejecutivos de las tiendas a cerrar todas las sucursales hasta que hubiera condiciones de seguridad.
El 20 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que ocho personas fueron detenidas en Zihuatanejo vinculadas por el delito de extorsión y relacionadas al cierre de las tiendas de conveniencia, aunque fue hasta el 23 de septiembre cuando las sucursales reabrieron.
Ante los diferentes hechos de violencia que se registraron en Zihuatanejo, desde el 2 de septiembre la Secretaría de Marina tomó el mando de la Dirección Municipal de Seguridad Pública por instrucción del gobierno federal, por lo que los marinos coordinan los recorridos de prevención del delito junto a los policías municipales, estatales y de la Guardia Nacional.
A pesar de esta nueva coordinación de los tres niveles de gobierno, el 21 de noviembre se difundió en redes sociales un video en el que se observa a un hombre incendiar con una bomba molotov una tortillería en Zihuatanejo, en represalia porque los empresarios se negaban a pagar las cuotas a los grupos de la delincuencia, aunque el hecho había ocurrido el 10 de noviembre.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un boletín que el agresor fue detenido el mismo día que incendió el negocio y confirmó el atentado contra la tortillería. Añadió que el hombre se dedicaba a “vigilar, llevar comunicados de amenazas, efectuar disparos y quema de establecimientos”.
Otro hecho que destacó a nivel nacional, ocurrió el 24 de noviembre, también se conoció por el video de la cámara de seguridad de la tortillería Dos Hermanos, que captó cuando un hombre disparó un arma de fuego sin decir palabras al interior del establecimiento e hirió de bala a una trabajadora. La Fiscalía sólo informó que investigaría la agresión, pero hasta el momento no hay más detenidos por extorsiones a los empresarios.
El enfrentamiento contra la UPOEG
También este año se registraron varios enfrentamientos entre la UPOEG e instituciones de seguridad, lo que provocó en Acapulco y la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional varios bloqueos viales.
El 13 de mayo, choferes de diferentes modalidades del transporte público y comerciantes bloquearon seis horas las principales vialidades de Acapulco para denunciar abusos del Ejército y la Marina.
Sin embargo, el motivo de los bloqueos se debió a un enfrentamiento en el pueblo de Altos de Ventura, municipio de San Marcos, entre policías de la UPOEG y efectivos del Ejército, por el cateo a una casa de un grupo presumiblemente del crimen organizado.
El 28 de junio de este año fueron detenidos otros siete integrantes de la UPOEG, entre ellos Jesús Clemente Calleja, el comandante Calleja, debido a una agresión a fuerzas de seguridad en las inmediaciones de Marquelia.
Incluso el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que la UPOEG tenía nexos con el grupo delictivo Los Rusos, que tiene presencia en Acapulco.
El 9 de agosto el líder de UPOEG, Bruno Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por robo específico y daños en agravio de diversas víctimas, ocurridos en Tlapa en 2016, denuncias que ya habían prescrito y por lo que fue liberado horas después.
A pesar del diálogo del líder de la UPOEG con el gobierno del estado para una depuración de la organización, el 23 de septiembre policías estatales detuvieron en Cruz Grande al comandante de la UPOEG, José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y al policía de la organización, Wilibaldo Villanueva.
Debido al desarme de los policías comunitarios de la UPOEG, transportistas bloquearon –obligados según contaron a la prensa– en tres zonas de la Costera en Acapulco.
El gobierno del estado sostuvo el diálogo principalmente con el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, incluso se reunieron en Ayutla el 3 de julio, donde se planteó la depuración y credencialización de la organización ante los señalamientos de que fue infiltrada por grupos delictivos, pero ante los diversos enfrentamientos ocurridos la relación se estancó, la depuración y credencialización también, y Plácido Valerio consideró que este año fue de persecución y desestabilización a la UPOEG por parte del gobierno del estado.
Los familiares del taxista Saúl Merodio de Jesús, primero enfrentaron su pérdida cuando hombres armados lo levantaron, luego negligencia y omisión de las autoridades para su localización, y después de que hallaron sus restos impunidad, ausencia de justicia y falta de castigo para los responsables, denunció su hermana Yanet Merodio.
A sus 22 años Saúl fue levantado por hombres armados la noche del 11 de junio del 2019 en la calle Heroico Colegio Militar de la colonia Guerrero en Chilpancingo, cuando después de su jornada laboral iba a entregar a su relevo el taxi que trabajaba.
Desde entonces desapareció hasta que sus restos fueron hallados junto a los de otras personas cerca de Chichihualco el 2 de diciembre de ese mismo año, sin embargo, sus restos se los entregaron a su familia hasta el 18 de febrero de este 2022, más de dos años después.
En entrevista el 8 de diciembre pasado, su hermana Yanet, contó que la noche que desapareció, su hermano había ido a comprar tacos para toda la familia y lo esperaban para cenar cerca de la media noche.
Les contó que después de que comprara la cena iría a entregar el taxi a su relevo y de ahí se iría a su casa. Yanet explicó que unos 20 minutos antes de que se lo llevaran le mandó un mensaje a su esposa, a quien le escribió: “ya voy para allá”, pero nunca llegó.
“Ese día subió a la casa, se veía bien, andaba tranquilo, contento. Nos dijo: ahorita regreso voy a traer unos platillos para que cenemos, y cuando se lo llevaron él ya llevaba la cena”, explicó Yanet.
Vecinos de la Calle Heroico Colegio Militar de la colonia Guerrero les dijeron que cinco hombres armados interceptaron el taxi y se lo llevaron junto con el vehículo que nunca hallaron. Los testigos les advirtieron que no querían problemas, que ya no podían informarles más.
Al día siguiente fueron a buscarlo a hospitales, a la delegación de Barandilla, al reclusorio pero no lo hallaron en ningún lado.
Ese mismo día quisieron presentar la denuncia en el Ministerio Público para que las autoridades investigaran y lo localizaran pero les dijeron que tenían que esperar más tiempo.
Dos días después presentaron finalmente la denuncia pero según Yanet Merodio, fue como de puro trámite porque en realidad las autoridades locales nunca investigaron.
Mediante el Colectivo de Padres y Familiares de Personas Desaparecidas, Secuestradas y Asesinadas de Guerrero y el País (Colectivo Chilpancingo), los familiares de Saúl presentaron después la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) donde por la presión del colectivo se realizaron búsquedas en Chichihualco.
El 2 de diciembre de ese mismo año, sus restos fueron hallados cerca de Chichihualco durante una jornada de tres días de búsqueda en la que participó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y personal de la FGR.
En esa jornada, de acuerdo a reportes periodísticos, se localizaron cinco cuerpos completos en la misma zona; el de Saúl fue hallado al fondo de una barranca de unos 100 metros, rumbo al sitio conocido como Las Minas.
Junto a los demás cuerpos, el de Saúl fue trasladado a la FGR para la práctica de los estudios del ADN, donde permanecieron hasta el 18 de febrero de este 2022.
Yanet contó que les informaron el 1 de febrero que los resultados de las pruebas del ADN habían resultado positivos, pero dijo que se los entregaron hasta el 18 y el 19, finalmente, pudieron darle sepultura.
Se quejó de la negligencia y la falta de interés de las autoridades por resolver los casos de victimas de desapariciones; “no puede ser que haya tanta apatía y falta de solidaridad con el dolor de los familiares de las víctimas que sufren la ausencia de sus seres queridos”.
Explicó que la localización del cuerpo de su hermano fue posible por la intervención del Colectivo y la tenacidad de su madre, Eustolia de Jesús Rodríguez, quien desde el principio se propuso no descansar hasta hallarlo, “y lo logró, aunque sea en estas condiciones”.
Reprochó que después del hallazgo de su cuerpo, las autoridades, al parecer, ya suspendieron las investigaciones, “como si ya se hubiera resuelto el caso, cuando falta esclarecerlo, saber quiénes se lo llevaron y hacer justicia”.
Dijo que en los meses posteriores de que les entregaron el cuerpo ya no les han informado nada, a pesar de que la carpeta de investigación sigue abierta.
Aunque reconoció que de parte de los familiares ya no han presionado ni insistido tanto debido a que su madre, Eustolia, quien era la que encabezaba la presión, cayó enferma derivado de la tragedia que vivió.
“Pero nosotros no hemos suspendido nada, la carpeta sigue abierta. Seguimos en busca de justicia”, e hizo un llamado a las autoridades: Queremos justicia, queremos saber qué fue lo que paso, quienes fueron los que se lo llevaron y castigo para los responsables”.
Dos días después de que fueran encontrados en el libramiento a Tixtla los cuerpos quemados de dos mujeres, la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que corresponden a las amas de casa desaparecidas el 27 de julio en Chilpancingo.
Se supo que Gudelia Adame García de 60 años y Joela Vargas García de 50 eran maestras jubiladas y sus cuerpos fueron recogidos por sus familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo), la mañana de este martes.
El lunes frente al Palacio de Gobierno sus familiares y amigos protestaron para exigir a la FGE que cumpliera su trabajo y las encontrara, ya que desde el 27 de julio desaparecieron después de salir de su casa para visitar un terreno que tenían en la colonia Los Tanques.
Las mujeres que eran maestras jubiladas pertenecen a una congregación cristiana que participó en la protesta y oró frente al edificio de gobierno, para pedir por la seguridad de ellas.
De manera activa sus familiares realizaban movilizaciones y búsquedas de las dos mujeres desparecidas desde el 27 de julio, cuando juntas se dirigían a un terreno.
Durante una de las denuncias sus familiares detallaron que la última vez que tuvieron comunicación con ellas fue a las 10 de la mañana del día 27, pero desconocen si lograron llegar al terreno.
Este domingo fueron localizados en el libramiento de Chilpancingo a Tixtla los cuerpos de dos mujeres asesinadas y calcinadas, con cuatro orificios producidos por balas en cada una de ellas.
En un comunicado que difundió la vocería del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia reiteró que la FGE lamenta lo sucedido y condenó los hechos, a pesar de que las familias denunciaron la falta de trabajo del gobierno.
En el breve comunicado se dice que continúan las investigaciones para dar con los posibles responsables del asesinato de las dos mujeres, quienes se dedicaban a disfrutar de su jubilación.
También se supo que familiares de las dos víctimas estuvieron la mañana de este martes en el Congreso Local intentando entrevistarse con los diputados locales para conseguir dinero y enterrarlas.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el primer semestre del año en Guerrero han sido asesinadas más de 122 mujeres. (Redacción / Chilpancingo).
