En diferentes hechos de violencia en Acapulco fue localizado un hombre asesinado con torniquete y fueron heridos a balazos un policía del estado vestido de civil y una mujer heridos.
En la noche, un hombre fue encontrado asesinado con torniquete en la colonia Progreso, a una cuadra de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.
El hallazgo fue reportado a las 9 de la noche, entre las avenidas Sonora y Michoacán, informaron policías municipales.
El reporte policiaco indica que hombres armados arrojaron el cuerpo desde un automóvil en movimiento.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco, encontraron a un hombre asesinado con torniquete y atado de las manos hacia la espalda.
Después de las diligencias, el cadáver en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Semefo.
Con esto caso suman 26 asesinatos en lo que va del mes, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.
Un policía del estado vestido de civil fue herido a balazos adentro de su casa en la unidad habitacional Real Hacienda, ubicada en la zona suburbana de Acapulco.
La agresión fue reportada después del medio día atrás de una tienda de conveniencia, en la calle Hacienda Gaspar, informaron policías estatales.
El reporte policiaco indica que hombres armados irrumpieron en la casa del agente y sin mediar palabras le dispararon a quemarropa.
Policías del estado en una patrulla se llevaron al agente herido a un hospital cercano.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó la agresión contra el policía que estaba de descanso.
Añadió que la Fiscalía General del Estado (FGE), lleva a cabo las indagatorias correspondientes.
Se indica que la corporación policiaca otorgó acompañamiento al policía durante su proceso de hospitalización. Además, de estar pendiente del desarrollode las investigaciones correspondientes.
Por otro lado, dos grupos de hombres armados se persiguieron a balazos en el centro de la ciudad y resultó herida una mujer en situación de calle.
El hecho violento fue reportado en los primeros minutos de este martes en la calle José Valdez Arevalo, atrás de la tienda Chedraui, informaron policías municipales.
El reporte policiaco establece que hombres armados se persiguieron a balazos en la calle mencionada.
Como daño colateral una mujer en situación de calle resultó herida tras la refriega.
Posteriormente, la mujer herida fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y después trasladada a un hospital cercano. (Redacción).
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
El módulo de policías ubicado en la Y Griega fue rehabilitado por el gobierno municipal a fin de reforzar las acciones de prevención, atención y proximidad ciudadana. Sin embargo, hay otros módulos que están en mal estado y abandonados.
De acuerdo con un comunicado de prensa del Ayuntamiento, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, indicó que la rehabilitación del módulo permitirá tener una base permanente, donde estarán policías que atenderán los llamados ciudadanos en los alrededores de la colonia Garita.
Agregó que a idea de la rehabilitación del módulo es “auxiliar de manera inmediata a quien lo solicite”, además de que se harán recorridos de protección ciudadana en colonias aledañas como parte de la estrategia Fuerza Acapulco.
En la ciudad hay varios módulos de policías que están abandonados y otros que fueron rehabilitados en administraciones pasadas pero que no se ocupan, tal es el caso del ubicado en la avenida Farallón que se utilizaría para la Policía Turística.
De los abandonados, está el ubicado en el Módulo Social Fovissste, El Coloso, el módulo de Caleta y Caletilla, el que se encuentra en el Zócalo, este último es utilizado como un espacio para venta de tacos; pero también hay otros en El Coloso.
Hay más de 20 módulos abandonados, así como en Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, Luis Donaldo Colosio, Los Lirios, Libertadores, Vacacional y la colonia Sinaí los cuales se encuentran vandalizados, sin puertas, sin sanitarios y con paredes rayadas en su totalidad.
En el 2016, durante el gobierno de Evodio Velázquez Aguirre, se invirtieron 4 millones de pesos en la rehabilitación.
La Fiscalía General del Estado (FGE) por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de De-saparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, llevó a cabo operaciones en la colonia Garita y el fraccionamiento Costa Azul, en seguimiento a la carpeta de investigación para la búsqueda y localización del policía del estado Miguel Ángel del Carmen Flores, visto por última vez el 27 de junio.
En un comunicado, la FGE explicó que también colaboran en la búsqueda soldados, policías del estado y agentes de la Policía Ministerial.
Indicó que el 28 de junio cuando la familia presentó formal denuncia activándose la ficha de búsqueda correspondiente, procediendo la Policía Investigadora Ministerial a hacer las primeras indagatorias.
Indicó que la FGE desde que tuvo conocimiento del hecho, se ha reunido con los familiares de la víctima para darles a conocer los avances en las investigaciones, así como las diligencias hechas; la última reunión se llevó a cabo ayer en la mañana antes de las operaciones de búsqueda.
La FGE pidió a la ciudadanía su colaboración con cualquier información que contribuya a dar con el paradero del desaparecido.
Dio a conocer que si la población tiene algún dato que pueda ser de ayuda, por favor llame al número de Atención Ciudadana: 747 494 2999 ó al 911.
El sábado y lunes pasados, los familiares y amigos del policía estatal Miguel Ángel, bloquearon los dos sentidos de la avenida
Costera, cerca de la glorieta de La Diana para exigir a la FGE su aparición con vida. (Argenis Salmerón).
El diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena sobre la elección de consejeros para el tercer Congreso Nacional Ordinario.
La elección interna se llevó a cabo en dos etapas. La primera fue el 30 de julio y la segunda el 25 de agosto, para reponer el proceso en sedes donde no se pudo llevar a cabo la votación. Sandoval Ballesteros impugnó los resultados de la elección de consejeros en el distrito 04 de Acapulco por el que es diputado federal. El 4 de septiembre de 2022 lo hizo per saltum en el Trife y el caso fue remitido a la CNHJ de Morena el 9 del mismo mes y año. La resolución se publicó el pasado 22 de marzo mediante la cual la instancia partidista declaró “inoperantes, infundados e ineficaces” los agravios expuestos por el denunciante.
En reacción a la decisión de la CNHJ, Sandoval Ballesteros recurrió nuevamente al Trife el 25 de marzo para impugnar la resolución, la cual fue nuevamente remitida a la Comisión, que dio cuenta el 27 de marzo de haber admitido el caso.
Sandoval Ballesteros señala que la Comisión incurrió en acciones en su perjuicio como la dilación en la resolución, omisión en la valoración de pruebas y análisis subjetivos.
En el recurso promovido, el diputado federal alega que el cierre del proceso fue el 21 de septiembre de 2022 pero la resolución la emitió hasta el 22 de marzo de 2023, lo que significa que “la autoridad responsable con su actuación ha dilatado la atención y resolución del procedimiento sancionador”.
En su escrito, el diputado enfatiza que transcurrieron 187 días, desde el cierre de la instrucción hasta la emisión de la resolución, cuando debió hacerlo en un plazo de 5 días o hasta 30 días como lo establece el Reglamento de la Comisión, “lo que demuestra una dilación en la procuración de justicia”.
“Resulta indudable la violación grave al derecho de acceso a una justicia pronta y expedita por parte de los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia como órgano intrapartidario en su función jurisdiccional”.
También señala que la CNHJ violentó seis artículos de la Constitución, sus derechos humanos pues hubo “una indebida y falta de valoración de las pruebas en su totalidad”, lo que perjudicó sus derechos como militante y aspirante al Congreso Nacional de Morena, pues la Comisión realizó “una indebida valoración de las pruebas, pues es claro que con suma ignorancia y bajo un criterio sesgado se limita a analizar de forma superflua los elementos de prueba”.
Agrega que como interesado en el caso, aportó los requisitos de modo, circunstancia y lugar, pruebas testimoniales y 23 videos “que debieron ser valoradas en su conjunto con las técnicas y no meramente de manera aislada lo que demuestra un claro perjuicio en desarrollar de manera ociosa por la responsable una simple afirmación y conjetura sin ir mas allá”.
Señala que la Comisión perdió tiempo y nada hizo por realizar diligencias que pudieran aportar al esclarecimiento del caso y resolver conforme a derecho, como solicitar un informe al gobierno municipal sobre la participación de la policía dentro y fuera de las sedes de votación en el distrito federal 04 de Acapulco; analizar la totalidad de la paquetería electoral para verificar que no se contabilizaron boletas electorales falsas; y verificar la totalidad de las actas de computo y resultados, que los testigos ofrecidos nunca fueron llamados a comparecer.
También se queja de que las pruebas ofrecidas fueron analizadas de manera “sesgada y subjetiva”, lo que derivó en que se declararan como insuficientes.
En su queja, el diputado solicitó al Trife que deje sin efecto la resolución de la CNHJ de fecha 22 de marzo y ordene a la misma “entrar al estudio de fondo del asunto planteado y resolver conforme a derecho”.
La votación para la elección de consejeros para el tercer Congreso Nacional Ordinario se realizó el 30 de julio. En el distrito 04 de Acapulco hubo tres sedes para recibir la votación: la cancha techada de la colonia Zapata, la explanada del parque Papagayo y en la cancha techada de Pie de la Cuesta. Las mujeres que resultaron electas en esa votación fueron la secretaria de Bienestar de Acapulco Leticia Lozano Zavala, la directora de Desarrollo Económico del municipio Elizabeth Parras Gutiérrez, la diputada local Beatriz Mojica Morga, Paula Jaimes Cabello y la líder vecinal Bernarda Torres Olmedo.
Entre los hombres electos también estuvieron funcionarios municipales como el director de Prevención Social y encargado del programa de Pipas de Acapulco, Estanislao Vital Radilla, el entonces director de Obras Públicas Alfredo García Vázquez, el ex coordinador de Servicios Públicos Alejandro Sotelo Urióstegui, el ex director de Desarrollo Económico Rodrigo Ramírez Olmedo y Pablo Aranda Gallardo.
Los resultados oficiales de los ganadores de la votación se presentaron el 1 de septiembre de 2022 y el 5 de septiembre se instaló el Consejo Estatal de Morena.
Las casas se justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa y de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), se deslindaron del respaldo que dieron la casa de justicia de Alcozacán y el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) a la policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de Buenavista, municipio de Chilpancingo.
La semana pasada, la casa de justicia de la CRAC-PF de Alcozacán, municipio de Chilapa y el Cipog-EZ, emitieron dos comunicados a los medios de comunicación en los que informan que los policías ciudadanos de la UPOEG de Buenavista se incorporaron a la casa de justicia de Alcozacán de la CRAC-PF.
A raíz del anuncio, los policías que antes eran de la UPOEG se pusieron la playera de la CRAC-PF y en conferencia de prensa la comandancia informó que en adelante se coordinarían con la casa de justicia de la CRAC-PF de Alcozacán.
En declaraciones por teléfono ayer, Antonino Toribio Gaspar, comandante de la policía comunitaria de la CRAC-PF de Ayahualtempa, y por separado, el recién nombrado comisario municipal de Rincón de Chautla, David Sánchez Luna, informaron que la decisión de apoyar a la policía de Buenavista no fue consultada a los pueblos y que por tanto carecen de su respaldo.
Los representantes desconocieron el acuerdo que mediante comunicados la CRAC-PF de Alcozacán y la dirigencia del Cipog-EZ dieron a conocer la semana pasada, según el cual la policía ciudadana de la UPOEG de Buenavista pasó a ser de la CRAC-PF y a raíz de ello se puso la playera de la CRAC-PF la semana pasada.
Antonino Toribio Gaspar dijo que ellos se enteraron por los medios de comunicación y mediante las redes sociales, y que no fue un acuerdo de asamblea.
“Es una nota informativa de la que se responsabiliza Jesús Plácido (el dirigente del Cipog) pero no tiene el respaldo de las comunidades, no se aprobó en las asambleas de los pueblos”, dijo.
Declaró que las comunidades no respaldan ese acuerdo porque no fueron tomados en cuenta, sino que fue una decisión sólo de la dirigencia del Cipog-EZ y de los representantes de la casa de justicia de la CRAC-PF de Alcozacán, pero ellos no representan ni pueden hablar a nombre de todos los pueblos.
“Nosotros no estamos respaldando esa decisión y como representantes nos meten en problemas con nuestros pueblos”.
Por su parte, el recién nombrado comisario municipal de Rincón de Chautla, David Sánchez Luna, quien este miércoles tomará protesta, dijo que ni su pueblo ni Zacapexco, (una comunidad vecina), no fueron tomados en cuenta y que por tanto no respaldan la decisión.
Dijo que cuando menos los dos pueblos de Rincón de Chautla y Zacapexco, no apoyan el acuerdo.
Informó que convocaron a una reunión en la comunidad y acordamos desmentir “todo eso que se está informando porque no estamos de acuerdo y le hacemos saber a los tres niveles de gobierno que como CRAC-PF no hemos acordado apoyar a ese grupo”, dijo.
Explicó que no están en contra de la policía ciudadana de la UPOEG de Buenavista, sino en contra del procedimiento de que sin que haya habido un acuerdo de asamblea, los representantes del Cipog-EZ y de la CRAC-PF de Alcozacán hayan decidido el apoyo a la policía de Buenavista.
Ayer policías del estado y militares recorrieron en conjunto caminos rurales de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Heliodoro Castillo (Tlacotepec) luego de la violencia que mantiene cerradas escuelas y hospitales en esa zona amapolera, informaron autoridades del gobierno del estado.
El sitio de Urvan que se dirigen a Tlacotepec de la Unión de Transportistas de Heliodoro Castillo en la capital cumplió 12 días sin reanudar servicio de transporte público, mientras que en las comunidades que no tenían energía eléctrica porque la cortó un grupo criminal, ya se restableció el servicio.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia en un boletín de prensa la tarde de ayer, indicó que desde las primeras horas se trasladaron policías y soldados para garantizar la seguridad.
“El operativo conjunto ocurre un día después de que el gobernador Héctor Astudillo Flores anunciara que soldados y policías patrullarían los caminos rurales de la sierra de Guerrero para detener las incursiones de los grupos delictivos que operan en la zona”, dice el comunicado.
En una nota del 19 de julio, El Sur informó que vecinos de varios pueblos de Heliodoro Castillo que se encuentran en la parte alta, adelante de Filo de Caballos, informaron que hay 19 pueblos que desde el 9 de junio, cuando fue atacado Izotepec, no tienen energía eléctrica ni servicio telefónico.
Las comunidades afectadas son Yextla, Izotepec, Chicahuales, Yerbasanta, Los Bajos, La Vuelta del Sur, Tiquimil, Escalerilla, Puerto la Guitarra, Pueblo Viejo, Las Juntas, Tejamanil, Campo Morado, Chilpancinguito, La Aurora, Renacimiento, Agua Zarca, La Guitarra y Puerto del Gallo.
Consultado por teléfono el presidente municipal de Heliodoro Castillo, el priista Juan Pedro Salgado Román informó que se restableció el servicio de energía eléctrica en las localidades afectadas, “ya me comuniqué con trabajadores de la CFE y dicen que ya se restableció la luz”, y agregó que ya cuentan con servicio telefónico.
Salgado Román dijo que otro de los problemas que tiene su municipio por estos hechos de violencia es el bloqueo a la carretera cerca de Corralitos, la suspensión del servicio de transporte público de Chilpancingo a Tlacotepec, el desabasto de alimentos básicos, gasolina, además de la suspensión de clases y disminuyó el servicio del Hospital Básico Comunitario de Tlacotepec.
Informó que en algunas escuelas hubo clases porque maestros viven en el municipio, y el hospital da servicio al 50 por ciento, “por los hechos que ocurrieron en Leonardo Bravo, docentes, médicos y enfermeras no subían a Tlacotepec por el temor de que pudieran ocurrir un hecho de violencia”.
El alcalde de Tlacotepec comentó que estos hechos los reportó a los funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Secretaría de Salud para que intervengan.
“El municipio se encuentra tranquilo, sólo el asunto es en Leonardo Bravo, pero poco a poco ya se está restableciendo la circulación de la carretera Leonardo Bravo a Tlacotepec, porque hoy (ayer) llegó una camioneta de Cometra a la cabecera municipal, eso quiere decir que ya habrá paso por esa vía”, declaró.
Agregó que las Urvan de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec continúan paradas, “desconozco cuándo van a reanudar las labores, ahí tiene que ver los transportistas, pero estaré al pendiente de este hecho”.
Un chofer de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec dijo que ayer iban a reanudar el servicio de transporte público, pero los comisarios de la sierra de Leonardo Bravo les pidieron que reanudaran el servicio hoy, porque tendrían una reunión en la comunidad de Los Morros para abordar el tema de Seguridad.
En el sitio del transporte público de Chilpancingo a Tlacotepec se observó que estaban estacionadas dos Urvan. (Luis Blancas / Chilpancingo).
Viudas y sobrevivientes de la masacre de 17 campesinos a manos de policías estatales en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, protestaron afuera del Aeropuerto Internacional General Juan Álvarez de Acapulco para exigir castigo a los autores materiales e intelectuales del crimen, a unos días de que se cumplan 23 años de lo ocurrido.
Unos 50 manifestantes caminaron del Centro de Integración Juvenil Acapulco Diamante al aeropuerto, poco más de 2 kilómetros, porque policías federales impidieron el paso de las tres camionetas Urvan del transporte público de Coyuca de Benítez en las cuales viajaban.
En la caminata al aeropuerto los manifestantes, la mayoría mujeres y adultos mayores fueron escoltados por los policías federales, y seguidos por agentes de la Dirección de Gobernación estatal y federal, por guardias de seguridad privada del aeropuerto y la empresa Serviseg que presta sus servicios al aeropuerto.
Un policía federal intentó persuadir a los manifestantes para impedir que llegaran al inmueble, bajo el argumento de que era “por seguridad del aeropuerto” y el ingreso únicamente para los pasajeros, pero llegaron y continuaron manifestándose hasta las 6 de la tarde que fueron atendidos por el asesor del gobernador Héctor Astudillo, César Flores Maldonado.
En pancartas señalaron a Rubén Figueroa Alcocer de la masacre, y hacen referencia a que es padre del candidato del Panal a la alcaldía de Acapulco, Rubén Figueroa Smutny.
El administrador del aeropuerto, Gustavo Mejía Romero intentó persuadir al contingente de manifestantes y sirvió como intermediario para que hubiera una mesa de diálogo con algún representante del gobierno del estado.
En respuesta a la petición de los manifestantes llegaron cinco jeeps con policías federales y antimotines de la Policía Estatal. En suma se reunieron 15 vehículos con policías que permanecieron en el sitio hasta que los manifestantes se retiraron.
Antes repartieron volantes a los usuarios del aeropuerto en los que se leía una breve síntesis de la matanza.
En éstos se informaba que la matanza ocurrió el 28 de junio de 1995 y que murieron en ella 17 campesinos y 23 más quedaron heridos.
Más tarde se informó que al concluir la reunión con Flores Maldonado acordaron que se entregarían apoyos por 10 mil pesos a cada uno de los afectados, como para la realización del aniversario luctuoso en Coyuca de Benítez, en el vado de Aguas Blancas con otras organizaciones.
Debido a los recientes hechos de violencia en esta ciudad se suspendieron los servicios de auxilio a la Policía Municipal después de las 10 de la noche, y se obliga a los agentes a utilizar chalecos antibalas, informó un agente.
Además ayer fue identificado el cuerpo del hombre de 35 años, de nombre José, empleado de un negocio de frutas y verduras en el mercado municipal, el cual fue hallado muerto a golpes la tarde del lunes, y de acuerdo a los reportes llevaba tres días desaparecido.
La Policía Municipal está desarmada, ayer un agente dijo que el lunes se les informó que el turno de la noche debe permanecer en el cuartel y no ofrecerá auxilio en colonias populares y comunidades, sólo en el centro de la ciudad con acompañamiento de policías estatales, federales o del Ejército armados.
La fuente indica que además se les dio la indicación de que todos deben de portar obligatoriamente su chaleco antibalas.
La medida dentro de la corporación policiaca se dio después de que el domingo ocurrieron distintos ataques a balazos, entre ellos uno contra del sitio de camionetas Urvan de la ruta Iguala-Tlacotepec, en donde fueron dejados narcomensajes en mantas, los cuales no fueron revelados por las autoridades.
En diferentes hechos, fuentes de la Policía Ministerial informaron que ayer fue identificado el cuerpo del hombre hallado muerto en un predio baldío de la colonia Pedregal de Iguala.
Fue identificado por sus familiares en la morgue como José de 35 años, vecino de ese asentamiento donde fue hallado muerto, quien era empleado de un negocio de venta de frutas y verduras en el mercado municipal Adrián Castrejón.
Sus familiares informaron a las autoridades que su pariente estaba desaparecido desde el viernes de la semana pasada, tres días antes de que su cuerpo fuera hallado.
