El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
El secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, informó que en Tierra Colorada dos grupos delincuenciales están en pugna, por el paso de la droga que llega a las costas de Guerrero de camino al centro y norte del país; así como en la ribera del Balsas otros grupos buscan el control de lo que produce la población para las minas.
Entrevistado en el Tribunal Electoral del Estado, tras la firma de un convenio con el INE, informó que la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública fueron los primeros en responder al reporte del ataque a la Policía Municipal de Juan R Escudero, en Tierra Colorada, el martes por la noche.
Quedaron muertos cuatro policías, entre ellos el director Juan Carlos Vitrago, y tres heridos. El funcionario indicó que la Fiscalía General del Estado realizó las primeras pesquisas y determinará el curso de la investigación, en tanto, la SSP, Guardia Nacional y Ejército, van a garantizar la seguridad para la población “evitar que se den estos casos”.
Del video anónimo de presuntos narcotraficantes, conocido en redes sobre un toque de queda antes del ataque a los policías, Méndez Gómez señaló que se entiende como “la lucha por espacios, por corredores que desde hace años se sabe que son pasos de la droga que desembarca en costas de Guerrero”.
Confirmó que son pugnas de dos grupos delincuenciales por el territorio, “es el análisis de reportes de inteligencia policial y de las fuerzas armadas. No es de ahora, en esta zona que pasa por el Valle del Ocotito y Tierra Colorada”, precisó.
Añadió que el Ayuntamiento designará al siguiente mando de la Policía Municipal.
Se le preguntó sobre la denuncia de pobladores de Nuevo Balsas, de la intención de La Familia Michoacana de controlar el territorio de la minera Media Luna, de la empresa canadiense Torex Gold en Cocula, que ha provocado ataques y la desaparición de vecinos de distintos pueblos en la zona del río Balsas.
Confirmó que “es otro control que quieren tener los grupos sobre las mineras, de lo que producen, sobre todo hacia la población”.
Añadió que la FGE también está haciendo la investigación y la SSP se reserva mayores datos, para no entorpecer las pesquisas.
Indicó que están acompañando a la Secretaría General del Gobierno, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda, para atender la demanda de búsqueda de desaparecidos.
En especial, en la zona ha habido protestas por la desaparición de pescadores en Mezcala, de siete caporales de Nuevo Balsas y cuatro campesinos de Tomixtlahuacán. Además de las recientes desapariciones de dos trabajadores de la minera Media Luna y un albañil el jueves pasado.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Yoloczin Domínguez Serna, dijo que el poder Legislativo está abierto a la posibilidad de realizar comparecencias o “mesas de trabajo” con la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, ante el incremento en los hechos de violencia.
En declaraciones en el Congreso local, después de dar la bienvenida a la Mesa de Trabajo Presencial de la Consulta Previa, Pública, Abierta y Regular a Personas con Discapacidad de Guerrero, para el proceso legislativo en materia de educación inclusiva, la diputada dijo que en septiembre valorarán realizar las comparecencias.
Aseguró que en el Congreso local “ha sido muy respetuosos” de realizar “ciertas acciones”, en referencia a llamar a comparecer a la fiscal y al secretario de Seguridad Pública, “porque consideramos que las instancias correspondientes, para llevar a cabo todos los temas de procesos de investigación, están haciendo su trabajo y nosotros le estamos dando ese respeto y la autonomía que se merece. En este caso es la fiscalía”.
La morenista dijo que “para nada estamos cerrados a los temas de comparecencias o mesas de trabajo”, sin embargo, de realizarse éstas, serían planteadas hasta septiembre porque ahora están en periodo de receso.
La violencia en la capital se desató desde los primeros días de julio y en diferentes partes del estado se han registrado hechos violentos, en las últimas semanas, cuando el Congreso local ha estado precisamente de vacaciones.
Reconoció que no es un tema que esté sobre la mesa en la Junta de Coordinación para ser abordado, y de plantearse, se tendría que “dialogar, detallar, con la junta, para que se pueda ya sacar alguna determinación. No estamos cerrados para nada”.
Precisó que será hasta que inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso local, es decir hasta septiembre, cuando “estaremos analizando la posibilidad de las mesas de trabajo con las instancias de seguridad y con la Fiscalía, para tratar estos temas”.
Yoloczin Domínguez señaló que el tema al que le están dando prioridad es a la designación de los cabildos instituyentes de Ñuu Savi, Las Vigas, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón, para cumplir con los tiempos que establece la ley, y los acuerdos a los que llegaron con los comités gestores.
La presidenta de la Junta de Coordinación recordó que en las mesas de trabajo que tuvieron con los comités gestores, acordaron que en la segunda quincena de agosto se tendrían ya las propuestas de cabildos instituyentes, planillas que serán llevadas ante las asambleas comunitarias, para que estas avalen estos nombres.
Hasta que las planillas sean aprobadas por las asambleas, el pleno del Congreso local podrá aprobar y designar a estos cabildos instituyentes, que rendirán protesta y estarán a cargo de la administración municipal por un año.
Agentes de la Marina realizaron una demostración de operaciones anfibias en playa Suave, cómo parte del arranque del Operativo Salvavidas 2022 Foto: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
La Secretaría de Marina puso en marcha el sábado el operativo Salvavidas Invierno 2022 en el que participarán 325 marinos, vehículos, embarcaciones, un helicóptero que hará sobrevuelos por mar y tierra para salvaguardar la integridad de turistas y acapulqueños.
En la ceremonia en la avenida Costera, en el tramo de Vía Rápida estuvieron autoridades estatales, municipales, representantes de cámaras empresariales y asociaciones civiles, se hizo una demostración anfibia en playa Suave de rescate de personas.
La exhibición consistió en que marinos a bordo de un barco rápido de rescate ayudaron a una persona que presuntamente estaba flotando en el mar; después a bordo de 6 lanchas se acercaron a la playa y bajaron varios marinos.
Del operativo, el comandante de la 12 Región Naval, el almirante Julio César Pescina Ávila dijo que la Secretaría de Marina va a proporcionar seguridad y vigilancia para salvaguardar la integridad de las personas en playa, aguas interiores y líneas de costa.
Agregó que para el operativo se desplegaron 325 marinos, 15 vehículos, 2 ambulancias, 11 embarcaciones menores, y una unidad área que realizará vigilancia marítima terrestre en coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno.
“Con estas acciones las y los marinos navales refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía de velar por su seguridad y salvaguardar la vida humana en la mar” precisó.
En la ceremonia estuvieron el comandante de la Novena Región Militar, el general Ricardo Flores González; en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez; el secretario de Seguridad Pública del municipio, Adrián Olivas Franco, empresarios y sociedad civil.
El despliegue de marinos será en la bahía de Acapulco, además de Puerto Marqués, Pie de la Cuesta y que estará hasta el 6 de enero del 2023.
El secretario de Seguridad Pu?blica del estado, Evelio Me?ndez Gómez, el sábado en el arranque del Operativo Salvavidas 2022 en Acapulco Foto: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
El secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez, declaró que el conflicto entre grupos del crimen organizado y su intento por controlar los precios de productos de la canasta básica en Tierra Caliente, Norte y Centro originan la violencia y homicidios en esas zonas.
Méndez Gómez fue entrevistado antes del arranque del operativo Salvavidas Invierno, que puso en marcha la Secretaría de Marina, sobre la situación de El Durazno, y dijo: “ahorita vamos a estar ahí, no podemos estar de forma permanente, tenemos que cuidar otras partes del estado”.
Abundó que en Guerrero “tenemos detectados varios grupos, La Familia Michoacana, a los Tlacos, a los Ardillos, al Cida en Acapulco, el cártel de Caborca, tenemos varios grupos que están incidiendo a nivel nacional, cártel Jalisco también tiene influencia, cártel de Sinaloa, son grupos que abarcan no nada más el estado, sino a varios estados de la República, más grupos locales”.
Enfatizó que sí “ocurren homicidios por rivalidad entre estos grupos, pero tratamos de buscar a través de inteligencia esos objetivos generadores de violencia para hacer las detenciones”.
De cambiar la estrategia de seguridad como lo proponen empresarios, respondió “hemos montado mil estrategias, y sigue la delincuencia, porque no es de ahorita la delincuencia en el estado, no debemos cambiar la estrategia, es la adecuada, lo que debemos buscar es incrementar la inteligencia y la presencia de la policía municipal”.
Además solicitó a la ciudadanía que denuncie “es muy importante, para poder actuar, porque desgraciadamente hablamos de muchos objetivos generadores de violencia, pero cuando empezamos las investigaciones no cuentan con ninguna orden de aprehensión y es ahí donde debemos trabajar con Fiscalía para buscar órdenes de aprehensión e ir sobre objetivos certeros y podamos bajar esa delincuencia”.
Detalló que en Tierra Caliente, el grupo de la Familia Michoacana, “este cártel mantiene una fuerte arraigo y predominio ahí, estamos buscando a través de la federación mantener un control porque el estado solo no vamos a poder. Sobre todo el control que mantienen en el precio de insumos, venta de gas, de todo, lo que mantienen de refresco, cerveza todo esto que mantienen la carne”.
También, dijo que hay problemas entre los municipios de Teloloapan y Apaxtla, “por la disputa entre los grupos de civiles armados de la comunitaria de Tecampanera y la comunitaria de Heliodoro Castillo, que mantiene una rivalidad y buscan controlar el precio de los insumos de la canasta básica, además de que buscan el control de las áreas donde operan empresas mineras”.
Sostuvo que en la región Centro, que representa los municipios de Chilpancingo y Chilapa se disputan la zona Los Ardillos y los Tlacos.
“Sí van bajando los índices delictivos, en Chilpancingo ha bajado, en Acapulco es la parte donde ya no se presentan como antes que eran cinco o seis homicidios al día, ahorita estamos teniendo, uno o dos, a veces tres, pero hemos bajado a como estábamos, no podemos negar lo que está ocurriendo, si ocurren homicidios por rivalidad entre otros pero tratamos de buscar con inteligencia esos objetivos generadores de violencia”, dijo.
De la comunidad el Durazno, donde hubo siete personas asesinadas, un menor de edad entre ellas, la dependencia estatal mantiene vigilancia con 12 policías en dos patrullas en una base que estableció la Secretaría de la Defensa Nacional y “vamos estar haciendo recorridos por aire, por tierra”.
Además dijo que los recorridos no nada más serán en El Durazno, sino también bajar a las comunidades como El Pescado, Santa Rosa de Lima.
“Ahorita vamos a estar ahí, no podemos estar permanente porque tenemos que cubrir otras partes del estado, entendamos que la Policía Estatal es coadyuvante del municipio, “la responsabilidad de la seguridad pública es primero responsabilidad del municipio de ahí viene el estado”.
El secretario de Seguridad Pública, Adrián Oliva Franco, en la presentación de su informe en la sesión de Cabildo Foto: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
En la sesión ordinaria de diciembre del Cabildo, el secretario de Seguridad Pública, Adrián Olivas Franco, informó que las colonias con mayor incidencia delictiva son Renacimiento, Centro, Progreso, La Sabana, Fraccionamiento Magalla-nes, Emiliano Zapata, Costa Azul y Club Deportivo; además, que se incrementó el robo de vehículos y que bajaron los homicidios dolosos.
A pregunta de regidores, respondido que son insuficientes los policías, que de los mil 16 que están activos, unos están comisionados para la seguridad de funcionarios y regidores; que se requieren por lo menos 2.8 por cada mil habitantes.
Olivas Franco explicó que no puede emitir una convocatoria para reclutar nuevos efectivos, porque necesita presupuesto para jubilar con “dignidad” a los policías con más antigüedad en la corporación.
De la vigilancia en estas vacaciones, dijo que más de mil 675 policías, soldados, marinos, guardias nacionales y del estado participan para salvaguardar la integridad de los turistas y acapulqueños, y recordó que habrá recorridos por mar.
El jefe policiaco justificó el uso del teléfono celular de los policías durante sus recorridos, porque “no tenemos equipo táctico y de comunicación”.
Detalló que el 90 por ciento de las cámaras del Centro de Atención de Emergencias funcionann, e invitó a los ciudadanos a que denuncien.
Respecto a porqué las cifras que tiene la SSP son diferentes a las que proporciona el Secretariado Eje-cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el jefe policíaco declaró que se debe a que la federación toma en cuenta las denuncias.
Las escalinatas del Ayunta-miento estuvieron resguardadas por policías antimotines, que permanecieron ahí hasta que concluyó la sesión que presidió la alcaldesa Abelina López Rodríguez.
En la sesión también compareció el director de Alumbrado Público, Erick Alberto Bello Jaimes, quien después de informar sobre las acciones para rehabilitar más de 10 mil luminarias, fue cuestionado por los regidores sobre el porqué no atiende las gestiones ciudadanas.
Bello Jaimes dijo que hay alta incidencia en el robo del cableado y que hay cortes de la Comisión Fe-deral de Electricidad, “eso hace que haga falta el alumbrado público”.
Los regidores priístas Manuel Añorve Aguayo y René Juárez Albarrán, y el de Movimiento Ciudadano, Genaro Vázquez Flores, se quejaron por la falta de atención a las gestiones que han hecho, algunas desde hace un año.
El director dijo que no contaba con un asistente y se disculpó por no dar atención a todas las solicitudes. Precisó que cuenta con 11 trabajadores en el área operativa, un vehículo y una grúa, que es rentada.
A pregunta de los regidores, dijo que el alumbrado que se instaló para las fiestas navideñas tiene un presupuesto de 2 millones de pesos.
La alcaldesa Abelina López, en su intervención, dijo que de 125 millones de pesos, se ha pagado 93 millones de pesos a CFE, de pago de alumbrado, y más de 8 millones 965 mil pesos de salarios; además de 4 millones de pesos de gasto operativo.
Abundó que son 9 mil 800 luminarias reparadas “con una miseria de 9 millones de pesos” y que esto se obtuvo gracias a la austeridad.
Otro de los puntos que se discutió fue el acuerdo que presentó la alcaldesa, para revocación y designación de los oficiales de Registro Civil de las localidades Texca, Sábana, Kilómetro 21, Los Órganos de Juan R Escudero y Centros Hospitalarios.
Además del acuerdo para que la segunda session ordinaria de Cabildo, correspondiente a diciembre, se realice en enero del próximo año.
El Secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo, Esteban Espinosa Montoya presentó su renuncia con carácter de irrevocable, luego de que se reveló que no pasó los exámenes de Control de Confianza, y de que el jueves un video difundido en Televisa confirmó que policías municipales participaron en la desaparición de un joven en diciembre en esta ciudad.
La mañana de ayer el Ayuntamiento de Chilpancingo difundió un comunicado en el que dice que Espinosa Montoya presentó su renuncia con carácter irrevocable, en un documento entregado al alcalde Jesús Tejeda Vargas el viernes y en el que “manifiesta el compromiso de coadyuvar con la autoridad correspondiente para el esclarecimiento de los hechos que se investigan relacionados con el desempeño de elementos de la corporación policiaca”.
Espinosa Montoya fue suboficial de la Policía Federal y estaba a cargo de la corporación desde el 26 de octubre de 2015, extraoficialmente se supo que fue propuesto por los gobernadores saliente y entrante Rogelio Ortega Martínez y Héctor Astudillo Flores.
En una nota publicada el 18 de enero en El Sur, se informó que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (Cecoco) desde marzo 2016 notificó al alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, que reprobó los exámenes de Control de Confianza para desempeñar el cargo, al igual que el subsecretario de la corporación, Salinas Meneses Edmundo.
La noche del jueves en el noticiero En Punto de Televisa que conduce la periodista Denise Maerker se difundió un video del viernes 29 de diciembre de la desaparición del estudiante de Enfermería y trabajador de la Secretaría de Salud estatal, Efraín Patrón Ramos de 24 años, donde se ve que estuvieron involucrados al menos cinco policías municipales de Chilpancingo.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres torturados por la Policía Ministerial durante siete días aparecieron vivos en la ciudad.
Ante estos hechos el 4 de enero policías federales, militares y estatales desarmaron a los agentes municipales y desde entonces están a cargo de la seguridad de la ciudad.
El 3 de enero Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales el 30 de diciembre en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados en un basurero en el lugar conocido como Tierras Prietas al norte de la capital.
El 12 de este mes el juez de control, Edgardo Mendoza Falcón vinculó a proceso por homicidio calificado por ese caso sólo al policía preventivo municipal Nicolás.
El secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, señaló que las autodefensas están “contaminadas” por los grupos delictivos que defienden sus intereses y se han convertido en un “perjuicio”, en lugar de una ayuda para el combate a la inseguridad.
En la ronda de preguntas y respuestas del panel Paz, Legalidad y Derechos Humanos para lograr un cambio de paradigmas, como parte del foro A favor de un estado de paz, con legalidad y derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, uno de los asistentes preguntó porque en Guerrero hay grupos de autodefensa, y si eso es bueno o malo en el combate a la inseguridad, en su respuesta, Pedro Almazán dijo que las autodefensas son “uno de los problemas que actualmente” tiene la entidad y que generan violencia.
El secretario de Seguridad Pública definió a las autodefensas como “grupos armados al margen de la ley. Lejos de ser un beneficio para la sociedad, los grupos de autodefensa se han convertido hoy más en un problema que en una solución acertada a los problemas de inseguridad que vive el estado”.
Explicó que los grupos de autodefensa son producto del incremento de la violencia que registró el estado desde hace algunos años, la insuficiencia de policías y la pérdida de confianza en las corporaciones policiales, aunado a la necesidad de los pueblos de proporcionarse seguridad y “a partir de una mala interpretación de la Ley 701” de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Agregó que esa ley “faculta a los pueblos originarios para regirse por usos y costumbres y adoptar un sistema de seguridad y justicia ciudadana acorde a sus necesidades”.
Pidió que a partir de su explicación fueran los propios asistentes quienes dedujeran si las policías comunitarias son buenas o malas. Dijo que el problema de las autodefensas comienza cuando estos grupos desvirtúan el propósito de su creación.
“Poco a poco, ese verdadero fin (autoproporcionarse seguridad) noble y hasta cierto punto justificable, se ha desvirtuado para defender intereses propios de algunos grupos delictivos que han estado incursionando y de alguna manera contaminando esos grupos de autodefensas, que en la mayoría de los casos han surgido al margen de la ley”.
Insistió en que las autodefensas son producto de una mala interpretación de la Ley 701 y puso como evidencia de que esos grupos no son integrados por pueblos originarios, lo que los ubica al margen de la ley y “defienden otros fines que no son la seguridad de los moradores de las diferentes comunidades”.
Abundó que esos grupos de autodefensa también usan armas de uso exclusivo del Ejército, lo que es irregular, porque no cuentan con permisos para ello y buscan “suplantar el monopolio del uso de la fuerza que solamente compete al Estado mexicano”.
Añadió que los grupos de autodefensas también cometen violaciones a los derechos humanos, homicidios y extorsiones, lo que lleva a la entidad a “mayores niveles de violencia y de impunidad en la mayor parte del estado”.
Aseguró que desde el estado se trabaja en el fortalecimiento de los cuerpos policiales con la depuración, capacitación y la profesionalización continua de las fuerzas policiales, para evitar los “abusos de poder de estos grupos armados al margen de la ley”.
Pedro Almazán confió en que por ser Guerrero un objetivo prioritario para el gobierno federal, se contará con el apoyo para fortalecer a las fuerzas policiales del estado.
Los desafíos de Guerrero
En su participación en el panel Paz, Legalidad y Derechos Humanos para lograr un cambio de paradigmas, Almazán Cervantes mencionó los desafíos en la agenda social, económica y de seguridad y en que enfrenta el estado, los cuales dijo son la evidencia del contexto en el que se trabaja en el estado.
Los desafíos en la agenda social y económica “son la marginación social y el desarrollo regional desigual, la necesidad de oportunidades productivas y de empleo; el embarazo no planeado en niñas y adolescentes; informalidad laboral y déficit en acceso a la seguridad social; dispersión poblacional; bajo acceso a desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; rezago en acceso a los servicios básicos; violencia intrafamiliar y exclusión a grupos vulnerables; rezago educativo; y mortalidad materno infantil, entre otros”.
Los desafíos en seguridad tienen que ver con los retos que impone la delincuencia en asuntos como narcotráfico, trata de personas y extorsión, delitos que “se traducen en violencias, víctimas y una alta percepción”.
“En Guerrero operan grupos de la delincuencia organizada en disputa por el control de espacios para sus actividades delictivas y en particular para la producción y trasiego de drogas, así mismo se tiene la presión de los grupos llamados de autodefensas, que disponen de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas cuyas acciones se traducen en mayor violencia”.
Agregó que también “hay grupos que desde perspectivas específicas del cambio social suponen una atención en materia de seguridad pública y seguridad interior”.
Pedro Almazán sostuvo que el gobierno del estado tiene la perspectiva que “el binomio desarrollo humano y seguridad exigen una visión y trabajo integrales. Hemos de fortalecer la seguridad social, la educación, la salud, la producción de servicios básicos, las comunicaciones y los programas de asistencia para promover el desarrollo incluyente, la equidad social y la igualdad de trato”.
En el panel también participaron el Procurador federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Luis Enrique Guerra García; la coordinadora de Operación de la Secretaría de Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Claudia Alonso Pesado, y el subsecretario de Educación Media Superior y Superior del estado, Arturo Salgado Urióstegui.
No afectan las operaciones el despido de los 206 policías
Almazán Cervantes aseguró que el despido de 206 policías no afecta la seguridad en la entidad, ni las operaciones nuevas o las permanentes.
En breves declaraciones al concluir el acto inaugural del Foro a favor de la paz, con legalidad y derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad en el centro de convenciones Mundo Imperial, en la zona Diamante del puerto, el funcionario dijo que en las regiones Tierra Caliente, Centro y Acapulco se concentran las operaciones de los 3 mil 270 policías activos.
Se le preguntó si habría modificación en el desarrollo de actividades enfocadas a la seguridad, luego del paro de labores de unos 600 policías en Chilpancingo el 29 de mayo, y respondió: “De ninguna manera, hemos tenido la gente suficiente para seguir nosotros operando a favor de la ciudadanía”.
El despido de los policías no afecta en nada, insistió y añadió que la policía del estado es “suficiente”, pero admitió que faltan más.
Del proceso de certificación aseguró que es permanente y está a cargo del secretariado ejecutivo del estado.
Agregó que en las zonas Tierra Caliente, Acapulco, Chilapa, Chilpancingo y Costa Grande la SSP mantiene vigilancia permanente.
Por indicaciones del gobernador Héctor Astudillo Flores fueron enviadas cuatro patrullas y 20 policías estatales al municipio de Tixtla, para prevenir más hechos de violencia.
A las 8:30 de la mañana entraron a la cabecera municipal las cuatro camionetas respaldadas por otras dos de la Policía Municipal, las cuales en convoy recorrieron el centro de la ciudad para posteriormente colocarse en las salidas a Chilapa y Chilpancingo.
El reforzamiento es únicamente en la cabecera municipal, la cual cuenta con una población de 54 mil habitantes y en la que en el último mes se han cometido continuos y brutales asesinatos.
Minutos antes de que partiera el convoy del Zócalo de Tixtla, el alcalde perredista Hossein Nabor Guillén informó que este miércoles sostuvo un encuentro privado con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
Dijo que por indicaciones del gobernador se dio el encuentro en Palacio de Gobierno, donde se acordaron las operaciones en conjunto con el gobierno municipal.
“Con el secretario buscamos la posibilidad, por indicaciones reitero del gobernador, de hacer operativos conjuntos para disuadir los hechos de violencia que se han dado en las últimas semanas en el municipio de Tixtla”, agregó.
Detalló que del municipio operan en un turno sólo 20 policías, los que se unirán a los 20 del estado para resguardar las entradas y salidas de la carretera Chilpancingo-Chilapa.
Dijo que en la reunión con el secretario también se planteó la necesidad de crear un proyecto para rescatar el tejido social en el municipio, ya que para su gobierno no se considera como única herramienta para luchar contra la violencia el uso de la policía.
Hay trabajo de investigación, afirma
El alcalde fue informado por el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, que además hay trabajo de investigación de manera paralela a las operaciones de seguridad instruidos por el gobierno del estado.
Dijo que se le informó que la línea de investigación en el hallazgo de los ocho cuerpos y los otros tres cuerpos encontrados en el libramiento, corresponden a ejecuciones de la delincuencia organizada.
“Nos aseguró que la línea de investigación es la de la delincuencia organizada, todas las muertes están relacionadas con esto, lo que no puedo asegurar son datos específicos, esos están por confirmarse”, señaló.
Las cuatro camionetas y 20 policías estatales, acompañados por los 20 municipales se colocaron en dos retenes, uno frente a la gasolinería ubicada en la salida a Chilapa.
En ese retén los policías estatales revisaron las camionetas de pasajeros que provenían de Chilapa y de Zitlala, bajaban a los usuarios para revisar sus pertenencias.
El segundo se colocó en la salida a Chilpancingo donde también revisaron a los automovilistas y conductores de motocicletas.
La mañana del martes tres hombres asesinados fueron hallados en el nuevo libramiento a Tixtla, entre ellos el ex regidor Luis Tenero Encarnación, y ese día en la noche se encontraron cinco hombres ejecutados en el viejo libramiento. Hace 11 días, el domingo 20, 9 cuerpos desmembrados fueron encontrados en la salida de la ciudad a Chilapa.
