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Deplora Artículo 19 acusaciones del alcalde de Taxco de que periodistas generan la violencia

Alejandro Guerrero

Iguala

La organización para la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, rechazó las declaraciones estigmatizantes del alcalde de Taxco, el empresario Mario Figueroa Mundo, en contra de periodistas –a quienes calificó de “pseudoperiodistas”– y con las cuales responsabiliza a quienes documentan los hechos de violencia del “secuestro” de 12 trabajadores del área de limpia en su municipio.
La denuncia en contra del edil que pretende la reelección en el municipio, ahora arropado por Morena, se da en medio de la crisis de desapariciones ocurridos en los últimos meses en esta ciudad turística, en la que reporteros han sido privados de la libertad y golpeados, y a una semana de la desaparición de 12 personas de las que se desconoce su paradero.
El fin de semana fueron publicadas declaraciones que el edil postulado por Fuerza por México, Mario Figueroa concedió a medios nacionales en las que atribuyó el secuestro de 12 trabajadores del Relleno Sanitario y la Unidad de Transferencia de residuos sólidos, así como el asesinato de una pareja de profesores a “pseudoperiodistas”, por presuntamente generar violencia en las redes sociales.
En las declaraciones del empresario, en las que además advirtió que no sería extraño que en los siguientes días pueda haber más homicidios como “resultado de hablar mal de los compañeros (trabajadores en las redes sociales)”, adjudicó todo lo que pasa en su municipio a los “pseudoperiodistas”, que, según él, “están generando violencias, desestabilidad (sic) y confusión social”.
En el comunicado difundido el domingo, la oficina para México y Centroamérica de la ONG, rechaza las declaraciones estigmatizantes realizadas por el alcalde taxqueño Figueroa Mundo, en contra de periodistas y comunicadores locales.
“El funcionario público, además de generalizar a la prensa como ‘pseudoperiodistas’, responsabiliza a quienes documentan los hechos de violencia por el secuestro de 12 trabajadores de limpieza en el municipio”, advierte la organización.
Detalla que en varias entrevistas para medios nacionales que concedió el edil, “realizó conjeturas en donde señaló que periodistas han generado desestabilidad en el municipio, con la finalidad de generar desconcierto en la sociedad”.
Advierte que este tipo de actos por parte de las autoridades, en particular del presidente municipal de Taxco, vulneran el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y tiene un efecto inhibitorio para la prensa.
Asimismo, Artículo 19 recuerda que las declaraciones del servidor público se dan en el contexto de que el mes pasado tres periodistas de Taxco y junto con familiares de ellos, fueron privados de la libertad durante una semana por presuntos criminales, además de la agresión a balazos en contra de otros cuatro en Chilpancingo.
La organización internacional exige al alcalde Mario Figueroa Mundo “abstenerse de discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las y los periodistas”, y puntualiza que las autoridades deben cuidar que sus declaraciones no estigmaticen la labor periodística dado a su rol público y el nivel de influencia que tienen en la ciudadanía.
De acuerdo con la organización, Guerrero se mantiene como una de las entidades con más agresiones contra la prensa, pues tan sólo en el primer semestre del 2023 documentaron 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, entre ellos, el homicidio de Nelson Matus que se mantiene impune.
“En este contexto de violencia continúa contra la prensa, y en un año con hechos particularmente violentos en el estado de Guerrero, es menester de las autoridades generar un ambiente que propicie la cobertura periodística, particularmente de hechos de seguridad que son de relevancia pública”, indica la ONG.
También indica que la Comisión Interamericana ha reiterado que en su responsabilidad del Estado se encuentra el “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
Hasta la tarde de ayer el edil Mario Figueroa no había dado respuesta o postura ante este exhorto, por el contrario, mediante sus redes sociales compartió videos y fotografías celebrando su cumpleaños en la sede del Ayuntamiento donde algunos subordinados, amigos y simpatizantes le llevaron música de viento, y en el Palacio Municipal festejó partiendo pasteles, tomando chocolate y comiendo tamales con sus allegados.

Siguen desaparecidos los 12 trabajadores

A una semana de la privación de la libertad y desaparición de 12 funcionarios, empleados del gobierno taxqueño y familiares, todos trabajadores del Relleno Sanitario y la Unidad de Transferencia de desechos, se desconoce su paradero.
Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado (FGE), no había actualizado información de los dispositivos de búsqueda para localizar a estas personas, y de acuerdo con el último comunicado, se informó que los operativos conjuntos con Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal, se habían ampliado al municipio vecino de Tetipac, zona en la que también opera la célula del grupo delictivo La Familia Michoacana, a la que se le han atribuido diversos hechos delictivos.
Los trabajadores privados de la libertad y desaparecidos entre el 23 y el 26 de diciembre son: Marcela de Jesús Valladares Jacobo, de 37 años, Hannia Montserrat Salgado Salas, de 20 años, Wendy Alejandra Salas Gutiérrez y la directora del Relleno Sanitario, Anabel Gutiérrez, aunque de ésta última no se ha emitido boletín de búsqueda.
Asimismo, Fernando Antonio Alemán Gutiérrez, de 47 años, y su hijo, Fernando Antonio Alemán Montenegro, de 20 años; además, los hermanos Diego Geovanny, Alan Rubén y Brayan Alexis Sainz Morales, de 18 y 22 años. También el jefe de la Unidad de Transferencia de Residuos Sólidos, Tomás Heladio Bustos Hernández, de 68 años, José Carlos Hernández Ávila, de 43 años y Fermín Alberto Sainz Avilés, de 22 años.

Sanciona el TEE a dos periodistas y exonera a tres por la denuncia de la edil capitalina de violencia política de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Por la denuncia de violencia política en razón de género que presentó la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, contra un reportero y columnistas del periódico Diario de Guerrero, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) amonestó y ordenó inscribir por un mes al columnista Efraín Flores Iglesias, y en corresponsabilidad a la directora del medio, Érika García Guevara, en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Declaró inexistente infracción contra el reportero y los columnistas Abel Miranda Ayala, Baltazar Jiménez Rosales y Juan Antelmo García Castro, del mismo medio de comunicación, también señalados en la denuncia.
De acuerdo con la sentencia aprobada en la sesión de este lunes, la información publicada el 12 de abril, 21 y 22 de octubre de este año, que firma Flores Iglesias, “contiene estereotipos de género, roles de sumisión que tienen efectos diferenciados y simbólicos por el hecho de ser mujer, que no se amparan en el ejercicio periodístico y el acceso a la información, como parte de la libertad de expresión que poseen periodistas”.
Señalaron que la directora tiene responsabilidad compartida con el autor de los textos, por la difusión. Sin embargo, calificaron como levísima la infracción e impusieron como sanción, una disculpa pública, el retiro de la información por contener violencia política en razón de género, y recibir un curso de género con bibliografía especializada.
Como garantía de no repetición, ordenó al IEPC inscribir a Flores Iglesias, a través de García Guevara, por un mes, en el registro de personas sancionadas.
Finalmente, exhortó a las personas sancionadas a evitar en lo subsecuente, “que las notas o columnas escritas y difundidas sobre Norma Otilia Hernández Martínez y de otras mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, contengan expresiones que hagan alusión a estereotipos de género, roles de dominación, sumisión o cualquier otra expresión que tenga por objeto denigrar o descalificar a las mujeres que ocupan cualquier cargo de elección popular”.

 

Dos periodistas presentan queja ante la Codehum contra la alcaldesa capitalina

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dos periodistas de Chilpancingo presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), en contra de la presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez, a quien acusan que desde sus conferencias de prensa de los lunes, “se ha dedicado a generar un ambiente de descalificación en contra de quienes cuestionan su a su gobierno”, y en particular a ellos.
Los columnistas, Efraín Flores Iglesias y Juan Antelmo García Castro, refieren que derivado de los señalamientos temen por su integridad física, “ya que la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, ha sido vinculada con gente armada a través de videos que circulan en las redes sociales”.
Los periodistas son dos de los cinco que fueron citados a declarar la semana pasada ante la Coordinación de lo Contencioso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
En su escrito de queja refieren que el 7 de agosto pasado la alcaldesa Hernández Martínez, presentó escrito de queja y/o denuncia en la vía de Procedimiento Especial Sancionador por presuntos actos constitutivos de violencia política en razón de género, en contra del periódico Diario de Guerrero y de los autores de las notas y /o columnas periodísticas denunciadas publicadas por el medio de comunicación referido, “entre los que nos encontramos nosotros los autores de las columnas Contexto Político y Tumbando caña, respectivamente”.
Denuncian que desde que se dio a conocer la citada queja y/o denuncia, en el expediente IEPC/CCE/PES/VPG/011/2023), la servidora pública “se ha dedicado desde sus conferencias de prensa matutinas de cada lunes a generar un ambiente de descalificación contra las personas que cuestionan a su gobierno, y muy en particular a los que denunció ante el IEPC, reporteros y columnistas del periódico Diario de Guerrero”.
Sostienen que a raíz de la queja ante el citado órgano electoral “se nos ha afectado para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y cuestionar los desatinos de la mencionada servidora pública y representante popular”.
Refieren que lo más grave de todo es que “tememos por nuestra integridad física, ya que la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, ha sido vinculada con gente armada a través de videos que circulan en las redes sociales”.
Aclaran que no tienen enemigos. “Cada uno de nosotros somos gente de paz y respetuosos de las instituciones y de las leyes”.
Insisten: “Tememos por nuestras vidas y desde este momento responsabilizamos a la C. Norma Otilia Hernández Martínez, presidenta municipal de Chilpancingo de los Bravo, de lo que nos pueda pasar a nosotros y a nuestras familias, ya que ha generado un ambiente de miedo y complicado para ejercer un periodismo libre, derivado de su intolerancia a las críticas que hacemos a la servidora pública, no como mujer”.
Destacan que el 28 de noviembre, cuatro reporteros fueron agredidos a balazos en esta ciudad capital, después de cubrir la nota de un trabajador del servicio público de transporte que fue asesinado a balazos, “entre ellos un colaborador del Diario de Guerrero”, de nombre Víctor Mateo Francisco”.
Asimismo recuerdan que el 22 de agosto del año pasado, a cuatro cuadras del Palacio Municipal de Chilpancingo, fue asesinado Fredid Román Román, autor de la columna La Realidad Escrita, crimen que hasta la fecha sigue impune.
Señalan: “La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, nos pone en riesgo ante los criminales que operan impunemente en el municipio de Chilpancingo, y violenta flagrantemente los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Aclaran que “somos periodistas, no de ahora, sino desde hace más de dos y hasta tres décadas, respectivamente. De ello hay constancia en reconocimientos que hemos recibido de clubes y asociaciones de periodistas estatales y nacionales”.
Piden que se les garantice su integridad física y la de sus familias, “así como el ejercicio de la labor periodística de los quejosos y nos sean otorgadas las medidas cautelares solicitadas”.

 

Condena Artículo 19 la agresión a reporteros y urge al Estado garantizarles la seguridad

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La organización Artículo 19 exigió al Estado su actuación por los cuatro periodistas que fueron atacados a balazos este martes en Chilpancingo mientras realizaban una cobertura.
En un comunicado de prensa señalaron que se encuentran en proceso de documentación del ataque contra Óscar Guerrero, de Primer Plano, Víctor Mateo de Ahora Guerrero, Jesús de la Cruz de El Jaguar, y Héctor Camacho.
“Ante estos contextos de vulneraciones críticas al gremio periodístico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que, en aquellas regiones en las cuales los y las periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este grupo de personas, el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección”.
La organización exigió a la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensores de Derechos Humanos, la coordinación con el Mecanismo Federal de Protección para la atención inmediata a los periodistas y sus familiares con el fin de “garantizar su seguridad y protección”.
De igual forma solicitó a la Fiscalía estatal realizar una investigación de forma “diligente y expedita” con la correcta aplicación del Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión.
La organización recordó que desde el pasado 17 de noviembre, pidieron a las autoridades a proteger a los periodistas de Guerrero tras publicaciones de amenazas e intimidaciones digitales contra periodistas.
Señalaron que Guerrero es un estado que se encuentra en violencia continua y han documentado amenazas y actos de intimidación contra periodistas, concretamente de aquellos que realizan cobertura de seguridad.
“En las últimas semanas la organización ha documentado la continuidad de las amenazas y actos de intimidación hacia periodistas, particularmente quienes realizan cobertura periodística de seguridad sobre la violencia en el municipio de Iguala por parte de integrantes de las estructuras del crimen en Guerrero” agregaron.

Lamenta AMLO la agresión a reporteros en la capital; destaca los “rescatados” en Taxco

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el ataque a balazos que sufrieron cuatro reporteros en Chilpancingo después de cubrir un hecho de violencia al mediodía de este martes.
Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, López Obrador indicó que dos de los agredidos se encuentran graves. De igual forma se refirió a las seis personas de Taxco, tres periodistas, que se encontraban secuestradas.
“Tenemos que lamentar esto. Cuatro periodistas baleados, dos están graves, uno más en Apatzingán. También una buena es que habían secuestrado a seis periodistas en Taxco, Guerrero y ya rescatamos a los seis”.
Y se comprometió a que este jueves se brindarán más más detalles e información respecto a la agresión ocurrida en Chilpancingo. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).

Demandan reporteros garantías para su labor; sigue la impunidad, advierten

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

En el 85 aniversario de su fundación, integrantes del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), delegación Chilpancingo, señalaron que continúa la impunidad en las agresiones a periodistas y demandaron a los tres niveles de gobierno generar políticas públicas que garanticen la libertad de expresión.
En su posicionamiento, el secretario general del SNRP, Abel Miranda, dijo que Guerrero es un estado que se considera el segundo de mayor riesgo en México para la actividad de los periodistas, y el país es el más peligroso del mundo para esta actividad.
Externó que en todo el mundo, los periodistas son víctimas del acoso, criminalización, encarcelamiento, violencia, e incluso la muerte, simplemente por hacer su trabajo.
“En Guerrero ese tipo de situaciones se incrementan de manera descomunal, solo basta ver que en los dos años que tiene el actual gobierno se han registrado seis ataques a balazos contra periodistas; cuatro de ellos perdieron la vida, dos fueron lesionados, y, además, un compañero fue encarcelado de manera impune en la región de la montaña sólo por denunciar irregularidades en el manejo de programas federales”, dijo en el posicionamiento.
El secretario general manifestó que otros periodistas han sido golpeados por agentes de la policía en la cobertura de manifestaciones. “El factor común es que todo esto ocurre sin que las autoridades responsables de procurar justicia actúen para hacer su trabajo y todo queda en la impunidad”.
Lamentó que la Comisión de Derechos Humanos “es un ente dormido”, que recibe quejas por las agresiones pero no actúa, no investiga, no emite recomendaciones, por lo que con su actuar es parte del manto de impunidad que cubre a quienes atentan contra los periodistas.
Además, detalló que en Guerrero existen zonas de silencio propiciadas por amenazas contra comunicadores que han sido desplazados, y quienes aún se mantienen en sus espacios tiene que reducir sus coberturas, no publican cosas que generen riesgo y definitivamente no pueden informar.
Precisó que en esta situación están municipios como Chilapa, Tixtla, Quechultenango, Iguala y todos los de la Tierra Caliente, donde la mayoría de los medios de comunicación han desaparecido o cambiado.
Abel Miranda dijo que en los últimos años los periodistas además de las amenazas y atentados, han tenido que luchar contra leyes mordaza que impiden el libre ejercicio periodístico.
Destacó que a 85 años de la fundación, el SNRP demanda a las autoridades de los tres niveles de gobierno políticas públicas que garanticen la libertad de expresión y el derecho de informar no sólo en el papel sino en la realidad que se vive.
Solicitó que se establezcan acciones de fondo para que los periodistas desplazados regresen a sus lugares de origen, que existan verdaderas investigaciones de los crímenes y que no haya criminalización para quienes hacen la labor periodística.

Exhorta Artículo 19 a autoridades a otorgar medidas de protección a periodistas en Iguala

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Artículo 19 exhortó al gobierno de Guerrero, a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a otorgar medidas de atención por amenazas a periodistas en Iguala.
Mediante un comunicado de prensa, la organización defensora de la libertad de prensa con sede en Londres señaló que periodistas de Iguala recibieron amenazas de muertes de perfiles relacionados con grupos delictivos.
“Periodistas de la zona de Iguala, recibieron amenazas de muerte de parte de dos perfiles de la red social de Facebook Guerrero Libre CDS tlacos y Empresas Unidas de Guerrero, que públicamente se han ensañado en utilizar este tipo de publicaciones para generar incertidumbre y gozar de impunidad total”.
Debido a dichas amenazas, la organización exigió a la FGR una coordinación para las investigaciones correspondientes, mientras que al Mecanismo se le pidió contactar a los periodistas para hacer una evaluación de riesgos, mientras que al gobierno estatal se le pide que cumpla con su responsabilidad legal.
“Al gobierno del estado de Guerrero, que también realice las acciones correspondientes para atender a las víctimas, así como cumplir cabalmente con la responsabilidad que le confieren las leyes locales, nacionales y tratados internacionales”.
Señalaron que en Guerrero las autoridades locales han quedado exhibidas ante su posible colaboración con grupos de la delincuencia organizada, destacando que Iguala es un soporte para estos colectivos criminales.
“Las autoridades locales han sido evidenciadas ante el posible contubernio con múltiples grupos de la delincuencia organizada, que pululan por los destellos de la macrocriminalidad, en donde Iguala de la Independencia, ocupa un arista del entramado delincuencial que abarca los tres niveles del gobierno, por lo que gran parte de la sociedad de ese estado, se encuentran en el desamparo” indicaron.
Respecto a las amenazas en cuestión, precisaron que se publicaron en Facebook el 12 de junio pasado, después de que los periodistas difundieran información e investigaciones sobre el desempeño de las autoridades locales como obras y actividades públicas.
“La última amenaza data del día nueve de agosto de 2023, en donde de nueva cuenta enlista a varios periodistas de Iguala, lo inaudito y crudo es que las amenazas van adjuntas algunas fotografías, captura de pantallas y mensajes intimidantes en cualquier horario y colocar supuestamente su ubicación”.
Recordaron el asesinato del locutor Pablo Salgado en Iguala en junio, así como el homicidio del director del portal Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña, en Acapulco durante julio, asegurando que las autoridades se han visto “inoperantes” ante estos casos.
“El grado de riesgo para realizar el trabajo periodístico n el estado de Guerrero, provoca que se corra el riesgo de tener zonas de silencio, ante el desplazamiento inminente, por el hostigamiento de la delincuencia organizada, las ausencias de las autoridades y la corrupción”, manifestaron.
Destacaron que debido a la falta de transparencia en los gastos de aspirantes a cargos públicos que demandan los intereses de un sector en el estado, lo que complica el ejercicio de labores periodísticas.
“La grave situación de inseguridad y derroche de la publicidad en las pre elecciones, establece una agenda política, dentro de la cual no hay manera eficaz de transparentar los gastos de precandidatos y sus seguidores, dejando un amplo margen para el derroche de recursos económicos que interpelan intereses de las cúpulas caciquiles del estado de Guerrero, lo que desgraciadamente es un detrimento para el gremio periodístico, ante el ejercicio de su labor”.
En tanto que afirmaron que el Mecanismo de Protección actuó con “opacidad” indicando que periodistas han recibido invitaciones para la revisión de las medidas, pero que han sido cambiadas sin explicación alguna.
“Señalamos que corresponde a los tres niveles de gobierno, el cumplir con el abanico de obligaciones que las leyes nacionales y tratados internacionales les embiste y generar las condiciones necesarias para el libre ejercicio del periodismo” determinaron.
Agregaron que en los últimos tres años, se han documentado 104 hechos de agresión a periodistas, en los que no se han dado a conocer mayores datos, además de existir cien por ciento de impunidad en los casos de periodistas desaparecidos, señalando que es una constante.

Protestan periodistas en la Casa Guerrero de Cdmx por el asesinato de Nelson Matus

Colegas colocan fotografías de Nelson Matus en la Oficina de Representación del estado de Guerrero en la colonia Polanco de la capital del país Foto:?Juan Luis Altamirano

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Periodistas locales, nacionales e internacionales, se manifestaron este martes en las instalaciones de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero en Ciudad de México, para exigir justicia por el homicidio de Nelson Matus Peña.
Cerca de 50 periodistas se dieron cita en el inmueble del gobierno del estado de Guerrero, ubicado en la colonia Polanco, donde se realizó una clausura simbólica de la oficina, se colocaron fotografías de Matus Peña y se entregó una carta.
En un comunicado compartido por la organización defensora de la libertad de prensa Artículo 19, se destaca que el país resulta uno de los más peligrosos para desarrollar el oficio periodístico.
“Con el asesinato de Nelson Matus, en el actual gobierno ya suman 49 crímenes contra nuestros colegas. Esto en un clima de inseguridad y violencia crecientes, sin que estos delitos hayan sido investigados y sin que, como hemos exigido en múltiples ocasiones, haya un plan de prevención frente a esta violencia específica contra periodistas en nuestro país”, señalaron.
En este comunicado, firmado por 172 periodistas y organizaciones, se exige el esclarecimiento y justicia por el homicidio del director de Lo Real de Guerrero, así como de todos los crímenes en contra de la libertad de expresión.
Por su parte, el periodista desplazado Jonathan Cuevas, de la Agencia Periodística de Investigación, señaló que se exige justicia por el homicidio de Matus Peña, destacando que prevalece una situación de inseguridad y violencia, tanto en Guerrero como en el país.
“Venir y exigir justicia por un compañero más que ha sido asesinado en nuestro estado de Guerrero, condiciones que prevalecen en la República Mexicana y por lo que hoy venimos a exigir, una vez más, porque lo hemos hecho en infinidad de ocasiones. Venimos a exigir garantías de seguridad para todos los compañeros periodistas”, dijo Jonathan Cuevas.
Puntualizó que concretamente en Guerrero no se puede realizar labor periodística en la sierra, Chilapa y Tierra Caliente, exhortando al gobierno federal a que ponga énfasis particular en estas zonas, pues no se puede permitir que sigan asesinando periodistas.
Recordó que ya antes, Nelson Matus ya había recibido amenazas y en 2019 fue víctima de un atentado, además de ser hostigado y perseguido, sin contar con protección por parte del gobierno federal.
“Siempre fue conocido que él, todo el tiempo, sufrió amenazas. Ya había sufrido un atentado en 2019, siempre estuvo siendo hostigado, fue amenazado, perseguido y no es posible que el gobierno federal no haya garantizado su seguridad”, declaró el periodista desplazado.
Aseguró que varios grupos delictivos que se dedican al narcotráfico trabajan en colusión con autoridades de todos los niveles y criticó que se hayan creado portales digitales de noticias, que se hacen pasar por medios de información formales, pero que en la realidad operan directamente para el crimen organizado.
Reiteró la petición generalizada de justicia en el caso de homicidio del periodista Matus Peña, señalando que se busca que el asesinato no quede impune y no se tenga un castigo para los responsables.
“Queremos que este caso, del compañero Matus, no se quede como un asesinato más, sin que haya justicia. Exigimos justicia para Nelson Matus”, externó Jonathan Cuevas.
Por su parte, Julio César Zubiliaga, director del Diario de la Tarde y que también es periodista desplazado, indicó que el número de víctimas va en aumento pero no se castiga a los responsables.
“Cada vez es mayor el número de víctimas y ni uno, ni un presunto responsable pagando una condena por estos hechos”, mencionó.
Añadió que existe tristeza e indignación por el homicidio de Matus Peña, destacando que actualmente, las acciones que realizan los grupos del crimen organizado se quedan en la impunidad.
“Nos sentimos profundamente consternados, tristes e indignados por la forma en la que ha sido privado de la vida el compañero, creemos que es demasiada la impunidad con la que hoy actúan los grupos del crimen organizado”, externó Zubiliaga.
Indicó que la vida de quienes se dedican al ejercicio periodístico están depende de la decisión que tomen los distintos grupos del crimen organizado que proliferan en todas las regiones del estado.
“Hoy en día todos, todos estamos expuestos a perder la vida en el momento que esos grupos lo decidan, sin que tengamos la más mínima protección para poder cumplir con nuestra responsabilidad, que es en beneficio del pueblo”, comentó.
Luego de los discursos, se realizó un pase de lista de aquellos periodistas que recientemente han sido asesinados. La protesta inició a la 1 de la tarde de este martes y estaban presentes representantes de Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, además de periodistas de distintos medios y trabajadores independientes.

 

Piden periodistas de la zona Norte y Tierra Caliente seguridad para su labor

Reporteros de diversos municipios de Tierra Caliente se manifestaron afuera de la Fiscalía Regional en Coyuca de Catalán para exigir mayores garantías en su labor Foto: El Sur

Alejandro Guerrero e Israel Flores

Iguala/ Ciudad Altamirano

En el acto conmemorativo por el Día de la Libertad de Expresión, reporteros de Iguala y Tierra Caliente exigieron a los tres órdenes de gobierno garantías de seguridad para ejercer el periodismo, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que reactive la oficina del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas para que atienda las necesidades del gremio.
En Iguala, las 9 de la mañana colocaron una ofrenda de flores y realizaron un mitin en el monumento a los Héroes ubicado en el crucero del Periférico Oriente y la lateral de la carretera federal México-Acapulco, acto en el que hubo resguardo de efectivos de la Policía Estatal, a solicitud de la delegación 30 del Sindicato Nacional de Redactoras de la Prensa (SNRP), luego del reciente homicidio del locutor de radio y cronista de jaripeos, Pablo Salgado y por amenazas que antes ya han recibido algunos reporteros de este municipio.
La secretaria general de la delegación 30 del SNRP, Hilda Avilés Camarena exigió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantías para ejercer un libre periodismo en el país, “porque nuestro único delito es mantener informada a toda la ciudadanía”.
En tanto que a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, le solicitó “enérgicamente” la reactivación de la oficina regional del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas con sede en esta ciudad, ya que actualmente no cuenta con los servicios básicos para atender a los compañeros que los requieren.
Indicó que los gobiernos están obligados a proteger el derecho de la libertad de expresión, así como el de buscar, recibir y difundir información de todo tipo.
Lamentó que en nuestro país se siguen dando agresiones y asesinatos contra periodistas, tarea que los tres órdenes de gobierno deben de poner especial atención. “México debe seguir siendo un país de libertades, en el que la crítica, los cuestionamientos y la investigación que conllevan al ejercicio de la libre expresión, sigan siendo necesarios, como uno de los pilares de la democracia”.
Demandó que no haya más atentados contra periodistas, y dijo que en lo que va del año han ocurrido más de cinco asesinatos en contra de periodistas de diferentes medios de comunicación, “sin que las autoridades encargadas de justicia hayan dado a conocer el avance de las investigaciones por estos hechos”.
Pidió un minuto de aplausos para los periodistas que han fallecido o que han sido asesinados en el cumplimiento de su labor.
En su intervención, la periodista Virginia Barrios se sumó a la exigencia de garantías de seguridad para todos los periodistas y la población en general por los momentos tan difíciles de violencia que se viven en el país, el estado y el municipio, “los tres órdenes de gobierno deben coordinarse para salvaguardar la integridad física y patrimonial de todos los mexicanos”, sentenció.

En Tierra Caliente, recuerdan a Cecilio Pineda

Unos 20 reporteros de municipios de Tierra Caliente, pertenecientes a la sección 33 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), se manifestaron con pancartas afuera de la Fiscalía Regional con sede en Coyuca de Catalán para exigir garantías para su labor, en el Día de la Libertad de Expresión.
El líder de la sección 33, Jesús Benítez Jiménez, dijo que en Guerrero ha sido complicado ejercer el periodismo. “En Tierra Caliente también vivimos condiciones de riesgo para el ejercicio periodístico, recientemente tuvimos un caso con la visita de la gobernadora, donde su personal de seguridad agredió a los reporteros, por eso queremos hacer un llamado a la gobernadora para que atienda estos casos y se respete el ejercicio periodístico y la libertad de expresión”.
Dijo que “Tierra Caliente necesita más garantías para ejercer el periodismo, más respeto de las autoridades de los tres niveles de gobierno”.
El grupo no ingresó a la Fiscalía, sin embargo, el edificio ya era resguardado por seis policías ministeriales con armas largas en la entrada donde se encuentran las oficinas de los ministerios públicos.
La manifestación comenzó a las 10 de la mañana y se mantuvo el plantón por una hora en la entrada de la Fiscalía, sin obstruir las actividades. Mientras se realizaba la manifestación arribaron dos patrullas de la policía estatal. También hizo recorrido el Ejército, además de los elementos de la Fiscalía que ya se mantenían en la entrada del edificio, donde están las oficinas.
El dirigente regional del SNRP, dijo que se hará entrega de un pronunciamiento ante la oficina de defensa de los derechos humanos y expresó el sentir de los reporteros en Tierra Caliente.
Se recordó también a Cecilio Pineda, el periodista asesinado en el 2017, caso del cual a la fecha no se ha tenido algún informe de resultados.
En el grupo también participó el reportero Jesús Pintor Alegre, quien fue levantado en diciembre del 2022 y apareció con golpes semanas después.

 

Exigen justicia por el asesinato del reportero Gerardo Torres Rentería

Argenis Salmerón

El sábado pasado el cuerpo del ex corresponsal de Telemundo en Acapulco, Gerardo Torres Rentería, acribillado a balazos el jueves pasado en su casa en la colonia Icacos, fue sepultado en el Panteón del Palmar, ubicado en la zona rural de Acapulco.
Mientras que el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) delegación Acapulco exigió justicia por el asesinato del reportero.
Los familiares se quejaron que el cuerpo fue entregado después de 20 horas del hecho y que la Fiscalía General del Estado (FGE) no autorizó la entrega por supuesta investigación.
El sábado en la tarde, el cuerpo de Torres Rentería salió de la funeraria Cipress, ubicada en la avenida Michoacán, al panteón de El Palmar, cerca del poblado de Paso Texca.
Desde hace un año, Torres Rentería dejó de colaborar para la empresa Telemundo, pero siguió subiendo información a su portal de noticias Red Noticias, dijeron sus familiares.
Agregaron que Gerardo Torres, de 59 años, dejó el campo de trabajo por cuestiones de salud y recordaron que trabajó en Tv Azteca Guerrero, Reuters y Telemundo como corresponsal los dos últimos.
El SNRP en Acapulco exigió justicia ante los “hechos arteros que terminaron la vida del ex reportero Gerardo Torres Rentería”.
En un comunicado la SNRP, recordó que
hace menos de 10 días, en un foro organizado por esta delegación, se exigían garantías para los comunicadores y para la ciudadanía en general.
Ilusamente pensamos que las autoridades tomarían cartas en el asunto y aminoraría los índices delictivos de ataques a reporteros y periodistas”, señala el documento.
A la fiscal General de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, le exigieron “justicia de inmediato. No queremos que quede impune y en el olvido, como muchos otros que están sólo en carpetas de investigación”.
Expuso que la inseguridad ha sobrepasado en todo, el control de las autoridades locales, estatales y federales; “es urgente que este y todos los casos de agresiones contra periodistas y reporteros sean resueltos sin chivos expiatorios”.
Solicitó una investigación a fondo porque en la casa de Torres Rentería no terminaban las diligencias de ley, “y el compañero ya había sido criminalizado e inmiscuido con grupos delincuenciales”.
“No más crímenes que atentan y terminan con la vida de quienes dan y han dado la vida por este noble oficio”, concluye el documento.