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Exoneran a periodistas de denuncia de magistrada por violencia de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (PJF) declaró por unanimidad la inexistencia de violencia política en razón de género atribuida a los periodistas del portal El Tlacolol, y confirmó la identidad de la denunciante, quien durante el procedimiento sólo se identificó como dato protegido: la magistrada de Circuito de Tribunal Colegiado de Apelación del 21, en Acapulco, Yolanda Mora Silva, electa el 1 de junio de 2025.
La entonces candidata al Poder Judicial denunció a los periodistas Emiliano Tizapa Lucena, Arturo de Dios Palma Ocampo y Jesús Guerrero Salgado, por la difusión de notas publicadas en internet el 23 y 27 de mayo, durante la campaña de la elección del Poder Judicial.
En una de ellas, El Tlacolol señaló que “la jueza de control del Tribunal de Justicia local, Yolanda Mora Silva, es la carta fuerte de Morena y el gobierno estatal para que gane la elección de este domingo para la magistratura del Tribunal de Circuito con sede en Guerrero”. Mencionó además que su esposo es el magistrado del TSJ de Guerrero, Paulino Jaimes, y que la jueza fue la que vinculó a proceso al Jefe de la Policía de Chilpancingo, Germán Reyes Reyes, como presunto autor intelectual del homicidio del alcalde Alejandro Arcos Catalán, en noviembre de 2024.
De acuerdo con la resolución, la candidata también demandó al morenista Ernesto Fidel Payán Cortinas por publicaciones en Facebook sobre nepotismo y amiguismo.
El Instituto Nacional Electoral (INE), sustanció un Procedimiento Especial Sancionador (PES) que resolvió la Sala Superior el pasado 17 de diciembre de 2025. Desde agosto, los periodistas señalaron era una agresión a la libertad de expresión, por el desgaste económico que implica un juicio electoral.
El asunto se turnó de manera directa a la ponencia de la magistrada de Sala Superior, Claudia Valle Aguilasocho, que en el estudio de caso señaló que la intención de Payán Cortinas en su comentario en Facebook, fue comunicar que no votaría por la quejosa en la elección judicial porque al ser esposa de un magistrado avalaría el supuesto nepotismo, lo cual “es una simple manifestación de opinión en ejercicio de su labor periodística”.
Asimismo, señaló que en las manifestaciones atribuidas a El Tlacolol no se emplearon estereotipos de género en su perjuicio, sólo la intención de informar sobre diversas circunstancias que se advertían en el estado de Guerrero, y el ambiente que permeaba en el marco del desarrollo del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación.
Del reportaje aclaró que la referencia que se hizo a su participación como candidata a Magistrada de Circuito en esta entidad, de que era la carta fuerte de un partido político y del gobierno local para ganar la elección no hace alusión a su actuación como servidora pública del Poder Judicial local.
Incluso, destaca que la publicación dice que antes del arranque de campaña la candidata realizó profusas actividades políticas en las redes sociales, supuestamente con el consentimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
“Aunque el artículo hace una referencia a su vínculo conyugal, como esposa de un magistrado local, el análisis integral de las expresiones del mensaje permite concluir que ese dato sólo fue de naturaleza informativa, y no se relacionó de forma directa con su candidatura a Magistrada de Circuito”.
Advirtió que las expresiones no tenían el propósito de menoscabar sus capacidades o aptitudes o invisibilizar sus logros. Enfatizó que, “aún cuando pudieran considerarse críticas severas, vehementes, molestas o perturbadoras respecto de su actuación como juzgadora local, la quejosa se encontraba sujeta al escrutinio público más intenso, al participar como candidata en el proceso de elección del Poder Judicial de la Federación, en función del interés general y del derecho de la ciudadanía a recibir información útil para emitir un voto libre y razonado”.

 

Fallece Víctor Wences, director de Radio UAG; destacan su compromiso con las causas populares

Víctor Wences participa en la conferencia mañanera del ex presidente Andrés Manuel López Obrador del jueves 23 de noviembre de 2023, en la base naval de Acapulco, a casi un mes del impacto del huracán Otis Foto: Facebook de Víctor Wences

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

Víctor Hugo Wences Martínez, periodista y director de la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero (Radio Universidad) falleció ayer por la tarde a los 57 años en un hospital de Morelos por severas complicaciones en su salud. Su cuerpo llegó a las 11 de la noche a Chilpancingo y fue velado en la funeraria Santa Cruz.
Wences Martínez permaneció más de cinco días en la clínica del ISSSTE de Chilpancingo y en el hospital regional Vicente Guerrero en Acapulco, de donde al mediodía de ayer fue trasladado al nosocomio de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE, en el municipio Emiliano Zapata del estado de Morelos, donde murió.
Tras su deceso, periodistas, medios de comunicación, políticos, organizaciones e instituciones de gobierno lamentaron su muerte y reconocieron su trayectoria social y periodística desempeñada principalmente en la radio.
El comunicador fue internado la tarde del viernes 18 de julio en la clínica hospital del ISSSTE de Chilpancingo. La familia no informó la causa de su padecimiento, aunque amigos que acudieron al hospital informaron que sufrió una hemorragia gastrointestinal.
El sábado por la tarde, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) solicitó con urgencia donadores de sangre O RH Positivo para el director de Radio Universidad debido a los niveles bajos de plaquetas.
Tras gestiones para llevarlo a un hospital especializado, el domingo por la tarde fue trasladado al ?Vicente Guerrero del IMSS?en Acapulco.
Fue hasta el martes al mediodía que las alarmas entre el gremio periodístico se encendieron debido a que su salud no mostraba mejoría. Los médicos informaron a la familia que su estado de salud era crítico y que requería una atención más especializada.
Más de 100 reporteros, defensores de derechos humanos y trabajadores de medios de comunicación solicitaron de manera urgente en una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda; al rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán y a las autoridades de ISSSTE en Guerrero su traslado a un hospital de tercer nivel fuera de la entidad.
El mismo martes por la noche se informó que familiares del director de la emisora de la UAG mantendrían contacto con las autoridades estatales quienes les confirmaron que todo estaba previsto para su traslado a un hospital de Morelos o de la Ciudad de México, pero en cuanto hubiera disponibilidad de espacio y que además dependería de la evolución médica del paciente.
La “petición especial”, según fuentes cercanas, habría sido realizada por el gobierno de Guerrero.
Fue alrededor de las 11:30 horas de ayer que se supo que Víctor Hugo Wences había sido trasladado al Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE, en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, vecino de Cueernavaca.
El gobierno del estado, a través de la Dirección General de Comunicación Social, difundió fotos del traslado y del titular de la dependencia, René Posselt Aguirre.
A las 3:47 de la tarde, Francisco Javier Wences Martínez, publicó en su cuenta de Facebook:
“Ya falleció mi hermano Víctor Hugo Wences Martínez”.
El periodista Sergio Ocampo Arista, titular del noticiero matutino de Radio UAG y que suplió al propio Víctor Wences en el de las 3 de la tarde, confirmó la noticia.
Durante esta emisión las llamadas del auditorio fueron constantes para preguntar por el estado de salud de Wences, para solidarizarse y en la última parte para lamentar el deceso.
Con la voz entrecortada, Ocampo dijo: “Hoy se sintió sola la cabina. Descansa en paz, Víctor; pues nos vemos donde sea”.
El noticiero cerró con un vals fúnebre del Conjunto Ajuchitlán.
En redes sociales amigos y cercanos señalaron presunta negligencia médica de los hospitales del ISSSTE en Chilpancingo y Acapulco.
La representación del ISSSTE en Guerrero respondió en un comunicado que desde su ingreso a la Clínica Hospital Chilpancingo y posteriormente al Hospital General de Acapulco, el equipo médico brindó al paciente atención médica especializada y continua, conforme a los protocolos y al diagnóstico clínico.
Y aseguró que se realizaron las gestiones necesarias para su traslado al hospital de Morelos donde murió.
“Este proceso se llevó a cabo con pleno consentimiento de los familiares del paciente, quienes fueron informados de manera permanente sobre su estado de salud y sobre las decisiones médicas adoptadas”.

Momentos difíciles

Consultado aparte, el fundador de la Radio Universidad-Pueblo, Sergio Ocampo, expresó que a Víctor Wences le tocó enfrentar momentos difíciles y presiones desde el poder contra la emisora.
“Fue la continuidad de la apertura de este proyecto original que surgió hace 43 años. No cedió a ninguna presión”, destacó.
Durante su carrera, dijo, siempre hizo radio y en la UAG impulsó una política de acercamiento con la sociedad.
“Una línea editorial abierta a la problemática social, de la mano con el pueblo. Hay espacios que son difíciles de llenar por lo que implica en estos momentos hacer perio-dismo a ras de piso”, abundó.
Por su parte, el locutor de Radio Universidad, Alfredo Ramírez García, expresó que Víctor Wences fue un periodista apasionado por la información, por las causas populares y la lucha social.
Recordó cuando en la noche cubrieron el enfrentamiento entre soldados del Ejército mexicano y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Tepozonalco y Papaxtla, en 1997 en el municipio de Chilapa.
Además, le tocó recoger los comunicados del EPR y el ERPI, así como informar de las masacres de Aguas Blancas en 1995 y de El Charco en 1998.
“Además de ser un amigo y un compañero, fue camarada de lucha. Desde el ámbito periodístico siempre estuvo pendiente de causas justas y nobles. Gran parte de su vida la dedicó a la comunicación desde la radio”, recordó.

Trayectoria

Víctor Hugo Wences Martínez (28 de marzo de 1968-23 de julio de 2025) tuvo una amplia trayectoria en el periodismo de Guerrero y como impulsor de la radio. En su última etapa estuvo al frente de Radio Universidad.
A los 15 años estudió en el plantel 1 del Colegio de Bachilleres (Cobach) de Chilpancingo donde fue el primer presidente de la Sociedad de Alumnos.
Y de 1989 a 1993 fue parte de la primera generación de 29 alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UAG.
En ese tiempo también se desempeñó como secretario de prensa y propaganda del Comité Ejecutivo Estatal de la Federación Estudiantil Universitaria Guerre-rense, la hoy desaparecida FEUG.
En 2002 fue el candidato por el PRD a la presidencia municipal de Chilpancingo, compitiendo con el abanderado del PRI Saúl Alarcón Abarca, padre del actual alcalde, Gustavo Alarcón Herrera. La elección la ganó el finado priista por un cerrado margen.
Fue tres veces presidente de la colonia del PRI, que así se llama.
De 2002 a 2006 fue su primer periodo como director de la Radio UAG en el rectorado del ya finado Nelson Valle López.
Fue locutor y reportero de La Explosiva y de la XELI y también incursionó en Radio y Televisión de Guerrero del gobierno del estado.
De nuevo en 2014 fue director de Radio UAG con el finado rector José Ascencio Villegas Arrizón. En 2017 fue ratificado por el entonces rector Alberto Salgado Romero y en el siguiente periodo por Javier Saldaña Almazán. En 2017 fue ratificado por el entonces rector Alberto Salgado Romero y en el siguiente periodo otra vez por Saldaña.
Su encargo como jefe de Radio Universidad lo desempeñó hasta su partida.
En la emisora universitaria fue titular del programa La voz de los universitarios y el pueblo de Guerrero.
Al frente de Radio UAG en septiembre de 2023 recibió de manos del entonces rector José Alfredo Romero Olea la concesión para la operación de la emisora por parte el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tras 41 años de la demanda.
El 30 de mayo último organizó y encabezó los festejos en Chilpancingo por el 43 aniversario de Radio Universidad Pueblo.

Políticos e instituciones lamentan su muerte

Políticos e instituciones lamentaron su muerte. Entre los que se pronunciaron fueron el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, el alcalde de Chilpancingo, Saúl Alarcón Herrera y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Ricardo Salinas Sandoval.
El Congreso del Estado de Guerrero, la UAG, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y el ISSSTE.

Guerrero, segunda entidad más letal para periodistas de 2000 a 2024: Artículo 19

Yee Trujillo

La organización Artículo 19 informó que del año 2000 al 2024, 17 periodistas fueron asesinados en Guerrero, la segunda cifra más alta del país, en hechos relacionados con su labor informativa. La mayoría de los crímenes, seis, se cometieron en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, entre 2007 y 2010, y entre las víctimas hay una mujer.
“Hacer periodismo en México es una labor de alto riesgo. Así lo muestra el número de asesinatos de periodistas: 168 desde el año 2000”, señaló el domingo en Facebook, junto a una gráfica de los crimenes cometidos en el país en los seis últimos sexenios: tres en el mandato del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, 22 en el de Vicente Fox Quesada, 48 en el de Calderón Hinojosa, 47 en el de Enrique Peña Nieto, 47 en el Andrés Manuel López Obrador, y uno en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. 156 víctimas son hombres y 12 mujeres.
En su página de internet, en una tabla, expone los casos en Guerrero en el gobierno de Calderón Hinojosa: Amado Ramírez Dillanes de Televisa, asesinado el 6 de abril de 2007; Jean Paul Ibarra Ramírez del medio de comunicación El Correo, el 13 de febrero de 2009; Juan Daniel Martínez Gil de Radiorama, el 28 de julio del mismo año; Jorge Ochoa Martínez de El Sol de la Costa, el 29 de enero de 2010; Evaristo Pacheco Solís de Visión Informativa, el 12 de marzo del mismo año; y el de Francisco Rodríguez Ríos de El Sol de Acapulco también en 2010, el 28 de junio.
El siguiente sexenio con más homicidios de periodistas en la entidad es el de López Obrador, con cinco: Edgar Alberto Nava López de La Verdad de Zihuatanejo, el 2 de agosto de 2019; Pablo Morrugares Parraguirre de PM noticias, el 2 de agosto de 2020; Alfredo Cardoso Echecerría de La Dos Costas, el 31 de octubre de 2021; Fredid Román Román del Semanario La Realidad el 22 de agosto de 2022; y Nelson Matus Peña de Lo Real de Guerrero, asesinado el 15 de julio de 2023.
La información indica que en la administración de Peña Nieto hubo otros cuatro asesinatos: Francisco Pacheco de El Sol de Acapulco, el 25 de abril de 2016; Cecilio Pineda de La Voz de Tierra Caliente el 2 de marzo de 2017; Pamela Montenegro de Denuncias Acapulco Sin Censura, el 5 de febrero de 2018; y Gabriel Soriano Kuri, de Radio y Televisión de Guerrero, el 24 de octubre del mismo año.
También menciona los casos de Rafael Villafuerte Aguilar de La Razón, ocurrido el 13 de diciembre de 2003, y de Misael Tamayo Hernández de El Despertar de la Costa, el 10 de noviembre de 2006, ambos en el sexenio de Fox Quesada.
En el listado de la gráfica compartida en Facebook por la organización se observa que el estado con más homicidios es Veracruz con 31, le sigue Guerrero con 17, y en tercer lugar están Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas, con 15 víctimas cada uno. Por el contrario, en Aguascalientes, Campeche, Colima, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán no reporta ningún caso en esos 24 años.

 

Comparece a puerta cerrada ante diputados locales, el secretario estatal de Seguridad

El secretario de Seguridad Pública, Josué Barrón Sevilla en conferencia de prensa al finalizar la comparecencia a puerta cerrada ante las comisiones unidas de Seguridad Pública, de Derechos Humanos y de Justicia del Congreso del Estado, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. Lo acompañan los diputados locales, Joaquín Vadillo Escamilla, Pilar Vadillo Ruiz, Jesús Urióstegui García y Araceli Ocampo Manzanares Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

A puerta cerrada y sin acceso a la prensa, compareció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Josué Barrón Sevilla, ante la Comisión de Seguridad del Congreso local.
La comparecencia inició 15 minutos antes de las 11 de la mañana del lunes, en la sala José Francisco Ruiz Massieu, con la presencia de los integrantes de la comisión, además del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, y una representación de cada fracción parlamentaria.
La única parte pública de la comparecencia fue la protesta de decir verdad de Barrón Sevilla y la lectura del orden del día, donde la presidenta de la Comisión, la priista Pilar Vadillo Ruiz, explicó que habría tres rondas de preguntas y respuestas.
Después de la protesta de decir la verdad, la presidenta de dicha Comisión, Vadillo Ruiz, informó a todo el personal de los diputados y a los reporteros que por acuerdo, la comparecencia sería privada, “ya que se abordará el tema de la estrategia de seguridad”.
En los dos años anteriores, las comparecencias del entonces titular de la SSP, Evelio Méndez Gómez, también fueron privadas, pero la síntesis del informe sí era pública. El argumento de la Comisión de Seguridad, de realizar la comparecencia a puerta cerrada fue que en la comparecencia se hablaría de la estrategia de seguridad.
“Pido a todos los aquí presentes, desalojar el recinto, derivado pues de que en la comparecencia se tratarán temas de la estrategia de seguridad”, dijo Vadillo Ruiz.
La comparecencia del titular de la SSP ocurre en un contexto de varios hechos de violencia registrados en el estado, entre ellos la desaparición de 17 pobladores de Chautipan, de los cuales 11 fueron localizados sin vida y seis continúan sin ser localizados, el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán y la irrupción de un grupo del crimen organizado en Tecpan de Galeana.
De acuerdo con el informe que presentó el titular de la SSP a los diputados, se mencionó que hay 900 cámaras de videovigilancia destruidas en Acapulco por los huracanes Otis y John, mencionó las políticas de género dentro de la institución, la certificación policíaca, acciones de infraestructura en cárceles del estado y actividades de prevención del delito.

Hay estabilidad en indicadores de seguridad

En uno de los primeros puntos del documento, se destaca que la Policía del Estado atiende los problemas de seguridad pública “a través de operativos de restablecimiento del orden, recuperación de la estabilidad y garantizar la seguridad de la población afectada” en los municipios de Cuajinicuilapa, Olinalá, Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Teloloapan, Coyuca de Benítez y Tecpan.
“Guerrero ha logrado mantener su posición en materia de seguridad, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en octubre de 2024, la entidad se posicionó en el lugar número 24 a nivel nacional en delitos de alto impacto, igualando su ubicación respecto a octubre de 2023. Este resultado refleja una estabilidad en los indicadores, lo que evidencia la continuidad de las estrategias aplicadas en el estado. De igual manera, estas acciones han permitido que los municipios de Zihuatanejo, Iguala y Taxco, para el corte de octubre de 2024, se encuentren fuera de los 50 municipios prioritarios con mayor número de homicidios dolosos”, se mencionó en el informe.
Sobre los daños a la infraestructura del C5 de Acapulco, se informó que “sufrió daños irreparables” luego de los huracanes Otis y John, “dejando inoperantes 900 cámaras del sistema de videovigilancia que desempeñaban un papel fundamental en la atención y seguridad”.
El documento no detalla si el puerto tiene cámaras funcionales actualmente y cuántas son, solo indicó que la rehabilitación total del sistema de videovigilancia de Acapulco, es “un ambicioso proyecto que contempla la instalación de una infraestructura avanzada que incluye 1,100 cámaras con licenciamiento, de las cuales 200 están equipadas con tecnología de punta para reconocimiento facial y lectura de placas vehiculares; además, de la implementación de 130 kilómetros de fibra óptica para garantizar la interconexión del sistema y la colocación de 199 postes en puntos estratégicos”.
De acuerdo con la proyección de la SPP, el sistema de video vigilancia de Acapulco funcionará en el primer trimestre del 2025. y para el caso de Chilpancingo se informó que se colocaron 59 cámaras de vigilancia, incrementando de 86 a 145 que se monitorean desde el C-4, y en Iguala instalaron 14, incrementado el número de 25 a 39.
Sobre la certificación policíaca, se informó que “la Universidad Policial del Estado, ha capacitado a 3 mil 605 elementos de la policía estatal con un enfoque de protección de derechos humanos, proximidad social, actuación policial, mediación y justicia cívica, así como liderazgo policial. Además, en igualdad de género, fueron capacitadas 86 mujeres y hombres en disturbios civiles con perspectiva de género y Protocolo de Actuación Policial para Casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidio”.
Otro de los aspectos que retomó el documento fue la aplicación del Protocolo Violeta, emitiendo 195 alertas de búsqueda de mujeres que fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales fueron localizadas el 94 por ciento.
Al termino de la comparecencia, en conferencia de prensa donde contestó tres preguntas, el titular de la SSP dijo que fue un ejercicio que se realizó cordialidad en el que respondió a todas los cuestionamientos de los diputados. Por su parte Vadillo Ruiz, presidenta de la Comisión de Seguridad dijo que el funcionario “dejó satisfecho al Poder Legislativo y muy consciente de lo que ocurre en el estado de Guerrero”.

Deplora Artículo 19 acusaciones del alcalde de Taxco de que periodistas generan la violencia

Alejandro Guerrero

Iguala

La organización para la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, rechazó las declaraciones estigmatizantes del alcalde de Taxco, el empresario Mario Figueroa Mundo, en contra de periodistas –a quienes calificó de “pseudoperiodistas”– y con las cuales responsabiliza a quienes documentan los hechos de violencia del “secuestro” de 12 trabajadores del área de limpia en su municipio.
La denuncia en contra del edil que pretende la reelección en el municipio, ahora arropado por Morena, se da en medio de la crisis de desapariciones ocurridos en los últimos meses en esta ciudad turística, en la que reporteros han sido privados de la libertad y golpeados, y a una semana de la desaparición de 12 personas de las que se desconoce su paradero.
El fin de semana fueron publicadas declaraciones que el edil postulado por Fuerza por México, Mario Figueroa concedió a medios nacionales en las que atribuyó el secuestro de 12 trabajadores del Relleno Sanitario y la Unidad de Transferencia de residuos sólidos, así como el asesinato de una pareja de profesores a “pseudoperiodistas”, por presuntamente generar violencia en las redes sociales.
En las declaraciones del empresario, en las que además advirtió que no sería extraño que en los siguientes días pueda haber más homicidios como “resultado de hablar mal de los compañeros (trabajadores en las redes sociales)”, adjudicó todo lo que pasa en su municipio a los “pseudoperiodistas”, que, según él, “están generando violencias, desestabilidad (sic) y confusión social”.
En el comunicado difundido el domingo, la oficina para México y Centroamérica de la ONG, rechaza las declaraciones estigmatizantes realizadas por el alcalde taxqueño Figueroa Mundo, en contra de periodistas y comunicadores locales.
“El funcionario público, además de generalizar a la prensa como ‘pseudoperiodistas’, responsabiliza a quienes documentan los hechos de violencia por el secuestro de 12 trabajadores de limpieza en el municipio”, advierte la organización.
Detalla que en varias entrevistas para medios nacionales que concedió el edil, “realizó conjeturas en donde señaló que periodistas han generado desestabilidad en el municipio, con la finalidad de generar desconcierto en la sociedad”.
Advierte que este tipo de actos por parte de las autoridades, en particular del presidente municipal de Taxco, vulneran el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y tiene un efecto inhibitorio para la prensa.
Asimismo, Artículo 19 recuerda que las declaraciones del servidor público se dan en el contexto de que el mes pasado tres periodistas de Taxco y junto con familiares de ellos, fueron privados de la libertad durante una semana por presuntos criminales, además de la agresión a balazos en contra de otros cuatro en Chilpancingo.
La organización internacional exige al alcalde Mario Figueroa Mundo “abstenerse de discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las y los periodistas”, y puntualiza que las autoridades deben cuidar que sus declaraciones no estigmaticen la labor periodística dado a su rol público y el nivel de influencia que tienen en la ciudadanía.
De acuerdo con la organización, Guerrero se mantiene como una de las entidades con más agresiones contra la prensa, pues tan sólo en el primer semestre del 2023 documentaron 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, entre ellos, el homicidio de Nelson Matus que se mantiene impune.
“En este contexto de violencia continúa contra la prensa, y en un año con hechos particularmente violentos en el estado de Guerrero, es menester de las autoridades generar un ambiente que propicie la cobertura periodística, particularmente de hechos de seguridad que son de relevancia pública”, indica la ONG.
También indica que la Comisión Interamericana ha reiterado que en su responsabilidad del Estado se encuentra el “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
Hasta la tarde de ayer el edil Mario Figueroa no había dado respuesta o postura ante este exhorto, por el contrario, mediante sus redes sociales compartió videos y fotografías celebrando su cumpleaños en la sede del Ayuntamiento donde algunos subordinados, amigos y simpatizantes le llevaron música de viento, y en el Palacio Municipal festejó partiendo pasteles, tomando chocolate y comiendo tamales con sus allegados.

Siguen desaparecidos los 12 trabajadores

A una semana de la privación de la libertad y desaparición de 12 funcionarios, empleados del gobierno taxqueño y familiares, todos trabajadores del Relleno Sanitario y la Unidad de Transferencia de desechos, se desconoce su paradero.
Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado (FGE), no había actualizado información de los dispositivos de búsqueda para localizar a estas personas, y de acuerdo con el último comunicado, se informó que los operativos conjuntos con Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal, se habían ampliado al municipio vecino de Tetipac, zona en la que también opera la célula del grupo delictivo La Familia Michoacana, a la que se le han atribuido diversos hechos delictivos.
Los trabajadores privados de la libertad y desaparecidos entre el 23 y el 26 de diciembre son: Marcela de Jesús Valladares Jacobo, de 37 años, Hannia Montserrat Salgado Salas, de 20 años, Wendy Alejandra Salas Gutiérrez y la directora del Relleno Sanitario, Anabel Gutiérrez, aunque de ésta última no se ha emitido boletín de búsqueda.
Asimismo, Fernando Antonio Alemán Gutiérrez, de 47 años, y su hijo, Fernando Antonio Alemán Montenegro, de 20 años; además, los hermanos Diego Geovanny, Alan Rubén y Brayan Alexis Sainz Morales, de 18 y 22 años. También el jefe de la Unidad de Transferencia de Residuos Sólidos, Tomás Heladio Bustos Hernández, de 68 años, José Carlos Hernández Ávila, de 43 años y Fermín Alberto Sainz Avilés, de 22 años.

Sanciona el TEE a dos periodistas y exonera a tres por la denuncia de la edil capitalina de violencia política de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Por la denuncia de violencia política en razón de género que presentó la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, contra un reportero y columnistas del periódico Diario de Guerrero, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) amonestó y ordenó inscribir por un mes al columnista Efraín Flores Iglesias, y en corresponsabilidad a la directora del medio, Érika García Guevara, en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Declaró inexistente infracción contra el reportero y los columnistas Abel Miranda Ayala, Baltazar Jiménez Rosales y Juan Antelmo García Castro, del mismo medio de comunicación, también señalados en la denuncia.
De acuerdo con la sentencia aprobada en la sesión de este lunes, la información publicada el 12 de abril, 21 y 22 de octubre de este año, que firma Flores Iglesias, “contiene estereotipos de género, roles de sumisión que tienen efectos diferenciados y simbólicos por el hecho de ser mujer, que no se amparan en el ejercicio periodístico y el acceso a la información, como parte de la libertad de expresión que poseen periodistas”.
Señalaron que la directora tiene responsabilidad compartida con el autor de los textos, por la difusión. Sin embargo, calificaron como levísima la infracción e impusieron como sanción, una disculpa pública, el retiro de la información por contener violencia política en razón de género, y recibir un curso de género con bibliografía especializada.
Como garantía de no repetición, ordenó al IEPC inscribir a Flores Iglesias, a través de García Guevara, por un mes, en el registro de personas sancionadas.
Finalmente, exhortó a las personas sancionadas a evitar en lo subsecuente, “que las notas o columnas escritas y difundidas sobre Norma Otilia Hernández Martínez y de otras mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, contengan expresiones que hagan alusión a estereotipos de género, roles de dominación, sumisión o cualquier otra expresión que tenga por objeto denigrar o descalificar a las mujeres que ocupan cualquier cargo de elección popular”.

 

Dos periodistas presentan queja ante la Codehum contra la alcaldesa capitalina

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dos periodistas de Chilpancingo presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), en contra de la presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez, a quien acusan que desde sus conferencias de prensa de los lunes, “se ha dedicado a generar un ambiente de descalificación en contra de quienes cuestionan su a su gobierno”, y en particular a ellos.
Los columnistas, Efraín Flores Iglesias y Juan Antelmo García Castro, refieren que derivado de los señalamientos temen por su integridad física, “ya que la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, ha sido vinculada con gente armada a través de videos que circulan en las redes sociales”.
Los periodistas son dos de los cinco que fueron citados a declarar la semana pasada ante la Coordinación de lo Contencioso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
En su escrito de queja refieren que el 7 de agosto pasado la alcaldesa Hernández Martínez, presentó escrito de queja y/o denuncia en la vía de Procedimiento Especial Sancionador por presuntos actos constitutivos de violencia política en razón de género, en contra del periódico Diario de Guerrero y de los autores de las notas y /o columnas periodísticas denunciadas publicadas por el medio de comunicación referido, “entre los que nos encontramos nosotros los autores de las columnas Contexto Político y Tumbando caña, respectivamente”.
Denuncian que desde que se dio a conocer la citada queja y/o denuncia, en el expediente IEPC/CCE/PES/VPG/011/2023), la servidora pública “se ha dedicado desde sus conferencias de prensa matutinas de cada lunes a generar un ambiente de descalificación contra las personas que cuestionan a su gobierno, y muy en particular a los que denunció ante el IEPC, reporteros y columnistas del periódico Diario de Guerrero”.
Sostienen que a raíz de la queja ante el citado órgano electoral “se nos ha afectado para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y cuestionar los desatinos de la mencionada servidora pública y representante popular”.
Refieren que lo más grave de todo es que “tememos por nuestra integridad física, ya que la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, ha sido vinculada con gente armada a través de videos que circulan en las redes sociales”.
Aclaran que no tienen enemigos. “Cada uno de nosotros somos gente de paz y respetuosos de las instituciones y de las leyes”.
Insisten: “Tememos por nuestras vidas y desde este momento responsabilizamos a la C. Norma Otilia Hernández Martínez, presidenta municipal de Chilpancingo de los Bravo, de lo que nos pueda pasar a nosotros y a nuestras familias, ya que ha generado un ambiente de miedo y complicado para ejercer un periodismo libre, derivado de su intolerancia a las críticas que hacemos a la servidora pública, no como mujer”.
Destacan que el 28 de noviembre, cuatro reporteros fueron agredidos a balazos en esta ciudad capital, después de cubrir la nota de un trabajador del servicio público de transporte que fue asesinado a balazos, “entre ellos un colaborador del Diario de Guerrero”, de nombre Víctor Mateo Francisco”.
Asimismo recuerdan que el 22 de agosto del año pasado, a cuatro cuadras del Palacio Municipal de Chilpancingo, fue asesinado Fredid Román Román, autor de la columna La Realidad Escrita, crimen que hasta la fecha sigue impune.
Señalan: “La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, nos pone en riesgo ante los criminales que operan impunemente en el municipio de Chilpancingo, y violenta flagrantemente los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Aclaran que “somos periodistas, no de ahora, sino desde hace más de dos y hasta tres décadas, respectivamente. De ello hay constancia en reconocimientos que hemos recibido de clubes y asociaciones de periodistas estatales y nacionales”.
Piden que se les garantice su integridad física y la de sus familias, “así como el ejercicio de la labor periodística de los quejosos y nos sean otorgadas las medidas cautelares solicitadas”.

 

Condena Artículo 19 la agresión a reporteros y urge al Estado garantizarles la seguridad

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La organización Artículo 19 exigió al Estado su actuación por los cuatro periodistas que fueron atacados a balazos este martes en Chilpancingo mientras realizaban una cobertura.
En un comunicado de prensa señalaron que se encuentran en proceso de documentación del ataque contra Óscar Guerrero, de Primer Plano, Víctor Mateo de Ahora Guerrero, Jesús de la Cruz de El Jaguar, y Héctor Camacho.
“Ante estos contextos de vulneraciones críticas al gremio periodístico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que, en aquellas regiones en las cuales los y las periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este grupo de personas, el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección”.
La organización exigió a la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensores de Derechos Humanos, la coordinación con el Mecanismo Federal de Protección para la atención inmediata a los periodistas y sus familiares con el fin de “garantizar su seguridad y protección”.
De igual forma solicitó a la Fiscalía estatal realizar una investigación de forma “diligente y expedita” con la correcta aplicación del Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión.
La organización recordó que desde el pasado 17 de noviembre, pidieron a las autoridades a proteger a los periodistas de Guerrero tras publicaciones de amenazas e intimidaciones digitales contra periodistas.
Señalaron que Guerrero es un estado que se encuentra en violencia continua y han documentado amenazas y actos de intimidación contra periodistas, concretamente de aquellos que realizan cobertura de seguridad.
“En las últimas semanas la organización ha documentado la continuidad de las amenazas y actos de intimidación hacia periodistas, particularmente quienes realizan cobertura periodística de seguridad sobre la violencia en el municipio de Iguala por parte de integrantes de las estructuras del crimen en Guerrero” agregaron.

Lamenta AMLO la agresión a reporteros en la capital; destaca los “rescatados” en Taxco

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el ataque a balazos que sufrieron cuatro reporteros en Chilpancingo después de cubrir un hecho de violencia al mediodía de este martes.
Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, López Obrador indicó que dos de los agredidos se encuentran graves. De igual forma se refirió a las seis personas de Taxco, tres periodistas, que se encontraban secuestradas.
“Tenemos que lamentar esto. Cuatro periodistas baleados, dos están graves, uno más en Apatzingán. También una buena es que habían secuestrado a seis periodistas en Taxco, Guerrero y ya rescatamos a los seis”.
Y se comprometió a que este jueves se brindarán más más detalles e información respecto a la agresión ocurrida en Chilpancingo. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).

Demandan reporteros garantías para su labor; sigue la impunidad, advierten

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

En el 85 aniversario de su fundación, integrantes del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), delegación Chilpancingo, señalaron que continúa la impunidad en las agresiones a periodistas y demandaron a los tres niveles de gobierno generar políticas públicas que garanticen la libertad de expresión.
En su posicionamiento, el secretario general del SNRP, Abel Miranda, dijo que Guerrero es un estado que se considera el segundo de mayor riesgo en México para la actividad de los periodistas, y el país es el más peligroso del mundo para esta actividad.
Externó que en todo el mundo, los periodistas son víctimas del acoso, criminalización, encarcelamiento, violencia, e incluso la muerte, simplemente por hacer su trabajo.
“En Guerrero ese tipo de situaciones se incrementan de manera descomunal, solo basta ver que en los dos años que tiene el actual gobierno se han registrado seis ataques a balazos contra periodistas; cuatro de ellos perdieron la vida, dos fueron lesionados, y, además, un compañero fue encarcelado de manera impune en la región de la montaña sólo por denunciar irregularidades en el manejo de programas federales”, dijo en el posicionamiento.
El secretario general manifestó que otros periodistas han sido golpeados por agentes de la policía en la cobertura de manifestaciones. “El factor común es que todo esto ocurre sin que las autoridades responsables de procurar justicia actúen para hacer su trabajo y todo queda en la impunidad”.
Lamentó que la Comisión de Derechos Humanos “es un ente dormido”, que recibe quejas por las agresiones pero no actúa, no investiga, no emite recomendaciones, por lo que con su actuar es parte del manto de impunidad que cubre a quienes atentan contra los periodistas.
Además, detalló que en Guerrero existen zonas de silencio propiciadas por amenazas contra comunicadores que han sido desplazados, y quienes aún se mantienen en sus espacios tiene que reducir sus coberturas, no publican cosas que generen riesgo y definitivamente no pueden informar.
Precisó que en esta situación están municipios como Chilapa, Tixtla, Quechultenango, Iguala y todos los de la Tierra Caliente, donde la mayoría de los medios de comunicación han desaparecido o cambiado.
Abel Miranda dijo que en los últimos años los periodistas además de las amenazas y atentados, han tenido que luchar contra leyes mordaza que impiden el libre ejercicio periodístico.
Destacó que a 85 años de la fundación, el SNRP demanda a las autoridades de los tres niveles de gobierno políticas públicas que garanticen la libertad de expresión y el derecho de informar no sólo en el papel sino en la realidad que se vive.
Solicitó que se establezcan acciones de fondo para que los periodistas desplazados regresen a sus lugares de origen, que existan verdaderas investigaciones de los crímenes y que no haya criminalización para quienes hacen la labor periodística.